La Comisión Europea ha anunciado este jueves que a lo largo del próximo año presentará propuestas para dar un mayor peso al consumidor en la transición ecológica y, si bien no ha dado detalles de las medidas, sí ha asegurado que incluirá reglas para que haya información clara sobre el impacto medioambiental de las compras, medidas contra la obsolescencia programada y un plan de cooperación con China para reforzar la seguridad en las operaciones comerciales con el gigante asiático.

"Los consumidores deberían tener toda la información medioambiental necesaria antes de efectuar sus compras, también deberían poder confiar en esa información y si un producto dice que es sostenible debe quedar demostrado", ha razonado en una rueda de prensa el comisario de Justicia y Consumo, Didier Reynders, que ha comparecido junto a la vicepresidenta del ramo, Vera Jourova.

Ambos han presentado las grandes líneas de una "nueva agenda" para que el consumidor gane peso y seguridad en sus compras gracias a una serie de medidas que Bruselas prevé desarrollar a lo largo de los próximos cinco años, consciente de que los patrones de consumo de los europeos han cambiado a medida que avanza la digitalización y el interés de la sociedad por un desarrollo más sostenible.

La crisis por la pandemia de coronavirus también ha alertado al Ejecutivo comunitario sobre la necesidad de revisar determinadas normas y comprobar si deben reforzarse los derechos de los consumidores, ha dicho Reynders, por ejemplo a la luz de los fraudes en las ventas de mascarillas y otros materiales médicos a través de Internet o los miles de pasajeros que vieron sus viajes cancelados.

Así, Bruselas defiende que los europeos buscan cada vez más adquirir bienes "más sostenibles, fáciles de reparar y que duren lo más posible", pero se enfrentan a una falta de transparencia que lastra este impulso. "La realidad es que muchos no compran (productos más sostenibles) porque no hay información clara y porque no suelen ser los primeros visibles en las ofertas", ha defendido el comisario.

Por ello, el próximo año el Ejecutivo comunitario presentará propuestas concretas para asegurar una mayor información sobre la huella ecológica de los artículos en venta en el mercado comunitario, además de contemplar medidas contra la llamada 'obsolescencia programada' por la que se reduce la vida útil de los aparatos o contra el "blanqueo ecológico" de productos que no son tan sostenibles como sus fabricantes pretenden.

Además, revisará las reglas para la protección de los consumidores en sus transacciones 'online' y las normas sobre la seguridad de los productos, al tiempo que aspira a actuar contra prácticas que dificultan al consumidor tomar decisiones informadas por el abuso de algoritmos, por ejemplo, que actúan como sesgos de comportamiento o distorsionan el proceso de tomas de decisiones.

Otro de los ámbitos de actuación adelantados por Bruselas es mejorar la cooperación y asesoramiento de los Estados miembro, que son los que conservan las competencias en materia de derechos del consumidor, para reforzar su actuación en la lucha contra prácticas comerciales ilegales o fraudulentas.

Finalmente, la Comisión marcará también en su agenda de 2021 el desarrollo de un plan de acción con China con el objetivo de mejorar la seguridad de los productos vendidos por el gigante asiático a través de Internet y distribuidos después en la Unión Europea. Asimismo desarrollará apoyo normativo y asistencia técnica para otras regiones con relaciones comerciales con la UE, en especial con África.

El Tribunal de Cuentas quiere que las sociedades mercantiles estatales realicen periódicamente auditorías externas o internas, independientes del órgano de vigilancia, sobre el efectivo funcionamiento de sus sistemas de prevención de delitos y de ética.

Así lo plantea el órgano fiscalizador en su 'Informe de Fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en el ejercicio 2018'.

En e documento, recogido por Europa Press, se insta las sociedades a incorporar estos sistemas a su planificación estratégica, incorporar los riesgos de estos comportamientos a los procedimientos de gestión, a simplificar los canales de comunicación y promover el conocimiento de estos sistemas y aportar claridad a los manuales con el fin de facilitar su aplicación práctica, como por ejemplo una política de regalos expresamente detallada.

También pide que los órganos de vigilancia estén integrados por personal de diferentes niveles de la sociedad y que los trabajadores de estas sociedades participen en la elaboración y revisión de los códigos éticos.

SISTEMAS PARA EVITAR DELITOS Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA

Esta fiscalización aborda por primera vez las medidas adoptadas por las principales empresas estatales como consecuencia de la extensión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, recogida en la modificación del Código Penal en 2010 y ampliada en 2015 a todas las sociedades mercantiles públicas.

Y es que la ley prevé eximir la responsabilidad penal a la sociedad del delito que se le imputa si tiene implantado un sistema eficaz para evitarlo (sistemas o modelos de cumplimiento normativo penal). Este tipo de sistemas, señala el Tribunal, tiene como objetivo no sólo evitar la posible sanción, sino promover una verdadera cultura ética empresarial, basado en principios como la integridad, la independencia, la objetividad, la competencia, la profesionalidad y la transparencia.

La fiscalización no se ha extendido a todas las sociedades estatales, sino a aquellas más relevantes. En total, 30 sociedades que emplean a un total del 80% de toda la plantilla del sector público empresarial, constatando un esfuerzo por poner en marcha estos sistemas de prevención, y "un importante nivel de concienciación" al respecto, con más recursos destinados a este tipo de modelos.

En la redacción del informe, el Tribunal advierte de que "ha primado el enfoque positivo, resaltando los logros y buenas prácticas observadas en algunas de las sociedades", con el fin de "exportar las mejores prácticas al resto de sociedades" e "impulsar y fimentar la prevención de comportamientos delictivos o contrarios a la ética".

De las 30 sociedades, todas menos una había aprobado a 31 de diciembre de 2018 sus planes de prevención de riesgos penales, la mayoría de ellas --23 de las 29-- recurriendo a empresas externas para su elaboración, y 27 contaban con códigos éticos y/o de conducta aprobados (9 de ellas con empresas externas). El coste externo para ambos documentos supuso 1,5 millones de euros para 27 sociedades.

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DEPENDE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto al nivel de implantación de los sistemas de prevención de riesgos penales, se considera que 11 sociedades tenían implementado el sistema en grado evolucionado; 14 lo tenían implementado pero en grado inicial; tres estaban en fase de desarrollo; y dos contaban con un grado de desarrollo incipiente. Entre las once que contaban con un sistema más evolucionado, hay que destacar a Aena, Ineco, Isdefe, Navantia, Loterías y el Grupo Tragsa.

Por lo que respecta al grado de implantación de sistemas de ética o integridad, en 13 sociedades el sistema estaba implementado en grado inicial; en 14 el sistema se encontraba en fase de desarrollo; en una su desarrollo era incipiente; y en dos la implementación era inexistente. Hay que destacar, por contar con los sistemas cuyo grado de implantación estaba más avanzado, a Ineco, Enusa y el Grupo ENSA, que habían alcanzado ya un cierto grado de desarrollo.

La mayoría de los sistemas analizados preveían directa o indirectamente que el Órgano de Vigilancia dependiera orgánicamente del Consejo de Administración de la propia Sociedad o de la Entidad matriz del Grupo al que aquella pertenecía, sin perjuicio de la independencia del órgano en el ejercicio de sus funciones.

179 DENUNCIAS POR CANALES DE ALERTA

Todas las sociedades tenían, en general, canales de alerta, denuncia y/o consulta y regímenes sancionadores establecidos. Se formularon a través de estos canales un total de 75 denuncias en 2017 y 104 en 2018. El 75% de estos canales tenían prevista su utilización por terceros, lo que potencia su grado de eficacia.

La planificación estratégica de las sociedades no incluía objetivos relacionados con ambos sistemas. Sin embargo, un aspecto muy positivo apreciado por el Tribunal en el caso de Aena y de las sociedades del Grupo Renfe, es que han incorporado la gestión de los riesgos por incumplimientos de la normativa penal en su sistema global de gestión de riesgos, lo que aporta una visión estratégica del conjunto de riesgos a los que se enfrentan, resulta más eficaz y promueve una aplicación más eficiente de los recursos de esas Sociedades.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado este viernes su "inmensa preocupación" por la situación de las residencias de mayores en la comarca, especialmente por uno de los centros de la ciudad olívica, por el elevado número de contagios, y ha exigido "responsabilidades" al presidente de la Xunta, que tiene la competencia sobre estos servicios.

En una rueda de prensa, el regidor se ha referido, sin concretar, a una residencia de Vigo, a la de Salvaterra y una de Mos, donde hay niveles de contagio "elevadísimos", que "no son de recibo". "Muestran que la Xunta no está atendiendo bien esa parte de su competencia. La está atendiendo francamente mal", ha denunciado.

"No se puede admitir, que de repente, en tres residencias de esta área, aparezcan docenas y docenas de mayores contagiados. Son la gente más vulnerable, y la competencia es exclusiva de la Xunta. Ya teníamos avisos desde la primera ola, ¿cómo no tomaron medidas?", ha criticado, y ha añadido que exige "responsabilidades" a Feijóo por lo que sucede en las residencias, especialmente en la de Vigo y en la Mos, donde hay residentes procedentes de la ciudad olívica.

Según los datos trasladados este viernes por Política Social, en Vigo hay dos residencias con casos de COVID, la de Ballesol (41 usuarios y 12 trabajadores) y el CRAPD Vigo II (4 usuarios y 4 trabajadores); en Mos hay dos residencias afectadas, Doral (12 usuarios y 2 trabajadores) y Virgen de Guadalupe (9 usuarios); mientras que en la residencia de Salvaterra siguen contagiados 32 usuarios y 27 trabajadores.

Por otra parte, Caballero ha vuelto a referirse a la reunión telemática mantenida en las últimas horas con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la que éste, "reconoció que no había enviado datos (de la evolución de la pandemia) a Vigo". "Se dieron cuenta de que unos creían que los habían mandado otros, y viceversa. No se puede funcionar peor", ha proclamado.

Además, ha repetido que el portavoz del PP, Alfonso Marnotes, que este jueves "mintió gravemente" por decir que el gobierno local disponía de datos de los contagios, "tiene que irse" porque "no es digno de pertener al pleno" de la ciudad.

El portavoz del grupo 'popular' ha respondido al regidor criticando que "use la sanidad y la pandemia para confrontar", y ha añadido que "si hay alguien mentiroso es él, que dijo que no podía gastar los remantentes y tenía que entregarlos a Madrid, que ocultó las analíticas que decían que el agua no era apta para consumo, y que dijo que habría mil millones para recuperar la economía y no ha dado ni un euro a comerciantes ni hosteleros". "Que deje de confrontar, que colabore y que atienda a sus responsabilidades", ha pedido Marnotes.

Un total de 3.652 niñas residentes en España están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, según el estudio 'La mutilación genital femenina en España', promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por la Fundación Wassu-UAB.

"Quizá sea una violencia contra la mujer no especialmente conocida en España pero no por ello debemos renunciar a diseñar acciones concretas para terminar con el dolor de millones de niñas que pasan por esta experiencia atroz que marca sus vidas", ha subrayado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, este viernes durante la presentación del informe.

Según datos del padrón de 2018, en España hay 15.562 niñas de 0 a 14 años procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina. De estas niñas, aplicando los índices de prevalencia del país de origen correspondiente y valorando el impacto del proceso de aculturación en la realización de la práctica, se estima que 3.652,13 están en riesgo de sufrirla.

Por provincias, Barcelona es donde se estima que hay un mayor número de niñas en riesgo de sufrir mutilación de sus órganos genitales: un total de 746. La segunda provincia es Girona (504) seguida de Madrid (335).

En todo caso, el estudio precisa que no se tiene conocimiento de que la mutilación genital femenina se practique en territorio español, aunque en el año 1993 se produjo un caso en Mataró (Cataluña). Lo que suele ocurrir es que las niñas nacidas en España son sometidas a esta práctica por sus abuelas durante un viaje de vacaciones o por una larga temporada al país de origen.

"Viven en nuestro país y pueden sufrirla cuando viajan a los países de origen. De ahí la importancia de la detección precoz en el ámbito sanitario, social y educativo", ha precisado Rosell.

En este sentido, la directora de la Fundació Wassu-UAB, Adriana Kaplan, ha indicado que el camino pasa por "empoderar a los profesionales de atención primaria que están en contacto con estas familias" y "no duplicar canales".

En todo caso, Kaplan, que ha sido la encargada de dirigir el estudio, también ha advertido de la situación de todas aquellas mujeres que residen en España y que ya llegaron con la mutilación genital practicada.

En total, según el mapa que elabora cada cuatro años la Fundación Wassu, en 2016 había en España casi 70.000 mujeres nacidas en alguno de los 32 países donde existe evidencia de que se realiza la práctica de la mutilación, lo que supone un aumento de un 5,2% con respecto al anterior estudio de 2012; y más de 18.000 niñas.

400 NIÑAS DESAPARECIDAS EN CATALUÑA

Kaplan también ha alertado de que, "entre 2012 y 2016, han desaparecido 400 niñas en Cataluña", que podrían haber sido devueltas por sus padres a sus países de origen. Por ello, ha pedido tener "cuidado" con "determinadas intervenciones policiales" en España porque pueden provocar que los padres decidan retornar a sus hijas en cuanto puedan.

"En África, ¿qué les espera? Las llevan al bosque y las mutilan y en cuanto empiezan a menstruar, las casan", ha advertido la directora del estudio.

También ha criticado que "la ley no es suficientemente clara" en los casos de mutilación en el extranjero, es decir, cuando la niña sometida a esta práctica no era residente en España en el momento de su realización pero los padres sí y después se produce la reagrupación familiar en España.

En todo caso, Kaplan ha señalado que la prevalencia de la práctica se ha frenado gracias a herramientas como la carta de compromiso preventivo, que se entrega a los padres antes de viajar a visitar sus países de origen para que las abuelas no puedan ejercer la autoridad que en su país tienen y practicar la mutilación de la nieta sin permiso de los progenitores.

EFECTOS DE LA CRISIS DE LA COVID-19

Ahora tendrán que estudiar cómo afecta la crisis de la Covid-19 a la prevalencia de esta práctica, ya que temen que si los padres en España pierden su trabajo no puedan mantener aquí a sus hijas y las envíen con sus familias a África, con el consiguiente riesgo.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha recordado que la práctica de la mutilación de los órganos genitales femeninos es un delito en España y está castigado con penas de prisión de seis a 12 años. También ha aprovechado para criticar que es "el colmo" la utilización del masculino genérico en el artículo 149.2 del Código Penal al decir: "el que causara a otro una mutilación genital".

Desde mediados de 2017, se han producido tres casos judiciales y se ha tenido en cuenta la extraterritorialidad, mayoritariamente en el escenario de reagrupación familiar, según señala el informe.

Además, el estudio pone de relieve la importancia de la sensibilización de los jueces sobre este tema. Precisamente, el artículo 158 del Código Civil, modificado por la Ley Orgánica 9/2000, permite a los magistrados adoptar medidas preventivas en caso de riesgo inminente de mutilación.

Una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Cataluña (307/2017 de 10 de julio) prohibió (sin autorización judicial previa) la salida de tres menores del territorio.

Según el estudio, hay 20 casos de asilo vinculados a la mutilación genital femenina (antes de 2017), en su mayoría de Nigeria. Las razones para rechazar las peticiones de asilo son, entre otras, que "la historia no es creíble; no prueban su identidad o nacionalidad; o la mutilación se hizo hace años". Solo dos solicitudes fueron reportadas como exitosas.

MÁS DEL 70% SABÍA QUE ERA DELITO

El estudio también recoge los resultados de una encuesta realizada a 82 familias migrantes residentes actualmente en Cataluña con vínculos en diferentes países africanos (principalmente en Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Mali). El 97% de las participantes son mujeres, de las cuales el 60% había sufrido la mutilación, un 30% de ellas antes de los 3 años.

El 73% de los encuestados afirmaba conocer que la mutilación genital femenina es un delito dentro y fuera de España para las familias residentes, pero solo un 52% sabía que también era delito en el país de origen. Al 73% de los encuestados se les habían explicado los riesgos para la salud que tiene la práctica.

En el 31% de los casos algún miembro de la familia quería realizarla a la hija, normalmente la abuela paterna (17%). El 70% de las familias habló de la práctica con sus parientes residentes en el país de origen, pero solo un 49% contó la prohibición legal de la práctica.

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha condenado este viernes el crimen de violencia de género perpetrado en Palomares del Río (Sevilla), donde tras el hallazgo el pasado día 8 de los cadáveres de un anciano de 86 años y su esposa de 84 en una vivienda, la investigación ha determinado que el varón habría matado a la mujer, para después suicidarse.

García ha reclamado "una vez más a todas las administraciones y a la sociedad en general aunar esfuerzos y tejer las redes necesarias que acaben definitivamente con esta lacra social que mata a las mujeres".

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este nuevo asesinato, el noveno en Andalucía desde que comenzó el año y el 41 en toda España, aumentando la cifra hasta 1.074 el número total de mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.

Sandra García ha insistido en que "todos los esfuerzos de las administraciones, instituciones y demás agentes implicados en la lucha contra la violencia de género deben estar orientados a acabar con los maltratadores" y "para ello es necesario sumar esfuerzos y garantizar a las mujeres que estarán protegidas".

Con este último caso en Palomares del Río son ya nueve las mujeres asesinadas en lo que va de 2020, y dos menores, tras los casos registrados en Cádiz (2), Granada (2), Córdoba (1), Jaén (1) y Sevilla (1).

A pesar de las restricciones de movilidad, los servicios para víctimas de violencia de género continúan funcionando y están disponibles en el 016, teléfono 112, la aplicación de SOS a través de Alercops, 091 de la Guardia Civil, vía mail a través de 061-online@igualdad.gob.es, así como el servicio Atenpro, que permite, mediante el uso de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización, que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades.

Euskadi ha detectado este pasado jueves 1.420 nuevos positivos en covid-19, lo que supone once más que en el día anterior y el 8,3% de las pruebas efectuadas. Los hospitales vascos, por su parte, han registrado 60 nuevos ingresos en planta, 13 menos que el miércoles, y sus UCI acogen a 134 pacientes, dos más.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado jueves se han efectuado 17.061 pruebas PCR y de antígenos, por encima de las 16.338 del día anterior. De ellas, 1.420 han sido positivas, frente a las 1.409 del miércoles. De esta forma, la tasa de positividad ha bajado tres décimas, del 8,6% al 8,3%.

Del total de casos positivos, el 43,9% de las pruebas se habían realizado por ser contactos de personas con covid y el 40,8% por presentar síntomas, datos similares a las últimas jornadas.

Con las cifras del jueves, Euskadi suma 849,49 casos por 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días (era de 845,15 el miércoles), aunque con diferencias entre los territorios. En concreto, esta tasa se eleva a 1.113,36 en Guipúzcoa, mientras que Vizcaya y Álava se mantienen por debajo de la media vasca, con 751,89 y 550,67, respectivamente.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es superior a 1, en concreto, 1,09 para el conjunto de Euskadi. Por su parte, el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, es de 1,00.

Por territorios, Vizcaya ha contabilizado el mayor número de positivos, con 653 casos, que suponen diez menos que el día precedente. Los datos más elevados se dan en Bilbao, con 234 nuevos casos, 31 más que en la jornada anterior, Barakaldo (60), Getxo (62), Ermua (30) y Basauri (32).

Según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud indica los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, se mantienen en 'alerta roja' en este territorio su capital y Abadiño, Abanto y Zierbena, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Berango, Derio, Durango, Erandio, Ermua, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Güeñes, Gorliz, Leioa, Lekeitio, Mungia, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapaga y Zalla.

Por su parte, Guipúzcoa ha sumado 619 contagios, 18 más que el miércoles. De ellos, 145 en San Sebastián (32 menos que en la jornada anterior), 56 en Eibar, 53 en Irún y 40 en Arrasate-Mondragón.

Además de la capital, superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días Andoain, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga.

Álava ha registrado 137 casos, once más, y de ellos 119 corresponden a Vitoria (23 más), mientras que el resto de municipios no supera los cinco nuevos contagios. Se mantiene en 'rojo' por su tasa de incidencia la capital, Agurain y Llodio.

Por edades, de los 1.420 nuevos casos en Euskadi, 542 se engloban en el franja entre 40 y 64 años y 330 en la personas de 19 a 39 años. En la población de hasta 18 años se dan 270 casos, mientras que los mayores de 65 concentran 276 contagios (128 de ellos en mayores de 80 años).

La mayor tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes corresponde a la población de 19 a 39 años, con una tasa de 944,67, mientras que la menor se da entre la población de 65 a 79 años, con una tasa de 663,10. En concreto, la mayor tasa de incidencia se da entre los jóvenes de 17 y 18 años, 1.155,50, con 45 nuevos contagios en las últimas horas.

También se han registrado once casos positivos de personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, ocho menos que en la jornada precedente.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han sido ingresados en planta 60 pacientes durante el último día, 13 menos que los del miércoles. En total, 500 personas están en la actualidad ingresados en planta, cuatro más que una jornada antes.

Además, 134 personas con covid-19 permanecen hospitalizadas en las UCI en los distintos centros hospitalarios de Euskadi, dos más que el día previo.

El colectivo Investigadoras de Compostela ha tachado de "anacrónica" la sentencia del Tribunal Supremo que no ve "justificado" indemnizar a los profesionales que hayan visto finalizado su contrato predoctoral y anula otro fallo previo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En concreto, la sala entiende que el predoctoral se trata de una modalidad contractual específica, de carácter formativo, a la que el contratante, durante la creación del contrato, no atribuyó indemnización para la finalización del mismo.

Esta sentencia responde al recurso de casación interpuesto por la Universidad de Compostela ante la resolución emitida por el TSXG el 11 de abril del 2019, que estimaba parcialmente una demanda interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Galicia.

El tribunal gallego sí determinó un paralelismo entre el contrato predoctoral y el temporal de obra y servicio, ya que la actividad desempeñada por los profesionales se enmarca en "un proyecto específico y novedoso", y no de formación.

Esta es la postura defendida por el colectivo Investigadoras de Compostela que, mediante un comunicado, ha apoyado la sentencia del TSXG, en especial el carácter "autónomo e independiente" a la que hace referencia el tribunal gallego. "Se trata de investigar, crear, producir y generar nuevo conocimiento. No de formarse", han señalado.

En concreto, la Sala de lo Social del TSXG declaró que los trabajadores que hubiesen suscrito los contratos predoctorales tenían derecho a percibir en el momento de su finalización la indemnización fijada en el art.49 del Estatuto de Trabajadores --una cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por cada año de servicio--.

Además de apoyar la sentencia del Tribunal de Xustiza, la asociación ha tachado de "anacrónica" e "incomprensible" la estimación del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo. "Los argumentos esgrimidos están equivocados y son impropios de los tiempos actuales, además de perjudiciales para la investigación y el avance de la sociedad", han manifestado.

Además, Investigadoras de Compostela ha censurado que el Tribunal Supremo no comprenda la realización de una tesis doctoral. "Es una tarea de investigación con autonomía propia, un trabajo de pleno derecho con el que se está produciendo y contribuyendo a incrementar el conocimiento en la sociedad", han manifestado.

Las investigadoras también rechazan que el Supremo asegure que la modalidad de prácticas recogida en el Estatuto de los Trabajadores sería la "que presentaría mayores similitudes" con este tipo de contratos. "Nos preguntamos qué pretende o a quién quiere contentar el TS, que quiere devolvernos a los tiempos de las bolsas y los contratos en prácticas. Unos tiempos de precariedad que queremos superar".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha acusado este viernes al Gobierno de la nación de pretender "idiotizar" a la sociedad con el "atropellado" intento de sacar adelante la denominada Ley Celaá sin buscar el consenso ni la participación de nadie y sólo de Bildu, ERC y Podemos.

Tras acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al vicepresidente, Pablo Iglesias, y a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de haber "despreciado" a la comunidad educativa más preocupados de atender las peticiones "anticonstitucionalistas" de los independentistas, De la Hoz ha advertido de que esas fuerzas buscan una ley para adoctrinar ante la cesión de un Partido Socialista "que dice ser español".

De la Hoz se ha referido en concreto a la "asquerosa" cesión del PSOE para que el castellano no se estudie en Cataluña, en las Islas Baleares o en Valencia y ha advertido de la pretensión del Gobierno de acabar con la enseñanza concertada y al derecho a elegir de los padres, con la educación especial y con la posibilidad de que se establezca una EBAU única, como pide Castilla y León, cuatro cuestiones que ya se han debatido con anterioridad que centrarán una nueva PNL del PP que espera que sea apoyada por el Grupo Socialista al que ofrecerán una votación por separado de rechazo de la ley y sobre los cuatro principios básicos.

"Mentir", ha respondido por su parte Luis Tudanca ante los "argumentos falaces" del Partido Popular al que ha recordado que en su día "dinamitó" la posibilidad de acuerdo en Educación fruto de una "batalla ideológica y partidista" y con Cataluña como "arma política".

"Los estudiantes catalanes tienen mejor nota en lengua española que la media del conjunto de las comunidades autónomas de este país", ha asegurado Tudanca que ha sido tajante al asegurar que en Cataluña y en las aulas catalanas se va a hablar castellano. Según ha explicado la Ley Celaá sólo busca hacer cumplir el artículo 3 de la Constitución Española que estipula que el castellano es lengua oficial del Estado y que en cada comunidad autónoma es cooficial la suya.

En este punto, ha tirado de ironía para recordar que el artículo 5,2 del Estatuto de Autonomía de Galicia, donde gobierna el PP "toda la vida", dice que la lengua propia de Galicia es el gallego "y no les pasa nada ni les supone ningún problema".

Tudanca ha defendido que la nueva ley de educación en la que trabaja el Gobierno va a garantizar la igualdad de oportunidades y la educación pública y evitará cuestiones como que se haga negocio con la educación de los hijos y que no se pueda regalar suelo para construir colegios que segregan a alumnos "como con Franco". "Eso es lo que no les gusta de la Ley Celaá", ha sentenciado para descartar que el PSOE tenga una batalla con la enseñanza concertada que, según ha aclarado, debe ser el complemento de la pública

"Allí donde se necesite incrementar la oferta siempre pública", ha defendido el socialista que ha abogado además por la igualdad de oportunidades y por un reparto equitativo de alumnos con dificultades entre todos los centros y sin obligar a las familias a pagar cuotas.

La vicelehendari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que pueden existir espacios para el acuerdo con EH Bildu de cara a impulsar medidas que "mejoren la vida" de los ciudadanos, aunque ha advertido a la coalición de que no podrán "encontrarse" para "derribar ningún régimen".

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Sáez de Egilaz ha interpelado a Mendia sobre la "precariedad" que padecen los jóvenes y tras preguntar si el Gobierno "va a seguir financiando la precariedad", ha exigido a la consejera "una apuesta firme por la creación de empleo digno".

Mendia ha defendido que "para navegar estos tiempos de incertidumbre", la estabilidad política "es fundamental para generar un clima de sosiego y tranquilidad, donde se puedan generar oportunidades de empleo".

En este sentido, ha invitado a EH Bildu a "trabajar juntos para poner en marcha las mejores políticas públicas en favor del empleo de los jóvenes". "Su coalición tiene mucho que aportar, aquí y en el Congreso de los Diputados", ha subrayado.

No obstante, ha aclarado que la coalición se encontrará con el Gobierno "en el camino de construir unas mejores condiciones de empleo, que mejoren la vida de todos". "Donde no nos encontraremos, desde luego, es derribando ningún régimen, como dijo ayer su compañero de bancada", ha advertido en referencia a la intervención del parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez este pasado jueves en la Cámara vasca.

El líder de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, aseguró este pasado jueves en la Cámara vasca que mientras el PNV participa en la política española para "mendigar" y para "sostener el régimen en beneficio de unos pocos", la coalición soberanista "va a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos".

Mendia ha recordado las reuniones que ha mantenido con instituciones y agentes sociales en las que ha "comprobado" que "comparten los objetivos y hay voluntad de trabajar conjuntamente".

Asimismo, ha afirmado que la creación de empleo "de calidad" es el "eje prioritario" del Gobierno y ha destacado que "todos los agentes son importantes".

"No queremos que ningún agente se descuelgue del compromiso que es buscar una salida justa a esta crisis y no dejar a nadie atrás, por eso les implicamos, y queremos seguir implicándoles a todos en el Programa Berpiztu y también con la Estrategia de Empleo 2030", ha insistido.

La Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña ha transmitido una instrucción a los centros educativos que imparten Bachillerato en la que "flexibiliza" criterios de evaluación: estipula que la repetición sea una medida excepcional y que la obtención del título no quede supeditada a la aprobación de todas las materias, pero sí a que la media sea igual o superior al aprobado.

El secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Carles Martínez, ha asegurado este viernes a Europa Press que la medida se ha tomado para "evitar rigidez" en la evaluación de los alumnos de Bachillerato y conseguir que ninguno salga perjudicado.

Martínez ha negado que la decisión reste calidad educativa al programa docente de Bachillerato y que se trate de un aprobado general; en este sentido, ha recordado que los equipos docentes siguen pudiendo hacer repetir a un alumno o denegarle el título de Bachillerato.

"Con estas medidas flexibilizadoras, hacemos que los profesores, que intervienen de manera directa en el centro, valoren caso a caso, alumno a alumno y de forma colegiada, qué hacer, teniendo en cuenta su situación personal", ha razonado.

Martínez ha explicado que la pandemia puede haber generado serias desigualdades entre alumnos, que esta medida, ha asegurado, busca compensar: "Puedes encontrarte alumnos con dificultades familiares por el Covid, alumnos con problemas de conectividad por cuestiones socioeconómicas. Hay que mirar aspectos como la progresión y la actitud", ha dicho.

La instrucción llega después de que el Ministerio de Educación publicara unos criterios que permitían modificar los criterios de evaluación dando potestad a las comunidades para ello y la Conselleria los ha modificado con esta instrucción.

DECISIÓN COLEGIADA

La Consejería de Educación modifica "de forma excepcional" los criterios de promoción de primero a segundo de Bachillerato, donde la repetición será excepcional y será adoptada de forma colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del alumno, globalmente valorada, sin que pueda ser considerada como única causa las posibles materias que puedan quedar sin superar --ahora se podía pasar de curso con hasta dos materias suspendidas--.

En el caso de la obtención del título de Bachillerato, los equipos docentes deberán adoptar las decisiones de forma colegiada y se tienen que basar en la evolución del alumno en el conjunto de las materias, su madurez académica y las competencias correspondientes.

El documento establece que la decisión de titulación "no queda supeditada a la no existencia de materias sin superar", pero para obtenerla es necesaria una cualificación media igual o superior a la requerida para superar cada materia.

"No es una medida ordinaria y que quede para siempre; esperemos que el curso siguiente se pueda realizar con normalidad", ha zanjado Martínez.

Agentes de la Policía Nacional ha activado un protocolo de búsqueda de una menor de 13 años que se escapó de Gijón, han confirmado desde la Comisaría gijonesa.

Las mismas fuentes han señalado que la denuncia se interpuso en Comisaría a las 11.00 horas de este día, haciéndose cargo de la investigación la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

La joven, natural de Avilés, está tutelada y cursa estudios en el Patronato de San José. No es la primera vez que la menor desaparece, aunque por cortos periodos de tiempo. La Policía está haciendo averiguaciones en su círculo más cercano.

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que impulse medidas "urgentes y eficaces" para ayudar a la hostelería y la restauración ante los "momentos trágicos" que está viviendo el sector, entre las que ha citado extender los ERTES hasta el fin del estado de alarma, más créditos ICO o bajadas de impuestos.

Así se ha pronunciado tras reunirse con el Gremio de Restauración de Barcelona, acompañado por el presidente del PPC, Alejandro Fernández, el presidente del PP de Barcelona, Óscar Ramírez, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou. Se trata del segundo viaje de Casado a Cataluña en siete días y se produce en plena precampaña electoral para las autonómicas que se prevén el 14 de febrero.

En ese encuentro, Casado ha expresado su apoyo al sector de la restauración en Cataluña y ha dicho que el PP se une a "sus reivindicaciones". "Pedimos medidas urgentes y eficaces: más liquidez, más créditos ICO y una carencia de un año para pagar los ya concedidos; que los ERTE se extiendan hasta después del estado de alarma y una reducción de impuestos como está haciendo Europa", ha detallado.

"INFIERNO FISCAL" DE SÁNCHEZ

En este punto, el líder del PP ha denunciado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos quiera hacer un "infierno fiscal con una subida de 9.000 millones de euros en impuestos a las clases medias y trabajadoras".

"Ahora hay que bajar impuestos y ayudar a la gente a llegar a fin de mes", ha proclamado Casado, para criticar las subidas impositivas de los PGE en bebidas azucaradas, envases de plástico o impuesto al diésel.

Además, Casado ha señalado que las "ruinosas" cuentas públicas del Ejecutivo incluyen "despilfarro" con "subida de asesores, amiguismo y enchufismo" mientras se "abandona a los sectores que crean empleo como la restauración, el turismo o los autónomos".

En este punto, ha recalcado que esos empresarios que han bajando la persiana les necesitan "porque están cerrados" y porque "la pandemia les ha pegado muy fuerte". Sin embargo, ha criticado que el Gobierno no les esté "ayudando" cuando un sector como la restauración representa casi dos millones de empleos.

"Nosotros sí, lo haremos desde el PP, escuchando a todos los colectivos afectados", ha manifestado, para añadir que el Gobierno está "a tiempo de rectificar" durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y hacer unos PGE "como los que merece España, y no como los que quieren destruirla".

El Congreso de los Diputados ha convocado un nuevo concurso para la concesión del contrato de gestión de sus restaurantes por un valor estimado de 6,8 millones de euros por un total de 34 meses de vigencia.

Actualmente esta concesión la tiene Cafestore, filial de Sacyr, que el año pasado se hizo con el contrato vigente por un periodo de once meses, por 843.333 euros, pero fuentes parlamentarias aseguran que ya ha dado comunicado que no le compensa seguir prestando este servicio con las actuales condiciones.

Según los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso y recogidos por Europa Press, las empresas que quieran presentarse a este nuevo concurso podrán hacerlo hasta el 15 de diciembre.

En concreto, el presupuesto base de licitación asciende a 4,4 millones de euros (3,9 millones más el 10% de IVA) y el valor estimado global del contrato para estos 34 meses se cifra en 6,8 millones.

La empresa adjudicataria deberá gestionar los servicios de las tres cafeterías, los dos autoservicios, el restaurante, y las varias máquinas de venta automática que hay repartidas por las dependencias parlamentarias.

También tendrá que hacerse cargo de los denominados "servicios de atención parlamentaria", que demanden sus señorías o la propia institución para las comisiones o demás reuniones, así como los que se puedan ofrecer en la vivienda institucional que el Congreso tiene en la calle Casado del Alisal, cerca del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Los pliegos acordados por la Mesa del Congreso, especifican, como es habitual, que la empresa adjudicataria tendrá que mantener en plantilla a los empleados que ya prestan estos servicios de restauración en la Cámara Baja.

UN CAFÉ 1,10

Además, incluyen una lista de precios de venta al público. Así, un café costará 1,10 euros y un zumo de naranja natural 1,90 euros. Los desayunos oscilarán entre 1,15 y 2,35 euros y habrá platos combinados entre 7 y 12,30 euros en las cafeterías.

Las únicas bebidas alcohólicas que se incluyen en esta relación son cerveza (a 1,05 euros la caña y a 1,65 euros el tercio), vino blanco o rosado (1,25 euros), sidra (1,30) vino tinto (2,05) o tinto de verano (1,60 euros).

En 2013 el Congreso sacó de la lista de precios tasados las bebidas de alta gradación tras una polémica generada a raíz de su bajo coste. Estas bebidas siguen sirviéndose, pero al precio que establece al adjudicataria, sin subvenciones.

La Junta de Extremadura ha decidido suspender "eventos multitudinarios que tengan que ver con el ámbito de la cultura" en la ciudad de Badajoz, y recomienda a todos los vecinos de la capital pacense limitar la movilidad "a lo imprescindible".

Unas medidas que se toman en la ciudad de Badajoz debido a que presenta una situación "preocupante" en la incidencia del corona virus, que se sitúa en 529,5 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, así como una ocupación de sus UCI del 29 por ciento, y una tasa de posibilidad del 14 por ciento de las pruebas PCR.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa en Badajoz, en la que ha explicado que el Consejo de Gobierno, junto con la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Badajoz, han "adoptado la decisión de no perimetrar la ciudad de Badajoz" por el momento.

Además, Vergeles ha avanzado que durante los próximos 14 días se realizará "una mayor monitorización de la incidencia en Badajoz" de la Covid-19, y se pondrá en marcha "un mayor control y un mayor cribado de positivos" en los centros residenciales de la ciudad, con el objetivo de "proteger a la población más vulnerable".

José María Vergeles ha realizado este anuncio este viernes en rueda de prensa en Badajoz acompañado de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.

En su intervención, Vergeles destacado que las medidas se han "decidido de forma consensuada" con el Ayuntamiento de Badajoz y con la Delegación del Gobierno, a los que ha querido agradecer su colaboración a ambas instituciones.

MÁS DE 800 CASOS ACTIVOS

Según los datos que ha aportado el titular de Sanidad, la ciudad de Badajoz cuenta en estos momentos con 882 casos activos de coronavirus, y 1.700 contactos. Del total de contagios en la capital pacense, 18 están en centros residenciales.

Ante estos datos, Vergeles ha lanzado un mensaje de responsabilidad a la sociedad, para que cumplan las medidas de protección como la distancia de seguridad, uso de mascarilla, lavado de manos y control de los aforos, que "en este momento es muy importante".

Así, ha advertido de que las Fuerzas de Seguridad disponen de los datos de los casos positivos de Covid-19 y los contactos, que deben guardar los aislamientos domiciliarios, y en caso contrario, no les "va a temblar el pulso para actuar, en conjunto con Salud Pública", si hay que adoptar el cierre cautelar de algún establecimiento que no cumpla, o sancionar a algún ciudadano que se salte el aislamiento "con una actitud irresponsable.

"Prefiero la concienciación a la sanción, pero si hay que sancionar, que no lo duden, que lo vamos a hacer", ha advertido el consejero de Sanidad, quien ha recordado que estas actitudes "no afectan solo a la salud individual, sino que afectan a la salud colectiva".

Así, ha aseverado que "aunque se habla mucho de los jóvenes", muchas de las conductas irresponsables no vienen de los jóvenes, sino que provienen "de los maduritos", que "con reuniones por encima del aforo en lugares privados, estamos estigmatizando al sector de la hostelería y al comportamiento del resto de la sociedad", ha señalado Vergeles.

"Vienen 14 días intensos, 14 días de reto para la ciudad de Badajoz", ante los que el consejero de Sanidad ha reiterado la necesidad de "concienciarse" y de "ser verdaderamente responsables" para acabar con esta situación, que "puede dar al traste con la vida de muchas familias", no solo por los fallecimientos sino por la situación de muchos negocios.

Finalmente, Vergeles ha señalado que en la sociedad existen "la esperanza de la vacuna" frente a la Covid-19, pero ha recordado que "nos lo fían a seis meses", en los que habrá que "seguir luchando por conseguir bajar la curva de incidencia, como según ha aseverado, "está pasando en el resto de Extremadura" donde los indicadores "dicen que la curva está estabilizándose o tendente a la baja".

La fiscalía, la acusación particular y la defensa han solicitado este viernes a la magistrada presidenta del tribunal que el pamplonés que el 23 de agosto de 2019 mató a su madre, de 71 años, arrojándola desde un cuarto piso, sea internado en un centro psiquiátrico durante 21 años.

"Reconozco los hechos", se ha limitado decir el procesado, en la vista oral, tras la lectura por parte del fiscal del escrito de acusación.

Tras la admisión de la autoría y los hechos delictivos, las partes han renunciado a la práctica de la prueba y, en sus informes, se han limitado a solicitar una sentencia en los términos acordados, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

De esta forma, se ha evitado la celebración del juicio con jurado popular, cuyo comienzo estaba señalado para este lunes, 16 de noviembre. La sentencia se conocerá la próxima semana.

Tanto las acusaciones como la defensa consideran que en la conducta del acusado, de 47 años, concurre la eximente completa de responsabilidad penal de trastorno mental, por lo que no ingresará en prisión para cumplir condena, sino que será internado en un centro para someterse a tratamiento psiquiátrico. Al respecto, en su derecho a la última palabra del juicio, el encausado ha solicitado que el centro médico esté en Navarra.

El crimen tuvo lugar sobre las 16 horas del 23 de agosto de 2019 en la vivienda de la calle Fuente del Hierro, en el barrio pamplonés de Iturrama, en el que residía la víctima. Tras una discusión con su madre, el procesado forcejó con ella y la llevó hasta el balcón del domicilio.

Según consta en el escrito de acusación admitido por todas las partes, con "la indudable intención de acabar con la vida de su madre", el acusado la empujó fuera del balcón, si bien no consiguió que inicialmente se precipitara, ya que la mujer se sujetó fuertemente a la barandilla.

A pesar del esfuerzo realizado por no caer, el inculpado "consiguió finalmente soltar a su madre, desasiéndole las manos de la barandilla a la que se encontraba agarrada, lo que hizo que la misma cayera al suelo", a once metros de distancia. Falleció como consecuencia de la caída sufrida.

Tenía además otras dos hijas, de 43 y 38 años, quienes han renunciado a la indemnización que pudiera corresponderles de su hermano.

En el momento de los hechos, según el escrito de acusación, el inculpado presentaba esquizofrenia paranoide, que afectaba gravemente a sus capacidades intelectivas y volitivas para los hechos enjuiciados, "con una severa afectación del juicio de realidad, que es de suficiente entidad como para anularlos".

Los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con la concurrencia de la agravante de parentesco y la eximente completa de trastorno mental. Por esto, las partes han solicitado a la magistrada presidenta la absolución del encausado y que le imponga la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico por tiempo de 21 años.

Asimismo, una vez transcurrida esta medida de seguridad, las partes han pactado que el procesado cumpla una pena de libertad vigilada por tiempo de 10 años.

Una joven de 23 años ha resultado herida a primera hora de este viernes tras recibir tres puñaladas en plena calle en la localidad de El Campello (Alicante), en un ataque que está investigando la Guardia Civil, ya que las primeras investigaciones apuntan a que no había relación entre ellos.

La víctima, de nacionalidad colombiana, se encuentra en estado crítico en el hospital mientras que el presunto autor de los hechos, de 28 años, de origen español y vecino de El Campello, será puesto a disposición judicial tan pronto como se finalice la instrucción de las primeras diligencias, según ha informado la Guardia Civil.

Sobre las 7.30 horas, el CICU ha recibido la solicitud para asistir a una mujer herida por arma blanca en la calle Pla de Sarrió de El Campello. Hasta el lugar se han desplazado dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB), una unidad del SAMU y un médico de Atención Primaria, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios médicos han asistido a la joven y, tras lograr estabilizarla, ha sido trasladada a un centro hospitalario de la provincia en la ambulancia del SAMU. Los sanitarios han atendido a un hombre de 50 años por crisis de ansiedad, que también ha sido trasladado a un centro hospitalario en una unidad de SVB.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de SanJuan ha iniciado las investigaciones para esclarecer los motivos por los que se ha producido el brutal ataque, ya que las primeras investigaciones apuntan a que no existía ningún tipo de relación entre ellos, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Según la Benemérita, un hombre se abalanzó a una mujer por la espalda y le asestó varias puñaladas con un arma blanca. varios testigos, alertados por los gritos de la víctima, acudieron en su auxilio y alertaron al 112.

Inmediatamente acudieron varias patrullas de la Guardia Civil de El Campello, que detuvieron al varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. La víctima, de nacionalidad colombiana, fue trasladada de manera urgente al hospital, para ser atendida por las heridas causadas con una navaja de grandes dimensiones.

Según fuentes municipales, el presunto autor de los hechos podría haber sufrido algún brote de una enfermedad mental.

El Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana ha desplegado 1.440 quitanieves y 246.147 toneladas de fundentes para la campaña de vialidad invernal 2020-2021 en la Red de Carreteras del Estado.

Estas operaciones persiguen mantener en esta época del año las carreteras, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, en condiciones de confortabilidad y seguridad, con arreglo a los niveles fijados para cada uno de los tramos de la red, según informa el Ministerio.

Los medios disponibles, que se pondrán en funcionamiento ante situaciones climatológicamente adversas, están compuestos por 1.440 máquinas quitanieves y 246.147 toneladas de fundentes, principalmente sal,, distribuidas en 339 almacenes y 552 silos.

Aunque todos los tramos de carreteras tienen asignado un nivel de servicio, la prioridad recae en la atención en las autopistas y autovías, así como en aquellas vías con mayor intensidad de tráfico y en las que sirven de acceso a capitales de provincia y a poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Dentro de las operaciones de vialidad invernal, el Ministerio que dirige José Luis Ábalos prevé efectuar tratamientos preventivos y curativos en situaciones de bajas temperaturas y, en caso de nevadas, en las carreteras afectadas por esto fenómenos.

Los principales objetivos son la prevención de la formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas, la información a los usuarios de las carreteras de cualquier incidencia con la antelación suficiente y la retirada de nieve para minimizar las perturbaciones al tránsito.

"EN MANOS DE LOS CIUDADANOS"

"Un adecuado tratamiento de la vialidad invernal está condicionado por una predicción meteorológica certera y conocida con suficiente antelación (lo que no siempre es posible) y por las condiciones en que se produzca la nevada (intensidad de tráfico, horas punta o accesos a las grandes ciudades)", explica Transportes.

Por ello, el Ministerio recuerda que una de las mejores medidas a adoptar está en manos de los ciudadanos: "que estos atiendan a las recomendaciones que se hagan desde las autoridades ante situaciones meteorológicas adversas".

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa aportará 26 quitanieves y más de 120 vehículos, especialmente preparados para actuar en situaciones adversas. La UME dispone de un despliegue territorial en 31 secciones con 1.400 militares disponibles.

En cuanto a la Dirección General de Tráfico, se encargará en esta campaña de mantener la difusión de información mediante mensajes en los medios de comunicación, redes sociales y en los paneles luminosos en las carreteras, al tiempo que atenderá las llamadas de los ciudadanos en su servicio 011 y facilita información actualizada en su aplicación gratuita.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 23 años de edad en Puerto del Rey (Toledo) como presunto autor material del apuñalamiento de dos personas en el distrito madrileño de Villaverde.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, la detención se produjo en un control perimetral COVID en Castilla-La Mancha, mas concretamente en Puerto del Rey, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Alcaudete de la Jara (TOledo) procedió a la identificación de los ocupantes de un turismo.

Figuraba así sobre el vehiculo un señalamiento en vigor, el cual estaba relacionado con un hecho ocurrido en el barrio de Villaverde de Madrid, donde un individuo, hasta ese momento no identificado, había producido lesiones con un arma blanca a dos personas, un hombre y una mujer.

Una vez en el Puesto de Talavera de la Reina, se pudo confirmar la autoria de los hechos, procediendo a su detención. Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional recogieron al detenido, disponiendo su traslado a Madrid y continuación de las diligencias.

LOS HECHOS

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.15 horas a la altura del número 83 del Paseo Alberto Palacios de Villaverde, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Un hombre de 35 años ha sufrido varias puñaladas en el hemitórax izquierdo, en el cuello y en la espalda. Tras ser atenido e intubado en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido evacuado al Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Junto a él ha sido también atendida una mujer de una veintena de años que presentaba una herida por arma blanca en el abdomen. Ha sido trasladada al mismo centro hospitalario con pronóstico leve.

Al lugar han acudido agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación para tratar de localizar a los autores del doble apuñalamiento.

La Conselleria de Sanidad y el mundo fallero trabajan para fijar una especie de "semáforo" que en función de la situación sanitaria por la pandemia de la Covid-19 establezca "diferentes escenarios" que indiquen qué parte de las Fallas podría celebrarse en cada fecha. Esta herramienta permitiría saber a qué atenerse "en el momento en el que se tuviera que tomar una decisión" al respecto.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Interagrupación de Fallas de València, Guillermo Serrano, tras la reunión celebrada este jueves entre representantes de las Fallas de la ciudad y de otras poblaciones, responsables de la Junta Central Fallera (JCF) de València y la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, para hablar de las posibilidades de celebración de estos eventos en función de la evolución de la Covid-19.

Serrano ha indicado que el "planteamiento inicial es celebrar Fallas en 2021, sea como sea y sea cuando sea" aunque ha precisado que "el escenario está como está", respecto a contagios y brotes, y que todo dependerá de la evolución e incidencia de la pandemia, de la llegada y dosificación de la vacuna contra la Covid-19 y de la decisión que las autoridades sanitarias adopten teniendo en cuenta estas cuestiones.

"Ese es el pilar fundamental. Se quiere cerrar un ciclo lo antes posible, si pudiera ser en marzo bien y si no, nos tendremos que adaptar a lo que se nos mande" por parte de las autoridades sanitarias, ha señalado. Igualmente, ha insistido en que si en marzo no fuera posible se está abierto a que las Fallas puedan tener lugar "a lo largo de 2021".

"Lo que le hemos pedido a la secretaria autonómica de Sanidad es que dentro de los márgenes y los barómetros que manejan ahora --si estamos en zona roja, granate, verde o amarilla dependiendo de los contagios y de la presión hospitalaria--, que se nos marque" qué se puede hacer en cada uno de estos supuestos, ha explicado el responsable de la Interagrupación.

De este modo, ha pedido, como ejemplo, que se diga: "si estamos en zona roja y granate no se puede hacer nada; si estamos en amarilla, podríamos plantar, quemar --fallas-- y hacer actos en la demarcación sin ser multitudinarios, y si estuviéramos en zona verde, esto y esto". Serrano ha considerado que supondría establecer como un "semáforo" para saber cuando "se tenga que tomar una decisión" que hacer.

Guillermo Serrano ha opinado que se tendrá que "esperar a pasar Navidades" para empezar a ver estas cuestiones y a finales de enero o inicios febrero comenzar a decidir. "Hay que esperar a ver cómo evoluciona" la pandemia "para saber en qué situación vamos a estar, más o menos, sobre finales de enero o principios de febrero para tomar una decisión definitiva".

"Ahora mismo hay cuatro niveles de alerta --1, 2, 3 y 4--. Se referencian en colores" y se establece en cada uno "qué se puede hacer", ha comentado, a la vez que ha reiterado la conveniencia de tener una referencia de este tipo para saber cómo actuar.

El responsable de la Interagrupación de Fallas ha agregado respecto a las posibles fechas que "si en marzo la situación no ha mejorado, no se podrán celebrar" las Fallas y "no habrá más remedio que retrasarlas".

"EXCELENTE TRATO"

"Lo importante es hacerlas. Esto cambia todos los días. Todo depende --también-- de la vacunación, de que llegue la vacuna, de que llegue en condiciones, de que se pueda vacunar a la gente y de la inmunidad", ha añadido.

Serrano, que ha avanzado que hay nuevas reuniones previstas para seguir hablando, ha valorado el "excelente trato" que el mundo fallero está recibiendo por parte de las autoridades y la "empatía" entre ambas partes para entender el deseo de celebrar las fiestas y la responsabilidad sanitaria. No obstante, ha subrayado que "no serán las fallas quienes digan si habrá Fallas sino Sanidad" y ha resaltado la "responsabilidad" de este colectivo.

Por su parte, la JCF ha explicado, en un comunicado, que el objetivo del encuentro de este jueves era que Isaura Navarro "indicara las directrices generales para poder empezar a trabajar en próximas reuniones los distintos escenarios que se pueden plantear de cara a las Fallas de 2021", teniendo en cuenta que "la grave situación sanitaria actual obliga a pensar en unas Fallas diferentes".

La entidad ha destacado también que todas las partes "se han comprometido a trabajar distintas opciones para que desde Sanidad puedan valorar la idiosincrasia del mundo fallero, poniendo en valor los aspectos culturales y económicos que aporta" esta fiesta.

CONSEJO RECTOR

Por otro lado, el PP en el Ayuntamiento de València ha indicado este viernes, en un comunicado, que su edil Santiago Ballester ha forzado un Consejo Rector de la JCF para aprobar un aumento de las ayudas a las agrupaciones con el fin de pasar del 4% del presupuesto de la entidad a un 8% e "inyectar más de 100.000 euros" en las comisiones de la ciudad.

Ballester ha dicho que ese dinero se podrían usar para aliviar la bajas de falleros como consecuencia de la pandemia y ha afirmado que la JCF tiene presupuesto sobrante de las actividades suspendidas en 2020 que podría ir directamente a las fallas, que están "pasando uno de los momentos más tristes de la historia". El concejal ha confiado en contar con el respaldo de todo el Consejo Rector.

El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, ha denunciado los homenajes a presos de ETA cuando estos salen de prisión y ha pedido la colaboración de las instituciones ara evitar que se produzcan en el futuro.

Caballero, que ha participado en en el XVIII seminario Fernando Buesa, que se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz, ha afirmado que "todavía hoy hay quienes tienen que reconoce lo que hicieron y hacerlo de corazón", en alusión a los presos de ETA y a la izquierda abertzale.

Además, ha denunciado y condenado "cualquier homenaje a terroristas que son recibidos como héroes en sus municipios al salir de prisión". "Son actos que chocan frontalmente con las normas más básicas de la convivencia democrática y vulneran frontalmente la dignidad de las víctimas", ha subrayado. Por ello, ha pedido la colaboración de todas las instituciones para evitar que se reproduzcan en el futuro.

También ha lamentado que, "para determinados sectores públicos y privados, aunque resulte difícil y duro admitirlo, la ausencia de actividad armada por parte de ETA hace que sus víctimas se hayan vuelto invisibles o inexistente para ellos". "Lo cierto es que las víctimas de ETA y sus secuelas nunca van a desaparecer, como tampoco lo harán las del terrorismo yihadista", ha asegurado.

RELATO

También cree que debe construirse "un único relato" para que las generaciones futuras y los jóvenes "conozcan esta parte de la historia reciente de España en la que resultaron heridas más de 5.000 personas y asesinadas más de 1.300".

"Es importante un relato verdadero de lo sucedido, que se cuente a las nuevas generaciones para que entiendan que el odio y la violencia no solo conducen a la destrucción y muerte de las personas, sino de los valores que como sociedad nos sustentan", ha apuntado, para recordar que la FVT desarrolla el proyecto 'Educar para la convivencia', llevando a las aulas el testimonio de los damnificados por el terrorismo.

"La violencia nunca es el camino y llegar a los jóvenes es crucial para la Fundación porque es alarmante que haya jóvenes que no sepan lo que sucedió", ha advertido.

Tomás Caballero ha emplazado a que el testimonio de las víctimas persista porque "puede ser una poderosa herramienta para luchar contra cualquier forma de terrorismo". "No podemos consentir que nuestro dolor se olvide y que las conductas terroristas se normalicen", ha concluido.

La Xunta no ha autorizado a los Franco el traslado de las estatuas del Mestre Mateo de su actual emplazamiento en el pazo de Meirás, solicitado por sus actuales titulares, según informa la Consellería de Cultura.

En concreto, señala que el Gobierno autonómico actúa así en base a las medidas cautelares del auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que determina que no se permita la retirada de bienes del inmueble mientras se realiza el inventario.

Las estatuas de Abraham e Isaac tienen la "máxima protección" por la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) aprobada por la Xunta el año pasado. "Y esto supone deberes legales para los propietarios, entre ellas, la obligatoriedad de comunicar previamente cualquier posible traslado", recuerda la Consellería.

Ante la petición realizada por parte de los titulares, la Xunta asegura que actúa "en base al auto judicial en el que se requiere la colaboración de la Consellería de Cultura para realizar el inventario de la totalidad de los bienes existentes, tanto en el interior como en el exterior. Además, hasta que la jueza lo autorice los Franco no podrán retirar o trasladar ningún tipo de bien de la finca.

APELA A LA COORDINACIÓN

La Xunta argumenta que "la coordinación, colaboración y unidad de acción" debe seguir siendo "la hoja de ruta" hasta la entrega provisional del pazo al Estado de cara a la "defensa de los intereses del patrimonio público".

En este sentido, apela al "trabajo coordinado" que incluye la creación de un grupo de expertos en coordinación con el Ayuntamiento de Santiago "que ya comenzó a trabajar para analizar el proceso de recuperación de las estatuas ante la nueva documentación existente".

"Y, por otra parte, se está avanzando en la protección de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán". Al respecto, subraya que se inició de manera urgente el proceso para declararla BIC "con la intención de que el expediente se incoe nos próximos días". Este paso incluye los más de 7.000 volúmenes que custodia la Real Academia Gallega (RAG) y los en torno a 3.200 que esta institución estima hay en Meirás.

Los profesionales de la Podología manifiestan su descontento y reclaman a las administraciones públicas su inclusión en el Sistema de Salud Público, pues más del 70 por ciento de los problemas en los pies, sobre todo en personas diabéticas, podrían resolverse con profesionales de la Podología en Atención Primaria (AP), sin llegar a los hospitales.

En concreto, según declaran desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA), a consecuencia del confinamiento y de la limitación en la movilidad, en las consultas de Podología se están atendiendo actualmente multitud de patologías en personas diabéticas, como uñas encarnadas, úlceras en el pie o helomas infectados, por desatención previa que, si no se tratan de manera precoz, pueden llegar a ocasionar graves problemas de salud.

Tal y como reflejan los últimos datos del Consejo de Colegios de Podólogos, el 20 por ciento de los diabéticos que ingresan en el hospital lo hace por problemas en los pies. A su vez, hasta un 34 por ciento de las personas diabéticas pueden desarrollar úlceras en el pie derivadas de la neuropatía periférica.

Así, teniendo en cuenta que en un paciente diabético una úlcera o infección de los pies tiene el riesgo de evolucionar hacia una amputación, incluso hasta de la pierna, es un hecho que 5 de cada 6 amputaciones no traumáticas que se practican en pies son en pacientes diabéticos. De este modo, el riesgo de amputación por pie diabético en España es de 52 por 100.000 habitantes, muy por encima de la tasa de muchos otros países europeos.

A los perjuicios personales en los que puede desembocar esta desatención y al aumento de la morbilidad y mortalidad en estos pacientes, además, debemos sumar el incremento del gasto sanitario por soluciones más drásticas.

Por ello, desde el COPOMA afirman que, sin ninguna duda, esta presencia aportaría "unos beneficios muy significativos al sobrecargado sistema sanitario". Por un lado, se mejoraría la calidad de vida de algunos grupos poblacionales, como diabéticos, así como el control de dicha enfermedad; por otro, se disminuiría la morbi/mortalidad relacionada con las complicaciones podológicas.

Además, la presencia de estos profesionales podría reducir la lista de espera de ciertas especialidades, pues, potenciando la atención primaria, se prevendrían multitud de problemáticas de salud más graves, con el consiguiente ahorro en cuanto al gasto para el sistema sanitario.

Así, según estos profesionales, su inclusión en AP llevaría a datos de mejora significativa en cuanto a prevención de ciertas patologías, reducción de las complicaciones derivadas de los problemas de los pies y "un ahorro sustancial" en el gasto sanitario.

Varios diputados de Unidas Podemos en el Congreso han urgido a Naciones Unidas a restablecer el alto el fuego en el Sáhara Occidental y creen que España "no puede permanecer ajena ante este ataque de Marruecos".

El portavoz adjunto del grupo parlamentario y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha instado en redes sociales a restablecer el alto al fuego ante el reinicio del "conflicto armado" en el Sáhara Occidental y ha demandado "convocar de una vez el referéndum de autodeterminación acordado hace más de 30 años".

En la misma línea se ha pronunciado su compañero de bancada y representante de Galicia en Común en el grupo confederal, Antón Gómez-Reino, quien ha reclamado garantizar los Derechos Humanos en la zona e impulsar la autodeterminación del pueblo saharaui.

La diputada de la formación morada, Meri Pita, ha opinado que España "no puede permanecer ajena ante este ataque de Marruecos a la población saharaui". "Debemos reaccionar y exigir una solución pacífica y duradera", ha zanjado.

Las Fuerzas Armadas de Marruecos se han desplegado este jueves por la noche en la zona de Guerguerat, fronteriza con Mauritania, tras semanas de bloqueo por parte de activistas saharauis y de "provocaciones" atribuidas desde Rabat al Frente Polisario. La operación, según el Ejército "no es ofensiva ni tiene intención bélica".

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien este viernes se enfrentaba a un careo en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha echado en cara al que fuera su superior, y a la cúpula del PP, que en el caso 'Kitchen' le hayan arrrojado "a las fauces de la prensa". En este sentido ha confesado que se ha sentido abandonado por el partido.

De hecho, fuentes jurídicas que han asistido al careo relatan que en un momento dado, el que fuera 'número 2' de Fernández Díaz ha señalado que si Casado -presidente del PP- no sabe cuidar a la gente que trabaja para el PP -por él- tampoco sabrá cuidar de los españoles en caso de que llegara a gobernar.

A lo largo del careo, que se ha extendido durante aproximadamente dos horas, ambos han mantenido sus versiones frente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en relación a la operación parapolicial que se sufragó con fondos reservados para sustraer documentación sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas, la operación 'Kitchen'.

El encuentro ha comenzado con cierta tensión, pues cada uno de ellos ratificaba lo ya manifestado en sus declaraciones en calidad de investigados. De hecho, en un momento dado y después de que el exministro negara que envió a Martínez mensajes relacionados con la operación, éste ha espetado que no ha pasado "de ser secretario de Estado y diputado a falsificador" y que de informática sólo tiene un nivel de usuario como para manipular mensajes que hubiera podido recibir de Fernández Díaz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado hoy desde Navarra que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hayan superado su primer trámite parlamentario en la Cámara Baja derrotando las enmiendas de totalidad que pedían su retirada: "Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso decide avanzar y España dice adiós al pasado".

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un acto en Navarra junto a la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, en el que se ha referido por vez primera a este triunfo del Gobierno de coalición en este debate de las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas.

Sánchez, que ha sido recibido entre abucheos después del apoyo de Bildu a estas cuentas públicas, no ha hecho referencia al papel del partido de Arnaldo Otegi a los Presupuestos Generales y se ha limitado durante su exposición a aplaudir el primer examen que han superado estas cuentas públicas en el Congreso.

Tampoco ha respondido a los periodistas que se encontraban en la puerta del Palacio de Navarra y que le han preguntado directamente a Sánchez por su valoración sobre las palabras de un dirigente de Bildu que decía que iban a Madrid "a tumbar el régimen" y por las críticas de los 'barones' del PSOE a este apoyo del partido de Otegi.

Sánchez sí que ha ensalzado la "movilización de recursos sin precedentes" en estas cuentas públicas, que según ha dicho, necesitan ser aprobadas para movilizar los fondos europeos que le corresponden a España para reactivar la economía tras la pandemia del coronavirus.

ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS

El jefe del Ejecutivo ha visitado este viernes la Comunidad Foral de Navarra dentro de su ronda autonómica para presentar su plan de recuperación económica 'España Puede' después de iniciar esta gira por las Comunidades Autónomas la semana pasada en Valencia.

Durante su exposición, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo central aprobará "próximamente" nuevas medidas para "salvar miles de empresas, pymes y autónomos", aunque no ha especificado exactamente en qué consistirán estas nuevas medidas.

Por último, el presidente del Gobierno ha puesto en valor su plan de recuperación económica y ha reivindicado los fondos europeos que llegarán a España. Sobre este dinero, Sánchez espera tener para inicios de 2021 todos los cauces legislativos para dar flexibilidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el Sistema Nacional de Salud incrementará en 10.001 el número de plazas de MIR, enfermería o farmacia, y que las pruebas selectivas se realizarán el 27 de marzo de 2021.

Así lo ha avanzado el jefe del Ejecutivo en un acto en Navarra junto a la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, para presentar su plan de recuperación económica 'España Puede'. Durante su exposición, ha explicado que este incremento supondrá un 3,2 por ciento más de profesionales sanitarios respecto a este año 2020.

Las pruebas selectivas se realizarán a finales de marzo del año que viene, concretamente el 27 de marzo, y los nuevos profesionales sanitarios se podrán incorporar con "varios meses" de antelación al Sistema Nacional de Salud, según ha asegurado el propio presidente del Gobierno.

Este anuncio de Pedro Sánchez ha venido prececido por una crítica a los "años de reducción del personal sanitario" que, según ha dicho, se está arrastrando en la actualidad durante esta pandemia. "Somos conscientes del reto que tenemos en términos de recursos humanos", ha añadido antes de hacer este anuncio de las nuevas plazas de MIR, enfermería o farmacia.

ENSALZA LA CAPACIDAD DE VACUNACIÓN DE ESPAÑA

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo también se ha referido a las "buenas noticias" relacionadas con la vacuna contra el coronavirus para la recuperación progresiva de la antigua normalidad. En este sentido, ha asegurado que España está trabajando "a pleno rendimiento" para que las vacunas puedan llegar a nuestro país cuánto antes.

Asimismo, Sánchez ha reivindicado a España como uno de los países "orgullosos de la capacidad de vacunación" respecto a otros países, que tiene mayores fortalezas para hacer frente a una vacunación "sólida y equitativa".

También ha puesto en valor la "gran cadena logística" que tiene España después de que se supiera que la vacuna de Pfizer requiere una compleja cadena logística para distribuirse.