La Coordinadora Federal de IU ha ratificado con el 84,5% de los votos a favor el nuevo calendario de la XII Asamblea Federal propuesto por la Comisión Colegiada, en coordinación con las Federaciones, y que pauta su culminación los días 26 y 27 de marzo.

La Comisión Colegiada ya aprobó retrasar de nuevo la culminación de su asamblea, que estaba prevista inicialmente para enero, al menos dos meses más por la segunda ola de coronavirus y las restricciones decretadas en diferentes autonomías para reducir su incidencia.

Según ha informado la formación, este aplazamiento «no supone paralizar» el proceso de debate de los documentos organizativos y de estrategia política por parte de las bases, ni que se tengan que volver a aprobar, pues solamente se modifica los plazos.

Así, el 7 de marzo del año que viene será la fecha límite para debatir los documentos en las asambleas de base, en las asambleas provinciales (o en su defecto, comarcales o insulares) y en las federaciones de IU.

Desde el 15 hasta el 21 de marzo de 2021 se procederá a la votación por sufragio universal entre toda la militancia del informe de gestión, los documentos y las candidaturas a los órganos de IU federal. Finalmente, la celebración de la XII Asamblea Federal será del 26 al 27 de marzo.

YA FUE APLAZADA POR EL COVID

La Asamblea Federal, que debe elegir la nueva dirección y la estrategia del partido para los próximos años, ya fue aplazada de julio a enero en una decisión que se adoptó en el pasado mes de abril, en pleno confinamiento domiciliario por la primera ola de coronavirus.

La propuesta estratégica de la dirección, consensuada con el Partido Comunista de España (PCE), defiende «fortalecer» la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y apostará para ello por «democratizar» este espacio de convergencia, de cara a asentar su «base popular y territorial».

Frente a ello, el documento crítico denominado ‘La izquierda necesaria’, confronta con esa visión, pues se opone a la integración con Podemos (una vía que tilda de «fracasada» y reivindica la «soberanía» de la formación.

La Comisión de Derechos Sociales del Senado ha rechazado este jueves una moción del PP con medidas para luchar contra la pobreza energética de las familias vulnerables, en un debate en el que el resto de formaciones ha criticado que los ‘populares’ no haya defendido estas medidas cuando estaban en el Gobierno.

El PP se ha quedado sólo ante esta iniciativa, que el PSOE ha votado en contra, mientras que PNV, ERC, Junts y Mes por Mallorca han decidido abstenerse.

El texto votado propone determinar una nueva definición «legal global» del concepto de vulnerabilidad social, que no esté fundamentada únicamente en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), como lo hace actualmente, sino que también se tenga en cuenta el porcentaje del salario neto que supone el gasto energético en las familias.

Además, el PP señala que dicha definición deberá ser completada con teniendo en cuenta otros parámetros con consecuencias en esta materia, como «cargas familiares», «situaciones de dependencia» o «situaciones de familia numerosa». «En cualquier caso y en aras de evitar el derroche energético, dicho gasto deberá ser justificado por los consumidores en función de sus circunstancia y realidad económicas y sociales», indica el partido.

QUIÉN PAGA Y REDUCCIÓN DEL IVA

La iniciativa también llama a determinar qué entidades asumirán el coste de la cuantía de los recibos pendientes de pago, y en su caso, hasta qué cuantías y a establecer una hoja de ruta paulatina y progresiva destinada a reducir la carga impositiva del recibo eléctrico en aras de lograr una disminución de la brecha entre precio de la electricidad entre España y otros países de la UE.

En su intervención, el senador ‘popular’ en este debate, Félix de la Cueva, ha denunciado la «dramática» situación que viven muchas familias vulnerables en España. En concreto, ha indicado que el 20% no tienen capacidad económica para «mantener sus alojamientos a una temperatura adecuada» y que un 7,4% es incapaz de afrontar el pago del recibo eléctrico.

«Creemos necesario dar un paso más para intentar abordar el exceso de endeudamiento, a largo plazo, en el que pueden verse las familias vulnerables», ha declarado, antes de criticar el alto precio de la electricidad en España.

Los socialistas han decidido votar en contra, según ha explicado su portavoz en esta comisión, Micaela Navarro, porque el PP ha presentado esta iniciativa para «ajustar cuentas con Zapatero», basando su discurso en «quién hizo qué o quién lo hizo mejor». Además, ha lamentado que el PP no se interesara «por lo que iba a votar» la formación socialista, la mayoritaria de la Cámara alta.

CAMBIO DE POSTURA EN LA OPOSICIÓN

El resto de formaciones, aunque se han declarado a favor de la mayoría del contenido de la iniciativa, han decidido abstenerse. Desde Junts y ERC, sus portavoces en esta materia, Bernat Picornell y Teresa Rivero, respectivamente, han reprochado al PP que ahora busque aprobar una medidas que estaba incluidas en una ley catalana similar que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó al Constitucional.

El representante de Mes per Mallorca, VicenÇ Vidal, ha recordado en su intervención políticas del mandato ‘popular’, como el llamado impuesto al sol que, según ha explicado, ahora le hace pensar que esta moción es para «despistar» o «confundir».

Finalmente, la senadora del PNV Nerea Ahedo, ha criticado que el PP ponga esta medida en el contexto del Covid10, cuando, a su juicio, la situación de pobreza y vulnerabilidad ya existía y lo que ha hecho el coronavirus es «agravarla». También se ha mostrado «sorprendida» de que ahora «en la oposición» el PP haya «visto la luz» en este tema.

A estas críticas, De la Cueva ha respondido a las formaciones independentistas señalando que la decisión de su partido de llevar la ley catalana al Constitucional era una cuestión de «competencias» y de «cumplir la ley» y ha defendido que en el mandato del PP, en 2017, se evitó que se cortara la electricidad a las personas más vulnerables.

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva (Ávila) ha propuesto por unanimidad la concesión del tercer grado para Iñaki Urdangarin, una decisión que ahora tendrá que validar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

La decisión se ha tomado por el equipo que forma parte de la junta de tratamiento de la cárcel de Brieva. A finales de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares rechazó, previo recurso de la Fiscalía, la progresión al tercer grado penitenciario de Urdangarin, así como la posibilidad de que pudiera salir un fin de semana al mes de prisión. En aquella ocasión no hubo unanimidad de la junta de tratamiento.

Ahora, según las citadas fuentes, los especialistas que forman parte de la junta de tratamiento proponen que Urdangarin, que cumple una condena de cinco años y diez meses por el ‘caso Nóos’, pase al régimen abierto pero sin dejar la cárcel de Brieva, en lugar de un Centro de Inserción Social (CIS) próximo a su domicilio, como es habitual. De esta forma, podría seguir compaginando su condena en tercer grado y el voluntariado en el Hogar Don Orione de Madrid.

Si es progresado al tercer grado, además de salir de prisión todos los fines de semana, pasará a disfrutar hasta 48 días al año –en lugar de los 36 actuales– de permisos, según fija el reglamento penitenciario, que establece que esto sea así «siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta».

SU ABOGADO PIDIÓ MISMO TRATO QUE MATAS Y TORRES

La Audiencia de Palma rechazó en septiembre la progresión al tercer grado al entender que «no se desprendía de la conducta global del interno una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permitiera inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad».

El abogado de Iñaki Urdangarin en el ‘caso Nóos’, Mario Pascual Vives, cuestionó esta decisión de la Audiencia de Palma, como ya tenían otros condenados como el expresidente balear Jaume Matas y el exsocio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres.

Urdangarin eligió la cárcel de mujeres de Brieva para cumplir su condena, ingresando por primera vez el 18 de junio de 2018. Desde entonces ha disfrutado de varios permisos pese a la afectación causada, como al resto de internos, por la pandemia de COVID-19.

La Audiencia Nacional ha ordenado este jueves el ingreso en prisión para los dos detenidos en Madrid y Toledo acusados de ser «remesadores de DAESH en Europa» y formar parte de la estructura de la organización terrorista encargada de las transferencias mediante el sistema hawala para financiar a los yihadistas en zona de conflicto.

Según la investigación de la Comisaría General de Información bajo coordinación del Juzgado Central número 1, los dos detenidos por un delito de financiación terrorista en Fuenlabrada (Madrid) y Yuncos (Toledo) realizaban transferencias de dinero previamente recaudado entre simpatizantes yihadistas. Son de nacionalidad siria y marroquí.

Los envíos se hacían desde España hasta Siria gracias a que los arrestados mantenían «comunicación directa» con combatientes de Estado Islámico (DAESH). Se trata de la cuarta operación en año y medio para neutralizar el aparato financiero de DAESH, según ha recordado la Policía Nacional, con otros tres arrestados, todos ellos enviados a prisión.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación comenzó cuando los especialistas en la lucha antiterrorista tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación que, desde nuestro país, estaría realizando transferencias económicas a zona de conflicto.

Los agentes determinaron que esta red manejaba una estructura de contactos de confianza en diversos países europeos, encargada de remesar y facilitar los movimientos de capital que los simpatizantes aportaban, con la finalidad de costear acciones de reorganización de las estructuras terroristas de DAESH.

También se ha evidenciado que combatientes del DAESH contactaban a través de redes sociales con individuos filoyihadistas de diversas nacionalidades reclamando financiación mediante el envío de fondos para DAESH y sus miembros.

Para ello, empleaban una red de remesadores que, a cambio de una comisión económica, transferían los fondos recaudados para DAESH al país deseado. Allí, otro intermediario, a su vez, lo recibía y lo entregaba a su destinatario final, que se identifica con un código que reconoce a los intervinientes en la transacción.

Los arrestados tomaban numerosas medidas de seguridad en sus actividades y movimientos, al objeto de evitar ser detectados por la policía, utilizando canales de comunicación cifrados que les garantizaban el anonimato de sus conversaciones.

La operación, que ha contado con la colaboración de EUROPOL, pone de nuevo el foco en el sistema hawala de financiación del terrorismo. Este método consiste en un sistema informal de transferencias de capital entre dos zonas geográficas, al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa. Se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura financiera.

La que fuera directora de Auditoría Interna del Banco Popular Yolanda Cagiao, que declaraba este jueves en calidad de testigo en la Audiencia Nacional en relación a las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2007, ha salido finalmente siendo imputada por el juez José Calama tras haber declarado durante menos de una hora.

Según fuentes presentes en la declaración, consultadas por Europa Press, la testigo –ya jubilada– ha sido citada a las 9.00 horas, y antes de que fueran las 10.00 horas el magistrado ha suspendido el interrogatorio para que sea de nuevo citada pero en esta ocasión como imputada.

En ese breve espacio temporal, a Calama le ha dado tiempo a preguntarle por sus funciones en el banco, por su cargo y su formación, Cagiao formaba parte del equipo de auditoría interna de la entidad en el momento de la ampliación de capital de 2016, si bien entonces aun no era la máxima responsable.

Por eso, ha explicado al juez que ella no intervino en nada relacionado con la financiación que dio el banco a sus clientes para acudir a esa ampliación –de más de 2.000 millones–, ya que si bien pertenecía a uno de los tres departamentos de auditoría, no era responsable.

Aunque sí ha explicado que se encargó de investigar la comercialización de esa ampliación, pero limitándose a que se cumpliera con el reglamento MiFIR, el marco normativo europeo sobre mercados e instrumentos financieros que regula la transparencia de la negociación e incluye ciertas acciones supervisoras.

Tras explicar esto, el juez le ha interpelado preguntándole si no miraron cómo financiaban esa compra de acciones sus clientes, a lo que ha respondido que no, y ha añadido que no era ilegal financiar la compra de acciones, no le constaba que lo prohibiera el banco.

Al hilo, ha explicado que el que fuera su jefe en el departamento de auditoría realizó la tarea de ver qué clientes recibieron financiación entre mayo y junio de 2016, y que esa documentación le fue transferida a ella en enero de 2017 cuando asumió el cargo de directora de Auditoría Interna.

En esa información recabada se chequeaba qué clientes obtuvieron financiación pero a ella los datos le parecieron poco relevantes. Tras esto, el juez ha dado por concluida la declaración, le ha anunciado que la imputaba y ha abandonado la sala.

LAS DOS FASES DE LA INVESTIGACIÓN

El juez Calama investiga dos fases de este proceso: por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.

Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el que fuera presidente de la entidad financiera Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación «inmejorable» del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.

El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución, estando el frente del banco ahora extinto Emilio Saracho –también investigado– tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado de seis presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco, entre ellos José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, el que fuera jefe de comandos ilegales de la banda terrorista en los años 90, cuando planeó atentar contra el Rey Juan Carlos y ordenó los asesinatos de Fernando Múgica Herzog o el matrimonio formado por Alberto Jiménez Becerill y Ascensión García, así como el secuestro de Cosme Delclaux.

Según ha informado Instituciones Penitenciarias, ‘Kantauri’ dejará el centro penitenciario de Murcia II para pasar al de Logroño, una cárcel en la que se están reagrupando un grupo del centenar de etarras trasladados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

‘Kantauri’ ingresó en prisión el 17 de diciembre de 2001 y cumple una condena de 30 años por los delitos de asesinato, atentado, secuestro, depósito de armas, detención ilegal y falsificación. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en junio de 2025.

Según Prisiones, «ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha remitido escritos en los que renuncia a la violencia y lamenta y reconoce su responsabilidad en el dolor causado a las víctimas». A propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión murciana, la Secretaría General ha resuelto su progresión a segundo grado y el traslado a Logroño.

CONDENADA POR MATAR A ISAÍAS CARRASCO

Entre los seis etarras acercados figura también Joanes Larretxea Mendiola, que pasa de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a la cárcel de Asturias. Está condenada por el asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco y por participar en el atentado contra el empresario vasco Ignacio Uría.

Cumplirá las 3/4 partes de la condena en mayo de 2044 y ha sido progresada al segundo grado. «Acepta la legalidad penitenciaria y consta escrito de reconocimiento del dolor causado en el que renuncia a la violencia», ha apuntado Prisiones.

TERCER GRADO QUE QUIERE RECURRIR LA AVT

Los otros presos trasladados en la decisión comunicada por Instituciones Penitenciarias este jueves son Olga Comes Arambillet, Guillermo Merino Bilbao y Sebasten Jon Gurtubay Sánchez, además de Idoya Martínez García, que ha sido progresada al tercer grado y trasladada de Asturias a la cárcel de Álava.

La AVT ha censurado estos traslados «manchados de sangre» para aprobar los Presupuestos y ha anunciado que pedirá a la Fiscalía que recurra este último tercer grado concedido por Prisiones al amparo de la Ley de Protección de Datos.

Según el organismo dependiente de Interior, Martínez García que «acepta la legalidad penitenciaria, se ha desvinculado de la banda terrorista y ha remitido escritos en los que renuncia al uso de la violencia, lamenta el daño causado y se responsabiliza del dolor causado a sus víctimas».

Entre los acercados está Olga Comes Arambillet, que dejará Asturias para ir a la cárcel de Pamplona. Fue condenada en 2014 por intentar secuestrar al concejal del PSE de Eibar Benajamín Atutxa.

La Audiencia Provincial de Palencia ha absuelto a D.J. de un delito de abuso sexual a su hijo con discapacidad intelectual y autismo por el que el fiscal le pedía nueve años de prisión.

La acusación pública había pedido también diez años de libertad vigilada con la obligación de participar en programas de educación sexual, seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de la tutela y una década de prohibición de acercarse a menos de 200 metros del domicilio del menor o del centro en el que resida.

Los hechos se remontan a abril de 2017 cuando el acusado fue a recoger a su hijo al centro hospitalario en el que está internado y le llevó a un paraje del monte de Palencia donde, según asegura un matrimonio que les vio, se detuvieron en un camino para dirigirse a una zona boscosa.

La misma pareja relató que al acercarse al acusado y a su hijo se fueron percatando de «algo extraño» porque se daban besos y porque el niño no caminaba bien debido a su discapacidad y estos pensaban que estaba drogado o bebido.

Ambos se quedaron observando la situación y pudieron ver que el hijo tenía los pantalones bajados hasta los tobillos y que estaba sentado junto a su padre, el cual le hacía caricias en la cabeza y le llevaba la cara hacia su regazo.

La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recogida por Europa Press, señala que existen «serías dudas» de que el procesado hubiera obligado a su hijo o intentado obligarle a realizarle una felación, ya que tanto las pruebas directas como indirectas existentes «no tienen la entidad suficiente para llevar a la Sala a la plena convicción de la existencia de los hechos que se le imputan.

La mujer declaró en un principio que había dos hombres que se estaban besando y a la Policía que había sido una «impresión personal» en cuanto a que se estaba realizando una felación. Asimismo, en declaración policial apuntó que el hombre se bajó los pantalones hasta la altura de los genitales para luego decir en sede judicial que no le vio, así como que los hechos ocurrieron a las 17.30 horas, cuando realmente ocurrieron dos horas después, contradicciones que también repitió el marido.

«Ante estas contradicciones y el hecho de los testigos de no haber visto claramente una felación, sino los actos que podrían dar lugar a interpretar que se estaba produciendo una, no queda probada la existencia de la misma ni existen otras pruebas que corroboren dichas afirmaciones», subraya la sentencia.

Los policías que se personaron en el lugar de los hechos manifestaron que el padre les explicó que al ser su hijo autista, para orinar se quedaba desnudo y por eso le había quitado la camiseta.

Por otra parte, tanto la psicóloga como la psiquiatra del centro en el que reside el menor manifiestan que siempre que viene el padre el hijo «se pone muy contento» y que siempre ha existido un comportamiento normalizado con continúas visitas al centro sin ningún incidente que haga sospechar cualquier tipo de abusos, por lo que «no existe ninguna prueba concluyente que pueda llegar a inferir que D.J. abusó de su hijo sexualmente».

El secretario de Deporte y Actividad Física de la Generalitat, Gerard Figueras, está investigado en la causa por las presuntas subvenciones fraudulentas al Consejo Deportivo de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y fue detenido durante unas horas el martes para interrogarlo por estos hechos, han explicado fuentes policiales a Europa Press.

Figueras fue citado en una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona, una vez allí se le comunicó que estaba detenido y tras unas horas de arresto en la comisaría quedó en libertad sin medidas cautelares, y deberá comparecer ante el juez cuando este le cite.

Las citadas fuentes han detallado que Figueras está investigado por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias por una supuesta «omisión en el control de las subvenciones» que la Generalitat dio al Consejo Deportivo de L’Hospitalet y que el organismo supuestamente presentaba en una contabilidad falsa.

Fuentes policiales han señalado que la investigación deberá esclarecer si, además de esta supuesta omisión en el control, Figueras conocía o no las cuentas paralelas de la entidad.

Hace unas dos semanas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional requirió información sobre las subvenciones al Consejo Deportivo de L’Hospitalet a la Secretaría General de Deportes de la Generalitat y al área de deportes de la Diputación de Barcelona, en el marco de la investigación por presunta malversación y falsedad documental en el Consell y al buscar el origen del dinero.

FIGUERAS: «ES UN ERROR INVOLUCRAR A LA GENERALITAT»

En un comunicado publicado en Twiiter, Figueras ha expresado este jueves que fue citado por la Udef y el martes a las 9 horas acudió a la comisaría de Policía en la Rambla Guipúzcoa de Barcelona asistido por un abogado de la Generalitat: «En el momento de iniciar la declaración se me comunicó mi condición de detenido ‘para gozar de mayores garantías procesales’ informándome de que al acabar la declaración quedaría en libertad».

«Durante la declaración demostré que ni yo, en tanto que secretario general del Deporte, ni la Secretaría General del Deporte de la Generalitat, tenemos nada que ver con los hechos investigados», y ha sostenido que la administración no forma parte del Consejo Deportivo de L’Hospitalet, del que ha destacado que es una entidad privada.

Así, ha asegurado que la Generalitat «se limita a subvencionar anualmente, mediante convocatoria pública de subvenciones, las actividades vinculadas a los Juegos Deportivos Escolares de Cataluña que se realizan en esta ciudad», y ha añadido que estas subvenciones están correctamente justificadas con controles técnicos de la administración.

«Confío que en el transcurso de la investigación podremos demostrar que es un error involucrar a la Generalitat en esta investigación, más allá de la voluntad de desgastar la imagen de la propia Secretaría como de mi persona», ha expresado Figueras, y ha mostrado su confianza con todos los técnicos de la Secretaría del Deporte.

El Gobierno de España ha trasladado este jueves sus condolencias a Sudán por la muerte a causa del coronavirus de Sadiq al Mahdi, quien fue el primer político del país en ser elegido como primer ministro e histórico opositor durante el régimen de Omar Hasán al Bashir.

«El Gobierno de España expresa su pesar por el fallecimiento del dirigente político y ex primer ministro sudanés Sadiq al Mahdi y desea trasladar sus más sinceras condolencias a su familia, a las autoridades y al pueblo amigo de Sudán», ha dicho el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de un comunicado.

El departamento que encabeza Arancha González Laya ha destacado que Al Mahdi «se hará sentir especialmente en esta fase de transición por la que atraviesa el país», si bien ha incidido en que «España confía en que su legado siga contribuyendo activamente a la consecución de un Sudán en paz, unido, democrático y próspero».

Asimismo, ha reiterado el apoyo del Gobierno español a las autoridades de transición sudanesas, al frente del país tras un acuerdo entre la junta militar y la oposición tras el golpe de Estado de abril de 2019 contra Al Bashir tras meses de movilizaciones en su contra.

Al Mahdi, de 84 años, falleció a última hora del miércoles en un hospital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el que fue ingresado tras el empeoramiento de su salud después de ser diagnosticado con coronavirus a principios de noviembre, según ha confirmado su formación política, el Partido Nacional de la Umma (NUP), a través de un mensaje en su cuenta en Facebook.

El Consejo Soberano de Transición ha decretado tres días de luto nacional por el fallecimiento de Al Mahdi, quien será enterrado este viernes en la ciudad de Omdurman, mientras que el actual primer ministro, Abdalá Hamdok, ha ensalzado su figura y ha destacado que era «un paradigma de la democracia y un modelo de buena gobernanza».

Al Mahdi fue primer ministro entre 1966 y 1967 y nuevamente entre 1986 y 1989, cuando fue derrocado en un golpe de Estado encabezado por Al Bashir, durante cuyo régimen fue una de las figuras políticas opositoras de mayor relevancia.

El político marchó al exilio tras su derrocamiento en 1989 y volvió en varias ocasiones a Sudán, si bien tuvo que abandonar el país debido a las acusaciones de las autoridades contra él por sus presuntos lazos con grupos rebeldes armados.

Finalmente y tras tres periodos en el exilio bajo el régimen de Al Bashir, regresó a Sudán en diciembre de 2018 ante el inicio de una oleada de movilizaciones populares masivas contra el entonces presidente que derivaron meses más tarde en un golpe de Estado que acabó con sus casi 30 años al frente del país.

Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han apelado en la víspera del BlackFriday al consumo «necesario» y «responsable» ante un nuevo crecimiento «masivo» del consumismo observado durante el confinamiento, una época en la que el comercio electrónico ha experimentado un nuevo auge.

Según los últimos datos que ha publicado Greenpeace, en España el 62 por ciento de la población ha comprado de manera online en los últimos meses y para este Black Friday estiman que lo hagan ocho de cada diez personas aunque en el periodo donde más ha crecido el comercio electrónico ha sido durante el confinamiento.

La portavoz de la campaña de consumo de Greenpeace, Alba García, ha explicado a Europa Press que de enero a junio de 2020 la compra online ha sido superior a la compra navideña de 2019.

Por ello, asegura que desde Greenpeace intentan durante estos días trasladar estos datos a la sociedad «para que no compren de manera compulsiva». «El consumismo tiene un marketing y una publicidad que te dice que lo importante es aprovechar la oferta. Da igual si se necesita, si durará mucho, lo importante es la oferta, es una estrategia fugaz que incita a comprar sin pensar», lamenta Alba García.

Las organizaciones han coincidido al señalar que el Black Friday llegó a España entre los años 2012-2015 y desde entonces cada año las ventas en el ‘Viernes Negro’ no han dejado de aumentar a un ritmo del 10 al 20 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con los datos de Greenpeace. Sin embargo, en 2019 ese incremento no «fue tan alto», por lo que para las organizaciones esto parece indicar que el Black Friday se está «estabilizando», mientras el consumismo no deja de aumentar.

Para la representante del área de consumo de Ecologistas en Acción Charo Morán, cada vez hay más acciones de este tipo como el ‘Ciber Monday’ o el ‘Amazon Prime Day’ e incluso la Navidad. «El Black Friday es el comienzo de la rueda del consumismo porque después llega la Navidad. La compra por Internet es un modelo más impulsivo que la convencional porque tan solo se realiza a golpe de click», ha detallado Charo Morán en declaraciones a Europa Press.

Entre los principales responsables del aumento del consumismo, los cinco portavoces de las organizaciones acusan a la misma plataforma: Amazon. El director de conservación de WWF, Enrique Segovia, ha afirmado que según su opinión es «complicado» concienciar a la gente acerca de los impactos ambientales que tienen las grandes marcas y grandes superficies, por lo que ha instado a las marcas a ser «racionales» y «pelear por ser sostenibles.

«Hay que luchar porque las marcas se den cuenta de lo que generan y eviten el sobreempaquetado, los excesos de basuras y recursos, y también reducir el número de desplazamientos de los repartidores», ha subrayado.

En este sentido, desde Amigos de la Tierra, su responsable de Recursos Naturales y Residuos Adriana Espinosa ha indicado a Europa Press que la ONG está intentando acercar los impactos ambientales a la sociedad «para que sea más consciente de la realidad», ya que para Espinosa lo que hacen las grandes marcas al tener las cadenas de producción «a miles de kilómetros» es poner de manifiesto el refrán «ojos que no ven, corazón que no siente».

«Es difícil que el consumidor vea lo que se genera con la producción y los costes ambientales que tienen los productos que adquirimos. Hay mucha distancia entre lo que se produce y lo que se compra, y además la compra online aumenta todavía más esa diferencia», ha explicado Espinosa, que ha apuntado que Amazon «ya ha lanzado una campaña para comprar en Navidad» bajo el lema ‘Adelántate a las compras de navidad para que seas el rey de las fiestas’ cuando «la gente no sabe aún con quién va a poder pasar esos días ni dónde».

¿TIENE FECHA DE CADUCIDAD EL CONSUMISMO O EL PLANETA?

Por su parte, el director de desarrollo institucional de SEO/BirdLife, Ramón Martí, ante la pregunta de si tiene fecha de caducidad el consumismo, ha comparado el ‘Viernes Negro’ con la pandemia de la COVID-19 porque «hay un derroche irracional de los recursos y ya se ha dado este primer aviso», lo que supone que «el modelo de vida actual tiene fecha de caducidad» y apela a la sociedad que es «la responsable de equilibrar la balanza» y «la que tiene el poder».

«La COVID-19 ha demostrado que debemos cambiar muchos aspectos de nuestro comportamiento. Me asusto cuando escucho hablar de la nueva normalidad pero hacia dónde nos estamos dirigiendo es hacia la normalidad anterior», ha manifestado Ramón Martí.

De una manera similar se han expresado Adriana Espinosa y Charo Morán que han reconocido que la pandemia ha puesto «en jaque» la vulnerabilidad del sistema de vida actual y quien más se ha beneficiado han sido las grandes marcas y grandes superficies.

«Hay mucha hipocresía con las marcas. Su modelo de consumo y producción no es sostenible y no lo será. Somos sociedades vulnerables y nos creíamos infalibles y dependemos de la salud del planeta. Los recursos se están acabando», ha denunciado Adriana Espinosa mientras que Charon Morán advierte de que el consumismo no podrá seguir en una situación de crecimiento «porque no hay recursos naturales».

APOYO A LAS PEQUEÑOS COMERCIOS

Otros de los puntos de consenso entre las cinco ONG es la necesidad de apoyar a los pequeños comercios de barrio y al mismo tiempo a las pequeñas marcas que intentan «sobrevivir» a pesar de que se desliguen de acciones como el Black Friday.

«Es bueno que haya determinadas marcas que no estén en sintonía con el Black Friday. Hay pequeños comercios que se están reuniendo para combatir el modelo Amazon. Lo que da riqueza a la sociedad y al barrio son los pequeños comercios. Todas estas pequeñas empresas que buscan alternativas para una producción más cercana van en el buen camino», ha resaltado Charo Morán.

Según Ramón Martí, los consumidores «deben» valorar las pequeñas acciones de las pequeñas marcas y pequeños comercios «que contribuyen a reducir las emisiones de CO2 o el malgasto de los recursos» e insiste en que son los consumidores los que tienen «un poder inmenso» para cambiar el modelo de consumo pero «no son conscientes» de ello.

«Si queremos alargar la vida del planeta y nos preocupa el futuro de nuestros hijos o nietos podemos contribuir a una sostenibilidad ambiental, que también va ligado a la sostenibilidad económica, mediante pequeñas acciones diarias que deben calar en la gente como fomentar la compra de pequeños locales de barrio», ha concluido.

Una investigación realizada por la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) revela que, en España, el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar empleo.

Este informe, además, también refleja que de las personas de este colectivo que están trabajando, un 34% ha sufrido discriminación en el entorno laboral –un 47% en el caso de las mujeres– y un 58% se oculta y no habla de su identidad en este ámbito de su vida diaria.

Ante estas cifras, la vocal de entidades de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTB (FELGTB), Niurka Gibaja, ha recordado la importancia de la independencia económica para cualquier persona, una situación que ha definido como «base para el desarrollo» de cualquiera y «una medida importante de protección frente a factores de vulnerabilidad como la pobreza y el sinhogarismo».

La independencia económica, ha indicado, también facilita el acceso a la cultura, a una formación superior o a muchos espacios de sociabilización, entre otros ambientes y sectores.

RECLAMACIONES PARA LA LEY TRANS

Es por eso que, desde la FELGTB, han denunciado este jueves que «no se pueden seguir permitiendo los datos de desempleo y precariedad que sufren las personas trans en España». «Una sociedad democrática como la nuestra no puede seguir dejando al margen del mercado laboral a una minoría concreta de su población», ha explicado Gibaja.

En este sentido, ha evidenciado que la desinformación sobre la realidad trans y los prejuicios de la sociedad en general y, por tanto, también del sector empresarial, «generan que estas personas sean frecuentemente rechazadas en el ámbito laboral o que solo se las contrate para empleos precarios y de poca responsabilidad, independientemente de su formación o su experiencia».

Por eso, ha reivindicado la aprobación urgente de la Ley Integral Trans y por la Igualdad social LGTBI, que prepara el Gobierno, y ha pedido que incluya la creación de programas de fomento del empleo de las personas trans.

Del mismo modo, ha reclamado la aprobación de medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de estas personas dada su situación de especial vulnerabilidad.

LA INCORPORACIÓN DEL TALENTO TRANS A LA EMPRESA

En este sentido, la responsable de inserción sociolaboral de FELGTB, Carmen Sánchez-Cogolludo, ha explicado el nuevo programa de inserción sociolaboral de personas trans, para acompañar a las empresas y ayudarlas a combatir la desinformación y los prejuicios y, por tanto, a crear espacios libres de discriminación.

«Con esta iniciativa, FELGTB persigue generar oportunidades de inserción laboral para las personas trans partiendo de la sensibilización y formación a empresas y la promoción de planes de acción para alcanzar un cambio cultural y social», ha señalado.

De este modo, la federación trabajará tanto con las personas trans interesadas en el programa, como con las empresas que quieran sumarse a la iniciativa para garantizar la exitosa incorporación de las mujeres trans a la empresa mediante programas de seguimiento.

Estos programas, indica la FELGTB, permitirán minimizar las dificultades que puedan surgir y evaluar tanto el proceso, como la satisfacción de las mujeres y las empresas. Además, formarán y proveerán a las empresas de las políticas y los protocolos que deben tener para garantizar el éxito de la integración laboral.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha aclarado este jueves que el embajador de España en Reino Unido, Carlos Bastarreche, seguirá en su puesto aunque se jubile como funcionario al cumplir 70 años este viernes.

Según han informado a Europa Press fuentes de Exteriores, Bastarreche permanecerá como embajador de España en Londres «hasta que termine la negociación sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido», que se encuentra ya en la «recta final».

Bastarreche cumplirá este viernes 70 años, la edad de jubilación como funcionario, pero las fuentes consultadas han aclarado que su nombramiento como embajador, algo que corresponde al Consejo de Ministros, sigue vigente. La ministra, Arancha González Laya, ha hablado con el diplomático para comunicárselo.

Los embajadores son nombrados y cesados por real decreto por parte del Consejo de Ministros y no es necesario ser diplomático ni funcionario para acceder al puesto.

El asunto ha motivado una pregunta de la diputada de Ciudadanos Marta Martín Llaguno al secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, que ha comparecido en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.

González-Barba ha dicho que, en cualquier caso, los intereses de España estarán «perfectamente cubiertos» y que el encargado de negocios es un diplomático «excepcional» y de «amplia experiencia».

No es la primera vez que un embajador se mantiene en su puesto después de cumplir los 70, aunque en otras circunstancias. En 2016, el entonces ministro José Manuel García-Margallo prorrogó el mandato de cinco de ellos porque cumplieron 70 años mientras el Gobierno estaba en funciones y no podía, por lo tanto, nombrar a sus sustitutos.

Antes de eso, el único precedente fue el de Carlos Westendorp al frente de la Embajada en Washington, en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no mantenía unas buenas relaciones con la Administración de George W. Bush.

La diferencia es que, en aquella ocasión, la prolongación del mandato de Westendorp se publicó en el BOE, cosa que no se hizo en los posteriores, precisamente con el argumento de que, al ser altos cargos, a los embajadores no les afecta esa regla.

El Defensor del Pueblo ha tramitado en lo que va de 2020 unas 26.000 quejas, lo que supone un incremento del 28,8% con respecto al mismo periodo del año 2019, según ha informado el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

«Discriminar cuáles son de régimen común y cuáles de la Covid-19 es muy complicado. Haremos un esfuerzo para que se vea en el informe global», ha indicado Fernández Marugán este jueves 26 de noviembre durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados.

En concreto, según ha precisado, recibieron 618 solicitudes de recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo, aunque el Defensor ha precisado que la institución ya dijo que el decreto del Gobierno le parecía «plenamente conforme a la Constitución» y «razonablemente ponderado».

A estas se han sumado otros ocho escritos solicitando la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra el segundo Estado de Alarma del 25 de octubre de 2020, un asunto sobre el que el Defensor prevé pronunciarse a finales de enero de 2021.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas relacionadas con las limitaciones a la circulación impuestas, tras decretarse el Estado de Alarma, relativas a: las salidas con menores; actuaciones sancionadoras incorrectas de algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado; y acoso de particulares a personas con discapacidad intelectual cuando salían a dar paseos terapéuticos.

En el ámbito sanitario, Fernández Marugán ha indicado que las quejas han estado relacionadas con la saturación en los hospitales, la suspensión ordinaria de la atención primaria, el retraso en las citas para consultas y operaciones o el acompañamiento a familiares en los centros hospitalarios.

Tenemos un Sistema de Salud que no había estado sometido a una tensión como la que creó la Covid-19. Había carencias de camas, de personal entrenado, de respiradores y, desde luego, falta de material de protección para sanitarios que ponía en riesgo su salud y su trabajo», ha precisado el Defensor.

MÁS RECURSOS A SANIDAD Y MENOS EDIFICIOS ESPECTACULARES

En este sentido, ha recomendado destinar a la Sanidad «más recursos», acabar con la «precariedad» de los profesionales sanitarios y no dedicarse a hacer «edificios ni infraestructuras espectaculares».

Asimismo, la institución ha recibido 1.700 quejas en las que «el quejoso ponía de relieve la angustia por la pérdida temporal o definitiva de los ingresos producto de su relación profesional» y expresando «un cierto desconcierto» o «dudas» sobre las medidas adoptadas».

Por lo que respecta a la gestión del Ingreso Mínimo Vital, Fernández Marugán ha apuntado que la institución también ha recibido quejas y ha recomendado a la administración mejoras en los procedimientos de gestión y buscar el apoyo de los servicios municipales, así como homogeneizar los procedimientos de protección social en los distintos territorios.

FAMILIARES EN RESIDENCIAS

Igualmente, el Defensor ha puesto de relieve que han recibido «muchas» quejas de familiares con mayores en residencias durante la pandemia. En concreto, ha pedido que «se facilite una despedida» al menos de un grupo reducido de familiares en estos centros, tras recibir la llamada de personas afectadas por no haber podido despedirse de sus seres queridos. «Escucharlo es francamente duro», ha asegurado.

El Defensor del Pueblo ha indicado que las «carencias» en las residencias ya se producían desde antes de la pandemia y ha denunciado que no fue «ético ni legal» excluir a los mayores de residencias de la atención hospitalaria. «Nadie por razón de edad, discapacidad o grado de dependencia debe ser excluido de atención clínica. Nadie», ha enfatizado.

En relación a las personas migrantes el Defensor ha remarcado que «los efectos sanitarios y económicos de la pandemia no discriminan» entre migrantes y no migrantes.

CIERRE DE LOS CIE

En las primeras semanas del Estado de alarma, la institución recibió quejas de asociaciones y ONG que solicitaban el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), algo que finalmente se produjo, y ahora que se han reabierto, han vuelto a recibir quejas por las condiciones de vida en los mismos.

«Nosotros seguimos siendo recelosos», ha dicho Fernández Marugán sobre los CIE, al tiempo que ha precisado que hace unos días enviaron a un equipo de la institución a comprobar las condiciones en el de Aluche.

También han recibido quejas por las «condiciones de hacinamiento» en el CETI de Melilla por lo que el Defensor recomendó el traslado urgente de los colectivos más vulnerables a otros lugares.

Asimismo, ha alertado de la «emergencia humanitaria» en Canarias y ha indicado que dos grupos técnicos del Defensor del Pueblo han visitado centros de acogida distribuidos por el archipiélago y en breve obtendrán las conclusiones de estas visitas.

En materia educativa, el Defensor también ha recibido dudas de los padres sobre el contagio en los colegios y ha pedido «no criminalizar» a aquellos progenitores con miedo de llevar a sus hijos a clase durante la pandemia, aunque les ha informado sobre las consecuencias legales que puede tener.

Para Fernández Marugán, en algún caso, entre enero y febrero, «se subestimó la potencia del virus y los riesgos que entrañaba» y ha añadido que, según algunos economistas, «el mundo está experimentando algo parecido a una invasión extraterrestre».

SALVAR AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS

También ha pedido «buscar el entendimiento político y un pacto social» porque, de no alcanzarse, «previsiblemente aumente la contestación social y de la crispación política». Finalmente, ha recordado que ahora «la prioridad absoluta es detener la propagación de la enfermedad, salvar la vida del mayor número de personas».

En el turno de los grupos parlamentarios, los portavoces han planteado al Defensor algunas preguntas sobre quejas en cuanto a violencia de género, desamparo de los sanitarios, test rápidos en las farmacias, desahucios, trabajadoras del hogar o temporeros agrícolas, entre otras.

En concreto, el diputado del PSOE Mariano Sánchez ha expresado su pésame a los familiares de los fallecidos por la pandemia; ha acusado a PP, Vox y Ciudadanos de meter «prisa» para la comparecencia del Defensor para «demonizar» al Gobierno; y ha defendido su gestión.

CIFRAS DE FALLECIDOS

Mientras, el senador del PP José Ignacio Landaluce ha pedido al Defensor que «investigue sobre el número de fallecidos» porque, a su parecer, son unos «20.000 más» de los 43.000 oficiales. También ha reclamado que se investigue al vicepresidente segundo Pablo Iglesias como «responsable» de lo ocurrido en las residencias de mayores.

Desde Vox, los diputados Juan Calvo y Julio Utrilla también han criticado la «disparidad en la cifra de fallecidos». Fernández Marugán ha dicho que le consta que desde el Ministerio de Sanidad «se está intentado encontrar un procedimiento para acelerar la información» de fallecidos en 2020.

La portavoz de Unidas Podemos Martina Velarde ha negado que la competencia de las residencias la tuviera Pablo Iglesias y ha aclarado que las tenían las CCAA; y ha criticado a PP, Vox y Ciudadanos por buscar la «confrontación». «Pidan perdón por ejercer la peor oposición posible en el peor momento historia», ha instado.

Desde Esquerra Republicana, la diputada Pilar Vallugera ha preguntado si no han llegado al Defensor quejas por desahucio; la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago ha planteado si ha habido quejas por «la negativa del Gobierno» para decir los nombres de los expertos que han asesorado en la pandemia; y desde el PNV, la senadora María Mercedes Garmendia ha preguntado sobre los datos de violencia de género.

La compañía española Pullmantur Cruceros ha alcanzado un acuerdo de cooperación con su accionista Royal Caribbean Group en aras de garantizar su viabilidad, obteniendo los fondos necesarios para elaborar un plan de continuidad, según ha informado este jueves la naviera.

Pullmantur Cruceros ha obtenido así los fondos necesarios tanto para que se pueda proceder a la elaboración de dicho plan de viabilidad, como para llevar a cabo el proceso de reorganización necesario para adecuar la compañía a la nueva realidad y a la materialización del ‘Future Cruise Credit’, el programa para la devolución de las reservas de los viajes cancelados.

Cabe recordar que Pullmantur Cruceros suspendió sus operaciones de cruceros el 13 de marzo de 2020 y desde entonces no ha vuelto a operar ante la imposibilidad de hacerlo en el escenario presentado. En junio de 2020, sus accionistas anunciaron su decisión de acometer un proceso de reorganización de la compañía, apoyándose en las medidas previstas por la regulación concursal española.

«Creemos en las posibilidades de una naviera de la talla de Pullmantur y estamos trabajando intensamente en el plan de negocio con el ánimo de apostar por la viabilidad de la compañía», han señalado desde administración concursal, Data Concursal, que lidera Francisco Vera como administrador único.

Además, ambas entidades se comprometen a buscar, valorar y negociar las diferentes alternativas disponibles que se adapten a las necesidades de los clientes y producto de la compañía y que encajen dentro del nuevo plan de negocio.

De este modo, se va a seguir en la línea del compromiso adquirido para la obtención de dos embarcaciones de clase Millenium a disposición de Pullmantur en los términos que se deriven del plan de negocio, con la idea de mejorar la oferta, apostar por un diseño más moderno y con un mayor número de cabinas con balcón.

PROGRAMA DIRIGIDO A PASAJEROS CON RESERVAS CANCELADAS

El acuerdo de cooperación supone también «un acicate» para la ejecución y desembolso antes de las Navidades de 2020 del ‘Future Cruise Credit’, el programa lanzado en julio de 2020 y dirigido a los pasajeros con reservas canceladas.

Así, y en términos generales, Royal Caribbean Group va a entregar a los clientes de Pullmantur Cruceros un nuevo bono (Future Cruise Credit-FCC) del 125% calculado sobre la cantidad abonada por su tarifa de cabina, y sobre el 100% del resto de cantidades abonadas a Pullmantur Cruceros, de conformidad con sus condiciones. Este será aplicable en cruceros de Royal Caribbean International o Celebrity Cruises.

Igualmente, si los clientes prefieren el reembolso de las cantidades ya abonadas a Pullmantur, también tienen la opción de que Royal Caribbean Cruises Group lleve a cabo la devolución del dinero.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recomendado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que visite un centro de educación especial para comprobar «con sus propios ojos» que la reforma educativa del Gobierno, conocida como ‘Ley Celaá’, es «injusta» y «sectaria». Además, ha confirmado que su partido recurrirá esta norma al Tribunal Constitucional y la llevará a las instituciones europeas.

Así se ha pronunciado Casado durante su visita al colegio concertado de educación especial de la Fundación Bobath, que atiende a casi cien alumnos con parálisis cerebral. «Es emocionante cómo les tratan, con qué cariño, cómo están avanzando y cómo se vuelcan los terapeutas, los profesionales y toda la comunidad educativa y familiar, que tiene aquí su segunda casa», ha asegurado en una declaración grababa que el PP ha distribuido a los medios de comunicación.

Casado ha destacado el compromiso del PP para que estos centros de educación especial sigan teniendo apoyos de la financiación pública y las familias puedan «elegir» este tipo de colegios, ya que, según ha dicho, hay niños con «discapacidad» que no pueden ir «a un centro ordinario» sino que necesitan atención y refuerzo educativo, y «muchas veces también sanitario».

SE COMPROMETE A DEROGAR LA LEY SI LLEGA A MONCLOA

En este punto, ha aprovechado para aconsejar a Pedro Sánchez que visite uno de estos colegios. «Le pediría que viniera a un centro de estos y lo viera con sus propios ojos. Se daría cuenta que la Ley Celaá no es justa», ha manifestado, para añadir que estos niños necesitan el apoyo de la sociedad para salir adelante, «ser autónomos» y «ser felices.

Tras poner en valor la labor «magnífica» que realizan estos centros de educación especial, el jefe de la oposición ha defendido la libertad de elección de las familias del modelo educativo de sus hijos, tanto con la concertada como con la especial.

El presidente del PP ha señalado que el Grupo Popular «intentará parar» la Ley Celaá en el Senado, pero ha augurado que como no lo conseguirán, el PP la recurrirá al Tribunal Constitucional porque la Carta Magna «consagra esa libertad de elección educativa». Además ha dicho que acudirá a la Unión Europea con esta norma porque las instituciones europeas «consagran como derecho fundamental esa elección, sobre todo con los más necesitados».

LAS CCAA DEL PP ACTUARÁN PARA FRENAR LOS «ESTRAGOS» DE LA LEY

Además, ha asegurado de nuevo que cuando llegue al Gobierno su partido derogará esta «injusta y sectaria ley educativa». «Hasta entonces las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a hacer todo lo posible para que los estragos de esta Ley no afecten a las familias», ha manifestado el presidente de los ‘populares’.

El propio Casado ya confirmó hace unos días en la Cadena Cope que las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa «socave la libertad de las familias» y para «poner a salvo la libertad educativa». Según ha subrayado, cuando hay en La Moncloa un Ejecutivo que es «malo para los intereses de las familias españolas», «el Estado Autonómico es para estas situaciones».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el coste de la aplicación de la vacuna COVID-19 en el continente africano a las poblaciones prioritarias será de unos 5.700 millones de dólares (4.790 millones de euros). Esta cifra se basa en las estimaciones sobre el precio medio de las vacunas, que es de 10,55 dólares por dosis (8,86 euros), y que la vacuna se necesitará un régimen de dos dosis.

Esta cifra no incluye un coste adicional del 15 al 20 por ciento por los materiales de inyección y la entrega de las vacunas, que requieren trabajadores sanitarios capacitados, la cadena de suministro y la logística y la movilización de la comunidad. En base a este contexto, la OMS ha advertido de que África está «lejos de estar preparada» para lo que será la mayor campaña de inmunización de la historia del continente.

La OMS, junto con la Alianza para la Vacunación Gavi, la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias y otros socios, está trabajando para garantizar el acceso equitativo a las vacunas en África a través de COVAX, el pilar de vacunas del Acelerador de Herramientas COVID-19 de la OMS. Cuando las vacunas sean autorizadas y aprobadas, COVAX trabajará para asegurar dosis suficientes para proporcionar protección a un 20 por ciento inicial de la población africana.

Los 47 países de la Región de África de la OMS han recibido una hoja de ruta para que los países planifiquen la introducción de la vacuna a través de diez esferas clave: planificación y coordinación, recursos y financiación, reglamentación de las vacunas, prestación de servicios, capacitación y supervisión, seguimiento y evaluación, logística de las vacunas, seguridad y vigilancia de las vacunas y comunicaciones y participación de la comunidad.

Cuarenta países han actualizado esta herramienta y han proporcionado datos a la OMS. Un análisis concluye que, sobre la base de los autoinformes de los países, la región de África tiene una puntuación media del 33 por ciento de preparación para el despliegue de la vacuna COVID-19, que está muy por debajo del punto de referencia deseado del 80 por ciento.

«La mayor campaña de inmunización de la historia de África está a la vuelta de la esquina, y los gobiernos africanos deben aumentar urgentemente la preparación. La planificación y la preparación serán la clave de este esfuerzo sin precedentes, y necesitamos un liderazgo activo y el compromiso de los más altos niveles de gobierno con planes y sistemas de coordinación nacional sólidos y amplios», ha comentado el director regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, durante una conferencia de prensa virtual facilitada por el Grupo APO.

El análisis de la OMS de los datos sobre la preparación de los países revela que solo el 49 por ciento ha identificado las poblaciones prioritarias para la vacunación y cuenta con planes para llegar a ellas, y el 44 por ciento tiene estructuras de coordinación en funcionamiento. Solo el 24 por ciento tiene planes adecuados de recursos y financiación, el 17 por ciento tiene listos los instrumentos de reunión de datos y vigilancia y solo el 12 por ciento tiene planes para comunicarse con las comunidades a fin de fomentar la confianza e impulsar la demanda de inmunización.

«El desarrollo de una vacuna segura y eficaz es solo el primer paso para un despliegue exitoso. Si las comunidades no están a bordo y convencidas de que una vacuna protegerá su salud, avanzaremos poco. Es fundamental que los países se acerquen a las comunidades y escuchen sus preocupaciones y les den voz en el proceso», ha apostillado Moeti.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido este jueves que la nueva estratégica farmacéutica de la Unión Europea ponga a los pacientes «en el centro» de todas las decisiones en este ámbito.

Durante un debate en el pleno del parlamento Europeo sobre este asunto, Montserrat ha puesto como ejemplo que no se puede permitir que un paciente europeo de cáncer tenga una diferencia de entre el 7 por ciento y el 90 por ciento de posibilidades de acceder a los medicamentos aprobados, o de esperar entre 3 meses y 3 años para que un fármaco se comercialice después de haber sido aprobado.

«Nuestros hijos son lo primero y que por ello se debe corregir la gran brecha que sigue existiendo en la investigación y el desarrollo de medicamentos pediátricos», ha dicho, para pedir que se dé respuesta a «la gran desesperación» que viven los pacientes de enfermedades raras y sus familiares, ya que hoy hay más de 7.000 enfermedades raras, el 95 por ciento de ellas sin tratamiento.

De manera general, Montserrat ha asegurado que con su estrategia farmacéutica la UE debe lograr que se pueda afrontar cualquier pandemia o amenaza sanitaria; solucionar las necesidades médicas no atendidas; fortalecer la competitividad de la industria europea, y que Europa sea líder mundial en investigación y en el cuidado de la salud.

La portavoz popular también ha destacado que esta nueva estrategia farmacéutica también debe servir para fortalecer la competitividad de la industria farmacéutica, en concreto fomentando un sistema normativo estable y sólido, y mejorando la contratación pública.

También debe servir para agilizar los procedimientos de aprobación sin renunciar a la seguridad y la evidencia, y debe hacer realidad la transformación tecnológica y digital utilizando toda la superinformática y la inteligencia artificial para mejorar en detección precoz y en los tratamientos, impulsando además la producción farmacéutica en Europa y nuestra autonomía industrial para no depender de terceros países», ha apostillado.

Para conseguir afrontar todos estos retos, ha explicado, el sector público y el sector privado deben trabajar «juntos». «Solo así conseguiremos el equilibrio entre la innovación, su accesibilidad y la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud; y solo así protegeremos uno de los grandes derechos fundamentales: la salud de todos», ha zanjado Montserrat.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar desde el próximo día 30 de noviembre con jurado popular al acusado de atropellar a un repartidor de pizzas en Tomelloso y huir del lugar. Se da la circunstancia que el arrollado se ha quedado parapléjico como consecuencia del suceso.

Unos hechos que son para la Fiscalía constitutivos de un delito de conducción temeraria con lesiones imprudentes y otro de omisión del deber de socorro por los que solicita penas que suman cinco años y medio de prisión.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, sitúa los hechos sobre las 22.30 horas del 27 de febrero de 2019, cuando el acusado A.G. conducía el vehículo por la calle San Roque de la localidad de Tomelloso a gran velocidad.

Por ello y, al observar que en el cruce de tal vía con la calle General Espartero se encontraba un vehículo realizando debidamente la señal de ceda el paso, el acusado, con «una absoluta infracción de las normas más básicas de cuidado que debe cumplir cualquier conductor», no respetó su turno de espera, sino que le adelantó por la izquierda, subiéndose a la acera para evitar colisionar con él.

De esta forma entró en el cruce con excesiva velocidad, arrollando a J.M.P.A., que en ese momento circulaba de manera correcta por la calle General Espartero en un ciclomotor en el que desempeñaba su trabajo de repartidor de pizzas.

El escrito detalla que debido al fuerte impacto, J.M.P.A., tras pasar varios segundos sobre el capó del vehículo que conducía el acusado, salió despedido más de 30 metros, colisionando con otro coche que estaba estacionado.

OMISIÓN DE SOCORRO

Acto seguido, tanto el acusado como los cuatro acompañantes bajaron del vehículo para apartar el ciclomotor que les entorpecía el paso y, a continuación, empujaron entre todos el coche para conseguir que arrancase, huyendo del lugar montados en el vehículo que iba conducido por el acusado y sin prestar la más mínima asistencia a J.M.P.A., ni cerciorándose del estado en que se encontraba la víctima, quien estaba gravemente herida e inconsciente en el suelo.

Como consecuencia de los hechos narrados, el escrito precisa las múltiples lesiones padecidas por el motorista que ha le han provocado una paraplejia y ha sufrido una pérdida de calidad de vida grave, necesitando ayuda para el baño y uso del aseo, para vestirse, para trasladarse y para deambular, siendo preciso para ello el uso de silla de ruedas o bitutores. Igualmente sufre incontinencia ocasional. Todo ello supone una afectación de aproximadamente el 55% de sus actividades cotidianas.

Debido a su nueva situación física, el escrito explica que la víctima tiene que adecuar su vivienda y su vehículo así como que precisa de 4 horas y 30 minutos diarios de ayuda de tercera persona.

Además le ha declarado una gran invalidez, correspondiéndole por tanto la situación de incapacidad laboral absoluta. Con motivo de los hechos, se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado el 1 de marzo de 2019. Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado una indemnización que asciende a 378.114,07 euros.