El Tribunal Constitucional (TC) ha estado en boca de los portavoces políticos en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a cuenta del ofrecimiento realizado este miércoles por el presidente del PP, Pablo Casado, que se ha abierto a negociar su renovación y la de otros instituciones distintas al CGPJ. De llegar a buen puerto, el presidente del TC, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero abandonarían el tribunal de garantías.
El mandato de estos tres magistrados, junto al de Fernando Valdés, quien renunció en octubre de 2020 después de que el Tribunal Supremo propusiera que fuera juzgado por un delito de maltrato en la persona de su esposa, caducó ya en noviembre de 2019, por lo que debían haber salido hace más de año y medio.
Dado que el guante lanzado desde el atril por Casado ha sido recogido en declaraciones a los medios por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con un «hoy mismo», se abre la posibilidad de que antes de final de año, la renovación del TC sea una realidad. Fuentes del Constitucional ya vaticinaban que sobre la mesa estaba la posibilidad de desligar la negociación para la renovación del alto tribunal de la del Consejo General del Poder Judicial.
Y todo con el objetivo, señalaban estas mismas fuentes, de que no se diera la circunstancia de que en 2022 coincidiera la renovación de estos cuatro magistrados (que corresponde nombrar al Congreso) con la de los siguientes cuatro que acaban mandato en junio.
EL FUTURO PRESIDENTE
En caso de que fructifique este acuerdo para el TC, la presidencia quedaría vacante y la Constitución, si bien apenas se pronuncia sobre la organización interna del tribunal, sí que señala que el presidente «será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años». Lo previsible será que el nuevo presidente, que tiene voto de calidad para deshacer empates, sea elegido entre los magistrados más veteranos, es decir, entre los que acaban mandato en junio de 2022.
Esos magistrados son, en concreto, Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez (elegidos por el Ejecutivo) y Juan Antonio Xiol Ríos y Santiago Martínez-Vares (escogidos ambos por el CGPJ). De esta forma, la elección de los puestos de la presidencia y de la vicepresidencia recaería sobre ellos, aunque el periodo que ejercerían como tal debería ser relativamente corto dado que deben finalizar mandato en junio de 2020 tras permanecer en el tribunal los nueve años correspondientes.
En caso de que se cumplieran los plazos estipulados y en junio de 2022 salieran del TC, las puertas de la presidencia del tribunal de garantías quedarían abiertas para los siguientes en veteranía en el seno del Pleno, y entre ellos está el magistrado Cándido Conde-Pumpido, quien llegó a la sede de la calle de Doménico Scarlatti en marzo de 2017.