El magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 10 de Madrid ha acordado esta jueves por la tarde la prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre de 84 de edad detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el distrito madrileño de Moratalaz la noche del martes tras haber matado a su mujer con un golpe de martillo en la cabeza.

El varón, que durante su declaración ante el juez ha reconocido los hechos, está investigado por la comisión de un delito de asesinato. Tras su comparecencia judicial ha sido conducido al recinto penitenciario de Soto del Real.

La agresión se produjo pasados unos minutos de las 20.00 horas del día 15, cuando el 112 recibió el aviso vecinal de que una mujer, Consuelo M.L, estaba pidiendo auxilio desde la ventana de su domicilio al grito de «Me va a matar, me va a matar», trasladándose inmediatamente una patrulla de la Policía Nacional hasta el lugar, ubicado en la calle Montpellier, número 1.

A su llegada, los sanitarios atendieron y estabilizaron a la mujer, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Fue intubada y trasladada en estado grave al Hospital Doce de Octubre, indicó una portavoz de Emergencias Madrid. Allí murió debido a su edad y a la gravedad de las heridas.

Por su parte, Policía Nacional detuvo al supuesto homicida, Eduardo, quien abrió la puerta de la casa a los agentes y reconoció lo ocurrido, llegando a asegurar que lo hizo por «celos» porque sospechaba que su esposa «se veía y hablaba con otros hombres del barrio». Y hasta llegó a añadir que «se merecía mucho más de lo que le había hecho».

Según los vecinos, esto no era así, que el apresado era un hombre muy celoso y se inventaba supuestas infidelidades. También aseguran que habían escuchado discusiones previas de la pareja, por lo que su relación no estaría pasando actualmente por buen momento. El asesino confeso salió esposado tranquilo y llegó a la comisaría de Moratalaz, donde ha pasado las últimas dos noches, sin mostrar arrepentimiento de lo ocurrido.

Tanto víctima como verdugo son españoles y estaban casados, con un hijo en común de 40 años, y llevaban viviendo en ese piso desde la década de los 80. Por tanto, se trataría de un nuevo caso de violencia de género, el sexto en la Comunidad de Madrid en lo que va de año y el número 20 en toda España. No había denuncias previas de la mujer contra él ni órdenes de alejamiento, han confirmado las mismas fuentes.

Dirigentes de Unidas Podemos mostrarán apoyo a las distintas ‘columnas’ que han participado en la ‘marcha por la libertad del pueblo saharaui’ que recalará este viernes en la Puerta del Sol, que busca visibilizar su causa en favor de un referéndum de autodeterminación.

Concretamente y por parte de Podemos asistirá a la Puerta del Sol la responsable internacional de Podemos y eurodiputada, Idoia Villanueva, y el diputado en el Congreso Antón Gómez Reino.

Por parte de IU acudirán los responsables federales de Internacional y de Derechos Humanos y Cooperación Jon S. Rodríguez y Francisco Pérez, respectivamente, además del eurodiputado de esta formación, Manu Pineda.

Desde esta formación han mostrado su «total apoyo» a esta movilización, tal y como ha hecho directamente su militancia «en distintas localidades para manifestar en la práctica el merecido respaldo durante las últimas semanas a las personas que han integrado las distintas columnas que han atravesado buena parte del territorio» nacional.

De la misma forma, IU ha realizado un llamamiento público a la «participación en la manifestación convocada para el sábado por todas las asociaciones y grupos que han unido fuerzas para que esta gran movilización sea un éxito».

El responsable federal de Internacional de IU ha valorado que esta marcha desplegada por toda España «ponga de relieve la fuerza que tiene en España el movimiento de solidaridad que respalda las legítimas reivindicaciones saharauis.

«Ahora corresponde al conjunto de las instituciones dar los pasos necesarios para que se cumpla la legalidad internacional, tras 46 años de ocupación marroquí del Sáhara Occidental, de exilio y de represión para el pueblo saharaui», ha desgranado.

De esta forma, ha destacado que España «tiene una responsabilidad histórica todavía vigente con la situación del Sáhara Occidental, la última colonia de África pendiente de descolonización». «Como antigua potencia colonial, sigue muy viva la responsabilidad de trabajar activamente para buscar una solución en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan la autodeterminación del pueblo saharaui», ha zanjado.

Recientemente y, con motivo de la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación morada, el Frente Polisario subrayó la responsabilidad «política y jurídica» de España ante la situación del pueblo saharaui y agradeció a Podemos su apoyo al derecho internacional, con su compromiso con el referéndum de autodeterminación.

Los trabajadores latinoamericanos con una menor cualificación sufrirán las secuelas económicas de la crisis durante una década, según un nuevo informe del Banco Mundial, que advierte de que estos empleados se enfrentarán durante el periodo a pérdidas de ingresos y a una mayor vulnerabilidad.

El texto advierte que la crisis económica que actualmente padece Latinoamérica tiene efectos duraderos sobre la estructura del empleo y podrían expulsar a muchas personas de forma permanente de la economía formal.

El estudio indica que, de media, tres años después de una recesión se pierden 1,5 millones de empleos en la región, con una contracción del 3% en el empleo formal y una expansión del empleo informal. La crisis actual podría ser incluso peor y provocar una contracción del 4% en el empleo formal.

En este escenario, los trabajadores de menor cualificación suelen ser los más afectados, algo que exacerba las desigualdades persistentes en la región latinoamericana. Asimismo, dos tercios de los países de la región carecen de programas de seguro de desempleo.

«La recuperación económica con frecuencia ha sido un mito en términos de creación de empleo», destaca el vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, quien cree que las políticas correctas «pueden ayudar a limitar el impacto de las crisis sobre el empleo y a promover la creación de más puestos de trabajo en la fase de recuperación».

Como ejemplo, el informe repasa algunos de los shocks más grandes que tuvieron lugar en la región en las últimas décadas. Entre ellos, destaca la crisis de deuda brasileña, los efectos de la crisis financiera asiática en Chile y el impacto de la crisis mundial de 2008-2009 en México. En ninguno de los casos se materializó una recuperación rápida en términos laborales, de manera que la curva de empleo experimentó una desviación muy negativa a causa de estas crisis, algo que, lejos de revertirse, se profundizó con el paso del tiempo.

El Banco Mundial apunta que ante esta situación las políticas públicas deben enfocarse en proteger a los trabajadores de este fuerte impacto a largo plazo mediante el uso de seguros de desempleo, redes de seguridad social y programas de reconversión, además de facilitar la creación de empleo y ayudar a los trabajadores a «estar donde están los empleos».

«Debemos aprovechar la oportunidad de reconstruir mejor», apunta la economista senior del Banco Mundial y autora principal del informe, Joana Silva. «Debemos fortalecer nuestros mercados de trabajo para que sean capaces de sobrellevar y revertir rápidamente el impacto de los shocks futuros», añade Silva.

El organismo apuesta por avanzar hacia un contexto macroeconómico «sólido y prudente», con estabilizadores automáticos que protejan a los mercados laborales frente a cualquier crisis potencial. Además, recomienda una política fiscal y monetaria «sana» puede preservar la estabilidad macroeconómica y evitar las presiones financieras sistémicas de cara a un shock.

Por otro lado, la institución aconseja a los Gobiernos a adoptar reformas fiscales dentro de un marco tributario menos distorsionado, un gasto público más eficiente, sistemas de pensiones que sean sostenibles en términos financieros y normas fiscales claras. Todo ello conforma «la primera línea de defensa ante las crisis».

El Banco Mundial también apunta que una deficiencia importante de los desafíos de la región es que segmentos importantes de la fuerza laboral operan en la informalidad y de esta manera no son alcanzados por los seguros de desempleo tradicionales.

Además, la institución considera «imperativo» incrementar la capacidad de las políticas laborales y de protección social de la región, combinándolas con sistemas que brinden ayuda financiera y preparen a los trabajadores para los nuevos trabajos a través de ayuda para la reconversión y la recolocación laboral.

Una reacción rápida tras la pandemia por parte de los gobiernos, en el sentido de ampliar los programas laborales y de protección social, puede servir para avanzar en la elaboración de registros sociales de mayor calidad y más integrados, según el informe. «Esto es viable en el corto plazo y puede marcar la diferencia en cuanto al alcance de estos programas», destaca el Banco Mundial.

No obstante, el organismo avisa a los Gobiernos que contar con estabilizadores macroeconómicos más fuertes y reformas en los sistemas laborales y de protección social no será suficiente, ya que se tendrán que impulsar la recuperación del mercado laboral a través de una fuerte creación de empleo.

Para ello, será necesario solucionar problemas estructurales en políticas de competencia, regionales y normas laborales. «Si los países no tratan de resolver estos temas fundamentales, la recuperación seguirá caracterizándose por una escasa creación de empleo», concluye el informe.

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel, Manuel Morocho, confirmó el pasado martes durante su declaración ante el juez de la pieza ‘Kitchen’ la veracidad de uno de los apuntes realizados por el comisario investigado José Manuel Villarejo en sus agendas personales donde habla de «problemas» por un informe que llevaba su firma.

En el audio de su declaración, explica que el problema es que había situado a Ignacio López del Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como donante de la ‘caja b’, conforme a los ‘papeles’ de Bárcenas y su análisis.

Al día siguiente de enviar ese informe a la Audiencia Nacional le llamó el que era jefe de la UDEF en aquel momento, Manuel Vázquez. «Me dice: ‘Manolo, has cometido un gran error, te has equivocado y eso hay que rectificarlo'», recuerda, confesando que se puso «nervioso» porque «podía haber cometido un error, es humano». Pero el fallo es que había señalado a López del Hierro. «Yo le digo: Si estaba, se puso y se anotó como otros muchos», aun así le insisten en cambiarlo.

Morocho describe una «mañana difícil» en la que «constantemente» se le dice que «hay que cambiarlo», por lo que hace una serie de comprobaciones en las que advierte un error pero relativo a una empresa de López del Hierro, no a la constancia de éste, por lo que «el nombre permanece». Entonces a un tal «Miguel Ángel se le escapó que López del Hierro era amigo de Villarejo». «Y ya sabes que Olivera (jefe entonces de la UDEF)…», le apostilló.

Ese comentario, según manifiesta, le dio la clave. «Yo con Villarejo tenía una relación de terceros pero (…) evidentemente trazo una línea (…) y viene de arriba, generando una situación de tensión evidente porque habían recibido una instrucción de que hay que quitarlo y yo no lo hice», concluye.

Asimismo, indicó que en otro informe le obligaron a quitar el nombre de la exdirigente del PP Ana Mato. «Se nos conminó a que quitáramos el nombre del cuerpo», ha recordado, para añadir que además Losada le insistía en que no se trataba de una ‘caja B’ y que no se dejaba aconsejar.

Según relató al juez, sus superiores tenía prejuicios respecto a él le querían monitorizar para ver su vertiente política, e incluso contó que fue investigado por Asuntos Internos junto a otros compañeros del grupo. Y ha indicado que quien más repasaba sus informes era Álvarez Luna que era quien repasaba, «limaba y aportaba texto alternativo» sobre todo en el apartado de conclusiones y en el resumen ejecutivo.

Y apuntó que en esos seguimientos de la DAO «no se traslucía que buscaran la dimensión económica de Luis Bárcenas, buscaban donde podía tener elementos de convicción vinculados a su trabajo en el PP». Al hilo, recordó que «sistemáticamente», desde que se produjo entrada en prisión de Bárcenas, recibía de sus jefes preguntas constantes sobre «si tenía recibís de Rajoy, Soraya –Sáenz de Santamaría– o (María Dolores de) Cospedal, grabaciones de (Javier) Arenas», o sobre qué opinaba el juez de todo esto.

Tras comentar esto, Morocho sacó a relucir una anécdota, y es que en el informe sobre el despacho de arquitectos que hizo las obras de la sede del PP, parte de las cuales presuntamente se abonaron con dinero en b, él incluyó los apoderados de las cuentas, entre los que estaba Cospedal. «Y me mandaron quitarla», aseveró.

«QUERÍAN TROCEAR LA ‘GÜRTEL’

El inspector confirma, a preguntas del juez, que las presiones hacia su persona se multiplicaron «exponencialmente» tras la publicación de los ‘papeles’ de Bárcenas en ‘El País’ el 31 de enero de 2013, por lo que le sometieron a «tensiones» de todo tipo, desde destinos dorados –«¿Dónde quieres irte, a una embajada, a cuál?»– hasta sobrecarga de trabajo. Eso redundó igualmente en una situación personal «insostenible».

«No querían bajo ningún concepto que el magistrado me entregara el procedimiento. De hecho, posteriormente, llegan a la situación aberrante de decirme que, si no hubiera estado allí antes, hubieran troceado ‘Gürtel’ y lo hubieran dado en distintos grupos (policiales) para poder controlar mejor», afirma. «A mí me acusaban de que ya era mayor y no se me podía redirigir», ilustra.

Así las cosas, Morocho advirtió al juez de que, si no le encomendaba directamente a su grupo, el 21, la investigación de los ‘papeles’ no le designarían para ello en la UDEF, ante lo cual el magistrado optó por hacerle el encargo a él y su equipo, en quienes confiaba plenamente. «Tenía prueba de mi honestidad», destaca.

García-Castellón ahonda en el interrogatorio para saber si esos obstáculos a la investigación venían solo del Ministerio de Interior o también del PP. Morocho le responde que en el primer caso es «evidente» porque, conforme le transmitió Olivera en dos ocasiones, el responsable de la cartera, Jorge Fernández Díaz, se interesaba sobre si el inspector seguía en la UDEF o había aceptado otro destino.

«La vertiente de la formación política es más difusa, en el sentido de que no se ha producido directamente sobre mí, con una acción concreta, pero sí que las críticas de los informes que hacíamos me llegaban de Gómez Gordo», señala y se muestra consciente de que «el primer informe fue una bomba para el PP» porque plasmaba coincidencias entre la «contabilidad b» y «el afloramiento de fondos opacos».

Morocho asegura que se le «conminó» a que restara valor a los ‘papeles’, que dijera que «eran inveraces» para «que siguiera la dinámica que en ese momento el PP estaba exteriorizando ante la opinión pública», que eran cosa de Bárcenas, no del partido. También «se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a responsables políticos o cargos públicos del PP y esas salidas de fondos» ni entre donantes y adjudicaciones a empresas.

Las modificaciones que le obligaban a hacer en los informes eran «constantes» y sobre «cosas nucleares» de la causa. Si no las hubiera disfrazado en anexos o avisado al juez por otras vías, asevera, el magistrado no habría sabido quienes eran «realmente» los perceptores del dinero.

INESTABILIDAD EN LA UDEF

Durante su declaración en sede judicial, Morocho relata la situación de «inestabilidad» que había en la UDEF en 2012 por los cambios en la jefatura mientras investigaba el ‘caso Gürtel’. También destaca las presiones externas que había y subraya que el propio responsable de la Policía Ignacio Cosidó se manifestó públicamente «atacando» a los investigadores de la Gürtel.

Entre las presiones recibidas, el inspector también menciona las llamadas que le hizo Olivera después de dejar el cargo en la UDEF. Morocho cuenta que el ex alto mando, cuando trabajaba en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le pidió detalles de la investigación contra Bárcenas. El inspector asegura al juez que no le facilitó información.

Felipe VI ha recibido este jueves en el Palacio Real de El Pardo a los escolares ganadores de ‘¿Qué es un Rey para ti?’, un concurso cuyo objetivo es el de acercar la figura del Rey y de la Corona a los escolares, así como dar a conocer el papel que la Constitución reserva a la Institución.

Según ha trasladado Casa Real en un comunicado, el Rey ha recorrido la exposición de los trabajos ganadores de esta edición y también ha podido conversar con los alumnos y profesores sobre los contenidos de estas obras premiadas. Asimismo, ha podido escuchar las intervenciones sucesivas del presidente de FIES, Rafael Guardans; del profesor en las Islas Baleares, Joan Rodríguez; y de la alumna del Principado de Asturias, Aitana Concheso.

Han acompañado a Su Majestad el Rey la presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, María de los Llanos Castellanos; el presidente de la Fundación Orange España, Gervais Pellissier; miembros del Patronato de FIES y miembros de Orange; e invitados.

Al principio, solo participaban en este concurso colegios de Madrid y muy pocos de las demás comunidades autónomas. Sin embargo, hace ya casi veinte años, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, pidió ampliar el concurso a nivel nacional, para que todos los niños de todas las autonomías pudieran participar y tener su propia exposición en su tierra.

Así es como nació la idea de celebrar estas fases autonómicas que ahora cumplen su cuarenta aniversario. Para llevarlas a cabo, la Fundación se puso en contacto con cada una de las Consejerías de Educación de todas las comunidades autónomas y de las 2 Ciudades Autónomas, para que ayudaran a difundir las bases del concurso entre todos los colegios de su jurisdicción. Y se buscó un patrocinador, que nos ayudaría a cumplir este deseo de Don Juan Carlos.

Gracias a la Fundación Orange, patrocinador del concurso, más de 700.000 escolares han participado en el concurso y más de 750 han visitado a los Reyes en el Palacio de la Zarzuela y en el Palacio del Pardo, pudiéndole mostrar en persona su opinión reflejada en su trabajo sobre la Institución de la Monarquía y su papel como Monarca.

FIES es una fundación cultural privada, sin ánimo de lucro, que desde 1976 busca hacer presente en la sociedad española el valor de la Monarquía como elemento integrador e impulsor de la convivencia. Sus principales fines son la promoción del estudio de la Monarquía como Institución, el fomento del conocimiento y respeto a las personas que la encarnan, la divulgación de las aportaciones de la Corona como primera institución del Estado, y la puesta en marcha de iniciativas que promuevan la divulgación y formación de la sociedad en los valores de convivencia y solidaridad, como reflejo de la libertad y pluralidad propugnada por la Constitución española.

Por su parte, la finalidad de la Fundación Orange es la de promover actividades de aplicación, formación, divulgación, estudio e investigación relacionadas con los campos de las telecomunicaciones, lo audiovisual, las personas con discapacidad, el analfabetismo, la educación, el desarrollo y la cultura, así como con otros campos relacionados con los anteriores que permita una optimización de los recursos de la Fundación.

La Fundación llevará a cabo estas finalidades bien directamente, bien en colaboración con terceras personas que realicen actividades relacionadas con el objeto fundacional, a través del apoyo técnico e institucional preciso o mediante la colaboración, la producción, la financiación o la subvención de proyectos de cualquier tipo con independencia de la forma o soporte en que estos se materialicen que tengan como finalidad atender a todos o alguno de aquellos objetivos.

Los presidentes de Galicia, Andalucía, Valencia y Baleares han apostado este jueves por que se acuerde una modificación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

Lo han defendido en el acto ‘El modelo territorial para mejorar la economía española’ en la XXXVI Reunión Cercle d’Economia, en el que ha participado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol.

El presidente Gallego ha exigido no pensar solo en los ingresos sino también en los gastos y ha llamado la responsabilidad de los presidentes de las Comunidades Autónomas a la hora de decidir en qué gastan los recursos, pero se ha abierto a debatir un nuevo modelo: «A favor de volver a verlo, de volver a sentarnos».

Ha recordado que el sistema de financiación afloró de un pacto entre el PSOE y el tripartido en Catalunya, ha dicho que pese a ello puede entender que ahora en Catalunya no estén de acuerdo con él, pero ha pedido que el criterio para el reparto de recursos no sea el número de habitantes sino el coste efectivo del servicio y ha puesto como ejemplo que no es lo mismo el gasto sanitario en un anciano que en un joven.

Moreno Bonilla ha argumentado que el sistema de financiación autonómico no satisface a ninguna comunidad y ha insistido en que su revisión es una cuestión urgente: «No podemos esperar más».

Para hacerlo, considera hará falta «mucha audacia, generosidad y ser un tanto atrevido», ha confiado en que se podrá hacer un modelo en el que quepan las demandas de todas las autonomías, pero ha defendido la necesidad de mantener la autonomía fiscal de cada comunidad.

El presidente de Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ve de una «exigencia absoluta» la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas para poder gestionar el estado del bienestar y garantizar la equidad en todo el país, y ha negado que España no pueda pagar sus servicios.

«Si no se actualiza se derivarán otros problemas. Es necesario poner esta cuestión sobre la mesa y no solo pegar el pelotazo hacia arriba. Es necesario el diálogo porque, por ahora, solo hay consenso en que hay que cambiar el sistema, pero no hacia dónde ir», ha añadido Puig.

Armengol considera que el Gobierno central tiene buena predisposición para reformar el sistema de financiación, porque cree que entiende la pluralidad de España, y cree que Catalunya debe participar en el debate: «Es bueno que Catalunya se sume a este debate multilateral», ha invitado la presidenta.

Ha lamentado que haya comunidades autónomas infrafinanciadas, ha asegurado que Baleares quiere seguir siendo solidaria pero cree que esto se debe corregir, tras lo que ha criticado que no haya corresponsabilidad fiscal y «quien está más beneficiada es Madrid, y se deben fijar unos mínimos para marcar la competitividad en términos sanos».

CUPO VASCO y NAVARRO

Preguntados por si País Vasco y Navarra deben ser más solidarias, el presidente gallego ha sostenido que España no está en estos momentos para hacer una enmienda a la totalidad, pero sí se ha mostrado partidario de «transparentar el cupo».

«Si el pacto es que usted recauda y hay una parte que tiene que pasar al conjunto del país, es razonable que diga qué parte se pasa y qué parte no se pasa», ha dicho, y ha destacado que los grupos vascos en el Congreso negocian el cupo en base a que son determinantes en la aritmética parlamentaria de la Cámara Baja.

También en relación a la armonización fiscal, pero a diferencia de Feijóo, Puig ha dicho que «no puede haber ningún tipo de privilegio» por parte de ninguna comunidad autónoma y que se debe avanzar para encontrar un sistema más ajustado a los tiempos actuales, en sus palabras.

Armengol ha dicho que respeta el cupo vasco y navarro porque así está recogido por la Constitución, pero ha añadido que la Carta Magna también recoge que se debe «compensar la insularidad» y ha criticado que actualmente no sea así.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apostado este jueves por «superar la crispación y buscar el reencuentro emocional» para superar las diferencias y los conflictos políticos en España.

Lo ha dicho en el acto ‘El modelo territorial para mejorar la economía española’ en la XXXVI Reunión Cercle d’Economia, en la que ha participado junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol.

«Muchas veces las banderas separan mucho y unen poco», ha añadido Puig, que ha apostado por avanzar hacia un modelo de cogobernanza entre las distintas comunidades autónomas, como en el modelo federal, según él.

En este sentido, ha lamentado que el sistema descentralizado del Estado de las autonomías no haya sido suficiente para acabar con el centralismo económico, político y mediático que «no da oportunidades a la España periférica y real».

PÉRDIDA DE RENTA

Asimismo, ha asegurado que el estado autonómico no ha solucionado la convergencia de rentas en España, y ha subraya que, desde el año 1995, la Comunidad Valenciana ha retrocedido 12 puntos en renta per cápita.

«Es muy interesante decir esto porque seguimos figurando como el levante feliz. Al final, se trata de que España esté más cohesionada. Lo importante es trabajar para que la renta que vaya convergiendo», ha añadido Puig.

También ha criticado que el actual sistema haya invisibilizado a parte de la población española y haya contribuido a la España despoblada por la «absorción permanente» de ciudadanos por parte de las metrópolis.

Frente a esta situación, Puig ha propuesto la reforma del sistema de financiación y avanzar en una redistribución equitativa de todos los recursos: «¿Por qué todas las instituciones del Estado deben estar en Madrid?», ha cuestionado.

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel, Manuel Morocho, expuso el pasado martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que sus mandos en la Policía le pidieron quitar nombres de responsables políticos del Partido Popular de sus informes, entre ellos el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que él preveía citar respecto de documentos relativos a «determinadas contraprestaciones y determinadas compras de ropa».

Así lo manifiesta en un momento de su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga la pieza ‘kitchen’. «No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención, ni aquello a lo que se aludía en los documentos», afirmó según el audio de la declaración.

«¿Por qué iba a usted a ponerlo?», le pregunta el magistrado al inspector, a lo que este responde que si se ponían los donantes y se identificaran, lo normal era identificar también a los perceptores en el cuerpo del informe. «Simplemente se puso que había personas vinculadas a la formación política, no se expresó quienes eran, no me dejaron que se pusiera».

Se trataría, según añade Morocho durante su explicación, de las personas «que indiciariamente aparecerían beneficiarias de fondos de la caja b» del partido. En este punto García Castellón pregunta si entonces estos nombres no llegaron al juez, a lo que el investigador responde que «le llegó en un anexo», pero no en el texto del informe.

Preguntado por quiénes eran los que «sugirieron» no poner los nombre en los informes policiales, Morocho ha citado a «toda la cadena de mando», que iba desde el Comisario General de Policía Judicial José García Losada al que fuera jefe de la UDEF Manuel Vázquez y a sus superiores directos.

«Las reuniones eran colectivas y se me compelía a que cambiara y quitara cuestiones», insistió Morocho en su declaración, explicando que él no tenía otra intención que analizar unos documentos y exponer lo que en ellos acontecía, que era lo que le había ordenado el juez del caso.

«Me deja un panorama desolador», le dice entonces el juez, a lo que Morocho contesta «se lo puedo dejar peor todavía». En este fragmento de la declaración García Castellón conmina al policía a seguir y le agradece su honestidad.

PRESENCIA DE GÓMEZ GORDO

En otro momento de la declaración, Morocho cita al comisario Gómez Gordo, que fue jefe de seguridad de la que fuera presidenta de Castilla- La Mancha María Dolores de Cospedal. Según el testigo, le nombraron jefe de seguimiento en la UDEF durante un tiempo y trató de «colocarle» un jefe de sección dentro de su grupo de investigadores. «Trataron de colocármelo y yo no le quería. Recularon pero lo intentaron».

También denunció el testigo durante su declaración que sus superiores mantuvieron oculto al juez durante un año, entre enero de 2010 y febrero de 2012 un informe con contraprestaciones abonadas por el líder de la trama Francisco Correa al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. «Consideraban que les podía perjudicar en sus expectativas ante un cambio de Gobierno», afirmó el testigo.

La actriz Gemma Cuervo, galardonada con el Premio Max de Honor de las Artes Escénicas que concede la SGAE, ha afirmado que a lo largo de toda su trayectoria no ha sufrido acoso sexual, pero sí ha recibido «muchas miradas indeseables» a las que «no hacía caso».

«No he vivido esos casos de acoso sexual, pero sí muchas miradas indeseables a las que no hacía ni caso y ahí se acababa la cosa», ha señalado en una entrevista la actriz, quien ha reconocido que el cine español ha sido «machista a tope» y, en especial, en la época de las comedias asociadas al ‘landismo’ en algunas de las cuales participó.

«Era una de las cosas que estorbaban en los textos, que luego se convertían en películas: era un machismo muy grande. Pero es que ese machismo unificador se escapaba por todas partes, hasta que las mujeres nos hemos cansado y les hemos gritado ‘¡que no!’ muy fuerte», ha destacado Cuervo.

No obstante, cree que esta situación ya ha cambiado gracias a la «fortaleza encantadora de las mujeres para demostrar a los hombres que todo eso que hacían era una pérdida de tiempo». «Era un camino erróneo. Las mujeres somos muy válidas en lo que hacemos y no necesitamos que nos protejan como a niñas, sí que nos quieran: el camino es enriquecedor, no aplastante», ha defendido.

En cualquier caso, Cuervo no recuerda negativamente esa época, defendiendo incluso un tipo de cine al que «no se tenía tanto respeto como ahora» por el mero hecho de ser comedia. Además, entre medias, tuvo tiempo para trabajar en la película que «lo significó todo» para su carrera, ‘El mundo sigue’, junto a Fernando Fernán Gómez.

«Es una película muy inteligente, con un guion extraordinario y con la que la censuró erró por mucho al quitarla de en medio», ha lamentado –‘El mundo sigue’ estuvo más de cuarenta años olvidada, después de un estreno en 1965 muy difícil–. «Por aquel entonces no teníamos ni idea de la repercusión que podía alcanzar. Recuerdo el trabajo con Fernando como una persona muy inteligente, con buen humor y un señor que trataba muy bien a la gente», ha afirmado.

‘AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA’, UNA «ÉPOCA ENCANTADORA»

Actriz de amplia carrera teatral –«siempre he interpretado con amor a las tablas», reconoce–, Cuervo ganó repercusión mediática en las últimas décadas gracias a su trabajo en televisión y, más concretamente, en las series ‘La que se avecina’ y ‘Aquí no hay quien viva’. «Fue una época encantadora de televisión y sencilla de textos. Fui muy feliz y volvería otra vez sin dudarlo», ha indicado.

No obstante, Cuervo sigue mirando hacia adelante y reconoce sentirse con fuerzas para interpretar nuevos papeles. «Me gustaría trabajar con los directores modernos de ahora, con un buen personaje, aunque no tengo prisa para nada. Si me ofrecen hacer una película o más televisión lo acogeré muy bien, porque estoy muy sana y voy bien de cerebro», ha comentado con humor.

La llegada del Max de Honor deja a la actriz «rebosante de felicidad» al suponer un «colofón». «Están valorando tu vida entera y además esto me da más años de vida. Lo agradeceré intentando trabajar más. Se echaban de menos este tipo de premios, pero es que el teatro no está tan reconocido en este país», ha concluido.

PIONERA Y EMPRESARIA TEATRAL

El Comité Organizador de los Premios Max de las Artes Escénicas ha otorgado el galardón a Cuervo «por todo su desempeño en el campo de las artes escénicas». El comité, que ha resaltado su vasta trayectoria como intérprete y la ha reconocido como figura pionera, también ha destacado su labor como empresaria del teatro español y su compromiso con el repertorio teatral.

La intérprete catalana recibirá el galardón el próximo 4 de octubre en el Teatro Arriaga de Bilbao durante la ceremonia de entrega de la XXIV edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que organiza la Fundación SGAE con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, el Teatro Arriaga de Bilbao y el INAEM. La ceremonia será retransmitida por RTVE.

Gemma Cuervo nació en Barcelona en 1934. El Premio Max de Honor se suma a una serie de reconocimientos entre los que destacan el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018), entre muchos otros. Actriz de teatro, cine, radio y televisión e imagen reconocida del mítico programa dramático de Televisión Española Estudio 1, Cuervo también destacó en la faceta empresarial fundando junto a su marido, Fernando Guillén Cuervo, su propia compañía de teatro en 1969.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este martes la aprobación de una inversión de 1,3 millones de euros para la modernización y digitalización de los sistemas extrajudiciales, además de la financiación habitual, para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas.

Según ha explicado durante su comparecencia en el Senado, es una estrategia en defensa de los intereses de los consumidores, en la que desde el Ministerio de Consumo apuestan por «potenciar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos» y, en particular, el sistema arbitral de consumo.

Así, el ministro ha señalado que el sistema de arbitraje es una herramienta «sencilla, ágil y gratuita» aunque «desconocida por la población», pese a que, según ha explicado, cree que es la vía «más favorable» para los consumidores.

Además, Garzón ha puesto énfasis en que esta renovación tiene como objetivo evitar la judicialización en las relaciones de consumo, ya que «se trata de un laberinto», y ha aclarado que casi nadie llega a este proceso judicial suponiendo por tanto el beneficio de las grandes empresas.

Por ello, se ha decidido la renovación de las 19 juntas arbitrales de consumo autonómicas, las cuales incluyen Ceuta y Melilla, 10 provinciales y 37 municipales.

REACTIVACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INTERNET

Respecto a la vigilancia de mercado, el ministro ha tratado sobre su responsabilidad de coordinación, desde enero, con la Oficina de Enlace Único de Vigilancia de Mercado. Tal y como ha explicado, tienen la responsabilidad de «coordinar a todas aquellas autoridades» que competen en el mercado «en cualquier ministerio y en cualquier nivel institucional».

En esta línea, Garzón ha anunciado que va a reactivar el Observatorio de Internet cuyo objetivo es la vigilancia del mercado online de manera «potente y eficaz». Así mismo, ha declarado que Consumo va a regular desde comentarios y reseñas, hasta valoraciones que se realicen en el comercio online, tanto en el ámbito de páginas webs como de aplicaciones.

«Muchas veces nos encontramos ante publicidad encubierta», ha denunciado el ministro, quien considera que los comentarios sólo pueden realizarse a través de «consumidores que de verdad hayan adquirido un producto».

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PREVENTIVAS

Durante su intervención, Garzón también se ha referido a las recientes subidas del precio de la electricidad expresando su preocupación por lo que ha denominado «problemas estructurales del sistema español».

El ministro apuesta por «medidas extraordinarias» mientras las nuevas leyes entran en vigor y surten efecto sobre los consumidores. Medidas que, según Consumo, implicarían una bajada temporal del IVA en la factura eléctrica. Además, también proponen aprobar mediante Real Decreto-ley de urgencia el anteproyecto que regula los «beneficios caídos del cielo» para las empresas eléctricas, según ha declarado el ministro.

En este sentido, Garzón calcula que esta partida genera más de 1.000 millones de euros en ganancias a las empresas eléctricas que repercutirán en un ahorro en la factura de los consumidores finales.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y la Dirección General de Tráfico (DGT) han presentado este jueves en Madrid la primera ‘Guía técnica para la implementación de zonas de bajas emisiones’ para toda España.

El objetivo de esta guía es promover y ayudar a las autoridades municipales a implantar estas zonas en sus localidades a partir del ejemplo de la ZBE Rondas BCN y también para que sirva de modelo a los municipios del área de Barcelona para cuando lo vayan a implementar, ha informado el AMB en un comunicado.

El manual se ha presentado en un acto en el que han participado el secretario general de la Femp, Carlos Daniel Casares; el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP, Alfonso Gil; el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda; y la subdirectora general adjunta de Vehículos la DGT, Susana Gómez.

Poveda ha destacado que la ZBE Rondas BCN ha supuesto una «apuesta firme y decidida del AMB» para reducir la contaminación atmosférica y ha asegurado que puede ser extrapolable a cualquier ciudad española, por lo que ha ofrecido compartir la experiencia técnica con todos los municipios y metrópolis que estén interesados.

En la misma línea, Casares ha insistido en que se trata de una apuesta real y permanente que mantienen las Entidades Locales por ciudades saludables, sostenibles y seguras; ha reconocido las medidas que están impulsando algunos ayuntamientos para rebajar las emisiones de las ciudades y, en concreto, ha citado «el trabajo del Ayuntamiento de Madrid en la etapa de Manuela Carmena, cuando además apostó por Madrid Central».

Por su parte, Gil ha señalado que la reducción de emisiones no sólo se hará en 149 ayuntamientos que actualmente lo tienen mandatado, «sino que otros muchos alcaldes y alcaldesas de ciudades españolas, que incluso no tienen la obligación, también van a explorar estas vías porque están comprometidos con la mejora de sus pueblos y ciudades».

Por último, Gómez ha destacado el uso de la plataforma del vehículo conectado DGT 3.0 con la que los ciudadanos podrán saber qué zona de bajas emisiones hay en la ciudad por la que están circulando, ya que esta herramienta recoge toda la información sobre las ZBE para compartirla de manera gratuita y en tiempo real a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico.

EXPERIENCIA DE BARCELONA

Desde la implementación de la ZBE, en Barcelona se ha reducido más de un 50 % el número de vehículos que circulan sin etiqueta ambiental y la proporción de vehículos que circulaban sin distintivo ambiental por dicha área pasó del 20 % durante su anuncio (en 2017) al 9-10% durante la primera mitad del año 2020, y al 2-2,5% en la actualidad.

Además, esta medida ha contribuido a la renovación del parque de vehículos y en el último año se ha acentuado el desguace de los vehículos más contaminantes, con un descenso de 80.000 vehículos sin etiqueta ambiental.

Efectivos de la Guardia Civil han localizado este jueves el cuerpo sin vida de Wafaa Sebbah, la joven vecina de la Pobla Llarga desaparecida en noviembre de 2019 en Carcaixent (Valencia), según ha podido saber de fuentes conocedoras del hallazgo.

La Guardia Civil, en el marco de las investigaciones que ha estado realizando para resolver la desaparición de la chica, de 19 años en 2019, ha confirmado en un comunicado que ha llevado a cabo una primera inspección visual en un pozo situado en Carcaixent, la última población de la que se tenían noticias de la localización de Wafaa y que había sido propiedad de la familia del hombre detenido por su presunta implicación en los hechos.

Tras realizar esta inspección, según la nota oficial, han aparecido «lo que podrían ser restos humanos», por lo que se ha dado aviso a la autoridad judicial para proceder en presencia del juez y en las próximas horas, a extraerlos del pozo «así como todos aquellos elementos que puedan aparecer y se consideren de interés para la investigación». A falta de una identificación genética, los restos podrían pertenecer a la desaparecida, según la Guardia Civil.

Los restos han sido localizados a punto de cumplirse las 24 horas de la detención del presuntamente implicado en la desaparición de la joven. Se trata de un hombre de nacionalidad española y con diversos antecedentes, entre ellos, por delitos de violencia de género. El hombre fue arrestado este miércoles en la localidad de Manuel, y trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

El detenido ha sido trasladado durante la mañana para hacer unos registros y ha regresado a mediodía al cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, para volver a salir de nuevo a primera hora de la tarde.

Según fuentes consultadas, ha sido el detenido quien finalmente se habría ofrecido a llevar a los agentes hasta el lugar donde se han localizado los restos de Wafaa, tras ir su madre a la primera finca donde se estaban realizando los registros, dentro de la planificación que tenían preparada los investigadores.

El detenido habría dicho entonces que les llevaba hasta este pozo, de regadío y de unos 20 metros de profundidad que está en una finca que en su día perteneció a la familia pero en la que ahora reside otra persona y del que tienen que sacar los restos, una vez comprobado que, efectivamente, estaban allí, según las fuentes consultadas. El arrestado podría pasar este sábado a disposición judicial.

La portavoz parlamentaria del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se ha dirigido este jueves al PP para advertirle de que, si pacta con «quienes niegan la violencia de género» estará siendo un «peligro para la seguridad y la libertad de las mujeres».

Lastra ha realizado estas declaraciones al cierre de las Jornadas ‘Más Mujeres’ que los socialistas han organizado en el Senado, en donde ha mostrado su preocupación por lo que «puede pasar» o «está pasando» en algunas CCAA.

En este sentido, se ha dirigido a los ‘populares’ para llamarles a «no traicionar a las mujeres del país» y les ha explicado que, en materia de violencia de género, o se está «con el movimiento feminista» y «con las víctimas defendiéndolas» o se está «en contra» de ellas.

«Quien no se pone del lado de la víctima, se pone del lado del maltratador, quien no condena la violencia de género e invisibiliza el machismo, quien se sitúa lejos de las pancartas que condenan los asesinatos machistas, se van a encontrar mirando a los ojos del PSOE», ha declarado.

FRENTE AL NEGACIONISMO

La dirigente socialista ha destacado que las políticas de Igualdad deben luchar ahora contra los negacionistas que, ahora, se encuentran también en las instituciones. En este sentido, Lastra ha recordado a los miembros del grupo parlamentario socialista que «las instituciones» son «mucho más que los escaños» donde se sientan los representantes políticos, sino que son las depositarias de «la legitimidad democrática».

Por eso, llamado a enfrentarse al «negacionismo» de la violencia de género y a «esa derecha que traiciona a las mujeres» y que «quiere acabar con las organizaciones feministas» que, según ha indicado, son el primer recurso al que acuden las víctimas.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a los senadores socialistas para señalar la importancia de que los hombres participen en la lucha contra esta lacra. Porque, según ha indicado, esta lucha no se puede ganar solo con la mitad de la población.

El Grupo Popular en el Senado que dirige Javier Maroto prepara una ofensiva en el Senado contra los indultos a los condenados por el ‘procés’ con preguntas en el Pleno del martes a los ministros Miquel Iceta (Política Territorial), Juan Carlos Campo (Justicia), Arancha González Laya (Exteriores) y Fernando Grande-Marlaska (Interior).

El PP considera que el «sentir mayoritario en la sociedad española» es contrario a la concesión de esos indultos y quiere forzar a los ministros a ofrecer las máximas explicaciones posibles en la sesión de control al Gobierno, la última de este periodo ordinario de sesiones.

Los ‘populares’ han centrado sus preguntas sobre indultos en estos cuatro ministros ante la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo, algo que el portavoz parlamentario del PP, Javier Maroto, calificó esta semana de «escándalo democrático y falta de respeto a la Cámara Alta».

Esa sesión de control al Gobierno del martes podría coincidir con el día en que el Consejo de Ministros aprueba la medida de gracia, ya que en este momento se barajan las fechas del 22 y del 29 de junio. Se prevé este paso antes de la reunión que mantendrán el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en principio iba a ser este mes.

BATERÍA DE PREGUNTAS DE FLORIANO, MAILLO, SALOM Y CAMÍNS

El senador extremeño y portavoz adjunto del PP en la Cámara Alta, Carlos Floriano, preguntará al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, «cuándo y por qué decidió el Gobierno el cambio de criterio sobre los indultos».

La senadora por Baleares María Salom se dirigirá al catalán Miquel Iceta para que aclare si cree que «el Gobierno de España debe tener una mesa de negociación bilateral para la revisión de los diferentes estatutos de autonomía con todas las comunidades autónomas o solo y específicamente con la suya».

Por su parte, el senador por Zamora Fernando Martínez-Maillo pedirá cuentas a Grande-Marlaska en la sesión de control. «¿Como considera el ministro del Interior que se encuentran en este momento el estado de ánimo y la motivación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?».

Finalmente, la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, preguntará a la titular de Exteriores cómo cree que «se encuentra en estos momentos la imagen exterior de España tras la decisión del presidente del Gobierno de indultar a los mismos sediciosos por los que se pedía ayuda exterior y colaboración» a los socios europeos de España.