El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha pedido «dar margen» a las nuevas medidas contempladas en el estado de alarma aprobado la semana pasada para comprobar si es eficaz en el control del gran alza de los contagios de COVID-19, con el objetivo de evitar el confinamiento domiciliario.

En rueda de prensa este martes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad no ha descartado ir a un confinamiento duro, pero ha instado a ser «comedido». «Descartar nunca se va a descartar ninguna medida, pero tenemos que ser comedidos. No podemos poner todas las medidas cuando la situación no lo requiere. Tenemos que dar la capacidad a las medidas para mostrar su efectividad o no», ha señalado.

Simón ha reconocido que hay muchas comunidades autónomas con UCI que se encuentran «muy al límite», pero ha puntualizado que «las características de los casos son diferentes» a las de marzo y abril. «Ahora mismo, la gran mayoría no ha tenido que suspender una gran parte de la actividad programada de los hospitales. Desde el punto de vista asistencial, la situación empieza a ser crítica, pero no estamos en una equivalente a la de marzo y abril», ha argumentado.

Al respecto, ha insistido en «dar margen al sistema sanitario para mostrar una cierta elasticidad». «Ahora mismo no creo que sea el momento adecuado (de un confinamiento domiciliario). Podemos todavía darnos un margen para tomar esa decisión», ha reiterado, apuntando que «el primer paso» es «dar margen a todas las medidas y, a partir de ahí, tomar las decisiones».

El epidemiólogo ha resaltado que se necesita tiempo para evaluar las restricciones, en línea con lo manifestado ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Esto no es una carrera a ver quién implementa más medidas, sino de encontrar un punto intermedio, poniendo por delante la salud de la población», ha argumentado.

El experto ha advertido de que el incremento del número de casos «va a generar una situación complicada» en la presión hospitalaria. En este punto, ha informado de que algunas CCAA se encuentran ya por encima del 40 por ciento de ocupación y de que la incidencia acumulada en 14 días en el conjunto de España es «muy alta», con 527 casos por 100.000 habitantes, lo que coloca a nuestro país en el puesto número 16 a nivel europeo.

Ante estos datos, Simón ha alertado de que los fallecidos van a seguir aumentando «aunque se consiguiera controlar la transmisión» en los próximos días, ya que pasan unos 7 días entre el inicio de la subida de casos y su traslación al número de muertes: «Los fallecidos se observan siempre una semana después de que los datos empiecen a acumularse».

Por último, en cuanto al descenso de nuevos casos en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas, Simón ha asegurado que se debe al uso de test de antígenos que permite aislar a los casos estrechos de forma más rápida, así como «a las medidas de contención que se han aplicado», como el confinamiento perimetral o por zonas básicas de salud (ZBS). «En Madrid hay menos transmisión. Las medidas han tenido efecto», ha celebrado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que nombra nuevo embajador en Cuba a Ángel Martín Peccis, un alto responsable de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura que no pertenece al Cuerpo Diplomático.

Según ha informado el Ejecutivo, Martín Peccis es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de la UNED, máster en Filosofía en la Universidad de la UNED y Doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, además de profesor universitario en grado y posgrados en diferentes Universidades Latinoamericanas.

Desde 2005 hasta la actualidad ha sido el director y representante de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Colombia. Desde 2014 es director del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos de la OEI y desde 2018 dirie también el Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia y Ciudadanía.

Ha sido condecorado por la Cámara de Representantes de Colombia con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, por el Senado de Colombia con la Orden del Congreso y en 2018 fue reconocido con la Orden de Boyacá, la de mayor rango en Colombia, que le fue impuesta por el expresidente Juan Manuel Santos.

CONVENIOS PARA SUPERVISAR EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA

Como director en Colombia de la oficina de la OEI, Martín Peccis firmó convenios con el Congreso y el Senado colombianos para supervisar la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Además, presentó ante ambos, en la Mesa de Paz de la Habana, un proyecto para acompañar e implementar la reincorporación educativa de los guerrilleros desmovilizados de las FARC-EP.

Martín Peccis relevará a Juan Fernández Trigo, que fue nombrado embajador en La Habana en otoño de 2018 y ahora será enviado a Caracas en sustitución de Jesús Silva. Fernández Trigo será nombrado «encargado de negocios con cartas de gabinete», un puesto de menor rango que el de embajador para reflejar el hecho de que España no reconoce el actual mandato de Nicolás Maduro porque no consideró democráticas las presidenciales de 2018.

El cese de Fernández Trigo como embajador en Cuba ha tenido que ser aprobado por el Consejo de Ministros en un real decreto pero para su nombramiento como «encargado de negocios» en Caracas basta con una orden ministerial.

Martín Peccis se convertirá en el quinto embajador ‘político’, es decir, no perteneciente a la Carrera Diplomática, nombrado por los Gobiernos de Pedro Sánchez. Eso sí, a diferencia de los otros cuatro, no se le conoce vinculación con el PSOE.

Se trata de los miembros de la Ejecutiva del PSOE Manuel Escudero y Andrés Perelló, nombrados respectivamente embajadores ante la OCDE y la UNESCO; el exalcalde de Lleida, Ángel Ros, embajador en Andorra y la exministra y exdiputada Carmen Montón, representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El nombramiento de los embajadores es una competencia del Consejo de Ministros, es completamente discrecional y no está reservado a diplomáticos, a diferencia de lo que sucede con los puestos de menor nivel en las Embajadas, que se rigen por el escalafón de la Carrera.

La Policía Nacional ha llevado a cabo una nueva revisión del Plan frente al Covid-19 con la incorporación de nuevas medidas como el establecimiento de la figura de un coordinador en cada dependencia policial encargado de revisar la efectiva implantación de las medidas preventivas, así como un procedimiento de rastreo de contagios y contactos, a través del cual se establece la obligatoriedad de completar un cuestionario de seguimiento que posibilite la determinación de contactos estrechos.

En concreto, se ha elaborado una segunda actualización del Plan de Actuación frente al COVID-19 en la que, además de consolidar el sistema actual que está vigente en todas las dependencias policiales, se adopten nuevas actuaciones preventivas y organizativas.

Entre otras cuestiones, se ha acordado la creación de la figura del Coordinador Covid-19 en todas las dependencias policiales para asegurar un mejor control de la efectiva implantación de las disposiciones. Estos coordinadores recibirán la formación necesaria para unificar criterios de actuación y procurar el seguimiento del cumplimiento de las medidas propuestas en este plan.

Entre sus funciones estará las de transmitir entre los empleados el material divulgativo que edite el Centro Directivo, conteniendo las medidas de prevención frente al Covid-19, tanto las generales, como las particulares implantadas en la dependencia donde desarrolla sus funciones. También se va a revisar la efectiva implantación de las medidas preventivas en las instalaciones e informar a las personas responsables de las dependencias de las deficiencias o carencias que presenten en materia de prevención frente al COVID-19, con el fin de proceder a su subsanación.

Además se encargarán de velar porque se llevan a cabo las comunicaciones preceptivas acerca de la incidencia de la pandemia que se determinen por los órganos centrales o periféricos competentes y asesorar a los responsables de los servicios en la cumplimentación del cuestionario de seguimiento de contactos, así como dar traslado del mismo a la Unidad Regional de Sanidad o al Área Sanitaria de la División de Personal.

RASTREO Y COMUNICACIÓN

Igualmente, y con el fin de continuar disminuyendo las probabilidades de propagación del virus entre el personal de la Policía Nacional, se establece el uso obligatorio de las mascarillas en dependencias policiales y se determinan los criterios de seguimiento y control de los contactos en el ámbito laboral policial, sobre la base de las normas publicadas al efecto por el Ministerio de Sanidad.

Como complemento al sistema de detección y control de contactos, ha diseñado además un procedimiento de rastreo de contagios y contactos, a través del cual se establece la obligatoriedad de completar un cuestionario de seguimiento que posibilite la determinación de los contactos estrechos en el ámbito laboral.

Además, por parte del Área Sanitaria se llevarán a cabo pruebas de detección de infección por COVID-19, utilizando test rápidos de antígenos, PCR o test de anticuerpos, según proceda.

Esta actividad específica de control y seguimiento de los contagios se hará más relevante en determinadas actividades en las que se produce una mayor probabilidad de transmisión, dada la alta interacción entre personas, tales como oficinas de denuncias o de expedición de documentación, actividades formativas, operativas, procesos de selección o viajes de personal al extranjero.

Asimismo, ha establecido la elaboración de un Plan de Comunicación Interna que determine los objetivos y las líneas de actuación para difundir entre el colectivo de la Policía Nacional los mensajes y pautas preventivas de actuación recogidas en este plan.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles «todos los medios, los recursos» disponibles para que las víctimas del terrorismo «se vean arropadas» y que su memoria, dignidad y justicia guíe «a todos en todo momento».

Así lo ha manifestado el regidor durante la inauguración en la Real Casa de Correos de Madrid de la exposición ‘El terror a portada. 60 años de terrorismo en España’ con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En el acto también han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero; y el presidente del Grupo Vocento, Ignacio Ybarra.

Martínez-Almeida ha recordado que Madrid «es la capital europea que más castigada ha sido por el terrorismo», una amenaza «actual» que «puede actuar en cualquier momento y en cualquier lugar y que sigue presente», por lo que ha llamado a «poner todos los medios para que esta lacra concluya y todos los recursos para que las víctimas se vean arropadas».

El también portavoz nacional del PP ha mantenido que «vencer a ETA fue un esfuerzo del conjunto de la sociedad, sobre todo de los héroes que tanta sangre derramaron, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

A este respecto, ha puesto en valor que «la verdad no se arrodilló ante la amenaza del terrorismo» y ha recordado «lo que se tuvo que sufrir en aquellos años por defender la libertad, porque muchos fueron asesinados, amenazados y nunca doblegaron la cabeza».

Además de animar a visitar esta exposición ha hecho lo propio con la que se encuentra en CentroCentro, en el Palacio de Cibeles, sobre la vida de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián asesinado por ETA.

El regidor ha apostado por crecer como sociedad «siempre bajo la protección de las víctimas de terrorismo, con el relato verdadero de los años de plomo «porque la memoria, la dignidad y la justicia siempre deben guiar a todos».

La Ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha reconocido ante el Pleno del Senado, que las negociaciones en la UE dentro del acuerdo de políticas migratorias serán «complicadas», pero ha indicado que el Ejecutivo defenderá una política «global, europea, solidaria y responsable».

González Laya ha sido interpelada, este martes, en la Cámara baja por la senadora de Unidas Podemos Sara Vila, que ha pedido a la ministra que España «esté a la altura» en los debates que se produzcan en Bruselas con respecto al acuerdo al que, en esta materia, se está intentando llegar entre los estados miembros.

Ante esta petición, la responsable de Asuntos Exteriores, UE y Copperación, ha explicado que la «prioridad absoluta» de su departamento en este acuerdo es que los procedimientos y medidas que se incluyan sean «plenamente compatibles con los derechos humanos».

Así, ha explicado las líneas que serán primordiales para el Ejecutivo dentro del acuerdo europeo y que pasan por ampliar la capacidades de acogida; garantizar el acceso de migrantes a los servicios públicos básicos independientemente de su condición migratoria; la existencia de un sistema ágil y solidario que permita el rescate y el desembarco responsable de personas en alta mar; procedimientos de determinación estatus de protección internacional que sean ágiles y con garantías procesales; retornos de personas sin estatus de protección con garantías jurídicas y respeto a los derechos humanos; y ampliar las vías de migración legal.

DEFIENDE LA POSTURA DE ESPAÑA

En este sentido, ha señalado la necesidad de impulsar «la tolerancia cero con las mafias que trafican con seres humanos».

En su intervención, ha defendido la labor realizada por el Ejecutivo hasta ahora, recordando los viajes que ella misma ha realizado en el últimos año, a Marruecos, Chad, Argelia o Burkina, entre otros.

Según ha indicado, su trabajo se basa en el punto 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que llama a una reducción de la desigualdad en los países y entre los países. Una situación que, a su juicio, se consigue, entre otras medidas, facilitando «la migración ordenada, segura y responsable» y «respetando los derechos humanos» de los propios migrantes y «la dignidad humana» de los mismos.

«La política migratoria que España quiere tener es de un marcado carácter humanitario y humanista», ha insistido, antes de apuntar que le país está intentando llevar este enfoque global a Europa desde 2015.

UNA BATALLA CONTRA LA EXTREMA DERECHA EN LA UE

Del mismo modo, ha señalado el impulso que su Ministerio quiere dar a la diplomacia humanitaria, en la que, según ha explicado, están decididos a sumar esfuerzos con los departamentos competentes en esta materia, con otras administraciones, así como con todos los agentes de la sociedad.

La senadora morada ha celebrado la postura de la ministra y le ha llamado a negociar en este sentido, recordándole que «aceptar» el pacto que ha presentado la UE tal y como ha sido redactado es «aceptar que la extrema derecha y la derecha van a ganar la partida» en política migratoria.

A su juicio, la política migratoria que se registra en el documento no implica «nada nuevo» y generará un «enquistamiento del drama humanitario en los países fronterizos», como está ocurriendo ahora en España, Grecia o Malta. También ha criticado que se diferencie entre migrantes económicos y refugiados o que se primer en la gestión de fronteras, con un refuerzo de Frontex de 10.000 efectivos, frente a medidas de apertura que «desactiven» las mafias.

«Nos hacemos cargo de las dificultades de las negociaciones, pero no por ello hay que bajar la cabeza», ha declarado Vila, antes de recordar que, con el ‘Aquarius’, el Gobierno ya «demostró que había otra manera de ver la inmigración». «Se le ganó la batalla ideológica a la extrema derecha de Salvini, y que crece en la UE», ha concluido.

La Guardia Civil está rastreando mediante una Orden Europea de Investigación (OEI) la red de apoyo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que se montó con la colaboración de Jaume Cabaní Massip, un informático al que sitúa como «gran cerebro» y «nexo entre las dos principales fuerzas políticas independentistas, PDeCAT y ERC». Constata que se trasladó a principios de 2018 a Waterloo, ciudad belga en la que reside el exmandatario catalán, y que es «el encargado de la transformación del dinero malversado en criptomonedas».

En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que consta en el sumario del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona sobre el entramado empresarial que supuestamente desvió fondos para el ‘procés’, la Guardia Civil dice de Cabaní que se «registró como informático en el edificio de Waterloo en el que reside el expresidente Carles Puigdemont». Añade, en concreto, que es «el encargado de los temas digitales entre los que se encontraría la transformación del dinero malversado en criptomonedas».

Los agentes se refieren a la intervención de conversaciones telefónicas de los principales implicados: «La primera pista sobre la participación en los hechos objeto de pesquisas de Jaume Cabaní se obtuvo en los propios audios de Víctor Terradellas y, especialmente, en la conversación que mantuvo con David Madí, pues fue entonces cuando se mencionó a Cabaní como la persona que estaba trabajando en criptomonedas, al que definieron como gran estructurador, gran cerebro y patriota de piedra picada».

Según los investigadores de la Policía Judicial, la criptomoneda era la «vía ideal para lograr sus objetivos, que no pueden ser otros que disponer de financiación, originariamente procedente de fondos públicos, para avanzar hacia la independencia». En este punto señalan unas anotaciones de Francesc Homs de que «la guerra necesita euros», así como el papel de Víctor Terradellas para «diseñar una estrategia para alcanzar e imponer su tesis en el partido liderado por Carles Puigdemont».

DE CATGLOBAL A UNA SOCIEDAD EN ESTONIA

La Guardia Civil enclava todo este plan en el proyecto de República Digital que evite los controles del Estado. Según los investigadores, «en su implementación surge la figura de Jaume Cabaní, pues sería la persona responsable de coordinar desde Waterloo los trabajos de implementación de semejante proyecto en conexión directa con el Departamento de Políticas Digitales, ambos dirigidos por Junts per Catalunya».

Hablan de la «estrecha relación y situación estratégica en la esfera de poder de Puigdemont» y dicen que Cabaní es «directamente responsable del mal uso» que «indudablemente» se está haciendo de recursos públicos con el desvío de fondos «para fines ajenos a los que debe destinarse». La trama, dice la Guardia Civil, captaría fondos de entidades públicas vinculadas a Convergencia Democràtica de Catalunya, y cita: «Generalitat, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona y Ferrocarriles de la Generalitat», así como fundaciones como Catmon o Igman.

«Una vez esos fondos obran en poder de la entidad subvencionada se redirigen hacia destinos que nada tendrían que ver con el objeto para el que las subvenciones fueron concedidas, como el caso de remunerar a Jaume Cabaní Massip con pagos en su cuenta bancaria», señala la Guardia Civil, que incluye dicha cuenta acaba en 8024, «o para fomentar eventos como el de Crans Montana, directamente vinculados a los movimientos de internacionalización del conflicto catalán buscando apoyos de otras instituciones y países».

La Guardia Civil recuerda que, además de gestionar CATGLOBAL –«registrada en Waterloo y utilizada para la captación de fondos de los ciudadanos que participan en la financiación de los gastos de Carles Puigdemont»–, el informático Jaume Cabaní «ha creado una sociedad en Tallin (Estonia) con nombre Catalitza Oü», con fecha de 30 de agosto de 2019.

«Se trata de un país puntero en la digitalización de su administración», argumenta la Guardia Civil, «por su propia historia podría fácilmente posicionarse del lado del independentismo en sus aspiraciones soberanistas».

LA REPÚBLICA DIGITAL

En su informe, de 27 de diciembre de 2019, la Guardia Civil asegura que no han podido acreditar aún que la asociación CATGLOBAL sea una vía de financiación, aunque sí aseguran que la hipótesis que sostienen es que «la intención última es provocar un cambio en el modelo económico transformando los recursos monetarios de los que puedan disponer en la actualidad o en el futuro en criptomoneda con la finalidad de evitar las acciones de control de los poderes públicos».

En este punto se remiten a una conversación entre Terradellas y David Madí, detenidos ambos en varias fases de la operación de la Guardia Civil, en la que dicen que «ellos pueden prohibir la peseta pero no pueden prohibir ir con Bitcoins’s», en lo que deducen que es una referencia a las autoridades europeas.

Para la Guardia Civil este plan se incardina en una «estrategia mucho más amplia» que sería activar la Asamblea de Cargos Electos y el Consell per la República, «algo así como un Parlament y un Govern paralelos que permitirían seguir dirigiendo el devenir político y administrativo de los ciudadanos catalanes».

«Una vía de escape» al control del Estado sería la «digitalización» de la administración, para lo que los investigadores creen que se toma como inspiración el modelo de Estonia. En este punto recuerdan que la Generalitat habilitó en el referéndum del 1-O una web para introducir ciertos datos personales y así conocer el colegio electoral.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que Soria y Teruel serán consideradas ciudades muy despobladas en el nuevo mapa de ayudas regionales y que, para ello, el Gobierno está trabajando con el Gobierno de Aragón sobre el primer borrador del nuevo marco de ayudas 2022-2027.

Así lo ha trasladado la también portavoz del Gobierno durante la sesión de control del Gobierno en el Senado al ser preguntada por el senador de Teruel Existe Joaquín Vicente Egea Serrano sobre si el Ejecutivo va implantar en el año 2021 ayudas para el funcionamiento de las empresas en las provincias españolas reconocidas como zonas muy despobladas por la Comisión Europea.

En respuesta a la cuestión, Montero ha expresado un «rotundamente sí» y ha subrayado que el sistema de ayudas se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por su parte, el senador ha aplaudido que esto significa que el régimen actual para Teruel permite ayudas a la inversión y para el funcionamiento, aunque con límites para grandes empresas.

En esta línea, ha lamentado que han sido muchos años en los que estas dos provincias no se han podido beneficiar de estas reducciones a las que «tenían derecho», ha remarcado. Eso sí, ha celebrado que a partir de este momento tanto Teruel como Soria están reconocidas de la misma manera que las zonas septentrionales de Finlandia y Suecia.

Por ello, ha agradecido en rueda de prensa la «claridad» de la ministra. «Esto es una muy buena noticia para Teruel porque van a permitir a los empresarios acabar más pronto que tarde con el problema que tenemos de despoblación», ha aseverado, al tiempo que ha puesto en valor que se trata de una herramienta «que se ha usado en otros países septentrionales». Ha aprovechado la ocasión para transmitir su deseo de que otras provincias de la España despoblada se puedan beneficiar de estas ayudas.

Montero ha zanjado su intervención subrayando que el Ejecutivo está impulsando a través de la Comisión del Reto Demográfico lo que sería el Estatuto de Pequeños Municipios. También ha destacado que conforme a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 «solo la provincia de Teruel recibirá más de 89 millones de euros a lo que habrá que sumar lo que corresponda en materia de transferencia de capital y fondos de compensación territorial».

«Creo que el compromiso de este Gobierno es patente. Que sean zonas de atractivo para empresas y ciudadanos para hacer una España vertebrada», ha sostenido.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha pedido este martes disculpas por sus comentarios sobre las enfermeras, que muchos colectivos han tachado de «inapropiados» o «sexistas».

«Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente. Di una respuesta muy incorrecta. Pido mis disculpas a todas las personas o colectivos a los que pudiera molestar. Lo siento», ha explicado este martes en rueda de prensa.

Las declaraciones de Simón se produjeron en una entrevista ‘on line’ recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou. En la misma, le preguntaban si le gustaban «las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas».

«Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas», le preguntaban, a lo que Simón, respondió que «no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después».

En su intervención de hoy, Simón ha insistido en lamentar haber realizado estos comentarios: «Lo siento casi más por mí, me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima los reflejos de frases hechas haya quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante. Trataré de hacerlo mejor. Trataré de no volver a cometer errores de este tipo en ningún otra ocasión».

Numerosas asociaciones y representantes políticos, entre ellos miembros del Gobierno, han criticado las palabras de Simón. Por ejemplo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado sus comentarios como «inapropiados» y «absolutamente desafortunados». El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este martes los «chistes» de Simón por permitirse «hacer bromas sobre el personal sanitario» en mitad de la segunda ola de la pandemia. El PP ha denunciado las palabras de Simón ante el Observatorio de la Imagen de la Mujer.

Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha denunciado los «comentarios sexistas y denigrantes» del director del CCAES y le han reclamado unas disculpas «de forma inmediata» o recogerán firmas para pedir su reprobación parlamentaria y que el Gobierno le cese del cargo. El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, ha reclamado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que cese «de manera inmediata» a Simón por sus comentarios «totalmente ofensivos, humillantes y denigrantes hacia las mujeres enfermeras».

El Gobierno de España ha condenado este martes los recientes atentados terroristas en Kabul, entre ellos en registrado el lunes en la Universidad de la capital de Afganistán que acabó con la vida de 19 personas, y ha llamado a un alto el fuego inmediato en el país.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha subrayado que «no hay lugar para la violencia en una sociedad que busca un país pacífico, próspero y libre del terrorismo» y, en este sentido, ha reclamado su cese.

En la misma línea, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento en favor de un alto el fuego «inmediato» y ha instado a todos los actores a aprovechar la «oportunidad histórica» que representan las negociaciones intraafganas «para alcanzar una paz duradera y la reconciliación nacional».

«Este proceso debe incluir las aspiraciones del pueblo afgano para la paz, la estabilidad y el desarrollo económico, político y social, basados en los logros alcanzados desde 2001 por la República Islámica de Afganistán, sobre todo la protección de los derechos y libertades de los afganos, con especial atención a las mujeres, los niños y las minorías», ha recalcado el departamento que dirige Arancha González Laya.

El vicepresidente primero de Afganistán, Amrulá Salé, ha atribuido este mismo martes a los talibán la autoría del atentado contra la Universidad de Kabul y ha asegurado que la reivindicación por parte del grupo yihadista Estado Islámico es «falsa».

Por su parte, el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha rechazado las acusaciones del vicepresidente primero y ha criticado que esté difamando al movimiento integrista fundado por el mulá Mohamed Omar. El grupo se desvinculó inmediatamente de lo sucedido.

El ataque tuvo lugar cerca de diez días después de la muerte de 30 personas, la mayoría de ellas estudiantes, en un atentado suicida perpetrado por Estado Islámico en un instituto de la capital del país. Igualmente, los talibán se desvincularon también del ataque contra el centro.

Afganistán ha registrado un repunte de la violencia y, a pesar del proceso de diálogo con el Gobierno y del acuerdo de paz firmado el 29 de febrero con Estados Unidos, los talibán se niegan a declarar un alto el fuego. Asimismo, han aumentado los ataques contra las fuerzas de seguridad afganas, lo que ha provocado un incremento de las operaciones de seguridad en gran parte del país.