Activistas de Greenpeace han llevado mil litros de agua contaminada por nitratos a la macrogranja vacuna del municipio navarro de Caparroso para exigir una legislación «más ambiciosa» con motivo de la conmemoración del Día del Agua.

Con esta protesta, la organización quiere «poner en evidencia las malas prácticas de esta empresa» y exigir «una legislación de nitratos ambiciosa que termine con el grave problema de contaminación del agua que existe en España y ponga freno legislativo a la ganadería industrial, una de las principales causas del problema», ha expuesto Greenpeace en un comunicado.

En la pancarta principal de la protesta de Greenpeace se podía leer ‘Las macrogranjas envenenan el agua’ acompañado por los mensajes ‘Valle de Odieta contamina’ y ‘Macrogranjas NO’.

Según ha señalado la organización, esta acción de protesta surge después de que Greenpeace «fuera testigo, el pasado febrero, del impacto ambiental provocado por reiterados vertidos masivos ilegales de purines de la macrogranja de Caparroso, vertidos que llegan a acuíferos y ríos».

Por este motivo, este lunes un grupo de activistas ha extraído agua de una balsa que se encuentra en plena Zona Especial de Conservación de los Tramos Bajos del río Aragón, uno de los espacios protegidos bajo la Red Natura 2000 -que recoge los espacios ambientales más importantes de Europa– y «los ha devuelto a la balsa impermeabilizada de esta macrogranja.

Mientras tanto, otro grupo de activistas ha protestado junto «a las minúsculas casetas donde se encierra, sin apenas movilidad, a centenares de terneras separadas de sus madres para, en el futuro, reemplazarlas en esta fábrica de producción industrial», han censurado desde Greenpeace.

Según han expuesto desde la organización, «desde 2014, año en que se puso en funcionamiento la macroexplotación de Caparroso», la empresa «acumula nada menos que 19 denuncias de diversos organismos públicos del Gobierno de Navarra, 11 de ellas convertidas ya en procedimientos sancionadores por diversas infracciones a la normativa medioambiental».

«Pese a esto, y después de una sentencia favorable a la empresa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el Gobierno de Navarra autorizó, este pasado 12 de marzo, que la empresa duplique la capacidad de sus instalaciones pasando de una autorización para explotar 3.450 vacas (aunque, en realidad, tienen más de 5.000 vacas incumpliendo lo autorizado), a poder explotar 7.200″, ha censurado Greenpeace.

En este sentido, ha remarcado que, según la Autorización Ambiental Integrada, «se generarían así 148.858 toneladas anuales de estiércoles, lo equivalente a los residuos fecales generados por casi 1,8 millones de personas, el triple de la población de Navarra».

Para Luis Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España, «es indignante e inaceptable que la empresa Valle de Odieta, con sus antecedentes delictivos, vaya a poder duplicar la capacidad de esta explotación y que pretenda construir otra casi cinco veces más grande en Noviercas, Soria». «Las administraciones no lo pueden permitir y las personas lo debemos exigir bien alto», ha afirmado.

A juicio del representante de Greenpeace, España «no ha sido capaz de poner coto» al problema de los nitratos, «provocado en gran medida por el crecimiento exponencial de la ganadería industrial en nuestro país».

«Tanto es así que la Comisión Europea abrió en 2018 un expediente sancionador contra España por incumplimiento de la directiva y, en julio de 2020, envió al Gobierno español un dictamen motivado, en el que instaba a extremar las medidas para cumplir con la legislación ambiental. Ante esta situación, el Gobierno español inició la modificación de la legislación ambiental, ahora en período de consulta pública, para la cual Greenpeace pide una mayor ambición con un objetivo de reducir, al menos, un 50% la emisión de nitrógeno para 2030″, han señalado desde la organización.

Por ello, Ferreirim ha considerado que «precisamente hoy, en el Día Mundial del Agua, y teniendo en cuenta que 7 de las 10 cuencas hidrográficas con mayor sequía crónica de toda Europa se encuentran en España, es vergonzoso tener que recordar que estamos envenenando nuestra agua con nitratos». «Hay que cortar el mal de raíz, poniendo fin a la ganadería industrial y a la ingente cantidad de residuos que genera», ha sostenido.

Para Greenpeace, «la ganadería industrial no sólo está destruyendo el planeta, sino que además no ha sido capaz de frenar la hemorragia rural». «Es una falsa solución al reto demográfico y no tiene cabida en un modelo de futuro verde preconizado por las políticas europeas», ha agregado.

Tras esta acción en Navarra, Greenpeace llevará al Ayuntamiento de Noviercas «botellas con el agua contaminada de Caparroso y con el mensaje ‘Sin agua no hay pueblos. Valle de Odieta contamina. #MacrogranjasNO’.

Además, para frenar la ganadería industrial, Greenpeace ha puesto en marcha una petición de firmas que ya ha recogido más de 63.500. La organización tiene el objetivo de alcanzar las 100.000 firmas para demandar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «una legislación sobre nitratos que permita frenar el avance de la ganadería industrial».

El sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado a los partidos políticos con representación en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que «no se demore más» la presentación de enmiendas parciales a la Proposición de Ley de Seguridad del Paciente, ya que la mejora de la atención y cuidados a los pacientes y ciudadanos en general requiere «celeridad».

En este sentido, el sindicato ha recordado que, tras su toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 15 de diciembre de 2020, se ha prorrogado ya hasta en cuatro ocasiones el periodo de presentación de enmiendas parciales al articulado de la norma por parte de los diferentes grupos políticos con representación en la Comisión de Sanidad.

«Desconocemos a qué se debe este retraso en lo que respecta a la presentación de las enmiendas parciales por parte de los grupos teniendo en cuenta que la mayoría de estos expresaron su inequívoco respaldo a la Ley de Seguridad del Paciente durante su toma en consideración por los claros beneficios que va a conllevar para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y para la atención sanitaria y cuidados de todos», ha apuntado la organización.

Al respecto, Satse ha incidido en que se trata de una norma que ha llegado al Congreso gracias a la voluntad popular manifestada en las cerca de 700.000 firmas de apoyo recabadas en todo el Estado, lo que constata que el conjunto de la ciudadanía considera «muy necesario» que se garantice la salud y seguridad de cualquier persona a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera.

Además, ha confiado en que el «firme» compromiso público manifestado por una amplia mayoría de los grupos políticos durante su toma en consideración en el Congreso de los Diputados permanezca «intacto», por lo que ha reclamado que el debate sobre las posibles enmiendas parciales presentadas al articulado de esta norma estatal se produzca «sin más demoras».

Al respecto, el sindicato ha recordado que la portavoz del PSOE, Ana Prieto, señaló que la norma «visibiliza un compromiso que también es el nuestro que es garantizar y aportar seguridad al paciente en la atención sanitaria y cuidados que recibe, independientemente de lugar en el que viva o de su situación económica, lo que es justicia social», y apuntó que esta Ley «supondría mejorar la humanización sanitaria y de los cuidados».

Por su parte, la portavoz del PP, Elvira Velasco, manifestó que la ley «aborda dos desafíos, cubrir los déficits existentes, al no cumplirse los ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente, y el de reemplazar a las enfermeras que se jubilen», y se congratuló del «gran respaldo» obtenido aún incluso en los momentos previos a la pandemia, mostrándose convencida de que hubiera sido mayor ahora dada la gran confianza que tienen los ciudadanos en las enfermeras.

De otro lado, desde Unidas Podemos, María Márquez, aseveró que «es el momento de traducir los aplausos en medidas que garanticen un trabajo digno, seguro y de calidad para las enfermeras», y enfatizó en que la ley daría respuesta al compromiso acordado por los partidos políticos en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país relativo a aumentar la ratio de enfermeras por habitante en España hasta situarnos en la media de Europa.

Por su parte, Miguel Ángel Gutiérrez, de Ciudadanos, puso el acento en el hecho del gran apoyo ciudadano y profesional conseguido por la ILP para poder tramitarse en el Congreso de los Diputados y aseveró que la norma «es buena para las enfermeras, es buena para el Sistema Nacional de Salud y es buena para todos los ciudadanos».

En el mismo sentido, el portavoz de Vox, Juan Luis Steegmamn, resumió la ley en tres claves, «unidad seguridad e igualdad», e indicó que está cargada de razones dado el claro déficit existente de enfermeras y enfermeros que hay en nuestro país. Añadió, además, que la ley «aumentará la salud de los españoles», apuntando que se trata de «una iniciativa legislativa del pueblo con un gran apoyo social y profesional».

También Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Mixto, mostró su respaldo a la ley afirmando que se trata de una «buena iniciativa muy bien planteada» que convertirá en uno de los primeros países europeos y del mundo en contar con una norma que garantizará una ratio adecuada y segura de pacientes por cada enfermera y que ello se refleje en todos los hospitales, centros de salud y en el resto de los centros sanitarios y sociosanitarios, con independencia de que su titularidad sea pública o privada.

«Compartimos y valoramos positivamente esta expresión de apoyo inequívoca del conjunto de los grupos políticos en la Cámara Baja, así como su compromiso con garantizar la seguridad del paciente a través del proyecto de ley presentado como iniciativa legislativa popular. La norma impulsada por Satse establece unas líneas claras mínimas y básicas para que los pacientes dispongan de un número suficiente y adecuado de enfermeras y enfermeros en todos los hospitales, centros de salud o centros sociosanitarios, evitando así que el actual déficit estructural de plantillas que existe en nuestro país desde hace casi 25 años pueda seguir perjudicando la atención que reciben los pacientes y ciudadanía en general», ha zanjado Satse.

La sobrecarga y tensión laboral sufrida por las enfermeras y enfermeros durante la pandemia del Covid-19 ha supuesto un notable empeoramiento de su salud a nivel físico y psicológico. Siete de cada diez sufren el síndrome del profesional «quemado» y casi nueve de cada diez se sienten estresados, mientras que la ansiedad, el temor o la angustia afecta a la práctica totalidad de estos profesionales.

Estos son los primeros resultados de la macroencuesta realizada por el Sindicato de Enfermería, SATSE, a un total de 11.645 enfermeras y enfermeros de todas las CCAA durante el pasado mes de febrero y que «evidencia de forma clara y rotunda que la falta de protección, medios y profesionales ha perjudicado al conjunto de estos profesionales que se han dedicado desde el inicio de la pandemia a cuidar y atender a millones de personas poniendo en todo momento en claro riesgo su salud y seguridad, así como la de sus personas más cercanas».

Según el estudio, en los últimos meses ha crecido en 13 puntos la sensación de estar quemado con el trabajo, pasando de un 56 por ciento a un 69 por ciento de los profesionales encuestados, mientras que el estrés ha aumentado de un 78 por ciento a más de un 88 por ciento, diez puntos más.

De igual manera, el sentimiento de agotamiento emocional también se dispara pasando de un 75 por ciento a más de un 88 por ciento de las enfermeras y enfermeros consultados, mientras que baja en casi 10 puntos el sentimiento de realización con el trabajo que se desempeña en su correspondiente unidad, servicio o centro sanitario, situándose éste en apenas un 40 por ciento.

SATSE viene realizando desde 2012 estudios de manera periódica para analizar las consecuencias a nivel psicológico y físico que tiene en las enfermeras y enfermeros su labor asistencial y de cuidados «y, lejos de mejorar, sigue constatándose un empeoramiento generalizado que, en esta ocasión y a consecuencia de lo sufrido durante los meses de crisis sanitaria, es más grave y preocupante», subrayan.

La encuesta también se interesa por los principales síntomas que las enfermeras y enfermeras aseguran padecer a consecuencia de su trabajo, tanto a nivel físico (tensión muscular, alteraciones del apetito o del sueño, problemas sexuales), como a nivel psicológico y emocional (nerviosismo, ansiedad, temor, angustia, irritabilidad, dificultad en la concentración).

En concreto, un 96 por ciento de los enfermeros y enfermeros encuestados manifiesta haber sufrido inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia, de los que cerca de un 60 por ciento reconoce padecerlo de manera frecuente o muy frecuente, mientras que nueve de cada diez han sentido que la situación vivida les supera.

De otro lado, el 92 por ciento de los profesionales que han realizado la encuesta de SATSE declaran tener alteraciones del sueño y un 83 por ciento alteraciones del apetito. Asimismo, los problemas sexuales han aparecido para más del 57 por ciento de las enfermeras y enfermeros de nuestro país.

Otro de los problemas referidos como consecuencia de la sobrecarga y tensión laboral sufrida a lo largo de los últimos meses es que a casi un 80 por ciento de los profesionales encuestados les ha disminuido la memoria, casi un 88 por ciento tiene dificultad a la hora de concentrarse y cerca del 77 por ciento refieren lentitud de pensamiento.

«La pandemia ha pasado una clara factura a la salud física, psicológica y emocional de las enfermeras y enfermeros y, por el momento, las distintas administraciones competentes no han avanzado en su compromiso reiterado de mejorar sus condiciones laborales y profesionales para que puedan atender y cuidar a los demás en entornos laborales saludables», afirman desde el sindicato.

SATSE advierte que esta situación de estrés y sufrimiento psicológico y físico, que es estructural en la labor profesional de las enfermeras y enfermeros y que se ha agudizado este año con la pandemia de la Covid-19, no puede prolongarse «ni un minuto más» y, por ello, exige a los gobiernos estatal y de las distintas autonomías que, con carácter urgente, pongan en marcha medidas estructurales de recursos y medios para acabar con esta insoportable situación.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que le sorprendió el ofrecimiento del aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al proponerla como futura candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales, si bien ha dejado claro que está «completamente volcada» en sus actuales dentro del Gobierno de coalición.

«Sinceramente sí, claro que sí», ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso a la pregunta de si «se quedó de piedra» cuando Iglesias hizo público que proponía su perfil para el futuro liderazgo de Unidas Podemos, una vez que va a ser el candidato de este espacio político a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Sobre las negociaciones con el PSOE para remodelar el Ejecutivo de coalición y el acuerdo para que fuera vicepresidenta tercera y no segunda como ostenta ahora Iglesias, Díaz ha dejado claro que todo el mundo sabe que su labor al frente del Ministerio de Trabajo es «lo que más le gusta en la vida» y que a ella no le van a «encontrar nunca discutiendo por puestos».

Por tanto, ha recalcado que ahora está centrada en su tarea al frente del Ministerio, si bien ha destacado que ser vicepresidenta de España es «un honor».

HABRÁ ACUERDO SOBRE LA LEY DE VIVIENDA

Momentos antes de participar en la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Díaz se ha mostrado convencida de que habrá acuerdo en el seno del Ejecutivo sobre la nueva Ley de Vivienda y la regulación del precio del alquiler.

En este sentido, la ministra de Trabajo ha asegurado que el Gobierno quiere abordar la situación del paro, que es el primer problema del país, y también las dificultades de acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional.

Por tanto, ha reiterado que habrá finalmente acuerdo en el seno de la coalición y que «no se trata de ceder», en alusión a las divergencias entre Unidas Podemos y PSOE sobre cómo articular la futura normativa.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos y socio de gobierno del PP en la comunidad autónoma castellano y leonesa, ha cargado contra el «obsceno juego político» que, a su juicio, representa la moción de censura que se debate este lunes en el Parlamento autonómico a la que se ha referido como una partida en la que juegan «unos señores de fuera» y en la que el encargado de mover los peones es «el señor Redondo» –en referencia a Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez–.

«La moción no se ha fraguado en esta tierra se ha fraguado en La Moncloa», ha añadido.

Igea ha cargado contra una moción «plagada de trampas y de mentiras» que, según ha advertido, no se presenta contra el Partido Popular de Castilla y León sino contra Ciudadanos en la estrategia del PSOE nacional de «desembarazarse» ahora de los liberales para «destrozar» a Ciudadanos «con el abrazo del oso» en su objetivo de hacerse con el centroizquierda.

El vicepresidente y portavoz de la Junta ha ironizado también sobre la falta de futuro del candidato del PSOE en esta moción de censura, Luis Tudanca, a quien ha criticado por haberse «dejado arrastrar hasta los pies de la fosa» que representa, a su juicio, la estrategia de esta moción. «Es un líder finiquitado», ha espetado Igea a un «sumiso» Tudanca a quien ha advertido de que sus propios compañeros de partido echarán «las últimas paladas de tierra» en esa fosa.

Igea ha tirado de ironía para explicar que Tudanca podría simbolizar las virtudes que proclama el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, para asegurar que si para ser un buen presidente hay que ser «soso, serio y formal» Castilla y León ya «al mejor presidente», en referencia a Alfonso Fernández Mañueco.

Francisco Igea se ha dirigido también los otros diez procuradores de Ciudadanos –el viernes dejó el grupo la salmantina María Montero– ya que, según ha reivindicado insistentemente, estos liberales son los que hicieron posible el cambio en Castilla y León para recordarles que la política no es un camino de privilegios sino una constante «cuesta arriba», y ha ironizado sobre el enfado del PSOE tras comprobar que no han cedido a sus tentaciones.

«El cambio no es el turnismo PP y PSOE, el cambio somos nosotros», ha recordado Igea a los miembros de su grupo de los que depende el éxito de la moción de censura en Castilla y León –el PSOE necesita el apoyo de entre dos o tres procuradores de los liberales para que prospere la opción de cambio en la comunidad ya que ya cuenta con el rechazo de VOX y la abstención de Por Ávila–.

«Son hoy quienes hacen posible el cambio en esta Comunidad, sois vosotros los protagonistas de este cambio», ha añadido Igea que ha reconocido que habría sido más fácil dejar las cosas como están sin sacar a Castilla y León de «30 años de inercias» para asumir que los cambios de Cs han generado polémicas, a lo que ha añadido que Ciudadanos vive días difíciles tanto en clave de partido como en el espacio político que ocupa.

«Somos una palanca para cambiar las cosas pero no vamos a ser un garrote con el que media España azote a la otra media», ha sentenciado Igea que ha augurado en un rifirrafe con un procurador socialista que los liberales van a durar «más de lo que ustedes creen» para reivindicar a renglón seguido la «responsabilidad» y la «lealtad» de un partido que cumple los acuerdos firmados y que no hace oposición dentro del gobierno.

Igea ha realizado estas afirmaciones en su respuesta a la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y procuradora por Zamora, Ana Sánchez, que ha sido de la encargada de presentar la moción de censura y al candidato para advertir desde el inicio de que no iba a dar la réplica al vicepresidente porque «no tiene palabra».

Ante la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla que condena a seis años y medio de cárcel al vecino de Osuna acusado de encañonar a su exmujer con una escopeta con ánimo de matarla, extremo repetido además contra un agente de la Guardia Civil que se interpuso en su camino y que logró reducirle, la acusación particular ejercida por la exesposa del inculpado ha decidido interponer un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reiterando su demanda de 14 años de prisión para este hombre.

En concreto, y según han informado fuentes del caso, el recurso de apelación que prepara la acusación particular se dirige contra la tesis de la sentencia según la cual el acusado «había consumido cantidades no muy elevadas de alcohol y cocaína», extremo por el que, según la Sección Cuarta de la Audiencia, «tenía ligeramente mermadas sus facultades intelectivas y volitivas».

La acusación particular, en ese sentido, sostiene que con los informés médicos que pesan en las actuaciones fruto de las pruebas de sangre y orina, no habría quedado demostrado que el acusado obrase bajo los efectos del alcohol; argumentando además que en el caso de la cocaína, sólo fueron detectados «restos» en la prueba de orina, pesando que la citada droga necesita «al menos una semana» para desaparecer de la orina pero desaparece de la sangre en dos días, con lo que Antonio Luis M.M. no habría actuado bajo los efectos de la cocaína.

LA SENTENCIA

La sentencia condenatoria, declara como hechos probados que el 3 de marzo de 2020, Antonio Luis M.M. acudió al domicilio de su exmujer «alterado porque creía que le había causado daños en unos olivos y también por la previa ingesta de alcohol y cocaína», preguntando al hijo de ambos, de 12 años en aquel momento, «dónde está, que la mato».

Al no encontrar a su exesposa en la vivienda, según la sentencia condenatoria, Antonio Luis M.M. salió a la calle junto a su hijo y se percató entonces de que la mujer llegaba en su vehículo a las inmediaciones del domicilio, ante lo cual empuñó «una escopeta semiautomática en correcto estado de uso, que llevaba en el asiento del copiloto» de su todoterreno.

Con ese arma, «apuntó» a la mujer «desde corta distancia y apretó el gatillo, sin que se produjera el disparo por cuanto la escopeta estaba descargada», tras lo cual «con intención de atentar contra la vida» de la víctima, «introdujo dos cartuchos en el arma y guardó otros cuatro cartuchos en el bolsillo delantero derecho de su pantalón, instante en el que» ella «se marchó rápidamente del lugar al volante de su vehículo».

EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Según la sentencia condenatoria, Antonio Luis M.M. subió a su todoterreno y siguió a su exmujer, «advirtiendo cómo llegaba hasta las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil». Tras entrar ella en las instalaciones de la Guardia Civil, él se dirigió también a dicho centro «de manera acelerada, con la escopeta en las manos apuntando hacia el frente, manipulando el arma para cerciorarse de que alojaba un cartucho en la recámara».

Aunque la mujer salió del cuartel tras relatar los hechos a los agentes, volvió de nuevo al mismo «aterrorizada» al comprobar que el acusado «se dirigía hacia allí portando la escopeta en actitud de dispararla».

«Antonio Luis franqueó el arco de entrada al cuartel, dirigiéndose al cuarto de guardia, con el propósito de localizar a la víctima y acabar con su vida, lo que no logró debido a que en ese momento se interpuso en su camino un agente uniformado al que el acusado, con claro desprecio a sus funciones y al principio de autoridad que encarnaba, no dudó en apuntar con la escopeta, que seguía teniendo un cartucho en la recámara en condiciones de disparar, haciendo caso omiso a los requerimientos del agente, que a su vez le apuntaba ya con su pistola reglamentaria, para que bajara la escopeta», declara probado la Audiencia.

HABÍA IDO «A MATARLA»

A continuación, el agente, «aprovechando que el acusado desvió su mirada un instante al interior del cuartel en busca» de la mujer, «se abalanzó contra él, cayendo ambos al suelo». «Con auxilio de un policía local de Sevilla franco de servicio y que acudió por haber visto desde la calle» la situación, el guardia civil «logró reducir a Antonio Luis M.M., quien insistía en que había acudido allí «a matarla», según se declara probado.

El tribunal, así, constata «el ánimo homicida del acusado, incluso con algún tinte alevoso», así como su «propósito de acabar con la vida de quien había sido su esposa», teniendo en cuenta en paralelo que «había consumido cantidades no determinadas, pero no muy elevadas, de alcohol y cocaína, lo que exacerbó su sentimiento subjetivo de que su exesposa le había estado causando daños en diversos bienes». Por ello, según el tribunal, el acusado «tenía ligeramente mermadas sus facultades intelectivas y volitivas».

Así, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla condena a Antonio Luis M.M. a tres años y medio de cárcel por un delito de intento de homicidio, con la «prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho años y seis meses». Además, le impone otros tres años de cárcel por un delito de atentado a agente de la autoridad con uso de armas, así como una indemnización de 12.000 euros en favor de la víctima.