El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de la querella del ex presidente de Vox en la ciudad, Jesús Delgado Aboy, contra dos diputados de su formación por un supuesto delito de descubrimiento de secretos.

El proceso se inició después de que Jesús Delgado a Javier Da Costa Solís y Juan Carlos Escoz, tras acusar a los que fueran sus compañeros de estar detrás de la difusión de las grabaciones de conversaciones en las que arremetía contra Vox-España y su líder Santiago Abascal diciendo que su ya ex partido está «para el lucro de cuatro personas». En dichos audios de distintas conversaciones, que fueron divulgados en medios de comunicación en enero de 2020, Delgado comentaba que «si nos echan, España entera sabrá cómo funcionan» y señalaba que el «único cometido» de la dirección nacional es «recaudar, recaudar, recaudar y recaudar».

Según el auto, el juzgado ha señalado, en sus fundamentos de derecho, que «las actuaciones practicadas acreditan la inexistencia de indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que ha dado lugar a la formación de la presente causa».

Entre las razones que da el tribunal, señala en primer lugar que la querella que se presentó no aportó acto de conciliación requerido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para aquellos delitos que necesiten de denuncia del perjudicado, como es el de revelación y descubrimiento de secretos. «Aún así se le dio plazo de una audiencia al querellante para que pudiera presentarlo, sin embargo no lo hizo. Por tanto, adolece el procedimiento de un claro defecto formal» ha apuntado el auto judicial.

Por otro lado, ha añadido la misma sentencia, el querellante presentó una serie de documental, no con el escrito inicial sino posteriormente, a los nueve meses, con «documentos que nada tienen que ver con los hechos descritos en la querella y que no suponen en absoluto indicio alguno de hecho delictivo».

Y, por último, ha subrayado que el querellante solicitó la testifical del abogado Felipe Castillo, «por haber sido integrante del partido político Vox, sin embargo, por las propias actuaciones y declaraciones del mismo, se deduce de una manera clara y tajante que el mismo no actúa no como testigo sino como parte». Por tanto, ha destacado el juzgado, su declaración, que tuvo lugar el pasado 7 de enero de 2021, «está completamente viciada, careciendo de objetividad e imparcialidad» ha resaltado la sentencia.

Por todo ello, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha señalado que, de acuerdo con la LECRIM, procede acordar el sobreseimiento libre y el archivo de las mismas. La sentencia podrá ser recurrida mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días ante dicho órgano judicial, y/o de apelación, subsidiario o por separado, en el plazo de cinco días.

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar 23 años de prisión para K.K., el hombre de 32 años y de nacionalidad mauritana que fue detenido como presunto autor del crimen machista de su pareja A.B., cuyo cuerpo fue encontrado por un operario en la planta de residuos de Gádor (Almería) tres días después de su muerte en avanzado estado de deterioro.

El acusado, que será enjuiciado a través de un tribunal de jurado popular, se enfrenta además a otros diez años de libertad vigilada por estos hechos que tuvieron lugar en septiembre de 2018 y que conllevaron su detención nueve días después del crimen, cuando trataba de tomar un avión con destino Casablanca (Marruecos) en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para evadir la acción de la justicia.

Según el escrito provisional de la Fiscalía, el crimen se habría producido entre las 2,00 y las 3,00 horas del 25 de septiembre de 2018, cuando el acusado se encontraba con la mujer de 28 años en el que domicilio que ambos compartían en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería) en el que se produjo una «fuerte discusión» después de que ella anunciara que «iba a dejar la relación».

Así, como un «último acto de venganza y control» sobre la víctima y «con el firme propósito de causarle una muerte cierta», el acusado habría atacado con un cable a la víctima de manera sorpresiva cuando esta se encontraba totalmente desarmada. La mujer, a pesar de sus gritos y su resistencia, falleció por asfixia a consecuencia de la agresión.

Según el relato policial, que no recoge el Ministerio Público, el hombre se deshizo del cadáver tras el crimen, con lo que lo arrojó a un contenedor de basura tras haber transportado el cuerpo en su coche hasta una zona diseminada del Poniente almeriense, esto es, a unos 70 kilómetros del lugar en el que apareció la mujer tres días después, cuando un camión de basura lo llevó hasta la planta de residuos de Gádor.

El acusado habría interpuesto además una falsa denuncia por la desaparición de la mujer ante la Guardia Civil una vez que trascendió en hallazgo del cadáver a través de los medios de comunicación para tratar de montar una coartada antes de intentar fugarse del país, según trasladó en su momento el capital jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Almería.

Este aspecto levantó recelos entre los investigadores, quienes ante la aparición del cadáver ya habían realizado una consulta a la base nacional de datos de personas desaparecidas y restos humanos con la que se descartó la relación del cuerpo con casos recientes en Almería y otras provincias limítrofes. Cabe recordar el mal estado en el que se encontraba el cuerpo, en avanzada descomposición tras varios días en un contenedor, dificultó la identificación del mismo.

El sospechoso ofreció a los investigadores distintas versiones orientadas a hacer creer que la mujer «se había ido de casa» y orientado su posible presencia en Murcia. Asimismo, el hombre habría negado que su pareja, con la que llevaba apenas dos meses de relación, ejerciera la prostitución aunque «era él mismo el que iba al local, la llevaba, la recogía y permanecía a veces en el mismo mientras que ella seguía trabajando».

El hombre, que también ocultó a los agentes de la Guardia Civil el lugar de residencia donde se habría producido el crimen, se deshizo también del vehículo que había empleado para transportar el cuerpo hasta un contenedor, de forma que lo habría vendido a un amigo suyo a fin de evitar que fuera objeto de exploración.

El detenido a través de la operación ‘Dump’ de la Guardia Civil habría tratado de obtener un «salvoconducto» de la Embajada de Mauritania para permanecer en Marruecos, toda vez que se había hecho con un billete de avión como parte de su plan de huida. Fue detenido en la propia T4 tras alcanzar la zona de embarque.

La víctima tenía cuatro hijos de otra relación en la fecha de los hechos. Su madre reclama una indemnización por su fallecimiento que la Fiscalía cifra en 120.000 euros.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900116016.

La responsable de Educación del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha sostenido este viernes que la nueva Ley estatal de Educación, la Lomloe, «es un paso en firme para reforzar la consolidación de la escuela pública, tan castigada por los recortes en los años del PP que trajo consigo la Lomce para favorecer el negocio privado en la enseñanza, en detrimento del sector público».

En esta línea, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Rivas ha indicado que la anterior ley de educación ofrecía una escuela para una sociedad que «ya no existe». «De hecho, la pandemia nos ha enfrentado a las debilidades de nuestro sistema y, por tanto, la reforma del sistema educativo no podía esperar», ha proseguido.

Susana Rivas ha subrayado el amplio apoyo a esta nueva Ley, la Lomloe, que «limita privilegios» y cuyo objetivo es el de «garantizar la máxima calidad de enseñanza al alumnado, supone un impulso a la modernización de nuestro sistema educativo, mejorando su financiación, la carrera profesional docente, tratando de que la enseñanza sea personalizada y no deje a nadie atrás. Se basa en la defensa de la igualdad y de la escuela pública, que defiende los principios de equidad y de inclusión».

Por ello, la socialista ha lamentado «las falsedades e interpretaciones torticeras» de formaciones políticas como el PP contra la misma porque, «en absoluto, ni en ningún caso, el castellano va a desaparecer de las aulas, los centros de educación especial no se cerrarán, la concertada no corre peligro y la Religión seguirá en la oferta obligatoria, aunque sin contar para el expediente ni para las becas».

Asimismo, como ha proseguido, «las familias seguirán teniendo libertad de elección de centro». De hecho, la ley asegura que el proceso de admisión en los distintos centros sea «más transparente» y que la administración verifique que los centros educativos sostenidos con fondos públicos «no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza». Y prohibirá que los centros sostenidos con fondos públicos puedan segregar por sexo al alumnado.

Además, ha recordado que primará en el proceso de admisión la proximidad de centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro y la renta per cápita familiar. Y ningún criterio por sí solo (excepto el de proximidad) podrá suponer más del 30 por ciento de los puntos, «algo justo e igualitario».

Susana Rivas ha enfatizado que «la Lomloe nace del consenso con la comunidad educativa y del acuerdo en 2013 de diez grupos para acabar con la peor ley educativa de la democracia, como fue la ley Wert. De hecho, la nueva Ley de Educación se ha elaborado desde el Gobierno de España contando con cientos de colectivos educativos y contemplando más de 330 enmiendas de los grupos políticos», ha concluido.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recalcado este viernes que la subida «histórica» de la luz se ha producido con el Gobierno «más social y progresista» que prometía que «no iba a dejar a nadie atrás». Tras asegurar que esa subida no se explica «solo por la ola de frío», ha apuntado a «errores de previsión» del Gobierno que, según ha dicho, tendrán que «ser investigados y aclarados».

García Egea ha denunciado que «en medio de este tremendo temporal de frío» que atraviesa España con la borrasca ‘Filomena’, los españoles «han recibido una subida de la factura de la luz y gas histórica».

«Una subida que se da con el Gobierno de la ejemplaridad, el Gobierno más social y progresista, el Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás», ha subrayado, tras mantener una reunión telemática con consejeros de Hacienda de gobiernos autonómicos del PP y portavoces autonómicos junto a la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez.

Tras asegurar que en enero España ha tenido el precio de la electricidad más caro de la historia, ha proclamado que «en la próxima factura de la luz Sánchez no va a poner la pegatina del Gobierno de España», después de que el PP criticase esas pegatinas en las cajas de las vacunas contra el Covid-19 y lo achacase a la «propaganda» del Ejecutivo.

García Egea ha subrayado que España necesita «una transición energética inteligente, flexible, consensuada y justa» y ha señalado que, en los últimos meses, el PP ha presentado en el Congreso varias propuestas, como más de un centenar de enmiendas al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Hemos propuesto medidas para rebajar los costes energéticos para los consumidores y ayudas a la industria para una transición que no destruya empleo», ha agregado.

«LA SUBIDA NO SE EXPLICA SOLO POR LA OLA DE FRÍO»

Dicho esto, el ‘número dos’ de Pablo Casado ha asegurado que «la gran subida del precio de la luz y el gas no se explica solo por la ola de frío». Aunque puntualmente nuestro país haya sido a veces el más caro de Europa en el precio de la luz, nunca se había producido esta situación de forma tan prolongada durante tantas jornadas. Y mucho menos, con tanta diferencia de precios», ha resaltado.

Según García Egea, el problema en España se debe a «claros errores de previsión por parte del Gobierno, que aun tendrán que ser investigados y aclarados, respecto a cuáles deben ser las prioridades en España que marquen las reformas para la transición energética».

El dirigente popular ha denunciado que, «frente a la escandalosa subida de un 27% de la factura de la luz», la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, pide no alarmarse porque «solo subirá unos cuantos euros». «Pero el resto de españoles, sí se alarman», le ha espetado.

Finalmente, el secretario general del PP ha recordado que su partido ha reclamado un pacto de estado por la energía, con un Libro Blanco y un protocolo consensuado con los agentes económicos ysociales del sector.

Las víctimas de violencia machista tendrán deducciones por la compra de vivienda habitual en Galicia, de forma que se rebaja el tipo al 3% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales –esta rebaja puede ser el del 100% en caso de que sea en zonas poco pobladas–, así como al 0,5% en el de actos jurídicos documentados.

Esta esa una de las principales enmiendas –presentada por el PSdeG y transaccionada con el PPdeG– que han salido adelante este viernes en la comisión de Economía, en la que se ha elaborado el dictamen del proyecto de ley de acompañamiento a los futuros presupuestos gallegos de 2021.

De tal forma, las cuentas gallegas –y ley de acompañamiento– terminan su tramitación en la Comisión de Economía y solo queda pendiente su aprobación en el pleno del Parlamento autonómico.

Así, han salido adelante una treintena de enmiendas que ha presentado el propio Grupo popular al texto de la ley de acompañamiento –que ya de por sí modifica diferentes leyes–, debido a cuestiones como corrección de errores o adaptación de medidas a la pandemia.

La docena de enmiendas del Bloque han sido rechazadas, mientras se ha dado luz verde a tres del PSdeG más otras dos transaccionadas –con cerca de 40 presentadas–.

ENMIENDAS APROBADAS

Entre las enmiendas aprobadas al PSOE, se encuentra que las madres funcionarias tendrán un descanso obligatorio e ininterrumpido de seis semanas tras el parto, pero las otras 16 semanas –son un total de 22 semanas de permiso– pueden distribuirlas en función de sus intereses, sin la obligatoriedad de que esas 22 semanas se cogiesen de forma ininterrumpida como hasta ahora.

De la treintena de enmiendas realizadas por el PP destacan algunas como la que fija que las funcionarias víctimas de violencia machista que reduzcan su jornada mantendrá sus retribuciones íntegras cuando esa disminución sea de un tercio o menos de su jornada.

Otra medida pasa por poder alterar el orden de los procesos selectivos como prevención ante la pandemia, de forma que sea posible, por ejemplo, hacer antes los exámenes eliminatorios para que a las pruebas colectivas llegue menos volumen de gente. La realización de ejercicios podrá hacerse en diferente turnos y sedes para mayor seguridad. Igualmente, las personas en cuarentena tendrán fechas alternativas.

También se valorará como mérito en las convocatorias de procesos selectivos del Sergas el haber prestado servicios contra la pandemia. Esto no resulta de aplicación en procesos actualmente en tramitación.

Además, se enmienda por parte del PP la exención del canon del agua y el coeficiente de vertido para bares, hoteles y discotecas –desde el 5 de noviembre de 2020 y hasta que se levante la emergencia sanitaria– para incluir que los beneficiarios de ese descuento serán los que tengan que solicitarlo. A este respecto, el PSdeG ha criticado el impacto «residual» de esta medida de solo 92.600 euros.

Hay una modificación de la ley de caza –que el PP define como «proteccionista– en relación con la declaración de una explotación cinegética comercial, de manera que tras los seis meses de plazo que tiene la Xunta para resolver una petición el silencio administrativo será negativo, en vez de positivo como sucedía hasta ahora.

Entre otros cambios, también se prorrogarán los mandatos de las juntas rectoras de montes vecinales hasta el 31 de diciembre de 2021 debido a que la pandemia impide la celebración de asambleas.

Asimismo, se podrá subvencionar a entidades que gestionen una escuela infantil –de 0 a 3 años–, sin el requisito de tener que ser titulares como hasta ahora, con el fin de aplicar bonificaciones por el segundo hijo. Según ha explicado Paula Prado (PP), se busca que las familias estén en condiciones de igualdad, pues había «un limbo» para los encargados de dar el servicio sin ser titulares.

Las personas mayores podrá ser sustituidas en asambleas generales de cooperativas por familiares que los representen.

En otro orden de cosas, se clarifica el pase a segunda actividad de personal laboral forestal a partir de los 60 años.

DEBATE

En el debate, Olalla Rodil (BNG) ha avisado de que estos serán «los últimos presupuestos expansivos de esta legislatura», por lo que cree «importante» no limitar la capacidad de recaudación del Gobierno para reforzar servicios públicos.

A renglón seguido, demanda una mayor «progresividad» en los tributos. El Bloque hacía dos propuestas, rechazadas por los populares, que pasaban por gravar a grandes áreas comerciales, así como a grandes tenedores de viviendas –personas jurídicas– por tenerlas vacías.

Todo ello, en una intervención en la que la diputada nacionalista ha cargado contra el «uso y abuso» del PP de esta ley, que supone un «totum revolutum».

Juan Carlos Francisco Rivera (PSdeG) ha censurado el «abuso» del PPdeG del modelo de la ley de acompañamiento a los presupuestos, ya que en los últimos «tres-cuatro años» ha supuesto la modificación de 84 leyes, con lo que evita un «debate sosegado y específico» de cada norma.

El socialista censura la apuesta del PP por un planteamiento fiscal «absolutamente regresivo», con «un desplazamiento» de carga fiscal hacia impuesto de IRPF desde sucesiones y patrimonio, de manera que «se está favoreciendo a las rentas altas».

Pone de ejemplo que entre 2010 y 2019 hubo beneficios fiscales por 211 millones en el IRPF, muy por debajo de los 1.120 millones en beneficios en el impuesto de sucesiones en el mismo periodo y de los 668 millones en patrimonio.

Una de las cuestiones sobre las que han llamado la atención tanto PSdeG como BNG es acerca de la «absoluta inseguridad jurídica» que supone una nueva modificación en la ley del suelo, que «cambia continuamente».

«Para mí no es la herramienta ideal», ha dicho Paula Prado (PP) sobre la ley de acompañamiento, si bien ha remarcado que «es una herramienta útil» para hace modificaciones legislativas que «están atascando expedientes» y para actualizarse tras últimas sentencias sobre diferentes cuestiones.

Los vuelos realizados este viernes por Salvamento Marítimo sobre la costa de Agaete no han detectado manchas significativas de residuos ni en el interior del puerto grancanario ni en sus alrededores, según ha informado el Gobierno de Canarias.

Además, la embarcación de la Consejería de Transición Ecológica ha constatado la presencia de sustancias oleosas sobre las aguas que están acotadas con las barreras de protección.

En estos momentos, continúan los análisis para estudiar si estos restos de residuos podrán ser eliminados con el uso de las bacterias Pseudomona putida y de esponjas hidródofugas.

Por su parte, el origen de estas sustancias está motivado por el desprendimiento de hidrocarburo que no se ha podido evaporar y estaba impregnado en distintas superficies, como las de las barreras desplegadas, el puerto o el casco del propio Bentago Express.

El tratamiento de biorremediación permitiría degradar el hidrocarburo, transformando este en materia orgánica degradable que entrará a formar parte de la cadena trófica de estas bacterias.

Se trata de un tratamiento que no interactúa con la flora y fauna del medio, no afecta al ser humano y que se dispersa gracias a las propias corrientes del agua. Aparte de las bacterias, estas sustancias oleosas también se eliminarían gracias al uso de esponjas hidrófugas que son capaces de extraer del agua solo los hidrocarburos.

De igual modo, se mantienen activos los planes de emergencia de la Administración estatal, regional e insular, que trabajan en colaboración con el Ayuntamiento de Agaete –que ha puesto todos sus recursos a disposición–, y con la empresa Fred. Olsen, para abordar la situación desde todos los frentes.

Las partes continúan trabajando de forma coordinada a través del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) para aportar los medios necesarios y supervisar las tareas de observación y monitorización de las actuaciones necesarias hasta que el buque abandone el puerto de Agaete en dirección a los astilleros de Las Palmas de Gran Canaria.

Finalmente, una vez salga del puerto, se realizarán la recogida de muestras y análisis para el posterior seguimiento de la situación por parte de la Consejería de Transición Ecológica.

La familia del coleccionista valenciano Lorenzo Noguera Fabra ha recuperado el legado que este depositó en una notaría con 125 documentos «inéditos» del periodista y escritor Vicente Blasco Ibáñez, según publica la revista ‘Plaza’.

Noguera Fabra entregó en 2004 varias carpetas a una notaría valenciana con más de un centenar de documentos de diferente naturaleza, desde fotografías a telegramas, pasando por información financiera o su carnet de conducir internacional.

Además, la revista, que ha tenido acceso a todos los documentos, explica que en este fondo hasta ahora desconocido destacan «dos de gran interés» para los estudiosos del fundador del diario El Pueblo.Se trata de dos relatos, incompletos, que «posiblemente formarían parte de dos novelas en las que Blasco Ibáñez estaría trabajando en el momento de su muerte».

El primer texto manuscrito, titulado ‘El rastrillo’, tiene un formato de reportaje novelado, inspirado en su visita al frente francés durante la Primera Guerra Mundial.

Dado que nunca se incluyó entre las recopilaciones de sus artículos sobre el conflicto, una hipótesis es que se trate de parte de una novela de la que Blasco habló en varias ocasiones en los años veinte del siglo pasado pero que nunca vio la luz: ‘El quinto jinete’, la que sería la continuación de su gran éxito internacional Los cuatro jinetes del Apocalipsis.

La segunda novela carece de título y está incompleta porque falta más de un centenar de hojas mecanografiadas y numeradas. Se sitúa en la línea argumental y costumbrista de ‘Cañas y barro’ o ‘La barraca’, con la particularidad que está ambientada en Murcia.

CONDOLENCIAS Y RECUERDOS

El legado contiene, además, fotografías inéditas del escritor en Francia y Estados Unidos; correspondencia con editores y amigos, incluida una carta de Mariano Benlliure a la esposa de Blasco, Elena Ortúzar; condolencias enviadas a la viuda tras la muerte del escritor, en 1928, o recuerdos de sus actos sociales y de sus éxitos en Estados Unidos, como la partitura de la música de la película ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis’, basada en su novela de más éxito internacional.

La sobrina del coleccionista, Pilar Madaleno, relata que unos meses antes de su muerte, en 2019, Noguera Fabra estuvo hospitalizado y le recordó: «Por si me pasa algo, que sepáis que los documentos de Blasco Ibáñez están en el notario».

Una vez recogido este material, cuando la sobrina ordenó su contenido –un trabajo que se vio favorecido por el hallazgo de en el piso de su tío de la lista con la numeración de los documentos– se dio cuenta del «gran valor» del legado.

‘Plaza’ recoge asimismo declaraciones del representante de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez, Roberto Cifre, quien considera que estos documentos pertenecieron al escritor porque se trata de papeles muy personales dirigidos a él o escritos de su puño y letra. Añade que a lo largo el tiempo diversas persona y entidades han ido encontrando material de Blasco que, «más que inédito, muchas veces es desaparecido».

Los diez vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado este viernes por escrito al presidente de este órgano, Carlos Lesmes, que convoque un Pleno Extraordinario para debatir las medidas a adoptar tras la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados a dar curso a sus peticiones en relación con la reforma de este órgano, según señala petición.

En una reunión que también se celebró con carácter de extraordinaria el pasado 17 de diciembre, el CGPJ acordó solicitar al Congreso que tuviera en cuenta informes a realizar por el propio Consejo por la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre los planes de reforma ley orgánica que impulsan el PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando sus vocales hayan sobrepasado el mandato por el que fueron nombrados. Entre las funciones a limitar está la de los nombramientos en la cúpula judicial.

La decisión del Congreso se adoptó el pasado martes, cuando la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, aceptó tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, y también rechazó los informes solicitados por los vocales de este órgano.

Los vocales que firman el escrito consideran «imprescindible» la de un pleno extraordinario para debatir sobre la situación generada por la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados y las determinaciones que ello obligue a adoptar, que debe ser convocado dentro de los tres días hábiles a la presentación de esta solicitud.

En su Pleno de diciembre el Consejo aprobó con el apoyo de 16 de sus 21 vocales instar al Congreso de los Diputados a pedir informe al Consejo de Europa y también poder pronunciarse ellos mismos sobre la reforma propuesta, un trámite de consulta que se había eludido mediante la Propuesta de Ley ante el Congreso de los Diputados.

El Consejo considera que la reforma planteada por los partidos que sustentan al Gobierno afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial.

Los vocales del sector progresista de este órgano Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez -todos ellos designados a propuesta del PSOE menos esta última, que llegó de la mano de IU- votaron en contra.

En su resolución inicial, el CGPJ recordaba que el artículo 561.1 LOPJ establece la obligación de someter los anteproyectos aprobados por el Gobierno al informe del Pleno de este Consejo, en tanto que conforme al artículo 561.1.9° LOPJ dicho sometimiento es «potestativo» en el caso de las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios.

TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL

En este punto, recordaban la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de interpretación conforme con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que demanda que toda iniciativa legislativa «que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados».

Ello incluiría al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.

El alcalde de Rafelbunyol (Valencia), el socialista Fran López, ha pedido disculpas por vacunarse contra el coronavirus el pasado 27 de diciembre y ha explicado que le propusieron administrarle una dosis cuando acudió a la primera jornada de vacunación en la residencia de mayores de la localidad y aceptó porque pensó que «ayudaba a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía».

«Visto con perspectiva, no fue la mejor decisión. Si alguna persona se siente ofendida, lo entiendo y pido disculpas», ha señalado López este viernes en declaraciones a Europa Press.

Según ha explicado, los hechos sucedieron el domingo 27 de diciembre, el primer día en el que se suministraron las vacunas. La residencia pública Virgen del Milagro de Rafelbunyol fue la primera de toda la Comunitat Valenciana en administrarlas y, allí, el residente Batiste Martí se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en la Comunitat Valenciana.

El alcalde, que además, como primer edil, también preside este centro que gestiona el Ayuntamiento, acudió a la residencia para estar presente en la jornada. «Fue un día que vivimos con muchísima ilusión y esperanza», ha recordado. Como «máximo responsable del centro», estuvo allí «toda la mañana, desde la recogida de la vacuna hasta que se suministraron», ha detallado. «Me lo ofrecieron y acepté», ha reconocido.

«Al estar allí todo el día, nunca pedí que me vacunaran. Tú estás ahí como máximo responsable y punto. No eres ni sanitario ni residente. Estás allí, han vacunado a todo el mundo, la gente que estaba suministrando te propone vacunarte y aceptas porque piensas que vas a dar a la ciudadanía una sensación de confianza y tranquilidad. Estamos hablando del primer día, la sensación era de cierta ineficacia de la vacuna, algo de controversia por si era bueno o no. Generas confianza, en ese momento no le vi mayor problema y acepté», ha explicado.

No obstante, ha señalado que «con la perspectiva» ahora piensa que «no fue la mejor decisión». «Si alguna persona se siente ofendida la entiendo y pido disculpas», ha expresado, antes de destacar que «al final lo que toca poner de manifiesto es que el personal y los residentes se han vacunado».

«Al final es un hecho anecdótico», ha señalado, para resaltar que «lo verdaderamente importante» es la cantidad de residentes y profesionales vacunados ya en la Comunitat y la «ilusión» y «esperanza» que supone que se esté vislumbrando «el final del túnel».

Preguntado por si, como presidente de la residencia, tiene que trabajar en ella, ha señalado que «por supuesto» que va porque «toma decisiones» pero que trabaja físicamente en el Ayuntamiento. «No quiero que sea óbice para decir algo, estar estuve y al final acepté cuando se me propuso. Pensé en ese momento que ayudaba a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía», ha insistido.

PP, COMPROMÍS Y CS PIDEN LA DIMISIÓN DEL ALCALDE

Por su parte, el presidente del PP de Rafelbunyol, Alfonso Benito, ha pedido la dimisión «inmediata» de López por ser «el primer alcalde vacunado de España», el mismo día que comenzó la vacunación.

Si Batiste Martí, un hombre de 81 años residente en la residencia Virgen del Milagro de Rafelbunyol, fue el primer valenciano que recibió la vacuna el domingo 27 de diciembre, López fue el primer alcalde en hacerlo también esa misma mañana pese a, sus 29 años, gozar de buena salud«, ha criticado en un comunicado.

El Grupo Municipal Popular han pedido explicaciones al alcalde y Alfonso Benito ha calificado los hechos de «escandalosos por saltarse todos los protocolos y los criterios para administrarla».

«El hecho en sí al que el alcalde intente quitar hierro y decir que lo hizo para dar ejemplo es otra excusa barata porque, quien tanto alardea de transparencia, trató de ocultarlo y en ningún momento lo hizo público. Estamos ante una muestra clara de que antepone su propio interés al de los vecinos, estando dispuesto a quitar vacunas a gente que lo necesita más que a él y a personas que se están jugando la vida», ha subrayado.

En su opinión, «parece que la salud del alcalde está por delante de la de otros vecinos». «No nos valen sus disculpas con la boca pequeña sino que debe asumir responsabilidades políticas por sus errores y marcharse», ha concluido Benito.

«SER ALCALDE NO DA PRIVILEGIOS SOBRE EL RESTO DE LA POBLACIÓN»

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Rafelbunyol, Asunción García, también ha pedido la dimisión del primer edil «aunque ya haya pedido disculpas» porque «es muy grave que se haya servido de su condición política para recibir una medicación que no le correspondía todavía». «También es egoísta e inmoral que una persona tan joven se vacune cuando hay personas que lo necesitan y están esperando la vacuna», ha afirmado.

La concejala de Cs ha lamentado que «lejos de dar ejemplo, ha conseguido todo lo contrario», al tiempo que ha afirmado que con su «irresponsable» acto «pone en entredicho a las instituciones y aleja a la ciudadanía de la política».

En este sentido, ha asegurado que «aunque esta vez se ha pasado de la raya, este es un ejemplo más de la falta de transparencia del gobierno municipal». «Desde que gobierna el PSPV, el consejo de administración de la residencia de mayores es íntegramente socialista, cuando nunca antes había pasado esto, lo que obstaculiza la fiscalización de la oposición», ha criticado.

Por su parte, desde Compromís también han pedido la dimisión de López por su «mala fe e incapacidad manifiesta» y han defendido que «ser alcalde no da privilegios sobre el resto de la población». Así, han criticado que «su gusto por el postureo le llevó a ser el primer alcalde vacunado de España con tan solo 29 años», ya que «la residencia de mayores Virgen de Miracle de Rafelbunyol fue la primera a recibir la vacuna».

La formación, en un comunicado, ha denunciado que «utilizar una vacuna que podría proteger a otra persona de riesgo del pueblo es una grave irresponsabilidad» y «muestra la poca empatía hacia su vecindario» y han insistido en que Fran López «no se ha vacunado para dar ejemplo»: «Los alcaldes tienen que dar ejemplo cumpliendo los protocolos sanitarios y las normas establecidas».

En esta línea, han censurado que el primer edil «en ninguna ocasión ha informado la población de su vacunación» y han señalado que es «muy complicado dar ejemplo al esconder la información» porque «los hechos desmienten a López ya que el 27 de diciembre se vacunó y tuvo oportunidades de hacerlo público».

Por otro lado, han denunciado que la presencia del alcalde en la residencia a finales de diciembre «podría haber puesto en peligro el protocolo de seguridad de las residencias». «El alcalde supeditó los criterios sanitarios a su voracidad publicitaria», han añadido desde la coalición.

«Ocultar en el pueblo un hecho tan reprobable, nada anecdótico, poco ético y ejemplarizante en un momento con las circunstancias dramáticas que vivimos desacreditan y anulan su trabajo para continuar ejerciendo el cargo de alcalde», han afirmado.

«Por mucha mayoría absoluta que tenga no puede tener privilegios enfrente el bienestar del vecindario de Rafelbunyol. Sus explicaciones y mentiras son inaceptables y ridículas. La honorabilidad, ejemplaridad, ética y el celo por el interés público son exigibles a cualquier cargo público, unos valores que el alcalde ha dinamitado con su egoísmo y sus mentiras», han defendido.

El Gobierno valora positivamente la propuesta formulada por Grecia de un certificado de vacunación a nivel europeo que pueda facilitar la movilidad de quienes ya han recibido la vacuna contra la COVID-19 y la pone en línea con su propuesta en el seno de la OCDE de fijar unos criterios homogéneos que permitan garantizar los desplazamientos entre países.

El primer ministro griegeo, Kyariakos Mitsotakis, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al resto de líderes europeos en la que propone la adopción de un «certificado de vacunación» que pueda ser aceptado por todos los estados miembro.

En su misiva, Mitsotakis explica que en el caso de Grecia se han puesto en marcha «procedimientos para facilitar la libertad de movimiento de personas que han sido vacunadas contra la COVID-19» para lo cual habrá un «certificado estandarizado».

Aunque, según el primer ministro heleno, la vacunación no será obligaroria en el país ni estar vacunado será un requisito para poder viajar, «las personas que han sido vacunadas deberían ser libres» de hacerlo, ha defendido. Además, esto podría contribuir a animar a vacunarse y facilitar en última instancia la vuelta a la normalidad, ha sostenido.

Así las cosas, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han señalado este viernes que reciben «de manera muy positiva» la propuesta y han recordado que «España ha trabajado de forma proactiva para intentar facilitar el mayor movimiento posible dentro de criterios de seguridad santaria».

Por ello, el Gobierno no ve problemas en la propuesta si la comunidad sanitaria y científica considera que la movilidad de las personas que ya han sido vacunadas «no tiene una incidencia negativa» en los esfuerzos frente a la pandemia.

En este sentido, desde Exteriores sostienen que la iniciativa griega está en línea con la realizada por España en el seno de la OCDE que busca «establecer criterios universales, homogéneos y seguros para la movilidad internacional«, claves no solo para la recuperación del turismo sino de otros sectores.

El objetivo es fijar un «marco de referencia» para todos los países, como puede ser la exigencia de pruebas diagnósticas, pero este sistema podría terminar recogiendo certificados de vacunación, así que podrían ir en la misma línea, han destacado.

La iniciativa, según las fuentes, ha generado «mucho interés» y se espera poder tener elaborada una «hoja de ruta» para el reconocimiento de pruebas diagnósticas o incluso de certificados de vacunación para finales de febrero o principios de marzo, «un calendario bastante acelerado» pero que obedece a la urgencia de la cuestión.

Por otra parte, a nivel europeo, desde Exteriores consideran que a priori no debería haber problemas en cuanto al reconocimiento de las vacunas suministradas, toda vez que la compra se ha hecho a nivel europeo y han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), por lo que todos los países se rigen por los mismos criterios de vacunación.

A nivel internacional, debería haber un debate de «reconocimiento mutuo de vacunas» pero se trata de un problema técnico que debería poderse resolver, añaden.