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Empresarios lamentan que la ministra no los incluya en su agenda de visita al Mar Menor

La Confederación empresarial COEC ha lamentado que la ministra Teresa Ribera, que este miércoles se reúne con distintos colectivos en su visita al Mar Menor, no les haya incluido en su agenda.

No obstante, manifiesta la «más honda preocupación» por la situación del Mar Menor, «agravada en los últimos días» y recuerda que desde hace años viene reclamando «la puesta en marcha de todas aquellas acciones que quedaron perfectamente definidas tras la sopa verde del año 2016».

En palabras de Ana Correa, presidenta de COEC, «cinco años después, no se ha puesto en marcha el Plan Vertido Cero, no se ha solucionado el problema de las escorrentías del Llano y La Unión, no se han ampliado las depuradoras, no se ha acabado con los regadíos ilegales y tenemos un acuífero que rebosa agua y debe ser drenado».

«Los hechos hablan por sí solos. La inacción de las administraciones competentes es demoledora y las consecuencias medioambientales, económicas y sociales van a tardar muchos años en ser compensadas», lamenta.

Esta situación, advierte, «afecta muy negativamente a los empresarios de la Comarca del Campo de Cartagena, especialmente al sector turístico, que genera miles de puestos de trabajo. Sin embargo, nadie se acuerda de ellos ni va a visitarles, aunque solo sea para mostrarles su apoyo y escuchar su opinión».

Las pérdidas económicas, dice, «son millonarias, las empresas ven comprometida su viabilidad y los puestos de trabajo que generan, peligran seriamente. Ya hay muchas familias arruinadas y en el umbral de la pobreza a las que nadie atiende».

Asimismo, los vecinos que tienen viviendas en el Mar Menor «se están viendo gravemente afectados por la pérdida de valor de las mismas. Tampoco ninguna administración ha hecho referencia a ello».

Para la patronal cartagenera, el diagnóstico del problema es claro, pero «urge definir un plan de actuación que comprometa a todos, gobierno nacional, regional y locales, así como a los agentes sociales, y que sea transparente y evaluable, con dotación presupuestaria necesaria».

Para ello, considera que «es imprescindible que exista un compromiso claro de todos los agentes. Trabajo conjunto y coordinado, delimitando perfectamente las tareas que cada gobierno/agente social debe acometer, con fijación de fechas, plazos y presupuesto para hacerlo. Y con absoluta transparencia para que todos, empresarios y ciudadanos, dispongan toda la información precisa».

Correa manifiesta que «desde la Confederación estamos a disposición de los Gobiernos nacional, regional y locales para participar en la solución, desde el rigor y la seriedad del problema que tenemos que abordar».