El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo declarará el próximo 12 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón como investigado en tres piezas del caso ‘Tándem’, justo una semana después de haber recibido el alta hospitalaria por el Servicio de Neurología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Según han informado fuentes de la defensa, el comisario jubilado prestará declaración sobre el presunto encargo de Repsol y Caixabank al Grupo Cenyt –bajo el mando de Villarejo– para evitar que Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración de la energética (pieza 21); por el presunto encargo de agredir a la doctora Elisa Pinto (pieza 24); y por el supuesto espionaje a la constructora Martinsa-Fadesa Fernando Martín (pieza 25).

El abogado Antonio García Cabrera, que defiende a Villarejo, ha emitido este viernes un comunicado en el que informaba de que el policía jubilado fue trasladado la tarde anterior a la prisión de Estremera (Madrid), tras recibir el alta hospitalaria.

No obstante, señala que los síntomas que obligaron a hospitalizarle este martes, una intensa cefalea, sensación de mareo, gran dolor en la cuenca del ojo izquierdo, visión doble, pérdida de la movilidad del ojo izquierdo y caída del párpado izquierdo que sólo puede levantar con ayuda de la mano, persisten aún.

En el escrito, el abogado informa de que, pese a su actual situación física, Villarejo sigue manifestando su voluntad de prestar las tres declaraciones judiciales fijadas para el próximo día 12 de febrero ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, así como de declarar voluntariamente sobre varios temas.

De momento, las fuentes consultadas apuntan que el comisario será interrogado por estas tres piezas. La declaración de la pieza 21 del caso Tándem, relacionada con el denominado ‘proyecto Wine’, tendrá lugar justo un día después de que comparezca por este mismo asunto el que fuera su socio Rafael Redondo.

‘PROYECTO WINE’

Según explica el juez García Castellón en el auto por el que se acordaba la investigación de este proyecto, la empresa de Villarejo llevó a cabo presuntamente de forma ilícita un encargo de Repsol y Caixabank con el objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF «para tomar el control de la compañía».

Tras escuchar las declaraciones del que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo, la del ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño y la del ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández, también imputados, será el turno de Villarejo y su socio.

A estas comparecencias se han sumado además las realizadas en calidad de testigos de los perjudicados por este ‘encargo’: El expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el encargado de Seguridad de Sacyr Rodrigo Álvarez Vázquez y el antiguo director financiero de Repsol YPF Fernando Ramírez Mazarredo.

LA AGRESIÓN A LA DOCTORA PINTO

La siguiente pieza en cuestión es la relativa al presunto encargo para agredir a la doctora Elisa Pinto, por la que el pasado 18 de enero declaró, también en calidad de investigado, el empresario Javier López Madrid y negó haber contratado y pagado a Villarejo por algún tipo de servicio.

Esta pieza 24 de la macrocausa Tándem no investiga si Villarejo agredió con un bisturí a la dermatóloga, sino si existió un encargo por parte de López Madrid, quien además ha presentado documentación para tratar de desmontar la versión de Pinto.

El asunto sobre las agresiones físicas denunciadas por la doctora está pendiente de enjuiciamiento, después de que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid decidiera llevar a juicio tanto a López Madrid como al comisario jubilado. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga la denuncia por acoso presentada por López Madrid contra Elisa Pinto.

‘PROYECTO SAVING’

Por último, Villarejo también declarará sobre el supuesto encargo de espiar a la constructora Martinsa-Fadesa con el objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora de una empresa de José Moya Sanabria –también investigado– en relación a un reconocimiento de deuda de la constructora.

El encargo, que fue denominado por Villarejo ‘proyecto Saving’ podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas. Por intermediar presuntamente entre el Grupo Cenyt y el empresario, está imputado el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín.

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este viernes la «movilización y reagrupación» del constitucionalismo catalán ante las amenazas del nacionalismo y el populismo.

En un acto en Barcelona con el candidato del PP de Cataluña a las elecciones catalanas del 14F, Álvarez de Toledo ha articulado un decálogo de «mandamientos laicos por la política y contra el populismo».

El doceavo mandamiento propuesto por la popular es «no vacilarás a la hora de armar una gran política constitucionalista, la única que todavía no se ha ensayado en Cataluña», ya que la Constitución del 1978, en sus palabras, no ha fracasado, y los catalanes deben mirar la realidad de frente.

Además, en otro de los mandamientos, ha pedido: «Recordarás con gratitud la higiénica actuación de la policía el 1 de octubre, el formidable discurso del Rey y el ingreso de la cúpula golpista en la cárcel: fueron tu baño de realidad, tu gran oportunidad de entrar en la edad adulta».

También, dirigiéndose al PSOE, ha dicho: «No intentarás halagar o apaciguar al votante nacionalista diciendo cosas como ‘aprobaré el Estatuto que venga de Cataluña’, ‘los tribunales no juzgan sentimientos’ o ‘hay 8 naciones en España, las he contado'», y ha afirmado que ni un constitucionalista es culpable de lo que ha pasado en Cataluña, mientras que el PSOE sí.

«Salvador Illa no es la tercera vía, no es un puente entre unos y otros; es la primera y única vía para que madure el fruto del proceso» independentista, ha zanjado.

ALEJO VIDAL-QUADRAS

Por su parte, el exeurodiputado y expresidente del PP de Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, ha criticado la actitud del Estado frente al nacionalismo, una ideología que ha definido como moralmente aberrante y maligna: «Lo que hemos venido haciendo durante décadas, más transferencias, más dinero, más reconocimiento simbólico, más peloteo… solo alimenta al monstruo».

Vidal-Quadras ha asegurado que la «estrategia pusilánime de volver a intentar pasar página» llevará a una ruptura, seguramente violenta, ha dicho, de la sociedad catalana y a una catástrofe a nivel español.

Por ello, el dirigente ha recetado «combatir sin cuartel en el campo de las ideas y en las urnas» al nacionalismo, hasta conseguir, ha dicho, su completa derrota.

La Policía Local de Santander ha detenido a una conductora de 55 años que se dio a la fuga cuando iba a ser denunciada por ir sin seguro; emprendió una huida a 160 kilómetros por hora en la que embistió al coche policíal que le perseguía y opuso resistencia a la hora de ser detenida, lanzando patadas y puñetazos a los agentes.

La mujer, que además dio positivo en drogas, fue detenida por un supuesto delito de atentado, resistencia y desobediecia a agente de la autoridad y dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo los efectos de estupefacientes y otro por conducción temeraria.

Según ha informado en un comunicado la Policía Local, los hechos ocurrieron ayer, jueves, a última hora de la tarde en la calle Julio Jaurena, cuando una patrulla comprobó que el vehículo que circulaba delante no tenía seguro y tenía la ITV caducada.

Por ello, indicaron a la conductora que se detuviera, le pidieron la documentación y le informaron que iba a ser denunciada por carecer de seguro y que, por ello, la furgoneta quedaría inmovilizada.

En ese momento, la mujer dijo a los agentes que tenía que irse a su domicilio, fuera de Santander; cerró y bloqueó la puerta y emprendió la huida, iniciándose una persecución, por las autovía S-20, S-30 yS-10, en dirección a Bilbao.

Durante el transcurso de la persecución, en un momento en el que ladotación consiguió ponerse a su altura, la conductora les embistió, golpeándoles en la parte delantera derecha, ocasionando daños materiales en el vehículo policial.

Además, la huida continuó, llegándose a alcanzar una velocidad de 160 km/hora. Finalmente, tras ponerse nuevamente a la par del vehículo implicado y conseguir que tomara la salida hacia la localidad de Solares, se consiguió que detuviera la marcha en la rotonda situada antes de la citada localidad, al bloquearle el paso con los vehículos policiales.

Los agentes, al observar que la conductora tenía intención de continuar la huida, rompieron las ventanillas delanteras con su defensa extensible, para desbloquear las puertas, desabrocharle el cinturón deseguridad y sacarla al exterior, a lo que opuso «una fuerte resistencia, agarrándose fuertemente al volante y lanzándoles patadas y puñetazos, motivo por el cual tuvo que ser reducida».

Posteriormente, se le solicitó en primer lugar, la realización de la prueba de alcoholemia, resultando ésta negativa y seguidamente la prueba de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, la cual arrojó un resultado positivo en THC, anfetaminas y metanfetaminas.

Además, a la implicada, se le incautó una bolsita con una sustancia de color blanco, que pudiera ser una sustancia estupefaciente, por lo que será remitida al laboratorio correspondiente para su análisis.

El vehículo, denunciado administrativamente por no tener elseguro obligatorio en vigor y por tener la ITV caducada, fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.

Uno de los agentes, durante la intervención, se produjo un corte en una mano y una lesión en el antebrazo, siendo asistido en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por personal facultativo.

Poco después, otro conductor también fue detenido en la calle Marqués de la Hermida tras chocar contra un vehículo estacionado en doble fila y cuatriplicar la tasa de alcohol permitida.

NUEVE DENUNCIAS POR INCUMPLIR LAS NOMAS COVID

Por otra parte, en el día de ayer, nueve personas fueron denunciadas por incumplir la normativa Covid.

Concretamente, cinco de ellas fueron denunciadas por saltarse el toque de queda y cuatro por no llevar puesta la mascarilla.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha autorizado este viernes el acercamiento de otros cinco presos de ETA, entre ellos Ignacio Aracama Mendia, alias ‘Makario’, que dejará la cárcel de Sevilla al ir directamente a la de Zaballa (Álava), y Beinat Aguinagalde Ugartemendía, asesino del concejal socialista Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría.

‘Makario’ cumple condena por siete asesinatos, según ha recordado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que recuerda que ya son 142 los etarras acercados en un total de 163 traslados de prisiones desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018. De ellos, 60 tienen delitos e sangre y 34 han ido directamente a cárceles del País Vasco o Navarra –once de ellos por tercer grado y cinco por enfermedad–.

Ignacio Aracama Mendia dejará el centro penitenciario de Sevilla-II para ir a Zaballa. En 1998 la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión como autor del asesinato de Antonio Recio Claver en 1979. También fue condenado a 28 años de cárcel en calidad de cooperador necesario en el asesinato de Jesús Ignacio Velasco Zuazola, marido de una de las fundadoras de la AVT.

En 1999 fue condenado a 30 años por el asesinato en 1980 de Eugenio Lázaro Valle. Además, en 2003 fue condenado a una pena de 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos de Ángel Prado Mella, José Luis Vázquez Platas y Avelino Palma Brioa. También fue condenado en 1998 a 26 años como responsable del atentado que acabó con la vida de Ricardo Tejero Magro. Además, fue condenado a 25 años en 1999 por su participación en el secuestro del financiero Diego Prado y Colón de Carvajal, que se produjo en 1983.

CARTAS DE ARREPENTIMIENTOS

Prisiones ha recordado que ‘Makario’ ingresó en prisión el 12 de agosto de hace más de veinte años y cumplió las 3/4 partes de la condena en octubre de 2013. También señala a razones amparadas en la Ley de Protección de Datos para justificar el traslado a propuesta de la Junta de Tratamiento sevillana y previa progresión al segundo grado.

«Ha presentado escrito en el que hace constar su rechazo a la utilización de medios violentos. Reconoce el daño causado y muestra su deseo de atenuar ese dolor», ha añadido Instituciones Penitenciarias en su comunicado informando de los traslados.

Estas cartas fueron cuestionadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para revocar recientemente las redenciones extraordinarias del etarra Sebastián Ecaniz Alcorta, al entender que no suponen un perdón expreso a las víctimas.

ASESINO DE ISAÍAS CARRASCO E IGNACIO URÍA

Prisiones este viernes ha comunicado otros cuatro traslados de presos de ETA. Beinat Aguinagalde Ugartemendía dejará Jaén por el centro penitenciario de Dueñas (Palencia). Fue condenado en 2015 a 32 años de prisión por asesinar al concejal del PSOE en Mondragón Isaías Carrasco en marzo de 2008.

En 2017 fue condenado a 44 años de prisión por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría en diciembre de 2008. También fue condenado a 15 años de prisión por atentar contra la sede del PSE en Lazcano en 2009, según ha recordado la AVT.

De Beinat Aguinagalde Prisiones informa que ha sido progresado al segundo grado y que cumplirá las 3/4 partes de la pena en febrero de 2044. «Acepta la legalidad penitenciaria y ha presentado escrito donde reconoce el daño causado», añade.

Para José María Novoa Arroniz se aprueba el traslado desde Murcia I a la prisión de León. Fue condenado en 2002 a 29 años de prisión por el asesinato de Alfonso Parada Ulloa en 1998. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en junio de 2022 y ha sido progresado al segundo grado.

Hay otros dos presos que van a Zaballa, en Álava. Roberto Lebrero Panizo será trasladado desde Burgos. Fue condenado a 71 años de prisión por la colocación de tres bombas en la discoteca Universal de la localidad navarra de Lacuntza en 2001, y por delitos de estragos, incendios, tenencia de explosivos y colaboración con banda armada.

El último es José Ignacio Armendáriz Izaguirre, que deja Burgos por la prisión alavesa. Ingresó en prisión el 30 de marzo de 1998 y cumple condena de 25 años por los delitos de atentados, asociación ilícita y terrorismo. De ambos dice Prisiones –que los progresa al segundo grado– que han presentado escritos reconociendo el daño y sufrimiento causados, así como rechazando la violencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a nueve años de prisión para el hombre acusado de romper en noviembre de 2018 una orden de alejamiento y prender fuego a la vivienda de su expareja en Las Gabias (Granada), desde donde el incendio se extendió a otras zonas del bloque obligando al desalojo de los vecinos del bloque.

En la sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA desestima el recurso que el acusado presentó contra el fallo de la Audiencia de Granada, el cual ahora ha sido confirmado, y que le condena también a indemnizar con 5.000 euros a la víctima por los daños morales causados.

Ella no estaba dentro de la vivienda cuando se produjo el incendio, pero el tribunal fijó esta indemnización ante el «lógico estado de angustia» que sufrió con lo ocurrido y «por las graves molestias causadas al tener que reanudar su vida desde cero en otro domicilio distinto». Tampoco podrá acercarse o comunicarse con ella por ningún medio durante diez años, según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial.

El procesado señaló durante el juicio, celebrado en septiembre del año pasado, que no recordaba nada de aquel día, pues tomaba «pastillas y cerveza» para «evadirse de sus problemas». No obstante, reconoció que solía acercarse con frecuencia a la vivienda de su expareja, saltándose la prohibición de acercarse y comunicarse con ella, con la que tiene un hijo en común.

Pese a su declaración, el tribunal consideró probado que en la tarde del 6 de noviembre de 2018 acudió al bloque de pisos donde residía su exnovia y, tras forzar la cerradura de la puerta de entrada, accedió al interior.

Con la intención de ocasionar los mayores desperfectos inició tres focos de fuego en el dormitorio sobre elementos fácilmente inflamables, como dos colchones y el armario donde guardaba la ropa.

Esto provocó que rápidamente se extendieran las llamas por el resto de habitaciones de la casa, llegando a calcinar la mayor parte de los elementos tanto estructurales como de adorno de la vivienda.

Una vez que el fuego fue aumentando en vigor, sobrepasó los límites físicos del piso y el humo se extendió hacía las zonas comunes del bloque. No resultaron heridas ninguna de las 15 personas que en ese momento se encontraban en el edificio por la rápida actuación de los servicios de Extinción de Incendios y porque la Guardia Civil desalojó la finca con inmediatez.

La Audiencia Provincial condena al acusado a nueve años de cárcel por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro de allanamiento de morada en concurso con un delito de incendio con peligro para las personas. Además de la pena de cárcel deberá abonar 30.499 euros a la compañía aseguradora que respondió ante el dueño del piso de los desperfectos que ocasionó el incendio, resolución que ahora ha confirmado íntegramente el TSJA.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha insistido en la posibilidad de levantar el confinamiento de la comunidad autónoma y de que haya una «apertura perimetral» en España en Semana Santa, extremo «condicionado», eso sí, a que la curva de contagios de coronavirus baje «significativamente» y se haya vacunado para entonces -abril- a cerca de un 20 por ciento de la población.

«Eso es ser prudente, realista y optimista al mismo tiempo», ha considerado el regionalista este viernes, a preguntas de los periodistas sobre las palabras de ayer, jueves, de su vicepresidente, el socialista, Pablo Zuloaga, quien opinó que es «pronto» para tomar decisiones sobre las vacaciones de Pascua y pidió ser «muy prudentes».

Pero el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE ha insistido en que si la curva de casos Covid desciende «significativamente» -«ahora ni soñarlo», ha apostillado- y en abril están vacunados entre el 15 y 20% de los ciudadanos, «podemos a lo mejor contemplar la posibilidad de una apertura perimetral en España».

Sería, por tanto, un levantamiento del confinamiento «condicionado» a esos dos requisitos: a la bajada de contagios y el aumento de la vacunación, ha remarcado Revilla. «No es que sea optimista, soy realista», ha expresado, antes de añadir que también se considera «prudente».

El presidente cántabro ha reiterado que la pandemia «no se va prolongar eternamente» y, además, «llegará el momento en el que tengamos vacunas y esto empiece a cambiar. Si no -ha reflexionado- sería para no levantarte por la mañana ni seguir todos los días en actos y actos».

Además, Revilla -que ha hecho estas declaraciones en la toma de posesión del nuevo presidente del Puerto de Santander- ha incidido en que el invierno es un factor «propicio» al virus mientras que en verano «prácticamente desaparece», como sucedió el año pasado.

Así, si se tiene en cuenta que en primavera «se puede ir atenuando» la incidencia del Covid y la curva «baje» al tiempo que haya más vacunas, cree que en verano puede haber un «panorama mejor. Eso es ser prudente, realista y optimista al mismo tiempo».

DATOS ESTABILIZADOS EN CANTABRIA

De momento, y por lo que se refiere a Cantabria, el presidente ha corroborado que los datos «están estabilizados», según las cifras de casos los últimos días, aunque ha admitido que la curva de contagios no está bajando «en una proporción muy significativa».

Así, la región está en una línea «parecida» a la conjunto del país, aunque con la «ventaja» de que aquí, gracias a medidas «durísimas» tomadas haces «meses», se ha mantenido «contenida» la incidencia.

De este modo, la acumulada a catorce días no ha sobrepasado «nunca» la barrera de 400 positivos por cien mil habitantes en los últimos 60 días, mientras que la media española se «aproxima» a los mil casos, ha comparado.

Ahora bien, el nivel de Cantabria -360- «todavía es muy alto», por lo que hay que mantener las medidas restrictivas adoptadas mientras se avanza con la inmunización: «la clave está en las vacunas», ha sentenciado.

EUROPA, EN EL FURGÓN DE COLA DE LAS VACUNAS

A este respecto, Revilla ha manifestado que le da «un poco de pena» que Europa esté en el «furgón de cola» de los países desarrollados en lo que a la adquisición de dosis se refiere.

Pero espera que para mediados de marzo y en abril empiecen a llegar varias diferentes y tener así mediados de junio inmunizada a la mitad de la población, ha reiterado para finalizar.

Podemos ha solicitado al juez que investiga el caso Neurona que «rechace de plano» las nuevas acusaciones realizadas por la ex responsable de Cumplimiento Normativo del partido Mónica Carmona, que ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de usar a una empleada ‘morada’ como niñera, alegando que tiene una «enemistad manifiesta» con la formación política.

El partido se ha quejado del escrito que Carmona ha enviado al juez Juan José Escalonilla para responder al requerimiento de información que le hizo el propio instructor tras su declaración como testigo el pasado mes de octubre, y que aprovechó también para poner en su conocimiento «algunos hechos investigados internamente» que no fueron incluidos en la denuncia presentada en 2019 por el también ex abogado de Podemos José Manuel Calvente.

Podemos ha solicitado a Escalonilla que, dado que el escrito de Carmona «debería tener por único objeto acompañar los documentos que el instructor requirió», «rechace de plano la unión del mismo a las actuaciones, al contener cuestiones ajenas a ese requerimiento, y que únicamente adicione los archivos informáticos que se acompañen al mismo, y siempre que formen parte del requerimiento expresamente realizado».

En su escrito, la organización ‘morada’ ha achacado las acusaciones de Carmona a que «tiene enemistad manifiesta respecto de su empleador y determinadas personas del mismo», recordando a este respecto que demandó a Podemos por su cese, un caso que se tramita en el Juzgado de lo Social Número 1 de Granollers y que está pendiente de sentencia.

«CUESTIONES DE ÍNDOLE PERSONAL»

Se ha quejado particularmente de que Carmona alude a «cuestiones de índole personal que nada tienen que ver con el presente procedimiento», entre ellas que Montero habría usado a Teresa Arévalo, trabajadora del partido y asesora de Igualdad, como niñera para su hija y que Iglesias habría cobrado al menos 7.730 euros en costas procesales de casos que pagó la organización política.

Ha afeado también a Carmona que incluya en su escrito el mensaje de Telegram que envió a Iglesias el 4 de diciembre de 2019 para alertarle de que su despido y el de Calvente eran una «represalia» por «haber detectado una serie de irregularidades graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional». Según ella, el líder de Podemos lo leyó pero nunca contestó.

En este sentido, Podemos ha recordado que Escalonilla pidió a Carmona que diera al juzgado los expedientes que obraran en su poder sobre las investigaciones que ella y Calvente realizaron sobre las supuestas «irregularidades» que se analizan en esta causa y que el juez rechazó expresamente que incluyera el mensaje de Telegram a Iglesias –sobre el que ella ya había declarado en sede judicial– «al ser ajeno al presente procedimiento».

Así, la formación política ha querido señalar el «escandaloso desprecio» de Carmona a lo acordado por el instructor sobre el mensaje enviado a Iglesias, ya que la ex abogada lo transcribe «íntegramente», a pesar de que el día que declaró Escalonilla ya la advirtió de que «no iba a tener en cuenta cuestiones ajenas al procedimiento».

UNA «AMPLIACIÓN» DE LA DENUNCIA

Asimismo, Podemos ha criticado que Carmona hace «argumentaciones variopintas de índole supuestamente fáctica y jurídica sobre los hechos que están siendo objeto de investigación o que lo estuvieron, habiéndose en estos momentos sobreseído provisionalmente la causa con respectos a la mayoría», como la supuesta ‘Caja B’, los contratos electorales con la consultora política ABD, las obras de la nueva sede o el acceso no consentido a un disco duro de la abogada ‘morada’ Marta Flor.

Escalonilla ya había archivado las otras líneas investigación para centrarse en el contrato firmado por Podemos con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, que el juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero del partido. Sin embargo, ahora las acusaciones populares sopesan pedir al instructor que indage también en los nuevos hechos mencioados por Carmona, como la niñera o las costas procesales.

Con todo ello, Podemos ha reclamado en su escrito que solamente se incorporen a la causa «los expedientes documentales y no únicamente por mera referencia o transcritos ahora» en lo que considera una «ampliación» de la denuncia presentada por Calvente contra Podemos o «una suerte de escrito de alegaciones más propia de una de las partes personadas y vedado a una testigo».

Mantenerse alejado de los demás reduce las posibilidades de contraer la Covid-19, desde esa perspectiva considerar por el bien común el distanciamiento social durante una pandemia resulta tener el atractivo del beneficio personal, según observa una investigación estadounidense, que ahonda en la idea de que, más allá del beneficio que reporta a la comunidad, mantener esta medida de protección es sobre todo un arma de protección personal.

Los investigadores de la Universidad de Columbus, en el estado de Ohio, presentaron a los participantes del estudio escenarios de comportamiento virtual de varios entornos públicos – una tienda de comestibles, una playa llena de gente, un paso de peatones– y les pidieron que se ubicaran a sí mismos y a personas ficticias en esos contextos, en función de sus preferencias de distanciamiento social. Cuatro meses después, se les preguntó a los participantes si habían dado positivo en la prueba de infección por SARS-CoV-2 o si creían que habían estado enfermos con un caso de COVID-19.

Los análisis estadísticos mostraron que cuanto más participantes demostraron una preferencia por el distanciamiento social en los escenarios, menos probable era que se hubieran enfermado con COVID-19. La implicación del estudio fue clara: lo que era bueno para la sociedad según los consejos de salud pública también era bueno para las personas que querían evitar el virus.

«La evidencia de nuestro trabajo indica que es valioso el distanciamiento social, no solo para reducir la propagación de un virus dentro de una comunidad, sino porque en realidad es beneficioso para el individuo que participa en el distanciamiento social», ha señalado Russell Fazio, autor principal de el estudio y profesor de psicología en la Universidad Estatal de Ohio.

«Hay una noción egoísta en todo esto: ‘Oye, es bueno para mí personalmente. No solo estoy beneficiando a otras personas'», señala el investigador, quien ha publicado este estudio en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

Los investigadores pidieron a los participantes que informaran cuánto practicaban el distanciamiento social en la vida real. Pero el equipo agregó un elemento innovador: escenarios virtuales de distanciamiento social en los que los participantes tomaban decisiones «en el momento» sobre cómo reaccionarían en diferentes situaciones. «La medida de comportamiento virtual funcionó mucho mejor como un predictor de enfermedad que la medida de autoinforme, y hay una variedad de explicaciones para eso», señala Fazio.

Por ejemplo, algunas personas pueden exagerar su comportamiento real de auto-distanciamiento para dar una buena impresión a los demás. «Si me gusta verme a mí mismo como alguien muy consciente de la ciencia y que apoya la reducción de la pandemia, eso también está afectando mi proceso de memoria cuando intento participar en esta reconstrucción y proporcionar una calificación que represente cómo es mi pasado», explica el experto.

El laboratorio de Fazio estudia cómo las creencias y actitudes personales influyen en el comportamiento. La aparición de la COVID-19 en los Estados Unidos provocó una oportunidad para tratar de comprender el comportamiento de distanciamiento social. «Todo el grupo del laboratorio llegó a ver la pandemia como un llamado a la acción para los científicos del comportamiento porque, en última instancia, se trataba de una prueba del comportamiento humano. Rara vez se pide a toda una sociedad que cambie su comportamiento», explica Fazio.

DESARROLLO DE UN SEGUNDO ESTUDIO

Los investigadores reclutaron una muestra de 1.885 ciudadanos estadounidenses que representan un rango de edades, ubicaciones geográficas e ideologías políticas. En encuestas separadas realizadas en mayo y junio, se preguntó a los participantes si tenían condiciones de salud preexistentes o trabajos que les obligaran a dejar su hogar, y en qué medida se estaban distanciando socialmente, ya sea en el momento de la encuesta o mirando hacia atrás en tiempo si respondían después de que las economías habían comenzado a abrirse.

Los escenarios de comportamiento virtual, inicialmente creados para un estudio de interacciones con extraños, se ampliaron para esta nueva investigación. El equipo de Fazio señaló a los participantes que los escenarios se utilizarían para evaluar «el comportamiento de las personas en situaciones cotidianas comunes y cómo este comportamiento puede haber cambiado a la luz de la actual pandemia de COVID-19/coronavirus». Los investigadores instruyeron a los participantes para que vieran escenas de situaciones sociales e indicaran cómo ellos personalmente, como individuos, las solucionarían.

Se presentaron diez escenarios. Se evaluaron cuatro situaciones: rutas para caminar que los participantes tomarían a lo largo de una calle o sendero de un parque o en una biblioteca con gente alrededor, y qué asiento elegirían en una cafetería. En seis escenarios interactivos, los participantes movieron un control deslizante para indicar cuánta distancia querrían entre ellos y sus amigos, compradores de comestibles, un extraño que pasaba o varias personas en fila; trazaron el camino que tomarían al cruzar una plaza abarrotada; y colocaron su toalla en una playa concurrida.

Las respuestas se compilaron en una puntuación compuesta para cada participante, con una puntuación más alta que indica más adherencia a las recomendaciones de distanciamiento social. Cuatro meses después, los investigadores preguntaron a los participantes si se habían hecho la prueba de COVID-19 desde que completaron las encuestas y, de ser así, si dieron positivo o negativo. A los que no se habían hecho la prueba se les preguntó si creían que alguna vez habían tenido COVID-19.

En el momento del seguimiento, 199 participantes informaron un resultado positivo de la prueba desde las encuestas iniciales (85 personas) o que creían que habían contraído COVID-19. Los investigadores midieron las relaciones entre las variables de la encuesta (condición de salud preexistente, trabajo fuera del hogar, prácticas de distanciamiento social autoinformadas y puntajes de escenarios virtuales) y la probabilidad de contraer el virus, ya sea basándose en pruebas positivas reales o en las creencias de las personas de que había contraído el virus.

Los análisis estadísticos arrojaron consistentemente los mismos resultados: cuantos más participantes exhibían un comportamiento de distanciamiento social, menos probabilidades tenían de haber contraído COVID-19. La evidencia más sólida de que el distanciamiento social protege a los individuos se encontró en la relación entre una puntuación de comportamiento virtual baja y mayores probabilidades de dar positivo en la prueba de COVID-19.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha tildado de adecuada la medida propuesta por el candidato del PSC, Salvador Illa, de bajar un 30% el sueldo al presidente del Govern: «Celebro que el PSC se acerque a las tesis que Cs lleva defendiendo desde hace años».

El líder naranja ha recordado este viernes que se trata de una propuesta que Cs ha llevado de forma reiterada al Parlament, para que se hiciese «una escala salarial para altos cargos», y reprocha al PSC que, en su momento, votasen en contra y que ahora propongan esta medida.

«A parte del presidente del Govern, también hay otros cargos como la presidencia del consorcio de la Zona Franca, ocupada por un socialista, que cobra casi lo mismo que el presidente de la Generalitat. Por tanto, sí que se tendrían que revisar los salarios», ha añadido.

Por otro lado, Carrizosa ha garantizado a los electores independentistas que él sí que les dará «aquello que no les dan sus líderes separatistas, que dicen que no han venido a gestionar una autonomía».

«Yo sí que gestionaré una autonomía, estoy deseando hacerlo. Y esta será la principal diferencia con respecto de los independentistas», ha dicho, por lo que ha prometido que si es presidente se ocupará de los problemas de los catalanes, como de la lista de espera para operaciones quirúrgicas o de la cola del paro, sean independentistas o no, en sus palabras.

INDEPENDENCIA Y PACTOS

Sobre si cree que existe la posibilidad de que tras alcanzar el 50% de los votos independentistas se declare la DUI como prometen algunas formaciones, Carrizosa ha sido contundente: «Ni 50% ni 51%. Si para modificar una coma del Estatut se necesita 2/3 partes del Paralment, para romper un país eso del 50% queda un poco lejos de la democracia».

Carrizosa ha apostado por que se reactive la «vía 221 que proponía Arrimadas» y que se haga en Cataluña un pacto a la europea, en sus palabras, que uniera a conservadores, socialdemócratas y liberales –representados por PP, PSC y Cs– para formar Govern y acabar con el proceso independentista.

EMPRESAS

En una conferencia de Nueva Economía Fórum, Carrizosa ha apostado por recuperar las empresas que se han marchado –dice– de Cataluña, y que se les brinde un «contexto favorecedor para las transacciones comerciales» y que les dé seguridad jurídica.

«Tenemos que volver a liderar la economía y eso lo haremos dando a las empresas la seguridad de que cuando vayan a vender al resto de España no seremos los antipáticos de la señora (Laura) Borràs, sino que seremos gente que participa de los proyectos nacionales y europeos sin ningún complejo», ha zanjado.

La fiscal Pilar Santos Echevarría ha expuesto en el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes que el delito de falsedad documental del que se le acusa está acreditado, manifestando que la exdirigente popular era «la única, la primera y la última beneficiaria» del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se confeccionó con la finalidad de «salvar su reputación y su carrera política».

El juicio quedará hoy visto para sentencia. A lo largo de la sesión, las partes expondrán sus conclusiones finales, con lo que se dará paso a la última palabra de las tres acusadas. La defensa de la exlíder madrileña, el abogado José Antonio Choclán, solicitará la libre absolución de su patrocinada apuntando a la responsabilidad de la universidad.

Con voz firme y contundente, la representante del Ministerio Fiscal ha detallado cada una de las irregularidades que a su juicio enervan la presunción de inocencia de Cifuentes para sustentar su solicitud de tres años de cárcel y tres meses por la citada infracción penal.

En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.

«SALVAR SU REPUTACIÓN»

En su exposición, la fiscal ha relatado que la expresidenta regional conoció el máster de la URJC a través de Dionisio Ramos, quien le puso en contacto con el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde –fallecido–. Álvarez Conde «le dio todas las facilidades necesarias» para conseguir el título pese a no ir a clase y entregándole a él mismo trabajos en papel sin perjuicio del titular de la asignatura.

«Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado pero lo cierto es que sus calificaciones, menos la del catedrático Pablo chico y la del TFM, fueron introducidas en el sistema», ha señalado.

«IRREGULARIDADES DEMASIADO NOTORIAS»

Tras ello, ha indicado que hay «ciertas irregularidades demasiado notorias». En primer lugar, ha citado que el dato manifestado por Cifuentes en relación a la entrega el 2 de julio de 2012 de su trabajo a dos mujeres y un hombre en un despacho sería «algo incompatible» dado que la asignatura de Pablo Chico no estaba aprobada y no se puede realizan una defensa del TFM sin todas las asignaturas aprobadas.

Otra de las irregularidades se refiere a la modificación de dos de las asignaturas –la de Pablo Chico y la del TFM– por parte de la funcionaria Amalia Calonge y compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien no estaba autorizada para estos cambios.

«Siempre aparecen los mismos protagonistas», ha incidido la fiscal, quien ha subrayado que ha quedado «clarísimo» que Calonge no tenía competencia para ejecutar estas modificaciones conforme a la testifical del responsable del servicio. Además, ha hecho alusión a la declaración del profesor y catedrático Pablo Chico, quien afirmó que nunca le comentó a Calonge que modificara la nota del TFM.

La tercera de las anomalías detectadas sería el pago del TFM cuatro meses después de defenderlo cuando en ese caso hay que hacer «una petición expresa» por parte del alumno y no consta.

«El 21 de marzo de 2018, Cifuentes tuvo un día duro y difícil porque ella mismo lo dijo en el vídeo colgado en sus redes sociales. Y le encomendó a su gabinete recabar toda la documentación posible», ha señalado.

Así, ha mencionado la testifical del rector de la URJC, Javier Ramos, quien relató las llamadas «reiteradas» que recibió ese 21 de marzo del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken para solicitarle el acta de defensa del TFM dado que estaba «en entredicho» la reputación de las universidades públicas madrileñas.

«Pero que yo sepa no hubo ningún comunicado respaldando a la universidad», ha subrayado Santos Echevarría indicando que la insistencia se produce a partir de la rueda de prensa ofrecida por el rector y Álvarez Conde, junto a varios de los profesores del máster.

CONSECUENCIAS «NEFASTAS»

«Cifuentes sabía que las consecuencias podían ser nefastas. Ella no llamó. Había que cuidar las formas pero estaba al tanto de todos los acontecimientos. Era la única, la primera y la última que se benefició del acta, era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara y asegurara fehacientemente que había completado el máster», ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que está acreditado que fue la inductora del acta «a la vista de que se quería salvar su reputación», por lo que el acta debía «responder a las exigencias» del entorno de la expresidenta regional.

En cuanto a la acusada Cecilia Rosado ha apuntado que reconoció el delito de falsedad documental como autora material para hacer «frente a la crisis mediática» tras saltar el caso, recibiendo «numerosas llamadas» de Álvarez Conde y la exasesora de Educación y funcionaria de la URJC María Teresa Feito.

«Actuó bajo presiones a sabiendas de que no se había defendido», ha señalado la fiscal, quien ha apuntado que del juicio se desprenden que Álvarez Conde «daba todas las facilidades para que se cursara el máster y hacer crecer el numero de alumnos», ha dicho. Además, ha insistido que la instrucción acredita «la falta de seriedad» y las «importantes irregularidades de este martes del curso 2011/2012».

A Feito la sitúa «en el epicentro» de lo ocurrido al quedar constatadas las retiradas llamadas a Cecilia Rosado y al rector Javier Ramos por su relación con el entorno de Cifuentes y su evidente conexión con la universidad al ser funcionaria.

«A cuenta de qué se producen esas llamadas. Sea cual fuera el motivo, Feito estuvo en el epicentro de todo lo que ocurrió. Tenía un pie en uno y en otro sitio. Reconoció llamadas con la jefa del Gabinete de Cifuentes y con la secretaria de Cifuentes. Todos daban por hecho que estaba allí para resolver lo que pasaba», ha recordado.

Así, ha insistido en que «el número de las llamadas era prueba de que se exigía una solución», agregando que Pablo Chico manifestó en su comparecencia que «no tenía duda de que es actuó por el interés de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».

A continuación, ha expuesto su informe el abogado de la acusación particular ejercida en nombre de la URJC, quien ha reprochado que no se haya pedido perdón a pesar del «cúmulo de despropósitos» ocurridos con el caso.

El letrado ha apuntado que en su día la Delegación de Gobierno en Madrid manifestó que la agenda de la exdelegada había sido destruida a pesar de que al inicio de la vista el abogado de Cifuentes presentó como prueba una cita extraída de esa misma agenda en relación al día en que debía entregar ese trabajo. Finalmente, el letrado renunció a la prueba al exigir el tribunal que se pudiera acceder a todos los datos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno central un cambio de rumbo con el fin de que asuma «su liderazgo» y apueste por una «coordinación efectiva», al tiempo que ha defendido las medidas adoptadas por la Comunidad para paliar la expansión del coronavirus pese a ser «duras y difíciles».

En su comparecencia ante el Pleno de las Cortes, el presidente ha insistido en que es necesario que el Ejecutivo central «mueva ficha» ante la situación de pandemia actual que requiere «la unidad y el esfuerzo de todos».

El presidente ha lanzado este mensaje antes de defender un decálogo de acciones que pide al Gobierno central entre las que se encuentra la necesidad de convocar una nueva Conferencia de Presidentes desde donde se coordinen actuaciones. «Debemos reforzarnos para hacer frente con más eficacia» en esta pandemia, ha defendido Mañueco, quien ha insistido en que el coronavirus sigue y «seguirá aún mucho tiempo».

«Nos hubiese gustado contar con más instrumentos jurídicos para actuar con eficacia y un mayor liderazgo coordinador del Gobierno de España», ha señalado.

Durante su intervención, el presidente ha defendido las medidas impulsadas desde la Junta y ha asegurado que la pandemia ha enseñado que «las medidas son más útiles y eficaces si se aplican con anticipación».

Así, ha recordado que ya el pasado 1 de enero se anunció la subida al nivel de alerta 4 en Segovia y en esas mismas fechas se adoptó un cambio de criterio para aplicar antes las medidas restrictivas, tomando como referencia la incidencia acumulada a 7 días, en vez de a 14 días como hasta entonces.

De este modo, en el Consejo de Gobierno del 7 de enero, con la participación de los expertos, se aprobaron medidas restrictivas en las provincias de Ávila, Palencia y Segovia, con cierres similares a los que mostraron su eficacia en la segunda ola, y ante el crecimiento de la incidencia a 7 días en el resto de provincias, el martes 12 de enero se ampliaron estos cierres a todas las provincias.

Por último, el día 15 de enero, ante el avance de la tercera ola, se anunciaron las medidas de limitación de los grupos de no convivientes a 4 personas; la limitación al 25 por ciento el aforo de celebraciones religiosas, el cierre perimetral de todas las provincias y el adelantando del toque de queda a las 20.00 horas.

Según ha afirmado Fernández Mañueco, «son medidas duras, difíciles de tomar, pero necesarias para frenar la escalada del coronavirus, para proteger la salud de las personas causando el menor daño a la economía«, medidas que se tomaron tras escuchar a los expertos, a representantes de sectores económicos, a los portavoces de los grupos parlamentarios, a los alcaldes de los principales municipios y a los presidentes de Diputación.

VACUNAS

El presidente ha subrayado la apuesta de la Junta por una política de actuación basada en la «prevención y anticipación», tanto en el ámbito de las vacunas, como la realización de pruebas de detección, el rastreo de casos o el refuerzo de los servicios sanitarios.

En cuanto a las vacunas, la Junta de Castilla y León continúa con el plan de vacunación al ritmo que permite la actual recepción de dosis, que están siendo menos de las comprometidas por el Gobierno de España. «El sistema público está funcionado y podremos aumentar el ritmo considerablemente, llegar más rápido a más personas, si el Gobierno de España incrementa la distribución y fija un calendario con garantías», ha señalado Mañueco, quien ha considerado que Castilla y León «es la segunda Comunidad con mayor porcentaje de población vacunada».

Como ha defendido el presidente, también se está aplicando la misma prevención y anticipación en la estrategia de antígenos, cuyo objetivo es detectar lo antes posible a contagiados asintomáticos y romper la cadena de contagios. «Castilla y León ha duplicado el número en el último mes y duplica la media nacional, siendo también la primera en número de pruebas diagnósticas», ha explicado.

A esto ha sumado también el incremento del número de test rápidos de antígenos de segunda generación en los centros de salud y salas de urgencias; y los cribados masivos en poblaciones con gran incidencia que actualmente suman más de 80 desde el 1 de enero, con varios más en curso y varios más programados.

Como ha detallado, en estos cribados se han hecho pruebas a más de 253.967 personas y han detectado más de 2.771 positivos, que son 2.500 «cadenas de contagio rotas».

Igualmente, el presidente ha destacado la prevención y anticipación que se lleva a cabo con los más de 1.240 rastreadores que trabajan en Castila y León, casi el triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, o con las propias medidas de vigilancia. Hasta la fecha, Castilla y León ha realizado más de 51.800 inspecciones, con más de 5.700 expedientes sancionadores, a las que se suma la vigilancia de las policías locales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el ámbito escolar, Fernández Mañueco ha destacado que las aulas confinadas suponen menos del 2 por ciento del total y no ha habido que cerrar ningún colegio por el coronavirus. En la actualidad acaba de empezar a dotarse a todos los centros con medidores de CO2 para compatibilizar una correcta ventilación con el adecuado confort térmico en las aulas.

Asimismo, Mañueco ha reforzado los servicios sanitarios: con el aumento de las Ucis a más de 550, la adquisición de respiradores, la contratación de personal y con la mejora de los protocolos de actuación. Claros ejemplos son la mejora del sistema de funcionamiento de los hospitales en red, de la cita previa o la reserva estratégica de Epis.

IMPACTO ECONÓMICO

Por otro lado, el presidente también ha explicado que para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía, en Castilla y León se han puesto en marcha dos planes de choque, en marzo y noviembre, para apoyar a familias, trabajadores, empresarios y autónomos. Como ha detallado, se trata de planes de choque con ayudas directas que suman cerca de 70 millones de euros y con medidas de crédito y liquidez para movilizar casi 700 millones de euros.

A estas ayudas se ha sumado recientemente un plan de ayuda al sector turístico y la hostelería, muy golpeado por la pandemia, con 20 millones de euros en ayudas directas, ampliable otros 10 millones.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha recomendado este viernes, ante la posible falta de personas para formar mesas electorales el 14F, recolocar a los suplentes que finalmente no deban formar parte de la mesa asignada en otras donde falten miembros, «preferentemente» en colegios del mismo municipio.

Lo ha manifestado en un acuerdo del jueves, y lo expresa como sugerencia para las Juntas Electorales de Zona, que en toda Cataluña ya han recibido recursos de al menos el 25% de personas citadas para las mesas electorales: el 14F habrá en total 9.139 mesas, 6.694 en la provincia de Barcelona.

La Junta Electoral Provincial señala que la ley electoral prevé que, a falta de las personas citadas paras las mesas, las formen los primeros en llegar al colegio electoral, y ordena no hacerlo de esta forma porque «es esperable la afluencia de electores de edad avanzada» siguiendo la recomendación del Govern para votar cada colectivo en distintas franjas horarias.

Así, remarca que la ley también otorga a las juntas electorales la potestad de designar «libremente a las personas que habrán de constituir la mesa electoral».

Usando esa posibilidad, «se sugiere que el criterio a seguir» en la provincia de Barcelona sea el de reasignar a los suplentes que no deban estar en la mesa electoral que se les ha asignado inicialmente porque se haya constituido con los primeros citados.

«POTENCIALES MOMENTOS CRÍTICOS» PARA EL 14F

El acuerdo de los magistrados destaca que el contexto de pandemia del 14F «supone la aparición de diferentes problemas e impedimentos a los cuales las juntas electorales de zona deben dar respuesta a partir» de la ley electoral.

Señala que en los comicios del 14 de febrero «la configuración de las mesas electorales se está revelando como uno de los potenciales momentos críticos para el éxito de la constitución» de las mesas.

Detallan que, tras consultar a la Junta Electoral Central (JEC) por el asunto, esta ha recordado que las juntas electorales de zona tienen la competencia para resolver los recursos a las citaciones para las mesas y se ha referido a lo que fija la ley ante posibles ausencias.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que si el PP es «clave» tras las elecciones catalanas no investirá al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat sino que apostará por un «líder constitucionalista», como ha ocurrido en Italia, que pueda «dar carpetazo al procés». Según ha dicho, su partido no puede apoyar «al peor ministro de Sanidad de Europa» con la pandemia y que, además, defiende «una mesa por la amnistía y la autodeterminación».

En una en entrevista en la cadena Cope, Casado ha afirmado que si el PP es «influyente» tras los comicios del 14 de febrero, Pedro Sánchez «tendrá más difícil seguir sobreviviendo a costa de ERC y JxCat».

«El 14F lo que se decide es si queremos que Sánchez tenga patente de corso para seguir haciendo lo que quiera o si queremos que tenga que depender de fuerzas moderadas o incluso que no tenga garantizada su permanencia en el poder toda la legislatura», ha declarado.

Ante la posibilidad de que Vox supere al PP como recogen algunas encuestas, Casado ha señalado que la posición de su partido es «clave» en Cataluña. «Lo que queremos es que el Gobierno no dependa de la Cup sino que dependa del PP», ha manifestado.

Aunque ha reconocido que el PP tuvo una representación «muy pequeña» en las últimas elecciones catalanas –solo 4 escaños– «después del procés» y la aplicación del 155, pero ha subrayado que eso «no quiere decir que no sea importante» porque es una formación que preside ahora Europa, ha gobernado España 15 años y gobierna ya en una gran ciudad catalana como Badalona.

Además, ha destacado que el PP es «el único partido» que está haciendo una campaña con «propuestas reales» para Cataluña, con bajadas de impuestos «poniéndolo a la altura de Madrid; planteando «acabar con la ocupación» ilegal de viviendas; y apostando por «la libertad educativa» y por mejorar la sanidad.

Casado ha criticado que ahora el PSOE presente a Illa, «el peor ministro de Sanidad de Europa», como «un supuesto salvador» cuando, a su juicio, ya se sabe que los socialistas «van a pactar con ERC» como «ha hecho siempre».

«IR A VOTAR ES TAN SEGURO COMO IR A COMPRAR EL PAN»

Al ser preguntado si cree que la logística de las elecciones puede dar al traste si hay muchas bajas de las personas que tienen que estar en mesas electorales el día 14, Casado ha señalado que el PP lleva pidiendo desde hace un mes conocer «toda la información sanitaria» y sobre «posible imposibilidad» de votar.

«Ni el Govern nos dio la información ni nos lo ha dado el Gobierno de España», ha manifestado, para añadir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado «más pendiente de contar votos que de traer vacunas» para hacer frente a la pandemia, algo que ha calificado de «profunda irresponsabilidad».

«Ahora lo que esperamos es que los funcionarios y la administración como tal no politizada preserve esa seguridad. Yo estoy convencido de que podrán hacerlo», ha manifestado, para añadir que ir a votar es «tan seguro como ir a comprar el pan».

ALERTA CONTRA LA DESMOVILIZACIÓN DEL VOTANTE CONSTITICIONALISTA

Casado ha llamado a acudir a votar y a la movilización ante esas elecciones porque, según ha reconocido, están viendo en todas las encuestas «mucha desmovilización del votante constitucionalista». A su juicio, es un votante que está «harto» y que «no confía en el PSC porque siempre pacta con ERC».

Pero hay que salir a votar y lo que pedimos es votar un cambio real. El único cambio no ensayado en Cataluña es que el PP sea clave, un PP con Alejandro Fernández», ha manifestado el presidente de los ‘populares’.

Además, ha destacado que el propio Fernández ya ha anunciado que el PP no va a investir a Illa como presidente de la Generalitat. «Como en Italia, si somos clave elegiremos a un líder constitucionalista que pueda presidir Cataluña y dar un carpetazo al procés después de diez años», ha explicado.

Casado ha justificado esta posición alegando que su partido no es «comparsa de nada» ni «del PSC», que «ha gobernado con Puigdemont». Además, ha subrayado que Pedro Sánchez «le debe los votos a ERC y JxCat».

«Nosotros no podemos investir a quien está en Moncloa gracias a los independentistas y a los que ayer votaron una mesa por la amnistía y la autodeterminación», ha proclamado, para añadir que la amistía «sólo se hace en los tránsitos de la dictadura a la democracia».

En este punto, el presidente del PP ha preguntado a los socialistas «si están asumiendo que España es una dictadura» porque la amnistía «no existe en el ordenamiento jurídico de una democracia». Además, ha subrayado que «la autodeterminación solo existe en las Naciones Unidas para territorios colonizados».

«¿Qué insinua el señor Sánchez y el señor Illa? ¿Qué Cataluña es una colonia de España?», se ha preguntado, para criticar que se retrate a Illa como una persona «muy amable y amable» cuando «lo que quiere es a Cataluña como moneda de cambio para que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa».

EL CIS Y LA VICTORIA DE ILLA

Ante la encuesta ‘flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves y que recoge una victoria del PSC, Casado ha dicho que al director de ese órgano, José Féliz Tezanos, «ya no le cree nadie». A su entender, las personas en esos puestos que ha situado el PSOE evidencia les «intentan perseguir con todos los aparatos del Estado».

Casado ha asegurado que el CIS es «un ejemplo de la estrategia» del Gobierno. «Espero que alguien recapacite y considere si es ético estar apoyando a un Gobierno que usa todos sus resortes contra la prensa libre, la oposición e incluso contra los jueces, que llevan ya tres comunicados públicos pidiendo respeto al Gobierno», ha indicado.

MARCA DISTANCIAS CON VOX

Además, el líder del PP ha arremetido contra Vox y ha dicho que ese partido y Sánchez son los «mangos de una pinza que intenta aprisionar la parte central de la vida pública en España». A su juicio, Sánchez está en el Gobierno gracias al partido de Santiago Abascal porque ha «fragmentado eficazmente el electorado de la derecha».

«Y Vox ahora con este real decreto de los fondos europeos le da vida a Sánchez», ha asegurado, para añadir que si ese partido no se hubiera abstenido en la votación de esa norma en el Pleno del Congreso Sánchez tendría «muy difícil la supervivencia con Podemos».

Tras acusar a Vox y el Gobierno de intentar «polarizar» el escenario en España, Casado ha marcado distancias con los de Abascal porque el PP «es europeísta» y «autonomista» a diferencia de Vox. «No entendemos por qué están tan contentos con Sánchez en el poder y le dan ahora un salvavidas con la gestión de 140.000 millones de euros para comprar voluntades», ha finalizado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a Pedro Sánchez que convoque una nueva Conferencia de Presidente par coordinar medidas para paliar la tercera ola de Covid-19 en el país, al tiempo que ha reclamado también un Consejo de Política Fiscal y Financiera para reequilibrar el reparto «injusto» de fondos de la UE.

«España es un proyecto común que exige lealtades mutuas, lealtad que las Comunidades ofrecemos», ha defendido Mañueco en su comparecencia ante las Cortes para analizar las actuaciones impulsadas desde la Junta en esta tercera ola de coronavirus, donde ha pedido que Gobierno central y autonomías «vayan de la mano» desde una «dirección unificada nacional»

Así, en este foro, el presidente ha defendido un decálogo con peticiones al Gobierno de España. El primer punto del mismo incluye actualizar los criterios comunes del acuerdo del 22 de octubre del Consejo Interterritorial de Salud, ya que, a su juicio, el actual cuadro de niveles, conocido como semáforo, deja arbitrariedad por encima del umbral de 250 de incidencia acumulada.

En este sentido, Fernández Mañueco ha reclamado además que se establezcan otros umbrales con medidas comunes para elevadas tasas de incidencia, incluida la posibilidad de un confinamiento total o selectivo en municipios, provincias o comunidades autónomas con una especial incidencia.

El presidente ha vuelto a reclamar una herramienta jurídica, intermedia entre el estado de alarma y la actual normativa sanitaria, que, como ha señalado, «está desfasada», para actuar con eficacia desde las comunidades autónomas.

En cuanto a las vacunas, el presidente ha pedido que se incremente la distribución de dosis de vacunas para acelerar el ritmo de vacunación y garantizar un calendario. «Solicitamos al Gobierno que utilice todas las herramientas a su alcance para hacer cumplir los contratos de suministro, tiene nuestro apoyo ante la Unión Europea y la industria farmacéutica», ha señalado.

En su decálogo, el presidente también ha pedido el establecimiento de pautas comunes en materia profesionales sanitarios para todos los servicios de salud públicos del sistema nacional; la agilización de los procesos de homologación de títulos de medicina y especialidades de terceros países para facilitar la contratación de profesionales y el aumento de las plazas de formación de especialistas en las próximas convocatorias previstas.

Asimismo, ha reclamado aprobar un paquete económico adicional para ayudar a los sectores más afectados, como el comercio, el turismo o la hostelería, algo que, como ha señalado, ya se ha hecho en Castilla y León, lo que ha sumado a un replanteamiento del reparto de los fondos europeos.

«Debe convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, consultar a las comunidades autónomas y reconsiderar el reparto, que es desequilibrado e injusto, especialmente con Castilla y León», ha reclamado.

Por último, el presidente ha insistido en la necesidad de aplicar el IVA reducido a todo tipo de mascarillas homologadas. «Es algo que le pedimos desde el mes de abril, cuando nos sumamos a la petición del presidente de la Xunta en Conferencia de Presidentes», ha recordado.

Son peticiones razonables que ayudarán a mejorar la coordinación, a proteger la salud de las personas y a reducir el impacto en la economía, España es un proyecto común que exige lealtades mutuas. Lealtad que las Comunidades ofrecemos», ha insistido.

En su intervención el presidente de la Junta ha insistido en que Castilla y León no es «competidora ni antagonista» del Gobierno de la nación y ha reseñado que su objetivo es ser «firme colaborador del Gobierno» con el fin de «aunar esfuerzos para que España funcione mejor».

«La respuesta a esta pandemia exige claramente que, desde las responsabilidades y funciones de cada uno, Comunidades y Estado vayan de la mano», ha manifestado Mañueco, a lo que ha añadido que «la gestión autonómica precisa de una dirección unificada nacional en todas las cuestiones esenciales».

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha planteado una consulta ante la Comisión Ética del Gobierno Vasco sobre el caso de las vacunaciones irregulares contra el coronavirus, según ha anunciado este viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien en todo caso ha reafirmado su respaldo a la consejera y ha afirmado que esta continuará en el cargo.

Urkullu se ha referido de esta forma, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a la polémica por la administración irregular de la vacuna contra la covid-19 a varios cargos sanitarios y a personas ajenas a Osakidetza, que han recibido el fármaco al margen del protocolo y del orden de prioridades establecido por el Servicio Vasco de Salud.

El lehendakari ha respondido a varias preguntas de la oposición referidas a este caso, por el que EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox han reiterado que Sagardui debe dimitir por lo ocurrido.

En su respuesta a los grupos, Urkullu ha asegurado que Sagardui «ha dicho toda la verdad» sobre lo ocurrido y, en referencia a las peticiones de dimisión, ha explicado que «lamentablemente» está «acostumbrado» a esta actitud por parte de la oposición.

Frente a esas demandas, ha reiterado su «apoyo» a la consejera, sobre la que ha subrayado que ha actuado «con total transparencia». Urkullu ha afirmado que una vez que tuvo conocimiento de las vacunaciones irregulares, Sagardui adoptó medidas «inmediatamente», reclamando a los directores de los hospitales de Santa Marina y Basurto que abandonaran el cargo tras salir a la luz que habían recibido la vacuna.

Además, ha subrayado que la responsable de Salud ha comparecido en dos ocasiones ante el Parlamento Vasco para aportar «toda la información» sobre este caso, y que «de ninguna manera» ocultó el problema. De hecho, ha destacado que Sagardui ha reconocido que en el proceso de vacunación se han producido «algunos fallos», y que ha anunciado algunos cambios organizativos para evitar que se pueda repetir lo acontecido.

El lehendakari ha destacado, por todo ello, que Sagardui «está en condiciones» de seguir en el cargo y que «así lo hará». «La actuación ha sido rápida y contundente; informó al Parlamento con total transparencia; ha dicho la verdad», ha manifestado Urkullu, quien ha expresado su «rechazo» a las «acusaciones falsas» que se están realizando «a sabiendas» en torno a este tema.

En todo caso, ha explicado que Sagardui ha elevado una consulta a la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco, un organismo dedicado a analizar el cumplimiento del Código Ético y de Conducta establecido por el Ejecutivo autonómico para sus cargos.

La consejera, según ha informado el lehendakari, ha informado a la referida comisión sobre «hechos y decisiones» relacionados con las vacunaciones irregulares. En este sentido, Urkullu ha afirmado que «todos los cargos» del Gobierno autonómico «estamos comprometidos con un código ético» cuya evaluación –según ha recordado– corresponde a la Comisión de Ética Pública.

Urkullu ha recordado que en Euskadi se han administrado ya cerca de 50.000 dosis de la vacuna, y que los protocolos «se están cumpliendo», con la excepción de las «dos irregularidades graves» –en referencia a las vacunas administradas a los ya exdirectores de Basurto y Santa Marina– que se han detectado.

El lehendakari, además, ha afirmado que la estrategia de vacunación por la que ha optado el Gobierno Vasco, destinando una parte significativa de las vacunas a mantener una «reserva estratégica» frente a posibles problemas de abastecimiento, se ha revelado como «muy adecuada».

El máximo responsable del Gobierno Vasco ha afirmado que «a quien más daño está ocasionando esta situación es a la propia estructura de Osakidetza y a sus profesionales por el proceder de dos directores con responsabilidad pública». Asimismo, ha señalado que «el factor humano debe ser considerado», y ha reconocido que «no se puede garantizar que no haya errores o comportamientos irregulares».

«No hemos ocultado o negado errores o disfunciones; sabemos que se pueden volver a producir y espero que no sea en el cumplimiento de los protocolos establecidos», ha indicado, antes de señalar que sí puede garantizar que si hay fallos «habrá una reacción rápida y clarificación transparente»; y que si fueran «situaciones graves», como en este caso, habrá una «depuración de responsabilidades y rectificación».

Urkullu ha defendido la «buena labor» de «los profesionales y de los cargos con responsabilidad» en Osakidetza y el Departamento de Salud, y ha insistido en que se trata de «dos irregularidades graves» entre 50.000 vacunaciones, y que «no existe» ninguna crisis en el Departamento de Salud ni en Osakidetza.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha vuelto a denunciar las «medidas verdades», la «falta de transparencia», y las «mentiras» de la consejera, así como el «descontrol» del proceso de vacunaciones. Ubera ha asegurado que los responsables del hospital Santa Marina de Bilbao, en el que se realizó una vacunación masiva a toda la plantilla, incluido el propio director del centro, contaron el «permiso» de los responsables de Osakidetza y del Departamento de Salud para obrar de esa manera.

Por ese motivo, ha denunciado que Sagardui está «inhabilitada» para continuar al frente del Departamento de Salud. «¿Un lehendakari puede proteger a una consejera que ha mentido al Parlamento y a los ciudadanos?», ha preguntado a Urkullu.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha acusado al Gobierno de utilizar los «incidentes callejeros y criminalizar las luchas sindicales» como «cortinas de humo» para «no hablar del escándalo de las vacunas privilegiadas». «En Euskadi se ha vacunado ilegalmente y se han vacunado exconcejales de su partido político y altos cargos médicos», ha asegurado.

Asimismo, ha defendido que su formación no va dejar que se «cierre en falso» este asunto, y ha insistido en que la campaña de vacunación se ha desarrollado con «irregularidad y opacidad» en Euskadi, por lo que ha pedido a Urkullu que suspenda a Sagardui de su cargo, trabaje con la oposición, e investigue lo sucedido. «Yo creo que usted no se ha vacunado, pero nos surgen dudas sobre cuántas personas se han podido vacunar de su partido y sobre si algún miembro de su Gobierno lo habrá hecho», ha afirmado, dirigiéndose al lehendakari.

Desde la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz ha pedido a Urkullu que «no mezcle la buena labor de los profesionales sanitarios con lo que está ocurriendo con las vacunaciones irregulares para relativizar el tema, como hace el PNV». Iturgaiz ha criticado que el lehendakari hable de dos vacunas irregulares, «cuando se trata de decenas» y ha insistido en que Urkullu «debe actuar» porque la consejera «debería ser ya exconsejera».

«Es un momento crucial; la consejera no ha estado a la altura, ha faltado a la verdad; está bajo sospecha e inhabilitada para dirigir la lucha contra la pandemia», ha subrayado. Asimismo, ha acusado a Urkullu de mantener una actitud «negacionista ante este escándalo», y se ha preguntado «dónde está la ejemplaridad del lehendakari y del Gobierno».

Por su parte, la parlamentaria de Vox Amaia Martínez ha denunciado que la campaña de vacunación es un «desastre» y que no existe un protocolo «claro» sobre los colectivos a los que se ha de administrar el fármaco en primer lugar. Martínez ha reiterado que la consejera debe dimitir por el «terremoto» que ha supuesto este caso.