La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la macrocausa ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, que prorrogue tres meses las pesquisas sobre la pieza separada 9, dedicada a investigar la presunta financiación irregular del PP de Madrid, argumentando que aún quedan pendientes cuestiones cuya resolución no se prevé antes del 29 de julio, cuando está estipulado el fin de la instrucción.

Según las fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha esgrimido que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional todavía no se ha posicionado sobre el recurso de apelación que presentaron los fiscales contra la decisión del juez de no acordar determinadas diligencias.

Las mismas fuentes han explicado que, en el supuesto de que la Sala de lo Penal se pronunciara a favor de dichas pesquisas, ya no podrían practicarse porque la resolución se habría producido una vez finalizada la investigación.

La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) llevada a cabo el año pasado ha supuesto que diversas instrucciones caduquen el 29 de julio a no ser que los jueces que las comandan acuerden una prórroga.

Las diligencias ordenadas antes de la fecha límite pueden incorporarse a la instrucción, aunque lleguen después de que ésta haya acabado, pero las no acordadas con anterioridad ya no pueden realizarse.

CONFLICTO POR LA NUEVA PIEZA 13

Uno de los asuntos sobre los que debe decidir al Sala de lo Penal es el recurso de apelación planteado por Anticorrupción contra la apertura de la pieza separada 13, con la que se pretende ahondar en las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’.

Los fiscales consideran que esos hechos pertenecen a la línea de investigación de la pieza 9, por lo que advierten de que desgajar la parte relativa al Mercado de Puerta de Toledo, dependiente de la empresa pública IMADE, supone romper el objeto de las pesquisas e incurrir en «fraude de ley procesal».

En esta pieza separada el instructor trata de determinar si el PP de la Comunidad de Madrid se financió ilegalmente a través de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas para las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. La ex presidenta regional Esperanza Aguirre es la principal imputada.

La investigación sobre esta presunta ‘caja b’ del Partido Popular madrileño comenzó en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la ‘Púnica’, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a cantidades de dinero.

El Tribunal Constitucional ha anulado una sentencia dictada por un juzgado de Torrelavega que obligaba a un padre a pagar en solitario la indemnización a la víctima de una agresión sexual cometida por su hijo y eximía a la madre de contribuir a ello porque en el momento del delito la guarda y custodia estaba en manos del progenitor.

Ante dicha sentencia, el padre presentó un recurso de amparo al considerar que había sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, algo que ahora reconoce el Constitucional en una sentencia fechada el 12 de julio.

Los hechos origen del conflicto judicial se remontan a 2015, cuando en noviembre el Juzgado de Menores de Santander declaró al menor autor de un delito de agresión sexual cometido en enero de ese año contra otra menor.

Además de imponer al menor dos años de internamiento en régimen semiabierto, con prohibición de acercarse a la víctima, el juzgado condenó al chico y a sus representantes legales a indemnizar «con carácter solidario» a la víctima en 12.000 euros por daños morales.

En el momento de la sentencia, los padres estaban divorciados y, respecto al menor, había un convenio regulador que desde enero de 2015 establecía que la guardia y custodia del menor la tenía el padre.

El padre se comprometió a ir abonando el importe de la indemnización en mensualidades de 100 euros, algo que hizo hasta febrero de 2017.

Dos años después, en febrero de 2019, el padre demandó a su exmujer para reclamarle el pago de más de casi 1.800 euros, cantidad que, según el demandante, le correspondía abonarle por el 50% de la indemnización que hasta aquel momento había satisfecho.

En junio de 2019, el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Torrelavega desestimó la demanda del padre en una sentencia sin posibilidad de recurso al considerar que cuando el menor cometió el delito era el padre el que tenía la guarda y custodia del menor y, por ello, le correspondía a éste el abono íntegro de la indemnización.

Contra esta sentencia, el padre promovió un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones en el que alegó que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva porque, a su juicio, el juzgado de Torrelavega había valorado «erróneamente» la sentencia del juzgado de menores que establecía la responsabilidad solidaria de los progenitores.

Sin embargo, el mismo juzgado de Torrelavega desestimó el incidente presentado por el progenitor, tras lo que éste presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que ahora ha sido estimado.

Así, el Constitucional considera que sí ha sido vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del padre y ha anulado tanto la sentencia del juzgado de Torrelavega que establecía que debía ser el progenitor el que tenía que abonar íntegramente la indemnización como el auto del mismo órgano judicial que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la anterior resolución.

El Constitucional retrotrae el procedimiento al momento inmediatamente anterior al del dictado de la sentencia para que, en su lugar, el juzgado de Torrelavega «dicte otra que resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado».

Contra esta sentencia del TC ha formulado un voto particular la magistrada Encarnación Roca, que considera que «no se trata de un caso con una especial trascendencia constitucional» y sostiene que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha solicitado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que extremen las restricciones para las visitas a las residencias porque los contagios en la sociedad se están «desbocando».

En concreto, reclama la toma de medidas para restringir la libre circulación en las residencias, y la libertad para poder suspender las visitas si el nivel de contagios vuelve a crecer.

«Las familias que visitan a los mayores en las residencias forman parte de esa sociedad en la que se están desbocando los contagios, y cuantas más visitas tengamos, mayor es la probabilidad de que vuelvan los contagios a las residencias», ha avisado el secretario general de AESTE, Jesús Cubero.

En la mayoría de los casos, según precisa, las familias lo están entendiendo y, cuando se les explica, son las primeras que les piden que actúen como en la etapa anterior, con un «control exhaustivo de las visitas». «Ahora debemos volver a aplicar las mismas medidas», ha añadido.

Cubero recuerda que, aunque prácticamente todas las personas mayores están vacunadas contra la Covid-19, eso no impide que se puedan contagiar de nuevo. Y a pesar de que los efectos de los nuevos contagios son mucho menores, cree que no se debe asumir «ningún riesgo innecesario» con la salud de los mayores.

En este sentido, indica que hace un mes avisaron de que todavía era «muy pronto para permitir la libre circulación de familiares por las habitaciones de los residentes». «Cuando hablamos de salud, la prudencia nunca está de más», apostilla.

AESTE representa a 14 empresas del sector de atención a la dependencia en España, con 90.000 trabajadores del sector, gestiona 65.000 plazas residenciales, 40.000 usuarios del servicio de ayuda a domicilio, 80.000 usuarios del servicio de teleasistencia, y tiene presencia en todas las comunidades autónomas.

Además, actualmente, ocupa la vicepresidencia de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de CEOE, y la presidencia del Comité 158 de UNE (Comité de normalización del que dependen los subsectores de residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia).

La sección de apelación penal de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rebajado la pena del principal acusado de la violencia múltiple a una joven en Sabadell (Barcelona), cometido el febrero del 2019, de 31 a 22 años.

El auto, hecho público por el TSJC este lunes, ha estimado parcialmente el recurso interpuesto para que, la sentencia del pasado mes de abril en la cual se le condenaba a 31 años de prisión, cambie esta calificación para pasar a ser cómplice y, por tanto, a cuatro años y seis meses de cárcel por cada una de las violaciones.

En la sentencia del pasado abril, concretamente, se le condenaba a 13 años por ser el autor material y a nueve por cada una de las otras dos agresiones sexuales como «cooperador necesario».

De esta manera, ha sido condenado también como cómplice, igual que los otros dos hombres que fueron juzgados –de las cuatro personas que se sentaron en el banquillo de acusados– y sentenciados a 13 años y seis meses de cárcel, que también han presentado recurso y se han desestimado.

DECLARACIÓN «CONSISTENTE»

La apelación del principal incriminado ha reclamado, entre otras cosas, la vulneración de la presunción de inocencia basada en pruebas insuficientes, pero la decisión judicial ha subrayado que la declaración de la denunciante es «consistente, sin fisuras, persistente en el tiempo y ausente de toda nota de incredibilidad».

Además, los resultados del Instituto Nacional de Toxicología confirmaron la presencia material genético en las muestras vaginal y rectal de la chica.

Asimismo, ha reforzado esta teoría en que, más allá de la necesaria asistencia psicológica de la víctima, las declaraciones de ella ante la policía, el juzgado y en el juicio «se constata que los términos que emplea son sustancialmente los mismos».

La Sección 6 de la Audiencia de Barcelona condenó, el pasado mes de abril –pocos días después de celebrarse la vista– a los tres acusados por haber violado a una joven cuando tenía 18 años después que un hombre se le acercara por la espalda, la agarrara por el cuello y la agrediera sexualmente en un local abandonado de Sabadell (Barcelona), donde la violaron repetidas veces.

Alrededor de las 7.30 horas, la chica consiguió escapar del lugar y dio con dos personas que salían con un vehículo de un garaje, que la atendieron y llevaron a la comisaría de la Policía Municipal.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la multa que la Comunidad de Madrid impuso a Elena Lorenzo Rego, una ‘coach’ que fue denunciada en 2016 por vulnerar la Ley contra la LGTBifobia al ofrecer a través de Internet terapias para la curación de la homosexualidad, la primera sanción que se imponía en aplicación de esta norma autonómica.

El alto tribunal madrileño anula así el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobado el 17 de septiembre de 2019 que establecía una sanción de 2.001 euros contra la citada ‘coach’ por promocionar terapias de curación de la homosexualidad a través de su página web.

En concreto, se le impuso la sanción por vulneración del artículo 70.4. de la Ley contra la LGTBifobia que, en su apartado c), contempla una infracción grave la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, independientemente del consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias.

En un auto, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Aministrativo concluye que la Administración madrileña incurrió un «fraude de ley» que conlleva «un ejercicioirregular de las potestades administrativas que, tanto el régimen jurídico del periodo de información previa como el régimen jurídico de la caducidad del procedimiento sancionador».

En este sentido, alega «irregularidades procedimentales» que «han supuesto una efectiva indefensión para la recurrente y una ausencia plena de procedimiento, por lo que son subsumibles en las causas de nulidad de pleno derecho».

Entre otros, se alegó reconoce el uso fraudulento de las diligenicas de información al prolongarse el proceso durante años. «Este es el concreto reproche que, en el supuesto de autos, integra el motivo impugnatorio que analizamos, al entender la parte recurrente que la actividad desarrollada por la Administración demandada, una vez abierto formalmente el periodo de información previa, adolece de una duración excesiva (31 meses) y prolongados lapsos temporales de inactividad por parte de aquella, de tal forma que cuando se incoa el procedimiento sancionador la instrucción ya estaba realizada, con las consecuencia asociadas de eludir el plazo de caducidad al que queda sujeto el expediente administrativo, a diferencia del periodo de información previa, y produciéndole una efectiva indefensión», argumenta el tribunal.

El proceso arrancó en agosto de 2016 a raíz de una denuncia presentada por la asociación Arcópoli ante la presunta comisión de una infracción derivada de la promoción a través de Internet de «terapias de curación de la homosexualidad».

En concreto, la mujer se definía en su perfil como coach profesional, especializada en orientación sexual, que imparte terapia dirigida a personas con atracción por el mismo sexo (AMS), con una terapia reparativa (sic) para el cambio de orientación sexual para quienes, teniendo orientación homosexual, deseen tener una orientación heterosexual.

La Comunidad de Madrid acordó la sanción tras recibir un informe de la Consejería de Políticas Sociales y la posterior denuncia en 2017 de dos particulares por los mismos hechos.

Desde Abogados Cristianos, que recurrió esta decisión, se ha felicitado de esta decisión y ha defendido que «cualquiera debería de tener libertad para acudir a quien considere oportuno para buscar ayuda y no podemos consentir que se impongan sanciones desproporcionadas por ello». «Es indignante que las multas por homenajear a etarras sean menores que las que se habían impuesto a esta coach», ha apostillado.

Uno de cada cuatro ciudadanos de la Unión Europea se sintió solo durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, según un estudio de la Comisión Europea, que apunta a que el sentimiento de soledad se ha doblado en el bloque con respecto a antes de la crisis, afectando especialmente a los jóvenes.

«La pandemia de coronavirus ha traído problemas como la soledad y el aislamiento social. Estos sentimientos ya existían pero existía menos conciencia pública de ellos», ha señalado la vicepresidenta de Demografía, Dubravka Suica, que ha subrayado que el estudio sirve para entender mejor y atajar estos problemas.

Si en 2016 las personas que se sentían solas en la UE eran un 12 por ciento, la pandemia ha acrecentado este problema situándose en un 25 por ciento de los ciudadanos, ha revelado la encuesta.

El confinamiento y otras medidas extraordinarias para hacer frente a la expansión del virus han afectado más a los jóvenes. Entre las personas de 18 a 35 años se cuadruplicó la sensación de soledad en los primeros compases del coronavirus, un fenómeno que antes se concentraba más entre las personas mayores.

Además, el estudio identifica que el sentimiento aumentó especialmente para personas que viven solas, donde creció un 22 por ciento en comparación con 2016. Un incremento menos acentuado experimentaron las personas con pareja y/o hijos, grupo en el que alzó un nueve por ciento.

Sobre la distribución geográfica, la crisis del coronavirus ha repartido el fenómeno de la soledad en Europa. Antes de la pandemia, este sentimiento se concentraba más en los países del sur de Europa y ahora se registran parámetros entre el 22 y el 26 por ciento en todos los países del bloque.

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona declarará el martes como testigo en el conocido como caso ‘niñera’, donde el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, usó a su entonces jefa de Gabinete y ahora asesora ministerial, Teresa Arévalo, como cuidadora de su hija durante un viaje de campaña por las elecciones generales de 2019.

El juez José María Escribano la citó porque fue ella quien ante otro instructor, el del caso ‘Neurona’, reveló que a través de una «denuncia interna» le llegó que Montero usaba a «una persona a sueldo del partido», que identificó como Arévalo, «como cuidadora de sus hijos», «lo cual, además de ser contrario a las máselementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal».

En concretó, Carmona expuso en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, dirigido por Juan José Escalonilla, que Montero usaba «habitualmente» a Arévalo para cuidar de su hija. A este respecto, contó que ambas hicieron un viaje de campaña a Alicante el 20 de octubre de 2019 costeado con fondos electorales para asistir a un mitin y que, cuando la ahora ministra tuvo que intervenir, dejó a la menor con su entonces jefa de Gabinete.

El pasado mes de abril, el juez Escribano acordó incoar diligencias previas contra Montero y Arévalo por este asunto, aunque solo citó como imputada a la asesora política, puesto que la ministra de Igualdad está aforada ante el Tribunal Supremo (TS).

EN BRAZOS «UNOS SEGUNDOS»

Arévalo declaró el pasado 14 de julio para precisar al magistrado que viajó con el resto del equipo de campaña en calidad de candidata, dirigente estatal y jefa de Gabinete, indicando que en algún momento pudo hacerse cargo de la menor, si bien al mismo tiempo defendió que sostener a una niña en brazos «unos segundos» no implica hacer labores de niñera.

En la misma línea se expresaron la gerente y el tesorero de Podemos, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, que días después, el 19, comparecieron como imputados. Ambos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación ‘morada’ que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.

Tras esta ronda de interrogatorios, el abogado de Podemos, Raúl Maíllo, manifestó en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla que «no hay causa», por lo que confió en que, una vez desmontado el «bulo», el procedimiento concluya «cuanto antes».

En cambio, desde el otro extremo, la abogada de Vox, Marta Castro, que ejerce de acusación popular en este caso, estimó que es necesario seguir investigando. Asñi, avanzó que pedirían al juez que indagara «en la vía de intervención de la Policía Nacional en la seguridad del acto» electoral.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración este martes a un hombre que habría sido testigo de las presuntas torturas perpetradas por el Frente Polisario, incluido su líder, Brahim Ghali, contra la población de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) en lo años 70 y 80.

Se trata de Ahmed Tarouzi, a quien el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 consideró pertinente escuchar por cuanto aparece citado en la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humano (ASADEDH) implicando a Ghali, aunque al mismo tiempo se negó a interrogar a los otros dos testigos propuestos, siguiendo así el criterio del Ministerio Fiscal

ASADEHD consideraba clave la declaración de los tres hombres porque ellos mismos habrían estado «secuestrados» durante años por el Frente Polisario siendo testigos en primera línea del «exterminio» denunciado en la querella, que se dirige contra Ghali, otros 23 responsables de seguridad de la organización saharaui y cuatro miembros de la Inteligencia argelina.

En su escrito, ASADEHD se adentraba en un relato sobre la vida del Polisario y sus presuntos abusos en cada etapa. Hacia mediados de los 70, le culpa de lanzar una campaña de «limpieza étnica» contra una de las minorías más numerosas del pueblo saharaui, los tekna. Muy pocos jóvenes de estas tribus se salvaron de las desapariciones forzosas y muchos siguen desaparecidos, afirmaba ASADEHD.

En esa época, denunciaba que el Polisario también persiguió a los pobladores del ex Sáhara español y, poco después, encarando el final de la década, los abusos se habrían dirigido contra los aitusa y los yegutt. «Muchos de los que terminaron salvando sus vidas relatan ahora los horrores que vivieron y cómo se les dejó claro durante las sesiones de tortura que solo se les acusaba de ‘ser quienes eran y de pertenecer a los ámbitos tribales a los que pertenecían'», añadía.

DECLARACIÓN SUSPENDIDA

Estaba previsto que Pedraz preguntara también este martes a un testigo propuesto por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que ha formulado otra querella contra Ghali, pero se ha suspendido debido a problemas con la obtención del visado para entrar en España, según fuentes jurídicas.

Los mismos problemas le impidieron declarar el pasado 29 de junio, cuando estaba citado inicialmente porque habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y habría presenciado las supuestas torturas sufridas por este último a manos del Polisario.

Ese día sí comparecieron el propio Breica, que ratificó su relato sobre lo que le habría ocurrido en 2019 en los campamentos de Tinduf, así como su mujer y otro hombre con el que compartió prisión.

De acuerdo con la querella de Breica, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

INGRESADO EN ESPAÑA

La querella presentada por Breica, que inicialmente fue archivada por el juez José de la Mata –ahora en Eurojust–, fue reactivada por Pedraz el pasado mes de enero, aunque acotando que lo hechos denunciados no encajarían en el delito de lesa humanidad al no haber indicios de un ataque generalizado a la población civil.

Poco después, el juez admitió una segunda querella, firmada por ASADEDH por el maltrato al que el Frente Polisario habría sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se reanudaron cuando se supo que se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, estuvo en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, tras lo cual el juez acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada el 2 de junio, el líder del Polisario regresaba a Argelia en un avión medicalizado.

Los de expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros ex cargos del Govern a los que Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat esperan una pronta respuesta de este órgano en los próximos días tras haber presentado sus avales el pasado viernes, asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

La instructora del expediente, Esperanza García, podría responder esta misma semana, según esperan las defensas de los afectados y señala el propio órgano contable. De hecho, y ante una posible negativa del órgano contable a aceptar el dinero público de este fondo para cubrir las fianzas, algunos letrados preparan ya recurso.

Las fianzas pudieron formalizarse, en su mayoría, tan sólo un día después de que concluyera último plazo dado por la instructora del expediente, que finaliza a las 00.00 horas de mañana martes. No ha hecho falta agotar las 48 horas extra «improrrogables» concedidas el pasado jueves.

De este modo, la instructora ya analiza todos los documentos presentados y emitirá en los próximos días una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos.

«Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas», explicaron fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros –una decisión que había descartado el martes–.

Al menos cuatro de los encausados habían presentado el jueves avales por su cuenta –dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles–, pues la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca.

Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, o ésta no se acepta, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

CANTIDADES INDIVIDUALES

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

Médicos Sin Fronteras ha pedido, de cara al Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se celebra mañana, a la Unión Europea (UE), Noruega, el Reino Unido y Suiza a dejar de bloquear la histórica propuesta que busca una exención de la propiedad intelectual sobre las herramientas médicas «esenciales» para combatir la COVID-19.

Y es que, desde que se presentó la propuesta por primera vez hace casi 10 meses, la pandemia ha empeorado y ha afectado a muchos países de África, América Latina y Asia. Oficialmente, la enfermedad se ha cobrado la vida de más de 4 millones de personas en todo el mundo.

«Muchos países de África reportan actualmente un alto número de muertes debido a la propagación de nuevas y existentes variantes de la COVID-19, y sus gobiernos necesitan urgentemente vacunas, pruebas de diagnóstico, oxígeno y otros tratamientos para ayudar a salvar la vida de los enfermos en estado crítico», ha dicho el director de la Unidad Médica de MSF en África Meridional, Tom Ellman.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda dos nuevas terapias para casos graves de COVID-19, el personal médico y sus pacientes en muchos países de ingresos bajos y medios no pueden acceder a ellas debido a los monopolios, la oferta limitada y los altos precios.

«Es indignante ver países que bloquean la exención de los ADPIC, una medida que se necesita desesperadamente para eliminar los obstáculos legales y permitir que múltiples fabricantes aumenten la producción de medicamentos, diagnósticos y vacunas esenciales contra la COVID-19″, ha detallado.

Los países contrarios a la propuesta de exención a menudo apuntan a las acciones voluntarias de las farmacéuticas para garantizar el acceso a las herramientas médicas esenciales para combatir la COVID-19. Pero en realidad estas corporaciones «no han actuado y continúan con su enfoque de negocios habitual», al asegurar monopolios y cobrar precios «exorbitantes» por las herramientas médicas esenciales para luchar contra la COVID-19.

«Si se adopta la exención propuesta de los ADPIC (los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), se proporcionaría a los países una forma eficaz y rápida de eliminar las principales barreras de propiedad intelectual y los riesgos legales en medio de la pandemia; y facilitaría la ampliación y la diversidad de la producción y los suministros», han aseverado desde Médicos Sin Fronteras.

Además, prosiguen, brindaría a los países el espacio normativo para abordar rápidamente las barreras y los riesgos sobre la propiedad intelectual para aumentar la fabricación, la ampliación, el registro y el suministro de vacunas, medicamentos, diagnósticos y otras tecnologías de salud para combatir la COVID-19, y también facilitaría una colaboración más fácil en su Investigación y Desarrollo.

«Cuando estamos en una carrera contrarreloj para salvar vidas, controlar la propagación desbocada del virus y el desarrollo de nuevas y peligrosas variantes, el enfoque habitual de las farmacéuticas es intolerable. Con tratamientos potencialmente prometedores en curso, los países contrarios deben dejar de obstruir la propuesta de exención y apoyarla para que cubra no solo las vacunas, sino también los tratamientos, diagnósticos y otras tecnologías médicas», ha asegurado Ellman.

La religiosa carmelita descalza Pascale Nicolas ha estado en València para buscar ayuda destinada a ampliar y renovar una leprosería en Camerún gracias a Manos Unidas y a otros benefactores.

Según explica la misionera, de nacionalidad belga, la leprosería se creó en 1954 como tal solo para enfermos de lepra, pero pronto, poco a poco empezó a atender otras dolencias, gente muy pobre que pedía ayuda por heridas graves».

El centro fue creciendo porque había mujeres que sufrían lepra que acudían con sus maridos, empezaron a tener hijos y así surgió la necesidad de crear una escuela, relata en un comunicado del Arzobispado.

Por tanto, la leprosería se convirtió en un lugar para atención sanitaria general para los más pobres y excluidos del sistema de salud. Actualmente atiende tres tipos de enfermos graves: de lepra, que «ahora son pocos», por heridas crónicas o agudas y por tuberculosis multi resistente».

«Para casos graves, la leprosería tiene reputación de ser el centro de la última suerte ya que algunos hospitales, antes de amputar, nos mandan a los enfermos y en muchos casos los podemos recuperar y evitar que pierdan el miembro. Pero cuando ha sido inevitable, esa operación no la hacemos nosotros, las hermanas nos planteamos cómo ayudar a todas esas personas a recuperar su autonomía mediante prótesis, y que puedan mejorar su calidad de vida», resalta.

Respecto a las prótesis Nicolas recuerda que empezaron a hacerlas allí con ayuda de algunos benefactores, pero «salían muy caras y eran de mala calidad: por debajo de la rodilla costaban unos 750 euros, por encima unos 1.300 euros, y se rompían enseguida, con lo que lamente que «era una pena ver la frustración de las personas que se volvían a quedar igual».

Así se decidió construir un centro de prótesis en un terreno que pertenece a la congregación de las carmelitas misioneras en el barrio de Banga Bakoko, a unos cuatro kilómetros de la leprosería.

Se prevé de cara al futuro que sea un centro polivalente y atienda salud en general, a la vista del crecimiento del barrio donde está, sin estructuras sanitarias. Este proyecto contará con la colaboración de Manos Unidas Valencia.

La vinculación de la misionera llegó gracias a un voluntario de la ONG que, a través de su hija que trabaja en una fundación, se puso en contacto con ingenieros y técnicos de Madrid, Bilbao y Valencia. Todos querían colaborar, pero finalmente quien más se implicó fue Manuel Martínez, profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV) que presta su apoyo de manera altruista.

PRÓTESIS EN 3D

El proyecto de prótesis en 3D se lleva a cabo con el asesoramiento de la UPV en material, coste y formación junto al apoyo de Fondos Religiosos para la Salud para confeccionar de forma autónoma las prótesis.

Paralelamente, Manos Unidas construye el edificio que albergará el centro de prótesis y la ONG de las Carmelitas Misioneras financia el transporte de material. «Aún nos falta un generador eléctrico, porque poner paneles solares costaría muchísimo dinero», remarca la religiosa, que busca ayuda para financiar el generador en València, en toda España y en países como Bélgica y Luxemburgo.

Con este nuevo proyecto esperan poner unas cien prótesis al año ya que hacen falta unas cien horas de trabajo para cada una y «hay mucha demanda porque las personas no tienen recursos ni hay centros».

Pascale Nicolas sintió la llamada para ser misionera muy joven. A los 15 años tenía claro que su destino estaba en África y a los 17 años llegó al Congo para un proyecto de una biblioteca junto a un grupo de amigos ‘scouts’ y del movimiento cristiano. Así conoció a las Carmelitas Misioneras, una congregación española a la que decidió unirse, con lo que se ha convertido en la primera carmelita misionera de nacionalidad belga.

Su primera intención fue estudiar derecho internacional para luchar contra las leyes injustas pero durante su viaje a Congo asistió a un parto muy complicado en el que acompañó a la joven madre, experiencia que la decidió por entregarse a las hermanas de la salud y se hizo enfermera. También ha participado en otros proyectos en países africanos como el Congo, Kenia o Costa de Marfil.

United Way España puso en marcha al inicio de la pandemia la iniciativa #ÚneteALosQueAyudan, campaña con la que espera recaudar un millón de euros que se destinarán a apoyar a los más necesitados durante la crisis provocada por la COVID-19, a través de entidades con las que colabora.

Según el informe Poverty and Share Report, debido a la pandemia el número de personas en pobreza extrema ha aumentado hasta llegar a los 150 millones en el 2021. A ello se suma que, según datos del Banco Mundial, un 1% de la población caerá en pobreza extrema.

«La pandemia ha sumido a muchas personas en una gran pobreza», señala Marina Fuentes, directora general de la Fundación. Por ello, asegura que desde la Fundación piden la colaboración de toda la ciudadanía para poder tender una mano a los más vulnerables, y atender, no solo las nuevas necesidades que esta crisis social ha dejado, sino poder seguir trabajando en los proyectos que ya tenía la Fundación en marcha, «combatiendo el abandono escolar, acompañando a nuestros mayores y facilitando el acceso al mercado laboral de nuestros jóvenes».

Durante el año 2020 y gracias a las empresas y a los más de 500 donantes particulares que se sumaron a la campaña, la Fundación United Way España pudo apoyar directamente a más de 17.000 personas para paliar los efectos sociales causados por la crisis. Fueron más de 23 acciones centradas en la cobertura de necesidades básicas, dotación de recursos para colectivos vulnerables y apoyo educativo online para niños.

Según la ONG, el éxito de la campaña se alinea con el modelo de impacto colectivo de la Fundación United Way España, colaborando durante la pandemia con 9 entidades que dan apoyo a diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, asegurando así que todo el esfuerzo de las empresas y donantes tuvieran el mayor impacto posible.

Gracias al trabajo conjunto con diferentes entidades, la Asociación Española de Fundaciones reconoció a la Fundación United Way España en el 2020 con el Premio a la Colaboración por su modelo de alianza entre el sector privado y el sector público.

Durante el 2021, la campaña #ÚneteALosQueAyudan sigue en marcha, alcanzando en el mes de julio el 81% del objetivo del millón de euros de recaudación. Se prevé llegar al objetivo para diciembre de este año, para poder así apoyar a miles de personas con proyectos educativos que combaten el abandono escolar temprano y apoyando a familias y personas mayores en situación de vulnerabilidad.

La Asociación El Toro de Madrid ha reclamado este lunes el cese del torero Miguel Abellán como director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad y ha denunciado la mala gestión de la plaza de toros de Las Ventas.

Así lo ha trasladado en un misiva remitida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López; el viceconsejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín; y al propio Abellán y la empresa Plaza1, gestora de Las Ventas.

En la misiva, la asociación que preside Roberto García Yuste reclama una reunión con las autoridades madrileñas para trasladar su «malestar y disconformidad ante la gestión realizada tanto por la empresa Plaza1 como por parte del Centro de Asuntos Taurinos» y con el objetivo de que «se tomen las medidas oportunas para la destitución de estos cargos».

En este sentido, denuncia la «falta de transparencia y de contacto» con el abonado de la plaza, que está defraudado por «la mala gestión» del coso madrileño «desde que empezó la pandemia».

Tras el «éxito de organización y asistencia» de los tres espectáculos taurinos desarrollados en lo que va de año en Las Ventas, con «tres entradas de lleno respecto al aforo disponible», la asociación ha lamentado «el abandono de la temporada y el cierre» de la misma.

«Nos merecemos explicaciones sobre el estado y cumplimiento del vigente pliego de gestión y explotación o, en su defecto, que se hagan públicos los nuevos acuerdos extraordinarios que hayan podido derivarse de la pandemia y bajo qué condiciones», ha subrayado en la misiva, en la que ha reclamado que vuelvan los festejos «todos los fines de semana».

Tras recordar que Las Ventas «es un edificio público, perteneciente a la Comunidad de Madrid, y es la obligación de este organismo velar por su conservación y correcto funcionamiento», ha advertido que «si la empresa y la dirección actual del Centro de Asuntos Taurinos no se ven capacitados para organizar festejos» durante la presente temporada «deben dejar paso a personas más cualificadas y marcharse de inmediato».

«En un momento crucial de la temporada es inadmisible que no se estén celebrando festejos en la plaza de Las Ventas, máxime cuando estamos viendo que hay corridas de toros en muchas plazas de España y, por supuesto, en las de la Comunidad de Madrid», ha puesto en valor en una carta, en la que ha recordado «la delicada situación económica que están viviendo muchos ganaderos, toreros y profesionales taurinos».

El Papa ha señalado que, para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de lograr el Hambre Cero en el año 2030, «no basta con producir alimentos» sino que es necesario fortalecer las economías locales, mejorar la nutrición y reducir el desperdicio de alimentos del mismo modo que ha considerado «urgente» dar centralidad al sector agropecuario.

«Es urgente que el sector agropecuario recupere un rol prioritario en el proceso de toma de decisiones políticas y económicas, orientadas a delinear el marco del proceso de «reinicio» post-pandemia que se está construyendo», ha señalado el pontífice.

El mensaje que el Papa ha dirigido al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guteres, ha sido leído por el Secretario de Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, en la Pre-Cumbre sobre el Sistema Alimentario organizada por la ONU en Roma del 26 al 28 de julio de 2021.

El Papa ha arremetido también contra «los intereses económicos individuales, cerrados y conflictivos –pero poderosos–» que impiden diseñar un «sistema alimentario» que responda a los valores del bien común, la solidaridad y a la «cultura del encuentro. Y ha añadido: «Si queremos mantener un multilateralismo fructífero y un sistema alimentario basado en la responsabilidad, la justicia, la paz y la unidad de la familia humana es primordial».

Bajo estos preceptos, ha invitado a «entablar diálogos auténticos, audaces y valientes» que aborden «las raíces» de un sistema alimentario que se ha revelado «injusto».

Francisco también ha criticado que se desarrollen «nuevas tecnologías» con las que se puede aumentar la capacidad del planeta «para dar frutos» y que, de forma paralela, se siga explotando a la naturaleza «hasta el punto de esterilizarla, ampliando así no solamente desiertos externos sino también desiertos espirituales internos». Y ha señalado: «Producimos alimentos suficientes para todas las personas, pero muchas se quedan sin su pan de cada día».

El Papa ha dicho que este hecho «constituye un verdadero escándalo» y «un crimen que viola derechos humanos básicos». Por ello ha insistido en que es un «deber de todos extirpar esta injusticia mediante acciones concretas y buenas prácticas, y a través de políticas locales e internacionales audaces».

Así ha instado a la «cuidadosa y correcta» transformación de los sistemas alimentarios, orientada para que sean «capaces de aumentar la resiliencia, fortalecer las economías locales, mejorar la nutrición, reducir el desperdicio de alimentos, brindar dietas saludables accesibles para todos, ser ambientalmente sostenible y respetuosas con las culturas locales».

De este modo ha incidido en la necesidad de «un nuevo enfoque integral» que diseñe «sistemas alimentarios que protejan la Tierra y mantengan la dignidad de la persona humana en el centro; que garanticen suficientes alimentos a nivel mundial y promuevan el trabajo digno a nivel local; y que alimenten al mundo hoy, sin comprometer el futuro».

«Es esencial recuperar la centralidad del sector rural», ha manifestado. Y ha insistido en que en este proceso los pequeños agricultores y las familias agrícolas deben ser considerados «actores privilegiados».

«Sus conocimientos tradicionales no deben pasarse por alto ni ignorarse, mientras que su participación directa les permite comprender mejor sus prioridades y necesidades reales. Es importante facilitar el acceso de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar a los servicios necesarios para la producción, comercialización», ha concluido.

El líder del PP, Pablo Casado, ha pospuesto el viaje a Colombia que iba a realizar este lunes a Colombia para verse con su presidente, Iván Duque, y participar en un seminario, a raíz de las restricciones que obligarán a guardar cuarentena a los viajeros de ese país a partir de este martes, han informado a Europa Press fuentes ‘populares’.

Según figura en la web de Exteriores sobre el control sanitario a la entrada en España desde el 27 de julio, los viajeros procedentes de Colombia «deberán guardar cuarentena durante los diez días siguientes a su llegada a España». Añade que ese periodo podrá finalizar al séptimo día mediante prueba diagnóstica con resultado negativo.

Fuentes del PP han señalado que Casado aplaza ese viaje a Bogotá «debido a las restricciones impuestas por el Gobierno de España a los viajes a Colombia precisamente a partir de hoy» y han añadido que esperan «poder retomar la agenda internacional cuando se levanten las limitaciones a la movilidad internacional con motivo de la pandemia».

ALMUERZO CON DUQUE Y FORO SOBRE POPULISMO

Casado, que iba a viajar acompañado por la secretaria de Internacional del PP, Valentina Martínez, y el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Pablo Hispán, había sido invitado por Duque a almorzar el martes en el Palacio de Nariño, residencia oficial y sede de trabajo del presidente colombiano.

En agosto de 2018, apenas dos semanas después de ser elegido presidente del PP, Casado realizó precisamente su primer viaje internacional a Colombia para asistir a la toma de posesión de Duque como nuevo presidente de la República, con el que mantiene una buena relación, según fuentes de su entorno.

Además Casado tenía previsto inaugurar un seminario de la Fundación Concordia y Libertad y el Centro Democrático, el partido de Duque, en el que iba a participar el expresidente colombiano Álvaro Uribe, entre otras personalidades del país, según fuentes del PP.

Se trata de un seminario que tenía como eje central cómo frenar el populismo. El pasado 8 de julio, en un curso de verano junto al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, Casado ya advirtió contra los populismos y avisó que «utilizan las instituciones como un cascarón vacío en el que se infiltran y o las duplican o las arrasan».

Tras asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez es «puro populismo, puro fracaso en la capacidad de gestión y pura ingeniera social», el presidente del PP subrayó que tienen que combatir ese populismo con las ideas que defiende su partido. «Pero es verdad que tenemos que estar más organizados», manifestó, aludiendo entonces a las protestas que están sufriendo los Gobiernos de Colombia, Chile o Ecuador.

La Universidad de Salamanca (USAL) y la Fundación Chile-España han reeditado un mapa del siglo XVI del Estrecho de Magallanes, del cartógrafo holandés Johannes Janssonius y que ahora se ha incluido en los trabajos de publicación de la editorial universitaria salmantina.

Según la USAL, el cartógrafo holandés Johannes Janssonius (1588-1664) dedicó «buena parte de su vida» a trazar sobre el papel el aspecto que en aquel entonces se creía que tenía el mundo visto desde el espacio.

La ingente obra, a la que bautizó como Nuevo Atlas, contó entre sus páginas con una representación a escala del Estrecho de Magallanes, descubierto por el navegante portugués durante su famosa expedición a las Molucas en 1520.

Ahora, 501 años después de la aventura, que terminó convirtiéndose en la primera circunnavegación de la historia, José Luis Marcello Barriada, profesor de Geografía de la Universidad de Salamanca, y José María Sanz-Hermida, técnico de la Biblioteca General Histórica de la USAL, han presentado este lunes en el Palacio de la Magdalena de Santander, sede veraniega de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la primera reedición del mapa de Janssonius con motivo del V centenario del hito.

El trabajo, que ha sido fruto de la colaboración entre la Universidad de Salamanca (USAL) y la Fundación Chile-España, ha supuesto un «esfuerzo primoroso de recopilación de documentos de un valor calculable», según ha afirmado el rector de la institución salmantina, Ricardo Rivero, que ha estado presente en el acto junto al presidente de la Fundación Chile-España, Emilio Gilolmo.

La presentación ha sido realizada en el contexto del curso ‘La evolución en la navegación: de la cartografía de Magallanes-Elcano a los sistemas satelitales’, clausurado este lunes en el Palacio de la Magdalena, según ha reseñado la USAL.

Sanz-Hermida ha señalado que, para su realización, han estado «buscando la génesis y el nexo de cómo llegan los mapas de Janssonius a formarse con todo lo que se había producido antes, poniendo especial hincapié en documentarlo con el fondo cartográfico de la Universidad de Salamanca». «Fue una labor intensa, pero que acabó dando sus frutos», ha añadido.

PRESENCIA EN SALAMANCA

Marcello Barriada, doctor en Geopolítica y Cartografía de la USAL, ha destacado por su parte la «extraordinaria mejora» entre una representación y otra y ha explicado la historia por la que los mapas terminaron en España y, más concretamente en la universidad salmantina.

«Esos atlas vinieron por manos del obispo Solís, una importante figura que en pleno Renacimiento estuvo de médico con el Papa Pablo III en el Vaticano y que creó en Salamanca el colegio dedicado a la Inmaculada», ha explicado.

«La dimensión que quisimos dar es ver cómo evoluciona la imagen de Chile desde su creación. De esta manera, se generaron dos familias de mapas, una representación costera de Chile y otra de la parte magallánica que correspondía a la Tierra de Fuego y otras zonas que se encontraban debajo del Estrecho. Finalmente, ambos territorios acaban confluyendo en la obra de un jesuita editada en Roma en 1646, quien hace un mapa de síntesis incorporando los dos territorios», ha añadido.

El mapa, que fue editado por primera vez el año pasado coincidiendo con el V centenario, no pudo ser finalmente presentado debido a la pandemia. Pese a todo, Marcello Barriada espera que encuentre difusión y no «acabe en un anaquel», ha confiado.

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, ha anunciado este lunes que el próximo mes de septiembre el departamento que dirige ahora Pilar Llop espera presentar la nueva Ley de Eficiencia Digital «que contemplará la transposición de la directiva comunitaria de constitución telemática de empresas ante notario; el protocolo notarial electrónico y la videoconferencia ante notario».

Así lo ha señalado Puente durante la clausura del seminario Seguridad Jurídica y Digitalización, organizado por el Consejo General del Notariado (CGN) en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco.

Puente añadió que «el compromiso del Ministerio es respetar el mecanismo de seguridad jurídica preventiva notarial», un sistema que e sistema anticipa los controles y es un modelo tremendamente eficaz al evitar los litigios.

Junto a Sofía Puente, la clausura corrió a cargo de Beatriz Artolazábal, consejera de Justicia, Igualdad y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Colegio General del Notariado.

La consejera ha manifestado que ‘la seguridad jurídica que aportan los notarios es esencial en el crecimiento económico y necesita de nuevos servicios digitales para adaptarse con eficiencia a los nuevos retos. La fe pública notarial ha experimentado un cambio de paradigma por la digitalización; nada puede suplir lo que aporta el Notariado en ámbitos como el control de legalidad, el consentimiento informado o la mediación».

Martínez Sanchiz apuntó por su parte que los notarios «son una creación social» y por ello están abiertos a las necesidades de la sociedad». Seguidamente, recordó que en la inauguración había hablado de «adaptación de la seguridad jurídica a la digitalización y de encauzamiento de la digitalización en aras del principio de humanidad».

«El capitulo de la adaptación del Notariado a la vida digital -ha agregado el representante de los notarios- nos ha permitido mostrar que tenemos los deberes hechos, gracias a nuestro centro tecnológico notarial, y mostrar en un ejercicio práctico como constituir una sociedad limitada por videoconferencia en la sede electrónica notarial con todas las garantías en un brevísimo espacio de tiempo, como la posibilidad, en definitiva, de que los particulares puedan disponer de la copia autorizada electrónica de sus escrituras en su móvil.

Entre los nuevos proyectos del notariado, su vicepresidente ha apuntado- al igual que Sofía Puente- a la creación de «un protocolo electrónico notarial. La propuesta realizada al Ministerio de Justicia para ser incluida en una futura Ley de Eficiencia permitiría dar los primeros pasos hacia la creación de una escritura matriz con soporte digital».

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha rechazado este lunes cesar como diputado de Ciudadanos, como ha pedido su formación a nivel nacional, al alegar que ha presentado ante el juzgado un escrito solicitando la adopción de «medidas cautelarísimas» contra su expulsión del partido al considerar que se ha producido «una vulneración de derechos fundamentales».

Así lo ha trasladado a la Mesa de la Asamblea, presidida por él mismo y compuesta además por los vicepresidentes primero Dunia Almansouri (CPM) y segundo Daniel Conesa (PP), que ha sido convocada para las 9,30 horas, con el fin de tratar un único punto del orden del día: el cese como diputado de Cs de Eduardo de Castro, solicitada por su partido de acuerdo con «el pacto anti transfuguismo».

El órgano parlamentario se ha reunido este lunes después de que el viernes, pasadas las 13,30 horas, se registrara en la Asamblea la comunicación oficial de Cs, firmada por su número dos a nivel nacional, Marina Bravo, en la que desvelaba que Eduardo de Castro dejó de pertenecer a Cs a todos los efectos desde el 30 de marzo y que desde entonces le han solicitado, sin éxito, que entregara su acta de diputado para que el siguiente en la lista pasara a representar al partido.

Al respecto, Bravo admitía que, ante la falta de respuesta del melillense, ha pedido oficialmente a la Asamblea melillense el cese de Eduardo de Castro como parlamentario naranja y que este pase a ser «diputado no adscrito con la consecutiva pérdida de derechos políticos y económicos, previsto en el artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local».

Sin embargo, Eduardo de Castro, apoyado por su socia de gobierno, la cepemista Dunia Almansouri –suman dos votos en la Mesa Asamblea frente a uno de la oposición–, han aprobado dejar sobre la mesa el único punto del día hasta que el juzgado responda a dicha solicitud de «medidas cautelarísimas», al sostener que si cesa de manera inmediata, se produciría «un daño irreparable» si finalmente consigue ganar el litigio por la denuncia que va a presentar por una presunta «vulneración de derechos fundamentales» contra la decisión de Cs de expulsarle del partido.

«MANIOBRA DILATORIA»

El vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado del PP, Daniel Conesa, ha tachado como «una maniobra dilatoria» la decisión de Eduardo de Castro de no cesar como diputado de Cs, como le exige su formación a nivel nacional, y asegura que con ello «lo único que consigue es alargar la agonía de este gobierno», presidido por el hasta ahora parlamentario naranja en coalición con PSOE y CPM.

Daniel Conesa ha exigido a Eduardo de Castro que haga público el contenido del escrito presentado en el juzgado solicitando «medidas cautelarísimas» para conocer los argumentos que expone y subraya que «así podremos conocerlos» porque asevera que no hay motivos que justifiquen que no cese como diputado de Cs y pase a ser «diputado no adscrito».

Por ello, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular va a registrar un escrito en la Asamblea solicitando la convocatoria urgente de un Pleno que determine el cese de Eduardo de Castro como diputado de Cs y su conversión en «diputado no adscrito», lo que conllevaría, según ha asegurado, su cese como presidente de la Ciudad dado que «convertirse en tránsfuga conlleva su cese en cualquier cargo electivo». A continuación, ha avanzado, presentará una solicitud de pleno para elección de un nuevo presidente de Melilla.

Conesa ha destacado que «más cargo electivo que el presidente de la Ciudad, que es a su vez presidente de la Asamblea, no hay otro», por lo que ha sostenido que «en aplicación literal del Reglamento, Eduardo de Castro debería cesar en su puesto de presidente».

«Y más en un gobierno apoyado por el PSOE, que es aquí el que tiene el papelón, es decir ¿qué va a hacer el PSOE? ¿Va a seguir sustentando, contribuyendo y colaborando con un gobierno presidido por un tránsfuga? No parece desde el punto de vista ético que tenga el más mínimo sentido» ha añadido el popular.

A juicio de Conesa, «lo lógico es que De Castro renuncie por una cuestión reglamentaria y de ética, y yo incluso le daría más importancia a la ética política, a la regeneración de la que hablaba y de la limpieza democrática, y en caso de que esto no ocurra así, el PSOE no debe estar ni un minuto más en ese gobierno presidido por un tránsfuga, un diputado no adscrito» ha remarcado el vicepresidente segundo de la Asamblea.

La Fundación Villacisneros ha pedido que no se celebre la «marcha solidaria» en favor del miembro de ETA Henri Parot convocada por la red ciudadana Sare y el colectivo Elkartasun Eguna en Arrasate (Guipúzcoa) para el próximo 18 de septiembre.

En un comunicado, la Fundación ha calificado de «inconcebible que, en una democracia como la española» las instituciones «asistan impasibles a una marcha de solidaridad con un asesino sanguinario que ha acabado con la vida de 39 personas».

Según ha explicado, antes de acudir a los Tribunales, ha enviado sendas cartas a la alcaldesa de Mondragón, María Ubarrechena, al delegado del Gobierno central en el País Vasco, Denis Itxaso, y al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, para que, «en uso de las faculta de que les confieren las leyes de víctimas, impidan esta nueva humillación a las víctimas del terrorismo».

La Fundación contempla, en el hecho de que no lo hagan acudir a la vía judicial para «que se depuren las responsabilidades penales que, a nuestro juicio, sin duda existen».

A su juicio, «si las autoridades no toman la iniciativa para atajar estos actos humillantes, debe ser la sociedad civil quien reclame su actuación». En todo caso, ha asegurado que lo hará «siempre en defensa de las leyes que amparan la dignidad y el respeto a las víctimas del terrorismo».

Según la Fundación Villacisneros en la marcha convocada para el 18 de septiembre, de 31 kilómetros, se denunciará «los 31 años que elterrorista lleva en prisión» y los participantes «se irán pasando un testigo para mostrar su apoyo a Parot y denunciar la política penitenciaria». A su juicio, «resulta indignante que con absolutanormalidad la sociedad vasca asuma indiferente un acto tan vergonzosoy humillante como este». «Un acto que no solo ofende la memoria de las víctimas del terrorismo, sino que debiera indignar a cualquier persona con un mínimo de dignidad», ha incidido.

Para la Fundación, «el hecho de que estos actos, que dejan de ser genéricos a favor de los presos, para mostrarse solidarios con el mayor asesino de la banda terrorista, lleva a pensar que algo se está haciendo muy mal por parte de las instituciones vascas».

«No solo porque no los atajen como es su obligación legal, sino por el hecho de que la sociedad los acepte como si no pasara nada», ha añadido. Para la Fundación, «está fallando el sistema educativo, pero también la pedagogía que un gobierno democrático debe hacer para, además de evitar su celebración, conseguir que la sociedad los repudie».