El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantendrá este miércoles en el Palacio de San Telmo de Sevilla una reunión con el jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), para abordar la financiación autonómica, enmarcada en la ronda que tiene previsto mantener con varios presidentes autonómicos y que ya inició la pasada semana con el presidente de Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig.

Está previsto que el presidente andaluz reciba a López Miras a las 9,30 horas en el Palacio de San Telmo y que a las 10,00 horas posen ante los fotógrafos previamente al inicio de la reunión. Se prevé que ambos comparezcan ante los medios de comunicación en torno a las 12,00 horas, según han informado fuentes de la Junta.

Además de la citada reunión con Puig y de la que mantendrá con López Miras este miércoles, el presidente andaluz anunció la pasada semana que celebrará en próximas fechas reuniones también con los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que no ha descartado un encuentro también con el lehendakari, Íñigo Urkullu.

De su reunión con Ximo Puig salió una declaración institucional por la que ambos presidentes reclamaban que se abriera el debate sobre la reforma del actual sistema de financiación autonómica y, mientras tanto, se creara un fondo de compensación para paliar la «infrafinanciación» que tienen ambas comunidades, que representan el 30 por ciento de la población española.

Este martes, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que Moreno propondrá a López Miras que se sume a esa declaración, puesto que Andalucía, Comunidad Valencia y Región de Murcia son las tres comunidades más perjudicadas por el actual sistema de financiación.

Por su parte, Juanma Moreno ha defendido todos estos días que Andalucía, como la comunidad más poblada de España, tiene que ejercer un «liderazgo en aquellas reformas que sean necesarias», como la del actual modelo de financiación autonómica, y también «va a ejercer un liderazgo como dique de contención a las derivas independentistas seguidas» por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«No vamos a permitir que se rompa la igualdad en derechos y obligaciones entre los españoles y ahí vamos a ejercer nuestro liderazgo como región más poblada de España para que eso no ocurra», según ha sentenciado el presidente andaluz, quien ha expresado su desacuerdo con «negociaciones bilaterales y sin luz y taquígrafos ni que se quiebre el principio de igualdad entre los españoles que consagra la Constitución».

«Vamos a defender con uñas y dientes un trato equitativo para el conjunto de los ciudadanos de España vivan donde vivan», según ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha señalado que eso no se garantiza hoy a través del actual sistema de financiación autonómica porque dos comunidades tan importantes como Andalucía y Comunidad Valenciana reciben menos dinero por habitante que otras regiones.

Por su parte, Fernando López Miras (PP), que habló la pasada semana ante los medios de comunicación de su reunión con Moreno, ha considerado que «es posible un acuerdo» para reformar el sistema de financiación autonómica. A su juicio, «basta» con que las autonomías se reúnan y ha pedido una vez más que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, «convoque ya un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para sentar ya a todas las comunidades».

«El actual sistema de financiación es sangrante, es injusto, porque discrimina a unos españoles frente a otros, porque hay comunidades autónomas como la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana que estamos recibiendo hasta 700 euros menos cada año por cada habitante», según López Miras.

Se ha mostrado convencido de que se alcanzará un acuerdo que no sea «desigual» si todas las comunidades se sientan a la mesa y hablan entre ellas con la coordinación del Gobierno de España. «Lograremos un acuerdo que no nos trate de forma tan injusta a unos españoles frente a otros», ha aseverado. «Saben que las dos comunidades más perjudicadas somos la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, pero inmediatamente después está Andalucía, y a ellos también les preocupa esta inequidad del sistema», apuntó.

Vox ha anunciado la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional para que su líder, Santiago Abascal, pueda preguntar cada semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como tiene garantizado el líder del PP, Pablo Casado, en su calidad de grupo mayoritario de la oposición.

Fue el Gobierno socialista de Felipe González el que creó la figura del jefe de la oposición, en su momento Manuel Fraga, y desde 2008, después de que José Luis Rodríguez Zapatero acabara con las preguntas al presidente por parte del grupo que apoya al Gobierno, se estableció que el primer partido de la oposición siempre tiene derecho a una pregunta semanal con el jefe del Gobierno y que el resto se reparten las demás.

Para Vox, este modelo es bipartidista y, desde 2015, ya no tiene sentido en el Congreso. «Esta posición preeminente (del PP) resulta desproporcionada», ha comentado en rueda de prensa el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros

Por ello, su formación propuso esta legislatura que en cada sesión de control al Gobierno se garantice una pregunta semanal al presidente a todos los grupos parlamentarios de la oposición con más de 50 diputados, que es el listón que establece la legislación para poder presentar mociones de censura o interponer recursos de inconstitucionalidad.

Ello permitiría al líder de Vox, Santiago Abascal, preguntar a Sánchez todas las semanas, al mismo nivel que Casado, ya que son los dos únicos partidos de la oposición con más de 50 escaños en el Congreso.

Según ha explicado Espinosa de los Monteros, la Mesa del Congreso ignoró su propuesta y por ello han optado por presentar un recurso por la vía de lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para forzar a la Cámara a dar pasos hacia la proporcionalidad.

El Congreso de los Diputados ha ratificado este martes en la reunión de su Junta de Portavoces al acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios para elevar del 50 al 75% el aforo en el hemiciclo, pero el PP se ha quejado de que se mantenga la votación telemática.

Con el inicio del curso político, el PP defendió la conveniencia de levantar todas las restricciones teniendo en cuenta, eso sí, el criterio de los expertos en salud pública, mientras que Vox presentó una propuesta ante la Mesa de la Cámara para que el aforo máximo en el Salón de Plenos llegara al 75%.

Pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, emplazó a los grupos a cerrar un acuerdo en este sentido, como se ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Eso sí, antes encargó a los servicios de la Cámara un informe que la Junta de Portavoces analizó a principios de mes en el que se apuntaba que, de aplicarse el porcentaje del 75%, no se podría garantizar la distancia interpersonal de un metro y medio entre sus señorías.

Es por ello que sugerían que se mantuviera la restricción del 50% en el Salón de Plenos, pero planteaban que sí se permitiera a los 350 diputados ocupar sus escaños a la vez para votar, dado que las votaciones no suelen durar «más de 20 minutos», y ese es, precisamente, «el tiempo que se toma como referencia para valorar la eventual existencia de un ‘contacto estrecho'».

¿POR QUÉ EL SENADO SÍ Y EL CONGRESO NO?

Finalmente, los grupos han resuelto incrementar el aforo al 75% en los Plenos pero mantener vigente la posibilidad de votar telemáticamente para aquellas señorías que no acudan de forma presencial a apretar el botón de votaciones.

Una decisión que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado en rueda de prensa porque considera que el Congreso debe recuperar la presencialidad en el voto, como así lo ha acordado ya el Senado. «El Congreso debiera hacer lo mismo porque no estamos en situación de excepcionalidad», ha dicho.

Gamarra entiende que esta posibilidad de votar a distancia no se ha suspendido en la Cámara baja para permitir que los miembros del Gobierno que son a su vez diputados no tengan que acudir presencialmente a la Cámara a votar.

«No caben más excusas y justificaciones», ha aseverado la portavoz ‘popular’, que ya avisa de que todos los diputados de su partido acudirán a votar de forma presencial a partir de octubre porque «nadie puede impedirlo», ya que el Reglamento sólo tiene regulado el voto telemático para situaciones excepcionalidad, como enfermedad o baja por maternidad.

Gamarra ha recordado que su partido ha defendido desde el principio la necesidad de que «no se cierre» el Congreso y de recuperar la actividad parlamentaria «lo más rápido posible» para incidir en que el PP no va a ser «cómplice» de esa táctica del Gobierno de «ningunear» el Congreso.

VOX CUMPLIRÁ LOS ACUERDOS

Preguntado sobre si, al igual que el PP, los diputados de Vox también acudirán al completo a votar en los Plenos de octubre, Iván Espinosa de los Monteros, ha respondido que su partido ha cumplido con los acuerdos relativos al aforo en el hemiciclo y que cumplirá con lo que se consensúe en torno al voto telemático cuando la presencialidad sea completa.

En este punto, ha dicho estar de acuerdo con el PSOE en que, con independencia de que haya pandemia o no, se debería mantener el voto telemático para aquellas señorías que estén ausentes por causas justificadas, especialmente si se encuentran de viaje de trabajo fuera del país.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha defendido el ejercicio de «coherencia política» que supone impulsar la Ley de Vivienda llevada a la Cámara por los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la PAH.

Y es que esa iniciativa no es incompatible con la «contundencia» que defiende la regulación de los precios del alquiler en el texto normativo que negocian con el PSOE, su socio de Gobierno.

En concreto, el socio morado del Gobierno registrará este jueves en el Congreso, junto con aliados del Ejecutivo como ERC, Bildu, Más País o Compromís, una iniciativa que contempla la regulación del precio del alquiler.

Así, la iniciativa se registrará en el Congreso antes de que llegue la nueva Ley de Vivienda comprometida entre el PSOE y Unidas Podemos, para la cual los socios de Gobierno acumulan ya siete meses de retraso respecto a cuándo debía remitirse a las Cortes.

SON VEHÍCULO DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Castañón ha indicado que uno de sus objetivos en política es «ser vehículos de las demandas ciudadanas» y, una vez que estos colectivos les pidieron apoyo para presentar la proposición de ley que han elaborado con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, se ofrecieron como «puente» para hacer llegar su texto al Congreso.

«Es un ejercicio de absoluta coherencia política», ha trasladado a los medios de comunicación cuando se le ha cuestionado sobre si su apoyo a esta norma casa con la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda en el seno del Gobierno.

Castañón también ha dicho, preguntada sobre la vinculación de la regulación del alquiler y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que Unidas Podemos negocia de «manera incesante» sobre una cuestión «clave», en la que son «contundentes y transparentes».

También confía en que sean capaces de llegar a un consenso sobre la reforma fiscal en las cuentas públicas y poder fijar de un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el impuesto de Sociedades.

Para la diputada de la formación morada, sus socios de gobierno «van entendiendo» sus argumentos y ha recalcado que, como pasó como la subida del salario mínimo y las medidas para bajar el precio de la luz, también van cambiando de parecer sobre vivienda y fiscalidad.

Previamente, el PSOE ha manifestado que no ve «línea de choque» ni «ningún tipo de dificultad añadida» en que su socio de coalición junto con otros socios de Gobierno impulsen la ley de los sindicatos, pues cree que «puede complementar» la futura Ley de Vivienda en la que trabaja el Gobierno.

TAMBIÉN PIDE PRUDENCIA A ESCRIVÁ

Por su parte, el dirigente de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, también ha suscrito las palabras de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, al demandar al ministro Escrivá que sea «prudente» cuando realiza reflexiones sobre si en España debe haber un debate sobre la ampliación de la edad de jubilación.

En este sentido, ha recordado que «no es la primera vez» que el ministro de Inclusión y Seguridad Social hace este tipo de declaraciones, si bien «afortunadamente» él mismo se ha rectificado.

A su juicio, resultaría «incomprensible» que ante el nivel de «paro y precariedad» laboral que padece la población joven, se hable de extender la vida laboral a los 75 años. Por tanto, en tiempos de «bastante zozobra» para la población no deben lanzarse «mensajes ambiguos» que solo provocan «preocupación», cuando la principal misión de un gobierno progresista es ampliar derechos.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de plantear una agenda europeísta en Europa y decir otra cosa en España apoyándose en sus socios «comunistas, populistas y nacionalistas». «No se puede soplar y sorber al mismo tiempo», ha enfatizado.

Así se ha pronunciado Casado en la segunda jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Valladolid al presentar la conferencia del expresidente del Consejo Europeo y de Polonia, Donald Tusk, centrada en ‘Globalización y vínculo atlántico’.

Casado ha recordado que la UE se configuró como una respuesta a «tres enemigos de la libertad»: «el comunismo, el nacionalismo y el populismo». A su entender, ahora ese nacionalismo tiene «demasiado peso en la política nacional de España».

En este punto, ha advertido a Sánchez que «no se puede soplar y sorber al mismo», ya que, no se puede plantear en Europa una agenda europeísta para recibir fondos europeos y, al mismo tiempo, apoyarse en España «en un partido comunista, en uno populista y en formaciones nacionalistas que persiguen la disgregación del territorio nacional y, por tanto, la fractura del territorio europeo».

«No se puede decir fuera que vamos a hacer reformas e intensificar la convergencia con los valores europeos y en España, un día sí y otro también, decir que van a hacer todo lo contrario, incluso derogando lo que hizo el PP con su agenda reformista para seguir creciendo», ha proclamado.

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES ALEMANAS

Por otra parte, Casado ha afirmado que los resultados de las elecciones alemanas, donde el SPD ha sido el más votado, exigen «aún más responsabilidad al PP español» porque «si no consigue la CDU formar gobierno» el PP se quedará como «el primer partido en representación institucional de todo el centroderecha europeo».

«Por eso, tenemos que seguir defendiendo nuestros principios y nuestros valores, los que construyeron la UE. Nuestra familia construyó la Unión Europea», ha manifestado Casado, para añadir que ahora deben demostrar la «influencia y fortaleza exterior como unión en un momento complejo».

En este sentido, el presidente del PP ha señalado que la retirada de Afganistán vuelve a poner de relieve «la necesidad de una Europa influyente, también como árbitro de las libertades internacionales junto a Estados Unidos y los aliados de la Alianza Atlántica».

Finalmente, Casado ha expresado su apoyo a las víctimas del terrorismo en esta segunda jornada de la Convención, en la que se ha dialogado sobre terrorismo y violencia política. «Ellas necesitan que se siga llevando su voz por todos los rincones de España y de Europa», ha indicado.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el de la AMI, Jordi Gaseni, reivindicarán este viernes el 1-O en un acto que se celebrará en Illa (Francia), al que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no podrá acudir presencialmente y enviará un video.

Así lo ha explicado Paluzie en rueda de prensa, donde ha detallado las movilizaciones que han preparado para el 1, 2 y 3 de octubre con las que quieren reconocer el papel de los «Països Catalans, y en particular el de la Cataluña Nord» en la organización del referéndum del 1-O de 2017.

Según Paluzie, aunque estaba previsto que Puigdemont asistiera al acto de Illa, finalmente no podrá por cuestiones logísticas, dado que quiere preparar su declaración ante el Tribunal de Apelación de Sassari (Italia), prevista para el 4 de octubre, y porque las conexiones de Bélgica con el sur de Francia y con L’Alguer no son fáciles.

También ha especificado que desde la ANC han invitado a acudir «al Govern del 1-O» y a todos los partidos y entidades independentistas, y que en el acto en Illa, que empezará a las 17 horas, también intervendrá la alcaldesa de Banys d’Arles (Francia), actuará el cantante Pere Figueres y se conmemorará el papel que tuvo esta zona en el 1-O y con la compra, almacenaje y distribución de las urnas.

Tras el acto, está previsto que una columna de vehículos vaya hasta Figueres (Girona), donde se celebrará un concierto con Ginestà y Xavi Sarrià.

MARCHAS

El sábado 2 de octubre se harán tres marchas: la ‘marcha Norte’, que saldrá a las 8 horas de Sant Julià de Ramis (Girona), que pasará por Girona y Aiguaviva, donde se hará un acto político; la ‘marcha Centro’, que saldrá de Vinarós (Comunidad Valenciana) y pasará por Alcanar (Tarragona) hasta llegar a Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), donde también se hará un acto político, y la marcha de Ponent, que saldrá de Llitera, en Aragón, y pasará por Lleida y Alcarràs (Lleida).

También han preparado para el 2 de octubre, conjuntamente con otras entidades, «la Conferencia Nacional Antirepresiva».

Otra de las acciones que se han organizado, con la Intersindical, es una manifestación en Barcelona que, a partir de las 10.30 horas, saldrá de la plaza Francesc Macià hasta la plaza Cinc d’Oros, y terminará con la celebración de un acto político impulsado por la Plataforma 3 de octubre.

El Papa ha instado a los católicos a no reducir la fe al plano del «legalismo» o al «estatismo de una religiosidad individual» al tiempo que ha instado a alejarse de «las lógicas mortíferas del egoísmo» comprometiéndose en favor «de los más pobres».

«Nunca se debe neutralizar esta dimensión social de la fe cristiana. Como recordé también en la Evangelii Gaudium, el kerigma de la fe cristiana tiene en sí mismo un contenido social, que invita a construir una sociedad en la que triunfe la lógica de las Bienaventuranzas y un mundo solidario y fraterno», ha señalado el Pontífice.

Se expresa así en el prefacio del libro ‘Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco’ (Fraternidad signo de los tiempos. El magisterio social del Papa) escrito a dos manos por el Subsecretario de la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, y el teólogo italiano Christian Barone. El volumen escrito en italiano llegará a las librerías este jueves.

El Papa ha insistido en que el Reino de Dios nunca «debe identificarse o confundirse con alguna conquista terrenal y política» pero ha advertido de que tampoco «debe imaginarse como una realidad puramente interior, personal y espiritual, o como una promesa que sólo concierne al más allá».

Así, ha llamado a «contribuir a realizar la obra del Reino de Dios en el mundo, abriendo espacios de salvación y liberación, sembrando esperanza», de manera que sean contrarrestadas «las lógicas mortíferas del egoísmo con la fraternidad evangélica» y nazca un compromiso «con la ternura y la solidaridad a favor del prójimo, especialmente de los más pobres».

Para el Pontífice, la fraternidad será «más creíble» en el mundo si también en la Iglesia se empieza a vivir como si todos fueran hermanos, viviendo los «respectivos ministerios como un servicio al Evangelio y a la construcción del Reino de Dios y al cuidado de la Casa Común».

Francisco ha dejado claro que el «compromiso de construir una sociedad solidaria» que es parte fundamental de la doctrina Social de la Iglesia no «se trata de un simple aspecto social de la fe cristiana, sino de una realidad que tiene un fundamento teológico». «El anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales», ha incidido.

Por otro lado, ha dicho que es necesario «hacer más explícitos los conceptos clave del Concilio Vaticano II, los fundamentos de sus argumentos, su horizonte teológico y pastoral, los argumentos y el método que utilizó».

De este modo, ha hecho hincapié en que la fraternidad «es uno de los signos de los tiempos que el Vaticano II saca a la luz» y es también «lo que necesita» el mundo y el planeta. «Especialmente en una sociedad fuertemente marcada por los desequilibrios, las heridas y las injusticias, nos damos cuenta de que esto también está en el espíritu del Concilio, que nos invitó a leer y escuchar las señales que nos llegan de la historia de la humanidad», ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al Covid hasta el 28 de febrero de 2022 tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro que se trata del sexto Real Decreto-ley que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia .

Escrivá ha cifrado en unos 1.200 millones de euros el coste, en el ámbito de la Seguridad Social, de prorrogar los ERTE y las prestaciones para autónomos entre octubre de este año y febrero de 2022. Esta cantidad hay que sumarla a los 21.000 millones de euros que han costado las anteriores prórrogas, según ha precisado.

La norma aprobada hoy contempla la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que será obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. Por tanto, los nuevos ERTE, que tendrán como elemento central la formación, se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022.

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde julio de 2021.

Para el caso particular de los ERTE por razones económicas, técnicas organizativas o de producción, los llamados ETOP, deberán aportar el informe de los representantes de los trabajadores, según ha detallado Trabajo, que ha indicado que se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa, de forma que bastará sólo con comunicárselo a la autoridad laboral y a los sindicatos.

Los porcentajes de exoneración a aplicar en el mes de octubre en los ERTE de impedimento y de actividad serán los mismos que en septiembre.

Del 1 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 entrará en vigor un nuevo esquema de ERTE en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo.

Junto a estos ERTE formativos se mantendrá la modalidad de ERTE de impedimento, vinculada a la limitación de actividad ante posibles restricciones. Las empresas en un ERTE de impedimento pasarán a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero.

EXONERACIÓN DEL 80% SI LAS EMPRESAS DAN FORMACIÓN

En el caso de los nuevos ERTE en vigor desde noviembre, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración en sus pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en ERTE y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.

En el caso de optar por acciones formativas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de formación por persona si tienen entre 10 y 49 trabajadores y 40 horas si cuentan con plantillas superiores y la formación deberá impartirse durante la jornada suspendida.

Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en ley del sistema de formación profesional para el empleo.

Concretamente, según ha detallado Seguridad Social, las empresas que formen a personas afectadas por este tipo de ERTE tendrán derecho a un aumento del crédito para formación de 160 euros por persona en el caso de empresas de menos de diez trabajadores; de 240 euros por persona para empresas de 10 a 49 trabajadores, y de 320 euros por persona para empresas de 50 o más empleados.

Pese a que los ERTE se extienden hasta el 28 de noviembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha precisado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las empresas que hoy se sujeten a este Real Decreto-ley de prórroga tendrán que acogerse al nuevo mecanismo estructural de flexibilidad interna que se está negociando en el marco de la reforma laboral una vez que éste entre en vigor, lo que previsiblemente sucederá antes del 28 de febrero.

Dicho mecanismo estructural, que reemplazará a los ERTE Covid, incorporará la formación como condición, según ha señalado Díaz, que ha precisado que aún se está trabajando en su definición y en cómo se financiará.

Escrivá, por su lado, ha adelantado que en el mecanismo estructural existirán lo que ha llamado ERTE estructurales y ERTE cíclicos, para situaciones «más sistémicas».

«Esa doble modalidad va a existir. Vamos a trabajar en incentivos a las empresas que transiten de un ERTE a una empresa que no lo está y que esté dispuesta a contratar a un trabajador porque el objetivo es evitar al máximo que los que trabajadores tengan que salir del mercado laboral», ha explicado Escrivá.

EXTENSIÓN DEL CONTADOR A CERO

La norma extiende el llamado ‘contador a cero’ hasta el 31 de diciembre de 2022, de forma que el tiempo consumido de desempleo por el trabajador que esté en ERTE desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023. «Nunca ha existido en la historia un mecanismo de protección frente al desempleo tan fuerte como el que estamos desplegando», ha destacado la vicepresidenta segunda.

También se establece en la norma una prestación extraordinaria por desempleo para las personas con contratos fijos-discontinuos, dirigida especialmente al sector turístico y concentrado singularmente en Baleares; se garantiza el ‘contador a cero’ para este colectivo, que antes no estaba garantizado, y se mantiene en el 70% de la base reguladora el importe de la prestación a recibir por los trabajadores en ERTE durante toda la vigencia de la prórroga.

Asimismo, se mantienen las condiciones de acceso a la prestación, aunque no se tenga el tiempo cotizado requerido, así como el compromiso de mantenimiento del empleo durante un periodo adicional de seis meses; la prohibición de despedir; la interrupción del computo en contratos temporales; la prohibición de horas extras, de operar en paraísos fiscales y de realizar nuevos contratos, y la imposibilidad de externalizar actividad mientras se disfrutan de los beneficios de los ERTE.

Según ha destacado Díaz, el decreto también contempla la prórroga del plan MECUIDA y de la prestación extraordinaria para los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022.

ERTE ESPECÍFICO PARA CANARIAS

El Gobierno también ha trasladado a este decreto el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para poner en marcha unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma y en el conjunto de Canarias.

Estos ERTE, ha dicho Díaz, también se sujetan al plazo máximo del 28 de febrero, pero dejando la puerta abierta a prorrogar estas medidas más allá de esa fecha.

Según lo acordado, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

Al mismo tiempo, se ha aprobado un prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha evitado este martes responder a las críticas recibidas desde la convención que está celebrando el Partido Popular y ha ironizado sobre los «problemas de liderazgo» o desacuerdos que puedan tener los ‘populares’.

«No quiero insistir en polémicas con ellos. Están en un intento de revivir un poco un partido que está en un momento delicado», ha dicho Espinosa de los Monteros en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

El dirigente de Vox ha respondido así a las afirmaciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, en contra de los populismos. Pero además, le ha recomendado revisar vídeos del fundador del PP y expresidente gallego Manuel Fraga definiendo a su formación como un partido «populista».

«Si no quiere que nos pongamos de acuerdo con populistas igual no quiere que apoyemos a (Isabel Díaz) Ayuso en la Comunidad de Madrid, al alcalde de Madrid o a la Junta de Andalucía», ha sugerido Espinosa de los Monteros. En cualquier caso, ha sugerido a los ‘populares’ «que miren bien» por qué se llaman Partido Popular y además que aclaren «quién manda» en el partido.

El eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ya despreció este lunes la Convención del PP diciendo que se trata de un partido que «ya no ilusiona a nadie», ni siquiera a sus afiliados, y se preguntó quién iba a seguirla.

Además, advirtió de que el PP no es un partido «fiable» porque no cumple con los compromisos firmados con Vox para obtener su apoyo en lugares como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia. Y puso el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la reciente aprobación del denominado ‘Distrito Centro’ para limitar la circulación de vehículos por el centro de la capital.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, considera que no es el momento de abrir el debate lanzado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de descentralización de instituciones, que a su juicio supondría «confrontar y enfrentar a territorios».

«Es el momento de unirnos para poder salir lo antes posible de esta crisis sanitaria del Covid y la crisis económica en la que tenemos que estar todos juntos y no dividir. Sánchez está usando la división y polarización como arma política y por eso se lleva tan bien con los independentistas, los filoterroristas y los herederos de ETA, precisamente con aquellos que no quieren España; y se lleva muy mal con aquellos que queremos a España», ha indicado.

Para el consejero de Presidencia, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «traslada la obsesión que tiene con Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno regional a los madrileños y los madrileños lo han trasladado a él lo que piensan el 4 de mayo».

«Sánchez se implicó en esa campaña electoral y tuvo que salir por pies porque vio rápidamente que los madrileños no le quieren, como gran parte de los españoles», ha añadido este mediodía tras participar en la entrega de los premios a la Excelencia de la Economía Social Madrileña que otorga la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid.

El consejero ha insistido en que el presidente del Gobierno de España «tiene manía a Madrid» y que esto es previo a sus declaraciones sobre la descentralización de instituciones y su posible traslado a otros puntos de España para combatir la despoblación.

Enrique López ha apostillado además que Sánchez «no haya puesto el ejemplo más feliz» aludiendo a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «La Ley orgánica del Poder Judicial es la que determina dónde radica este órgano y dice que estará en la Villa de Madrid y para cambiar su sede hay que cambiar la ley; estas leyes de que tanto huye Sánchez», ha explicado.

El expresidente del Consejo Europeo y de Polonia, Donald Tusk, ha alertado este martes contra los populismos en Europa y ha animado al líder del PP, Pablo Casado, a ganar las próximas elecciones generales «por el bien» de España y de Europa. «Tú puedes hacerlo», le ha espetado.

Tusk ha participado en la segunda jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Valladolid bajo el título general ‘Nación y sociedad abierta’, donde ha pronunciado un discurso en castellano que, según ha dicho, espera que «no sea el último».

El expresidente de Polonia ha hecho hincapié en lo «inestable» que es hoy el panorama político europeo y ha subrayado que «la presión de las fuerzas radicales de izquierda y derecha es omnipresente». Es más, ha señalado que China se está convirtiendo en «un competidor cada vez más serio de los Estados Unidos y aspira al papel de líder global», al tiempo que no faltan los que quieren «debilitar las relaciones transatlánticas».

EL POPULISMO DE IZQUIERDAS Y DE DERECHAS

Tras asegurar que hay que restaurar la confianza de los ciudadanos en la política entendida como el arte de resolver los problemas, ha alertado contra el populismo de izquierdas y de derechas, que no apuesta por construir ni por el consenso sino por «el caos» y «el conflicto». «No hay mucha diferencia entre la derecha radical en Polonia y la izquierda radical en España», ha manifestado, para añadir que «actúan de formar similar y recurren a métodos semejantes».

Tusk ha recordado que antes de abandonar su cargo al frente del Consejo Europeo habló «largo y tendido» con el Papa Francisco sobre los peligros del renovado auge del nacionalismo y del populismo. A su entender, los gobiernos populistas «son casi sin excepción corruptos hasta la médula». «Se parece a las cleptocracias del Este, en las que el Estado es quien está detrás de la corrupción», ha manifestado.

Además, el expresidente de Polonia ha señalado que el «espíritu de la época favorece» a los populismos y ha añadido que para un ciudadano de a pie «resulta cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira».

«VOX Y LA IZQUIERDA RADICAL»

A renglón seguido, ha asegurado que en esta época de cambios radicales, con la revolución tecnológica o la pandemia, se necesitan formaciones estableces como el PP de España y líderes como Pablo Casado.

«Habéis conseguido en estos tiempos tan difíciles para todos devolver la esperanza a los españoles de que su futuro no dependerá del resultado del enfrentamiento entre Vox y la izquierda radical y que pueden contar contigo y tu partido, con eficacia, serenidad y decencia», ha manifestado.

Tusl ha señalado que Casado es «la esperanza de la política europea» porque «no acepta las profecías del declive de occidente ni el triunfo de los extremistas». «Es la muestra de lo que significa un buen liderazgo en tiempo difíciles», ha enfatizado, para añadir que Ortega y Gasset era «demasiado pesimista».

El expresidente del Consejo Europeo ha señalado que el centro derecha europeo necesita líderes «audaces, pragmáticos, jóvenes, fuertes y con la mirada puesta en el futuro», como el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el canciller austríaco, Sebastian Kurtz, o Pablo Casado.

PALABRAS DE ELOGIO TAMBIÉN DE TAJANI

Dicho esto, Donadl Tusk ha concluido con una petición a Casado, ya en inglés: «Pablo, please, win the elections: for the good of our party for the good of Spain, for the good of Europe. I know you. You can do it».

También el expresidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha tenido palabras de elogio para Pablo Casado durante su charla con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Serás uno de los líderes europeos de los próximos años, porque hace falta una política europea y sin líderes no ganamos».

En su intervención Casado ha elogiado la trayectoria política de Tusk, que desde joven «se jugó su vida para defender las libertades» y dio un «ejemplo de lo que Polonia reclamaba a gritos al mundo» con la caída del telón de acero que había «sumido en la miseria a media Europa y medio mundo».

«Frente al comunismo, defendió la democracia, la libre empresa y la libertad de prensa», ha destacado, para añadir que después como líder del Partido Popular Polaco, la Plataforma Cívica, ha venido defendiendo la moderación y los principios liberales y demócratas cristianos frente a los «populismos radicales» que es lo que ahora le han hecho volver a la política nacional de su país.

El Consejo Rector del IVAM, presidido por el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha aprobado la adquisición de obras de arte por un valor de 1.053.741 euros, para ampliar su colección con trabajos de 22 artistas «incorporando la perspectiva de género y apostando por lo local».

Con estas piezas, el museo valenciano enriquece su colección con pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías y dibujos realizados, en su mayoría, por mujeres y artistas locales, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de un total de 40 obras de 22 artistas (16 mujeres, dos personas de género no binario y cuatro hombres), que ha contado con el dictamen favorable previo del consejo asesor.

El listado incluye trabajos de Ana Penyas (València, 1987), Gabriela Kraviez (Buenos Aires, 1965), Berta Cáccamo (Vigo, 1963- 2018), Amparo Tormo (València, 1965), Ludovica Carbotta (Turín, 1982), Lola Lasurt (Barcelona, 1983), Azucena Vieites (Hernani, 1967), Paz Errázuriz (Santiago de Chile, 1944), June Crespo (Pamplona, 1982), Eulàlia Grau (Tarrasa, 1946), Miguel Benlloch (Loja, 1954 – Sevilla, 2018) y Rosana Antolí (Alcoi, 1981), entre otros.

La directora del IVAM, Nuria Enguita, ha destacado que «las obras responden a una serie de líneas que acompañan los ejes del museo para los próximos años, entre ellas: abordar las exclusiones, que no son solo de género, sino también de raza y clase; apostar por el contexto local, y establecer diálogos con otros contextos que nos afectan».

«Nuestra estrategia es pensar la colección desde esa perspectiva para ir retejiendo relatos y prácticas diversas. En esa línea se enmarca la adquisición de estas 40 obras», ha explicado.

ARTISTAS

El museo refuerza así la presencia de mujeres artistas en su colección, algunas pertenecientes a una nueva generación como June Crespo o Ludovica Carbotta; representantes de la pintura de los años noventa, como Berta Cáccamoy; otras personas autoproclamadas de género no binario como la sudafricana Zanele Muholi, reconocida internacionalmente por sus imágenes dedicadas a narrar las historias vitales de lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer e intersexuales negros de su país, o Miguel Benlloch, artista, activista y poeta de origen valenciano.

De Muholi el IVAM añade a su colección cinco fotografías pertenecientes a una de sus series más impactantes, ‘Somnyama Ngonyama’. Se trata de autorretratos en los que Muholi aborda cuestiones de raza y representación utilizando materiales cotidianos como estropajos y guantes de látex, que convierte en disfraces con una elevada carga política.

La valenciana Ana Penyas, Premio Nacional de Cómic 2018, es otra de las mujeres que entra a formar parte de la colección del IVAM con ‘Todo bajo el sol (2020)’, un conjunto de 148 dibujos en los que retrata el impacto del turismo y la especulación urbanística a partir de los años sesenta. El IVAM, además, suma a su colección obras de artistas de la Comunitat Valenciana como Amparo Tormo, Jorge Peris, Xisco Mensua, Manuel Boix o Rosana Antolí.

El museo también adquiere una pintura de Sarah Grilo (Buenos Aires, 1919-2007), una creadora que, motivada por el arte callejero y la energía del graffiti, desarrolló un lenguaje propio dentro del expresionismo abstracto, fusionando métodos como el goteo o las superficies coloridas de la pintura de acción, con símbolos, escrituras y garabatos.

Estas compras suponen la oportunidad de añadir a la colección proyectos específicos encargados por el propio museo, obras e instalaciones de Asunción Molinos Gordo, Lola Lasurt i Jorge Peris, que se han expuesto recientemente en el IVAM.

El IVAM ha destacado la compra de obras de autores imprescindibles como Isidoro Valcárcel Medina, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007, Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2014 y Premio Velázquez de 2015, y Àngels Ribé, una de las artistas más significativas de las prácticas conceptuales en Cataluña y Premio Nacional de Artes Plásticas en 2019.

Estas piezas refuerzan una de las líneas actuales de trabajo del museo que se centra en la reflexión conceptual y crítica sobre la sociedad, el desarrollo de los medios de masas y las relaciones de lo público y lo privado en el espacio de la ciudad.

La exdoctora Noelia de Mingo ha iniciado una huelga de hambre en el psiquiátrico penitenciario de la cárcel de Fontcalent, en Alicante, donde reingresó el pasado miércoles tras la agresión múltiple que realizó en el municipio madrileño de El Molar, han confirmado fuentes sindicales. A Instituciones Penitenciarias no le consta dicha huelga de hambre, dado que se tendría que comunicar a la dirección del centro penitenciario.

Hace una semana, la exmédica sufría un nuevo episodio violento como consecuencia de la esquizofrenia paranoide que padece tras agredir con un cuchillo a dos mujeres en la localidad donde residía junto a su madre, de 80 años. Se encontraba en libertad provisional de su condena por el asesinato en 2003 de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz y bajo custodia familiar.

Tras su detención, la jueza de Instrucción número 2 de Alcobendas ordenaba su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa y atentado a agente de la autoridad. La magistrada ordenó que fuera derivada a la unidad psiquiátrica de la cárcel de Estremera, siendo trasladada al penitenciario de Fontcalent.

La exdoctora fue condenada en 2006 a veinticinco años de reclusión en centro psiquiátrico como responsable de la muerte de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz tres años antes.

En octubre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid, a solicitud del juzgado de vigilancia penitenciaria de Alicante y con el informe favorable del Ministerio fiscal, sustituyó el internamiento en centro psiquiátrico por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar.

Lo hizo a la luz de los diferentes informes clínico-forenses, coincidentes todos ellos en la situación de estabilidad de la enferma, en la realidad de que no había vuelto a presentar episodio alguno de descompensación, y ante el hecho de que era plenamente consciente de su enfermedad, de los síntomas que podían descompensarle el curso de su dolencia y la conciencia del daño que había causado.

No obstante, la Audiencia condicionó el tratamiento ambulatorio a que la afectada se sometiera hasta el fin de la reclusión al control, al principio quincenal, de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, a la supervisión de los médicos forenses de la propia Audiencia Provincial y al compromiso adquirido por la familia de dar cuenta al tribunal y al especialista clínico de la aparición de síntomas de descompensación en la enferma.

Transcurridos cuatro años desde entonces, el último informe facilitado por los médicos del Hospital Infanta Sofía tiene fecha del pasado día 3 de septiembre. Los médicos que atendieron a Noelia de Mingo concluyeron que a esa fecha la paciente «no presenta descompensación psicótica» y señalan que ha acudido puntual a la administración de la medicación, el antipsicótico que los médicos le han recetado y que se le pone cada cuatro semanas.

En idénticos términos se había pronunciado días antes el Instituto de Medicina Legal de Madrid. Con fecha de 2 de julio de 2021, el Servicio de Especialidades Psiquiatría Forense aclaraba en su informe que Noelia de Mingo «padece una enfermedad grave de curso crónico de la que en la actualidad no presenta sintomatología psicótica activa».

En la misma línea el informe recoge que la paciente había presentado justificante de la inyección mensual de antipsicóticos con que la tratan los psiquiatras del Hospital Infanta Sofía y la emplazan para una nueva valoración en un periodo de tres meses.

La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) ha criticado este martes la proposición de ley planteada por el PP para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, a su juicio, «sustituir el control de los partidos políticos por el control de las asociaciones judiciales es justo lo contrario a una solución».

FJI se ha expresado así después de que el PSOE, Podemos y sus socios tumbasen este lunes en el Congreso de los Diputados la reforma planteada por los ‘populares’, que si contó con el apoyo de Vox. La asociación considera que el sistema propuesto por el PP «favorece claramente a las asociaciones judiciales sobre los jueces no asociados, que son casi la mitad de la carrera».

«Y dentro de las asociaciones, el sistema propuesto favorece a las asociaciones mayoritarias. Si esta reforma saliese adelante, es fácil anticipar que todos los vocales pertenecerían a éstas. Es necesario un sistema que garantice la pluralidad proporcional en su composición», han destacado.

En esta línea, FJI cree que la «reforma propuesta por el PP se olvida de algo esencial», y es que «el problema del CGPJ no es únicamente la elección parlamentaria de todos los vocales, sino, también y de forma muy significativa, los nombramientos discrecionales que hace el propio CGPJ».

«La evaluación de los méritos de los candidatos a tales nombramientos debe ser objetiva, sí, pero además debería ser individualizada; y respecto de todos los candidatos, no solo del candidato seleccionado, como se hace en la actualidad. Nada se dice de esto. Además, los propios méritos deberían ser objetivos, y esto se obvia», han lamentado.

UNA REFORMA «TIBIA» QUE NO ABORDA LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

En esta línea, la asociación cree que «la propuesta sigue dejando que sea el propio CGPJ quien fije los méritos para cada convocatoria, lo que no cumple con las exigencias europeas». Así, recuerda, «Europa reclama que los méritos sean objetivos y que estén fijados por ley». «Es decir, hay que otorgar este poder al Parlamento, sacarlo del CGPJ. Y seguir considerando entre esos méritos el tiempo que el juez ha estado en política, no es razonable», añaden.

Por último, desde FJI señalan que «no se elimina la figura del magistrado autonómico, que permanece intacta». Tampoco «se tocan las puertas giratorias», que califican como «la zanahoria con la que la clase política tienta a los jueces».

En definitiva, la asociación de jueces considera la propuesta del partido liderado por Pablo Casado como una «reforma tibia que no toca los aspectos claves de la politización de la Justicia y que, por tanto, no va a acabar con ésta». «De hecho, si se consumase tal cual, acabaría definitivamente con el prestigio del poder judicial», apuntan.

Con todo, FJI deja claro que seguirán «debatiendo con todas las fuerzas políticas, incluido el PP, la mejor forma de proceder a estas esenciales e ineludibles reformas».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), mediante el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha puesto en marcha la segunda fase del programa 2021 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas por el que repartirá 40.194.446 kilos/litros de alimentos.

Según ha informado el MAPA en un comunicado, el volumen de alimentos recogidos en la segunda fase supone el 60% del total del programa y se desarrollará del 13 de septiembre al 1 de octubre.

El programa está cofinanciado un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y un 15% por el Estado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del FEGA, se encarga de comprar los alimentos mediante un procedimiento de licitación pública. Además, participan en la gestión los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de Trabajo y Economía Social.

El programa 2021 consta de dos fases de suministro y supone ladistribución en el conjunto del año de 63,8 millones de kilos/litros de alimentos.

Los productos se entregan en todas las provincias de España y se reparten a través de los bancos de alimentos, así como de los centros provinciales de Cruz Roja, quienes a su vez distribuyen entre unas 5.600 organizaciones asociadas de reparto, beneficiando a aproximadamente 1,5 millones de personas.

Los alimentos distribuidos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. En este sentido, el MAPA ha destacado que en esta segunda fase se repartirán de forma gratuita alimentos de calidad y de primera necesidad como arroz blanco, garbanzos cocidos, atún en conserva, pasta alimenticia, tomate frito, galletas, macedonia de verduras, cacao soluble, tarritos infantiles de fruta yde pollo, leche entera UHT y aceite de oliva.

La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar con 9.600 euros en concepto de «daño moral» a un exempleado de un banco que impugnó la legalidad de un despido colectivo al considerar que en los tribunales españoles se vulneró su derecho a un proceso equitativo, contemplado en la Convención Europea de Derechos Humanos. El Estado deberá abonar la suma en un plazo de tres meses.

En una resolución emitida este martes, los magistrados han concluido que «la forma más adecuada» de alivio sería –siempre que así lo solicite el demandante– la revisión del procedimiento de conformidad a lo establecido en el acuerdo europeo.

El tribunal ha estimado oportuno «otorgar al demandante la suma de 9.600 euros por daño moral, más toda cantidad que pueda adeudar como impuesto sobre esta suma». El demandante reclamaba una indemnización de 30.000 euros.

El caso, denominado Domenech Figueroa contra España, se refiere a un proceso civil iniciado para impugnar la legalidad del despido colectivo implementado por su empleador. El demandante alegó que los tribunales españoles habían un error que posteriormente dio lugar a la inadmisibilidad del recurso casación que interpuso ante el Tribunal Supremo, por lo que considera que le fue privado su derecho de acceso al tribunal de máxima instancia.

ERROR DE UN JUZGADO DE MÁLAGA

Según se relata en la sentencia, el solicitante trabajaba en un establecimiento bancario y ante el anuncio del cierre de todas las sucursales decidió unirse voluntariamente al despido colectivo pactado con la empresa. Sin embargo, finalmente se acordó que no cerraría ninguna sucursal y el demandante inició un procedimiento civil ordinario para solicitar la nulidad de su afiliación al plan de despido colectivo y, subsidiariamente, la indemnización del daño sufrido.

El 23 de septiembre de 2015 el Juzgado de lo Social Número 13 de Málaga desestimó la petición del demandante y declaró erróneamente que el solicitante había retirado su solicitud de nulidad y que había mantenido la reclamación de indemnización hecha en forma alternativa. En enero de 2016, el Juzgado corrigió el error.

NEGATIVA DEL TSJ ANDALUZ

El demandante interpuso recurso con la intención de que se declarara nula su participación en el despido colectivo para luego ser reincorporado en su cargo. En enero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía desestimó la apelación y cometió el mismo error que el Juzgado de lo Social. Rechazó la solicitud de rectificación del demandante y aseguró que el error no era imputable al tribunal.

Posteriormente, el demandante alegó que la resolución del TSJ andaluz entraba en contradicción con sentencias dictadas por TSJ de otras comunidades autónomas. El recurso de casación fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo. Ante tal respuesta, acudió al Tribunal Constitucional, pero en mayo de 2018 este declaró inadmisible el recurso de amparo por considerar que no tenía relevancia constitucional especial.

ÚLTIMA INSTANCIA

En última instancia, llevó el caso al TEDH. Allí el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, alegó que TSJ de Andalucía concluyó que el demandante había elegido un «procedimiento judicial inadecuado para formular su solicitud de nulidad».

El tribunal de Estrasburgo ha reiterado que no le corresponde pronunciarse sobre los errores de derecho presuntamente cometidos por el TSJ andaluz, «salvo error manifiesto de apreciación de vulneración de los derechos y libertades amparados por la Convención» Europea de Derechos Humanos.

En este caso, el TEDH considera que «el error cometido por el tribunal interno tuvo el efecto de privar al solicitante del acceso al Tribunal Supremo».

Un acusado de un delito de odio y amenazas contra dos mujeres por su condición sexual ha alegado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid ser homosexual para negar los insultos con sesgo homófobo por los que se ha sentado en el banquillo.

«Ellas sabían que era homosexual. Me costó mucho salir del armario para que me acusen de homófobo», ha aseverado ante el tribunal, una condición sobre la que sus víctimas aseguran que desconocían y que incluso ponen en duda ante los graves insultos recibidos.

Las víctimas han relatado el violento episodio vivido el 6 de octubre de 2017 junto a su hija en un supermercado cuando el acusado, un vecino al que conocían solo de saludar en el rellano, les profirió insultos por su condición sexual, incluyendo amenazas.

Por estos hechos, la fiscal solicita dos años de cárcel para Ismael A. R. por la comisión de un delito contra los derechos fundamentales y otro delito de amenazas.

En las conclusiones finales, la representante del Ministerio Público ha aseverado que ratifica la solicitud de pena al considerar que este tipo de conductas no pueden quedar impunes y están amparadas en el artículo 510 del Código Penal, que regula los delitos de odio. La defensa ha solicitado la libre absolución.

En su declaración, el joven ha narrado que eran vecinos y que el incidente se produjo a raíz de que las mujeres le llamaran la atención después de que escupiera antes de entrar en un supermercado. Según su relato, la hija de las afectadas se le cruzó y una de las mujeres la apartó llamándole supuestamente «asqueroso».

«Me sentí frustrado y las insulté. Me llamaron maricón y marroquí. Nos insultamos. Ellas sabían que yo era homosexual. No soy homófobo. Me ha costado mucho salir del armario con mis padres para que me acusen de homófobo», ha aseverado.

En su turno, una de las víctimas ha explicado que nada más entrar en el supermercado, el acusado les escupió a los pies «de sopetón» sin venir a cuento. En un momento, su hija se despistó y una de ellas comentó a la niña que no se acercara al hombre.

«Empezó a gritarnos y a decir barbaridades y obscenidades delante de la niña. Nos sentimos denigradas y atemorizadas por este señor», ha asegurado Ana A. a preguntas de la fiscal. De igual modo, su pareja ha relatado los insultos que recibieron.

Las afectadas han comentado a su salida que han querido llegar hasta el final porque los hechos se produjeron delante de la menor y para que esto no le vuelva a suceder a otras personas.

CONTRA SU INTEGRIDAD

El fiscal afirma en su escrito, que el acusado profirió amenazas e insultos en el interior de una tienda, como «lesbiana de mierda», hacia una mujer que residía en su mismo inmueble y delante de su hija de dos años de edad.

Según se recoge, el 6 de octubre de 2017 I. A. R. entró en un establecimiento comercial de Madrid donde coincidió con A. A. V. y S. P. S. J. que se encontraban en ese momento en dicho local comprando junto a su hija menor de 2 años y a quienes conocía por vivir en el mismo inmueble, «constándole que aquellas eran pareja sentimental».

El acusado, «con ánimo evidente de menospreciar, humillar y atentar a la dignidad de las mismas», se dirigió a A. A. V. y le espetó: «hija de puta, déjate de cambiar el corte de pelo que ya sabemos todos lo que eres, que sí, que eres una hija de puta, y que a ti lo que te hace falta es que te metan una polla bien grande que estas falta de eso, lesbiana de mierda y sal fuera que te vas a enterar».

La actitud adoptada por el acusado motivó que fuera invitado a abandonar el establecimiento; si bien, antes de irse se dirigió a los dos mujeres y les dijo: «sé dónde vivís, os espero a la salida para que os enteréis, sino ya os pillaré en el portal, os vais a cagar, sois más macho que cualquiera». Ello motivó que llamaran a la Policía «al sentirse atemorizadas por la naturaleza de las expresiones».

Podemos ha lamentado que el PSOE «se alinee con PP y Vox y rechace aumentar la protección del Mar Menor convirtiéndolo en un Parque Regional». Así, el diputado murciano y coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha defendido en el Congreso de los Diputados «dotar a la laguna de la mayor protección e implantar una tasa a las multinacionales del agronegocio y a las grandes explotaciones ganaderas, destinada a inversiones para recuperar el Mar Menor».

Este Proposición No de Ley incluía una batería de medidas a corto, medio y largo plazo para recuperar este ecosistema y de haber sido aprobada, «hubiese supuesto dar los primeros pasos para la declaración del Parque Regional».

Sin embargo, el PSOE «ha optado por reeditar el pacto del nitrato para impedir que se tomen estas medidas, tal y como ya hizo en la Asamblea Regional al aprobar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor que permitía continuar con los vertidos del agronegocio».

Sánchez Serna ha lamentado, además, que «ninguno de los diputados murcianos del PSOE haya acudido al Congreso a dar la cara y debatir esta propuesta».

«Frente a las amenazas de los nitratos del agronegocio, el urbanismo salvaje o los residuos mineros, que se ciernen sobre el Mar Menor», el diputado de Unidas Podemos ha apostado por la creación de un «escudo protector único», una herramienta que «obligue a actuar ya» a un Gobierno regional «cómplice, que ha hecho de la dejación de funciones toda una estrategia política».

En la PNL debatida, Unidas Podemos también proponía una moratoria indefinida del uso de fertilizantes en el entorno del Mar Menor, ya que «la modificación que ahora ha aprobado el Gobierno regional para prohibir su uso se limita a un plazo de dos años, cuando todos sabemos que los problemas del Mar Menor van a tardar décadas en resolverse».

Además, Sánchez Serna ha mostrado su convicción de que el Ejecutivo autonómico «tampoco tiene ninguna intención de cumplir esa prohibición», algo que habría quedado evidenciado tras «la purga vivida en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de la que han despedido a una treintena de técnicos».

Además de aumentar la protección medioambiental al litoral del Mar Menor, la propuesta de Unidas Podemos también aborda la necesidad contar con más ayudas que «potencien una agricultura ordenada, compatible con la regeneración de la laguna salada, para lo que han solicitado que la comarca del campo de Cartagena sea considerada «una región prioritaria a la hora de repartir las ayudas de la PAC».

El diputado ha insistido en que su formación «apuesta por la agricultura y garantizar un futuro para los pequeños y medianos agricultores que pasa necesariamente por ir de la mano de un modelo agrovoltaico, que combine una producción sostenible con la producción de energía fotovoltaica». «Lo que no tiene ningún futuro es el modelo actual puramente extractivo y contaminante de algunas multinacionales», ha aclarado.

Por último, el diputado de Unidas Podemos ha recordado que las leyes ambientales y de protección a la naturaleza «siempre se han regido por el principio de que quien contamina, paga».

Puesto que el Mar Menor «necesitará una inversión millonaria y sostenida durante décadas para poder recuperarse», Sánchez Serna ha reclamado que sean «las multinacionales que lo han contaminado y herido de muerte» las que «paguen la factura.

Por eso, la PNL incluía una tasa a las multinacionales del agronegocio y a las grandes explotaciones ganaderas cuya recaudación «iría destinada a una partida finalista en los presupuestos del Estado, asegurando así que las inversiones llegasen al Mar Menor».

Otra parte de lo recaudado mediante esta tasa serviría para «compensar al sector turístico y al pequeño comercio de la comarca, mientras la agroindustria factura más de 8.000 millones de euros al año otros sectores pagan los platos rotos y se ven abocados a la ruina».

La propuesta de Unidas Podemos que tenía el apoyo de los grupos progresistas de la cámara se encontró, sin embargo, «con el voto en contra del PSOE, que impidió que la propuesta alcanzara la mayoría suficiente para ser aprobada».

Según el diputado Sánchez Serna, «resulta incomprensible que el PSOE vote junto a VOX rechazando la creación de un parque natural en el Mar Menor».