El Consejo de Ministros ha adoptado un acuerdo por el que se decide la participación de España en INSTEX SAS, un mecanismo de compensación cuyo objetivo es facilitar los pagos para permitir el comercio entre Irán y la Unión Europea, y ha autorizado al Ministerio de Hacienda a suscribir acciones de dicha sociedad.

INSTEX pretende evitar el sistema financiero norteamericano, sometido a la reimposición de sanciones del Gobierno de Estados Unidos y, para su funcionamiento, este mecanismo requiere una entidad espejo en Irán que se ha creado este año (STFI).

El accionariado de INSTEX está abierto a los Estados de la Unión Europea y cabe la participación de terceros Estados. Por el momento, se han sumado Bélgica, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia y ningún país ha aportado una cantidad inferior a 100.000 euros.

Este instrumento tiene previsto operar en sectores no sancionados por Estados Unidos y esenciales para la población iraní, como el comercio de productos farmacéuticos, material médico y productos agroalimentarios. En concreto, la intención es que las primeras operaciones sean en el ámbito humanitario.

La participación que se propone es de 150.000 euros; es decir, inferior al 8 por ciento que, según se establece en el Acuerdo de Accionistas, implica la participación en la Junta General de Accionistas, pero no en el Consejo Supervisor (que ejerce un mayor control sobre las operaciones de INSTEX y en el que los tres países fundadores tienen asegurado el 50 %), según detalla el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros.

Además, no se requiere ninguna aportación adicional para participar en el mecanismo y, en principio, Instex cuenta con financiación suficiente al menos hasta finales de 2021. No obstante, en el futuro los socios pueden decidir que se realicen aportaciones adicionales. Asimismo, la tenencia y administración de las acciones corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado.

En este sentido, la representación de España y la participación en los órganos de gestión, corresponderá a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, contando para ello con el asesoramiento de la Secretaría de Estado de Comercio.

COMPROMISO CON EL PAIC

Tanto España como la Unión Europea han manifestado «reiteradamente su firme compromiso» con el Plan de Acceso Integral Conjunto (PAIC) como factor clave para promover la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, sin excluir la necesidad de abordar con Irán otras cuestiones que preocupan a la UE. Por ello, han insistido en que la participación de España en Instex reafirma el apoyo al PAIC, «a su cumplimiento y la disposición de España para trabajar con el objetivo de que Irán vuelva a respetar las disposiciones contenidas en el acuerdo».

Por otro lado, la creación de Instex busca «fortalecer el euro estableciendo un mecanismo que permita operar en la moneda europea sin necesidad de recurrir al sistema financiero norteamericano». «Aunque las operaciones de comercio exterior podrían, sin la existencia de INSTEX, denominarse en euros, los canales financieros tradicionales tienen enormes dificultades para operar con Irán debido a las sanciones norteamericanas», han explicado.

DEL PAIC AL INSTEX

El PAIC se firmó el 14 de julio de 2015 entre Irán y la Unión Europea, Francia, Alemania, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, para poner fin al programa militar nuclear iraní, estableciendo «un levantamiento de las sanciones» interpuestas a Irán por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea.

Sin embargo, el 8 de mayo de 2018 Estados Unidos anunció su retirada del PAIC de manera unilateral y el inicio de una política de «máxima presión», reimponiendo sanciones a Irán incluso más amplias que las existentes antes del PAIC.

Tras la retirada de Estados Unidos, la UE ha seguido cumpliendo con el acuerdo. Por ello, el 7 de agosto de 2018 entró en vigor el Reglamento Delegado (UE) 2018/1100 de la Comisión, de 6 de junio de 2018, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) 2271/96 del Consejo, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella (también denominado Estatuto de bloqueo).

El 31 de enero de 2019, Alemania, Francia y Reino Unido anunciaron la creación de INSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges).

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha asegurado este martes que siente «la satisfacción de tomar la decisión correcta» al haber rechazado estar en el Govern para continuar como líder de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, al que ha dicho que se postulará como candidata a la alcaldía en 2023 si las bases del partido lo avalan.

En una entrevista de Betevé, ha afirmado que recibió una «magnífica respuesta del partido» cuando expresó su preferencia por continuar en el grupo municipal, y ha mencionado concretamente al expresidente Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Laurà Borràs; y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Ha valorado que, en lo personal, esta decisión supone mantener la palabra porque desde que está en el grupo municipal ha descartado volver al Govern, y en lo político ha asegurado que es una decisión coherente y que demuestra que su apuesta pues Barcelona es seria.

«Hay una emergencia gubernamental en Barcelona y en 2023 esto tenemos que cambiarlo», y al hacer balance de la primera mitad del mandato de la alcaldesa, Ada Colau, lo ha tachado de desastre y de frenar cualquier iniciativa social, económica o cultural.

PROYECTO DEL HERMITAGE Y EL LICEU

Respecto a que el consistorio haya pedido al Puerto de Barcelona más tiempo para estudiar el nuevo proyecto del Museo Hermitage con el Gran Teatre del Liceu, considera que se trata de «un intento de rectificación», lo ha considerado un logro para los defensores del proyecto.

«Creo que se han encontrado con que ya no pueden esconder la evidencia ante un proyecto cultural como es el Hermitage, que puede transformar toda una zona», y ha valorado que el componente turístico del proyecto comportaría beneficios para ciudad.

MARCHA DE MANUEL VALLS

Al preguntarle por el presidente del grupo municipal BCN Canvi, Manuel Valls, que ha anunciado que pronto renunciará a su acta de concejal, ha dicho que él y ella son «la cara y la cruz del compromiso» con la ciudad.

«Cayó aquí como en paracaídas, la única cosa que hizo es hacer posible que Colau fuese alcaldesa sin haber ganado las elecciones», y ha asegurado que ha pasado por el consistorio sin pena ni gloria, en sus palabras.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha trasladado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que toca atender la agenda catalana y ha ensalzado la gestión que está llevando a cabo en la ciudad condal.

Tras mantener ambas una reunión de trabajo en la sede del Ministerio, Díaz se ha mostrado «especialmente contenta» de mantener este encuentro con la regidora de la ciudad condal, que es un «ejemplo» de despliegue de políticas «de lo cotidiano y las pequeñas cosas» que «cambian la vida de la gente».

De esta forma, ha aludido al despliegue del servicio público de salud mental o de atención bucodental, muestras de la «eficacia de la política de los cuidados».

También ha subrayado que Barcelona y Cataluña han sido de las «más golpeadas» durante la crisis del Covid-19, como revela el haber sido de las que más han usado ese «gran amortiguador» de los efectos de la pandemia que han sido los ERTE, que en Cataluña han supuesto 2.880 millones. Esta cifra sumada a las prestación pública por desempleo, arroja un montante que supera los 5.000 millones.

Por tanto, Díaz ha destacado que comparte con Colau una «filosofía» y es que este Gobierno «no deja solo a nadie» y el papel de los ejecutivos «amables», «feministas» y que «cuidan» siempre «tienen presente la realidad».

Asimismo, la vicepresidenta tercera ha dicho que van a trabajar para convertir el plan de recuperación en un «revulsivo» y una oportunidad para el país, dado que van a acometerse grandes transformaciones.

Por tanto, ha remarcado que se abre una nueva etapa y que, con la constitución del nuevo Govern, toca abordar la agenda catalana y desplegar con «toda eficacia» el poder normalizar la relación con Cataluña.

COLAU AGRADECE EL DESPLIEGUE DEL ESCUDO SOCIAL

Por su parte, Colau ha agradecido el despliegue del escudo social y ha destacado que el despliegue de los fondos europeos supone una oportunidad que «no se puede dejar escapar» para «no volver a la normalidad de la precariedad», que debe combatirse con una mirada «inclusiva».

También ha reivindicado que Cataluña ha liderado inversión social y ha desplegado medidas innovadoras como un servicio de canguro municipal o el despliegue de una energética pública.

De esta forma, ha trasladado a la vicepresidenta que puede contar con Barcelona y ha avanzado que Díaz participará el 2 de junio en un evento centrado en mujeres que lideran actuaciones para «un mundo más justo».

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el exdiputado Luis Ángel Hierro han sido proclamados este martes candidatos provisionales a las elecciones primarias que el PSOE-A va a celebrar para elegir a la persona que encabece su candidatura a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas.

Así lo ha acordado la Comisión Regional de Garantías Electorales del PSOE de Andalucía una vez cumplido el plazo de recogida y presentación de avales, y tras comprobar que estos tres precandidatos han superado el mínimo del 2% de avales del total del censo requerido para ser proclamados candidatos, según ha informado el partido en un comunicado.

Según el reglamento establecido para las primarias tras el 39 Congreso federal del PSOE, para concurrir al proceso cada candidatura debía entregar un mínimo de avales equivalente al 2% del censo total de militantes que puede participar en las primarias –es decir, un mínimo de 932 en estas elecciones de la federación andaluza–, y un máximo que correspondiera al 4% del censo, que en el caso de este proceso equivale a 1.863 avales.

La Comisión Regional de Garantías Electorales, «tras revisar la documentación recibida con las propuestas, y verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios establecidos», ha proclamado dichas tres candidaturas «de forma provisional».

Y es que contra esta proclamación provisional cabe recurso de reposición ante la citada comisión dentro de las 24 horas siguientes, cuya resolución y notificación también contará con un plazo máximo de 24 horas.

LA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA, EL 29 DE MAYO

Transcurrido el plazo de interposición de recursos, la Comisión de Garantías procederá a la proclamación definitiva de candidaturas el próximo día 29 de mayo.

El procedimiento de elecciones primarias se desarrolla de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de los Estatutos Federales y el artículo 218 y siguientes de su Reglamento de Desarrollo.

Dicho procedimiento también establece que, «para una mayor imparcialidad en los procesos de primarias, los candidatos que ocupen puestos orgánicos, durante los procesos de primarias, quedarán suspendidos de su cargo, quedando delegadas automáticamente sus funciones en la persona u órgano que las normas prevean que lo sustituye en sus funciones temporalmente».

Junto a los ahora proclamados candidatos de forma provisional presentó también su precandidatura a estas primarias el médico granadino Manuel Pérez García, si bien no ha logrado el número mínimo necesario para seguir en este proceso.

A lo largo de la mañana de este martes, y antes de que a las 14,00 horas venciera el plazo para la entrega de avales necesarios para convertirse formalmente en candidato a las primarias del PSOE-A, representantes de las precandidaturas de Juan Espadas y Susana Díaz pasaban por la sede regional del partido para cumplimentar este trámite, al igual que hizo Luis Ángel Hierro en persona, quien se mostraba seguro de «pasar el corte» y de que, de este modo, iba a haber unas primarias «a tres».

La primera de las precandidaturas en entregar los avales este martes ha sido la de Juan Espadas, de la que ha ejercido como portavoz la parlamentaria andaluza María Márquez, quien anunciaba en una atención a los medios que presentaba el «máximo» de avales permitido para concurrir a dicho proceso interno, si bien avisaba de que había reunido «muchos más» y de que habían «superado expectativas».

Posteriormente, sobre las 13,00 horas acudía a la sede del PSOE-A ubicada en la sevillana calle San Vicente el precandidato Luis Ángel Hierro, quien se mostraba convencido de que iba a «pasar el corte» de las primarias tras entregar «físicamente 986 avales», si bien apuntaba que le «consta que va a haber más» y que calculaba que su proyecto había podido reunir «de 1.200 en adelante».

La tercera de las precandidaturas en formalizar la entrega de avales fue la de Susana Díaz, en torno a las 13,30 horas, cuando el alcalde de Salteras (Sevilla), Antonio Valverde, que ejercía de portavoz, anunciaba a la prensa que iban a registrar el «límite máximo» de avales permitidos para concurrir a dicho proceso, y que constituyen una representación de los «miles y miles» recibidos.

Tras la proclamación definitiva de las candidaturas el 29 de mayo comenzará, un día después, la campaña de información de los aspirantes a los militantes, que se prolongará desde el 30 de mayo hasta el 12 de junio, víspera de la jornada de votación de estas primarias, el día 13, que tendrá una segunda vuelta el día 20 si hubiera más de dos candidaturas y ninguna de ellas obtuviera más del 50% de los votos, y en ese caso concurrirían a la nueva votación las dos candidaturas que obtuvieran el mayor número de votos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha solicitado al nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que lidere una política de vivienda que aumente el número de pisos sociales y despliegue una labor de mediación, con las que evitar situaciones «traumáticas» como intervención de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en el desahucio del bloque Llavors de Barcelona.

Así lo ha indicado en rueda de prensa tras reunirse en Madrid con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y cuestionada por los incidentes tras la protesta contra este desahucio en el barrio del Poble Sec.

Tras señalar en que espera reunirse con el nuevo presidente catalán esta semana, Colau ha lamentado que la situación de «bloqueo» del Govern ha dejado «muy solo» al Ayuntamiento de la cuidad condal durante los últimos años, sobre todo en materia de vivienda.

Por tanto, ha enfatizado que trasladará a Aragonés la «máxima colaboración» si decide impulsar las políticas de vivienda y asumir el «cien por cien» de sus competencias.

Respecto a este desalojo, Colau ha trasladado a la Generalitat que el Ayuntamiento hizo su trabajo en abril con un informe sobre la situación de vulnerabilidad e incluso ofreció, pese a no tener competencias, la experiencia de la unidad antidesahucios municipal, que con su mediación lleva frenados más de 10.000 lanzamientos.

Por tanto, ha insistido en que la Generalitat, en su plano competencial, debe utilizar este servicio de mediación y evitar situación «traumáticas, con desalojos y antidisturbios», como la vivida en este desahucio.

Por tanto, planteará también a Aragonés recuperar el presupuesto en materia de vivienda e impulsar la vivienda social, dado que «no es normal» que el Ayuntamiento de Barcelona esté impulsando obras de más de 2.000 pisos y la Generalitat, a su juicio, solo 36.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes que su departamento está preparando una reforma del sistema de acogida, en el que se abordarán, entre otras medidas, una mejora en la relación entre la administración central y las autonomías en esta materia.

Escrivá ha explicado, en el Pleno del Senado, que el objetivo es rediseñar este sistema y que, para ellos, ya se ha encargado un informe sobre el actual sistema a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), con el objetivo de obtener el estudio de una entidad externa.

En su intervención, el ministro ha reconocido que es necesario mejorar la comunicación y la corresponsabilidad en materia de migración y de acogia y que es la Administración central, es decir, su departamento, quien tiene la responsabilidad de cambiar esta situación. «Creo que no hemos sabido, este año, crear la institucionalidad suficiente para dar respuesta a esa corresponsabiliad», ha indicado.

Como «excusa» o «justificaciones», ha señalado que su Ministerio tenía previsto plantear esta situación e informar sobre cambios en materia de Extranjería justo antes de la pandemia, y la crisis sanitaria acabó «cambiando las prioridades» y el «calendario».

PNV PIDE UN ESPACIO PARA COMPARTIR ESTRATEGIA

En este tiempo, ha indicado, se han mantenido relaciones bilaterales con las CCAA afectadas en según qué momento, ha explicado Escrivá, que ha nombrado a Canarias, Andalucía, Baleares, Valencia y Ceuta y Melilla. Además, ha indicado, el Gobierno quería esperar para ver «hacia dónde discurría el acuerdo europeo de migración y asilo» durante las presidencias alemana y portuguesa.

Esa intervención del ministro se ha producido en respuesta a una interpelación de la senadora del PNV Nerea Ahedo, en la que ha reclamado al ministro una mayor coordinación dentro del propio Gobierno, entre los departamentos implicados en política migratoria, y también un «espacio en el que poder compartir», Estado y CCAA, las «herramientas, estrategia e información» sobre este tema.

A su juicio, «no es de recibo» que las autonomías, «que luego son las que tienen que trabajar en el terreno», se enteren de cambios en la Ley de Extranjería o de instrucciones de asilo «por terceros» y sin que estas medidas se «hayan contrastado» con ellas a pesar de que «inciden en su día a día».

«En este tema es necesario una estrategia compartida», ha insistido la senadora, antes de criticar que, hasta ahora, se han «puesto parches» a algunos temas, como la acigida de menores, pero no se ha convocado la Conferencia Sectorial para poder «reflexionar y compartir» sobre este problema. Ahedo ha apuntado, además, que no tiene por qué ser la Conferencia Sectorial y se puede buscar «otra fórmula que se adapte más.

CRÍTICO CON LA CONFERENCIA SECTORIAL

Escrivá ha reconocido que es «crítico» con el funcionamiento del Consejo Territorial porque cree que «no responde a lo que debe ser una buena concepción de un estado casi federal» en el que, a su juicio, las CCAA deben participar en muchos más aspectos del diseño del reglamento. «No me gusta», ha confesado, para recordar que, además, este órganos se ha reunido dos veces en la última década, cuando su reglamento recoge que debe ser dos veces al año.

El ministro ha pedido «paciencia» a la senadora vasca ya que, según ha indicado, su objetivo es que cuando arranque la sectorial sobre esta materia el Ministerio pueda «responder a las expectativas» de «una mayor colaboración» con las administraciones autonómicas.

Finalmente, Escrivá ha agradecido a Ahedo su interpelación porque, ha asegurado, «tiene razón» en su petición y porque le «genera presión» para que «haga los deberes» en esta materia. «Y en eso voy ha estar», ha concluido.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla su palabra y dé celeridad a la aprobación de una nueva ley de vivienda estatal con la regulación «imprescindible» del precio del alquiler, dado que «no puede fallar a la gente».

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que la vivienda es un elemento central y que un «gobierno progresista» debe «estar a la altura». De esta forma, ha expresado su «máxima confianza» en que habrá un acuerdo entre socios de coalición sobre dicha ley.

Así lo han manifestado ambas en rueda tras mantener esta tarde una reunión de trabajo en la sede del Ministerio respecto a esta futura normativa, en la que Unidas Podemos y el PSOE aún no han llegado a un acuerdo tras meses de negociación.

Concretamente, el PSOE apuesta por un modelo de incentivos fiscales a los propietarios que bajen el precio del arrendamiento mientras que Unidas Podemos reivindica una regulación que ponga techo al precio del alquiler, medida que se recogió en el acuerdo de gobierno y en el de Presupuestos Generales.

La propia regidora de la ciudad condal ha señalado al inicio de su intervención que la nueva ley con regulación de precios del alquiler es un elemento necesario para «recuperar años perdidos» en materia de vivienda, algo que ha transmitido a la propia vicepresidenta como un factor esencial para Barcelona y Cataluña.

Colau ha señalado que, como alcaldesa, ha visto situaciones «dramáticas» que han tenido que atender los servicios sociales. Por tanto y desde esa experiencia, «no concibe bajo ningún concepto que Sánchez faltara a su palabra y a su compromiso firmado no solo con Barcelona, sino en el marco de gobierno».

ES NECESARIA LA LEY ANTES DE QUE TERMINE EL DECRETO ANTIDESAHUCIOS

Sobre todo no le puede fallar a la gente, porque con esta pandemia la situación se ha agravado muchísimo», ha señalado la alcaldesa de Barcelona para lanzar una «voz de alarma» y expresar su preocupación ante el hecho de que no se acelere esta normativa.

Sobre todo cuando se está a pocos meses de llegar al mes de agosto, que es el plazo de vigencia del decreto que prohíbe los desahucios y el corte de suministros para la población vulnerable.

«No sería aceptable que se llegara al final de ese decreto sin haber resuelto la cuestión de fondo sin una nueva ley de vivienda con regulación de alquileres, que es una cuestión de mínimos y clama al cielo», ha lanzado Colau para añadir que la vivienda es un derecho constitucional y se debe revertir décadas de su «mercantilización».

Por tanto y «desde la exigencia» pero también desde «la esperanza y confianza», Colau cree que Sánchez cumplirá su palabra y tendrá la ley lista antes de que expire el decreto antidesahucios, dado que es obligado dar respuesta a esta crisis «sobrevenida que padecen muchas personas».

DÍAZ: HAY QUE ESTAR A LA ALTURA

Mientras, la vicepresidenta tercera ha subrayado que de esta crisis no se puede salir con «más desigualdad, más precariedad y más pobreza», por lo que la vuelta a la normalidad tras la crisis del Covid-19 debe ser «mejor que la anterior.

De esta forma, ha señalado que la vivienda es un problema «absolutamente central» para millones personas y que se dan situaciones en ciudades como Madrid o Barcelona, de personas que no pueden afrontar el pago del alquiler.

Por tanto, está convencida de que un «gobierno progresista» tiene que «estar a la altura de su país» y confía en que pronto pueda haber un acuerdo entre los socios de Gobierno respecto a la ley de Vivienda.

Al respecto, Díaz ha insistido de nuevo en que lo «mejor» de esta legislatura está «por venir», ante las señales de superación de la pandemia, y que se deben desplegar políticas de «proximidad con la gente».

«Creo que, sin lugar a dudas, la política de vivienda es absolutamente central para resolver los problemas de la gente y nadie entendería que no fuéramos capaces de hacerlo», ha señalado para aludir también a que hay «miedo» a la posibilidad de que se retomen los cortes de suministros energéticos.

De esta forma, ha emplazado a abordar «de manera principal» las cuestiones centrales para la ciudadanía, como es la ley de vivienda, y ha manifestado su «máxima confianza» en poder dar cuanto antes «buenas noticias».

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha remitido un escrito al Congreso pidiendo que su comparecencia ante la comisión de investigación de la ‘operación Kitchen’, programada para este jueves, se desarrolle conforme al «protocolo de la Comisión de Secretos» y que se permita tener sentado a su lado a su abogado en todo momento.

En el escrito, Villarejo sostiene que el contenido de todas el contenido de las notas que elaboró como «agente de inteligencia» en la Policía está considerado «secreto» en la ley vigente: «Difícilmente podré hablar de ello sin que pese sobre mí otra acusación de ‘violación de secretos'», avisa.

Por ello, solicita que su testimonio «se realice bajo el protocolo de la Comisión de Secretos». Fuentes jurídicas apuntan a que se está refiriendo a la Comisión de Gastos Reservados y de control de actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyas reuniones son secretas.

UNA COMISIÓN NO CREADA Y UN PROTOCOLO QUE NO CONSTA

Pero esa comisión no ha llegado a crearse esta legislatura ya que la elección de sus miembros, uno por grupo parlamentario, exige unas mayorías reforzadas en el Pleno que no se dan. Además, en la Cámara tampoco consta que exista un «procotolo» de esa comisión. En todo caso, no es ese órgano quien ha citado a Villarejo, sino la comisión de investigación de la ‘Kitchen’, que tiene acordado que sus reuniones son públicas.

Además de esa reserva, Villarejo reclama que durante toda su declaración pueda estar asistido por su abogado Antonio José García Cabrera, pero no en cualquier asiento de la sala, sino a su vera, para poder asesorarle ante cada pregunta que le hagan los diputados por las consecuencias que pudieran tener sus respuestas.

«Su mera presencia en la sala, lejos del estrado y separado del compareciente, impediría que cumpliera las funciones de asistencia reconocidas en la ley de comparecencias ante comisiones de investigación», asegura.

EVITARLE PROBLEMAS CON EL JUEZ

En ese sentido, recuerda las consecuencias que su testimonio en el Congreso puede tener en la macro causa penal en la que está incurso y la necesidad de evitar que sus respuestas puedan interpretarse como menoscabo a la autoridad judicial.

En todo caso, el comisario jubilado mantiene que su voluntad es colaborar con la comisión de investigación «para esclarecer la verdad de los hechos» y como «una oportunidad» para ofrecer su versión.

La mesa de la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, estudiará el escrito de Villarejo y resolverá antes de la comparecencia, pero fuentes parlamentarias ya descartan que la comparecencia pase a ser secreta.

Los partidos que conforman el Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– y la mayoría de sus socios en el Congreso han avanzado este martes su rechazo a una iniciativa del PP en la Cámara Baja con la que los ‘populares’ pretendían apremiar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a convocar una Conferencia de Presidentes tras la finalización del estado de alarma.

En la sesión plenaria de este martes, la portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de defender esta proposición no de ley con la que el PP instaba al Ejecutivo a reunir de manera inmediata a los mandatarios autonómicos para coordinar las medidas contra el coronavirus a la luz del final del estado de alarma.

En este contexto, Gamarra ha recordado que el Ejecutivo central se comprometió a reunir periódicamente estas Conferencias de Presidentes, si bien la última que se celebró fue el pasado 26 de octubre, hace casi siete meses.

Así, ha acusado al Ejecutivo de incumplir la legislación porque, tal y como ha dicho y se recoge en su propuesta, en el decreto ley por el que el Gobierno declaró el segundo estado de alarma recogía que, pasados cuatro meses, «la Conferencia de Presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma, previo acuerdo favorable del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores, sanitarios epidemiológicos, sociales y económicos».

EL PSOE RECUERDA QUE EL PP ESTUVO AÑOS SIN CONVOCARLA

Ante esto, la diputada del PSOE Uxía Tizón ha reprochado al PP que hable de convocar cuanto antes la Conferencia de Presidentes, cuando, según le ha recordado, el Ejecutivo ‘popular’ estuvo años sin reunir este órgano de cooperación con los mandatarios autonómicos.

Asimismo, los socialistas han defendido que la propuesta de levantamiento del estado de alarma a los cuatro meses no fue utilizada nunca y que, por lo tanto, «no existe obligación» de convocar este órgano. «En comprensión lectora, también fallan», ha subrayado la diputada del PSOE.

En parecidos términos se ha expresado su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que ha arremetido contra el PP porque consideran que pretenden reunir la Conferencia de Presidentes para hacer «campaña continúa» de «acoso y derribo» contra el Ejecutivo.

PNV Y PDECAT VEN INSERVIBLES ESTAS REUNIONES

En el lado opuesto se han posicionado los portavoces del PNV y del PDeCat, que han rechazado estas convocatorias de Conferencias de Presidentes. En este punto, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, cree que este órgano sirve «para poco, por no decir que para nada».

Por su parte, Vox también ha arremetido contra las posiciones del PP recordándoles que ellos se resistían a convocar a los mandatarios autonómicos y proclamando que desde la formación de Santiago Abascal se «oponen» a todas las restricciones.

Sin embargo, la iniciativa ‘popular’ sí que ha contado con el apoyo de Ciudadanos y del PRC, que han defendido la necesidad de este órgano de cooperación con los presidentes autonómicos.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «humillar» a España ante los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña y le ha dicho que dejar que cumplan sus penas no supondría una «venganza» o una «revancha» por parte del Ejecutivo, sino que sería «justicia».

Sánchez ha afirmado este martes que no se dejará llevar por la «venganza» o la «revancha» cuando tenga que decidir si concede el indulto a los presos separatistas, sino que se guiará por los valores «constitucionales» de la «concordia» y el «diálogo» y buscando «la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana».

«Estas palabras de Sánchez son una indignidad. Otra más. La condena a quienes dieron un golpe contra nuestra democracia es justicia, no venganza. Da mucha vergüenza verle humillar a España ante un puñado de delincuentes para comprar así su apoyo y poder mantenerse en Moncloa», ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo han indignado a otros dirigentes de Ciudadanos que también han expresado su malestar en la misma red social. «Aún va a resultar que los revanchistas y los vengativos somos los que defendemos el cumplimiento de nuestras normas, el respeto a la democracia y la igualdad ante la Ley», ha comentado el líder de Cs en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa.

María Muñoz, diputada en el Congreso por Valencia, considera una «vergüenza» las declaraciones del líder del PSOE, al que ha recordado que la revancha no forma parte de los valores de la Constitución, «pero la Ley y la Justicia, sí».

«IMPUNIDAD NO ES CONCORDIA», SEGÚN PAGAZAURTUNDUA

También se han pronunciado los eurodiputados Maite Pagazaurtundua y Jordi Cañas. Este último cree que Sánchez identifica a la Justicia española con la revancha y la venganza y por eso «indultará a unos golpistas que rompieron la convivencia en Cataluña, violaron el Estado de derecho y amenazan con volver a hacerlo cuando puedan», mientras que Pagazaurtundua ha subrayado que los condenados por el ‘procés’ «no son presos políticos» y que «impunidad no es concordia».

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, miembro del Comité Permanente del partido, ha dicho que está de acuerdo con el presidente del Gobierno en que hay que «mirar al futuro y aprender de los errores».

Tras señalar que «Sánchez ha sido el mayor de todos» los errores, ha indicado que «España necesita que todo el constitucionalismo se una en las próximas elecciones para derrotarle, antes de que desmantele 40 años de Constitución y convivencia». «Hay que pararle», ha subrayado.

La «gran mayoría» de comunidades autónomas han votado a favor del acuerdo de reparto propuesto por el Gobierno para acoger a 200 menores extranjeros no acompañados de Ceuta, tras la crisis migratoria de los últimos días, según ha informado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aunque Madrid ha votado en contra. Además, los ejecutivos regionales han reclamado al Gobierno central una financiación estable para atender a estos menores, más allá de las situaciones de crisis.

En concreto, la Comunidad de Madrid ha votado en contra del acuerdo que ha presentado este martes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante la reunión extraordinaria del Consejo Territorial, al considerar «errática» la política migratoria y exterior del Gobierno de España, según han informado fuentes regionales.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado «el apoyo y la solidaridad» del Ejecutivo regional con la situación que está viviendo Ceuta y ha insistido en la disconformidad de la Comunidad de Madrid con los criterios utilizados para el reparto de 200 menores que ya están en el sistema de protección de Ceuta entre las comunidades autónomas.

«Estos criterios son diferentes a los utilizados en la reciente crisis migratoria de Canarias, y es imprescindible que se trabaje en unos criterios únicos, estables y consensuados por todas las Comunidades Autónomas de ahora en adelante, no pudiendo haber distintas propuestas realizadas en situaciones de crisis y en las que ni siquiera existe un tiempo razonable para su estudio y presentación de propuestas alternativas», ha subrayado.

Igualmente, respecto a los 5 millones de euros anunciados por el Ministerio para apoyar la acogida de estos menores, las mismas fuentes consideran que «se produce una situación tan chocante como que en este caso se propone un reparto proporcional en función de los menores acogidos, mientras que en 2020 la Comunidad de Madrid atendió a 823 menores extranjeros no acompañados y no recibió ningún tipo de fondos del Estado».

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, ha reclamado este martes al Gobierno central «nueve millones al año» para atender a todos los menores que tiene en acogida la Comunidad, según han informado fuentes de la Administración autonómica en una nota de prensa.

Franco ha hecho esta petición en el marco del Consejo Territorial, en el que se ha acordado que Murcia acogerá a siete menores. Según ha explicado Franco, «el montante destinado a la comunidad ascendería a 157.500 euros: 22.500 por menor. Cantidades, todas ellas, para cubrir los seis meses que restan de este 2021».

En el transcurso de la videoconferencia, la vicepresidenta ha apuntado que la estimación del coste anual de la atención integral a los menores es mayor al propuesto por el Ministerio, «ya que alcanzaría la cifra de 58.000 euros al año».

Por tanto, considera que «la cantidad total de cada anualidad debería llegar a los nueve millones de euros para atender a todos los menores inmigrantes bajo la tutela de la comunidad». En estos momentos, tiene tutelados a 144 menores, a los que pronto se sumarán los siete procedentes de Ceuta.

LA RIOJA ACOGERÁ MENOS DE LOS QUE LE CORRESPONDÍAN

Por su parte, La Rioja, a la que en un principio se había asignado la acogida de 17 menores, finalmente acogerá a cinco niñas y niñas procedentes de centros de protección de Ceuta. Según han precisado, el reparto inicial, «situaba a la comunidad por encima de Andalucía o Cataluña, regiones con una población muy superior a La Rioja, o en los mismos términos que Madrid».

Según han indicado, desde el primer momento, la comunidad autónoma ha manifestado «su disponibilidad absoluta» para acoger a estos menores y en el encuentro de esta mañana «se ha aceptado la propuesta de La Rioja y el reparto de estos menores», según ha informado el gobierno en un comunicado.

Mientras, la consejera de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha asegurado este martes que el Gobierno gallego trabaja ya en cómo integrar a los 20 menores no acompañados de Ceuta que llegarán a Galicia.

En el marco de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, la consejera ha ratificado el anuncio del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de que serán 20 los menores no acompañados acogidos por Galicia.

Preguntada sobre la fecha de llegada de estos 20 menores no acompañados y sus perfiles, Fabiola García ha afirmado que por ahora la Xunta de Galicia no cuenta con respuesta a alguna a estas cuestiones, pero ha asegurado que la red asistencial gallega cuenta con las plazas y la capacidad suficientes para «atender e integrar a los menores de la mejor forma posible».

CANTABRIA, TIERRA SOLIDARIA

Cantabria también ha confirmado que acogerá a siete menores extranjeros no acompañados de Ceuta. Así lo ha dicho este martes, a preguntas de la prensa, la consejera de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, quien ha destacado que «Cantabria es tierra solidaria, es tierra de acoger a niños y niñas no acompañados».

Esto es algo que se ha tenido en cuenta en el criterio de reparto, ya que el número de menores migrantes solos que tienen acogidos las comunidades autónomas es inversamente proporcional al número de los que les corresponde acoger ahora.

También la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, manifestó esta mañana la voluntad de acuerdo con el reparto de los menores y pidió al Gobierno central una estrategia nacional, con una financiación estable, para atender a estos niños y niñas. Según ha precisado, en una semana y media han llegado 70 menores a las costas andaluzas.

En declaraciones a RNE, ha indicado que esta es la ocasión para establecer una estrategia estatal de migración, con una financiación estable y con un modelo de atención a los menores, no sólo en cuanto a las necesidades básicas, sino también para educación, formación e integración social, como se está desarrollando en Andalucía desde hace dos años, según ha dicho.

COMUNIDAD VALENCIANA, LA QUE MÁS NIÑOS RECIBIRÁ

De acuerdo con el reparto acordado este martes en la reunión del Consejo Territorial, las CCAA que más menores migrantes acogerán son la Comunidad Valenciana, que recibirá 25; la Comunidad de Madrid y Galicia, con 20 cada una.

Les siguen Castilla y León, con 18; Cataluña, con 15; Castilla-La Mancha, con 14; Andalucía, con 13; Asturias, Baleares y Extremadura, con 11 cada una; Aragón, con 9; País Vasco, con 8; Cantabria y Murcia, con 7 cada una; Navarra, con 6, y La Rioja, con 5.

Según ha precisado el Ministerio, a La Rioja le correspondía acoger a 17 de los 200 menores, pero finalmente recibirá solo a cinco, «dadas sus capacidades actuales». Los restantes 12 menores los asumirá solidariamente, en un esfuerzo adicional, la Comunidad Valenciana, que tutelará a 25 menores, en lugar de los 13 que le correspondían inicialmente.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en la pieza separada número 8 de ‘Púnica’ ha solicitado al juez una batería de diligencias antes de que cierre la instrucción, entre las que pide la declaración en calidad de imputada de María Dolores de Cospedal dado que fue consejera de Transportes e Infraestructuras en la Comunidad de Madrid en 2004.

La acusación responde así a la premura del magistrado Manuel García-Castellón por culminar esa pieza relativa a los hechos referentes a la etapa de Francisco Granados, exconsejero y principal investigado de Púnica, en la Comunidad de Madrid.

Además de esa imputación, en el escrito de la acusación, se solicita una serie de diligencias que demandan desde agosto de 2020 y que incluyen la declaración como investigado del que fuera diputado regional del PP Jaime González Taboada por adjudicaciones en el marco del Plan Prisma, y nuevas declaraciones tanto del expresidente Ignacio González como de su hermano Pablo González y de su cuñado Juan José Caballero Escudier.

También solicitan las comparecencias de los responsables de Tecnoconcret José Antonio Clemente y Fernando Serrano, y de los responsables de Elitesport SA, como investigados por laadjudicación con cargo al Plan Prisma de contratos relacionados concampos de fútbol de la Comunidad de Madrid.

A esto suma que se requiera diversa documentación relativa a registros y datos del registro mercantil sobre determinadas empresas beneficiadas por adjudicaciones, así como oficios policiales relativos a escuchas.

LAS ADJUDICACIONES DE MINTRA

Esta parte recuerda en su escrito que en la pieza 8 se indaga también en las adjudicaciones de la empresa pública Mintra que se producen entre abril y enero de 2005, período en el que Granados era consejero de Transportes. Indica que esas adjudicaciones parecen realizadas tomando en consideración el precio de licitación «pero esto no deja de ser una estratagema, pues posteriormente mediante el recurso a modificados y complementarios, a todas luces excesivos, el precio real de ejecución se dispara».

Por este motivo, y dado que «aunque el plan presuntamente ilícito se diseña e inicia en 2004 y hasta enero de 2005 con las adjudicaciones iniciales, resulta evidente que la ejecución del plan se consuma con los sucesivos modificados y complementarios que se aprueban de julio de 2005 a agosto del 2006″.

Puesto que Mintra está adscrita a la Consejería de Transporte y dado que la presidencia de los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entes institucionales corresponde al consejero, recuerdan que desde diciembre de 2004 y hasta el 13 de junio de 2006, ese cargo lo ocupó Cospedal.

«La consumación del plan puesto en marcha por Granados se producesiendo Consejera Cospedal, pues es bajo su mandato cuando seaprueban y firman todos los modificados y complementarios, salvo el último de Metro norte, que se aprueba en agosto de 2006 ya bajo el mandato de Elvira Rodríguez como Consejera de Transportes», inciden.

El Pleno del Congreso se ha mostrado favorable este martes a tramitar una iniciativa del PSOE para modificar el Reglamento de la Cámara con el fin de regular las relaciones entre diputados y ‘lobbies’, aunque la mayoría de grupos parlamentarios ha denunciado la existencia de «incongruencias» en el texto de los socialistas y han anunciado enmiendas para corregir muchos de sus artículos.

El PSOE plantea crear un Registro de grupos de interés en la Cámara, que tendrá carácter público, un código de conducta para los ‘lobistas’ y la obligación de que los parlamentarios comuniquen el contenido de sus contactos con los grupos de interés, difundiéndose en todo caso la identidad de las personas que han intervenido en los mismos, la fecha y las materias tratadas.

En su defensa de la iniciativa, Julio Navalpotro ha señalado que es «ineludible» llenar el vacío legal existente en esta materia y se ha mostrado convencido de que esta reforma servirá para acercar la política a los ciudadanos. Además, ha dejado claro que el PSOE está «abierto» a «escuchar» propuestas para mejorar su «ambicioso» texto.

Navalpotro ha defendido la necesidad de contemplar sanciones ante los incumplimientos del Reglamento en este y otros puntos, por ejemplo, cuando sus señorías mientan en las declaraciones de bienes, actividades o intereses que presentan en la institución. Estos castigos podrían llegar, en función de su gravedad, a la retirada de cargos parlamentarios y de los complementos salariales que llevan aparejados.

Por boca de Ignacio Gil Lázaro, Vox ha justificado su voto en contra de la tramitación alegando, entre otras cosas, que la regulación que propone el PSOE no se sustenta en un marco general de la legislación española.

En la misma idea ha incidido Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, quien ha apostado por esperar a la reforma de la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno, y el ‘popular’ Pedro Navarro.»¿Por qué no se regula primero la obligación de Iván Redondo de decir con quién se reúne?», ha preguntado en referencia al jefe de gabinete del presidente del Gobierno.

UNA DEFINICIÓN ABSURDA

También se han escuchado muchas pegas a la definición de grupo de influencia que propone el PSOE, «absurda» para Vox porque obligaría a registrarse a cualquier asociación que quiera trasladar su opinión sobre una iniciativa a un diputado aunque sea de forma coyuntural.

En la misma idea han incidido Jon Iñarritu, de EH Bildu; Ana Oramas, de Coalición Canaria, o Néstor Rego, del BNG, quien ha denunciado que «se trate igual a Repsol que una plataforma de jubilados». Hasta desde Unidas Podemos se han oído críticas a este punto y su diputado Gerardo Pisarello ha pedido categorizar los distintos grupos de interés.

El diputado de Junts Josep Pagès y el peneuvista Mikel Legarda han avisado de que esa regulación puede suponer una «barrera» para que las asociaciones pequeñas puedan llegar hasta los diputados y ser «escuchadas de manera directa». Legarda ha descalificado el texto por estar plagado de «incongruencias graves y rigideces» que, a su juicio, deben ser revisadas para no aprobar una regulación «gatopardesca».

De su lado, Vox y la diputada de ERC Pilar Vallugera han cargado contra el PSOE por dejar fuera de la consideración de ‘lobby’ a las organizaciones empresariales. El texto socialista especifica que no serán considerados grupos de interés la CEOE, la Cepyme ni los sindicatos más representativos.

BUSCAN CONTROLAR A LOS DIPUTADOS

Gil Lázaro también ha acusado al PSOE de plantear una iniciativa «profundamente tramposa» porque intenta «colar de rondón» un régimen de infracciones y sanciones general para los diputados. «Las sanciones son necesarias para que las medidas se cumplan», le ha replicado Navalpotro, afeando a todos los diputados de Vox que no hayan detallado datos en sus declaraciones de intereses.

Por su parte, Gil Lázaro ha replicado acusando al PSOE de no perseguir que se aplique el principio de transparencia, sino de pretender «burocratizar» la actividad parlamentaria y «establecer elementos de control, en el peor sentido de la palabra, en la comunicación entre sociedad y Parlamento».

También aprecian interés en controlar a los diputados Cs y el PP, cuyos portavoces han afeado al PSOE que proponga incompatibilidades que van más allá de las previstas para los altos cargos cuando aboga por prohibir formar parte de grupos de interés a quien haya sido miembro de las Cortes Generales o alto cargo del Gobierno de España durante los cuatro años anteriores.

Por contra, ha exigido un texto «aún más ambicioso» respecto a la transparencia la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, quien como Junts ha reclamado que el registro de lobbistas del Congreso se «unifique» con el de otras instituciones.

Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha dado la bienvenida a la iniciativa, y aunque también ha deslizado algunas críticas, ha aprovechado para exigir que se regule la figura del diputado no adscrito para los parlamentarios que recalan en el Grupo Mixto tras abandonar los partidos en los que fueron elegidos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha nombrado este martes a los consellers de su Govern, en el que hay más mujeres que hombres y que tendrá al hasta ahora titular de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, como vicepresidente y conseller Políticas Digitales e Infraestructuras.

En un comunicado, la Generalitat ha anunciado que Aragonès ya ha firmado el decreto de nombramiento de su nuevo Ejecutivo y este miércoles los consellers tomarán posesión en un acto en el Palau de la Generalitat y se reunirá por primera vez el Govern.

Como ya estaba previsto, el presidente ha nombrado a Puigneró como vicepresidente a propuesta de Junts, después de que tanto la vicepresidenta del partido, Elsa Artadi, como el diputado Josep Rius renunciaran a ocupar este puesto.

La nueva consellera de Presidencia es la republicana Laura Vilagrà, que fue la número dos de Aragonès en la lista de ERC a las elecciones del 14 de febrero y una de las negociadoras del acuerdo con Junts y la CUP.

Pese a ser consellera de Presidencia, no será portavoz del Ejecutivo, como ha sucedido en las últimas legislaturas con sus predecesoras en esta cartera, ya que ERC prevé que la portavoz sea una mujer desvinculada de una Conselleria, tal y como se hacia durante el tripartito.

CONSELLERS DE JUNTS

Entre los consellers propuestos por Junts, se encuentran varios con perfiles técnicos e independientes, ya que no forman parte del partido.

Se trata del exdirector general de la Fundació La Caixa Jaume Giró como conseller de Economía y Hacienda, el hasta ahora secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon –una de las caras visibles de la gestión de la pandemia del coronavirus– al frente de Salud, y la doctora en Ciencias Políticas y exdelegada del Govern en los Estados Unidos Victòria Alsina como titular de Acción Exterior y Transparencia.

Además, la hasta ahora portavoz de Junts en el Parlament, Gemma Geis, ha sido nombrada consellera de Investigación y Universidades, la exdiputada en el Congreso y exdirigente del PDeCAT –aunque se posicionó a favor de Junts en la ruptura de las dos formaciones– Lourdes Ciuró es la nueva titular de Justicia, mientras que Violant Cervera es la consellera de Derechos Sociales, un departamento que ya conoce de cuando fue directora de Acción Cívica y Comunitaria, integrada en la Conselleria de Bienestar Social en el Govern de Artur Mas.

CONSELLERS DE ERC

Entre los consellers que ha propuesto ERC se encuentra como conseller de Interior el exdirigente del PSC Joan Ignasi Elena, que dejó a los socialistas y se acercó a los republicanos, siendo presidente del Pacte Nacional pel Referèndum en 2016 y portavoz jurídico de los presos del ERC.

El expresidente del Parlament Roger Torrent ha sido nombrado conseller de Empresa y Trabajo, mientras que Teresa Jordà repetirá en el Govern, aunque adquiriendo las competencias medioambientales en la reforzada Conselleria de Acción Climática, Agricultura y Alimentación.

El departamento de Educación estará liderado por Josep González-Cambray, Conselleria en la que ya estaba como director general de Centros Públicos bajo el liderazgo de Josep Bargalló, y el de Cultura estará encabezado por Natàlia Garriga, miembro de la Ejecutiva de ERC que ha tenido varios cargos en la Generalitat, algunos de ellos en Cultura, pese a que hasta ahora era directora de Servicios de Vicepresidencia y Economía y Hacienda en el equipo de Aragonès.

Asimismo, los republicanos han situado a una independiente para liderar la nueva Conselleria de Feminismos e Igualdad: la catedrática de Ciencias Políticas, especializada en feminismo, Tània Verge, que fue una de los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, ya absuelta por la justicia.

También ha nombrado como secretario del Govern al jurista Xavier Bernadí, que hasta ahora era director general de Derecho y Entidades Jurídicas en la Conselleria de Justicia.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES

Destaca la presencia de más mujeres que hombres por primera vez en el Govern de la Generalitat, ya que de las 14 Consellerias habrá ocho mujeres y seis hombres.

Respecto al anterior Ejecutivo, solo repiten Aragonès, que pasa de vicepresidente a presidente; Puigneró, que mantiene la cartera de Políticas Digitales, aunque suma las competencias de Infraestructuras, y también ocupará la Vicepresidencia; y Jordà, que sigue en Agricultura sumando la gestión de Acción Climática.

Asociaciones feministas, entidades especializadas y organizaciones para la defensa de los derechos humanos han pedido este martes al Ministerio de Igualdad que las mujeres víctimas de violencia de género puedan denunciar con garantías y que puedan contar con una ventanilla única para evitar su revictimización.

Así lo ha explicado CERMI Mujeres, una de las organizaciones presentes en este encuentro, convocado por el departamento que dirige Irene Montero, con el objetivo de «coordinar y consensuar» una «mejor respuesta» contra esta lacra tras los seis asesinatos registrados en la última semana.

Este encuentro se realiza después de que el viernes, 21 de mayo, Montero convocara de urgencia al Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, del que forman parte distintos departamentos del Gobierno, los representantes en esta materia de los grupos parlamentarios en las Cortes, el Observatorio Estatal del Violencia contra la Mujer y la FEMP, así como las comunidades autónomas.

Todos ellos decidieron en dicha reunión iniciar un Plan de mejora y modernización de las herramientas de prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género y se han comprometido a entregar, en el plazo de una semana, un diagnóstico sobre lo que puede estar fallando en estos procedimientos.

EL SISTEMA SANITARIO PARA DETECTAR VIOLENCIA

Ahora, Igualdad se ha reunido con estas entidades a las que considera «imprescindible escuchar» para este trabajo, ya que, ha explicado, son las que «realizan a diario un trabajo cercano y próximo con muchas mujeres víctimas de violencias machistas».

En el encuentro, las entidades, también han puesto el acento «en que el sistema sanitario pueda ser una senda para detectar situaciones de violencia, en la formación de los operadores policiales o en la constitución de un grupo de trabajo abierto y permanente formado por la sociedad civil que «no esté sujeto a la improvisación».

En cuanto a las medidas de protección, CERMI Mujeres explica que, las principales reclamaciones se centran en que «son generosas para los maltratadores» y que, además, «no se aplica la prisión preventiva», por lo que, a su juicio, «es fundamental estar vigilantes ante el cumplimiento efectivo de estas medidas».

En el encuentro también se ha hablado de menores, para señalar que uno de los problemas es que las medidas de protección de los mismos no se cumplen y que no existen medidas concretas de prohibición del Síndrome de Alienación Parental, ni sanciones para los tribunales que sigan aplicándolo.

PROTOCOLO PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD

Del mismo modo, CERMI Mujeres ha señalado que, a petición del propio Ministerio de Igualdad, la entidad a puesto a disposición del equipo de la ministra el Protocolo para la Atención a Mujeres conDiscapacidad Víctimas de Violencia y que, según ha indicado, «asegura una adecuada protección de estas mujeres por todas las partes intervinientes ante su mayor exposición a la violencia».

Montero, según ha informado Igualdad, ha agradecido la participación de todas las asociaciones y organizaciones y les ha trasladado el mensaje de que «frente a los que niegan la violencia machista» es necesaria la «unidad feminista». «Las instituciones y la sociedad estamos ahí, las mujeres no están solas», ha declarado.

El PP da por sentado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, indultará a los líderes condenados por el ‘procés’, máxime tras asegurar que se guiará por la «concordia» y el «diálogo» y no por la venganza para decidir sobre esa medida de gracia. «Lo que no está en los valores constitucionales es intentar dar un golpe al Estado», aseguran fuentes de la dirección de los ‘populares’.

En ‘Génova’ recuerdan además al presidente del Gobierno que los líderes independentistas no se han arrepentido y, pese a ello, Sánchez está dispuesto a cruzar una «línea roja». Si eso ocurre, el PP confirma que recurrirá al Tribunal Supremo.

Eso sí, fuentes de la cúpula del PP consideran que Sánchez no les indultará antes de las primarias andaluzas, previstas para el 13 de junio, para no dar bazas a Susana Díaz, que compite en esta carrera con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

OFENSIVA PARLAMENTARIA DEL PP

El presidente del PP, Pablo Casado, considera que «los indultos son una línea roja que Sánchez no debe cruzar». Es más, ya advirtió la pasada semana de que la legislatura «habrá acabado» si concede esa medida de gracia a los líderes políticos que promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El PP se prepara ya para una ofensiva jurídica y parlamentaria. Aparte de recurrir al Tribunal Supremo por considerar que se trata de una «aberración jurídica y política», una «clara ilegalidad» y una «humillación» a los españoles, el primer partido de la oposición está dispuesto a emprender una ofensiva parlamentaria semanal en el Parlamento.

Este martes, la senadora ‘popular’ Cristina Ayala ha avisado al ministro Juan Carlos Campo que solo un «Gobierno indecente» naturaliza el indulto «a golpistas» y ha cerrado su intervención exhibiendo carteles contra esos indultos, en los que se podía leer «por la democracia», «por los catalanes que cumplen la ley», «por el Estado de Derecho», «no a los indultos». En su réplica, el titular de Justicia ha rechazado adelantar qué hará el Gobierno con los indultos del ‘procés’ y ha dicho que se estudiará cada caso.

UN PASO QUE «DIFICULTA» LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

En las filas del PP consideran que el calendario que maneja el Gobierno retrasa la decisión al verano con el objetivo de que tenga menos impacto y repercusión con las vacaciones estivales. Además, fuentes del partido señalan que en estas semanas se intentará mantener un perfil más bajo para no dar bazas a la socialista Susana Díaz, que compite con Juan Espadas por liderar el PSOE andaluz. El ganador de las primarias andaluzas se conocerá el 13 de junio.

En ‘Génova’ reconocen además que la concesión de esos indultos «dificulta muchas cosas», como el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está pendiente desde hace más de dos años y medio.

«Cualquier acuerdo es prácticamente imposible con un Sánchez que incumple al dar los indultos», han recalcado fuentes de la dirección del PP, que exigen además que el Gobierno se comprometa a que los jueces sean elegidos por los jueces para poder avanzar en esa renovación del CGPJ.

CRÍTICAS A MONTERO POR ACUSAR A CASADO DE CHANTAJE

A este respecto, el PP ha criticado duramente las declaraciones de ministra de Hacienda portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en las que ha acusado al PP de chantaje por «condicionar» la renovación del CGPJ a la concesión de indultos.

«El Gobierno sigue usando la rueda de prensa del Consejo de Ministros para atacar a Casado. No por recurrente deja de ser menos grosero», ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha pedido al Ejecutivo «menos indultos y más trabajar por todos los españoles» porque «no todo vale.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha defendido este martes en el Pleno del Senado que las ayudas aprobadas por su Ministerio (como las de digitalización o las de fomento de la recualificación y movilidad de personal docente e investigador) tengan como destinatario exclusivamente a las universidades públicas.

«Las ayudas para digitalización o recualificación son subvenciones para las universidades públicas, estén o no en el País Vasco. ¿Por qué? Porque son las que pagan los ciudadanos españoles con sus impuestos, incluido los acuerdos específicos con el cupo vasco; son aquellas que están sostenidas por el conjunto de la ciudadanía y, por tanto, son esas universidades las que el Ministerio trata de ayudar en toda la medida de nuestras capacidades».

Así lo ha señalado el ministro en respuesta a la senadora María Rosa Peral Díez (PNV), que le ha preguntado quién conforma, según el Gobierno, el sistema universitario español, ya que la senadora ha criticado que el Departamento que dirige Castells sólo tenga en cuenta a las universidades públicas a la hora de dar subvenciones.

La senadora ha señalado que entiende la «reticencia» del ministro a la hora de no tener en cuenta a las universidades privadas (ya que tienen un «objetivo económico» y «un ánimo de lucro»), pero también se ha quejado de que su Departamento sólo tenga en cuenta a las públicas.

«No nos parece justo obviar a otras», ha asegurado Peral Díez, que ha puesto de ejemplo la Universidad de Mondragón, universidad privada de iniciativa social con un régimen jurídico de cooperativa sin ánimo de lucro, por lo que ha pedido al ministro que la distinción de las universidades se haga en función de si tienen ánimo de lucro o no. «Esa es la distinción que hay que hacer de cara a su fiscalidad y a su financiación», ha exigido.

A todo esto, el ministro ha defendido la gestión de su Ministerio, ya que la concesión de ayudas a las universidades de titularidad pública «no quiere decir» que se «deje de lado a las privadas». De hecho, añade: «Tengo frecuentes reuniones con ellas, acabo de tener una con la Universidad de Deusto que muestra las excelentes relaciones y las posibilidades de colaboración». Así pues, Castells pide no hacer «distinciones arbitrarias» como la que plantea la senadora del PNV.

En cualquier caso, el ministro ha dejado claro que «no hay ninguna duda» de que para el Gobierno español «el sistema universitario está conformado por todas las universidades públicas y privadas que están acreditadas en el Estado español».

Y ha zanjado el asunto recordando a la senadora que él mismo ya ha tenido reuniones con los distintos grupos parlamentarios para abordar la futura Ley del Sistema Universitario Español (la denominada LOSU), incluido el grupo vasco, y que se ha llegado a «convergencias». «No hay divergencias de fondo, no hay una cuestión de diferencias de modelo», sostiene el ministro, que también recuerda que el proyecto normativo continúa «en proceso de elaboración y consulta».

«Seguiremos consultándoles a ustedes y al resto de grupos parlamentarios; no tenga la menor duda de que la especificidad del País Vasco la respetaremos», ha concluido.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha suscrito esta tarde las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de conceder indultos a los líderes del ‘procés’ y ha proclamado que es hora de «normalizar las relaciones con Cataluña».

Mientras, la alcaldesa de Barcelona ha celebrado que el PSOE se «mueva» y dé «señales» de una posible concesión de estos indultos de forma «inminente», dado que es el paso necesario para «desjudicializar» el conflicto catalán

Así lo han indicado ambas en rueda de prensa tras mantener una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo y cuestionadas sobre si la concesión de esta medida de gracia a los líderes independentistas encarcelados ayudaría a cerrar el conflicto político en Cataluña.

Al respecto, Díaz ha detallado que se remite a las declaraciones previas de Sánchez, quien previamente ha asegurado que la decisión sobre si concede los indultos la tomará guiándose por los valores «constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana», y no por «venganza» ni «revancha», y ha pedido «mirar al futuro».

ES HORA DE LA POLÍTICA CON MAYÚSCULAS

Eso sí, la vicepresidenta tercera ha reivindicado que es «hora de la política con mayúsculas» para pasar a una «nueva época» donde las «diferencias, matices o problemas» se aborden con la «única herramienta posible», que es el diálogo.

«Ha llegado ya el momento de normalizar las relaciones con Cataluña. Ha lelgado el momento de las políticas con mayúsculas. Las institucines sirven para unir, no para dividir; sirven para cuidar a la gente, no para hacer ruidos y llevarnos a situaciones límites. Nunca hemos debido llegar a esta situación», ha enfatizado Díaz.

Por tanto, ha lanzado al PP, que no ha sido capaz de «tender la mano» tras lo vivido en Ceuta y que recurrió al Tribunal Constitucional el ‘estatut’ catalán, que «en política no vale todo» ni debe «hacerse partidismo con todo».

SÁNCHEZ HA SIDO «CLARO»

A su vez, Colau ha celebrado que Sánchez haya sido «claro» y el PSOE está dando «señales» de que la concesión de esos indultos a los presos del ‘procés’ pueden llegar de forma «inminente», dado que Cataluña necesita una nueva «etapa de diálogo» y de «desjudicialización» de la política.

Por tanto, la regidora de la ciudad condal se ha mostrado «contenta» de que el PSOE se «mueva» y ha reivindicado que, desde su espacio político, siempre han defendido que el otorgar los indultos era la manera «rápida» de desjudicializar el conflicto.

De esta forma, ha insistido en que conceder esa medida de gracia a los líderes independentistas es «necesario» para dar una «segunda oportunidad» a la «política y la democracia».

El calígrafo Joan Quirós ha descifrado, junto a un equipo de científicos, la ‘firma’ del Mar Menor a través del movimiento de sus aguas con el objetivo de reivindicar, de una «forma poética», la protección de este enclave natural de la Región de Murcia.

Se trata de la rúbrica «más importante» de las 500.000 que se están recabando para que el Congreso debata la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que se pretende dotar a la laguna salada de personalidad jurídica propia, lo que la convertiría en el primer espacio natural de Europa con esta protección.

«Esta firma es más que un trazo al azar, es una forma poética de reivindicar que el mar está vivo y puede protegerse si lo dotamos de derechos para hacerlo», ha comentado Joan Quirós, el calígrafo que ha dado forma a la rúbrica.

La campaña, creada entre una veintena de profesionales de la creatividad y un grupo de alumnos de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, ha contado con el apoyo de la Facultad de Biología y el asesoramiento de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia.

En concreto, la iniciativa lleva por título ‘La firma’ y se difundirá a través de los perfiles que la ILP tiene en las diferentes redes sociales. Al vídeo completo se puede acceder a través de ‘https://www.youtube.com/watch?v=kkdx3TDx8eY’.

En la presentación, que ha tenido lugar en el pabellón del Cuartel de Artillería de Murcia, han participado los decanos de las facultades de Comunicación y Documentación, Pedro Hellín, y de Biología, Alfonsa Ayala. También han estado presentes la profesora Teresa Vicente, una de las promotoras de la ILP, y el profesor Ángel Pérez Ruzafa, portavoz del Comité Científico del Mar Menor.

Hellín ha explicado cómo se desarrolló esta iniciativa educativa, que ha permitido a 103 estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas entrar en contacto con los métodos de trabajo profesionales. «Esta campaña es resultado de la unión de la Universidad de Murcia y profesionales del mundo de la comunicación que querían ayudar con su trabajo de manera altruista a la ILP», ha resumido.

El trabajo desarrollado en la facultad ha supuesto la coordinación de cuatro asignaturas en las que el alumnado trabajó en grupo diferentes propuestas para la campaña. Quienes fueron seleccionados en una primera fase pudieron asistir a un seminario creativo con los profesionales de la publicidad realizado en período vacacional de Semana Santa y del que surgió la propuesta definitiva por parte del grupo formado por Himera Sánchez Villatoro, Celia Ponce Luna, Alicia Sánchez Gutiérrez y José Manuel Bermúdez Fernández.

En el proceso también han colaborado estudiantes de la Facultad de Biología que han aportado sus conocimientos sobre el ecosistema marino. La decana de esta facultad, Alfonsa Ayala, ha destacado que este proyecto demuestra «cómo en la Universidad de Murcia somos capaces de unir nuestros conocimientos de diferentes áreas y nuestra actividad con fines sociales».

Según ha explicado la profesora Teresa Vicente, por el momento la ILP lleva recogidas 150.000 firmas aproximadamente. El objetivo para que la Iniciativa Legislativa Popular prospere son 500.000 firmas, pero ella está convencida de que los meses de verano serán muy importantes para dar el salto que se necesita. El plazo para la recogida expira a finales de octubre.

Por su parte, el profesor Pérez Ruzafa ha alabado esta iniciativa de innovación educativa y la calidad del trabajo desarrollado por la agencia de comunicación, con la que ya había tenido ocasión de trabajar durante un proyecto de observatorio científico, en un tema de tanta proyección social como es la protección del Mar Menor.

«UNO DE LOS MAYORES ECOCIDIOS»

Desde ILP Mar Menor han señalado en un comunicado que la laguna salada más grande de Europa ha sufrido «uno de los mayores ecocidios de la década en España». En concreto, cifran en 438 las agresiones ambientales y en 7.688 los expedientes sancionadores tramitados –sin contar los archivados– por la Confederación Hidrográfica del Segura en la zona.

En este sentido, han apuntado que «las agresiones se han hecho especialmente visibles con los tres episodios de anoxia acontecidos entre 2018 y 2020, que cubrieron el mar de un manto verde y sembraron sus playas de miles de peces agonizantes o muertos».