La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este miércoles que la gastronomía sea una «palanca» en la acción exterior de España pues, según ha dicho, es una manera de «poner en valor lo que nuestro país tiene que ofrecer al mundo».

Así lo ha asegurado la ministra durante la presentación de la Guía Diplomática Gastronómica en el Casino de Madrid, que pretende fomentar la proyección en el exterior de la gastronomía española.

La titular de Asuntos Exteriores ha señalado que la gastronomía es una «parte esencial» de España y es también «una parte muy importante de nuestra economía, además de «cultura y un modo de vida». «La gastronomía española no se entiende sin sus cocinas regionales, sin esa gran variedad de las cocinas de nuestras regiones. La cocina española y la gastronomía son una fuente de gran excelencia, aunque queda camino por recorrer», ha subrayado.

Por ello, ha explicado que desde el Gobierno se ha puesto la Guía Diplomática Gastronómica, para «hacer un esfuerzo muy particular de conectar la gastronomía española a nuestra acción exterior».

La gastronomía se ha convertido en uno de los mejores activos de la proyección de la imagen de España a nivel mundial de ahí el que en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación se haya querido aprovechar este hecho para lanzar la primera Guía de Diplomacia Gastronómica con la que el Gobierno busca potenciar aún más este rol y buscar nuevas oportunidades.

La puesta de largo de la iniciativa ha tenido lugar en un acto celebrado en El Casino de Madrid, en el que además de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, han participado los chefs Pepe Rodríguez, Paco Rocero, Maca de Castro y Marcos Morán.

Como ya ocurrió con la Guía de Política Exterior Feminista, lanzada en marzo, detrás de este nuevo documento está la Secretaría de Estado de la España Global, que ha contado para su elaboración con otros organismos como AECID, Instituto Cervantes, AC/E, ICEX, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Turespaña, la Real Academia de la Gastronomía y varias comunidades autónomas, entre otros.

La guía, con la que España sigue los pasos de países como Japón, Tailandia, Francia o Perú, que ya cuentan con estrategias similares, destaca las acciones realizadas y propone nuevas líneas de acción para generar nuevas oportunidades de proyección internacional de la gastronomía española.

Su principal cometido es generar nuevas oportunidades de proyección internacional, poniendo en valor las estrategias sectoriales que ya se están desarrollando desde otros departamentos ministeriales y actores públicos y privados, y conectándolas con las actividades que en esta materia llevan a cabo las distintas representaciones de España en el mundo, empezando por las embajadas.

IMPORTANCIA DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA

La gastronomía es una de las fortalezas de la imagen de España en el mundo, según el último Barómetro de la Imagen de España del Real Instituto Elcano y además nos identifica como país, reivindican desde el Ministerio de Exteriores.

España es también el país con más representantes en el ranking de The Best Chefs Awards (15 de 100) y más restaurantes en la lista de The World’s 50 Best Restaurants (7 de 50), además de contar con 217 restaurantes con al menos una estrella Michelin en la edición de la Guía 2021, lo que nos sitúa como el quinto país más galardonado por detrás de Alemania y por delante de Estados Unidos.

Por otra parte, España es el séptimo exportador de productosagroalimentarios del mundo, el mayor exportador de aceite de oliva, el segundo mayor exportador de carne y productos de cerdo y el tercer mayor exportador de vino (primero en términos de volumen) y de frutas y hortalizas, según el documento.

La gastronomía engloba en realidad un amplio conjunto de actividades económicas –la producción agrícola, ganadera y pesquera; la industria de alimentación y bebidas; el comercio al por mayor y al por menor de bebidas y alimentos para el consumidor y la hostelería, además de importaciones y exportaciones; y la hostelería–, cuya suma representa, según KPMG, alrededor de un 33 por ciento del PIB y el 18 por ciento del empleo.

Es también, un activo y una fortaleza del sector turístico español, de ahí el que sea un producto prioritario dentro de la estrategia de promoción internacional por la importancia de las actividades gastronómicas dentro del gasto turístico y, como atributodiferenciador de la marca España.

Así las cosas, una serie de acciones, como el que se refuerce y facilite el uso de productos y recetas españolas en todos los actos protocolarios; el que estudiantes de escuela de cocina puedan realizar prácticas en las representaciones en el extranjero o analizar la posibilidad de crear una plataforma de adquisición centralizada de productos de la gastronomía española para que las representaciones en el exterior puedan tener acceso a una oferta suficiente y variada.

También se plantea reforzar las sinergias entre actividades culturales y gastronomía, ligándola a aspectos culturales del patrimonio español relacionados con la música, la literatura, el arte, el cine o la ciencia y a valores como la diversidad, la solidaridad, la protección del medio ambiente o la salud.

Por otra parte, se propone identificar y mapear a profesionales y colectivos susceptibles de ser prescriptores de la gastronomía española, además de invitar a ‘youtubers’ o ‘influencers’ a eventos en las embajadas y otras representaciones españolas, y aprovechar las prácticas de tipo gastronómico incluidas en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, así como las candidaturas presentadas, como elemento de imagen y reputación.

Igualmente plantea una colaboración más estrecha con los restaurantes y chefs españoles en el exterior, así como la elaboración de un calendario gastronómico para la coordinación de campañas de comunicación específicas con el resto de actores institucionales.

El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha criticado este miércoles el auto de la juez que tumba el confinamiento forzoso de los estudiantes del ‘macrobrote’ que no hayan dado negativo, asegurando que esta decisión «pone en peligro toda la política sanitaria que ha establecido, no sólo el Govern, sino también el Gobierno central» a lo largo de la pandemia.

Con esta contundencia se ha expresado el conseller –quien es magistrado-juez en excedencia– sobre la decisión del Juzgado de no ratificar el confinamiento de aquellos estudiantes que hayan dado negativo o no se hayan sometido a una prueba.

Yllanes ha señalado que el Govern acata la decisión, pese a discrepar «absolutamente» de su fondo, y ha avanzado que la recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Para ello tiene un plazo de 15 días. Sin embargo, la resolución ya tiene efectos desde este mismo miércoles y ello implica que unos 170 jóvenes pueden abandonar el hotel COVID si lo desean.

«Pensamos que [la resolución] va contra un bien jurídico importante y que hemos estado protegiendo, como es la salud pública», ha manifestado Yllanes, que ha asegurado haberse «leído varias veces» el auto de la juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, Sonia Martín.

El Govern ha solicitado una aclaración a la juez para que detalle si la decisión de salida del hotel «implica que estas personas no deben guardar cuarentena». «Lo que no hará el Govern será mirar hacia otro lado», ha apostillado Yllanes.

«NO HA TENIDO EN CUENTA LA REALIDAD SOCIAL»

El vicepresidente balear –magistrado que iba a juzgar el caso Nóos antes de dar el salto a la política– ha recalcado que el código civil pide que las normas «se interpreten según la literalidad, pero también teniendo en cuenta la realidad social en la que han de producir efectos».

En este sentido, Yllanes cree que el auto de la juez «no ha tenido en cuenta la realidad social y el esfuerzo continuado que ha hecho toda la sociedad de Baleares durante este año y medio de pandemia».

En los fundamentos del auto hay «varias cuestiones» que han llamado la atención del vicepresidente, como que parece considerar «la libertad deambulatoria como un derecho absoluto». «Discrepamos abiertamente de que sea un derecho tan absoluto que no admita ningún tipo de restricción», ha indicado.

Además, Yllanes ha cuestionado que el auto no haga diferencias entre quienes han dado negativo en una prueba de COVID-19 y quienes han rechazado someterse a una. También ha criticado que el derecho de un centenar de personas «se impone» al del millón de habitantes de la Comunidad.

El vicepresidente ha lamentado que el auto no deja al Govern otra salida que pedir a los jóvenes «responsabilidad» porque como administración están «atados absolutamente». Yllanes ha insistido en que el Govern «ha sido coherente» y que todas sus decisiones han sido para proteger la salud de los ciudadanos.

El Govern ha incidido que presentará la apelación ante el TSJIB a pesar de que los jóvenes ya pueden salir porque es «imprescindible que se haga este recurso», en palabras de la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, de quien depende la Abogacía de la Comunidad Autónoma. «El Ministerio de Sanidad nos pide hacer esta apelación», ha dicho.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado, en su intervención en el seno de la 145ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones de la Unión Europea, que se ponga «tanto empeño» en el aborto, «trasladándolo como un supuesto derecho universal cuando no nacen niños».

La dirigente madrileña ha defendido, vía telemática desde la Real Casa de Correos, que uno de los pilares de su Gobierno es «la familia», y especialmente aquello que tiene que ver con «con la natalidad y la vida». «Si no hay niños, Europa no tendrá futuro y no habrá valores», ha dicho.

Por ello, ha defendido que desde el Ejecutivo regional apuestan por «eliminar barreras para las familias, para aquellas que quieren seguir adelante con sus embarazos, con el objetivo de «animarles a tener más hijos».

«Espero que la Unión Europea se centre en esto también y se pregunte de dónde viene, bajo qué principios se fundó y cómo garantizar su existencia a largo plazo. Creo que ahí es fundamental la integración, la educación, la seguridad, los valores, la vida, y, por encima de todo, la libertad y un proyecto común que a veces nos falta», ha dicho. Más allá de defender cada uno a su país o región, la presidenta madrileña apuesta por «proyectos comunes» como los que se han visto durante la pandemia.

Por otro lado, Ayuso ha defendido su política de «libertad educativa» y ha recordado que el 96% de los padres pueden elegir en primera opción el colegio y el modelo que quieren para sus hijos independientemente del municipio y del código postal en el que vivan así como el modelo (público, privado o concertado).

Además, ha incidido en que han buscado en las aulas «un nuevo modelo de convivencia entre las nuevas tecnologías y la escuela tradicional». En este sentido, ha recordado que han eliminado el móvil de las aulas pero al mismo tiempo han profundizado en la digitalización, en la cultura del esfuerzo, del sacrificio, y del respeto al profesor.

EL CAMINO DE SANTIAGO

En el mismo foro también ha participado Jesús María Gamallo Aller, director general de relaciones exteriores y con la Unión Europea de la Xunta, que ha resaltado la educación y la cultura como «los principios motores» de la identidad europea «sobre los que debemos seguir trabajando para promover nuestros valores comunes y fortalecer el futuro del proyecto europeo».

«También debemos promover el conocimiento y la difusión de los fundamentos históricos sobre los que se construyó la Unión en la diversidad», ha añadido.

En este sentido, ha destacado «el papel crucial» que ha jugado a lo largo de la historia de Europa el Camino de Santiago «en la promoción del diálogo y el intercambio cultural entre personas de diferentes nacionalidades, creando un vínculo de solidaridad e integración entre ellas».

El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, coincidirán este jueves en el curso de verano que organiza la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en una mesa sobre autónomos y emprendedores.

La foto de Casado y Garamendi juntos se produce tras las diferencias que el PP y la patronal han evidenciando estas dos últimas semanas a raíz de unas declaraciones sobre indultos del presidente de la patronal y el principio de acuerdo sobre las pensiones del Gobierno con los agentes sociales.

En concreto, el jefe de la oposición participará, a partir de las 10.00 horas en la mesa ‘El apoyo a autónomos y emprendedores: una estrategia indispensable’ junto al presidente de la CEOE, en el marco del curso de ATA que se celebra en la Universidad Rey Juan Carlos, según ha informado el partido.

POLÉMICA POR LOS INDULTOS

El pasado 17 de junio, y después de que los empresarios catalanes hubieran expresado su apoyo a los indultos a los condenados por el 1-O, Garamendi aseguró en una entrevista radiofónica que esa medida sería bienvenida si lleva a «que las cosas se normalicen». Además, dijo que la CEOE defiende que «la estabilidad se encuentra dentro del Estado de derecho, y éste es facultad del Gobierno», que deberá tomar la decisión final.

Sus declaraciones provocaron críticas entre algunos empresarios y malestar en las filas del PP, que ha dejado claro desde el primer momento su «no» a la medida de gracia. El propio Garamendi matizó ese mismo día que la CEOE no se posiciona sobre indultos y defiende la Constitución.

Unos días después, y a raíz de la polémica abierta, Garamendi rompió a llorar en la Asamblea de la CEOE y tachó de «injusticia» lo que había vivido porque desde la patronal no se estaba avalando los indultos. «Los debates políticos son para los políticos», ha resaltado este miércoles cuando le han preguntado por la medida de gracia.

EL PP: EL PACTO DE LAS PENSIONES BUSCA DEROGAR LA REFORMA DE RAJOY

Y el principio de acuerdo de Gobierno, sindicatos y patronal para la reforma de las pensiones también ha visualizado diferencias con el PP. Así, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, criticó este martes la primera parte de la reforma, que supone derogar las medidas impulsadas en 2013 por el PP, porque «es contradictoria con lo acordado por los partidos en el Pacto de Toledo».

Gamarra exigió la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que concrete sus planes para el sistema público de pensiones, considerando que los acuerdos alcanzados con los sindicatos CC.OO. y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, «son anuncios, pero no reformas». «No se puede ahondar en la suficiencia de las pensiones olvidando todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema», defendió.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que le «parece bien» que el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, «mantenga viva la esperanza» de la autodeterminación de Cataluña pero le ha advertido que para los socialistas «la unidad de España es un tema de convicción», «no de oportunidad».

«El señor Rufián me parece muy bien que mantenga viva la esperanza porque es tanto como mantener la vigencia del proyecto pero otros también tenemos nuestras convicciones en ese sentido y el tema de la unidad de España es un tema de convicción, no es un tema de oportunidad», ha replicado Ábalos a las palabras de Rufián en las que ironizaba sobre el compromiso de Pedro Sánchez en contra de la autodeterminación.

Concretamente, Rufián restó credibilidad a las palabras del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en las que el presidente afirmaba que nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña y le ha recordado que también negaba indultos a los presos del procés y al final los ha concedido. «Denos tiempo», ironizó el portavoz de ERC recordando que la estabilidad del Gobierno de coalición depende de sus socios.

Cuestionado por los medios sobre una posible pérdida de credibilidad de Sánchez, Ábalos ha afirmado que «la mejor forma de entender la credibilidad es con perspectiva», la que da el tiempo.

Ábalos ha indicado que el problema del conflicto en Cataluña estaba ahí antes de la pandemia y al actual Gobierno le ha tocado gestionar las consecuencias de la sentencia del procés, las revueltas por dicha resolución judicial y ha señalado que el Ejecutivo tiene que «normalizar y rebajar la tensión en Cataluña».

El ministro ha realizado estas declaraciones durante una visita que ha realizado este miércoles a Castro Urdiales acompañado del vicepresidente de Cantabria y líder de los socialistas cántabros Pablo Zuloaga.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado informe del Ministerio Fiscal antes de decidir si acuerda las nuevas diligencias planteadas por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEHD), que le pide citar a tres hombres «secuestrados» durante años por el Frente Polisario y que habrían sido testigos del «exterminio» denunciado en la querella presentada contra varios miembros de la organización, incluido su líder, Brahim Ghali.

En una providencia del 29 de junio, Pedraz da cuenta del escrito presentado por ASADEDH ordenando dar traslado del mismo al Ministerio Público para que informe sobre la pertinencia o no de dichas testificales.

ASADEHD ha propuesto al instructor que interrogue a tres hombres que habrían estado detenidos por el Frente Polisario varios años en un periodo temporal que va desde finales de los 70 a principios de los 90 porque «se trata de testigos presenciales de los hechos relatados en la querella», de modo que considera «obligada» esta diligencia.

Según la asociación saharaui, «todos fueron testigos del genocidio, la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado por motivos raciales, políticos y religiosos, pudiendo identificar y señalar a los torturadores mencionados en la presente querella».

ASADEHD ha sostenido que, «si entendemos por genocidio la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, es evidente que lo que se ha ido produciendo en el Frente Polisario, y desde sus comienzos, cabe perfectamente en esta descripción».

DENUNCIA UNA «LIMPIEZA ÉTNICA»

Así, se adentra en un relato sobre la vida del Polisario y sus presuntos abusos en cada etapa. Hacia mediados de los 70, le culpa de lanzar una campaña de «limpieza étnica» contra una de las minorías más numerosas del pueblo saharaui, los tekna. Muy pocos jóvenes de estas tribus se salvaron de las desapariciones forzosas y muchos siguen desaparecidos, afirma ASADEHD.

En esa época, denuncia que el Polisario también persiguió a los pobladores del ex Sáhara español y, poco después, encarando el final de la década, los abusos se habrían dirigido contra los aitusa y los yegutt. «Muchos de los que terminaron salvando sus vidas relatan ahora los horrores que vivieron y cómo se les dejó claro durante las sesiones de tortura que solo se les acusaba de ‘ser quienes eran y de pertenecer a los ámbitos tribales a los que pertenecían'», añade.

Ya en los 80, «las campañas de limpieza étnica se desviaron hacia el sur». «En un solo año se persiguió, encarceló y torturó a centenares de saharauis y mauritanos (voluntarios), en su mayoría saharauis con relaciones o provenientes de Mauritania (…) Hubo que lamentar decenas de asesinatos y ejecuciones», asevera la querellante.

Con todo, argumenta que «no hay más que repasar las listas de asesinados y desaparecidos durante las últimas décadas en el Polisario, y analizarlas desde una perspectiva étnica, para llegar a la inequívoca conclusión de que el hecho de que un 98 o un 99% de las víctimas pertenezcan a minorías étnicas no puede ser casual». «Hay un par de excepciones que vienen a ser ‘la excepción que confirma la regla'», remacha.

OTRO TESTIGO PENDIENTE

Al margen de los propuestos ahora por ASASEDH, Pedraz tiene pendiente tomar declaración el próximo 27 de julio a un testigo requerido por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que también se ha querellado contra Ghali.

Se trata de un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que habría presenciado las torturas que el activista saharaui habría sufrido a manos del Frente Polisaro. Estaba previsto que compareciera el martes, pero no pudo ser debido a problemas con la obtención del visado para entrar en España.

Ese día sí comparecieron el propio Breica, que ratificó su relato sobre lo que le habría ocurrido en 2019 en los campamentos de Tinduf (Argelia), así como su mujer y otro hombre con el que compartió prisión. Según la querella, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

La querella formulada por Breica, que inicialmente fue archivada por el juez José de la Mata –ahora en Eurojust–, fue reactivada por Pedraz el pasado mes de enero, aunque acotando que lo hechos denunciados no encajarían en el delito de lesa humanidad al no haber indicios de un ataque generalizado a la población civil.

Poco después, el juez admitió una segunda querella, firmada por ASADEDH contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.

HOSPITALIZADO EN ESPAÑA

La causa está prácticamente paralizada desde que Ghali salió de España en la madrugada del 2 de junio en un avión medicalizado rumbo a Argelia, horas después de declarar por ambas querellas ante Pedraz, al que negó cualquier implicación en las presuntas violaciones de los Derechos Humanos que se le imputan. Quedó libre, sin medidas cautelares.

La defensa de Ghali esgrime que la finalidad de estas querellas es «política», reprochando a las acusaciones que «están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia, (…) para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática», mediante un ataque «feroz» a su líder.

Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se retomaron cuando se supo que Ghali se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus. Su presencia en suelo español desencadenó una crisis diplomática con Marruecos.

A raíz de su paso por España, un juzgado de instrucción de Logroño ha incoado diligencias contra Ghali tras recibir una denuncia que apunta a que pudo haberse registrado con una identidad falsa a su llegada el 18 de abril. Otro juzgado de la capital riojana ha dado traslado al Ministerio Fiscal de una causa por un presunto delito de terrorismo genérico contra el presidente de la RASD para que informe sobre la posible inhibición a la Audiencia Nacional.

El Papa ha arremetido contra los paraísos fiscales» y ha avisado de que «uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o está rabioso», tras advertir del riesgo de que las finanzas hagan «perder lo concreto, que es la producción y el trabajo de todos».

«Invertir en el bien común, no esconder en los paraísos fiscales. La inversión es dar vida, es creativa. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia», ha señalado Francisco.

El Pontífice ha hecho estas declaraciones a través de un videomensaje dirigido a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Argentina con motivo de su encuentro anual que se realiza este miércoles y jueves sobre la temática ‘Hacia un capitalismo más humano: Generando un círculo virtuoso para promover el bien común y construir confianza social’.

«Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal», ha señalado. De este modo, ha destacado la importancia de «ir creando confianza social porque es muy difícil construir sin confianza social» y (no debemos) nunca traicionarla».

Si bien, ha dicho que «a veces se producen esos grandes acuerdos de empresas o de grandes inversores o grandes gentes que están todos alrededor de una mesa y después de horas hacen un acuerdo, lo firman y, en el momento que están brindando, uno que está de este lado hace con aquel que está allá otro por debajo de la mesa».

Por ello, ha señalado que en las sociedades que tienen un margen de desigualdad «muy grande uno se tiene que preguntar cómo va la economía«. «Si es justa, si es social. O simplemente busca intereses personales», ha señalado Francisco. El Papa ha señalado la necesidad de «claridad, transparencia, inversión y producción» ante el «desafío de crear empleo.

En ese sentido, considera que «es importante el poder de la pymes para generar empleo porque de abajo viene la creatividad siempre», al tiempo que ha subrayado que «el desafío de ir hacia el bien común con el gesto de crear empleo» se vuelve aún más imperioso «en medio de una pandemia que llevó a que falte».

Francisco ha empezado su discurso diciendo que «la mirada cristiana de la economía y de la sociedad es distinta de la mirada pagana o ideológica». Según ha manifestado, «nace de las Bienaventuranzas y de Mateo 25. Y la construcción de una comunidad justa económicamente y socialmente la tienen que hacer todos: sindicalistas, empresarios, trabajadores y dirigentes».

Tras señalar que los cristianos deben ir por el camino de «la economía social», ha reivindicado el realismo. «La economía en los últimos decenios engendró las finanzas y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, que creemos que hay mucho y al final no hay nada», ha agregado.

Finalmente, ha pedido «volver a la economía de lo concreto, que es la producción, el trabajo de todos, que no falte el trabajo, la familia, la patria, la sociedad».

Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, en abril de 2019, ha indicado, tras conocer que la Fiscalía de Madrid ha retirado la acusación contra él, que era «lógico» que le eximieran de esa responsabilidad y que, aunque hubiera ido a juicio, nunca hubiera pensado que era un delincuente.

«Está bien, era lógico que, una vez saliera aprobada la ley (de eutanasia) y estuviera vigente ya este mes, me exigieran de esta responsabilidad», ha valorado en declaraciones Hernández, que estaba a la espera de hablar con su abogada.

En todo caso, Hernández ha asegurado que no le preocupaba ir a juicio y que si así hubiera sido, hubiera hecho uso del derecho a la última palabra para exponer lo que hizo y por qué lo hizo.

«Aunque hubiera ido a juicio nunca hubiera pensado que era un delincuente, en mi derecho a la última palabra hubiera manifestado todo lo que no he podido manifestar, exponer todo lo que hice, por qué, la situación en la que estaba mi compañera», ha precisado.

Además, Hernández culpa al PP de Madrid del empeoramiento de la salud de María José Carrasco, que desencadenó en una situación «irreversible» y en la decisión de ayudarla a morir. «Tiene mucha responsabilidad el PP de Madrid por el trato que tuvo mi compañera en 2018, que la llevó a enfermar mucho más», ha lamentado.

Según recuerda, él se tenía que haber operado de una hernia umbilical y como no podía dejar desatendida a su mujer, solicitaron una residencia temporal en 2018 para el periodo de tiempo de la operación. «Pero se la denegaron y todo ese proceso, porque tuvimos que ir al contencioso, a María José le afectó muchísimo y llegó a un estado irreversible, en el que ya estaba diciendo constantemente ‘me muero de dolor'», ha explicado.

Asimismo, Hernández ha expresado su «enfado» con el Partido Popular por haber recurrido la ley de eutanasia ante el Tribunal Constitucional. «Me ha enfadado muchísimo, recurren sabiendo lo que nos han hecho a nosotros», ha declarado.