Los casos de Covid-19 en las residencias gallegas siguen la tendencia descendente y se reducen a 44, de ellos 34 de residentes y 10 de trabajadores, pese a haber sido detectado un brote con siete positivos entre usuarios de la Residencia Santa Mariña de Xinzo de Limia (Ourense), donde todos los mayores habían recibido ya la segunda dosis de la vacuna frente a este coronavirus.

En los datos actualizados este miércoles por las consellerías de Política Social y Sanidade se incluyen estos siete positivos en la Residencia Santa Mariña de Xinzo, que entra en la lista de centros con casos de Covid --siete en Galicia--.

Fuentes de la Consellería de Política Social han explicado que se investiga el origen de este brote en una residencia en la que todos los mayores ya habían recibido la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Sin embargo, los casos entre usuarios de residencias de mayores se reducen en uno al haber seis altas por negativizar en Mi Casa Ferrol y una en O Casón de Moeche, así como un fallecimiento.

De este modo, la DomusVi Laraxe de Cabanas se sitúa con 13 casos entre sus usuarios; Mi Casa Ferrol cuenta con ocho; Santa Mariña de Xinzo, con siete; Residencia Milagrosa de A Coruña, con tres; mientras que con uno cada uno se encuentran los centros DomusVi Carballo, Residencia de Viana do Bolo y Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas.

Por su parte, los trabajadores con coronavirus en estos centros descienden a una decena al habar un alta por negativizar en la residencia de Laraxe en Cabanas y otra en la San José de Arzúa --que se queda sin ningún caso entre el personal--.

Por tanto, la DomusVi Laraxe en Cabanas baja a dos casos; mientras que con uno se encuentran la DomusVi Matogrande, Fogar Residencial de Cerceda, Residencia de Maiores de Caranza, Mi Casa Ferrol, Nuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume, Servisénior Brión, As Gándaras de Lugo y Nosa Señora do Carme de Sarria.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Por su parte, los centros de atención a la discapacidad se mantienen sin cambios con cuatro usuarios con Covid; de ellos dos en la Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos, uno en la Aspanaes de As Pontes de García Rodríguez y otro en Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente.

Asimismo, los trabajadores con Covid de estos centros se mantienen sin cambios con un único caso en la Residencia DomusVi Bóveda.

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que la comunidad de Extremadura celebrará el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, "conforme a las normas" sanitarias vigentes por la pandemia y ha criticado que la "extrema derecha" y otros sectores "vienen intentando silenciar" este día.

"No les vamos a dejar desde las instituciones y los gobiernos que, como hoy el de la Junta de Extremadura, aprueba una declaración institucional para conmemorar lo que todavía tiene muchos motivos para conmemorar", ha asegurado Gil Rosiña en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Así, ha dicho, este día tiene que poner "relieve" las discriminaciones que las mujeres en todo el mundo siguen sufriendo, por lo que la consejera extremeña ha considerado que las razones y los motivos para celebrar el 8M están "más vivas que nunca".

Así ha explicado que la crisis provocada por la pandemia ha situado a las mujeres en los escenarios "más vulnerables" para afrontar los efectos sociales y económicos derivados de ella, por lo que entiende que la Junta de Extremadura "no debe ignorar" la situación de las mujeres sino que debe reafirmar su "compromiso" con la igualdad.

En su intervención, Gil Rosiña ha recordado que este año el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) va a cumplir 20 años, momento en el que ha expuesto la evolución de las políticas en favor de la mujer en la región.

Así, ha apuntado que lo que empezó siendo una "asesoría para las políticas de las mujeres" en los primeros gobiernos de Rodríguez Ibarra dio paso a una primera Dirección General de la Mujer en los años 90, a los Planes Generales de Políticas para las Mujeres, al IMEX y a tener en la actualidad una Consejería de Igualdad en la estructura de la Junta.

También ha expuesto Gil Rosiña que se han empezado a hacer los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) con perspectiva de género y tener unidades de igualdad en todas las estructuras gubernamentales de la Junta.

"La igualdad no es una manifestación, las políticas públicas de igualad no son un día, la igualdad es un compromiso de un gobierno que quiere que sus ciudadanos vivan en igualdad de condiciones y aboga por los derechos humanos y por mejorar la democracia, y la democracia se mejora fortaleciendo la igualdad entre hombres y mujeres", ha aseverado.

De esta forma, la consejera de Igualdad extremeña también ha mandado un "mensaje claro" a la ciudadanía, a la que ha dicho que el 8M se conmemorará acorde a las celebraciones en tiempo de pandemia y "conforme a las normas" sanitarias.

"No hay en el último año ninguna celebración que responda a cómo era la vida antes del coronavirus, por tanto el 8 de marzo se celebrará conforme a las normas Covid-19", ha aseverado, al tiempo que ha pedido no desviar el "foco", porque hay "quienes quieren subirse al caballo de la Covid-19 para silenciar el 8 de marzo y no los vamos a dejar".

En esta línea, la consejera de Igualdad, a preguntas de los medios por los actos que prepara la comunidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ha informado de que este próximo jueves presentará la campaña de la Junta.

También, ha dicho, se celebrará un acto institucional, así como una serie de manifestaciones, reflexiones y acciones desde el Ejecutivo regional "en aras a esa transversalidad que siempre es necesario señalar".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno expone que durante los últimos 20 años se han producido varios hitos en pro de la igualdad en la región como la creación del Instituto de la Mujer de Extremadura, que ha sido capaz de "remover obstáculos" y producir "cambios sociales" gracias a la aportación fundamental del movimiento feminista y de las mujeres extremeñas, así como la aprobación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.

En este sentido, a lo largo de las dos últimas décadas, las políticas públicas de igualdad han sido una "prioridad" de la agenda política de la región y, un año después del inicio de la pandemia, la igualdad entre mujeres y hombres ocupa un papel "aún más relevante" que en el año 2020 porque, como en otras muchas crisis, son las mujeres las que han visto "agravada su situación de vulnerabilidad".

En este contexto, el compromiso de la Junta de Extremadura es hoy "mayor", como así lo refleja la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura y los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y del Gobierno de España.

Por ello, mediante esta declaración institucional, el Consejo de Gobierno de la Junta reafirma su "compromiso" con la igualdad y la aplicación de la transversalidad en las políticas públicas, como "objetivo compartido" en la acción gubernamental, la interlocución con los agentes sociales y económicos y la colaboración con las asociaciones comprometidas con la defensa de la igualdad.

"Que presidirá todas las actuaciones de la toma de decisiones de este Gobierno para transformar la realidad de Extremadura y lograr una sociedad más justa y más igualitaria", se indica en la declaración institucional.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación sobre el chat de militares en el que se hablaba de dar un golpe de Estado o "fusilar a 26 millones de hijos de puta" al no apreciar delito de odio por considerar que los participantes se expresaron "en la confianza de estar entre amigos".

El Ministerio Público comenzó a investigar el grupo de WhatsApp formado por miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire a raíz de un escrito enviado el pasado mes de diciembre por la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que algunos mensajes trascendieran a los medios de comunicación, por si pudieran ser constitutivos de delito.

Según ha informado la Fiscalía madrileña, se ha acreditado el contenido de los mensajes hechos públicos pero no el resto debido a que, conforme han señalado tanto el propio Ministerio como la Brigada Provincial de Información, se trata de un chat privado denominado 'La XIX del Aire' que forman militares retirados, algunos hace más de 40 años.

Para el Ministerio Fiscal, "no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, la hostilidad o la violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo", por lo que ha descartado un posible delito de odio.

A su juicio, se trata solamente de un chat privado "donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás partícipes" sin que exista voluntad alguna "de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos".

PALABRAS "INAPROPIADAS" PERO NO DELICTIVAS

La Fiscalía ha explicado que "los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior, sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual".

Además, ha señalado que, al no poder contextuatilizar los mensajes que se han hecho públicos con el resto del contenido del chat, "aisladamente" contemplados solo "constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Así, los interpreta como una crítica "dura" enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, "constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre".

En este contexto, ha querido recordar que la libertad de expresión tiene un campo de acción "más amplio" que la libertad de información, "que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados", de ahí --ha expuesto-- que un criterio fundamental para valorar su legitimidad sea la veracidad.

No ocurre lo mismo con la libertad de expresión, que "alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada", ha indicado.

Junts, ERC y la CUP han registrado este miércoles una propuesta de resolución conjunta en el Parlament para mostrar su apoyo a los miembros de la Mesa del Parlament querellados por la Fiscalía y para pedir que se garantice el derecho de los diputados a hablar de cuestiones políticas como el derecho a la autodeterminación y la monarquía.

Así lo han explicado en rueda de prensa en el Parlament la diputada de Junts, Gemma Geis, la de ERC, Anna Caula, y la de la CUP, Maria Sirvent, después de que la Fiscalía Superior de Cataluña presentara el lunes una querella contra el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Cámara catalana por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) "por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista".

En la resolución, los tres grupos critican que las "reiteradas injerencias del TC sobre el Parlament buscan limitar el debate democrático, lesionan la soberanía y la inviolabilidad de la Cámara, y atentan contra los derechos de los diputados prohibiendo que se pueda debatir y votar sobre el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la monarquía y el reconocimiento de la soberanía de Cataluña y su derecho a decidir".

Por ello, además de expresar su apoyo y solidaridad a los miembros de la actual Mesa, critican la "judicialización de la política catalana enmarcada en una causa general contra el independentismo y la disidencia política" y expresan su compromiso de garantizar que en el Parlament se pueda debatir de todos los temas que interesen a los ciudadanos, incluida la autodeterminación y la monarquía.

Así, constatan que el Parlament ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989, y piden que se comprometa "a seguir haciéndolo si ésta es la voluntad de los diputados de la Cámara".

También expresan su preocupación por el hecho de que la Fiscalía presente una querella por expresiones incluidas en iniciativas parlamentarias que rezan que el Parlament "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".

COMUNS

"Seguiremos garantizando que en la Cámara se pueda seguir hablando de todo. Queríamos mostrar nuestra preocupación sobre que en el Parlament no se pueda debatir sobre estas cuestiones", ha asegurado Sirvent, que ha explicado que intentaron que los comuns se sumaran al texto.

"Intentamos que fuera una propuesta de resolución lo más amplia posible", ha explicado la diputada de la CUP, que no ha querido entrar en los motivos que han llevado a los comuns a no firmar el texto.

Euskadi ha contabilizado 51 fallecidos por Covid-19 durante la semana comprendida entre el 22 y el 28 de febrero, lo que supone 17 víctimas mortales menos por la pandemia que la semana precedente. Además, este pasado martes se han registrado 340 nuevos contagios de coronavirus, 26 menos que un día antes, y se ha reducido también la tasa de positivos en relación a las pruebas realizadas hasta el 4,1%, pero se han incrementado los nuevos ingresos en planta y los pacientes en UCI.

Según el último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado martes se han efectuado 8.213 pruebas diagnósticas (4.960 PCR y 3.253 test de antígenos), por debajo de las 8.514 del día anterior. De esta forma, la tasa de positividad se ha reducido en dos décimas, del 4,3% al 4,1%.

La trazabilidad de los casos en los últimos siete días se sitúa en el 50,3%, porcentaje de casos detectados por ser contactos de otros positivos, frente al 36% de positivos registrados tras presentar síntomas de covid.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se sitúa en 0,78 (igual que en la jornada anterior) y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, ha subido a 0,88 (el mismo indicador que en el día previo).

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes sigue reduciéndose y se sitúa en Euskadi en 243,85, lo que supone siete puntos menos que la registrada en la jornada del lunes (251,08). Guipúzcoa presenta el indicador más bajo de los tres territorios (186,55), mientras que Álava (260,74), que es el único que registra subida, y Vizcaya (269,96), superan la media.

De total de positivos, 174 se han detectado en Bizkaia (16 menos que el lunes). De ellos, las mayores cifras se dan en Bilbao, con 58 nuevos positivos (cinco más), seguido de Getxo, con 18, y Barakaldo, con 17.

La tasa de incidencia en la capital vizcaína es de 296,12 casos en 14 días por 100.000 habitantes y en el territorio siguen en 'zona roja' las localidades de más de 5.000 habitantes de Derio y Santurtzi.

Por su parte, Guipúzcoa suma 93 nuevos contagios (17 menos), de los que diez corresponden a San Sebastián (uno menos), once a Eibar y seis a Oñati. La capital guipuzcoana presenta una tasa de incidencia de 116,23 y en este territorio continúa en 'zona roja', por encima de los 500 casos en 14 días por 100.000 habitantes, únicamente Oñati.

Por su parte, Álava ha sumado 68 contagios el martes (seis más), de los que 58 corresponden a Vitoria (seis más que en la jornada anterior). La capital alavesa presenta una tasa de incidencia al alza de 286,19 casos en 14 días por 100.000 habitantes.

Por otro lado, se ha registrado siete casos correspondientes a personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que en la jornada de lunes fueron cuatro.

Además, tras analizar los datos acumulados en la semana comprendida entre el 22 y el 28 de febrero, se han contabilizado 51 fallecimientos con covid como causa directa, lo que supone 17 menos que en la semana del 15 al 21 de febrero.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, se han producido en la última jornada 45 nuevos ingresos por covid en planta (nueve más). En la actualidad hay hospitalizados en planta 267 personas con coronavirus, una menos que el lunes.

Por su parte, los pacientes positivos en Covid-19 que permanecen en las UCI se han incrementado hasta los 126, cinco más que en la jornada del lunes.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios registrados el martes se corresponde con las personas de entre 40 y 64 años (121 nuevos positivos), seguidas de la franja de edad de 19-39 años (91 casos) y de los menores de 18 años (90 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 37 casos, de los que 12 corresponden a personas de más de 80 años y 25 a personas de entre 65 y 79 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la población menor de 18 años, con 333,83, y entre las personas de entre 19 a 39 años (268,15). La más baja es la de la población de 65 a 79 años, con 135,48.

Andalucía suma este miércoles 3 de marzo 474 casos de coronavirus, superior a los 359 de la víspera --que era el menor dato desde agosto-- pero inferior a los 1.311 del miércoles pasado, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 69 fallecidos, cifra superior a las 24 muertes del martes e inferior a las 93 de hace siete días, y que ha situado la tasa de incidencia en 143 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja en este 2021.

En concreto, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado en esta jornada hasta 143 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 18,3 puntos inferior a la tasa de 161,3 de la víspera y se sitúa 92,11 por debajo de la tasa de 235,11 del miércoles pasado. La tasa de incidencia en la región no era tan baja desde el 31 de diciembre de 2020, cuando se situaba en 140,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Los 474 casos son algo superiores a los 359 de la víspera, pero son menos de la mitad de los 1.311 del miércoles pasado. Entre medias, el lunes se sumaron 610, el domingo 940, el sábado 1.097, el viernes 1.197 del viernes y el jueves 1.256.

Málaga es la provincia que más positivos ha sumado, con 127, seguida muy de cerca de Sevilla, con 126. Por debajo del centenar de casos se sitúan el resto de provincias con 63 en Almería, Córdoba y Cádiz con 48, Granada con 38, Jaén con 19 y Huelva con cinco.

Respecto a los fallecidos, las 69 muertes son superiores a las 24 del martes, pero inferiores a las 93 de hace siete días. Entre medias, el lunes se sumaron doce, el domingo 13, el sábado 38, el viernes 33 y el jueves 58.

Málaga es también la que más decesos ha registrado en esta jornada, con 18, seguida de Sevilla y Almería con diez cada una, Cádiz con nueve, Córdoba con siete, Huelva con seis, Granada con cinco y Jaén con cuatro.

SUBEN LOS HOSPITALIZADOS TRAS SIETE DÍAS CON BAJADA

Andalucía registra el primer aumento de pacientes hospitalizados por coronavirus tras siete días consecutivos con bajada hasta 1.717, dos más que el martes y 491 menos que hace una semana, de los cuales 410 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cinco menos que la víspera y 128 menos que hace siete días.

Por provincias, Málaga continúa como la provincia con más hospitalizados con 357 y 51 de ellos en UCI, seguida por Granada con 293 y 79 en UCI --mayor número de pacientes en UCI--; Sevilla, con 268 y 75 en UCI; Cádiz con 248 y 62 en UCI; Almería, con 196 y 57 en UCI; Jaén, con 143 y 30 en UCI; Córdoba, con 132 y 37 en UCI, y Huelva, con 80 y 19 en UCI.

MÁS DE 8.500 FALLECIDOS EN LA PANDEMIA

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 476.922 casos confirmados --474 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 8.539 muertes tras sumar 69. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 38.158, 255 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 3.784, tras sumar 62 en la última jornada, y el número de curados es de 329.854 después de sumar 2.353.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 8.539 fallecidos desde el inicio de la pandemia --69 más--, Sevilla con 1.701 se mantiene como la provincia con más muertes --diez más--, seguida por Granada con 1.483 --cinco más--, Málaga con 1.427 --18 más--; Cádiz con 1.265 --nueve más--, Jaén con 865 --cuatro más--, Córdoba con 860 --siete más--; Almería con 648 --diez más-- y Huelva con 290 --seis más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 476.922 desde el inicio de la pandemia --474 más--, liderados por Sevilla con 100.487 casos --126 más--, seguida de Málaga con 84.471 --127 más--, Cádiz con 70.270 --48 más--, Granada con 68.820 casos --38 más--, Almería con 45.087 --63 más--, Córdoba con 43.080 --48 más--, Jaén con 40.220 --19 más-- y Huelva con 24.487 --cinco más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 38.158 --255 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 8.221 --22 más--, seguida por Málaga con 7.013 --36 más--; Granada con 5.929 --54 más--; Cádiz con 4.835 --nueve más--; Jaén con 3.835 --14 más--; Córdoba con 3.741 --38 más--; Almería con 2.873 --37 más--, y Huelva con 1.711 --45 más--.

62 NUEVOS INGRESOS EN UCI EN UN DÍA

De ellos, 3.794 han pasado por la UCI en Andalucía --62 más en 24 horas--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 766 --ocho más--, seguida de Granada con 637 --siete más--; Málaga con 592 --cuatro más--; Almería con 445 --cuatro más--; Córdoba con 438 --dos más--; Cádiz con 462 --32 más--; Jaén con 339 --uno más-- y Huelva con 105 --cuatro más--.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 329.854 en toda la región, 2.353 más que en la víspera, con Sevilla a la cabeza con 70.114 --388 más--, seguida de Málaga con 56.456 --460 más--; Granada con 51.072 --485 más--; Cádiz con 42.668 --373 más--; Jaén con 31.920 --49 más--; Almería con 30.953 --315 más--; Córdoba con 30.721 --201 más-- y Huelva con 15.950 --82 más--.

ALMERÍA BAJA SU TASA A 250

Según los datos consultados por en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 143 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 250,6. Detrás se sitúan Granada con 176,4; Sevilla con 139,4; Cádiz con 132,4; Málaga con 131,7; Córdoba con 114,8; Jaén con 112; y Huelva con 88,1.

La diputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha apoyado este miércoles la autodeterminación de género --incluida en el borrador de la futura ley 'trans'-- porque es "inhumano y agotador" que se cuestione continuamente la identidad de las personas 'trans'.

"Estamos hartas de tutelas y tutelajes", ha comentado en una intervención ante la comisión parlamentaria de Derechos Sociales en la que ha expuesto su experiencia como ponente de la ley autonómica de Madrid.

Así, ha criticado que estén "en tela de juicio" desde pequeñas y "dependiendo" de la tutela de un juez o un psiquiatra, porque crea "inseguridad", más aún en los últimos años cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) sentenció en 2018 que la transexualidad no es un trastorno mental.

"No estamos locas, no necesitamos que un psiquietra confirme que soy una mujer", ha indicado.

Ha defendido, también como activista, que las personas 'trans' se han convertido en "resilientes" para "construir escaleras y sobrepasar muros" en la defensa de los derechos y frente a una "inmensa presión social" que explica la alta tasa de suicidios en el colectivo.

Además, no entiende que "se haya creado un falso debate y un problema donde no existía" con la futura ley estatal porque el feminismo les "recibió con los brazos abiertos" desde los años 90 y ahora "no se entiende ni se comprende" que hayan convertido en un "peligro" para las mujeres y los españoles.

"No somos un peligro para nadie, solo personas que intentamos levantar la cabeza", ha indicado, lamentando que hay menores que "viven una tortura psicológica" y mucha "presión en redes sociales" que no escandaliza porque se ha "devaluado" a las personas trans.

"Nos han despojado de nuestra alma como seres humanos, el maltrato es intolerable", ha señalado.

En esa línea, ha alertado también de la "inmensa brecha de desigualdad" que afecta a las personas 'trans' con "heridas que no terminan de cerrar" como una "insufrible" tasa de paro, la discriminación laboral o las dificultades para llegar a final de mes.

Antonelli ha advertido de que los ataques físicos y agresiones sexuales a personas 'trans' han aumentado un 32% en los últimos cinco años y ha crecido también el abandono escolar, y remarcó la "desazón" que sufren las personas 'trans' al sentirse continuamente "vigiladas".

"UNA LEY QUE NO RESTA A NADIE"

Por ello, ha pedido a los diputados canarios que aprueben la ley integral 'trans' --ya en la recta final de las enmiendas-- para que las islas se conviertan en un "referente" de derechos y en un "espacio seguro".

"Aprobamos una ley que no resta nada a nadie, suma derechos y nos enriquece como pueblo, como personas, aprobemos la ley para que nadie tenga que abandonar su hogar o exigir ser tratada desde el respeto. Esta ley se trata de eso: respeto, libertad y dignidad de un colectivo que lleva demasiadas décadas reclamándolo", ha señalado.

Antonelli sí ha pedido que se respete el "espíritu" de los colectivos y sin miedo al Tribunal Constitucional porque ninguna de las once leyes autonómicas "ha sido tumbada", recordando que la ley canaria de 2014 "salió adelante porque era lo menos malo" y permitía la atención sanitaria pero era una "ley patologizante" que ahora "no tiene ni pies ni cabeza".

"No queremos que nos toleren, queremos que nos respeten, de tolerancia vamos bien servidas, ahora vamos a la siguiente casilla", ha indicado.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el objetivo es hacer una ley "vanguardista y que sea referente" y espera que haya "consenso" en la Cámara porque es una iniciativa "que viene de la calle" y que viene a pedir "respeto" a la diversidad sexual y de género.

Ha criticado que las persona 'trans' sufran "violencia" casi a diario y también en el ámbito familiar por lo que propone "castigar" a quienes hacen sufrir a estas personas, al tiempo que ha pedido más "sensibilización" desde los centros educativos.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD NO ES UN CAPRICHO

María del Río, de Sí Podemos, ha comentado que "hay un debate en la sociedad" al derecho a la autodeterminación, "a ser quien eres y no te penalicen por ello", tildando de "muy cruel" que no se entienda la "cara de sufrimiento" que arrastran las mujeres 'trans'.

Ha pedido "ponerse en la piel" de estas personas y entender que su derecho a la identidad "no es caprichosa", y aunque se ha ido "avanzando" en derechos, hay una "deuda histórica" con las personas 'trans'.

Además, ha criticado que se hable de "borrado de las mujeres" con las nuevas leyes 'trans'.

Carmen Hernández (NC) ha dicho que Antonelli es un "ejemplo vivo" de que "el cambio y el progreso es posible" si bien aún "insuficiente" para las personas 'trans', que deben seguir "peleando cada día" en defensa de sus derechos.

Ha lamentado que se quiera "imponer" la identidad a otras personas y defendido, por contra, el movimiento "potente y organizado" del ámbito de la LGTBI en Canarias y el "consenso" alcanzado en la Cámara --a falta del Grupo Popular--, que debe ser avalado por los propios colectivos. "Esta es una línea roja para nosotros", ha comentado.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha comentado que su grupo no va a ayudar a "retroceder ni un ápice" en los derechos de las personas 'trans', con un Parlamento canario que está "en el siglo XXI", y recordando que la ley canaria se aprobó por consenso en 2014, "pionera y a la vanguardia", aunque no desarrollada en su integridad.

FALTA DE CONSENSO CON EL GRUPO POPULAR

Sobre la nueva ley que tramita la Cámara, ha lamentado que no hubo consenso en la presentación de enmiendas y se dejó al Grupo Popular al margen. "No pasamos por la imposición", ha indicado, advirtiendo de que la nueva norma tiene "inseguridad jurídica" según los criterios del Consejo Consultivo.

Jesús Machín, del Grupo Nacionalista, ha comentado que los grupos parlamentarios han dado un ejemplo de "unidad de acción" a la hora de lesgislar en favor de las personas 'trans' y sostiene que la nueva ley autonómica les dará más "protección", incluso en materia de empleo.

Omar López, del Grupo Socialista, ha apoyado que Canarias cuente "cuanto antes" con una nueva ley que "elimine trabas" y garantice el cumplimiento de los derechos de las personas 'trans' e intersex y se acabe con la "cultura patologizante.

Ha apuntado que el nuevo texto "no es un capricho" y está consensuado con los colectivos LGTBI y defendió que Antonelli es un "ejemplo vital" que ha abierto "muchos caminos" a las personas 'trans'.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, insisten en que la Agencia Tributaria tenía, desde 2018, la obligación de abrir una inspección al Rey emérito, a la vista de los "numerosos indicios de posibles incumplimientos tributarios" que se desprendían de las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo publicadas en los medios, así como de las conclusiones de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.

De hecho, aseguran que sólo la apertura de un proceso penal habría impedido la apertura de esa investigación y que la Fiscalía Anticorrupción esperaba ya en septiembre de 2018 que la Agencia Tributaria la hubiera emprendido.

En este sentido, Gestha afirma en un comunicado que en el informe de 7 de septiembre de 2018, de los dos fiscales anticorrupción al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la Pieza Separada de investigación "Carol" de las Diligencias Previas n° 96/2017, expresaron que: "Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delitos fiscales."

Añaden que el mismo día, el Juez Central número 6 levantó el secreto de esta pieza y dictó el sobreseimiento provisional, y la Fiscalía cerró esta investigación que, según afirman los Técnicos de Hacienda, "habría podido concluir en el descubrimiento de posibles delitos fiscales del Rey emérito que, obviamente, ni siquiera podía notificarle por estar aforado al Tribunal Supremo".

Por tanto, Gestha califica de "simples excusas" la afirmación de algunos portavoces de que la Agencia Tributaria no podía actuar, pues la vía de iniciar una inspección tributaria "siempre ha estado abierta porque en ningún momento ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía han notificado al Rey emérito ninguna investigación para averiguar posibles delitos fiscales".

LA ACTIVIDAD DE FISCALÍA ES PREPROCESAL Y NO HAY INCOMPATIBILIDAD

Recuerda, además, que tanto el principio de no duplicidad sancionadora, derivado del artículo 25 de nuestra Constitución, como el de litispendencia penal, del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están referidos al procedimiento penal.

Así, afirman que la actividad investigadora de la Fiscalía tiene carácter de "preprocesal", por lo que no puede extenderse a la misma la incompatibilidad entre el procedimiento penal y el administrativo.

Gestha entiende que la Ministra de Hacienda pudo recibir una "información incorrecta", a la vista de las declaraciones que efectuó ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al "utilizar excusas no fundamentadas para justificar que no se hubieran abierto inspecciones". Estas excusas, añaden, también se han repetido para "ocultar la falta de eficacia de la AEAT para reducir la economía sumergida y mantener las limitaciones en la lucha contra el fraude fiscal.

Igualmente, los Técnicos de Hacienda rechazan totalmente las propuestas, que se han conocido, de sustituir a Fiscales en la persecución del delito contra la Hacienda Pública, duplicar estructuras administrativas, o incluir en inspección a los ciudadanos que esté investigando la Fiscalía por delitos fiscales.

Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, los técnicos del Ministerio de Hacienda están convencidos de que simplemente tratando a todos los contribuyentes de la misma manera puede disminuir la percepción social de que existen 'escudos fiscales' y "de que no es en absoluto necesario aumentar el gasto administrativo, ni tutelar el trabajo de la Fiscalía, ni atribuirse competencias del Ministerio del Interior".

Uno de cada 10 jóvenes españoles cree que si una mujer ha consumido mucho alcohol se expone a que un chico tenga relaciones con ella, aunque no esté consciente. Además, el 8,9% de los chicos piensa que, si una chica se viste de manera provocativa y anda sola por la calle a altas horas de la noche, se está exponiendo a que le pase algo.

Esta es una de los datos del informe 'Rompiendo Moldes' publicado este 3 de marzo por Oxfam Intermón en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer, una investigación realizada durante 2020 que ha realizado una encuesta online a 1.500 jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años en España para comprender los comportamientos sociales de este colectivo vinculados a las violencias machistas.

Entre las principales conclusiones, destaca que los jovenes y adolescentes han normalizado violencias machistas como las prácticas sexuales no deseadas o sin consentimiento previo o violencias derivadas de la práctica del 'sexting' (enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil) y que culpabilizan a las víctimas cuando se llevan a cabo.

Así, el informe, concluye que las violencias machistas entre jóvenes y adolescentes son una realidad y están poco identificadas y visibilizadas desde el mundo adulto. Además, destaca el hecho de que se culpabilice a las chicas en el caso que se viralice el contenido sin su consentimiento, mientras que en los chicos se normaliza que puedan ejercer esta práctica.

En la misma línea, el 44% de los chicos opina que "si alguien hace 'sexting' está asumiendo el riesgo de que alguien pueda reenviar el contenido", culpabilizando así a quien experimenta este tipo de violencia y quitando la responsabilidad a la persona que la está ejerciendo.

El documento también destaca que la falta de comunicación en las relaciones sexoafectivas promueve prácticas sin consenso o sin consentimiento, normalizándolo y ocultándolo como una forma de violencia sexual.

Por otro lado, el 58,6% de personas encuestadas niega que "es común que un chico quiera tener sexo sin condón" mientras que el 22,3% lo afirma. En los distintos grupos de edad se destaca que, a medida que aumenta la edad, más creen que es habitual que un chico quiera tener sexo sin condón: un 16% en el grupo de 15 a 18 años, un 23% en el de 19 a 22 años y un 24,5% en el de 23 a 25 años.

CAE EL AMOR ROMÁNTICO

En cualquier caso, el informe constata "avances significativos" como el cuestionamiento de los mandatos de género y los mitos del amor romántico, dos pilares donde se reproducen imaginarios que legitiman violencias machistas, según los autores del documento, que insisten en la importancia de cambiar estas creencias sociales, promoviendo modelos de relaciones sexoafectivas sanas.

Sobre los mitos del amor romántico, el documento constata que, en general, adolescentes y jóvenes cuestionan los mismos aunque este cuestionamiento y rechazo es más evidente entre las personas con identidades no normativas y en las chicas que en los chicos.

El informe detalla que entre las personas jóvenes y adolescentes se mantienen presentes tres imaginarios sobre la masculinidad: la invulnerabilidad emocional; el deseo heterosexual incontrolable y la actitud dominante como rasgo atractivo. Éstos se construyen en contraposición con los femeninos, destacando el mandato de complacer a las demás personas y el de la sumisión.

Según los resultados de la encuesta, 2 de cada 10 chicos piensan que "el amor duele" y 1 de cada 10 piensa que la capacidad de dominar hace un hombre más atractivo. Además, 2 de cada 10 chicos y 1 de cada 10 chicas afirman que los hombres tienen mayor deseo sexual que las mujeres.

Por otra parte, las personas encuestadas afirman que prácticas como el control a través de los teléfonos móviles o los celos se identifican como nocivas y que por tanto las rechazan, reconocen que siguen presentes en sus entornos.

Por todo ello, el estudio advierte de que prevalece un modelo de masculinidad basado en la creencia que los hombres son menos vulnerables a las emociones, que tienen un deseo sexual incontrolable y que si son dominantes resultan más atractivos.

EDUCACIÓN SEXOAFECTIVA CON PERSPECTIVA DE DERECHOS

Ante esta situación, ve imprescindible "una educación sexoafectiva feminista, transversal y con perspectiva de derechos" que aborde aspectos como la comunicación en las relaciones sexuales y la gestión emocional.

También señala que las campañas de prevención y sensibilización de las violencias machistas deben generar mensajes positivos y deben interpelar a los chicos promoviendo masculinidades diversas y críticas.

El informe 'Rompiendo Moldes' forma parte de la línea de trabajo de Oxfam de los últimos años con Rompiendo Moldes Latinoamérica y El Caribe en 2018, así como su réplica en Argentina en 2020. El estudio se ha realizado, en alianza con Oxfam Intermón, por el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats de Barcelona (CJAS).

El técnico especialista en Ayuda Humanitaria de Cruz Roja, Xavi Díaz, que se encuentra en el campamento Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado que no dependen de la organización el regreso o no de los 64 inmigrantes que salieron del mismo el pasado fin de semana y a los que ha afirmado intentaron frenar para que no abandonaran el lugar y por ende el programa que se realiza con ellos.

Díaz, que estaba presente el día que los 64 migrantes del Canarias 50 abandonaron el lugar, ha explicado que la base de lo ocurrido se encuentra en la notificación que la organización recibió por parte del Ministerio competente entre el miércoles y jueves de la pasada semana en la que se informaba de que había que desplazar a las personas que estaban en las carpas de la fase uno a la dos para empezar a construir unos módulos con el fin de mejorar la condiciones de habitabilidad.

Esto desde Cruz Roja se percibió como algo "positivo", ya que se había producido algún tipo de inundación, por lo que pensaban que era un hecho que los inmigrantes valorarían.

Sin embargo, Díaz puntualizó que cuando se planteó, "no" recibieron "muy bien" la noticia y los inmigrantes empezaron a exponer cuestiones que "no tienen nada que ver con el cambio" de fase que físicamente, matizó, implicaba un desplazamiento de unos 10 metros entre una carpa y otra.

Todo ello originó un debate que se prolongó entre una hora y media y dos en los que, ha incidido Díaz, se intentó dialogar con ellos y explicarles que "no" existía connotación alguna, si bien el "sentimiento de frustración" que los inmigrantes tienen --al no poder continuar con su periplo hacia la península-- acaba llevando a un ambiente, dijo, que "se enrarece", donde hubo "insultos" y se produjo una "situación complicada", desembocando en el abandono de los 64 inmigrantes del campamento.

"ABANDONAN DE FORMA VOLUNTARIA"

En relación con ello, Díaz ha reiterado que en varias ocasiones se les intentó hacer ver a los inmigrantes que "no" cometieran "ese error porque tiene una repercusión sobre ello, abandonan el programa y eso significa que se quedan en la calle, si abandonan de forma voluntaria".

A pesar de todo "no" escucharon y decidieron irse, puntualizando que "no han sido expulsados por Cruz Roja, han abandonado voluntariamente el campamento", de ahí que subraye que "no" depende de la organización el que puedan o no volver.

Los 64 inmigrantes que salieron del campamento, sobre los que Díaz apuntó que "no" hay medidas disciplinarias, se encuentran ahora en las calles de Las Palmas de Gran Canaria y el lunes, 1 de marzo, volvieron para presentar una solicitud de readmisión.

Al respecto, el técnico especialista en Ayuda Humanitaria de Cruz Roja ha señalado que se les trasladó la posibilidad de presentarla en la sede central de la organización en Las Palmas de Gran Canaria, para podérsela hacer llegar al Ministerio competente porque su readmisión "no es una potestad" de Cruz Roja, pero ha afirmado que están abiertos a cualquier medida que se les pueda solicitar.

LA FRUSTRACIÓN "ES INNEGABLE"

Xavi Díaz ha reconocido que la "frustración" entre los inmigrantes "es innegable", señalando que muestra de ello es la pancarta que este fin de semana había a las puertas del campamento y que "no decía nada más que dejarnos continuar nuestro camino".

"Ellos quieren continuar su camino. Nosotros por desgracia no podemos dar esos papeles", apostilló para agregar que mientras los migrantes consiguen su objetivo, que es llegar a península, Cruz Roja trabaja con un programa en el que hay psicólogos que buscan frenar esa frustración, posibles vulneraciones que sufran o enseñarles el idioma.

IMPOTENCIA

Esta labor que desarrolla Cruz Roja también hace que cuando ocurran situaciones de este tipo, dice Díaz, se sientan "impotentes" porque ven como personas con las que trabajan, optan por abandonar un campamento, un programa, con las consecuencias que eso les puede acarrear.

En este sentido, consideró que se están dando situaciones fuera del campamento que "habría que abordarlas", si bien en el mismo apuntó que Cruz Roja debe proteger a la gente que hay dentro --321 migrantes--, así como a sus trabajadores que se enfrentan a situaciones "muy tensas", afirmando que con el abandono de estas 64 personas "hubo algún trabajador que acabó llorando porque son gente que estás intentando cuidar.

Por último, en relación a si ha habido un cambio de actitud en cuanto a las peticiones para mejorar protocolos o instalaciones, ha admitido que "han cambiado las cosas para bien", ya que señaló que cuando es necesaria una reparación, se realiza "sin ningún tipo de problema", a lo que se suma que ellos intentan hacer efectiva peticiones que le hacen los propios inmigrantes, tales como adecuarles un lugar para rezar o facilitarles el cambio de ropa, entre otras cosas, para que se de "una paz" en la que poder llevar a cabo el trabajar con ellos.

Las denuncias por violencias machistas han ido creciendo en los últimos años hasta sumar 601.416 entre 2015 y 2019, según los datos recogidos en un estudio realizado por el Ministerio del Interior. El documento destaca que la violencia psíquica y la física son las que más de denuncian, por delante de la sexual y la económica.

Tal y como ha explicado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, se trata de la primera iniciativa que aborda a nivel nacional y de una manera global todos los hechos violentos que sufren las mujeres.

Los datos se han obtenido a través de la información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mujeres víctimas y perjudicadas por este tipo de hechos violentos, tal y como se hace en otros informes como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el estudio recoge la evolución de las denuncias, que han pasado de las 119.036 en 2015 a las 131.591 en 2019. Por tipología penal, la mayoría (59,9%) corresponden a malos tratos en el ámbito familia, seguido de los malos tratos continuados (10,7%), el quebrantamiento de órdenes de protección (7,7%) y las amenazas (6,9%).

El estudio también destaca las lesiones (que suponen el 4,1% de los delitos contra la mujer), el abuso sexual (3,9%), el impago de prestaciones económicas (2,8%), el acoso (2,1%) y las coacciones (1,8%). El 9,1% restante corresponden a otras violencias.

Del mismo modo, indica que el 75% de los delitos denunciados de violencia contra la mujer afectan a ciudadanas españolas y que, en conjunto, el 68 por ciento de los actos violentos conocidos por las fuerzas de seguridad están relacionados con la violencia de género, que, indican los expertos, es a su vez el tipo de violencia contra la mujer que más ha crecido en los últimos años, especialmente en violencia psíquica.

LA MAYORÍA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA

De hecho, la violencia psíquica ha sido la más denunciada, más de la mitad de las medidas interpuestas en estos cinco años (305.271) corresponden a este tipo de violencia.

Según el estudio, son las mujeres de entre 31 a 40 años las que más la han denunciado, en concreto más de 91.000 entre 2015 y 2019, seguidas e las de entre 18 y 30 años, con 81.366 denuncias, aunque el documento destaca un incremento de los casos en mujeres mayores de 65 años en estos cinco años. Además, se precisa que en un 72% de los casos anuales esta violencia psicológica se produce en el contexto de la pareja o la expareja.

La segunda violencia más denunciada es la física. Desde las 48.515 de 2015, a las 49.608 de 2019, se han contabilizado un total de 233.577 denuncias en cinco años. En este caso son las mujeres entre 18 y 30 años las que más han acudido a las comisarías por este motivo, por delante de las que cuentan entre 31 y 40.

En cuanto a la relación entre víctima y agresor, en este caso, también es el contexto de pareja o expareja el que más casos de este tipo registra, en torno al 77% anual, frente a la violencia doméstica (relación familiar), que es el 15% anual de estos caso, mientras que otras relaciones (fuera del entorno familiar) suponen en torno al 8% anual de las denuncias de violencia física.

MÁS DE 17.000 DENUNCIAS DE MENORES

La violencia sexual, por su parte, supone el 7% del total de denuncias por violencias machistas entre 2015 y 2019 (44.333). El documento destaca que se ha ido detectando un crecimiento progresivo de ellas en estos años. Así, en 2015 fueron 6.692 las denuncias registradas, mientras que un año más tarde serían 7.506 las contabilizadas. En 2017 fueron 8.239; en 2018 10.371 y en 2019 11.525.

En cuanto al perfil de las víctimas, en este tipo de violencia la mayoría de denuncias lo hacen ante actos sobre menores (17.453), seguido de las denuncias de mujeres de entre 18 y 30 años (14.650). Los datos señalan que son estas últimas las que sufren más agresiones con penetración.

En una media anual del 86% estos delitos se cometen en el contexto que el estudio recoge como "otras relaciones"; en torno al 8%-10% en el ámbito de la violencia doméstica, mientras que entre un 4% y 5% anual es un caso de violencia de género.

En último lugar, el 3% restante de denuncias son por actos de violencia económica (18.235) que, en este caso se dirigen contra mujeres sobre todo entre los 31 y los 40 años. En este supuesto, indica el documento la tipología delictiva se concentra en torno al impago de prestaciones económicas (91,8 por ciento) en el marco del fenómeno de la violencia de género.

Finalmente, el estudio destaca que, en términos cuantitativos, la cifra más elevada de denuncias se produjo en el año 2019 salvo en el caso de la violencia económica, que fue en 2015 coincidiendo con la reforma del Código Penal que revisó los tipos penales incluidos en esta categoría.

Fuentes del Ministerio han explicado que Grande-Marlaska anunciará en próximos días un paquete de medidas relacionados con la violencia de género y que son resultado del análisis de los datos de este informe.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 3 años y 1 mes de prisión y 3 años de libertad vigilada, por un delito de agresión sexual, a un acusado que realizó tocamientos a una joven de 19 años con la que se había citado para contratarla como empleada del hogar, como niñera de su hija menor, en una localidad de la Ribera de Navarra.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el encausado, de 38 años, deberá indemnizar con 9.000 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse ni comunicarse durante 5 años.

Según ha informado el TSJN, en el juicio, celebrado el 18 de diciembre del pasado año, el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron una condena de 8 años por un delito de agresión sexual, mientras que la defensa reclamó la absolución.

El acusado contactó a través de mensajes de WhatsApp con la víctima, con quien había contactado a raíz de que ella hubiera publicado una oferta de trabajo como empleada del hogar interna a través de una página web.

Tras varias conversaciones en las que él se interesó por la situación y circunstancias personales de la joven, ambos acordaron que ella se desplazara desde Zaragoza, donde residía, hasta una localidad de la Ribera de Navarra en la que el procesado tenía su domicilio. La idea era que la denunciante conociera a la hija menor del procesado, a la que supuestamente iba a cuidar.

Sobre las 18.30 horas del 5 de agosto de 2018, el inculpado la recogió en la estación de tren y la llevó a su vivienda. Una vez allí, comenzó a hablarle de "temas personales", le dijo que necesitaba "una mujer fiel", se aproximó a ella y comenzó a abrazarla.

Según se considera probado en la sentencia, intentó desvestirla y besarla, a lo que ella se opuso. Después la cogió del brazo y la llevó "a la fuerza" a su dormitorio, donde le quitó la ropa interior y "le tocó por el cuerpo". Ante la oposición reiterada de la joven, el encausado cesó en su actitud.

De nuevo en el salón de la vivienda el procesado retomó su actitud anterior y volvió a realizarle tocamientos contra su voluntad. Por la fuerza volvió a llevarla al dormitorio, en donde continuó con los tocamientos.

Finalmente, depuso su actitud, la llevó a la estación de tren y le pagó el billete de regreso a Zaragoza. En la capital aragonesa la víctima fue reconocida en el servicio de urgencias de un hospital. No se observaron lesiones físicas.

La joven, de nacionalidad venezolana, se encontraba entonces sin familiares ni trabajo en España, en una situación calificada como "vulnerable". A consecuencia de los hechos ha precisado de seguimiento psicológico, recoge la sentencia.

Por esta causa el inculpado estuvo encarcelado provisionalmente desde el 9 de agosto de 2018 hasta el 8 de febrero de 2019.

"INTIMIDADA Y BLOQUEADA"

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual. Expone que la víctima ratificó en la vista oral sus declaraciones previas ante la policía y el juez instructor.

Para el tribunal, la declaración prestada por la perjudicada es "coherente" salvo en un aspecto relativo a un sangrado que en un primer momento refirió haber sufrido, lo cual la Sala lo atribuye a la situación de "miedo y bloqueo" que padeció la víctima, así como a su inexperiencia sexual.

Respecto a las supuestas contradicciones alegadas por la defensa, los magistrados comprenden que las diferentes declaraciones no resulten idénticas y presenten variaciones debido al tiempo transcurrido y al entorno en que se llevó a cabo el interrogatorio, pero aseguran que se mantuvieron "en lo esencial" respecto a los hechos constitutivos del delito "en los matices y detalles aportados", lo que determina su "credibilidad".

Tampoco aprecian los jueces motivos espurios para formular la denuncia, puesto que no se ha probado que haya obtenido beneficio alguno.

El tribunal valora que la víctima es una persona "mucho más joven y de menor experiencia que el acusado, frente a quien se encontraba en una situación de inferioridad", ya que por sus circunstancias personales y sociales se hallaba en "una situación de vulnerabilidad", extremo que él conocía.

Todo ello dio lugar a que, según el tribunal, la joven se viera sorprendida por el cariz que tomaba la conversación con el procesado, "y por su actitud se sintiera asustada, intimidada y finalmente bloqueada" ante la actuación de aquel, quien utilizó "este ambiente intimidatorio" para someterla a "actos sexuales que no deseaba".

Sobre el delito de agresión sexual con acceso carnal imputado por las acusaciones, la Sala estima que no existe prueba objetiva alguna que permita concluir que se realizara una penetración por parte del encausado.

La número dos del PSC, Eva Granados, ha advertido este miércoles al vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, de que no se pueden defender a los Mossos y a la vez pactar con la CUP: "ERC, Junts y la CUP son la combinación de los que animan a apretar, los que dicen que mejor esperar, y los que creen que cualquier excusa es buena para apretar. O respeto, o apretar. O Mossos, o CUP".

En la Diputación Permanente del Parlament, Granados ha exigido a Aragonès responder si el Govern se presentará como acusación particular contra los autores de los altercados, si prestará defensa jurídica a los agentes que "puedan ser denunciados por el trabajo hecho", y de qué herramientas disponen los Mossos d'Esquadra para disolver protestas violentas.

"¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Hace demasiado tiempo que el Govern está tolerando actuaciones vandálicas en las calles", ha aseverado Granados, que ha dicho que todos recuerdan que el expresidente del Govern Quim Torra animó a apretar a representantes de los CDR en el primer aniversario del 1-O.

Granados ha acusado a Aragonès de haber sido ambiguo ante las protestas, algo que cree que da más oxígeno a los violentos, y ha añadido que la pasada legislatura fue la de los ejercicios de equilibrismo, pero que ahora "pasan del equilibrismo a los malabarismos".

Ha criticado que Aragonès haya apostado en su comparecencia por abordar la raíz del problema y el malestar de los jóvenes, cuando llevan años gobernando y no lo han hecho, según ella, y ha dicho a Aragonès que el descontento de los jóvenes "puede explicar pero no justificar en ningún caso la violencia, porque es la negación de la libertad y la democracia".

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, cree que "lo mejor sería mantener el cierre" perimetral en Semana Santa y no se plantea la flexibilización del toque de queda en la comunidad al menos hasta el 14 de marzo, fecha en la que concluye la prórroga de la medida actualmente en vigor.

Así lo ha afirmado este miércoles en declaraciones el consejero al hilo del debate abierto estos días sobre la flexibilización de medidas ante la favorable evolución de la pandemia en Cantabria y en general en el conjunto del país.

Pese a todo, el consejero cree que hay que ser "prudentes" y, sobre el debate acerca de la Semana Santa cree que "muchas comunidades" van a optar por esta postura y apuestan en estos momentos por mantenerse cerradas. De hecho, es lo que, por ahora, ha recabado de sus conversaciones con varias del norte del país.

Sin embargo, Rodríguez ha advertido que aún falta un mes para la Semana Santa y, por tanto, para analizar cómo evoluciona en esta semanas la pandemia.

Sobre la posibilidad de una postura consensuada de todas las comunidades por la que ayer abogó el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, Rodríguez entiende que si hay comunidades autónomas que ya han tomado una decisión y se plantean abrir puede que no haya acuerdo en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud.

Ayer, Revilla afirmó que Cantabria pondrá sobre la mesa abrir las comunidades si la incidencia acumulada en la región a los 14 días ronda los 50 casos por cada 100.000 habitantes --según los últimos datos está en 125--, ya que con esa tasa la situación sería "muy controlable" porque se podría hacer un seguimiento "muy firme" de los contactos.

Por su parte, el consejero cree que "para poder plantearse" abrir en Semana Santa tendría que haber "mucha más gente vacunada", como por ejemplo toda la población mayor de 60 años algo que, según ha reconocido, "no va a ser así".

TOQUE DE QUEDA

También se ha referido a la posible flexibilización del toque de queda en la comunidad --que actualmente es de 22.00 a 6.00 horas-- después de que Revilla el lunes afirmara que se estaba estudiando retrasarlo a las 23.00 a petición del sector hostelero y por la reapertura del interior de sus negocios, si bien aclaró que la decisión dependerá en todo caso del informe favorable de la Consejería de Sanidad.

El consejero ha afirmado que la última prórroga adoptada del actual toque de queda está en vigor hasta el 14 de marzo, con lo que no se plantea la modificación antes de esa fecha.

Ha explicado que la semana que viene Sanidad hará un informe sobre la situación que será el que haga plantearse o no la flexibilización del toque de queda.

Por ahora, lo que sí se ha flexibilizado son las medidas a la hostelería, que desde este miércoles puede abrir el interior de los locales --cerrados desde noviembre-- aunque a un tercio de su aforo.

El consejero tiene la "esperanza" de que esta apertura "no altere excesivamente" la evolución de la pandemia. Además, "a corto plazo", al menos hasta que se compruebe el impacto de la medida en los próximos 10 días, no se planteará una mayor relajación de los aforos.

PRESELECCIÓN DE GRANDES RECINTOS DE VACUNACIÓN

Y en cuanto a la vacunación y al posible establecimiento de grandes recintos donde poder administrar las dosis de forma masiva, el consejero cree que "todavía" no es necesario y cree que, de darse, sería ya "para el segundo trimestre del año.

Sí ha señalado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), en cada una de las 42 Zonas Básicas de Salud que hay en la comunidad, ha hecho una "preselección" de posibles lugares donde podrían llevarse a cabo.

Unidas Podemos y formaciones independentistas como Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP defenderán el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para acabar lo que consideran una "imposición legal del castellano" en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer nuevas, como el asturiano.

Estos partidos, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y garantice, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.

"Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística", señalan en el texto, apuntando la situación de "discriminación" a la que, a su juicio, han sido sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano.

EL MISMO RECONOCIMIENTO QUE EL CASTELLANO

Así las cosas, en su proposición, de cuya defensa en el Pleno se encargará Bildu, los partidos firmantes instan al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen "del mismo reconocimiento" que el castellano, y sus hablantes "de los mismos derechos y deberes", y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan.

En la redacción original, los proponentes --entre los que inicialmente se encontraba ERC-- también emplazaban al Gobierno a garantizar el uso de las diferentes lenguas en instituciones nacionales, entre las que citaban las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española (RTVE).

Sin embargo, la Mesa del Congreso, atendiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, pidió a las fuerzas políticas promotoras de esta iniciativa reformular este punto en tanto que no pueden instar al Ejecutivo a acometer actuaciones que "exceden de su competencia", según argumentaron los servicios jurídicos de la Cámara.

En el texto final aparece este punto ya modificado, con el que Unidas Podemos y el resto de partidos llaman al Gobierno a aprobar las iniciativas legislativas oportunas para garantizar el uso de las lenguas diferentes del castellano las Cortes Generales, los tribunales Consticional, Supremo y la Audiencia Nacional, organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, u otras empresas y entidades públicas como RTVE.

Además, reclaman que el Estado garantice la capacitación de las lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el "reconocimiento internacional" de estas lenguas "en paridad con el castellano.

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE OTRAS LENGUAS

Además, reclaman que se permita el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico --dentro y fuera de las fronteras administrativas--, y que se suscriban acuerdos para la recepción recíproca de los medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos.

Exhortan también al Gobierno a que apoye las reformas estatutarias con el fin de que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del país que aún no han obtenido esa condición, como es el caso de Asturias.

Por último, piden poner fin con "la imposición legal exclusiva del castellano" en la normativa estatal por afectar "de manera frontal" al ámbito económico y, singularmente, al etiquetado, y exigen la puesta en marcha de una política que termine con esta "discriminación" lingüística y fomente el conocimiento de otras lenguas.

Los obispos españoles han recomendado la "participación presencial" en las celebraciones de la Semana Santa 2021, "siempre que sea posible" y con "responsabilidad" teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19; y aconsejan la retransmisión de las mismas para quienes no puedan acudir físicamente.

Así lo indica la Comisión para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en unas observaciones generales en las que se adaptan a la realidad española las recomendaciones del Vaticano respecto a la Semana Santa.

"Siempre que sea posible, desde un discernimiento responsable que ha de hacer cada fiel, se recomienda la participación presencial en la celebración, formando parte activa de la asamblea", subraya la CEE.

Si bien, precisa que para aquellos fieles que, por razón de edad, enfermedad, o de "prudencia sanitaria", no puedan participar presencialmente en las celebraciones, se debe facilitar la retransmisión por los medios de comunicación.

La Comisión precisa que en todas las celebraciones "se deberán respetar las normas emanadas de las autoridades sanitarias en la lucha contra el virus: el aforo de los templos, las recomendaciones sanitarias e higiénicas, el uso de la mascarilla, disponibilidad de gel hidroalcohólico, distancia social, ventilación de los espacios".

También propone "reducir al mínimo necesario" el número de ministros que intervienen --acólitos, lectores--, y subraya que "el canto no está prohibido, siempre y cuando no exista alguna indicación expresa de las autoritarias sanitarias y se haga con las medidas de precaución adecuadas", como el uso de mascarilla en todo momento. No es aconsejable, según añaden, el canto o la música grabados.

Igualmente, la CEE pide evitar la distribución de subsidios para el canto en soporte de papel o cualquier tipo de folleto para prevenir contagios y aconseja instruir a los fieles para recibir la comunión de manera "segura y ordenada".

Además, "en el caso de que los aforos permitidos en las iglesias sean un grave problema para la participación", la CEE señala que el obispo diocesano puede autorizar a que se hagan "varias celebraciones en el mismo templo en horas sucesivas".

En cuanto a los sacerdotes que estén afectados por el virus y estén confinados, la CEE les pide que procuren también celebrar los distintos ritos, en la medida de lo posible y si su salud se lo permite.

Asimismo, recomienda "vivamente" que se fomente el Sacramento de la Penitencia, a través de una mayor disponibilidad de los sacerdotes para la confesión "con todas las medidas de precaución, distancia social y discreción".

En concreto, sobre el Domingo de Ramos, piden evitar la procesión y proponen en las catedrales utilizar la entrada solemne, mientras que "los fieles permanecerán en sus lugares y se hará la bendición y la proclamación del evangelio desde un lugar, dentro de la iglesia, en el que los fieles puedan ver el rito".

En la procesión al altar, puede participar una representación de los fieles junto con el Obispo y los ministros, según indica. En las parroquias y demás lugares de culto, sugieren utilizar la entrada simple. Atendiendo a la Misa crismal, la CEE propone que el obispo traslade la fecha de su celebración al día que parezca más adecuado.

Sobre el Jueves Santo, la CEE señala que, "de forma excepcional", al igual que el año pasado, "los sacerdotes tienen la facultad de celebrar este día la Misa sin el pueblo, si concurren circunstancias que así lo aconsejen --por ejemplo, el contagio con el virus del propio sacerdote o el confinamiento de una población--". Además, precisa que "ha de omitirse el rito del lavatorio de los pies".

Además, dado que este año la celebración se hará, en la mayor parte de los casos, con alguna participación del pueblo, proponen que "no se omita la procesión y la reserva del Santísimo Sacramento para la adoración y la comunión al día siguiente".

El Viernes Santo, la CEE precisa que se ha de asegurar la celebración de la Pasión del Señor, "por lo menos, en la Catedral, en los templos parroquiales, al menos en los principales", y en aquellos de mayor capacidad dentro de las zonas pastorales establecidas en cada diócesis.

En la oración universal, señalan que se utilizará el formulario habitual con el añadido de la intención especial que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el pasado año, en la que se reza "por quienes sufren en tiempo de pandemia": "Para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto".

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno regional reabrirá, a partir de este jueves, los parques y yacimientos arqueológicos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su visita seguirá siendo gratuita hasta el próximo 31 de mayo.

Estas instalaciones, ha explicado Rosa Ana Rodríguez, cerraron el pasado 21 de diciembre por las vacaciones de Navidad y no han podido abrir hasta este jueves por los efectos de la tormenta Filomena y las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera, que ha animado a todos los castellanomanchegos a visitar estas joyas arqueológicas con las que cuenta la Comunidad Autónoma, ha destacado que esta "es una manera de conocer nuestro patrimonio, disfrutarlo y además reactivar la economía de la comarca donde están enclavados".

Por otra parte, ha indicado que, tras la mejora de la situación sanitaria, se ha elevado el número de personas para las visitas guiadas a estas instalaciones hasta diez (nueve más el guía).

Asimismo, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes también se ha acordado racionalizar los días de las visitas en virtud del número de visitantes que reciben los parques y yacimientos.

Así, se ha estipulado que abran sus instalaciones los jueves y domingos por la mañana, y viernes, sábados y festivos mañana y tarde, los parques arqueológicos de El Tolmo de Minateda (Albacete), Alarcos (Ciudad Real), Recópolis (Guadalajara), Carranque (Toledo) y los yacimientos de Noheda (Cuenca) y Ercávica (Cuenca).

Por su parte, abrirán sus puertas los viernes y domingos por la mañana, y los sábados, domingos y festivos mañana y tarde, el Yacimiento Conjunto de los Casares (Guadalajara), el Yacimiento del Ceremeño (Guadalajara) y los monumentos del Monasterio de Monsalud y de Bonaval, ambos situados en la provincia de Guadalajara.

Las visitas a todos ellos son guiadas y únicamente con reserva previa que se puede realizar a través de la https://cultura.castillalamancha.es/ dentro del apartado de Patrimonio Cultural.

24.000 VISITAS DURANTE 2020

A pesar del cierre durante algunos meses por la pandemia y las restricciones de aforo provocadas por la misma, alrededor de 24.000 personas visitaron los parques y yacimientos arqueológicos dependientes de la Junta durante el pasado año.

En concreto, el más visitado fue el yacimiento de Noheda con 6.115 visitantes; seguido por Recópolis con 4.762; Carranque con 2.678; El Tolmo de Minateda con 2.320 visitantes; Bonaval con 2.120; Alarcos con 2.057; Monsalud con 1.435; Ercávica con 1.346; Ceremeño con 641 y la Cueva de los Casares con 488.

La inestabilidad marcará estos días y dejará lluvias y chubascos que afectarán principalmente al área mediterránea peninsular, Baleares y la ciudad autónoma de Melilla, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que explica que la situación atmosférica predominante en la Península Ibérica se denomina "antano barométrico".

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que este fenómeno se caracteriza por una presión atmosférica muy similar en los diferentes puntos del país. Pero ha añadido que, al mismo tiempo, en las capas altas de la atmósfera hay aire frío y llegan también vientos del este y del sureste impulsados por una borrasca ubicada al norte de Argelia, lo que produce "cierta inestabilidad".

Además, indica que dada la elevada presencia de polvo en suspensión procedente del norte de África, las precipitaciones serán en forma de barro, al menos hasta el viernes cuando la llegada de una borrasca al suroeste peninsular dejará precipitaciones también en aquella zona.

Mientras tanto, prevé que las temperaturas sean normales o ligeramente más altas para la época, especialmente las nocturnas y en la mitad norte.

En concreto, espera que el jueves predomine la nubosidad abundante en el área Mediterránea, Ceuta y Melilla, al tiempo que por la tarde crecerán las nubes de evolución diurna de las que se podrá descolgar "algún chubasco tormentoso y disperso" en zonas de montaña, puntos colindantes del interior, especialmente de la mitad norte y zona centro.

"Es una situación que ya comienza a ser la típica de la primavera, con chaparrones vespertinos de corta duración y que en general no dejan grandes cantidades de lluvia", destaca el portavoz.

Del Campo señala que las precipitaciones "muy probablemente" serán de barro en todas las zonas, por la concentración de polvo en suspensión es elevada en toda la Península que reduce la visibilidad y empeora la calidad del aire.

Respecto a las temperaturas, apunta que subirán en todo el país y se superarán los 20 grados centígrados a orillas del Cantábrico y en el suroeste peninsular.

Para el jueves a última hora, Del Campo anuncia la llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica que nublará los cielos en el oeste de Andalucía y Extremadura, sin descartar alguna lluvia débil por allí a últimas horas. Ese día seguirá la calima, aunque será menos intensa y las temperaturas bajarán en la mitad sur pero subirán en el noroeste, de modo que alcanzarán los 20ºC en las costas gallegas. Respecto a los vientos, lo más destacable para el portavoz será el Levante fuerte en el Estrecho.

La borrasca el viernes se paseará por el entorno del Golfo de Cádiz y dejará precipitaciones localmente fuertes o persistentes sobre todo en el oeste de Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla.

No obstante, añade que las precipitaciones, aunque más débiles podrían extenderse al resto de Andalucía y sur de Extremadura y un día más, a partir del mediodía crecerán las nubes de evolución que pueden dejar posibles chubascos y tormentas en general débiles y dispersos en Pirineos, Baleares, cordillera cantábrica, interior de Galicia.

Los vientos del este fuertes seguirán soplando en el Estrecho y Galicia; del norte serán en Canarias, donde las rachas pueden llegar a ser muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora, sobre todo en las cumbres.

En el archipiélago lloverá en el norte de las islas más montañosas y en la Península irá remitiendo la calima mientras que las temperaturas bajarán por el Cantábrico hasta cuatro o seis grados con respecto al día anterior y solo se esperan heladas débiles en el entorno del Sistema Ibérico y también en páramos de la zona centro.

FIN DE SEMANA

De cara al fin de semana, el portavoz no espera cambios importantes y confía en que seguirá la inestabilidad por la presencia de bajas presiones sobre el norte de África y el aire frío en las capas altas de la atmósfera, con flujo de vientos húmedos de procedencia mediterránea.

El sábado y el domingo habrá chubascos que puntualmente pueden estar acompañados de tormenta en Andalucía, especialmente en el sur de dicha comunidad, en Ceuta, Melilla, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y nordeste de Cataluña. Los chubascos podrían extenderse por la tarde, con tormentas, a zonas del interior peninsular y Baleares. "Chaparrones típicos de primavera", concluye.

Por último, se ha referido a la cota de nieve que se situará entre los 1.800 y 2.000 metros, así como al viento, que seguirá soplando "con fuerza" en zonas altas de Canarias, con lluvias en el norte de las islas más montañosas, sin descartarlas puntualmente en el resto del archipiélago.

Las temperaturas durante el fin de semana el sábado bajarán por el norte y subirán por el sur mientras que el domingo ocurrirá justo "lo contrario".

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pronosticado que "van a ganar la batalla" para lograr plasmar la regulación del precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda y ha admitido el "esfuerzo incansable" por parte de su espacio político de cara a hacer cumplir el acuerdo de coalición suscrito con el PSOE.

Y es que ha apuntado que la coalición y el Gobierno es un terreno de "combate político", algo que hay que normalizar porque las dos formaciones que componen el Ejecutivo representan "intereses diferentes".

Sin embargo, Iglesias ha especificado que esta descripción de la coalición no compone un elemento negativo, puesto que revela un Gobierno "más democrático" con dos formaciones que deben llegar a acuerdos, que al final son "ley y no palabrería", frente a lo que suele ocurrir con Ejecutivos de un solo partido.

Así lo ha indicado tras participar por videoconferencia en la reunión de eurodiputados de La Izquierda en el Parlamento Europeo (The Left), para aludir al papel que juegan en el Gobierno y la relación con los socialistas, el socio mayoritario de la coalición.

En su intervención ha aludido a la posición de Unidas Podemos respecto a la nueva Ley de Vivienda, que ha suscitado tensiones con el PSOE, y ha apuntado que negocian esta nueva normativa con gran "presión mediática", pues todo el "peso de la patronal inmobiliaria" se expresa a través de los medios.

A su juicio, el sector inmobiliario no quiere que se cumpla el acuerdo de coalición, que pauta la regulación del precio del alquiler, que suscribieron él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha augurado que "van a ganar esta batalla" y esta medida se incluirá en la ley.

También ha reconocido el "esfuerzo incansable" por su parte en hacer cumplir el pacto con el PSOE. "Ojalá fuera más fácil y se cumpliera sin esfuerzos, pero la realidad es la que es", ha proseguido.

El PP ha acusado este miércoles al PSOE de querer llevar a Baleares el "exprópiese" que aplicó en Venezuela el expresidente Hugo Chávez y ha avisado que esa actuación frenará la inversión en las islas. Además, ha recalcado que el "fracaso en una política pública de vivienda no puede suplirse atacando la propiedad privada".

El partido que dirige Pablo Casado ha censurado así la decisión del Gobierno balear que dirige la socialista Francina Armengol de iniciar la expropiación de 56 casas de grandes propietarios para destinarlas a alquileres sociales.

Esta operación tendrá un coste de 1,8 millones por siete años. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda. En concreto, se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, que, una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social.

RODRÍGUEZ: "¡ASÍ CÓMO VAN A VENIR INVERSORES A ESPAÑA!"

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha alertado contra esa decisión del Gobierno de las islas y ha calificado de "muy preocupante" que se quiera "expropiar el uso de viviendas".

"Si legalizamos la 'okupación', controlamos los alquileres y expropiamos el uso de viviendas, no sé como van a venir inversiones a España", ha exclamado Rodríguez, para añadir que con estas decidiones se "pierde seguridad".

Según la exministra, con los pasos que están dando el PSOE y Unidas Podemos se va a "convertir al país en un mercado que no es ni libre ni abierto". "Y eso nos va a perjudicar mucho, mucho a todos", ha avisado antes de asistir al 28 congreso de UGT, que se celebra en Madrid.

GAMARRA: "A MÁS INSEGURIDAD JURÍDICA, MENOS INVERSIÓN"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quién ha advertido que la inseguridad jurídica provoca que haya menos inversiones. "¡Exprópiese! Sánchez e Iglesias ya tienen su laboratorio de ensayo socios antes de sacar su Ley de Vivienda", ha enfatizado.

Según Gamarra, el "fracaso" del PSOE y Podemos en "una política pública de vivienda no puede suplirse atacando la propiedad privada". "A más inseguridad jurídica, menos inversión", ha abundado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Más cargos del PP han utilizado las redes sociales para criticar esta decisión del Gobierno de Armengol. La diputada por Baleares y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Marga Prohens, ha asegurado que la presidenta de las islas es "siempre la más radical y la que "más ataca la propiedad privada" y "las libertades".

PROHENS: UNA "ESTAFA SOCIAL"

"El 'exprópiese' oculta una nula política de vivienda. Y económica. El fracaso dels 'de la gent'", ha aseverado Prohens, que considera que este paso del Gobierno de Baleares supone una "estafa social".

También la senadora por Baleares María Salom ha acusado a Armengol de "traspasar una línea roja", "quebrando en Baleares un principio básico de convivencia" como es "el respeto a la propiedad privada". "Genera inseguridad jurídica que es letal para la economía de una comunidad turística como ésta. ¡Ni la Rusia comunista, ni la Venezuela chavista!", ha proclamado.

En la misma línea, el senador por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha afirmado que en Baleares "ha comenzado el experimento chavista del ¡Exprópiese!". Dicho esto, ha criticado que, "en vez de usar dinero público para construir viviendas sociales, se usa para hacer arbitrarias incautaciones". "A la izquierda no le gustaban los turistas en Baleares, y ahora, que no hay, persiguen propietarios", ha asegurado.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y la Asociación MIR España han exigido equiparar las condiciones laborales y retributivas del personal en formación sanitaria especializada.

"Creemos que la situación formativa y laboral de los MIR en España tiene que cambiar, actualizarse y llegar al siglo XXI. Muchas de las carencias de los MIR se han hecho aún más patentes con la pandemia", ha lamentado este miércoles en rueda de prensa el presidente de Asociación MIR España, Luis Tejedor.

Sobre las propuestas concretas, su vicepresidente, Alex Mayer, ha explicado que en el bloque formativo "hay mucho margen de mejora". "Tenemos que mejorar el ratio máximo de residentes por especialista porque en muchos sitios el exceso de residentes va en detrimento de su formación y, por tanto, de la atención al paciente", ha avanzado.

De la misma forma, reclaman una "cantidad mínima de horas semanales que se deba dedicar a formación académica no práctica": "Porque en la actualidad nos vemos haciendo labor asistencial que nos impide una formación adecuada y esta formación es a costa de horas libres". Los MIR reclaman "limitar el número máximo de guardias, mejoras en el cumplimiento de rotaciones externas u obligatorias" y que se cuente con representantes de los residentes elegidos por los comités de empresa en el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En asuntos laborales, los MIR ven, igualmente, "muchas deficiencias y desigualdades entre las comunidades autónomas". "Un primer punto básico es establecer espacios de descanso digno, no lo eran previamente a la pandemia y ahora mucho menos. Hay habitaciones de ocho o diez residentes en literas", ha denunciado.

Dentro de este apartado, también instan a fijar una jornada laboral de 35 horas a nivel estatal y que después de una jornada de 24 horas se fije un descanso mínimo de 12 horas. "Se ha de asegurar el descanso mínimo de 36 horas o proponer algún sistema de compensación", ha precisado Mayer.

Por último, piden "actualizar" sus sueldos, que tienen actualmente una base "aproximadamente de 1.900 euros mensuales". "Nuestro sueldo está regulado por decreto de 2006 con actualizaciones desiguales según la comunidad autónoma, deben actualizarse estos sueldos", ha esgrimido Mayer. Concretamente, el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio Cabrera, ha precisado que se debe fijar un mínimo "en torno a 28.000 euros anuales para asegurar condiciones retributivas dignas".

"Lo que se persigue con este acuerdo es dotar de la mayor calidad posible a nuestro sistema de formación, que es la joya de la corona. Hemos presumido de que la formación especializada es la mejor del mundo, pero la realidad demuestra que tiene muchas carencias hoy en día. Hoy los MIR son mano de obra barata, no puede ser. Hemos ido empeorando muchísimo las condiciones del personal y no hemos puesto en valor a nuestros profesionales", ha criticado Cabrera, quien ve "urgente" modificar el "anacrónico" estatuto del personal residente.

La organización sindical ha anunciado que enviará este mismo miércoles una carta al director general de Ordenación Profesional, Vicenç Martínez, para exigir una reunión conjunta en el que se debata la posibilidad de crear un grupo de trabajo que analice sus condiciones laborales y retributivas de este personal. "Hemos tenido contactos bilaterales con el director de Ordenación Profesional y parece que hay buena acogida", ha aplaudido.

En este mismo sentido, Cabrera ha reclamado la convocatoria de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para que "las CCAA asuman los acuerdos que les tienen que comprometer". "Tenemos un SNS descentralizado, pero eso no quita que el Gobierno tenga competencias para establecer unas mínimas condiciones", ha resaltado.

Los MIR y el sindicato también reivindican la necesidad de que el personal residente tenga "una voz propia en la negociación". "No se les puede excluir. Pedimos al Ministerio que regule la participación de este personal en las negociaciones que les afecten. Todas estas son propuestas asumibles, no es la quiebra del sistema ni mucho menos, pero requiere compromisos políticos concretos y en espacio de tiempo corto. No podemos seguir retrasando la negociación. Deberíamos tener un acuerdo antes de la incorporación de los nuevos MIR", ha remachado Cabrera.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, propone en un informe "promover" traslados a la Península de los migrantes llegados a las islas Canarias, algo que, a su juicio, se ha producido con "lentitud" en 2020, y evitar espacios "improvisados" de acogida como el Muelle de Arguineguín.

Así lo indica en su informe 'La migración en Canarias', publicado este miércoles, fruto de las visitas al archipiélago canario que realizó el propio Fernández Marugán, en diciembre, así como dos equipos técnicos de la institución el pasado mes de noviembre de 2020.

Según precisa en el documento, hay dos principales "carencias": "la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables". Según precisa, estas carencias "restan credibilidad a la Administración y provocan constantes quejas".

El Defensor considera "imprescindible" buscar espacios adecuados en Canarias, pero también "promover traslados a la Península, fundamentalmente de aquellas personas en una situación más delicada". Asimismo, apunta que es "especialmente relevante la rápida identificación y derivación de los solicitantes de asilo a recursos en la Península".

El Defensor dedica un apartado específico al Muelle de Arguineguín, el cual recibió una visita no anunciada por parte del personal de la institución el día 16 de noviembre. Según denuncia, las personas que permanecían en el improvisado campamento "se encontraban en una situación de total hacinamiento, lo que impedía el cumplimiento de las más mínimas normas de distanciamiento social que exige la situación de alerta sanitaria".

El Defensor recomendó al ministro del Interior la clausura de las instalaciones, algo que se produjo el 29 de noviembre. En su lugar, se habilitaron otras instalaciones provisionales, en unas dependencias militares situadas en Barranco Seco. El Defensor destaca la conversión de estas instalaciones en un CATE para alojar a 600 personas.

Sobre el sistema de acogida, indica que durante 2020, se incrementaron a 11 centros de acogida integral, con 388 plazas pero advierte de que "al no contar con plazas suficientes, una vez más, se ha tenido que acudir a recursos de emergencia", planteándose soluciones temporales como el alquiler de hoteles.

También pone en valor la labor de las ONG que "representan sin duda, junto a la labor anónima de muchos ciudadanos canarios, la mejor cara de la sociedad española" pero echa en falta un "sistema de supervisión" y "una planificación de los recursos existentes" por parte de la Administración.

El Defensor del Pueblo reconoce el "esfuerzo" para poner en marcha "en un tiempo récord" un número de plazas de acogida de emergencia. Si bien, le preocupa "la lentitud de los traslados desde Canarias a la península que se ha detectado durante todo el año 2020".

MANIFESTACIONES XENÓFOBAS

Sobre las "manifestaciones xenófobas" que han surgido en varios municipios canarios, el Defensor pide "perseguirlas con contundencia" pero, al mismo tiempo, aconseja "evitar a toda costa la concentración de grandes centros de personas migrantes, en barrios especialmente castigados por la grave crisis" por la pandemia.

Por otro lado, en los centros de acogida humanitaria visitados en Canarias, el Defensor detectó un número importante de personas, en varios de los centros, que afirmaban ser menores de edad, por lo que ha dado traslado urgente de un listado con los datos de estas personas a la Fiscalía General del Estado, aunque aún no había recibido respuesta.

También recuerda que en torno a un 15% de las personas que han accedido de manera irregular a las costas canarias durante 2020 eran menores de edad, unos 2.666 menores extranjeros no acompañados. A la institución le "llama la atención el alto número de ellos que se encuentran pendientes de realización de pruebas de determinación de la edad: 2.030".

A la vista de esta situación, la institución ha apoyado la iniciativa de la EASO y del Consejo de Europa y ha llevado a cabo la traducción en wolof, bambara y dialectal marroquí de un vídeo informativo sobre el procedimiento de determinación de la edad.

Asimismo, Fernández Marugán considera que "no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone" para garantizar su "derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios, en las mismas condiciones que los menores españoles".

TRASLADO DE MENORES SOLOS

Por ello, considera "muy necesario" que las comunidades autónomas lleguen a acuerdos con las islas para asumir la tutela y custodia de estos menores, para "descongestionar".

Según señala, han iniciado ya contactos con dos comunidades autónomas, que habían ofrecido un total de 65 plazas. Asimismo, plantea otra vía consistente en que "la Administración General del Estado y las comunidades autónomas podrán establecer convenios con ONG, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles su tutela ordinaria".

En cuanto a la identificación de personas vulnerables, Fernández Marugán precisa que en unas mismas instalaciones, se han podido encontrar personas en situaciones muy diferentes: "inexpulsables, solicitantes de protección internacional y otros perfiles vulnerables.

CARENCIAS EN LA ASISTENCIA LETRADA

A su juicio, las "carencias significativas en la asistencia letrada y de intérprete, tanto en el momento inicial de notificación de los expedientes de devolución, como durante la estancia en los centros de acogida, dificulta la identificación de estos perfiles".

Además, propone que junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estén presentes desde un inicio personal especializado de otros organismos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómicas y locales, organizaciones internacionales, y reforzar el papel de Cruz Roja española.

Igualmente, el Defensor recomienda elaborar protocolos claros de actuación sobre tres temas: los desaparecidos en la ruta --para identificarlos y dar respuesta a los familiares--; los menores acompañados de adultos --para evitar los casos de menores separados de sus madres-- y las personas con necesidades de protección internacional --que se les proporcione información comprensible y que los policías se especialicen para realizar las entrevistas--.

LÍMITES A LA LIBRE CIRCULACIÓN

Acerca de las restricciones a la libre circulación, el Defensor del Pueblo considera que "no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada".

Entre sus recomendaciones, el Defensor propone, entre otras medidas, poner en marcha centros de acogida con un conjunto de instalaciones de carácter permanente "que eviten tener que improvisarlas sobre la marcha"; y protocolos de actuación bien definidos, para la acogida inicial de los migrantes y para que se respeten "escrupulosamente" el ejercicio de sus derechos.

Asimismo, pide normas de aplicación "claras y precisas" para regular cada situación (menores, madres con hijos, solicitantes de asilo y protección internacional). En este campo, considera que sería "fundamental" el desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, pendiente desde su aprobación en el año 2009.

Igualmente, propone sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y crear una oficina de atención a los familiares; y desarrollar medidas para evitar que se generen fenómenos de xenofobia en la población, especialmente en aquellas localidades que reciben una mayor presión. También reclama "un sistema de coordinación dentro del Gobierno de la Nación" y "solidaridad" de las comunidades autónomas para la acogida.

Ciudadanos ha pedido en el Congreso detalles sobre el plan de vacunación contra el Covid-19 en el seno de las Fuerzas Armadas para conocer el orden en el que van a recibir la vacuna los militares, las fechas previstas para su administración o su distribución territorial, entre otros asuntos.

El diputado de Cs Miguel Gutiérrez, su portavoz parlamentario en Defensa, ha registrado una pregunta por escrito para que el Ministerio de Defensa explique cómo está llevando a cabo el proceso de vacunación de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Según apunta, los militares se encuentran dentro del segundo grupo de vacunación de los establecidos en el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, dentro de los colectivos que realizan una función esencial para la sociedad.

Sin embargo, dado lo "exiguo" de este plan, pregunta cómo es el plan de vacunación específico de las Fuerzas Armadas, "en términos de número de dosis a recibir y a suministrar, por fechas y colectivos concretos".

También quiere conocer cuál es la fecha prevista para que se termine de suministrar la vacuna a todos los militares españoles y si se va a realizar algún tipo de distinción entre los militares según las funciones que desempeñen o sus destinos.

El diputado 'naranja' se interesa además por el tipo de vacuna que se les suministrará y si depende de su edad, dado que la vacuna de AstraZeneca no se está administrando a mayores de 55 años.

"¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para asegurar la igualdad de trato entre los funcionarios de las Fuerzas Armadas a la hora de recibir la vacuna, sin distinción según el territorio en el que presten servicio?", continúa Gutiérrez, que pide que este proceso se lleve a cabo con "transparencia y eficacia".

El pasado 12 de febrero, el Ministerio de Defensa ya informó de que había iniciado la vacunación de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) menores de 55 años y se disponía a completar la vacunación de todo el personal del Hospital Gómez Ulla de Madrid con 1.200 vacunas de Moderna facilitadas por la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma.

POLÉMICA EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN

El proceso de vacunación en las Fuerzas Armadas se vio envuelto en la polémica al conocerse que altos mandos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), incluido el entonces JEMAD, el general Miguel Ángel Villarroya, habían recibido la vacuna; lo que acabó provocando su cese.

Sin embargo, el general Villarroya defendió haber seguido el protocolo, ya que EMAD asegura que las Fuerzas Armadas tenían asignado un cupo de vacunas dentro del que al Estado Mayor de la Defensa le corresponde un porcentaje para el que se estableció un orden de prioridades: personal sanitario, militares que van a participar en misiones internacionales y, por último, la estructura de mando siguiendo un criterio de edad.

Así, vacunó a todo su personal sanitario, a los efectivos que iban a formar parte de operaciones internacionales y comenzó con el tercer grupo del orden de prioridades, la estructura operativa para asegurar el mando de las operaciones. Dado que en este caso el criterio es la edad, los generales fueron los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna, incluido el JEMAD.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que existe una "enorme indignación" ante los "nuevos escándalos" que afectan a la familia real y ha subrayado que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen contra el coronavirus en Emiratos cuando el resto de la población espera su turno.

Así lo ha indicado tras participar por videoconferencia en la reunión de eurodiputados de La Izquierda en el Parlamento Europeo (The Left), en referencia a la información adelantada por 'El Confidencial' sobre la vacunación contra la Covid-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a Abu Dabi (Emiratos Árabes) para ver a su padre Juan Carlos I.

"En la sociedad española, y hay que decirlo así, existe un debate sobre la utilidad de la monarquía, que va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que causan una enorme indignación a la mayoría de la sociedad", ha desgranado Iglesias.

Con ello, hacía alusión también a la nueva declaración voluntaria del rey emérito por valor de 4,3 millones de euros, que ha sido muy criticada por Unidas Podemos, llegando incluso a pedir que el Ministerio de Hacienda investigara al antiguo monarca por presunto delito fiscal.

También ha dicho que la sociedad "no acepta que miembros de la Cara Real se vacunen en Abu Dabi cuando el resto de españoles están disciplinadamente a la cola para cuando tengan disponibilidad de las vacunas que les corresponde.

LA PRESUNTA CORRUPCIÓN DE JUAN CARLOS ACERCA LA REPÚBLICA

Pero además el vicepresidente y líder de Podemos ha enfatizado que los casos de "presunta corrupción" que afectan a Juan Carlos I "empujan" el "horizonte republicano".

En este sentido, ha defendido que en términos económicos, de respeto a las identidades y de "reconocimiento a la plurinacionalidad", España será mejor cuando se implante una República.

De este modo, ha garantizado a los eurodiputados de izquierda que su espacio político va a trabajar para que haya un sistema republicano en el país, aunque ello moleste a esferas mediáticas y sectores "profundos del Estado" que "tienen muchas dificultades para aceptar los resultados democráticos cuando no gobiernan los suyos".

PODEMOS CENSURA LA FALTA DE EJEMPLARIDAD

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, censuró ayer la falta de ejemplaridad que supone la vacunación de las infantas Cristina y Elena en Emiratos y subrayó que esta "ostentación permanente del privilegio jurídico y económico" acerca cada día más la República en España.

También se ha pronunciado hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, para destacar que, en la línea de Iglesias, esta vacunación fuera del país abre un debate sobre la "utilidad de la monarquía" y acerca un "horizonte republicano" que está "más cerca que lejos".

NO DESCARTA PLANTEAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Unidas Podemos no descarta plantear en el Congreso una comisión de investigación sobre el patrimonio del rey Juan Carlos, habida cuenta de su segunda regularización ante Hacienda, pues su diputado Gerardo Pisarello insistió ayer en que hay un "clamor" para aclarar el origen de esas actividades que "el propio presidente Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras".

Las formaciones independentistas, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, volvieron a plantear esa comisión de investigación, y Unidas Podemos apoyará su tramitación en la Mesa del Congreso, donde hasta ahora todas las iniciativas han sido vetadas.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado que este viernes mantendrán una reunión " a nivel técnico" con la Consejería de Educación y Deportes, de la que esperan que salga un calendario para la implantación en Andalucía de lo que llaman el "pin parental", esto es, la autorización previa de los padres sobre la participación de los hijos en actividades escolares complementarias.

En rueda de prensa, Hernández ha manifestado este miércoles además que Vox se reitera en su posición, anunciada en el Pleno del Parlamento de la pasada semana, de no apoyar ninguna iniciativa del Gobierno o de los partidos que lo sustentan, PP-A y Ciudadanos, hasta que se implante el "pin parental". Ha insistido en lamentar que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, haya hecho un anuncio expreso de "no cumplir" con el acuerdo de Vox sobre el llamado "pin parental" como si su consejería fuera un "ente independiente" del Gobierno andaluz.

Hernández ha señalado que, en cambio, sí quieren confiar en "la palabra" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el Pleno del Parlamento, "comprometiéndose a dar cumplimiento a lo suscrito y a realizar los cambios normativos necesarios para que esa autorización de los padres para realización por parte de sus hijos de determinadas actividades complementarias sea una realidad y la podamos ver negro sobre blanco" en este primer semestre del año.

Ha confiado en que en la reunión del viernes con Educación se les traslade una calendarización para la implantación de esa "autorización" de los padres en relación con la participación de sus hijos en actividades complementarias, con "independencia de como se quiera llamar". "No vamos a hacer cuestión de la semántica, lo que nos importa es el contenido y que los padres puedan acogerse a ese derecho", ha apuntado.

Según ha explicado Hernández, lo que ellos han venido llamado "pin parental" consiste en que los padres tengan la posibilidad de no autorizar la participación de sus hijos en una actividad complementaria si consideran que puede ser "perjudicial" para su educación.

"Que puedan decidir si acuden o no sin que ello suponga problema", ha dicho Hernández, quien ha apuntado que este mecanismo también lo puede utilizar un padre que no quiera que su hijo vaya a una charla sobre la "tauromaquia o la caza".

Asimismo, el portavoz parlamentario ha señalado que si con la actual legislación no es posible implantar esto, por eso plantean que se lleven a cabo los cambios normativos que sean necesarios y de los que "también habló" el presidente de la Junta.

"Esa capacidad la tienen que tener los padres y está puesto negro sobre blanco en los pactos presupuestarios y en el acuerdo firmado con Imbroda", según ha recalcado Alejandro Hernández.

Asimismo, Hernández ha querido dejar claro que Vox estará además muy atento al cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno andaluz de índole económica y social, porque en los próximos meses van a cobrar gran relevancia.