La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha amenazado este viernes con llevar a los tribunales al Gobierno y en particular al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y al de Agricultura, Pesca y Alimentación, si ignoran «la evidencia científica que avala la caza sostenible de la tórtola en España» y los datos positivos de la evolución de la especie y mantiene una «postura sectaria».

Así, el colectivo cinegético exige que desde el Gobierno y las comunidades autónomas tengan en cuenta estos datos positivos de crecimiento de la especie y el informe de la Fundación Artemisan que recoge el esfuerzo del sector en implantar medidas para recuperar la tórtola.

Por ello, advierten de que si el departamento que dirige Teresa Ribera «insiste» en su «postura sectaria» contra la caza sostenible de la tórtola, un millón de familias de cazadores se echarán a la calle.

El informe al que se refiere la RFEC fue elaborado por la Fundación Artemisan que concluye que se ha producido un descenso de las capturas del 47 por ciento respecto a 2015 y el sistema de monitorización de aves de SEO/BirdLife (SACRE) muestra que sus poblaciones en España se han incrementado en el periodo 2013-2018.

Precisamente, recuerda que en los próximos días el Gobierno deberá contestar a la Comisión Europea sobre un dictamen motivado y una carta de infracción, en el que se acusa a España de no haber tomado medidas para garantizar la conservación de la tórtola europea.

Ante ese panorama, la RFEC y las federaciones asociadas advierten al MITECO de que «se verán en los tribunales si continúa ignorando la evidencia científica que avala la caza sostenible de la tórtola en España» y alentarán al millón de familias de cazadores «para que se echen a la calle para protestar por la «postura sectaria» del Ministerio, que está promoviendo la catalogación de la tórtola como especie «vulnerable» para que deje de ser cinegética.

Sin embargo, añaden que al mismo tiempo de eso, el Gobierno no está realizando «ningún esfuerzo» para resolver su principal problema de conservación, como es la pérdida de hábitat.

La Federación recuerda al MITECO que el Ministerio de Agricultura (MAPA) ha valorado el trabajo de cazadores y comunidades autónomas para la gestión y conservación de la tórtola común, con reducciones de los cupos de caza y días hábiles, además de implementar mejoras para recuperar el hábitat y de poner en marcha proyectos de recuperación de la especie, como el PIRTE, que ya está arrojando resultados positivos.

Asimismo, añade que todas las comunidades autónoma han atrasado los periodos hábiles de caza de la tórtola hasta el 20 de agosto, según lo establecido por el Comité NADEG de la Unión Europea.

Por último, consideran que una moratoria a la caza de la especie sería «el golpe definitivo» de la especie a la que «supuestamente pretenden proteger».

Por ello, esperan que el Ministerio para la Transición Ecológica valore las medidas implantadas por los cazadores y las comunidades autónomas, así como los resultados positivos de la especie en los últimos años, y se las haga llegar a la Comisión Europea y muestre que España «sí» está trabajando en la conservación de la tórtola común.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa Púnica, Manuel García-Castellón, que había planificado un calendario exhaustivo de declaraciones con una batería importante de citaciones en el marco de varias piezas separadas de la macrocausa ‘Púnica’, ha suspendido las programadas para la semana del 18 al 24 de enero.

Con todo, tal y como se conoció a finales de 2020, el juez quiere realizar en estos primeros meses del año hasta 57 declaraciones entre testigos e investigados. El objetivo es desenmarañar por un lado la trama que rodeó la contratación con dinero público de trabajos de reputación ‘online’ para cargos del PP –pieza 10–, y por otro dar pasos en la investigación de la trama que saqueó, entre 2002 y 2014, 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados –la pieza 11–. Entre los interrogados también habrá personas relacionadas con otras piezas.

Si bien la ‘maratón’ de declaraciones arrancaba este lunes 18 de enero a las 9.30 horas, con la citación como investigados del exalcalde de Valdemoro Juan Carlos Boza, del que fuera viceconsejero de Medio Ambiente y vicesecretario de Organización Territorial del PP de Madrid Miguel Ángel Valdepeñas, y de Teresa Alonso-Matagranzas, directora de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, finalmente no se producirán.

A la siguiente semana, el lunes 25 García-Castellón escuchará en principio al exalcalde de Majadahonda Narciso de Foxa y al que fuera gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) entre 2005 y 2011, Álvaro de Arenzana –exyerno del cantante Raphael–. Si bien este calendario a la vista de las supensiones anunciadas puede sufrir cambios.

LA DECLARACIÓN DE FERRÓN DEL RÍO EL MARTES 26 DE ENERO

El martes 26 de enero está previsto que declaren también como investigados Ricardo Godino Marqués, María Pilar Echeverría García y Alberto Roldán Galán, y ya el día 27 llegará la declaración de uno de los principales investigados en la pieza 11, Alfonso Ferrón del Río. Ferrón está imputado por ser el propietario de la promotora Alfedel.

Según el auto del juez por el que se abría esta pieza separada en septiembre de 2019, la empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, desde autorización para contratar servicios hasta firma en las cuentas bancarias para pagarlos.

Era así como Ferrón les cargaba facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama –las de David Marjaliza y José Luis Capita, ambos investigados– y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él «se procuraba ingentes beneficios», hasta el punto de que ha acabado imputada su mujer por aflorar en forma de lujos este dinero de origen ilícito.

Ese mismo 27 de enero declararán Antonio Martín Jiménez y el empresario David Marjaliza Villaseñor. Ya el 28 de enero, pasarán por la Audiencia Nacional los investigados José Luis Capita, al directivo de Obrum Javier Aldavert Piñol y Yolanda Sanchís Sánchez.

MÁS DECLARACIONES EN FEBRERO

En el mes de febrero, las declaraciones arrancan el día 1 con los empresarios Ángel Bravo Moneo, Ignacio Medina Bayo y Javier Castrillo Díaz, que comparecen en calidad de investigados. El juez cerrará la semana escuchando a una docena de testigos citados en el marco de la pieza 11 del caso ‘Púnica’, que comparecerán entre el 2 y el 4 de febrero.

El magistrado retomará las declaraciones dos semanas después, concretamente el 15 de febrero con el testigo Enrique Carlos Bilbao Jiménez, si bien este día también escuchará a uno de los investigados en la pieza 10 de ‘Púnica’, Abel Linares Palacios, trabajador de una de las empresas del considerado ‘conseguidor’ de la Púnica, Alejandro De Pedro.

Entre el 16 y 18 de febrero pasarán por la Audiencia Nacional otra docena de testigos, concluyendo las citaciones el 22 de febrero, para cuando ha citado a Javier Cid Sicluna, hermano del constructor Ramiro Cid Sicluna, y el empresario Faustino Soriano Atencia, investigados en la pieza separada número 4 de la macrocausa relacionada con el plan urbanístico en Valdemoro (Madrid) entre 1999 y 2014.

Ese mismo día también declarará como investigado en la décima pieza del caso el exdiputado del PP en las Cortes Valencianas y concejal de Gandía, Víctor Soler Beneyto.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este viernes que ha recibido garantías expresas de Pfizer respecto a que habrá suministrado a tiempo a los países de la Unión Europea todas las dosis de la vacuna contra el coronavirus comprometidas para este trimestre, a pesar del retraso en el reparto que la firma ha anunciado que habrá durante unas semanas.

«Tras este anuncio, he contactado inmediatamente con el director ejecutivo de Pfizer, quien me ha tranquilizado diciendo que todas las dosis garantizadas para el primer trimestre serán suministradas en el primer trimestre», ha declarado Von der Leyen en una rueda de prensa desde Lisboa, a donde ha viajado para marcar el inicio de la presidencia de turo portuguesa del Consejo de la UE.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha explicado que en su conversación con Albert Bourla éste le ha asegurado que el laboratorio trabaja para «acortar los retrasos y recuperar el tiempo» perdido y que, en todo caso, asegurará «absolutamente» que se cumple lo acordado «en tiempo y forma». Las cifras sobre las dosis comprometidas por Pfizer para los Estados miembro en ese plazo, sin embargo, no se ha comunicado.

Von der Leyen ha querido restar gravedad al anuncio de Pfizer con las garantías para el trimestre y ha recordado, además, que el proceso habitual para el desarrollo, producción y suministro de una vacuna «lleva normalmente diez años», pero esta pandemia ha obligado a agilizar todos los procedimientos, lo que hace «normal» que haya algunos problemas.

Por ello, ha añadido, es importante ayudar a las compañías farmacéuticas a acelerar su capacidad de producción para que se vea aumentada y puedan responder a la demanda.

También ha recalcado que la Unión Europea ha adquirido en total más vacunas de las que necesita para atender a las necesidades de los Estados miembros y ayudar a otros países vecinos más vulnerables.

En todo caso, el primer ministro portugués, Antonio Costa, que ha comparecido junto a Von der Leyen en Lisboa, ha considerado que este incidente debe hacer pensar a los Veintisiete y ha pedido al resto de socios de la UE que tengan en cuenta que el proceso de inmunización «llevará meses» y conviene que cada Estado miembro prevea el impacto en su plan de vacunación de «incidencias» en los distintos niveles de la cadena, para evitar que otros problemas compliquen la estrategia.

A modo de ejemplo, Costa ha dicho que Portugal ha creado una reserva de segundas dosis para asegurar que quien ha recibido la primera recibe la segunda en los plazos seguros aunque hubiera problemas en la llegada de más vacunas, ya que si los tiempos se exceden se perdería el efecto de las primeras inyecciones.

Fue sorprendida por los Mossos D’esquadra cuando pretendía entrar por la azotea de la vivienda, y pese a que la alemana aseguró que su única intención era poder ver a sus hijos, el juez decretó su entrada en la cárcel, donde todavía continúa diez días después. Hablamos de Ángela Dobrowolski, quien lleva en prisión desde el pasado 4 de enero cuando fue detenida tras intentar asaltar la casa de Josep María Mainat en Barcelona.

Olga Tubau, abogada de Josep María Mainat, llegaba a la cuitat de la justicia de Barcelona para la vista donde se ratificará si Ángela Dobrowolski seguirá en prisión provisional. La abogada del productor evitaba responder a las preguntas sobre por qué finalmente se han adherido a la petición de cárcel para Ángela: «No voy a hacer ninguna manifestación». Tampoco ha querido desvelar su punto de vista sobre el informe que dice que el glucómetro tenía un desfase temporal ni el por qué Josep María Mainat sigue temiendo por su vida.

Sin embargo, el abogado de Ángela Dobrowolski acude al juzgado de instrucción 32 para la vista de su cliente repecto a la prisión provisional: «Hoy pase lo que pase volverá a brians. Lo que se discute es si hoy instrucción 32, que lo que tiene acordado es una medida cautelar de alejamiento de prohibición de aproximación de Ángela respecto al señor Mainat, es si pasa de esa prohibición de aproximación a una prisión provisional».

Juan Carlos Galbán asegura que Josep María Mainat no debe temer por su vida e insiste en que su cliente le salvó la vida: «Supongo que alegará que tiene miedo, que tiene riesgo por las situaciones que se están produciendo. Yo lo que pienso, lo que pensamos, es de si debe tener riesgo a que le vuelva a salvar la vida. Es difícil de razonar». El letrado se muestra disconforme con el informe de los mossos tras hacerse públicas las grabaciones de la llamada de Ángela Dobrowolski al 112: «Se desmontan todas las teorías de los mossos en el atestado de si se fue a dormir, de si no hizo nada, de si tardó veinte minutos en llamar y queda retratado. Queda retratado y me sabe mal decirlo, pero queda retratado el trabajo de los mossos que no trataron correctamente los horarios».

En cuanto a cómo se encuentra la mujer del productor de televisión, su abogado afirma que: «Está animada por lo que está pasando, las situaciones que se están produciendo, las novedades que hay y bueno, pues todos confiamos en que tarde o temprano pues esto se va a aclarar, pero de forma clara clarísima y cada uno quedará en su sitio».

Minutos más tardes, los abogados de Ángela Dobrowolski salen del juzgado descontentos por la solicitud de prisión por parte de la acusación y el fiscal: «La acusación ha solicitado la prisión, el fiscal también ha solicitado la prisión y nosotros nos hemos opuesto». Juan Carlos Galbán ha señalado que su cliente no mantiene sus índices de criminalidad: «El fiscal y la acusación sorpresivamente que los índices de criminalidad se mantienen, hacen una interpretación muy personal, y nosotros decimos que evidentemente han disminuido. Riesgo para la vida del señor Mainat ni la hay ni lo ha habido». El letrado nos ha afirmado que recurrirán ante la justicia con argumentos: «Esta causa la recurriremos como hemos hecho con el de instrucción 28 con sólidos argumentos y no recurrir por recurrir ni mucho menos». La abogada de Ángela, Marian Avellido, asegura que su cliente es optimista: «Más optimista por las noticias que le vamos dando que nosotros somos optimistas y se lo transmitimos así, ósea que a esperar».

El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los países que no exijan pruebas de vacunación contra el COVID-19 para poder viajar «dado que todavía se desconocen las repercusiones de las vacunas en la reducción de la transmisión y que la disponibilidad actual de vacunas es demasiado limitada».

«En estos momentos, pedimos que no se introduzcan requisitos de prueba de vacunación o inmunidad para los viajes internacionales como condición de entrada, ya que todavía existen importantes incógnitas en cuanto a la eficacia de la vacunación para reducir la transmisión y la limitada disponibilidad de vacunas. Estar vacunado no debería eximir a los viajeros internacionales de cumplir otras medidas de reducción del riesgo de los viajes», ha establecido el comité, que se reunió este jueves 14 de enero a petición del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De la misma forma, los expertos han aconsejado a los países que aplicaran medidas «coordinadas y basadas en pruebas científicas» para viajar con seguridad y que compartieran con la OMS las experiencias y las mejores prácticas aprendidas.

Este viernes, sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que sería una «buena idea» contar con certificado mutuamente reconocido a nivel europeo que «facilitara la vida» a los ciudadanos que hayan sido ya vacunados contra el coronavirus, pero cree que es una reflexión con implicaciones jurídicas y políticas que deben discutir primero los Veintisiete.

El mandatario heleno, Kyriakos Mitsotakis, envió hace unos días una carta a Von der Leyen defendiendo la idea de crear una suerte de pasaporte para las personas que se hayan vacunado contra el virus, con el objetivo de facilitar que pudieran viajar sin restricciones dentro de la Unión Europea, en un momento en el que los Estados miembros imponen distintas restricciones a los desplazamientos, como la exigencia de PCR negativa o cuarentenas. El Gobierno español también se ha mostrado favorable a esta propuesta, que ahora rechaza este comité de expertos de la OMS.

Por otra parte, en el encuentro han examinado también las variantes emergentes del SARS-CoV-2. Al respecto, el comité ha pedido que se ampliara a nivel mundial la secuenciación genómica y el intercambio de datos, junto con «una mayor colaboración científica para abordar las incógnitas críticas». El comité ha instado a la OMS a que elabore un sistema normalizado para nombrar nuevas variantes que evitara los marcadores geográficos, esfera en la que la OMS ya ha comenzado a trabajar.

En cuanto a las vacunas, el comité ha subrayado la necesidad de un acceso equitativo a través del Servicio COVAX, puesto en marcha por la OMS para garantizar que la vacuna llega a todos los lugares del mundo, así como de la transferencia de tecnología para aumentar la capacidad de producción mundial.

En este sentido, el comité ha alentado a los fabricantes de vacunas a que proporcionaran rápidamente a la OMS datos sobre seguridad y eficacia para su inclusión en la lista de usos de emergencia. «La falta de esos datos es un obstáculo para garantizar el suministro oportuno y equitativo de vacunas a nivel mundial», señala el comité.

En cuanto a las vacunas, el comité ha subrayado la necesidad de un acceso equitativo a través del Servicio COVAX, puesto en marcha por la OMS para garantizar que la vacuna llega a todos los lugares del mundo, así como de la transferencia de tecnología para aumentar la capacidad de producción mundial.

En este sentido, el comité ha alentado a los fabricantes de vacunas a que proporcionaran rápidamente a la OMS datos sobre seguridad y eficacia para su inclusión en la lista de usos de emergencia. «La falta de esos datos es un obstáculo para garantizar el suministro oportuno y equitativo de vacunas a nivel mundial», señala el comité.

«ESTAMOS EN UN MOMENTO DECISIVO EN LA PANDEMIA»

«Este es un momento decisivo en la pandemia y me complació que el Comité de Emergencias pusiera un gran énfasis en el despliegue equitativo de las vacunas COVID-19», ha explicado Tedros en rueda de prensa desde Ginebra (Suiza) este viernes.

En este sentido, ha insistido en que «los profesionales sanitarios están agotados, los sistemas de salud están al límite de sus posibilidades y estamos viendo que los suministros de oxígeno se están agotando peligrosamente en algunos países.

«Ahora es el momento en que debemos unirnos como humanidad común y desplegar las vacunas a los trabajadores de la salud y a los que están en mayor riesgo. Esta es la clave para salvar vidas, proteger los sistemas de salud e impulsar una recuperación justa», ha reiterado.

Tedros ha asegurado la OMS está «trabajando duro» para «asegurar que las vacunas lleguen a los que más las necesitan». «Seguiré repitiendo esto en las próximas semanas, porque como dije el lunes, quiero ver la vacuna en marcha en todos los países en los próximos 100 días para que los sanitarios y las personas de alto riesgo estén protegidos primero», ha sostenido.

EL OBJETIVO: FRENAR LOS CONTAGIOS

El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas ha señalado que en algunos países de Europa, África y América se están produciendo picos en los casos de COVID-19 con múltiples factores de riesgo de transmisión.

«Esto se debe a que colectivamente no estamos logrando romper las cadenas de transmisión a nivel comunitario o dentro de los hogares. Necesitamos cerrar la brecha entre la intención y la aplicación a nivel nacional e individual. Esto está ejerciendo una inmensa presión sobre los hospitales y los trabajadores de la salud», ha reclamado.

Tedros ha indicado que «cuanto más se suprima el virus COVID-19, menos oportunidad tiene de mutar». «Necesitamos ser más eficientes que el virus y alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos. Solo hay una forma de salir de esta tormenta: compartir las herramientas que tenemos y comprometernos a usarlas juntos», ha argumentado.

«Se está produciendo una rápida aceleración de casos en países en todas las regiones. Una pequeña proporción es por las nuevas variantes, pero es sobre todo porque el coronavirus está aprovechando nuestra fatiga y la ruptura de las medidas de prevención. Hay que ser realistas. No lo estamos haciendo tan bien como deberíamos. No es fácil. Esperamos que las comunidades hagan sacrificios extraordinarios y los gobiernos deben apoyarlas de forma extraordinaria», ha agregado el director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, Michael Ryan.

El alcalde de El Verger, Ximo Coll, y la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, ambos del PSPV y matrimonio, aseguran que aceptaron que se les administrara la vacuna de la Covid ante el requerimiento del centro de salud y «de buena fe» para que no se desechara. «No le hemos quitado la vacuna a nadie».

Así lo mantienen los primeros ediles de estas localidades alicantinas, en declaraciones a Europa Press Televisión, después de la polémica suscitada al conocerse que ambos recibieron una llamada el pasado viernes del centro de salud para suministrarles la vacuna y decidieran aceptarla pese a no pertenecer a los grupos de riesgo elegidos para las primeras etapas de vacunación.

El alcalde de El Verger, Ximo Coll, que ha recordado que hay que desechar las dosis extraídas de cada vial a las pocas horas si no son utilizadas, ha explicado que decidieron aceptar el ofrecimiento después de que se hubiera vacunado a los sanitarios y sobraran dosis, ya que parte de este personal no podía vacunarse por estar en cuarentena, entre otros motivos. Los alcaldes aseguran que también se le ofreció la posibilidad «a policías locales, guardias civiles, farmacéuticos y algún dentista».

«INCENTIVAR A LOS QUE NO LO HACEN POR TEMOR»

«Aceptamos y se hizo para que, una vez esté la vacuna para la población en general, se pudiera incentivar a los que no lo hacen por temor. Se hizo de buena fe», defiende Coll, que añade que le parece de peor «gusto o educación» haber dicho que no iba. No le hemos quitado la vacuna a nadie: las 4.640 dosis para los 4.640 habitantes estarán en el centro de salud«, ha aseverado.

Preguntado por si se informó del excedente de dosis a la Conselleria de Sanidad, el alcalde ha contestado que «no, porque fue un segundito». Y sobre si ahora piensa que se tenía que haber comunicado, ha considerado que «la Conselleria es la que manda, pero imagino que tendrán un margen de maniobra como todos en nuestro trabajo».

Asimismo, el alcalde ha lamentado que se quiera hacer de esa situación una «noticia torticera y malévola» y lo ha achacado a «una campaña orquestada desde la oposición de El Verger».

En esta línea, la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, ha asegurado que El Verger «hace falta una chispita para hacer una pira» y ha agregado: «Como mujer de mi marido aguantaré lo que nos venga».

En todo caso, se muestra convencida de que «la población, después de todo el revuelo que se ha montado y las explicaciones que estamos dando completamente lógicas sin esconder nada y de que se nos esté criminalizando de algo que nosotros no hemos provocado, es lo suficientemente lista para pensar que antes de tirar una dosis de una vacuna más vale preguntarle al primero que esté en Urgencias».

«Se hace una previsión que nunca es al cien por cien segura. El centro de salid decide qué hace con las dosis sobrantes y tal y como he escuchado a la directora general de Salud Pública y a un epidemiólogo, más vale usarla que desecharla. A nosotros nos vacunaron en ultimísima instancia del grupo de sanitarios: por lo tanto, nuestra dosis no se ha usado en detrimento de nadie mayor, que esté en una residencia etc.», ha recalcado la alcaldesa, que ha apuntado que cuando sean requeridos para ponerse la segunda dosis, acudirán «como siempre han hecho».

Finalmente, ha asegurado: «Nuestro partido nos ha llamado y nos han dicho que estemos tranquilos, que hicimos lo que nos dijo nuestro centro de salud».

Ex dirigentes del PSOE, Ciudadanos y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), así como escritores, periodistas, empresarios y juristas de distintos signo político han lanzado una plataforma cívica que persigue «regenerar» el país reivindicando las bondades de la Constitución y defendiendo la Monarquía parlamentaria como «nexo de unión» de todos los españoles.

Se trata de ‘Conseso y Regeneración’, una red «independiente y transversal» creada a iniciativa de la Fundación Joan Bosca, y de la que forman parte políticos como el socialista Nicolás Redondo Terreros; Ignacio Prendes, Toni Roldán o Francesc de Carreras, de Ciudadanos, o Gorka Maneiro, Beatriz Becerra, Francisco Sosa Wagner o Fernando Savater, de UPyD.

También la integran la jurista Elisa de la Nuez, el director de cine Iñaki Arteta, el empresario Joaquín Tamames, el diplomático Eduardo López Dóriga o familiares de víctimas socialistas de ETA como José María Múgica o Mikel Buesa, entre otros.

Sus promotores consideran que el «declive» que, a su juicio, está viviendo España hace necesaria un regeneración «de fondo» liderada por la sociedad civil, de la que esta plataforma pretende convertirse en «referencia de consenso».

VIEJOS FANTASMAS DEL PASADO

Consenso y Regeneración’ sostiene que la «gran» polarización de la política española, la crisis en Cataluña y la incidencia de la pandemia del Covid han creado «un problema internacional de reputación» en España, donde, según denuncia, se han despertado «viejos y falsos fantasmas del pasado.

Esta plataforma cívica (www.consensoyregeneración.es) ha redactado un manifiesto en la que alertan sobre la necesidad de unir «esfuerzos y sacrificios» en torno a «un gran consenso» que, a su entender, deben liderar los actuales líderes políticos si no quieren que las consecuencias de las crisis derivada del coronavirus se conviertan en «devastadoras».

Sus impulsores defienden que España necesita fortalecer y dinamizar su tejido empresarial para crear empleo «estable» y «de calidad», para lo cual juzgan «imprescindible» potenciar la investigación y la tecnología, mejorar infraestructuras y, sobre todo, promover la excelencia del sistema educativo.

ABIERTO A LA FIRMA DE LOS CIUDADANOS

Asimismo, en su manifiesto, que animan a firmar a todos los ciudadanos, llaman a mejorar la coordinación autonómica asegurando «la igualdad, la seguridad y el bienestar de todos los españoles», así como a «recuperar» la independencia judicial.

Sin embargo, lamentan que cuando el esfuerzo común por afrontar los enormes retos que se avecinan «es más necesario que nunca», «los populismos de todo tipo» estén aprovechando para cuestionar el sistema democrático. «Los que denigran la Transición y niegan legitimidad a la Constitución del 78 no tienen más pretensión que debilitar al Estado, bien para facilitar la independencia de sus distintos territorios o bien para implantar modelos dudosamente democráticos», subrayan.

Frente a esto, los miembros de ‘Consenso y Regeneración’ defienden la Monarquía parlamentaria, encarnada en Felipe VI, por ser «un pilar fundamental» del sistema democrático español, un «nexo de unión» entre todos sus ciudadanos y una forma política de Estado homologable a los países más avanzados del mundo.

CONTRA QUIENES QUIEREN DEBILITAR LAS INSTITUCIONES

Y es que, a su juicio, el debate que se ha suscitado en torno a la Corona no responde a un deseo de «mejorar o perfeccionar» las instituciones, «sino a los intereses de aquéllos que pretenden debilitarlas».

Es por ello que esta plataforma reivindica la Carta Manga del 78. Y aunque sostiene que «ha llegado el momento de la regeneración del sistema y de las reformas en muchos ámbitos» –algunas de las cuales pueden tener una plasmación constitucional–, estás deben abordarse «desde el máximo consenso político y social, no haciendo tabla rasa de todo lo conseguido y asentado durante las cuatro últimas décadas».

«Los españoles podemos dar y recibir con el máximo orgullo el legado histórico de nuestros padres porque ningún error del pasado debe borrar nuestros méritos y aciertos, ni justificar la impugnación del periodo más próspero de nuestra historia», figura en el texto.

ANPE Murcia considera necesario iniciar el proceso de vacunación del personal docente de forma inmediata. «Los docentes, colectivo altamente expuesto al Covid 19, conviven diariamente con alumnos y familias diversas, por lo que sería conveniente iniciar el proceso de vacunación a la mayor brevedad para garantizar el derecho a la educación del alumnado de forma segura».

Además, explican que en el cuerpo de Secundaria los grupos no son estancos y cambian continuamente de profesorado, o en Educación Infantil donde no es obligatorio el uso de mascarilla por parte del alumnado, por lo que por garantía y seguridad deberían iniciarse los procesos de vacunación en aquellos docentes que así lo soliciten y acudan a su centro de salud.

Así es recogido en la ‘Estrategia de Vacunación frente a COVID 19 en España’, de 2 de diciembre, «donde concluye con que se debería considerar la priorización del personal docente de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato en una segunda etapa debido al alto riesgo de exposición y de transmisión y, además, por la exigencia ética y legal de proteger el derecho a la educación de los niños y adolescentes y su libre desarrollo de la personalidad, protegiendo la salud de los docentes y de toda la comunidad educativa. Si los contagios continúan a este ritmo ascendente, centenares de alumnos pueden quedar sin sus profesores», recuerdan.

Por otro lado, mientras se espera la necesaria vacunación, y debido al incremento de contagios producidos durante la última semana, ANPE Murcia considera necesaria la realización de pruebas serológicas y/o PCRs a los docentes de la Región, con el objetivo de conocer el estado real de profesorado, garantizar la seguridad en las aulas y la salud de la comunidad educativa.

«Pruebas que desde ANPE ya exigimos el pasado 15 de diciembre para que se hicieran a la vuelta del periodo navideño, anticipándose a esta nueva oleada de contagios. Ahora se demuestra que es más necesario que nunca proteger a los alumnos y a su profesorado», aseveran desde el sindicato.

Por ello, piden que, después de los resultados, «la Consejería actúe con eficacia y rapidez en aquellos casos que sean necesarios y se atiendan con inmediatez las situaciones de todo aquel personal docente afectado perteneciente a la Consejería de Educación, sustituyéndolos en los centros siempre que sea necesario».

ANPE, ante esta situación inédita y excepcional y ante un futuro incierto, vuelve a insistir a la Consejería a que dote a los centros de mayores recursos tecnológicos, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo en unas condiciones óptimas, que garanticen la atención y a la enseñanza del alumnado en todo momento, y no se produzcan las brechas tanto digitales como educativas y sociales.

«Un ejemplo de ello es la falta de potencia (banda ancha) del wifi principalmente en los centros de Secundaria ya que cuando los docentes están realizando las videoconferencias o impartiendo sus clases ‘streaming’ la señal es muy débil y no se puede trabajar de forma óptima», explican.

En este sentido, piden abordar las soluciones más eficaces y equipar bien a los centros educativos de recursos tecnológicos y digitales para estar preparados ante un posible escenario de no presencialdiad en los centros educativos.

ANPE a lo largo de esta pandemia siempre se ha manifestado partidario de una educación presencial, donde el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo en unas condiciones óptimas que garanticen la atención y a la enseñanza del alumnado en todo momento, «pero siempre que sea posible desde el punto de vista sanitario y con las máximas garantías de seguridad para toda la comunidad educativa. Y sobre todo, contando con todo el profesorado necesario para realizar desdobles de grupos de alumnos que permitan mantener la distancia de seguridad ante todo».

Por tanto, reclama actuaciones decididas y efectivas que garanticen la seguridad en los centros y la normalidad en la educación que se imparte. A la vez que agradecen la labor y profesionalidad de todos los docentes murcianos en este inicio de curso.

«ANPE quiere resaltar la actitud ejemplar y vocacional, de esfuerzo y de responsabilidad que está demostrando el profesorado en esta situación excepcional y sin precedentes, quienes han sido sometidos a cargas de trabajo superiores a las de su jornada laboral para poder llevar a cabo sus tareas docentes y garantizar la calidad de sus enseñanzas para que todo el alumnado quedase totalmente atendido».

Vox quiere poner fecha ya al Debate sobre el estado de la Nación ahora que se ha cumplido un año desde la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la subsiguiente conformación del primer Ejecutivo de coalición de la democracia reciente. Aunque es presidente desde junio de 2018, el líder socialista aun no se ha sometido a un debate de este tipo que incluye votación de decenas de resoluciones.

En una entrevista, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, defiende que el Congreso no sólo se ocupa de legislar, sino también controlar al Gobierno, una función «muy importante» que, según apunta, los de Santiago Abascal se toman «muy en serio».

Los Debates del estado de la Nación vienen celebrándose en España desde 1983 en todos los años en que no ha habido sesión de investidura, y la última edición tuvo lugar en febrero de 2015, siendo presidente el ‘popular’ Mariano Rajoy, entonces con mayoría absoluta, y con el socialista Pedro Sánchez como líder de la oposición.

VARIAS ELECCIONES Y TRES MOCIONES DE CENSURA

No ha habido mas desde entonces: 2016 fue el año de la primera legislatura fallida y Rajoy no fue investido hasta octubre de ese año; en 2017 tampoco hubo debate de política general, pero sí la moción de censura que Podemos promovió sin éxito en mayo de ese año. Y en 2018, cuando Rajoy hablaba de celebrarlo en junio, se adelantó el PSOE con la moción de censura que propició la investidura de Pedro Sánchez. 2019 fue otro año de legislatura perdida y en enero de 2020 fue cuando el actual Gobierno de coalición de PSOE y Podemos accedió al poder, y duperó al moción de censura de Vox en octubre.

Así las cosas, y cumplido justo un año de esa investidura, Vox cree que la celebración de ese debate de política general «es una prioridad». Su portavoz en el Congreso apunta que está entre sus planes solicitarlo formalmente para que Pedro Sánchez haga balance de la gestión que ha llevado adelante de la mano de Unidas Podemos, en un año marcado por la crisis sanitaria del coronavirus.

Esta cita parlamentaria, además de los debates ‘cara a cara’ del presidente con los distintos grupos parlamentarios, incluye la votación de decenas de propuestas de resolución, un termómetro ideal para medir la fortaleza parlamentaria de la coalición del PSOE y Podemos y la solidez de sus lazos con las demás formaciones.

Será el primer Debate del estado de la Nación para el partido capitaneado por Abascal, que se desembarcó en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo tras las elecciones de abril de 2019 con 24 diputados, y con 52 en los comicios que se repitieron en noviembre.

EL PSOE Y SUS PACTOS CON «RADICALES»

Desde el principio el PSOE y Unidas Podemos impusieron una suerte de ‘cordón sanitario’ a Vox, y el pasado octubre suscribieron con Más País y formaciones nacionalistas e independentistas un ‘Manifiesto en favor de la democracia’ para, entre otras cosas, promover sanciones para los diputados que realicen discurso de odio o falten al respeto a con insultos «xenófobos, racistas y machistas», en alusión a Vox.

Preguntado sobre si Vox ha tenido algún efecto práctico de ese manifiesto, Espinosa de los Monteros considera que sería bueno que esos partidos «se mirasen en el espejo» porque, a su juicio, son precisamente ellos los que realicen los discursos «más radicales» y los que tienen las actitudes «más antisistema y más virulentas» en la Cámara Baja.

Y sobre todo sería bueno, según el portavoz de Vox, que el PSOE se cuestionara los acuerdos a los que llega con partidos «tan radicales» como ERC, Bildu o la CUP, lo cual, en opinión, «dice muy poco a su favor».

BATET, MÁS MODERADA QUE SU PARTIDO

Aún con todo, Vox no tiene queja sobre cómo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dirige las sesiones en la Cámara Baja pese a que integra un partido, el PSOE, que cree que «se ha alejado mucho de la centralidad, de la moderación y de la sensatez». Características que sí cree que reúne la tercera autoridad del Estado.

A Espinosa de los Monteros se le ha preguntado en este punto si comparte las acusaciones de censura en el Diario de Sesiones que realizó la otrora portavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que llevó al Tribunal Constitucional la decisión de Batet de retirar del mismo de la expresión «hijo de terrorista» que dirigió al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El dirigente de Vox admite que personalmente no le gustó ese episodio, si bien recalca que se siente «menos seguro» cuando, en ausencia de Batet, algún otro miembro socialista o de Unidas Podemos ocupa «ocasionalmente» la Presidencia del Congreso en las sesiones plenarias.

El PP ha emplazado al Gobierno que lidera Pedro Sánchez a tomar una decisión sobre las peticiones de confinamiento domiciliario que están planteando varias autonomías y no se cierra a estudiar la propuesta que Moncloa ponga encima de la mesa. «Si nos plantean algo, lo estudiaremos», según han señalado fuentes de la cúpula del PP.

Varios gobiernos autonómicos, entre ellos los de Andalucía, Murcia y Castilla y León –todos ellos dirigidos por el PP– han reclamado ya al Ejecutivo central que contemple las herramientas necesarias para decretar, dado el caso, un confinamiento domiciliario en los territorios ante el exponencial incremento de casos de coronavirus.

Paralelamente, varios presidentes se han mostrado partidarios de que las CCAA puedan ampliar y extender el toque de queda en caso de que las comunidades así lo pidan. «No me parece que sea un disparate», ha subrayado este viernes el gallego, Alberto Núñez Feijóo.

En el caso de la Junta de Castilla y León, ya decidido adelantar a las 20.00 horas ese toque de queda. Sin embargo, el actual decreto sobre el estado de alarma no permite adelantarlo a esa hora, ya que establece que la autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo del toque de queda sea entre las 22.00 y las 00.00 horas y la hora de finalización entre las 5.00 y las 7.00 horas.

«EL GOBIERNO TIENE QUE TOMAR EL MANDO»

Ante esta cascada de planteamientos de las autonomías, el PP considera que el Gobierno «tiene que tomar el mando» y «decidir qué es lo que quiere hacer». «A partir de ahí, nosotros valoraremos», han señalado las fuentes consultadas.

Los ‘populares’ llevan días reclamando a Pedro Sánchez un «marco nacional» ante la nueva ola de contagios. «Tiene que haber un marco de actuación nacional, dejando un margen de actuación a las administraciones autonómicas y municipales, dependiendo de la incidencia que tiene cada una, pero no se puede abandonar a su suerte a estas administraciones», declaro este jueves el líder del PP, Pablo Casado.

El PP, que recrimina a Sánchez que esté «desaparecido» cuando «antes salía a todas horas» para hablar de la pandemia, insiste en que es el Gobierno el que tiene que establecer «el plan de acción». «Y si se hace un real decreto o se plantea algo, lo estudiaremos», señalan fuentes del partido, que recalcan que Casado considera que cualquier decisión debe estar basada en «criterios científicos y técnicos».

En ‘Génova’ se quejan de que están de nuevo ante un «problema» que se ha repetido en los últimos meses y es la falta de interlocución entre Pedro Sánchez y Pablo Casado para hablar de la pandemia y poder llegar a acuerdos.

Esa falta de diálogo ya se vio ante la última prorroga del estado de alarma que estará en vigor hasta el 9 de mayo que aprobó el Pleno del Congreso el 3 de noviembre. Casado rechazó una prórroga tan extensa y ofreció entonces a Sánchez el apoyo del Grupo Popular al estado de alarma si era para dos meses y se aprobaba un ‘plan jurídico’ que dotara de instrumentos a las autonomías para no tener que recurrir a la alarma.

Antes de esa votación parlamentaria no hubo ninguna interlocución privada entre Sánchez y Casado y los ‘populares’ optaron finalmente por la abstención. Ahora el PP recrimina también al Ejecutivo de Pedro Sánchez que en todos estos meses no haya hecho sus «deberes» para contar con un marco jurídico y legal adecuado.

SIN LEY DE PANDEMIAS Y SIN ‘PLAN B’ JURÍDICO

Así, fuentes del PP recuerdan que plantearon impulsar una Ley de Pandemias pero no se ha atendido su propuesta y que también se «tumbó» en el Congreso su proposición de ley para establecer un «plan b» jurídico que evitase recurrir en el futuro a una medida excepcional como el estado de alarma.

«Desde el principio el PP, con lealtad le ha venido diciendo que España necesitaba un marco jurídico que le diera seguridad para afrontar y adoptar las medidas necesarias en cada momento», ha manifestado este viernes desde Logroño la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han realizado votos discrepantes contra la sentencia de este órgano, cuyo fallo se dio a conocer el pasado 17 de diciembre, que confirmó una condena de 6 meses de prisión por interrumpir una misa al grito de «aborto libre», al no estar esta conducta amparada por la libertad de expresión.

Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer llegan a advertir en su escrito que «la proliferación de los delitos de expresión en la ley penal, junto con una interpretación abierta muchas veces a interpretaciones poco restrictivas y a una frecuente utilización del proceso penal para sancionar determinadas expresiones que admitirían la aplicación de mecanismos estatales de inferior gravedad, amenaza con instalar de manera inquietante la imagen de una sociedad sometida y en actitud disciplinada poco conforme con lo que debe ser el ejercicio de la crítica en una sociedad democrática avanzada».

En su voto, dado a conocer también este jueves, el exfiscal general del Estado Conde-Pumpido rechaza igualmente alinearse con la mayoría que rechazó el recurso del condenado e incide en que la libertad de expresión sobre asuntos de interés general es la esencia de la Democracia, «por lo que la utilización de sanciones penales privativas de libertad frente al ejercicio de este derecho constitucional no resulta proporcionada ni necesaria en una sociedad democrática para la protección exclusiva de unos sentimientos íntimos supuestamente ofendidos, cuando dicha libertad se ejercita pacíficamente, y sin incitación al odio ni a la violencia».

Así, según el magistrado «la conclusión desestimatoria no puede ser compartida pues lleva a considerar que la libertad religiosa, en sus manifestaciones públicas colectivas, goza de una protección que no admite límite alguno, por lo que toda perturbación de esta puede ser sancionada con una pena privativa de libertad».

En este caso la conducta de protesta, a juicio de los discrepantes, no incitó al odio religioso, no se utilizó ninguna expresión ofensiva o hiriente, únicamente tenía como objetivo «visibilizar críticamente la postura de la jerarquía de la confesión católica en un asunto de importancia para la ciudadanía». Ello comportó una breve y casi momentánea interrupción de la celebración religiosa, que se reanudó a los dos o tres minutos, sin incidencia alguna, recuerda Conde-Pumpido.

Así ambos votos coinciden en concluir que la eventual extralimitación que en el ejercicio de este derecho fundamental pudiera haberse producido cifrada en la interrupción de un acto de una confesión religiosa no justifica la reacción penal adoptada por las resoluciones judiciales impugnadas, que consideran desproporcionadas.

DERECHO A NO SER «INQUIETADOS»

La sentencia, que recoge doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señala que «la celebración de una misa católica es un acto religioso íntimamente relacionado con la dimensión externa de la libertad religiosa, cuyos participantes tienen derecho a no ser inquietados cuando la ejercen, y el Estado tiene el deber de garantizar su pacífica celebración».

El activista Jaume Roura Capeller fue condenado por la Audiencia Provincial de Girona a seis meses de prisión por irrumpir en abril de 2017 en la parroquia de Sant Pere de Banyoles durante una misa arrojando pasquines al grito de «aborto libre y gratuito». Llegó hasta la zona del altar, donde exhibió una pancarta que decía: «Fuera rosarios de nuestros ovarios». Con todo ello, la ceremonia religiosa fue interrumpida unos minutos.

El Tribunal Supremo (TS) avaló el criterio adoptado en su día Audiencia de Girona, que condenó al activista por un delito contra los sentimientos religiosos al considerar que actuó «sabiendo que con su acción podría llegar a ofender los sentimientos religiosos».

Ya en su resolución, el TS recordaba su propia doctrina, la del TC y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a que los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y manifestación «no son derechos absolutos», y pueden colisionar con otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa.

Así, el Supremo determinó que la Audiencia no vulneró el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación del acusado, ya que el reproche penal no se fundó en su ideología, sino «en el modo, tiempo y lugar» de la manifestación.

El recurso de amparo ante el TC tenía por objeto enjuiciar la vulneración de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad ideológica y a la libertad de reunión, así como la vulneración del principio de legalidad en el marco de un proceso penal en el que el demandante fue condenado por un delito contra los sentimientos religiosos.

Funcionarios de las cárceles madrileñas han advertido del peligro de seguir manteniendo los denominados ‘vis a vis’ entre los presos y sus parejas por el riesgo de contagio entre la población reclusa por la alta incidencia de Covid en la Comunidad de Madrid, han informado fuentes penitenciarias.

El colectivo ha recordado que «los internos son población de riesgo, en muchas ocasiones inmunodeprimidos, asimilable a las personas que habitan las residencias de ancianos, donde las visitas están totalmente prohibidas en la comunidad de Madrid».

Fuentes sindicales han señalado que entienden que «la privación de la libertad supone psicológicamente una situación muy difícil de afrontar, y que las visitas de familiares y amigos, atenúan en cierta formas ficha situación de malestar y generadora de ansiedad».

«Manteniéndose las visitas por locutorios con el cristal de separación pertinente, permite en cierta forma atenuar ficha ansiedad», han indicado.

Desde Instituciones Penitenciarias han indicado que se trata de compaginar la protección de la salud de los internos con sus derechos», como pueden ser el tener comunicaciones íntimas o con familiares.

Además, han apuntado que la incidencia del Covid es 2,2 puntos por debajo de la población en general y un posible brote se puede controlar al haber espacio en las prisiones por la reducción en los últimos años de la población reclusa.

Los ‘vis a vis’ se prohibieron con el primer Estado de Alarma decretado en marzo para evitar la expansión del coronavirus y se retomaron 100 días después cuando la situación mejoraba en toda España.

CADA CENTRO PENITENCIARIO PUEDE VALORAR ADOPTAR UNA SERIE DE MEDIDAS

Debido a la alta incidencia actual del virus, cada centro penitenciario puede valorar conforme a una circular de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias adoptar una serie de medidas como limitar el acceso de personal externo, así como la salida de presos en segundo grado.

Así, exponía que de acuerdo con «las indicaciones acordadas por las autoridades autonómicas y locales correspondientes, se valorará la adopción de las medidas específicas que se estimen necesarias para prevenir el impacto de la pandemia en el interior del establecimiento».

Entre ellas, figura restringir/reducir en número la entrada del personal de Entidades colaboradoras/ONG, para la realización de actividades culturales, deportivas, ocupacionales y programasformativos específicos.

La circular informaba de que se suspenden las conducciones salvo por razones estrictamente sanitarias y judiciales o cuando concurran circunstancias especiales, si que se «incluya en esta disposición los traslados de penados en régimen abierto ni los motivados por el cambio de estos a régimen ordinario, que continuaran realizándose con normalidad».

De igual modo, «quedarán suspendidas las visitas al interior del centro penitenciario que se vengan realizando por alumnos y profesorado de universidad, u otras de esta naturaleza».

La Fiscalía ha decidido retirar el delito de calumnias del que acusaba al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por haber dicho en televisión que el ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán amenazó de muerte a la ex amiga del Rey emérito, Corinna Larsen, si bien ha mantenido la acusación por un delito de denuncia falsa, con lo que la pena que pide para el comisario pasa de dos años a uno.

El fiscal ha indicado que ha decidido modificar así su escrito de acusación inicial, retirando el delito de calumnias pero no porque se haya producido o no el hecho –las amenazas a Larsen en 2012– sino porque Villarejo se limita a explicar en el programa ‘Salvados’ lo que le refiere en una reunión en 2015 la examante del emérito.

Cabe recordar que el Ministerio Público pedía para él un total de dos años de cárcel: un año de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 20 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, por el delito de denuncia falsa; y otro año y la misma inhabilitación, por el de calumnias. Por lo que ahora sólo solicita uno.

«Era determinante que Corinna Larsen se ratificase en su declaracion jurada. Lo ha hecho y ha dicho expresamente que tuvo conversación en 2015 –con Villarejo– y que se sentía amenazada por el director del CNI, que es lo que dijo Villarejo en Salvados. Con independencia de que ocurrieran esos hechos o no, las amenazas no están ni judicializadas. Pero no concurre el delito de calumnias», ha indicado el fiscal.

En cambio, ha defendido en su exposición final que sí concurre un delito de acusación y denuncia falsa porque Villarejo imputó a una persona –Félx Sanz Roldán– hechos que constituían una infracción penal. «Es pluriofesivo porque atenta contra el buen funcionamiento de la Justicia y atenta contra la persona afectada», ha indicado.

Ese delito hace referencia a la denuncia que presentó el comisario a raíz de una fotografía publicada en ‘El País’ para ilustrar un artículo sobre los supuestos «tentáculos» de Villarejo en el mundo judicial. En ella se ve le ve bajando de un avión y, según él, de esta forma se destapó una operación antiterrorista llevada a cabo en Melilla de la que volvían.

El fiscal ha argumentado al respecto que Villarejo entendía que esa fotografía que publicaba El País había sido filtrada por Sanz Roldán, pero que lo mantiene sin tener la «certeza» de que sea así. «No ha podido asegurar que tuviera indicio acreditado para inferir eso», ha indicado para luego apostillar que el que fuera jefe de los espías españoles ha negado en su testifical los hechos.

En relación a la posible animadversión que pudiera haber entre Villarejo y Sanz Roldán, el fiscal ha explicado que por la declaración de otro de los testigos (y que aparece junto al comisario en la foto), el que fuera director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, se deduce que ambos no se conocían, si acaso por los medios de comunicación.

ABOGACÍA DEL ESTADO ELEVA A DEFINITIVAS

A pesar de la modificación de Fiscalía, la Abogacía del Estado sí que ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha mantenido la acusación por calumnias a Sánz Roldán e injurias al CNI y denuncia falsa. Lo sostiene argumentando que en la reunión con Larsen es el propio Villarejo quien pregunta a la examate de Juan Carlos I si le han amenazado. «Y esta dice que hay amenazas pero por las preguntas de Villarejo», ha indicado.

En este sentido, ha señalado que las palabras de Sanz Roldán a Corinna Larsen en 2012 debieron entenderse en su contexto, porque entonces ella llevaba escolta para evitar el acoso de paparazis, y ha incidido en que no hubo amenaza de muerte por parte del jefe del CNI ni por parte del propio servicio secreto.

Por su parte, el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, ha solicitado al juez una sentencia absolutoria de su cliente y ha incidido en que la Abogacía del Estado no tiene la legitimidad para personarse en la causa en representación de Feliz Sanz Roldán.

Además, ha tratado de desmotar la acusación del delito de calumnia señalando que dado que el propio Sanz Roldán no ha podido decir que viajó a Londres en ejercicio de su cargo, entonces no puede haber calumnia. Con todo, ha insitido en que Villarejo no calumnió porque en la vista «ha sido capaz de probar que dijo exactamente lo que le decía» Corinna Larsen en 2015.

En cuanto al delito de denuncia falsa, ha explicado que quien comete ese hecho debe ser consciente de que la denuncia es falsa, y ha explicado que Villarejo está amparado por la verdad subjetiva que le lleva a denunciar a Sanz Roldán. «Es normal que siendo agente encubierto no le guste que publiquen esa foto», ha añadido.

VILLAREJO, VOLTAIRE Y LOS REFRANES DE LA KGB

Tras las intervenciones de las partes, el juez Jesús de Jesús ha ofrecido la posibilidad a Villarejo de tener un último turno de palabra, y éste lo ha aprovechado para denunciar que tras cuatro años en preventiva se lo han quitado todo menos la convicción de que hay justicia en España.

«Los jueces son honorables e independientes», ha dicho, aunque luego ha apuntado que según le habían trasladado antes del juicio de este viernes, por cuestiones de estado debía ser desacreditado en esta vista por miedo a lo que pudiera llegar a declarar en el resto de causas que aun tiene pendientes (sólo en la Audiencia Nacional el caso en el que se le investiga tiene una treintena de piezas separadas).

Tras esto, ha indicado que opina que sus problemas comenzaron cuando decidió denunciar las actuaciones de Sanz Roldán –«una irresponsabilidad mía»– ya que nunca habría tenido problemas si hubiera mirado para otro lado.

Al hilo, ha recordado alguno de sus servicios como agente encubierto –«en Somalia, en Siria, en Irán»–, ha alavado el trabajo de sus compañeros agentes de campo en el CNI, y ha denunciado que fue Sanz Roldán quien organizó su detención. Y eso, ha añadido, a pesar de que él quería que sus archivos fueran a manos del CNI.

Sobre ellos ha explicado que no entiende porque se destruyen si son «historia de España», y ha citado de pasada el 23-F y el 11-M. Y ha añadido que aun no sabe como se le acusa de denuncia falsa cuando ni siquiera se admitió a trámite. «El ciudadano va a acabar pensando que en este país no hay un Estado garantista», ha afirmado.

Por otro lado, ha atacado la testifical de la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro, para lo que ha parafraseado a Voltaire diciendo que «lo peor del encubrimiento es que se cometen delitos más graves que los que se trata de ocultar».

Para acabar, Villarejo ha tirado del refranero propio de un espía para apuntar que hay una máxima en la KGB, «un pueblo de borregos se merece un gobierno de lobos». «Si me tengo que morir en la cárcel lo haré, pero nadie me va a callar», ha indicado, momento en el que el juez ha señalado que el juicio queda visto para sentencia.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de la querella del ex presidente de Vox en la ciudad, Jesús Delgado Aboy, contra dos diputados de su formación por un supuesto delito de descubrimiento de secretos.

El proceso se inició después de que Jesús Delgado a Javier Da Costa Solís y Juan Carlos Escoz, tras acusar a los que fueran sus compañeros de estar detrás de la difusión de las grabaciones de conversaciones en las que arremetía contra Vox-España y su líder Santiago Abascal diciendo que su ya ex partido está «para el lucro de cuatro personas». En dichos audios de distintas conversaciones, que fueron divulgados en medios de comunicación en enero de 2020, Delgado comentaba que «si nos echan, España entera sabrá cómo funcionan» y señalaba que el «único cometido» de la dirección nacional es «recaudar, recaudar, recaudar y recaudar».

Según el auto, el juzgado ha señalado, en sus fundamentos de derecho, que «las actuaciones practicadas acreditan la inexistencia de indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que ha dado lugar a la formación de la presente causa».

Entre las razones que da el tribunal, señala en primer lugar que la querella que se presentó no aportó acto de conciliación requerido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para aquellos delitos que necesiten de denuncia del perjudicado, como es el de revelación y descubrimiento de secretos. «Aún así se le dio plazo de una audiencia al querellante para que pudiera presentarlo, sin embargo no lo hizo. Por tanto, adolece el procedimiento de un claro defecto formal» ha apuntado el auto judicial.

Por otro lado, ha añadido la misma sentencia, el querellante presentó una serie de documental, no con el escrito inicial sino posteriormente, a los nueve meses, con «documentos que nada tienen que ver con los hechos descritos en la querella y que no suponen en absoluto indicio alguno de hecho delictivo».

Y, por último, ha subrayado que el querellante solicitó la testifical del abogado Felipe Castillo, «por haber sido integrante del partido político Vox, sin embargo, por las propias actuaciones y declaraciones del mismo, se deduce de una manera clara y tajante que el mismo no actúa no como testigo sino como parte». Por tanto, ha destacado el juzgado, su declaración, que tuvo lugar el pasado 7 de enero de 2021, «está completamente viciada, careciendo de objetividad e imparcialidad» ha resaltado la sentencia.

Por todo ello, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha señalado que, de acuerdo con la LECRIM, procede acordar el sobreseimiento libre y el archivo de las mismas. La sentencia podrá ser recurrida mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días ante dicho órgano judicial, y/o de apelación, subsidiario o por separado, en el plazo de cinco días.