La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera «nulo de pleno derecho» cómo se llevó a cabo el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo porque no cumplió con requisitos básicos como informar a estos niños y adolescentes de sus derechos.

Así lo expone el fiscal Manuel Campoy en un escrito del pasado 17 de septiembre, donde informa a favor de admitir el recurso contencioso-administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden emitida en agosto por el Ministerio de Interior para deportar a dichos menores.

«Se considera que las actuaciones administrativas de retorno al Reino de Marruecos de menores extranjeros no acompañados, que acudieron masivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta en los días 17 y 18 de mayo, (…) son nulas de pleno derecho, por cuanto prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», afirma Campoy.

Es más, apunta que se trata de «actuaciones materiales de vía de hecho» porque han obviado el procedimiento establecido, vulnerando con ello las «garantías esenciales» que lo rigen.

NO SE ESCUCHÓ A LOS MENORES

Subraya el fiscal que la forma de actuar de la administración pública en este proceso de repatriación lesionó el derecho fundamental de los menores a la tutela judicial efectiva, recordando en este sentido que la jurisprudencia constitucional exige una «comunicación personal» de los trámites a los afectados.

«Se han omitido los preceptivos actos de comunicación a los menores interesados, información de sus derechos y nombramiento de defensor judicial, en su caso; cercenándoles así la posibilidad de acceso a la tutela judicial y de poder ser revisados judicialmente los actos administrativos concernidos», expone.

Campoy recalca que, en general, «no se han cumplido ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española», detallando que no consta un trámite de audiencia con presencia de los menores que tuvieran «juicio suficiente» o de sus representantes legales, ni que se les haya informado de sus derechos, dado la posibilidad de formular alegaciones o de nombrar a un defensor judicial.

Tampoco constan, añade, «los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal».

El fiscal también echa en falta una «resolución final de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España, que debe ser notificada al menor, su representante, tutor y al Ministerio Fiscal, poniendo fin a la vía administrativa».

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE CEUTA

En consecuencia, el Ministerio Público estima que «procede la admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto», aunque al mismo tiempo indica que «la competencia objetiva y territorial para conocer del mismo corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta».

Y ello porque el reglamento de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social «atribuye a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la competencia para la tramitación de los procedimientos sobre repatriación de menores extranjeros no acompañados».

Mientras que los juzgados de lo contencioso-administrativo tienen la competencia objetiva sobre los recursos formulados contra las resoluciones dictadas en materia de extranjería por la administración periférica del Estado, siendo la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que haya emitido el acto impugnado.

LA RED CRITICA QUE LA FISCALÍA NO VALORE EL AUTO DE INTERIOR

Sin embargo, desde la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado han señalado que no comparten la apreciación de Fiscalía sobre la necesidad de acumular este proceso en el juzgado de la ciudad autónoma puesto que, apuntan, no están enjuiciando al Ministerio del Interior «por haber procedido a ejecutar las deportaciones, sino por haber emitido una orden irregular, que prescinde de cualquier procedimiento administrativo».

Así las cosas, la Red no comparte «parcialmente lo contenido en el informe» de Fiscalía que, insisten, «está fuera de plazo». El escrito, lamentan, «no entra a valorar en modo alguno el eje nuclear de esta causa, esto es, que» el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska «dictó un acto administrativo en agosto de 2021 que puso en marcha todo el procedimiento, que no recogía ni cumplía la normativa que le es aplicable».

Un acto, explican, «que ahora se está remediando por la convocatoria de varias comisiones entre Ministerios para desarrollar el Acuerdo entre el Reino de Marruecos y el de España para deportaciones de menores migrantes».

El Tribunal General de la Unión Europea dictaminará este miércoles si los acuerdos pesquero y agrícola entre la UE y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental son legales o, como defiende el Frente Polisario, deben anularse por ser contrarios al Derecho Internacional al incluir un territorio pendiente de descolonización.

La sentencia, que se conocerá a partir de las 11.00 horas y podrá ser recurrida por cualquiera de las partes en un plazo de dos meses y diez días, amenaza con abrir una nueva fricción entre Bruselas y Rabat si la Justicia europea tumba ambos acuerdos tras superar la crisis surgida en mayo por el paso de miles de migrantes a España en Ceuta.

El tribunal de Luxemburgo declaró en diciembre de 2016 que los acuerdos entre la UE y el Reino de Marruecos no pueden incluir el Sáhara Occidental por tratarse de un territorio no autónomo. Este hecho obligó a ambas partes a renovar sus pactos pesquero y agrícola para que pudiera incluir productos alimentarios y capturas pesqueras procedentes de la antigua colonia española.

El Frente Polisario ha pedido a la Justicia europea la anulación de todos estos acuerdos por estas modificaciones, pero la Comisión Europea y los gobiernos del bloque consideran que son válidos porque la población local ha sido consultada y, a juicio de las instituciones comunitarias, tendrán un impacto positivo sobre la economía.

LOS ARGUMENTOS DE LA UE

La evaluación europea con respecto al impacto del acuerdo agrícola sobre el Sáhara Occidental concluyó que las ventajas arancelarias para productos saharauis supondrán un «fuerte impulso» para el crecimiento económico y el desarrollo social. También que promoverá, según este análisis, unas «condiciones de inversión favorables» y «contribuirá a una expansión rápida y significativa que permitirá el desarrollo del empleo local.

En relación al de pesca, la UE destaca que será «muy beneficioso» para la población afectada por las «positivas repercusiones» desde el punto de vista del empleo y las inversiones, así como sobre el desarrollo del sector pesquero. El bloque también considera que el protocolo «representa la mejor garantía de explotación sostenible de los recursos naturales de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental».

En ambos casos, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) realizó «amplias consultas» en las que «la mayoría de los actores socioeconómicos y políticos que participaron en ellas se mostró a favor» tanto del acuerdo pesquero como de ampliar las ventajas arancelarias a productos saharauis.

El Frente Polisario y «otras partes», sin embargo, se negaron a participar en ellas porque entiende que los acuerdos implican un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y sus recursos, algo que niega la UE.

EL POLISARIO PIDE LA ANULACIÓN

Así, el Polisario pidió al TUE que evaluase la legalidad de los acuerdos y ha fundamentado su posición en una decena de motivos, el primero de los cuales señala que la UE y Marruecos carecen de competencias para negociar acuerdos internacionales que sean aplicables al Sáhara Occidental en nombre de la población afectada.

Por otro lado, denuncia que antes de celebrar los acuerdos no se ha evaluado el respeto de los derechos fundamentales y el Derecho internacional humanitario, así como que «niegan la existencia del pueblo saharaui como sujeto de Derecho sustituyéndolo por la expresión ‘poblaciones afectadas'».

También argumenta el Polisario que los acuerdos agrícola y pesquero «vulneran el derecho del pueblo saharaui de disponer libremente de sus recursos naturales» y organiza «sin su consentimiento» la exportación de sus productos a la UE y la explotación de sus recursos pesqueros por buques europeos.

IMPACTO ECONÓMICO

Más allá del impacto político, una sentencia que diese la razón al Frente Polisario también tendría consecuencias económicas para ambas partes, especialmente para España, que es el socio comunitario que más se beneficia del acuerdo que permite faenar en aguas del Sáhara a buques comunitarios.

En concreto, un 91% de las capturas recogidas en el pacto pesquero con Marruecos provienen de aguas saharauis. A cambio del acceso a estas aguas, la UE paga a Marruecos una media anual de 52 millones de euros cada uno de los cuatro años de vigencia del acuerdo, de los que 12 millones aproximadamente deben ser abonados por los armadores europeos.

En contrapartida, el país africano permite faenar en sus aguas y en las del Sáhara Occidental a 128 barcos europeos, entre ellos 92 españoles. En particular, 22 cerqueros españoles de pesca artesanal pelágica en el norte, 25 palangreros de fondo también en el norte, diez embarcaciones de pesca artesanal en el sur, doce busques de pesca demersal y 23 cañeros para capturas de atún.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para promover la igualdad de las mujeres en las explotaciones agrarias y concederá ayudas para contribuir al pago de parte de las cuotas de la seguridad social a las mujeres que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

En concreto, esta medida tiene por objeto incentivar que las mujeres, que comparten tareas agrícolas en explotaciones familiares, participen también en igualdad de condiciones en los derechos y obligaciones que les corresponden, según el real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida.

Los análisis de la situación de las mujeres en el medio rural y en el sector agroalimentario en España constatan que sigue existiendo una menor representación de las mismas en la actividad agraria y una menor dimensión económica de sus explotaciones, con el consiguiente déficit de renta.

Por ello, la incorporación y permanencia de las mujeres en la actividad agraria y su asentamiento en el medio rural debe entenderse como una prioridad a la hora de diseñar actuaciones desde las administraciones, y en esta línea se inscriben estas ayudas.

Las ayudas, que contarán con un total de un millón de euros para este año, consistirán en la financiación de parte del coste de las cuotas a la seguridad social a las que están obligados los titulares de las explotaciones, siempre que éstas estén inscritas en el registro de titularidad compartida.

Las explotaciones agrarias que resulten beneficiarias de estas ayudas deberán permanecer al menos cinco años inscritas en este registro, y sus titulares tendrán que estar ese mismo tiempo mínimo dados de alta en la seguridad social. Con el establecimiento de esta línea de ayudas se trata de incentivar precisamente que se produzcan más altas en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

Agricultura ha recordado que en las explotaciones agrícolas y ganaderas de carácter familiar trabajan muchas mujeres que comparten las tareas con los hombres pero que en la mayoría de los casos no figuran como titulares, lo que dificulta que se valore adecuadamente la participación de la mujer y se dimensione el papel que realmente desempeña en el medio rural.

En la actualidad hay 868 explotaciones inscritas en el Registro de Titularidad Compartida. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera necesario reforzar aún más este apoyo a este tipo de explotaciones familiares, con estas ayudas que complementan las reducciones a las cuotas de la Seguridad Social, ya que en muchos casos, el menor tamaño económico de estas explotaciones dificulta poder asumir mayores gastos para profesionalizar el trabajo de las mujeres.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente dos causas de exclusión para el ingreso en la Policía Nacional recogidas en el Real Decreto de 11 de mayo que aprobó el nuevo cuadro médico de exclusiones. Sobre ambas exclusiones, que se referían a la no admisión de personas con lentes intraoculares fáquicas, presentaron escrito solicitando la suspensión cautelar 34 aspirantes a agente de la Policía.

En un auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo acepta la petición cautelar por el denominado ‘periculum in mora’, es decir, la existencia de riesgo de que, en el caso de ser estimado en su día el fondo del recurso, los recurrentes pierdan al menos la oportunidad de participar en una oposición libre para el ingreso en la Policía, ya que el pasado mes de agosto se convocó una oposición con las citadas causas de exclusión.

«Y la pérdida de esta oportunidad comportaría, sin duda, un perjuicio en términos de tiempo, energía e incluso motivación psíquica», señalan los magistrados.

Los recurrentes sostenían que las lentes intraoculares, que se implantan mediante la cirugía de lente fáquica, consituyen un avance en la medicina oftalmológica perfectamente acreditado en el mundo y experimentado ya en más de un millón de pacientes.

Añadían que las lentes consiguen la eliminación del 100 por cien de la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y las cataratas, con una recuperación casi total de la agudeza visual, y que no necesitan ningún tipo de mantenimiento o recambio. Por eso, opinan que la inclusión de este tipo de lente en las causas médicas de exclusión para entrar en la Policía Nacional «carece de justificación racional».

CRITICA A LOS ARGUMENTOS DE ABOGACÍA DEL ESTADO

Por lo que se refiere a la posible perturbación de los intereses generales, esgrimida por el Abogado del Estado, el Supremo dice que no ha especificado qué alteración del buen funcionamiento de la Administración o del correcto desarrollo del proceso selectivo ahora convocado –o de los que puedan convocarse antes de que esta Sala dicte sentencia– derivaría de la suspensión cautelar de las causas de exclusión relativas a las lentes intraoculares.

«No deja de ser significativo, en este sentido, que el Abogado del Estado no diga nada sobre la novedad de estas causas de exclusión, inexistentes con anterioridad a la aprobación del Real Decreto 326/2021: no aporta ningún argumento sobre cómo habría sufrido el interés general durante todo el tiempo en que los aspirantes a ingresar en la Policía Nacional no se veían imposibilitados de hacerlo por tener lentes intraoculares».

La Sala puntualiza que en este momento no procede hacer ninguna consideración sobre apariencia de buen derecho, ni menos aún ninguna otra sobre la pretensión principal de este recurso contencioso-administrativo.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido dejar claro este martes que el Gobierno sí cree que la comisaría de la Policía Nacional en la Vía Laietana de Barcelona fue «un lugar de represión y tortura», y ha argumentado que lo que quiso hacer el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, al alabar esa comisaría fue «poner en valor» el papel «fundamental» que ejerce el cuerpo de la Policía Nacional.

Así lo ha asegurado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la polémica que han generado las declaraciones del ‘número dos’ del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que han llevado a ERC a pedir su dimisión y a Unidas Podemos, que le desautorice, por ensalzar esta comisaría, sin hacer referencia a su pasado durante el franquismo.

Rodríguez se ha negado en primer lugar a interpretar las palabras del secretario de Estado, y a continuación ha querido aclarar que la opinión del Gobierno es que el mencionado lugar fue escenario de «represión y de tortura». A este respecto, ha defendido que el Ejecutivo se puede «sentir orgulloso» de «dignificar la memoria democrática» de España y de «dar respuesta a la memoria de quienes sufrieron la persecución y la dictadura en otros momentos de la historia».

Eso sí, a continuación ha apostillado que, a su juicio, lo que hizo el secretario de Estado de Seguridad cuando habló de esta comisaría «es algo que es compartido por todo el Gobierno», que es «poner en valor el papel de la Policía Nacional en todo el territorio». «En España, y también en Cataluña y en Barcelona», ha zanjado.

«Creo que es también una parte de nuestro Estado muy valorada por la ciudadanía y desde luego ejerce un papel fundamental en lo que al orden público se refiere», ha añadido Rodríguez.

La portavoz no ha aclarado sin embargo si el Gobierno es partidario de convertir esta comisaría en un museo de la memoria histórica que conmemore la lucha antifranquista, como quiere la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y este martes ha vuelto a pedir Unidas Podemos.

El PSOE respaldó en 2019 en el Congreso una proposición no de ley de ERC para trasladar a la Policía Nacional a otra ubicación y convertir esta comisaría en un museo, si bien esta iniciativa, que rechazan de plano los sindicatos policiales nunca se ha hecho realidad.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de 20 años de prisión para un hombre por detención ilegal, agresión sexual y contra la integridad moral por retener en su vivienda contra su voluntad, violar y agredir a una mujer durante dos semanas en Ourense.

Según la sentencia del Supremo, se ratifica el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 20 de abril de 2020 en el que se consideró probado que el acusado, de 40 años, mantenía con anterioridad al mes de enero de 2018 contacto con Whatsapp con la víctima, con la que se citó el 4 de enero de ese año a pernoctar en un hostal en Ourense «las noches del 4 al 5 y del 6 al 7 de enero», donde había alquilado habitaciones la mujer y mantuvieron «relaciones sexuales consentidas».

En la mañana del 7 de enero llegaron ambos a un domicilio en Ourense donde vivían los padres sexagenarios del acusado y tres hermanos de éste, de 33 y 43 años –dos de ellos–. Para el tribunal el acusado «concibió desde el momento» en que la mujer «lo acompañó hasta ese domicilio impedirle marcharse desde su lado, privándola de su capacidad deambulatoria, obligándola mediante una conducta violenta y agresiva, acompañada de continuas intimidaciones, a permanecer en la vivienda».

Además, en el relato de hechos probados trasladado por el TSXG se consideró probado que «desde el 10 de enero de 2018 hasta el 26 de enero de 2018» la mujer permaneció «oculta» en la vivienda de esa familia «sin permitírsele salir de la misma y de sus alrededores». Además, manifestaron «reiteradamente a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se acercaban a la vivienda a preguntar» por la víctima «que ésta no se encontraba viviendo en dicho lugar».

El TSXG dictó fallo, que ha sido ratificado ahora por el Supremo, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la víctima y desestimados los de los condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, condenaron al principal encausado por detención ilegal a cinco años de prisión; por delito continuado de agresión sexual en modalidad agravada a 13 años y seis meses de cárcel; por un delito contra la integridad moral a 18 meses de prisión; a lo que se suma por un delito de lesiones la pena de tres meses de cárcel.

Además, se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, o cualquier lugar en que se halle e un radio de acción de 500 metros y de comunicarse con ella en cualquier forma durante 7, 13 y tres años, respectivamente por los citados delitos, salvo el de lesiones.

En concepto de responsabilidad civil debe abonar a la perjudicada 8.855,8 euros en concepto de perjuicios personales y secuelas y 12.000 euros por daño moral, mientras al Sergas pagará los gastos sanitarios.

COOPERADORES Y CÓMPLICE

El TSXG condenó a los padres del principal encausado y a dos de sus hermanos a la pena de cinco años de prisión para cada uno de ellos como autores en concepto de cooperación necesaria de un delito de detención ilegal. También tienen prohibido acercarse a la víctima, a su domicilio o cualquier lugar en el que se halle en un radio de acción de 500 metros y de comunicarse con ella en cualquier forma durante cinco años. Asimismo, deben indemnizar conjuntamente a la perjudicada en la cantidad de 3.000 euros por daño moral.

Al tercer hermano lo condena a dos años y seis meses de cárcel como cómplice de un delito de detención ilegal, además de prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio o cualquier lugar en que se halle en un radio de acción de 500 metros y comunicarse con ella en cualquier forma durante cinco años y a que indemnicen conjuntamente con los anteriores en la cantidad de 3.000 euros por daño moral.

El Supremo incide en que el principal encausado ha sido condenado por sendos delitos de agresión sexual continuada, detención ilegal, contra la integridad moral y lesiones; mientras que los demás han sido considerados cooperadores necesarios en un delito de detención ilegal.

TESTIMONIO ÚNICO DE CARGO

En su fallo, de fecha 15 de septiembre de 2021, la Sala de lo Penal del Supremo argumenta en relación al «nervio central» de todos los recursos interpuestos por los condenados contra la sentencia del TSXG, la suficiencia del testimonio único de cargo sostenido en el juicio por la víctima para alegar presunción de inocencia, que «no puede de ningún modo sostenerse, con razón, que la sentencia ahora recurrida resulte vulneraradora del derecho a la presunción de inocencia de ninguno de los condenados».

«Al contrario, las convicciones alcanzadas por la Audiencia Provincial, que hallaron pleno respaldo en la sentencia dictada por el Tribunal Superior, descansan en el resultado y ponderada valoración del testimonio prestado en el juicio, de forma plenamente lícita y regular», esgrime, por la víctima.

«Tampoco pueden progresar las quejas de los recurrentes condenados a título de cooperadores necesarios, por lo que respecta a una pretendida falta de descripción suficiente en el relato de hechos probados de aquellos que en concreto se les atribuyen, calificándolos de genéricos o imprecisos».

Así, se concreta que el principal acusado durante la permanencia de la víctima en el domicilio de la familia procesada «con ánimo de atentarcontra su integridad corporal, la golpeó en diversas ocasiones con palos y barras de hierro, causándole múltiples heridas contusas en pecho derecho, brazo derecho, hombro izquierdo, pómulo izquierdo, glúteo derecho, así como en muslo y pierna izquierda y muslo derecho, que necesitaron para su curación de varias asistencias facultativas con necesidad de tratamiento médico quirúrgico y le produjeron perjuicio personal básico de 110 días y un perjuicio por pérdida de calidad de vida moderada de 10 días, quedándole como secuelas trastorno por estrés postraumático grado moderado y perjuicio estético ligero».

«Como claramente se indica se desliga la acción de lesionar de cualquier otra finalidad como sería la de doblegar su voluntad para conseguir consumar los delitos contra la libertad sexual cometidos o conseguir ese clima intimidatorio que impidiera a (la víctima) salirdel lugar de su encierro», señala. «La acción de lesionar se consuma en si misma al perseguir el autor simplemente atentar contra la integridad corporal, de modo y manera que mal puede entenderse absorbida por otra figura delictiva, cobrando por ello plena autonomía», abunda. «En tal sentido, con plena sujeción a los hechos declarados probados, debemos entender que es criminalmente responsable de un delito de lesiones, previsto en el artículo 147.1 del Código Penal», subraya sobre el principal encausado.

FUNCIONES

El tribunal aclara que «la testigo no pudo asegurar, pues la memoria no le alcanza para ello cuál de los acusados», por encargo del principal condenado, «la vigilaba en cada momento, cuando tenía que salir al baño, cuando se ausentaban de la vivienda y bajo la supervisión de alguno de ellos». «Más sí pudo señalar que a lo largo del periodo durante el cual se halló privada de su libertad deambulatoria, todos ellos participaron indistintamente en esas funciones, acompañándloa, vigilándola para que no pudiera salir de la casa o contactar con terceras personas», destaca.

Para el Supremo «esta participación en los hechos de todos y cada uno de los acusados, aparece corroborada por la testifical de los agentes de policía que con cierta asiduidad acudían a la vivienda de los acusados para interesarse por el posible paradero» de la víctima, «aseverando que todos y cada uno de los ahora recurrentes les negaron, falsamente como después se ha sabido, que estuviera allí o que conocieran su concreto paradero».

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, viajará este jueves a Argelia acompañado por los presidentes de Naturgy, Franscisco Reynés, y de Enagás, Antoni Llardén, con vistas a garantizar el suministro de gas a España ante la reciente ruptura de relaciones entre este país y Marruecos, según han confirmado fuentes diplomáticas.

Argelia es el principal país proveedor de gas natural para España, buena parte del cual era transportado hasta ahora vía Marruecos, a través del gasoducto Magreb-Europa.

Sin embargo, a raíz de la ruptura de relaciones entre los dos países vecinos anunciada por Argel el pasado 24 de agosto, el Gobierno argelino desveló que ahora el suministro se haría a través del gasoducto Medgaz que une al país norteafricano con España.

Tras ello, Albares aseguró en sede parlamentaria que el suministro de gas estaba garantizado, tras los contactos mantenidos tanto con las autoridades argelinas como marroquíes.

«El suministro de gas a España no está en peligro porque nuestros amigos marroquíes y argelinos quieren trabajar conjuntamente en este terreno», aseveró rotundo en el Congreso, insistiendo en que «nadie tiene que preocuparse» por este asunto en España, en pleno debate sobre el elevado precio de la luz.

Desde Exteriores aseguran que estas garantías se mantienen y que «no hay ningún problema» en el suministro, por lo que enmarcan el viaje en que dado el contexto actual se consideraba oportuno, principalmente por acompañar y arropar a las empresas españolas con intereses en Argelia y a las que les preocupa la situación, y también porque el ministro tenía interés en viajar a este país.

Albares tiene previsto reunirse con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, con el que ya mantuvo un encuentro la semana pasada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, así como otros contactos, mientras que a su vez los presidentes de Naturgy y Enagás también mantendrán contactos por separado.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud formulada por el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal de quedar en libertad provisional con medidas cautelares, al considerar que hay un «elevado» riesgo de que se fugue, dado que estuvo huido de la Justicia casi dos años hasta que finalmente fue detenido en Madrid el pasado 9 de septiembre.

Carvajal pidió que le permitieran salir de la cárcel madrileña de Estremera, donde permanece recluido desde su captura, después de que la Audiencia Nacional decidiese suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, hasta que se resuelva definitivamente su solicitud de asilo.

Lo magistrados de la Sección Tercera se han negado a dejarle libre con medidas cautelares por entender que «existe un elevado riesgo de fuga» y, en consecuencia, han estimado que su estancia entre rejas es «proporcional» y «necesaria» para asegurar el proceso de extradición y su eventual entrega a Estados Unidos.

A este respecto, han recordado que en el caso de ‘El Pollo’ «ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España».

«Lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión, una vez ya resuelta judicial y gubernativamente la extradición, y solo pendiente de materializar con la firmeza de la denegación de asilo», ha concluido la Sala de lo Penal.

Ha añadido además que, si bien la suspensión de su envío a Washington es «legítima», se trata de «una maniobra más de dilatar la extradición, que en manera alguna puede favorecer a un prófugo».

EXTRADICIÓN PARALIZADA

Tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde en 2020 a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición ha sido suspendida porque se creía que el asilo que solicitó en 2019 estaba sin respuesta.

El Ministerio de Interior aclaró que denegó el asilo a Carvajal en 2019, si bien la defensa ha recurrido este ‘no’ ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska insistiendo en que se le debe otorgar la protección internacional porque es víctima de una verdadera persecución política.

Asimismo, Carvajal está a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno de extraditarlo. ‘El Pollo’ pidió al TS unas medidas cautelarísimas que también le fueron rechazadas.

En las medidas cautelares reclamadas al TS cuando interpuso el recurso, advirtió de que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a «tortura» para «obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela». Y ello, continuaba, porque Washington cree «erróneamente» que formó parte del «entorno cercano» de Chávez y Nicolás Maduro.

En el proceso de extradición de Carvajal se ha cruzado un tercer asunto. El 20 de septiembre compareció voluntariamente ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, sobre unas diligencias previas por terrorismo internacional.

Según las fuentes consultadas, habló durante más de una hora de diversos asuntos, incluidas las supuestas conexiones entre ETA, la guerrilla colombiana de las FARC y el Gobierno bolivariano. Fue muy claro y aportó bastantes datos, aunque se comprometió a entregar documentación que respalde sus palabras y, probablemente, tendrá que volver a declarar. El juez decretó el secreto sobre este testimonio.

A todo esto se suma un reciente comunicado donde ‘El Pollo’ dijo que inicia un «proceso de colaboración» con la Justicia española y la Justicia internacional, unos «aportes» que –según sostuvo– «son imposibles estando encerrado injustamente y, más aún, en una cárcel americana».

EL CARTEL DE LOS SOLES

El proceso de extradición se reactivó después de que el 9 de septiembre fuera detenido por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, pasadas las 21.00 horas en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid, tras pasar casi dos años prófugos.

La Policía Nacional explicó que vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza». Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

El Gobierno municipal de PP y Cs en el Ayuntamiento de Madrid, junto con el apoyo del PSOE, ha aprobado este martes en el Pleno de Cibeles mostrar su apoyo a la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas, así como instar al Gobierno de la Nación a aprobar «cuanto antes» la inversión de 1.600 millones de euros.

Por su parte, Más Madrid, Grupo Mixto y Vox se han abstenido. Desde este último grupo, Pedro Fernández ha calificado de «poco riguroso» que en la ampliación se recogiera la expresión «aprobar cuanto antes», y ha recordado que se trata de «un proyecto muy complejo». «Vamos a presentar abstención, porque tampoco queremos dejar manos libres al Gobierno de España para invertir tal cantidad de dinero a su libre albedrío», ha expresado a continuación.

El proponente de la moción, Álvaro González (PP), ha destacado el «valor indiscutible en lo económico que tiene para la ciudad» esta ampliación, así como desde el punto de vista turístico y cultural al ser la capital «el puente entre España, Europa e Iberoamérica». Queremos pelear por los madrileños, por Madrid, y que esta inversión llegue aquí», ha manifestado.

Por parte del Grupo Mixto ha intervenido José Manuel Calvo, quien ha afeado al Gobierno municipal que «se haya apropiado de la bandera del progreso y la inversión», y ha criticado que «acusen a la izquierda de rechazar un proyecto que está promovido por el Gobierno de España».

Ha apuntado que «una ampliación no es buena o mala en sí misma, depende del proyecto que lleve detrás». Además, ha afeado que la propuesta presentada por el Gobierno municipal «no es nada» y le ha instado a «sentarse con el Ministerio de Transportes».

El edil socialista Álvaro Vidal ha recordado que fue en 2017 cuando se presentó el proyecto de ampliación del aeropuerto, y se ha aportado por una alternativa más viable. «Esta ampliación no precisará de una nueva declaración de impacto ambiental», y ha destacado que «es una apuesta por la economía sostenible.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha echado en cara a la izquierda que sus «obsesiones sectarias» han hecho que se opongan a «la llegada de turistas, aperturismo y vitalidad». «En Cs pedimos un plan de infraestructuras nacional. Que el Gobierno del Estado mire a Madrid y continúe con las inversiones necesarias», ha finalizado.

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia realizar actuaciones de recuperación medioambiental por un importe de 699.999 euros dirigidos a restaurar las zonas afectadas por el gran incendio forestal que este verano afectó a Sotalvo y Navalacruz (Ávila) y que afectó a más de 22.037 hectáreas de superficie.

Este fuego, que comenzó el 14 de agosto es uno de los peores incendios de la historia reciente en España. El perímetro del incendio afectó en un 30% al espacio natural protegido de las Sierras de la Paramera y Serrota, un enclave incluido dentro de la Red Natura 2000.

Desde la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se invertirán 700.000 euros a acometer tratamientos selvícolas para garantizar la pervivencia del bosque, los usos ambientales, paisajísticos y sociales de los terrenos forestales afectados.

La intervención comenzará de inmediato ante el riesgo de que las lluvias de otoño agraven los procesos de erosión de los suelos y la pérdida de valor ecológico de una zona incluida parcialmente en la Red Natura 2000.

Estas actuaciones urgentes pretenden garantizar la pervivencia del bosque, los usos ambientales, paisajísticos, sociales y de recreo de los terrenos forestales y facilitarán la restauración integral, por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, de los espacios dañados a más largo plazo. La ejecución de estas obras de emergencia ha sido encargada al medio propio TRAGSA, con un plazo de ejecución de seis meses.

Para paliar la situación de emergencia provocada por el incendio, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO ha puesto en marcha acciones como trituración de árboles en pie, construcción de cordones de vegetación en las laderas más expuestas, mejora de masas forestales, suministro de paja, plantación de frondosas para protección del suelo en zonas húmedas, obras de drenaje y retirada y sustitución de cerramientos ganaderos en las zonas próximas a carreteras y vía públicas para evitar el riesgo de accidentes de tráfico por colisión con el ganado.

La restauración de la cubierta arbórea conlleva un aumento de la biodiversidad, una mejor protección del suelo contra la erosión y por lo tanto una mejor regulación del ciclo hidrológico, el establecimiento de un sumidero de carbono, la mejora del entorno paisajístico y el impulso del uso social del monte; así como la producción de múltiples beneficios indirectos.

Las llamas del incendio dañaron principalmente zonas de brezales oromediterráneos endémicos, formaciones de Genista purgans en montaña, prados ibéricos silíceos y pastos pioneros en superficies rocosas. Cabe destacar la gran extensión de la superficie arbolada afectada, con un total de 2.738,73 hectáreas quemadas, fundamentalmente de pino silvestre (Pinus sylvestris).

El perímetro del incendio afectó a un 30 por ciento del espacio natural protegido de las Sierras de la Paramera y Serrota, un enclave incluido dentro de la Red Natura 2000.

El incendio comenzó a raíz de que se incendiara un vehículo en la cuneta de la carretera N-502 entre los municipios de Sotalbo y Navalacruz el pasado 14 de agosto. Dadas las adversas condiciones meteorológicas, con episodios de altas temperaturas y la existencia de fuertes vientos, el fuego se propagó con gran virulencia, y llegó a alcanzar una extensión de 22.037,85 hectáreas (ha) de varios términos municipales, convirtiéndose en el incendio de mayor superficie quemada de la historia de la provincia y de Castilla y León, y uno de los más grandes de la historia de España.

El incendio quedó extinguido el 26 de agosto. A partir de esta fecha, y una vez enfriado el conjunto de la superficie afectada, la comunidad autónoma de Castilla y León, como administración responsable inició la evaluación de los daños ocasionados por el incendio, así como los riesgos asociados a la no intervención, determinando las actuaciones a realizar para minimizar dichos riesgos y hacer viable una posterior restauración de la zona afectada.

El 24 de agosto el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentra incluido este incendio.

El presidente del Govern, Pere Aragonès, y la del Parlament, Laura Borràs, han recibido este martes al expresidente del Govern, Quim Torra, al cumplirse un año de su inhabilitación por delito de desobediencia al no retirar una pancarta a favor de los dirigentes independentistas entonces en prisión, pese a la orden de la Junta Electoral.

Borràs consideró conmemorar con esta recepción en el Despacho de Audiencias el aniversario de su inhabilitación, que se ha celebrado poco antes de que Aragonès abra el Debate de Política General, su primero como presidente del Govern.

Aragonès ha tachado de injusta la inhabilitación de Torra, que forma parte de la «causa general de determinados poderes del Estado español» contra el independentismo –que tiene como forma más dura la prisión y el exilio como el del expresidente Carles Puigdemont, en sus palabras–, situación ante la que defiende la amnistía y el derecho a la autodeterminación.

Ha avisado de que alcanzar estos objetivos requiere de generosidad, responsabilidad y unidad de los que se plantean la independencia como horizonte, algo que ha augurado que se abordará en el Debate de Política General: «Aunar fuerzas, unidad estratégica para sobreponernos a un Estado que mantiene la represión como vía de gestionar un conflicto».

Borràs ha agradecido la labor de Torra durante su Presidencia, tanto para «recuperar el autogobierno de Cataluña, que había sido arrebatada por el 155», como a la hora de afrontar la pandemia de Covid-19, haciendo escuchar la voz de Cataluña para exigir medidas y medios para combatir el coronavirus, según ella.

«Este Parlament le votó para que fuese el presidente de la restitución y, para vergüenza nuestra, fue el de la destitución», ha lamentado la presidenta, que ha calificado de arbitrariedad judicial la inhabilitación de Torra, y ha añadido que dejó la Presidencia de manera injusta y dolorosa.

QUIM TORRA

Torra, que ha agradecido a Borràs la invitación y a Aragonès su presencia, ha asegurado que no se arrepiente de nada y que volvería a hacer lo mismo, y ha asegurado que hay una causa contra el independentismo por una «actitud demofóbica y represiva del Estado», en la que ha enmarcado que se procese por pertenencia a organización terrorista a imputados de la ‘Operación Judas’, a los que ha expresado su solidaridad.

De cara al Debate de Política General, Torra ha pedido que se enfoque hacia la defensa de la vida y la lucha contra el cambio climático, y en que el independentismo «sea capaz de plantear a la ciudadanía un programa, un plan, un horizonte» para lograr la independencia, ante lo que ha descrito como una represión que no se detiene, como cree que evidencia la detención y puesta en libertad de Puigdemont.

Borràs ha recibido a Torra a las puertas del Parlament, donde ha llegado entre aplausos de diputados independentistas, y han caminado hacia la sala de audiencias de la Cámara, en la que le esperaban el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, mientras que Aragonès se ha incorporado después.

También han participado en el encuentro la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés; la secretaria segunda, Aurora Madaula, y el secretario tercero, Pau Juvillà, todos miembros independentistas de la Mesa, de la que también forman parte diputados del PSC-Units, que no han acudido a la recepción.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, ha explicado a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la situación administrativa de cada uno de los expedientes de cruces y de vertidos, los cuales se resolverán «en las próximas semanas», según informaron fuentes del organismo de cuenca en un comunicado.

Ambos han mantenido una reunión de trabajo en la que han estado acompañados por el comisario de Aguas de la CHS, Javier García, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón y técnicos municipales. En el encuentro han tratado temas de interés del municipio en relación con la Confederación Hidrográfica del Segura.

La alcaldesa ha mostrado interés por el estado de tramitación de los expedientes abiertos en materia urbanística en zonas de flujo preferente fuera y dentro de la zona de policía.

Asimismo, se ha interesado por la situación del estudio de caracterización de vertidos elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena en referencia al interceptor de pluviales del Llano de El Beal que evitará inundaciones en el centro urbano y en el colegio.

También se ha interesado por el estado de expedientes abiertos en materia urbanística en zona de flujo preferente, fuera y dentro de la zona de policía, así como de vertidos de pluviales y los de cruces de colectores por cauces. Igualmente ha mostrado interés en que la CHS realice la limpieza de determinados cauces en su término municipal.

En lo que respecta a la limpieza de cauces, Urrea ha informado que la CHS «viene actuando en aquellos puntos que los técnicos indican en cauces no urbanos ni periurbanos, debiendo en ellos actuar la corporación local».

La alcaldesa ha informado del estudio que está realizando la UPCT en relación a los flujos preferentes y que ha sido aportado por el Ayuntamiento en el período de información pública para que la CHS los tenga en cuenta en el futuro Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones.

La CHS ha explicado que se ha analizado el procedimiento que se está siguiendo para la concesión de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento en zona inundable, fuera de la zona de flujo preferente, y la documentación o estudios precisos para incluir en la futura revisión del plan General a los efectos del artículo 25,4 de la Ley de Aguas.

Y es que en la zona de flujo preferente «existen limitaciones estrictas a la mayoría de usos»; mientras que en la zona inundable «existen limitaciones a las actividades más sensibles y otras condiciones menos estrictas». Todo ello en función de su clasificación urbanística a fecha 29 de diciembre de 2016, según la CHS.

El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, ha pedido buscar un «punto de equilibrio» entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto, y ha propuesto que, en caso de que se realice un registro sea en positivo, es decir, que en él se apunten los médicos no objetores.

«Regularlo para intentar evitar conflictos, para buscar un punto de equilibrio entre el derecho a una prestación de la mujer y la objeción, la libertad ideológica o religiosa del médico, no me parece mal; pero, si lo que se pretende es limitar la objeción de conciencia, es claramente inconstitucional», ha afirmado Federico de Montalvo.

Para el presidente del Comité de Bioética, hacer un registro de los médicos objetores de conciencia «no tiene sentido» porque «si se quiere garantizar la práctica del aborto habrá que saber quién está dispuesto». «Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace», ha precisado De Montalvo.

Además, ha apuntado que no todos los médicos tienen una opinión clara al respecto sino que hay algunos que «tienen dudas». Por todo ello, ha propuesto que se haga «un registro en positivo», es decir, en el que se apunte a los médicos dispuestos a practicar el aborto.

Por otro lado, ha pedido que cuando se elaboren leyes que afectan a los profesionales sanitarios, en las que estos se van a convertir en «los protagonistas», se les consulte y escuche antes de aprobar la norma para llegar a una solución.

En cualquier caso, De Montalvo ha insistido en que hay que «buscar un punto de equilibrio» y «respetar» la objeción de los médicos que no quieran practicar un aborto porque es «una expresión de una de las principales libertades, la libertad ideológica y religiosa».

Voluntarios de la plataforma Derecho a Vivir vestidos con túnicas negras con capucha en representación de «la muerte» han colocado este martes a las puertas del Tribunal Constitucional muñecos de bebé ensangrentados para protestar contra su «silencio» ante el recurso presentado por el PP hace 11 años contra la Ley del aborto.

Los congregados ante el Alto Tribunal han procesionado con cubos de basura y han dejado a las puertas del TC decenas de muñecos ensangrentados con los que querían representar los abortos que se realizan en España que, según la asociación, ascienden a 1,1 millones desde 2010. Asimismo, los voluntarios han coreado lemas como ‘No más silencio’ o ‘Legal o ilegal, el aborto mata igual’.

«Los magistrados del Tribunal Constitucional deben retomar cuanto antes la deliberación del recurso interpuesto hace once años por el PP contra la ley del aborto. Hoy, los grupos proaborto nos quieren hacer creer que estamos ‘celebrando’ el Día de Acción Global por el acceso al Aborto legal y seguro. Sin embargo, lo único que sabemos es que según las cifras del pasado año, hoy y cada día que pasa, un total de 272 niños serán abortados en España», ha explicado la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia.

Según ha indicado Ribera de Gracia, la escena que han representado este martes ante el TC es «un pálido reflejo del horror que provoca esa ley» sobre la que los magistrados, según ha dicho, «en su cómodo letargo, evitan pronunciarse».

En este sentido, ha anunciado que Derecho a Vivir «no va a parar» hasta que el Constitucional dicte sentencia, tal y como lo han demandado casi 21.000 personas que, hasta el momento, han apoyado una campaña lanzada por la asociación.

Además, los servicios jurídicos de la asociación han presentado en el Tribunal Supremo una querella contra el actual presidente del TC, sus predecesores y contra el ponente del recurso, Andrés Ollero, «por un presunto delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso».

«Señores magistrados, vamos a ser su peor pesadilla. Si les ha parecido dramático que mostraremos bebés destrozados arrojados a las puertas de sus cómodos despachos les ruego que piensen por un momento en el más de un millón de niños a los que su silencio cómplice ha impedido vivir. Espero que no puedan dormir tranquilos mientras un solo niño sea abortado en España», ha concluido Ribera de Gracia.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha reclamado este martes a los diputados respeto y educación porque, según ha lamentado, «en demasiadas ocasiones» la libertad de expresión de la que gozan se está utilizando para insultar u ofender. «La dureza parlamentaria es compatible con la buena educación», ha dicho.

Así lo ha puesto de manifiesto al inicio del Pleno después del episodio vivido la semana pasada en la sesión plenaria, cuando un diputado de Vox llamó «bruja» a la portavoz de Igualdad del PSOE y luego rechazó desalojar el hemiciclo tras ser expulsado por la Presidencia del Congreso, que en ese momento ejercía el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

La tercera autoridad del Estado ha comenzado su intervención recordando que las decisiones de la Presidencia del Congreso en la dirección de los debates «deben ser acatadas», como así lo contempla el Reglamento de la Cámara Baja.

Batet ha señalado que, como presidenta, ha permitido la expresión de cualquier posición política por parte de «todos» los grupos parlamentarios, pero ha lamentado que «en demasiadas ocasiones» el uso de esa libertad de expresión haya acabado siendo utilizado «de manera inadecuada, proyectando insultos u ofensas a personas e instituciones».

«NO LO PODEMOS PERMITIR»

«Y eso –ha sentenciado–, no lo podemos permitir como representantes de la soberanía popular y de toda la sociedad española» porque «los insultos y las ofensas deben quedar fuera de esta Cámara» para el buen funcionamiento de la institución.

En este punto, ha llamado a sus señorías a hacer una reflexión sobre si lo que se proyecta hacia fuera y si lo que se está trasladando a las nuevas generaciones con este tipo de comportamientos es lo correcto.

«No dudo de que todos llegarán a la conclusión de que no estamos teniendo los debates en los términos adecuados en absoluto ni que proyectamos lo que queremos para la sociedad», esto es, una sociedad «capaz de escuchar y entender las posiciones del otro y cuyos ciudadanos se relacionen con quien piensa distinto».

«Debemos empezar a dar ejemplo», ha clamado la presidenta del Congreso, subrayando que si, como ella, los diputados hacen esa misma reflexión «muchos» cambiarán la manera de expresarse en la tribuna de oradores.

Batet ha destacado que una de las principales funciones de la Presidencia del Congreso es la defensa no sólo del decoro de la Cámara sino también de su dignidad para apuntar a sus señorías que no le queda más remedio que solicitarles «más respeto y más educación» a la hora de tomar la palabra.

DICE «NO SERÁ NEUTRAL» EN LA DEFENSA DEL PARLAMENTO

«Ojalá piensen, cada vez que toman la palabra, que quieren respetarse a ustedes mismos y a los demás», ha manifestado la presidenta, antes de recalcar que la «dureza» parlamentaria es compatible con «la buena educación» y que ésta no tiene por qué derivar en ofensa.

«Desde la máxima imparcialidad en el ejercicio de mis funciones les digo que no voy a ser neutral en la defensa de este Parlamento, en la defensa de las instituciones españoles y, en definitiva, en la defensa de la democracia porque creo que la sociedad española se lo merece y creo que es lo que debemos ofrecerles todos en su conjunto –ha concluido–. Para ello, cuento con su colaboración». Las palabras de Batet han cosechado el aplauso unánime de todo el hemiciclo

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha responsabilizado de los últimos episodios broncos vividos en el Pleno del Congreso al vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cuando le toca presidir la sesión, pues cree que con la presidenta titular, Meritxell Batet, u otros miembros de la Mesa, no ocurren esas cosas.

El último incidente tuvo como protagonista al diputado de Vox José María Sánchez García, juez en excedencia, que llamó «bruja» a la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, que estaba en la tribuna. Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, le conminó a retirarlo y, ante la negativa del diputado, le llamó al orden y acabó ordenando su expulsión. Al final, y tras una suspensión del pleno durante diez minutos, el parlamentario retiró sus palabras.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, este incidente provocó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llamara a su despacho al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, para dejarle claro que no se podía consentir que en el hemiciclo se cuestionase la labor de la presidencia, la ejerciese quien la ejerciese.

Pero la polémica ha seguido y, en la reunión de la Mesa del Congreso de este martes, los representantes de Unidas Podemos han pedido a la Presidencia más ‘dureza’ contra Vox e incluso aplicar sanciones «contundentes».

En rueda de prensa, Espinosa de los Monteros ha subrayado que, bajo la presidencia de Batet «no suele haber grandes polémicas», y en cambio, los casos más graves, se han producido «siempre con la misma persona» de presidente, en referencia a Gómez de Celis. «Qué casualidad. A ver si el problema va a ser ése –ha comentado–. Yo creo que sí».

A su juicio, el diputado socialista andaluz ejerce la Presidencia del Pleno «de manera sectaria y poco proporcional», y «siempre interrumpe al orador del mismo partido».

Y, en el episodio de «bruja», cree que Gómez de Celis aplicó «erróneamente» el Reglamento al tratar de expulsar al diputado de Vox, y de hecho no aplicó la misma medida minutos después al representante de Compromís, Joan Baldoví.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de los dos Conciertos para el trienio 2022-2024 que garantizaránla cobertura sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras afuncionarios que prestan su servicio en España y a los destinados en 123países.

Este acuerdo está integrado dentro de la planificación estratégica de la Secretaría de Estado de Función Pública, dirigida a modernizar y mejorar el servicio que presta la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), señala el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Se trata de un concierto a tres años con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria y poder afrontar situaciones como la provocada por la pandemia generada por la COVID-19 y la incorporación del nuevo colectivo derivado de las últimas ofertas de empleo público. El volumen total del colectivo cubierto asciende aproximadamente a 1,5 millones de mutualistas, mientras que la cuantía total de la contratación alcanza los 3.571 millones de euros.

El Gobierno resalta que «este concierto supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia el 10%».

«Con ello se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud –prosigue–. Se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia».

Desde Ministerio de Hacienda resalta que los nuevos conciertos apuestan decididamente por la calidad con la inclusión de un protocolo de asistencia COVID; la creación de un Comité Interdisciplinar de Expertos para la valoración de los tratamientos de protonterapia; o las plataformas de telemedicina para complementar la asistencia sanitaria, entre otras novedades.

Finalmente, desde la óptica de la sensibilización, destaca también laintroducción de nuevas prestaciones para funcionarias víctimas deviolencia de género, como sesiones de psicoterapia ilimitadas o laequiparación de las lesiones derivadas de actos de violencia de génerocon las derivadas de accidente en acto de servicio o enfermedad aconsecuencia del reciente Convenio firmado entre MUFACE y laDelegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El Rey Felipe VI ha ofrecido este martes el apoyo de España, y en particular de sus empresas, a la apuesta por diversificar su economía que ha emprendido Angola, un país que ofrece «grandes posibilidades» y que «será un honor» poder visitar tras la invitación trasladada por su presidente, Joao Lourenço, ha señalado.

Durante el brindis con motivo del almuerzo en honor del mandatario angoleño, de visita oficial en Madrid, Don Felipe ha subrayado que España es un país prioritario en la política exterior de Angola al igual que este país africano también es prioritario para el Gobierno, como ha quedado reflejado en el Tercer Plan África y en el Programa de Acción ‘Foco África 2023’.

España, ha recordado el Rey, «fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Angola» a raíz del encuentro mantenido en Madrid entre el entonces primer ministro angoleño, Lopo do Nascimento, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en 1976. Pero en realidad, «los vínculos hunden sus raíces en siglos pasados» como lo demuestra la fortaleza de San Miguel, construida para defender la bahía de Luanda en el siglo XVII.

En opinión de Don Felipe, la apuesta del presidente «por una mayor diversificación económica favorecerá el desarrollo de la economía. «Angola cuenta con la confianza de España y de la comunidad internacional en su determinación por impulsar el mayor bienestar de sus ciudadanos» gracias a dicha diversificación, ha subrayado.

Para ello, ha añadido el monarca, el país cuenta con «grandes posibilidades en muchos sectores económicos, no solo el petrolífero, sino también la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo o su gran riqueza mineral».

«España estará a vuestro lado para lograr esa diversificación, no solo desde el ámbito financiero sino también a través de nuestras empresas, muchas de las cuales trabajan desde hace años en Angola» y que «realizan un trabajo de calidad» que ya ha sido reconocido tanto por las autoridades como por sus socios angoleños.

Por último, ha agradecido la invitación que le ha trasladado Lourenço para visitar Angola, «cuando su calendario lo permita», según el mandatario. «Será un honor para la reina y para mí visitar su país y poder sentir la vitalidad y cordialidad de querido pueblo angoleño».

SOLIDARIDAD POR LA PALMA

Por su parte, Lourenço ha arrancado su brindis trasladando su «solidaridad por el momento difícil» que vive La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja y recordando que su visita se produce apenas cinco meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajara a Angola.

Con esta visita, ha explicado, lo que busca es «establecer una verdadera asociación estratégica con España», país que es una de las mayores economías de la UE y con el que ha contado «para movilizar la inversión europea en distintos sectores de la economía angoleña.

Lourenço ha sacado pecho de que la paz es «irreversible» en el país y también de su lucha contra la corrupción y la impunidad, con vistas entre otras cosas a ofrecer seguridad para la inversión privada, así como su apuesta por seguir fortaleciendo la democracia y promover el desarrollo de Angola.

El presidente angoleño también se ha referido a la pandemia, reivindicando la necesidad de «solidaridad» para superarla y haciendo en particular un alegato en favor del «acceso universal a las vacunas» para que pueda inmunizarse el mayor número de personas posible en todo el mundo.

En este sentido, ha felicitado a España por el «éxito» de su campaña de vacunación, que le sitúa a la «vanguardia» a nivel mundial y la convierte en un «ejemplo a seguir».

Al almuerzo han asistido Sánchez, así como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el presidente del Senado, Ander Gil, el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el del Supremo, Carlos Lesmes.

Entre los invitados, además de algunos empresarios con vínculos con Angola, también había dos misioneras, así como varios médicos y expertos en medicina y el karateca Damián Quintero, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los grupos de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) piden que se pueda garantizar el aborto en la sanidad pública mientras PP y Vox han señalado que no se puede obligar a los médicos a llevarlo a cabo si está en contra de su código deontológico.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha trasladado que el derecho de las mujeres a abortar es «necesario» y que se garanticen los estándares internacionales. Por eso, ha tachado de «inadmisible» que haya centros sanitarios públicos donde no se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo.

«Es un derecho individual de los sanitarios que quieren ejercerlo pero no puede soslayar ni colisionar con el derecho de las mujeres que tienen la necesidad de practicar la interrupción voluntaria del embarazo», ha defendido.

Por su parte, Más Madrid ha registrado una iniciativa para que se garantice que la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, así como un protocolo para casos en un centro donde los médicos del SERMAS hagan transferencia de pacientes al centro público más cercano. Según ha indicado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, «el SERMAS se tiene que hacer cargo de esas interrupciones voluntarias del embarazo y no se están garantizando».

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado también una iniciativa mediante la que pide recuperar y actualizar el Plan Integral de Abordaje de los Embarazos no Deseados y que se haga desde una perspectiva transversal con el resto de las Consejerías y contando con la participación de todos los actores implicados, incluyendo a las entidades feministas y a la ACAI.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha indicado que no se pueden hacer «listas negras» a aquellos profesionales que no quieran practicar el aborto, cuando ya «hay clínicas que funcionan para eso». «Si no se puede obligar a los médicos a practicar a eutanasia en el tema del aborto tampoco», ha sostenido.

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha trasladado su máximo respeto al aborto pero ha defendido que en la Comunidad de Madrid hay mecanismos para ello y ha lamentado que haya partidos que pongan el foco en la Comunidad de Madrid.

«Existen mecanismos para que se haga, pero lo que no va a hacer la Comunidad es obligar a un médico que lo haga cuando se hizo médico para salvar vidas y que su código deontológico le impide hacerlo», ha finalizado.

El diputado regional del Partido Popular, Víctor Martínez-Carrasco, ha criticado que, con la denominada Ley Celaá, el Gobierno de Pedro Sánchez «fomenta y, a la vez, tapa el fracaso escolar al permitir pasar de curso con suspensos».

Martínez-Carrasco ha contestado de esta forma al diputado regional socialista, Antonio José Espín, quien ha afirmado que la «desastrosa gestión» del Gobierno regional «ha provocado que el fracaso escolar sea la mayor lacra del sistema educativo de la Región».

En este sentido, Martínez-Carrasco ha apuntado que «en cambio, el Gobierno regional trabaja para reducirlo», y al respecto ha recordado que «la Región de Murcia lideró en 2020 el descenso de abandono y fracaso escolar a nivel nacional, un 18.7 %, y más de un 50% en los últimos diez años».

«Son datos que nos indican que estamos en el buen camino en esta área, la que indudablemente seguiremos potenciando, ya que es fundamental que los más jóvenes no abandonen el estudio a edades tempranas», ha afirmado el diputado ‘popular’, que al hilo ha explicado que «para lograrlo existen programas específicos como el PRE (Programa de Refuerzo Educativo), PROA+ (Programa de Refuerzo y Acompañamiento Escolar) y o la ampliación de la oferta en FP».

«En concreto, el Programa PRE consiste en la adquisición de hábitos de organización en el trabajo, a través de formas eficaces de trabajo, la integración a través de la integración de las familias en el proceso de aprendizaje y aumentar la tasa de promoción y titulación del alumnado», ha explicado Martínez-Carrasco, que ha añadido que «este programa está orientado al alumnado que presenta dificultades para alcanzar las competencias propias de su edad».

«Desde el Partido Popular y el Gobierno de Fernando López Miras abogamos por una enseñanza de calidad, en el que el esfuerzo tenga su recompensa, no un modelo desincentivador que premie la ausencia de trabajo, como es el de la nefasta Ley Celaá», ha concluido Víctor Martínez-Carrasco.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que establece que los policías que prestan servicio de paisano, en destinos en los que a pesar de pertenecer a un cuerpo uniformado están eximidos de su uso por exigencias reglamentarias, tienen derecho a una compensación económica por vestuario al igual que los policías destinados en servicios de protección dinámica a determinadas personalidades –escoltas–.

En su sentencia, que sienta jurisprudencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima los recursos de casación interpuestos por cuatro policías destinados en Brigadas Provinciales o Locales de Policía Judicial y en Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras que reclamaron la percepción de una indemnización por vestuario. Tras la negativa de la Dirección General de la Policía, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que tampoco les dio la razón.

El Supremo considera que la sentencia recurrida quebranta el principio de igualdad al no reconocer el derecho a este complemento a otros funcionarios exentos de la obligación del uso del uniforme por exigencias del servicio que desempeñan.

LAS NORMAS QUE REGULAN LA UNIFORMIDAD

Recuerda en su sentencia, ponencia de la magistrada Celsa Pico, que la Orden INT 430/2014 de 10 de marzo, que regula la uniformidad del Cuerpo Nacional de Policía, establece en su artículo 9 las excepciones y particularidades en el uso del uniforme. En concreto, exceptúa de su uso a los funcionarios dedicados a la investigación que presten servicios en áreas de Información, Policía Judicial y Extranjería, en Protección de Personas o en Unidades o Grupos de Seguridad Ciudadana.

También se refiere a la Orden INT/2122/2013 que regula la indemnización por razón de vestuario de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicio de protección dinámica a personalidades, que deban utilizar vestimenta de paisano, generalmente traje o americana y corbata, distinta de la que con habitualidad utilizan los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que no visten uniformidad.

Según recuerda la ponente, los policías en su recurso al alto tribunal indicaban que puesto que deben emplear ropa de paisano en la totalidad de su tiempo de trabajo, «necesariamente se ven obligados a incurrir en un gasto muy superior en tal concepto con respecto a quien solo tiene que utilizarla en su tiempo libre». «Alega que los recurrentes se ven obligados a utilizar, desgastar y, por ende, comprar, casi un tercio más de vestimenta de paisano que cualquier otrofuncionario uniformado del Cuerpo Nacional de Policía», indica.

La Sala concluye que si la exención del uso del uniforme comprende esos servicios enumerados, «no se evidencian razones, ni en las resoluciones administrativas objeto de impugnación ni en la argumentación de la Abogacía del Estado, para que mientras los funcionarios adscritos al servicio de Protección de Personas perciban una indemnización por vestuario, no la reciban los funcionarios integrantes de los otros servicios eximidos reglamentariamente, por razones de seguridad, del uso del uniforme en un Cuerpo que tiene como regla percibir vestuario para realizar su normal función».

«Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicios en destinos obligatorios del uniforme, eximidos del uso por exigencias reglamentarias tienen derecho a la compensación económica por razón de vestuario al igual que los policías destinados en servicios de vigilancia dinámica de personalidades», subraya la sentencia.

Y añade que todo lleva a considerar que «el criterio de la sentencia impugnada podría ser contrario al derecho fundamental a la igualdad» porque discrimina injustificadamente no ya entre funcionarios uniformados y de paisano «sino sobre todo entre dos grupos de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están obligados a prestar servicio de paisano, por el simple hecho de que la ropa de paisano que han de emplear unos sea de uso menos frecuente o de mayor precio que la vestimenta de paisano que han de emplear otros».

PERCEPCIÓN DE INDEMNIZACIÓN

Además, explica que la percepción de la indemnización de vestuario a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 950/2005 (anteriormente prevista en el artículo 5 del derogado Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo) «pretende compensar a todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que, por razón de servicio están obligados a utilizar una vestimenta de paisano acorde con la naturaleza de ese servicio y la entidad de las situaciones y circunstancias que rodean el servicio».

La Sala admite que no puede establecer la cuantía a percibir ya que, ante la ausencia de normas específicas, no puede fijar arbitrariamente una cantidad, ni tampoco realizar una declaración accediendo a la cifra indicada en la demanda, 45.714 euros para los ocho demandantes, cuando solo cuatro han recurrido ante el Tribunal Supremo, sin especificar la cuantía que correspondía a cada uno de ellos ni tampoco el periodo concernido.