Francia recuperó el trono para situarse como el primer destino de las exportaciones españolas de vehículos, al recibir 397.641 unidades de modelos ‘made in Spain’ el año pasado, un 20,4% del total, por lo que superó a Alemania, que fue el principal rumbo de los coches ensamblados en España en 2019.

Todo ello según datos del Informe Anual 2019 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que recoge que las 17 plantas de ensamblaje instaladas en España exportaron 1,95 millones de automóviles a todo el mundo el año pasado, un 15,5% menos que en 2019 y un 86% sobre el total de 2,26 millones de vehículos producidos en el territorio nacional.

Alemania bajó al segundo escalón como mercado más importante de las exportaciones españolas de vehículos, después de superar a Francia en 2019. En este sentido, al país fueron a parar 386.341 modelos ‘made in Spain’, un 19,8% del total.

Reino Unido, con 241.848 unidades (12,4% del total); Italia, con 225.748 vehículos (11,6% del total), y Turquía, con 71.791 unidades (3,7% del total), cerraron el ‘top 5’ de los países que más coches compraron a España el pasado ejercicio.

Fuera de la Unión Europea, Turquía lideró de nuevo las exportaciones de vehículos fabricados en España. Suiza (25.822 unidades, 1,3% del total) y Estados Unidos (24.017 unidades, 1,2% del total) se situaron como el segundo y el tercer país extracomunitarios que más vehículos españoles importaron en 2020.

En general, Europa (incluyendo países de fuera de la UE) continuó siendo el principal destino de los vehículos españoles, con un 92,7% del total de las exportaciones, hasta 1,8 millones de unidades.

Por su parte, América recibió 63.305 vehículos hechos en España, un 3,3% del total, mientras que fueron a parar a Asia 27.284 unidades, un 1,4%. Además, África se hizo con el 2,2% de las exportaciones españolas (42.686 vehículos) y Oceanía, con solo el 0,4%, hasta 7.937 unidades.

En cuanto al tipo de vehículos, las factorías españolas exportaron a todo el mundo durante el ejercicio 2020 un total de 1,58 millones de turismos, lo que supone un descenso del 16,6% en comparación con el año anterior; mientras que vendieron al exterior 335.280 vehículos comerciales (-13,4%) y 27.279 vehículos industriales (+47,6%).

MásMóvil ha tomado este martes el control del consejo de Euskaltel después del triunfo de su OPA la semana pasada y su consejero delegado, Meinrad Spenger, se ha situado también al frente del operador vasco.

Entre las figuras que han dejado el consejo del operador vasco se encuentran el consejero delegado, José Miguel García, así como los dirigentes del fondo británico Zegona, principal accionista de Euskaltel hasta su venta, así como el resto de consejeros dominicales y las consejeras independientes consejeras independientes Belén Amatriaín, y Ana García Frau. García pasará a ocupar el rol de asesor externo de MásMóvil, según un comunicado de la compañía.

En el consejo de administración donde se han hecho oficiales los cambios, se ha reconocido la «excelente» labor de García como consejero delegado al frente de la expansión nacional y la «continúa aportación al crecimiento de Euskaltel» de Amatriaín y García Frau.

«Me sumo a la enhorabuena al Grupo MásMóvil, ya que considero que haber conseguido cerrar con éxito esta transacción en un plazo de tiempo tan corto, es tanto un hito para ambos grupos, como para nuestros clientes, proveedores y equipo. De esta forma, podremos seguir liderando el crecimiento con calidad de servicios de telecomunicaciones como lo llevamos haciendo desde hace más de 25 años», ha añadido José Miguel García.

Por su parte, Spenger ha señalado que el nuevo consejo «aúna experiencia, un amplio conocimiento de Euskadi, Asturias y Galicia y la ilusión que necesitamos para impulsar nuestro proyecto de crecimiento en beneficio de los clientes».

EL NUEVO CONSEJO

El nuevo consejo mantiene a varios integrantes del anterior como el presidente no ejecutivo, Xabier Iturbe, así como a los consejeros independientes, Beatriz Mato, ex consejera de la Xunta de Galicia, e Iñaki Alzaga, presidente de Nortegas.

Asimismo, el consejero delegado de Inveready y vicepresidente segundo del operador, Josep María Echarri, será consejero externo, o José Germán López, consejero ejecutivo de MásMóvil, lo será también de Euskaltel.

Además, se han unido los consejeros dominicales Stefano Bosio, Jorge Lluch y Miguel Segura, en representación de los accionistas Providence, KKR y Cinven.

Así, también se han remodelado las comisiones del consejo y Control y Auditoría y Nombramientos estarán presididas por Alzaga, y en ambas se sentará Mato, mientras que Remuneraciones será presidida por Mato y contará con la presencia de Alzaga.

A este dúo se sumará en cada caso un dominical: Bosio (Nombramientos), Lluch (Remuneraciones) y Segura (Control y Auditoría).

Todos los nombramientos deberán ser refrendados por la junta de accionistas, ya que MásMóvil será, cuando se ejecute la venta forzosa, el único accionista de Euskaltel.

Esta venta forzosa, por la que MásMóvil comprará a 11 euros el título el 2,33% que no controla, tiene como fecha límite el 27 de agosto.

Asimismo, el operador ha solicitado que Euskaltel suspenda su cotización el 17 de julio a cierre de mercado con el objetivo de hacer una exclusión rápida cuando controle el 100% de las acciones de la empresa vasca.

EL NUEVO GRUPO

En la comunicación a la CNMV, MásMóvil ha señalado que el consejo ha adoptado «distintos acuerdos de negocio y organizativo, dentro de la estrategia de integración de Euskaltel en el Grupo Másmóvil».

El nuevo grupo contará con 3.000 millones de euros de ingresos y más de 2.000 empleados. Así, contará con más de 14 millones de servicios de móvil y banda ancha y 26 millones de hogares pasados por fibra óptica.

Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron en el año 2020 los 53.848 millones de euros, con un incremento del 4,1% con respecto a 2019, mientras que las exportaciones del conjunto de la economía española cayeron el año pasado un 10,2%, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Por lo que respecta a las importaciones, en el conjunto de la economía española se redujeron un 14,7% con respecto a 2019. Esta disminución fue menor en el sector agroalimentario y pesquero, un 4,6%, y alcanzaron en global una cifra de 35.155 millones de euros. En consecuencia, el balance comercial del sector agroalimentario y pesquero español se incrementó en el conjunto del año en un 25,8%, y ascendió a 18.693 millones de euros, mientras que la balanza comercial general de la economía española se redujo en un 57,4% en el año 2020.

Así, el sector agroalimentario y pesquero consolidó el importante papel que desempeña en el comercio exterior español, y supone ya más de la quinta parte (20,6%) del total de las exportaciones de la economía nacional, mientras que las importaciones representan el 12,8%. La principal aportación correspondió al grupo de las frutas, con un valor exportado de 9.570 millones de euros, seguido de la carne (8.4767 millones de euros) y de las hortalizas (6.890 millones de euros).

El grupo de las bebidas, entre las que tiene gran importancia el vino, si se vio más afectado por la pandemia, sobre todo por los cierres y limitaciones de horarios de la hostelería, de forma que las exportaciones se redujeron en un 3,5%, con un valor vendido total de 4.348 millones de euros. También descendieron las exportaciones de aceite de oliva, un 1,5%, con una facturación de 4.182 millones de euros.

La Unión Europea (UE) se mantiene como el destino preferente de las exportaciones de alimentos y bebidas españolas, concentrando el 63% (33.760 millones de euros), con un incremento del valor exportado del 1,7%. La proporción que representaba la UE hasta el año 2020 era mayor, 72% en 2019, antes de la salida del Reino Unido.

El valor de las exportaciones a terceros países se incrementó el año pasado en un 8,5% (20.088 millones de euros) debido al importante empuje de las ventas a China, que aumentaron un 67,3%.

Alianza Verde, el partido ecologista de Unidas Podemos que lidera Juantxo López de Uralde, ha pedido al Gobierno «dar ejemplo» para frenar el calentamiento global, empezando por la parar de inmediato proyectos como la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y del puerto de Valencia, entre otros.

En un comunicado, el nuevo partido plantea «al Gobierno progresista» llevar a cabo una serie de tareas inmediatas a la luz de las conclusiones del informe científico sobre cambio climático (IPCC), ya que, si no se hace nada, el proceso conducente al colapso será «irreversible». .

De entrada, llama a la «paralización de todos los nuevos proyectos que supongan la construcción de infraestructuras que vayan en la dirección de aumentar la movilidad, las emisiones y la contaminación».

Y ahí menciona proyectos como los anunciados por el Gobierno como la ampliación de Barajas y El Prat, la ampliación del puerto de Valencia o la construcción y ampliación de los accesos por automóvil a las grandes ciudades, que en su opinión deben ser parados porque son infraestructuras que «promueven la globalización y la deslocalización de la actividad económica con el consecuente aumente del tráfico de mercancías ya sea por mar, aire o carretera».

Como alternativa, Alianza Verde propone que esas inversiones se dediquen a mejorar el ferrocarril de corta y media distancia, el transporte público y la movilidad sostenible en ciudades y áreas metropolitanas.

Algunas de las medidas urgentes que expone Alianza Verde, pasan por promover la agricultura y la ganadería ecológicas, la reducción del consumo de carne, acelerar el proceso de transición energética o apoyar con recursos económicos a los ayuntamientos que presenten planes de renaturalización de la ciudades, entre otras.

Asimismo, ha señalado como «urgente» aumentar la ambición en materia de reducción de emisiones para 2030, alineando España con los países más avanzados.

Para el partido, el Ejecutivo «ha de dar ejemplo y ponerse al frente de la emergencia más global y más grave» que vive la humanidad y tiene que «hacer frente a su responsabilidad al igual que está haciendo frente a la pandemia», reza el comunicado.

El índice compuesto de indicadores líderes (CLI), que sirve a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de termómetro económico para detectar cambios de tendencia en la coyuntura, advierte en su última lectura de la presencia de síntomas de moderación en el crecimiento de la economía española.

La lectura del indicador adelantado para España se situó en julio en 99,79 puntos, desde los 99,45 observados en el mes de junio, lo que supone una mejora de 0,34 puntos mensual y de 4,35 interanual. De esta forma, los CLI encadenan ya nueve meses al alza en el caso de la economía española.

Desde la OCDE explicaron que el CLI para España continuó expandiéndose en julio como ha sido el caso de los últimos meses, «registrando niveles que se acercan paulatinamente a la tendencia».

En este sentido, añadieron que la mayoría de indicadores adelantados incluidos en el CLI para España aportaron en julio una contribución positiva al crecimiento, siendo la mayor contribución este mes la del índice de confianza del consumidor.

No obstante, y en línea con lo observado para el conjunto de la OCDE y la mayoría de las principales economías que forman parte del ‘think tank’ de los países más avanzados, «el ritmo de expansión del CLI para España, aunque sigue siendo bastante grande, ha mostrado signos de moderación este mes».

De este modo, el termómetro económico para el conjunto de la OCDE se situó en julio en 100,83 puntos, frente a los 100,69 de junio, con una mejora mensual de 0,14 puntos y del 3,37 en un año, ofreciendo así signos de moderación del ritmo de crecimiento por encima de la tendencia, frente a la expansión estable del mes anterior.

La aparición de estos síntomas de moderación del ritmo de crecimiento por encima de la tendencia también es aplicable a la evolución del conjunto de la zona euro, cuyo CLI en julio fue de 100,84 puntos, frente a los 100,60 de junio, con una mejora de 0,24 puntos mensuales y 3,36 interanuales.

Asimismo, las lecturas de los CLI de las mayores economías de la OCDE también sugieren la aparición generalizada de estos signos de moderación, que la organización aprecia en los casos de Estados Unidos (100,52 puntos), Alemania (101,93), Reino Unido (100,5) e Italia (101,91).

En el caso de Francia, con una lectura de 98,91 puntos en julio, la OCDE señala la aparición de signos de moderación del crecimiento con el CLI del país galo aún por debajo de la tendencia.

En cualquier caso, debido al levantamiento gradual de las medidas contra la pandemia y al progreso de la vacunación, la OCDE ha alertado de que las incertidumbres pueden generar fluctuaciones «más altas de lo habitual» en los CLI y sus componentes.

«Como tal, los CLI deben interpretarse con cuidad y su magnitud debe considerarse como una indicación de la fuerza de la señal más que como una medida del grado de crecimiento de la actividad económica», ha apostillado la OCDE.

El Grupo Enel ha instado a los gobiernos del mundo a que «se impliquen a fondo» para que la economía mundial abandone rápidamente las actividades contaminantes y «potencie soluciones» relacionadas con el clima.

Así lo ha manifestado el CEO del Grupo Enel, Francesco Starace, en un comunicado difundido tras la publicación del sexto Informe de Evaluación sobre Cambio Climático publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

El informe del IPCC ha responsabilizado a los seres humanos de que el cambio climático esté afectando a todas las regiones habitadas del mundo y provocando que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales, se vuelvan más frecuentes.

El Grupo Enel ha acogido «con satisfacción» la publicación del documento del IPCC para los responsables de políticas con los aspectos más destacados del nuevo informe de la organización ‘Cambio climático 2021: Base de la ciencia física’, que reafirma la urgencia con la que las economías globales «deben tomar medidas enérgicas para reducir rápidamente las emisiones en consonancia con la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5 °C».

En este contexto, el grupo ha destacado que ya se ha comprometido a reducir en un 80% sus emisiones directas para 2030, con respecto a 2017, conforme a una trayectoria de 1,5, tal y como certifica la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi).

Enel, como firmante de la campaña ‘Business Ambition for 1,5 °C’ promovida por las Naciones Unidas y otras instituciones, se compromete a conseguir emisiones netas cero en toda su cadena de valor para 2050, incluyendo tanto las emisiones directas (Alcance 1) como las indirectas (Alcance 2 y 3).

«Cuando hablamos de escenarios climáticos, la ciencia ha logrado un progreso significativo y el trabajo del IPCC es fundamental para comprender cómo nos depara el futuro y cómo podemos mitigar y adaptarnos», ha señalado Starace.

El Sexto Ciclo de Evaluación del IPCC producirá una serie de informes decisivos del IPCC, que ofrecerá una visión completa de los conocimientos científicos sobre el cambio climático y representará un recurso fundamental para los responsables de políticas, las empresas privadas y toda la sociedad. «El enfoque minucioso y transparente del IPCC es importante para difundir el conocimiento y la toma de conciencia a cualquier nivel», ha apuntado el CEO del Grupo Enel.

El Grupo Enel considera que los futuros informes de este ciclo «serán igualmente importantes para respaldar la definición de una estrategia eficaz de mitigación y adaptación para construir un futuro resiliente a los cambios climáticos: ‘Grupo de Trabajo II – Impactos, adaptación y vulnerabilidad’; y ‘Grupo de Trabajo III – Mitigación del cambio climático'».

Endesa X, la filial de servicios energéticos de Endesa, va a poner en marcha dos plantas fotovoltaicas de autoconsumo para Domca, empresa especializada en el desarrollo y comercialización de ingredientes naturales y soluciones de conservación para la industria agroalimentaria.

La compañía instalará una de las plantas en la fábrica que Domca tiene en Granada –con 114,4 kWp de potencia y 260 paneles solares–, y otra en la sede de su entidad tecnológica dedicada a la I+D+i que se encuentra en esta misma localidad, DMC Research Center –con 48,9 kWp de potencia y 103 módulos–.

Con estas dos plantas solares de autoconsumo se podrá cubrir casi el 40% y el 45%, respectivamente, de la energía que necesitan estas dos instalaciones para sus procesos de producción, con energía limpia y renovable, según informa la compañía en un comunicado.

«Nos sentimos muy orgullosos de poder acompañar a Domca en su firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad en este proyecto. Desde Endesa X queremos facilitar y adaptar a las necesidades de nuestros clientes la implantación de proyectos que aprovechen los recursos naturales, como este de autoconsumo fotovoltaico», señala el director general de Endesa X, Davide Ciciliato.

Por su parte, el director comercial de Grupo Domca, Andrea Ricci, añade: «El proyecto nos gustó desde el principio. Estamos agradecidos por el trabajo que Endesa X está realizando para convertir nuestras instalaciones en una fábrica más respetuosa con el medio ambiente».

Endesa X está realizando este proyecto bajo la modalidad de llave en mano, incluyendo cálculo, diseño, fabricación, suministro, transporte, seguro, instalación y puesta en marcha de las plantas, que se encuentran actualmente en fase de construcción y que se encargarán de proveer de energía renovable y limpia a la planta de Granada y a la del DMC Research Center.

Estas inhalaciones le permitirán a Domca reducir su huella de carbono en más de 65 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales, equivalente a plantar más de 4.100 árboles en un año.

El proyecto realizado para Domca incluye además un Servicio de Gestión Energética (SGE), que le permite monitorizar la energía producida por la instalación fotovoltaica, la energía autoconsumida y los ahorros producidos.

El 78% de los españoles que disfrutan de sus vacaciones en agosto aseguran que harán uso de parkings públicos para no perder el tiempo buscando aparcamiento o arriesgarse a multas, según una encuesta elaborada por Parkimeter.

De hecho, según dicha encuesta, agosto es el mes que más uso de aparcamientos públicos se hace de todo el año, llegando a duplicar su utilización con respecto de otros periodos del calendario.

A la hora de explicar por qué se decantan por los parkings públicos en verano, el 43% de los encuestados afirma que para evitar perder tiempo dando vueltas por el destino, el 40% para evitar multas de los parquímetros, el 15% para evitar robos en los coches y el 2% para aprovechar otros servicios como el de lavado o recarga eléctrica.

MÁS MULTAS EN VERANO

Según ha indicado Parkimeter, con la llegada de la época estival son muchas las ciudades que convierten sus calles en aparcamientos con regulación horaria, lo que obliga a los visitantes que se acercan con sus vehículos a estar pendientes del ticket de la hora.

A diferencia de las grandes ciudades en las que el horario del parquímetro suele acabar entorno a las 20:00 horas en verano, las zonas de costa amplían la duración del horario de pago hasta las 00:00 horas de la noche.

Por este motivo, ha señalado Parkimeter, cada vez son más los conductores que destinan una parte de su presupuesto de verano para reservar sus plazas de aparcamiento antes de salir de casa.

Si hay un destino en el que es más complicado encontrar aparcamiento en verano ese es el de la costa. Especialmente en las horas donde se concentra más movimiento, que son entre las 11:00 horas y las 16:00 horas; y por la noche entre las 21:00 y las 23:00 horas.

Un conductor puede llegar a pasar de media 40 minutos para aparcar en estos destinos de costa, según Parkimeter. Las multas a las que se arriesgan si deciden aparcar el coche en un espacio prohibido o si se le pasa el ticket de la hora oscilan entre 30 y 120 euros de media.

En cuanto a las zonas de interior de España y las grandes ciudades, gozan de más plazas de aparcamiento. A pesar de ello, un conductor en agosto puede dedicar a la búsqueda de aparcamiento de media 20 minutos. Las sanciones más habituales oscilan entre 60 y 120 euros, ligeramente superiores a las recibidas en la costa, ha apuntado Parkimeter.

El mercado español de fusiones y adquisiciones registró hasta el mes de julio 1.548 operaciones por un importe de 70.415 millones de euros, lo que supone un aumento del 20,75% en el número de transacciones y del 19,8% en el capital movilizado, según un informe de TTR publicado este martes.

En el mes de mayo se registraron 239 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas por un importe agregado de 11.742 millones de euros, en tanto que en términos sectoriales, el sector Inmobiliario ha sido el más activo del año, con 313 transacciones, seguido por el tecnológico, con 294.

Las empresas españolas eligieron como principal destino de inversión en este periodo a Portugal, con 38 transacciones, mientras que por importe destaca Francia con 5.888 millones.

Estados Unidos y Reino Unido, con 107 y 86 transacciones, respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España, con el primero de ellos a la cabeza por importe, con 14.613 millones.

En este periodo se han registrado 141 operaciones de ‘private equity’ por 13.353 millones, lo cual supone un aumento del 35,58% en el número de transacciones y un alza del 42,14% en el importe de las mismas respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el mercado de ‘venture capital’ se han llevado a cabo 362 transacciones con un importe agregado de 4.325 millones, lo que implica un aumento del 14,20% en el número de transacciones y un descenso del 15,72% en el importe de las mismas.

En el segmento de ‘asset acquisitions’, se han registrado hasta julio 430 transacciones por 8.228 millones. Esto representa un aumento del 21,13% en el número de transacciones y una disminución del 2,67% en el importe de éstas.

TTR ha seleccionado como transacción destacada hasta julio la adquisición del 99,99% de Polkomtel Infrastrukture por parte de Cellnex Telecom, por un importe aproximado de 1.566 millones de euros. Greenberg Traurig y Clifford Chance han sido los asesores legales, en tanto que AZ Capital y PwC España han sido los financieros.

RANKING DE ASESORES JURÍDICOS Y FINANCIEROS

TTR ha destacado en el informe a Cuatrecasas España y Garrigues España en el ranking de asesores jurídicos, con 85 y 73 transacciones, respectivamente, en tanto que los importes ascienden a 13.604 y 12.650 millones.

En cuanto al ranking de asesores financieros, Arcano Partners es el líder hasta julio de 2021 por número de transacciones, con 15, mientras que por importe, lidera Citigroup con 10.338 millones.

El Tesoro Público ha colocado este martes 5.134,88 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho cobrando más a los inversores, según los datos publicados por el Banco de España.

A pesar de tener que pagar más, los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de ambas referencias ha superado los 10.518 millones de euros, más del doble de lo finalmente colocado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos ha colocado 884,30 millones de euros en letras a seis meses, frente una demanda de 2.965,78 millones, y el tipo de interés marginal se ha colocado en el -0,589%, más negativo que el -0,575% anterior.

En las letras a 12 meses ha colocado 4.250,58 millones, por debajo de los 7.552,72 millones solicitados por los inversores, y también ha profundizado en los tipos negativos, con una rentabilidad marginal del -0,559%, frente al -0,534% previo.

Tras la subasta de este martes, el Tesoro prevé convocar otra emisión este mes, el día 17 de agosto, tras cancelar la emisión de bonos y obligaciones previstas para el 19 de agosto. En concreto, el 17 prevé subastar letras a 3 y 9 meses.

REDUCCIÓN DE 20.000 MILLONES EN LA EMISIÓN DE DEUDA

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció hace unas semanas la decisión de reducir la emisión prevista de deuda pública para 2021 en 20.000 millones de euros, con lo que la emisión neta de deuda este año ascenderá aproximadamente a unos 80.000 millones de euros.

Con la reducción de las necesidades de financiación, el grueso de la financiación para 2021 se seguirá obteniendo mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo, con un total de 174.399 millones, y en menor medida a través de Letras, con 94.758 millones.

Según ha explicado el Ministerio, el Tesoro aceleró en la primera mitad del año la ejecución del programa de financiación, lo que ha permitido que se haya ejecutado ya el 71,8% del programa de emisión a medio y largo plazo.

Las plataformas digitales de reparto tienen de plazo hasta el próximo jueves, 12 de agosto, para contratar a sus trabajadores como asalariados debido a la entrada en vigor de la llamada ‘Ley de Riders’.

La norma se publicó el pasado 12 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estableciéndose su entrada en vigor a los tres meses, es decir, el próximo 12 de agosto.

Esta ley es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats y Deliveroo.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Asimismo, el decreto contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, se recoge en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

La norma ha sido muy criticada por asociaciones de repartidores. Así, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a las principales plataformas de ‘food delivery’ en España, Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, advirtió en su día de que esta ley pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español.

DELIVEROO PLANEA CESAR SU ACTIVIDAD EN ESPAÑA

A finales del mes de julio, a pocos días de la entrada en vigor de la ley, la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció que planea el cese de sus operaciones en España. En concreto, la plataforma comunicó su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el fin de su actividad en el mercado español.

La consulta de Deliveroo sobre el cese de sus operaciones en España estará condicionada al resultado de un proceso consultivo con los empleados afectados y con los ‘riders’. Deliveroo prevé que el proceso de consulta colectiva comience a principios de septiembre y la empresa trabajará con todas las partes interesadas y preparará toda la documentación necesaria para ello.

En caso de que la empresa decida poner fin a sus operaciones tras la conclusión del proceso de consulta, que durará aproximadamente un mes, la empresa ha afirmado que se asegurará de que los ‘riders’ y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local.

JUST EAT NEGOCIA UN CONVENIO CON LOS SINDICATOS

Por su parte, la plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat se encuentra negociando con UGT y CCOO para fijar las bases del que será el primer convenio colectivo del sector del ‘delivery’ en España.

En concreto, este convenio será el primero a nivel nacional que ayude a organizar las relaciones laborales de la economía de plataformas en el reparto de comida a domicilio y estará totalmente alineado con la Ley ‘Rider’.

Por su lado, Glovo ha anunciado que lanzará un nuevo modelo de autónomo «inédito en España» y la contratación de 2.000 trabajadores en España antes de que acabe 2021 para adaptarse a la normativa.

Amazon y GoPro han presentado una demanda conjunta contra siete individuos y dos empresas por falsificar accesorios para cámaras de GoPro y tratar de vender dichos accesorios a través de la web de Amazon, lo que supone una violación de la política de la compañía.

En concreto, estos productos supuestamente falsificados serían la empuñadura flotante ‘The Handler’, la empuñadura ‘3-Way’, el brazo deextensión y el soporte para trípode. La demanda, presentada en el tribunal del Distrito Occidental de Washington (EE.UU.), alega quelos nueve demandados utilizaron las marcas registradas de GoPro sin autorización y con la intención de engañar a los clientes sobre la autenticidad, origen y la vinculación de los productos con dicha marca.

Por el momento, Amazon ha cerrado las cuentas tanto de los acusados como de sus colaboradores comerciales y ha reembolsado los productos adquiridos a los clientes afectados. El director de la Unidad de Delitos de Falsificación de Amazon, Kehbaru Smith, ha afirmado que cuando los falsificadores intentan vender en la web de Amazon, «no sólo violan los derechos de propiedad intelectual e industrial de empresas como GoPro, sino que también engañan a los clientes y dañan la reputación de Amazon como lugar para comprar productos auténticos».

Desde la compañía presidida por Jeff Bezos han recordado que en 2020 invirtieron más de 700 millones de dólares y emplearon a más de 10.000 personas para proteger proactivamente sus tiendas del fraude, la falsificación y el abuso.

«Utilizamos herramientas líderes en el sector para verificar la identidad de los posibles vendedores y garantizar que los listados de productos sean auténticos. Además, nuestros sistemas analizan cientos de datos para verificar la información proporcionada por los colaboradores comerciales», han explicado desde la compañía.

Por otra parte, han señalado que solo 6% de los intentos de registro de nuevas cuentas de colaborador comercial superaron los controles de verificación de la compañía y que menos del 0,01% de todos los productos vendidos en Amazon recibieron alguna reclamación de falsificación por parte de los clientes.

Por último, han recordado que desde junio de 2020 existe en Amazon la Unidad de Delitos de Falsificación, un equipo global dedicado a perseguir a los actores fraudulentos y garantizar que responden de sus actos ante la ley, así como a garantizar la colaboración con las fuerzas del orden.

«Ya hemos presentado con anterioridad demandas contra falsificadores, entre las que se incluyen una demanda contra personas que utilizan las redes sociales para promover y facilitar la venta de falsificaciones, así como demandas conjuntas con las marcas de lujo italianas Valentino ySalvatore Ferragamo, la marca de cosméticos KF Beauty, la marca de accesorios de viaje para familias JL Childress, YETI, la empresa familiar de juegos de cartas Dutch Blitz y la marca de juegos de mesa Asmodee», han recordado desde Amazon.

El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Miguel Ángel Castellón, ha denunciado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una «agenda oculta» para acometer una subida «masiva» de impuestos por valor de casi 80.000 millones de euros a todos los españoles.

En declaraciones a Radio Intereconomía, Castellón ha criticado que el Ejecutivo «ataque» a aquellos gobiernos autonómicos como el de Madrid que ofrecen una fiscalidad competitiva y que han optado por moderar los impuestos para fomentar el crecimiento y atraer inversión.

El portavoz económico del PP en el Congreso ha subrayado que en el Plan de Recuperación que el Gobierno remitió a Bruselas «ocultaba deliberadamente» subidas impositivas a los españoles, como peajes en las carreteras y un mayor coste del diésel.

«En definitiva, una subida de impuestos a las familias y a las empresas, a través de distintas figuras fiscales, por valor de casi 80.000 millones», ha criticado.

Castellón ha advertido de que esta «agenda» del Gobierno es lo contrario a lo que se está haciendo en otros países europeos, donde se están rebajando impuestos para impulsar el crecimiento tras la pandemia, como están haciendo además gobiernos autonómicos como el de Madrid.

REBAJA DE IMPUESTOS A LA LUZ

Por otro lado, preguntado por el elevado precio de la luz, que este martes alcanzará un nuevo máximo histórico, Castellón se ha mostrado contrario a intervenir el mercado, pero sí ha reclamado una reforma de los impuestos que gravan la luz ante la «gravedad» de la situación actual y la inminente llegada de una nueva ola de calor.

El portavoz ‘popular’ ha advertido de que el precio actual se ha triplicado y ha criticado que el Gobierno «se haya ido de vacaciones sin tomar medidas» ante esta situación.

«Hemos podido a la ministra Montero y al presidente del Gobierno que acometa una rebaja de los impuestos que gravan la luz porque es una situación de emergencia para los ciudadanos», ha apuntado.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a 27 aerolíneas ante la Dirección General de Consumo y las autoridades de protección al consumidor de la comunidades autónomas por obligar a llamar a teléfonos de pago para la atención a las consultas y reclamaciones de los usuarios.

La entidad ha realizado un análisis sobre 33 compañías que ha concluido con que siete de cada diez aerolíneas «se saltan la ley» con esta práctica.

De estas 33 aerolíneas analizadas, solo seis ofrecen únicamente teléfonos gratuitos (Air Nostrum, Alitalia, Eurowings, Norwegian, S7 y Vueling) de atención al consumidor.

Otras tres facilitan líneas gratuitas, pero las restringen a determinadas gestiones o no las muestran correctamente en su web (British Airways, Iberojet y Ryanair).

De las 24 restantes, cuatro facilitan números gratuitos sólo para clientes, pero no a quienes quieran consultar dudas antes de haber comprado el billete (Binter, Canary Fly, Iberia y Plus Ultra).

De las 20 compañías que no disponen de ningún teléfono gratuito, ni para clientes ni para no clientes, una ofrece una línea de tarificación adicional con prefijo 807 (Wizzair), otra facilita una línea 901 (TAP Air Portugal), dos dan tanto líneas 902 como prefijos geográficos nacionales (Blue Air y Volotea), 14 indican prefijos geográficos nacionales (Air Europa, Airfrance, American Airlines, Condor, Easyjet, Finnair, Iceland Air, Jet2, KLM, SAS, Transavia, Wamos Air, EgyptAir y Qatar Airways), una un móvil nacional (AlbaStar) y una un teléfono con prefijo de fuera de España (Luxair).

Según señala Facua, desde el pasado diciembre, el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge que «en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito».

En cuanto a las empresas que no ofrecen servicios básicos de interés general, están obligadas a que sus teléfonos de atención al cliente tengan prefijos geográficos nacionales o numeraciones móviles.

Facua indica a los consumidores que se vean obligados a llamar a líneas de alto coste que podrán reclamar a las empresas el abono de las cantidades que tengan que pagar por ello a sus compañías de telecomunicaciones. Y en los casos en que sea obligatorio facilitar líneas gratuitas, también puede reclamarse el importe de las llamadas a teléfonos móviles y fijos con prefijos nacionales o internacionales.

CCOO ha llamado a la «responsabilidad» a la patronal hotelera valenciana Hosbec y al resto de implicados en la impugnación del pliego del Imserso y ha expresado su deseo de que esta acción «no retrase el inicio de la campaña 2021-2022».

Mediante un comunicado, el sindicato ha señalado que «respetan que las patronales interpongan recursos pero no comparten sus argumentos y esperan una rápida resolución de la impugnación, con el objetivo de que no se retrase la puesta en marcha de la temporada 2021-2022 y dar así continuidad al programa, que cuenta con un total de 816.000 plazas, lo que supone seis millones de estancias».

El programa cuenta con una financiación pública de casi 70 millones de euros. CCOO señala que los empresarios «pasan por alto» que, desde sus inicios, el programa de Turismo Social se diseñó para que los hoteles se mantuvieran abiertos en invierno y que pudieran así cubrir los gastos en temporada baja, «no para ganar dinero».

Según datos del Ministerio de Sanidad, en la temporada 2018-19, última en que se llevó a cabo, participaron en este programa 308 hoteles y se contabilizaron casi 6,5 millones de estancias repartidas en Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cataluña, Baleares, Canarias y destinos de interior, que supusieron la creación de cerca de 12.000 puestos de trabajo directos.

CCOO defiende el programa del Imserso, ya que «se ha demostrado que las aportaciones de dinero público han contribuido a mantener empleo y generar riqueza». En concreto, señala que cada euro ha generado, al menos, 1,50 euros y ha significado ahorro en prestaciones de desempleo e ingreso de cuotas por parte de la Seguridad Social.

Además, el programa ha producido gasto de los turistas en servicios complementarios, como son la hostelería, los transportes o el comercio. Por lo tanto, el sindicato considera que se trata de una buena inversión y que el programa forma parte de las políticas activas de empleo.

Por otro lado, también contribuye a aminorar la estacionalidad turística en muchos destinos españoles para que estos no se conviertan en «desiertos invernales». Para CCOO «el mejor espacio de bienestar para las personas mayores y de generación de empleo es el Turismo Social del Imserso, ya que va en beneficio de su salud».

El sindicato alude a la patronal de hoteleros de la Comunidad Valenciana, Hosbec, que presentó en julio un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales respecto a los pliegos del Imserso por considerar que hay una ausencia de estudio de costes, exclusión ‘de facto’ de los hoteles de 3 estrellas y prórrogas sin revisión de precios «en un escenario de inflación y costes disparado».

Asimismo, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) solicita la mayor celeridad posible en la puesta en marcha del programa de vacaciones del Imserso y la modificación de los pliegos para cumplir con los requisitos legales y ofrecer «un Imserso digno a nuestros mayores».

La patronal hotelera presentó un recurso hace unas semanas al pliego de licitación del Gobierno entendiendo que, al igual que el anterior, este contenía «carencias, fallos y errores» y que los hoteleros se encontraban en una situación de indefensión.

El patrimonio de fondos de inversión registró en julio un aumento de 3.616 millones, equivalente a un 1,16%, con lo que el total se sitúa en 314.299 millones de euros a cierre de ese mes, según datos de Vdos publicados este martes.

Este incremento viene motivado, principalmente, por captaciones netas por valor de 2.849 millones de euros, a lo que se suma el rendimiento positivo de las carteras por valor de 767 millones de euros.

La captaciones netas se concentraron principalmente en los grupos bancarios, con 2.716 millones, seguidos por los grupos internacionales, con 269 millones, si bien son las sociedades cooperativas de crédito las que tuvieron un mayor crecimiento patrimonial, con el 1,73%.

Por categorías, las mayores captaciones netas se canalizaron por la de Monetario euro plus, con 760 millones, seguida de la de Mixto flexible, con 583 millones. Por el contrario, la categoría de RV garantizado registró reembolsos por 385 millones.

Los bancos mantuvieron su posición líder en el mercado con una cuota del 74,82% y 235.169 millones de euros gestionados, seguidos de los grupos internacionales e independientes, con el 9,03% y el 8,9%, respectivamente.

Por grupo, CaixaBank es el banco que mayores captaciones obtuvo, con 786 millones, seguido de BBVA y Kutxabank, con 370 y 270 millones, respectivamente, mientras que Credit Suisse sufrió reembolsos por 28 millones.

CaixaBank es, además, la entidad con mayor importe gestionado, con 78.838 millones y una cuota del 25,08%, seguida de Banco Santander, con 49.598 millones y una cuota del 15,78%.

RENTABILIDADES

Buy & Hold fue la gestora independiente que registró un mayor avance con un 1,41%, seguido de Anattea Gestión, con un 1,26%, en tanto que entre las principales destaca Gestinfonsa, con un avance del 0,62%, y BBVA AM, con un 0,57%.

Por categorías, la sectorial de Inmobiliario indirecto fue la más rentable en el mes de julio, con un 4,13%, seguido de la Ecología, con un 3,65%, mientras que RVI China registró un descenso del 9,46%.

Adif instalará traviesas de plástico y sintéticas en tres tramos de la red ferroviaria convencional para analizar su viabilidad y su funcionalidad, con el objetivo de determinar si pueden constituir una alternativa viable a las de madera.

El montaje en pruebas de estas traviesas se realizará en el puente metálico sobre el río Guarrizas y en la transición del túnel número 10 de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por Jaén, según informa el gestor ferroviario en un comunicado.

Posteriormente, también se instalarán en la estación de Quintana del Puente de la línea Madrid-Hendaya a su paso por la provincia de Palencia. Todas las piezas serán fabricadas a partir de diferentes componentes, si bien todos ellos reciclados y no contaminantes.

Se trata de una iniciativa que Adif aborda en colaboración con empresas fabricantes de este elemento de la infraestructura ferroviaria y en el marco de su estrategia de sostenibilidad, así como de su apuesta por la investigación y el desarrollo.

Además, se suma a los análisis que también realizan administradores de infraestructura ferroviaria de otros países europeos, como Francia, Suiza o Alemania, entre otros.

Entre las ventajas que pueden ofrecer estos nuevos elementos, además de su sostenibilidad medioambiental, figuran su mayor vida útil (superior a los cincuenta años), su versatilidad y elasticidad, y su mayor aislamiento eléctrico y resistencia al fuego.

Las traviesas de las líneas ferroviarias tienen como principal función mantener el ancho de la vía y transmitir las cargas del carril al balasto de forma uniforme. También aportan estabilidad transversal a la vía a través de su rozamiento con el balasto.

Las traviesas de hormigón han ido paulatinamente sustituyendo a las originarias traviesas de madera, tanto por su mejor comportamiento y mantenimiento, como por consideraciones medioambientales.

No obstante, aún ha sido preciso considerar las de madera en determinados puntos de la infraestructura ferroviaria, como son, precisamente, los tramos metálicos, túneles con determinadas características y ciertos desvíos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dictado una resolución por la que autoriza a la Intervención General de la Seguridad Social, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a contratar empresas privadas de auditoría para la realización en 2022 de las auditorías de cuentas anuales de las mutuas.

La Orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), declara, como en años anteriores, la «insuficiencia de medios» en la Intervención General de la Seguridad Social para hacer frente, en los plazos requeridos, a las auditorías a realizar sobre todas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.

Así, argumentando razones de eficiencia técnica y organizativa y a fin de dar cumplimiento a lo establecido legalmente, el Ministerio determina la necesidad de llevar a cabo un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría que la Intervención General de la Seguridad Social «no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales».

De este modo, el Departamento que dirige José Luis Escrivá autoriza la celebración de contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año, debido a que estos trabajos de control o auditoría tienen carácter periódico y recurrente.

En la Orden, en vigor desde mañana, se recuerda que la normativa española establece la obligación de realizar anualmente una auditoría de las cuentas anuales de las mutuas, que debe ser llevada a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social.

Por otro lado, se prevé que para la ejecución del plan de auditorías de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social pueda, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría.

Para ello se requiere una Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando la financiación de dicha colaboración se realice con cargo a créditos de los presupuestos de las entidades y servicios de la Seguridad Social adscritos a dicho Departamento.

Las ofertas de empleo que incluyen teletrabajo se han multiplicado por más de tres con la pandemia, al registrar un crecimiento del 214% entre mayo de 2020 y abril de 2021, según un informe de Adecco en el que se analizan las ofertas de empleo ‘online’ que hacen referencia al trabajo a distancia publicadas durante este periodo en seis países de Europa occidental: Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido, España e Italia.

De acuerdo con este informe, el crecimiento de las ofertas laborales con teletrabajo ha sido más acusado en las provincias del Centro y Oeste de España, con sólo la provincia de Soria registrando descensos. En todo caso, Adecco precisa que la demanda de trabajadores remotos empezó a bajar a partir de noviembre, cuando el país decretó restricciones parciales.

En el conjunto de los seis países analizados, el número de ofertas de empleo que incluyeron el teletrabajo se disparó un 126% entre mayo de 2020 y abril de 2021 con respecto al año anterior, siendo los mayores crecimientos los de Francia (+463%), España (+214%) e Italia (+175%).

Adecco subraya que el trabajo a distancia ya había comenzado a ganar popularidad antes de la crisis sanitaria, pues a finales de 2019 el 3,3% de los anuncios de empleo ya incluían esta opción frente, al 2,8% de enero del mismo año, lo que supone un aumento del 28% durante 2019. «La pandemia solo aceleró un cambio que ya estaba en marcha», apunta el informe.

En total, en mayo de este año el 12% de las ofertas de empleo de Europa occidental hacían referencia al trabajo a distancia, más del doble que en mayo de 2020 y casi cuatro veces más que en mayo de 2019, antes de la pandemia.

ADMINISTRACIÓN Y ‘CALL CENTERS’ LIDERAN LAS OFERTAS CON TELETRABAJO

El porcentaje de puestos de trabajo con referencias al teletrabajo se ha disparado en muchos sectores, sobre todo en Administración y ‘Call Centers’, con un incremento del 306% respecto al año anterior. Otros sectores que han registrado un importante avance de estas ofertas son los servicios públicos (+154%), finanzas y seguros (+128%) y comunicación (+127%).

Según Adecco, los perfiles con el repunte más significativo de anuncios de teletrabajo son los de asistente comercial administrativo (+237%), contable (+301%), teleoperador (+302%), ingeniero de DevOps (+166%) y agente inmobiliario (+150%).

El informe estima que alrededor del 36% de los trabajos se pueden realizar de forma totalmente remota, mientras que para el otro 64% de los puestos se podría establecer un formato híbrido.

«Dicho arreglo también puede servir para el sector de la manufactura y de los servicios. Si bien esas industrias pueden requerir la presencia física de sus empleados durante la mayor parte del tiempo, ciertos perfiles de estos sectores también pueden realizar algunas tareas, por ejemplo, asuntos administrativos, de forma remota», explica el grupo de recursos humanos.

Durante la pandemia, el trabajo a distancia ha sido reclamado por empresas de todos los tamaños. De hecho, en mayo de 2021 más del 40% de las ofertas de empleo que hacían referencia al teletrabajo procedían de empresas con menos de 50 trabajadores.

Adecco también subraya en su estudio que las personas altamente cualificadas tienen más probabilidades de obtener contratos de trabajo a distancia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado una resolución en la que insta a Telefónica «a aclarar o modificar» ciertos términos de las condiciones de su oferta comercial ‘Fusión’ lanzada el pasado mes de abril, en la que posibilita a sus clientes alquilar ‘smartphones’ a cambio de una cuota mensual de 3 euros con carácter general, y una permanencia, en la práctica, de 36 meses.

Competencia precisa que esta resolución forma parte de su labor de vigilancia para verificar que Telefónica cumple con los compromisos ofrecidos para la aprobación de la toma del control de DTS (la antigua Sogecable) por Telefónica al adquirir el 56% de DTS que poseía el grupo Prisa en 2015.

La CNMC ha analizado la compatibilidad de las políticas comerciales minoristas de los paquetes ‘Fusión’ de Telefónica con los compromisos adoptados en dicha operación de concentración.

El objetivo, prosigue Competencia, es comprobar si la operadora cumple el compromiso de no incluir a sus clientes en España obligaciones de permanencia asociadas directa o indirectamente a servicios de televisión de pago (empaquetados o no), de forma que no entorpezca el cambio a otros competidores.

El pasado 11 de abril Telefónica modificó su oferta de paquetes ‘Fusión’ y añadió el arrendamiento de un terminal ‘smartphone’ a otros servicios de TV de pago, telefonía fija, banda ancha fija y línea móvil, con una subida de la cuota mensual de 3 euros con carácter general.

Según dicha oferta, en el caso de que el cliente contrate este nuevo producto se le aplicarán ciertas condiciones de permanencia y penalización por baja anticipada por un periodo de 36 meses.

La CNMC considera que la literalidad de estas nuevas condiciones podría limitar el cambio de los clientes a otras compañías, ya que se restringe su capacidad de suscribirse a servicios similares con televisión de pago ofertados por competidores de Telefónica.

En consecuencia, Competencia considera que Telefónica debe «o bien introducir ajustes o bien aclarar los términos generales de las condiciones comerciales de esos productos para adecuarlos a los compromisos».

El organismo que dirige Cani Fernández también insta a Telefónica a que comunique dichas aclaraciones o modificaciones a los clientes que hubieran contratado previamente alguno de estos productos, así como a la propia CNMC, a quien también tendrá que comunicar otras modificaciones relativas a estos paquetes antes de su efectividad comercial.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado una resolución en la que insta a Telefónica a modificar ciertos aspectos de su acuerdo con Dazn para adecuarlo a los compromisos adquiridos tras la operación de concentración Telefónica/DTS en abril de 2015.

En concreto, tras analizar la compatibilidad del acuerdo que Telefónica y Dazn firmaron el pasado 7 de enero con los compromisos asumidos en la operación de concentración Telefónica/DTS, Competencia considera que ciertos aspectos del contrato «podrían no ser compatibles con los compromisos de la concentración» y suponer una reducción de la oferta mayorista que Telefónica pone a disposición de otros operadores, así como una restricción a los acuerdos que Dazn podría alcanzar con otros operadores para distrubuir sus contenidos.

Así, la CNMC pide a Telefónica que introduzca ajustes en el contrato para que los contenidos de Fórmula 1 sigan incorporados a su oferta mayorista y se asegure que Dazn accede a esos contenidos de una forma no discriminatoria.

En segundo lugar, Competencia reclama que el cómputo de clientes de TV de pago de Dazn sea modificado para cumplir con los compromisos relativos al coste mínimo garantizado.

Al mismo tiempo, la CNMC considera que ha de suprimirse la cláusula que limita la posibilidad de que Dazn alcance acuerdos con terceros operadores para distribuir libremente sus contenidos.

Esta resolución forma parte de la labor de vigilancia que realiza la CNMC para verificar que Telefónica cumple con los compromisos ofrecidos para la aprobación de la toma del control de DTS (la antigua Sogecable) por Telefónica al adquirir el 56% de DTS que poseía el grupo Prisa.

Los compromisos de la operación Telefónica/DTS afectaron al mercado de televisión de pago e incluyeron la comercialización mayorista de una oferta anual de contenidos consistentes en «canales premium», la replicabilidad de los productos con estos canales y el acceso no discriminatorio a Internet de sus clientes a contenidos de televisión de pago de operadores OTT (over the top).

En consecuencia, explica la CNMC, Telefónica debe contar con una oferta mayorista para que sus competidores puedan acceder a los canales de pago con contenidos ‘premium’ (películas de estreno, competiciones deportivas nacionales e internacionales, etc. incluida la Fórmula 1), y comercializarlos mediante sus propias plataformas de televisión de pago.

Para calcular el pago de los competidores por el acceso a los canales de fútbol y motor de la oferta mayorista, Telefónica tiene en cuenta el llamado coste mínimo garantizado (CMG).

Los canales de motor, al igual que los de fútbol, están sujetos al reparto proporcional de los costes fijos por el pago de derechos de emisión exclusiva entre Telefónica y los operadores que los contraten, y de los costes de producción y otros conceptos.

Este reparto proporcional se realiza en función de unos criterios predeterminados en los compromisos que incluyen la cuota de abonados a la televisión de pago de cada operador, así como la potencialidad de contratación sobre la base de sus redes.

Asimismo, los compromisos limitan la adquisición por parte de Telefónica de derechos de emisión en España en exclusiva de canales editados por terceros.

EL ACUERDO CON DAZN

En el caso de esta resolución, la CNMC ha analizado si Telefónica cumple aspectos concretos de los compromisos, como la oferta mayorista de canales ‘premium’ propios de Telefónica, el coste mínimo garantizado, y la adquisición de derechos de emisión de canales editados por terceros.

El acuerdo que alcanzaron ambas compañías supone la sublicencia por parte de Telefónica a Dazn de los derechos de emisión en exclusiva, previamente adquiridos por Telefónica en exclusiva, de las competiciones de Fórmula 1 para las temporadas 2021, 2022 y 2023.

Además, Telefónica y Dazn han acordado las condiciones en que Dazn permitirá a Telefónica un acceso no exclusivo a los contenidos Dazn, incluida la fórmula 1 que Telefónica ofrecerá en su propia plataforma OTT y establece limitaciones a la adquisición de estos derechos por tercero.

El contrato también establece el modo en que se computarán los clientes que contraten empaquetamientos de Telefónica que accedan a contenidos de Dazn (que serán computados como clientes de Dazn).