El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, en el Pirieno Oriental (Girona), ha culminado el último censo transfronterizo, en colaboración con Francia, para el seguimiento del quebrantahuesos en la zona, y ha constatado que su población se ha estabilizado, según ha informado la Generalitat en un comunicado este viernes.

El recuento se llevó a cabo el 17 de febrero de manera simultánea, gracias a la participación de unas cincuenta personas, entre técnicos del parque, de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, del Cuerpo de Agentes Rurales, del Consorcio de la Alta Garrotxa y los Espacios de Interés Natural del Ripollès, y voluntarios.

Los participantes se repartieron en equipos de entre dos y tres personas en puntos estratégicos con buena visibilidad y zonas de paso, hasta un total de 22: 11 entre las comarcas gerundenses del Ripollès y la Alta Garrotxa, y 11 más en el Vallespir y el Conflent, en Francia.

Este último censo ha permitido comprobar que la población de esta especie amenazada se encuentra estable en este área del Pirineo, y se han localizado siete puntos de nidificación en Francia y un punto en Catalunya, cifras similares a las del año pasado, cuando se detectaron seis puntos en Francia.

La Generalitat ha recordado que la orografía y las características del terreno hacen más fácil la nidificación del quebrantahuesos en el lado francés, y que en Francia este ave está sometida a una presión humana menor, dado que la zona es más escarpada y menos accesible, por lo que las parejas muestran más predisposición a hacer el nido.

Hacia finales del siglo XIX el quebrantahuesos estaba presente en toda la península Ibérica, pero a lo largo del siglo XX sufrió una fuerte regresión; hacia los años 80 su área de distribución se vio reducida en la parte más occidental de la cordillera pirenaica y, según los últimos datos de 2020, la población actual en Catalunya es de alrededor de 46 parejas.

La Guardia Urbana de Barcelona ha encontrado cadáveres de cachorros de perro en el congelador y otros animales enfermos en una tienda en el distrito de Nou Barris de Barcelona, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado este viernes.

A raíz de una denuncia de particulares que han comprado cachorros enfermos, la Guardia Urbana inspeccionó la tienda para garantizar si se cumplía la normativa de las instalaciones y los requerimientos de salud de los cachorros a la venta.

En el registro del establecimiento, había un total de 30 cachorros de perro, 15 de ellos en la zona de venta, 12 en la zona de cuarentena y dos hospitalizados --uno de ellos diagnosticado positivo de un coronavirus y con antecedente de parvovirus, en estado caquéctico y síntomas evidentes de deshidratación--.

La Guardia Urbana ha abierto diligencias ante el hecho de que la veterinaria contratada por la tienda no tiene el título profesional convalidado en España y no está colegiada, lo que supone que no puede ejercer la práctica veterinaria ni implantar los microchips identificativos a los animales.

En un congelador del establecimiento se han localizado 18 cadáveres de cachorros de perro, en dos bolsas, una de ellas con los pasaportes de los animales.

IRREGULARIDADES

El libro de registro de entradas y salidas de los animales en el establecimiento presenta irregularidades importantes, entre las cuales, la falta de registro de los animales muertos de la tienda.

La tercera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha subrayado que los incumplimientos detectados les obliga a "iniciar el correspondiente proceso sancionador y a derivar el expediente al servicio de licencias de Nou Barris de Barcelona para que valore la necesidad de cesar la actividad".

Ha añadido: "Queremos dar un mensaje muy claro de que en Barcelona perseguimos todos los incumplimientos de la Ordenanza de Protección, Tenencia y Venta de Animales, siendo muy contundentes y claros en su aplicación, sabiendo que es una normativa muy ambiciosa y muy valiente en la defensa del bienestar animal".

El Ayuntamiento hará un seguimiento de esta tienda y abrirá diligencias con los informes de la inspección.

Cuatro meses después de la primera manifestación del sector de la moda flamenca, se han visto otra vez en las principales calles del Centro de Sevilla numerosos trajes de gitana con motivo del acto reivindicativo organizado por el movimiento #Lunaroff para pedir de nuevo a las administraciones las ayudas que llevan tiempo reclamando.

La movilización, que se ha celebrado en las vísperas del Día de Andalucía --"también somos imagen de nuestra tierra"--, partía desde la Plaza Nueva al mediodía y finalizaba junto al Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz, con la lectura de un manifiesto.

Mujeres ataviadas con un traje de flamenca han desfilado junto a diseñadores y empresarios de este sector textil para expresar la "agónica" situación por la que están atravesando como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. "Somos de los sectores más afectados por el Covid porque no facturamos nada desde hace uno año, y este 2021 lo damos por perdido", ha afirmado el diseñador José Galván.

Somos cultura y somos la imagen por la que siempre se apuesta cuando se quiere poner en valor a Andalucía pero ahora estamos olvidados", ha destacado el diseñador, al tiempo que ha asegurado que "aunque haya quien se ha reinventado con otro enfoque en la confección de prendas, no es la solución.

Galván también ha recordado que están esperando un segundo encuentro tanto con la Junta de Andalucía como con el Ayuntamiento. "Después de la primera reunión, ambas administraciones nos trasladaron que entendían nuestra situación, más aún cuando no reunimos los requisitos para recibir los 1.000 euros de ayuda y siguen sin poder celebrarse ferias, romerías y grandes eventos de moda".

"Que planteen la posibilidad de hacer un acto los días de Feria no supone gran ayuda porque las mujeres no se van a comprar un traje de flamenca para ello", ha añadido Javier García, diseñador y otro de los coordinadores del evento. Agradecemos al Ayuntamiento su voluntad de que se visualice la moda flamenca, pero nadie nos va a recoger un traje del taller para salir a comer al Centro de la ciudad.

Desde el movimiento #Lunaroff se ha valorado de forma "muy positiva" la respuesta a esta convocatoria, que ha concentrado a unas 350 personas, según la organización, con la presencia de un centenar de empresas y unas 120 mujeres vestidas de flamenca, y ello, "teniendo en cuenta las restricciones de movilidad entre provincias" y que el sector "no es excesivamente grande".

"Otros sectores, como el de arte sacro recibirá ayudas públicas por un millón de euros que guardan relación con los montajes de altares. Sin embargo, nosotros, que representamos --Sevilla-- en torno al 50 por ciento de la moda flamenca de España estamos comprobando cómo nos quedamos literalmente atrás", ha concluido.

El Consejo Fiscal ha solicitado al Ministerio de Justicia que limite el papel del futuro juez de garantías para que el fiscal europeo delegado que prevé el proyecto de Fiscalía Europea se configure como "un verdadero fiscal investigador".

Así lo ha interesado en el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de adaptación al ordenamiento nacional del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

El informe, emitido este viernes en el Pleno que ha presidido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, interesa que "por el Ministerio de Justicia se realice una reconsideración general del anteproyecto, a la vista de las trabas que el mismo impone a la labor autónoma de investigación del fiscal europeo delegado".

El objetivo de la modificación propuesta es que se configure como "un verdadero fiscal investigador, limitando la intervención del juez de garantías a la autorización de aquellas diligencias de investigación que afecten directamente a los derechos fundamentales y las libertades públicas".

Subsidiariamente, el Consejo Fiscal ha propuesto "mejoras técnicas para el caso de que no se acepte este planteamiento", según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado que los procesos de selección en relación a las actividades formativas, de colaboración y de participación con otras instituciones o comisiones de estudio en las que participen fiscales sean ofertados a toda la carrera fiscal con "un sistema de selección público, transparente y motivado en su adjudicación".

EL JUEZ, "UN TERCERO IMPARCIAL"

En la misma línea, la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- ha propugnado un cambio de modelo que "atribuya al fiscal la dirección de la investigación penal" y en el que "el juez sea un tercero imparcial".

La AF ha querido manifestar que no comparte el modelo de proceso penal que dibujan tanto el anteproyecto de la futura Fiscalía Europea como el de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), a pesar de que encomienda al fiscal la instrucción.

En su opinión, el nuevo modelo "rezuma desconfianza hacia el fiscal investigador y supedita su actuación a la 'tutela' o 'supervisión' del juez de garantías, a quien dotan de unas competencias que exceden con mucho de la función de salvaguarda de los derechos fundamentales, desnaturalizando su esencia de tercero imparcial, y limitando con ello la eficacia y celeridad del proceso".

Además, la asociación fiscal ha insistido en que, "en todo caso, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal debería ir acompañado de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que blinde al fiscal de todo intento de mediatización en su labor investigadora".

El PP ha expresado este viernes su respeto a las decisiones que ha tomado el rey emérito tras su nueva regularización fiscal y ha añadido que la ley es igual para todos. Eso sí, ha recalcado también que "la solidaridad fiscal de los españoles no es una opción, sino una obligación de todos".

Así lo han asegurado fuentes de la cúpula del PP después de que el abogado de Juan Carlos I haya confirmado que ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado algo más de cuatro millones de euros, incluyendo intereses de demora y recargos.

"La solidaridad fiscal de los españoles no es una opción, sino una obligación de todos nosotros. También el cumplimiento de la ley", han subrayado fuentes del PP, que han recordado que la normativa fiscal permite a quien no está al corriente de sus obligaciones con el fisco, hacer una regularización fiscal.

Según el partido que dirige Pablo Casado, si el rey emérito actúa dentro de esa cobertura legal "no hay más que opinar". Pero si ha cometido una falta, "algo que no se ha probado, debería responder como cualquier otro español", según agregan las mismas fuentes.

EL PRESIDENTE ANDALUZ CREE QUE DEBERÍA ESTAR EN ESPAÑA

Públicamente se ha manifestado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha señalado en la Cadena Ser que el Rey emérito Juan Carlos I debería estar en España y "normalizar" su situación fiscal.

Además, ha dicho que hay que hacer "una diferencia" entre Juan Carlos, la persona, y el Rey Juan Carlos I, que es una figura alargada en la historia, con una enorme vocación de servicio al Estado y esa labor que ha hecho a lo largo de los casi 40 años de reinado ha sido positiva, mientras que otra es evidentemente la que ha tenido como persona, y si ha tenido que regularizar su situación fiscal, "es porque no se han hecho las cosas bien y lo que tiene que hacer es normalizarlo". "Me parece bien que normalice esa situación fiscal", ha apuntado.

Dicho esto, Moreno ha indicado que, particularmente, cree que el Rey Juan Carlos I debería estar de España porque es su país, donde tiene sus raíces y a su familia, pero evidentemente es una decisión de carácter personal y de la Casa Real.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha expresado su respeto a las decisiones del rey emérito y ha añadido que "todos los ciudadanos tienen que estar al corriente con sus obligaciones" y "no debe haber excepción ninguna".

La CUP celebrará este sábado un Consell Polític ordinario en el que debatirá sobre qué papel y qué responsabilidades quieren ejercer en la nueva legislatura, entre las que se plantean la opción de entrar en la Mesa del Parlament e, incluso, presidirla.

En la reunión de este órgano --en el que están representadas las asambleas territoriales y toma las decisiones del partido cada mes-- los 'cupaires' no tomarán ninguna decisión definitiva, sino que servirá solo para debatir y analizar la actuación de la formación en la próxima legislatura.

El documento que se debatirá este sábado analiza los resultados electorales y fija los objetivos de la CUP para esta nueva etapa: tejer una hoja de ruta hacia la independencia, un "rescate social contra la actual situación sanitaria, económica, social, laboral y de crecimiento desmedido de la pobreza", y como concretar un plan de trabajo de cambio de modelo económico desde una perspectiva social, ecologista y feminista.

Así, pregunta a la militancia cuál es la estrategia de legislatura a seguir: "¿En qué grado debería asumir responsabilidades en clave institucional la CUP y en función de qué acuerdos?".

Asimismo, el documento la CUP subraya que la Mesa del Parlament es importante para "hacer frente a los ataques del Tribunal Constitucional (TC) a la soberanía del Parlament", asume que, por los resultados electorales, a la CUP le corresponde un puesto en este órgano y pregunta a sus bases si deberían plantear en las negociaciones asumir la Presidencia de la Cámara catalana.

El Consell Polític abordará estas cuestiones después de que durante esta semana 850 militantes han las Asambleas Abiertas Parlamentarias --incluye la militancia de todas las organizaciones que apoyan la candidatura de la CUP-- haya debatido ese mismo documento y haya apostado por "hacer valer toda la fuerza de los nueve diputados para conseguir cambios en la próxima legislatura que permitan dibujar un nuevo modelo de país", ha explicado en un comunicado.

Además, se celebrará tras la reunión de este viernes entre la CUP y ERC, en la que se han comprometido a trabajar en propuestas concretas para reformar el modelo de orden público y policial, lo que la formación anticapitalista ha celebrado porque cree que a partir de este compromiso "se pueden generar las condiciones para entrar en una negociación".

IMPACTO EN LAS NEGOCIACIONES

Pese a que en principio la CUP no debe tomar ninguna decisión definitiva, la orientación que adopte el Consell Polític de los 'cupaires' en este asunto será determinante para el curso de las negociaciones sobre la formación de gobierno.

En las últimas dos semanas la CUP ha mantenido reuniones con ERC, Junts y los comuns: los republicanos quieren un Govern con estas cuatro formaciones, pero se antoja difícil porque el partido de Laura Borràs y el de Jéssica Albiach se vetan mutuamente, mientras que los 'cupaires' ya avisaron de que en estos momentos están "lejos" de plantearse entrar en el futuro gobierno.

La CUP sí que se ha posicionado más claramente a favor de entrar en la Mesa del Parlament, incluso abriendo la puerta a pedir presidir la Cámara, lo que ha escenificado el primer escollo que puede haber para que los partidos independentistas alcancen un acuerdo, que deberían tener listo como muy tarde el 12 de marzo --la fecha límite para que se constituya el Parlament y en esa sesión se elige la composición de la Mesa--.

En las últimas legislaturas, al ser Junts el partido independentista más votado y que se ha quedado con la Presidencia de la Generalitat, ERC ha ostentado la Presidencia del Parlament, y ahora que los republicanos han quedado por delante aspiran a que Pere Aragonès sea presidente de la Generalitat, por lo que Junts defiende que lo "lógico" sería que uno de sus diputados fuera el próximo presidente de la Cámara catalana.

Pero si la CUP entra en la ecuación de los pactos esta fórmula puede cambiar y, de hecho, durante esta semana ERC no se ha cerrado a esta posibilidad, ya que la intención de los republicanos es superar la dinámica de la última legislatura, en la que hubo crisis constantes entre los socios del Ejecutivo, muchas de las cuales tuvieron su epicentro en la Mesa de la Cámara.

PAPEL DE LOS COMUNS

Este mismo sábado, los comuns celebrarán un Consell Nacional telemático para valorar los resultados electorales del 14 de febrero y "analizar los escenarios de gobernabilidad que se abren y los próximos pasos" a seguir.

Hasta ahora los comuns han mantenido dos reuniones con el PSC, con los que defienden que haya un gobierno progresista, y una con ERC --a los que quieren sumar a este pacto pero los republicanos rechazan cualquier acuerdo con los socialistas--, además de haber celebrado un encuentro con la CUP.

El Gobierno de Aragón ha confirmado 203 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, correspondientes a los resultados de 2.338 pruebas diagnósticas, confirmados este jueves, 25 de febrero, con una positividad del 8,68 por ciento. Los asintomáticos han representado el 48 por ciento y las altas epidemiológicas se han elevado a 643.

Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, en Zaragoza, se han comunicado 134 casos, en Huesca, 48, y en Teruel, 20, a los que hay que sumar otro en el que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.

Por municipios, en la capital aragonesa se ha declarado 92 positivos; en Monzón, siete; en Teruel, cuatro; en Utebo, Caspe y Calatayud, dos; y en Huesca, Barbastro y Tarazona, uno.

Por zonas de salud, la que más casos ha comunicado en esta jornada ha sido Lafortunada, con 11, seguida de Monzón Urbana y Sariñena, con ocho cada una, todas ellas en la provincia de Huesca, así como otros ocho en Utrillas, en Teruel.

Además, en las zonas de salud Delicias Sur y Miralbueno-Garrapinillos se han producido siete casos; en Albalate de Cinca, Binéfar, Romareda-Seminario, seis; y en Actur Oeste, San José Norte, San Pablo y Villamayor, cinco en cada una. En el resto ha habido cuatro o menos casos.

Del total de 2.338 pruebas diagnósticas confirmadas este jueves, 1.528 han sido PCR y 810 test antígenos. Asimismo, en las últimas 24 horas se han hecho 2.435 pruebas, de ellas, 1.250 PCR, 802 de detección de antígeno, 362 de prueba serológica y 21 test rápido de anticuerpos.

HOSPITALIZACIÓN

Las camas ocupadas por pacientes con la COVID-19 en Aragón han sido en esta jornada 381, de las que 75 son en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 306 en planta. Además, hay 1.252 camas disponibles: 73 de UCI con respirador, cinco sin respirador y 1.174 de hospitalización convencional.

La distribución de pacientes en la capital aragonesa, en centros públicos, supone que en el Hospital Royo Villanova hay 57 personas con la COVID-19, diez de ellas en UCI; en el Nuestra Señora de Gracia, 16, cuatro en UCI; en el Servet, 94, 29 en UCI; en el Militar, seis; y en el Clínico, 91, 19 en UCI.

En centros privados, en el Hospital MAZ, hay dos personas en UCI; en la Clínica Montecanal, tres en planta; en el Hospital Quirón, tres en plan y dos en UCI; en el Hospital San Juan de Dios, tres en planta y en el Hospital H.C. Miraflores, uno en planta.

En la provincia de Zaragoza, en el C.S. Ejea-Cinco Villas hay una persona ingresada y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, 18. En Huesca, en el Hospital San Jorge, 22, tres en UCI; en el Hospital de Barbastro, 18, dos en UCI; y en el C.S. Fraga-Bajo Cinca, una. En Teruel, en el Hospital Obispo Polanco, 24, cuatro en UCI; en el Hospital San José, cuatro; y en el Hospital de Alcañiz, 15.

SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN

Aragón ha administrado 128.446 dosis de la vacuna contra la COVID-19, el 93,05 por ciento de las disponibles. Del total, 47.064 han sido segundas dosis y se mantiene un stock de 3.500 como remanente para garantizar la continuidad del programa de vacunación en caso de retraso en el suministro.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción conjunta de los grupos del PP y Ciudadanos --que también ha contado con el apoyo de Vox y PSOE y el rechazo de Podemos y ZeC-- en la que se defiende la plena normalidad política y democrática en el país y se reprueban las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de otros miembros del ejecutivo de Unidas-Podemos cuestionando la democracia en España.

En otro epígrafe de la moción, que ha contado con los mismos apoyos, se condenan también los episodios violentos ocasionados por radicales en diferentes ciudades de España y se respalda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes de la ley y la seguridad, además de expresar el apoyo a los agentes heridos.

El tercer apartado de la moción, que ha contado con el apoyo de PP, Cs y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos y ZeC, reitera la defensa de la libertad de prensa como valor fundamental del sistema democrático y rechaza los planteamientos del Gobierno de España para establecer controles políticos a los medios de comunicación.

En el cuarto y último epígrafe, que ha contado con el apoyo de PP, Cs, Vox y PSOE y el rechazado de Podemos y ZeC, el Ayuntamiento de Zaragoza se desmarca expresamente de las manifestaciones públicas realizadas por Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, partido en el Gobierno de España, que escribió en un tuit: "Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol".

PACOTILLA

El concejal del PP, Alfonso Mendoza, ha pedido a quienes apoyan estas actitudes y tienen cargos que dimitan y dejen los despachos que "esta anormal democracia les ha dado", pero se ha mostrado convencido de que no lo harán porque "son revolucionarios de pacotilla".

Ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tardara tres días en condenar estos hechos y ha pedido al PSOE que defiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero "no con la boca pequeña".

Mendoza ha considerado que es momento de que el PSOE tome el liderazgo de la oposición en el Ayuntamiento y "no se deje llevar por discursos revolucionarios de pacotilla".

DIBUJAR DIANAS

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha dicho que la extrema izquierda "está basada en el fascismo", con actuaciones como los escraches o justificar la agresión a los participantes en el Día del Orgullo Gay. "Los únicos fascistas en España son los de extrema izquierda; nadie más dibuja dianas".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha tildado de "vergüenza" que se utilice el pleno del Ayuntamiento para reprobar a un vicepresidente porque "sí se sufren anormalidades democráticas, como otros países en la UE" y "negarlo es interesado o hipócrita".

"El espíritu de todo demócrata debe ser señalar los límites y fallos para mejorarla y no hacer demagogia barata", ha opinado Rivarés, para citar casos como "el Rey emérito fugado por presuntas corruptelas o el caso Villarejo". Ha subrayado que Podemos "condena la violencia".

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha citado varios ejemplos de "anormalidad democrática", como la "mercantilización de las residencias de personas mayores o la absolución de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o el rey corrupto y una monarquía deslegitimada", además del partido "progolpista que es Vox", afirmación ante la que el portavoz de Vox le ha pedido a Santisteve que la retirara y "no se le caliente la boca".

"QUIEN CALLA OTORGA"

La vicealcaldesa y portavoz de Cs, Sara Fernández, ha criticado que se justifiquen las declaraciones de Pablo Iglesias con otros casos de corrupción que se juzgan. "Ninguna institución española tiene que quedarse al margen de los ataques a la democracia por parte de algunos ministros del Gobierno y de que se aliente a los violentos".

A su parecer, "eso es una anormalidad democrática, como señalar a periodistas que publican cosas que no nos gustan, pero está la libertad de prensa". "Aceptar las propuestas de Podemos será el final de la libertad de prensa y el que calla, otorga", le ha dicho Sara Fernández al PSOE.

El concejal del Partido Socialista, Alfonso Gómez, ha dicho que ellos no tienen complejos, sino ideología y ha dejado claro que su formación no comparte las declaraciones de Iglesias, pero también ha afeado que Vox llame "socialcomunista criminal" al Gobierno de coalición de España.

La Rioja ha notificado este viernes un fallecido por coronavirus en una jornada en la que ha aumentado la presión asistencial con nueve ingresos más hasta 56. Por su parte, los casos activos sí que continúan en su tendencia a la baja al pasar de los 267 a los 248 (19 menos que ayer).

Además, nuestra comunidad autónoma ha sumado 18 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia un total de 27.422 personas han padecido la enfermedad en nuestra región.

Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, el fallecido es un hombre de edad avanzada y con factores de riesgo. No residía en un centro de mayores.

De este modo, desde el inicio de la pandemia han muerto 723 personas en La Rioja por coronavirus. De esta cifra, 300 pertenecían a residencias de mayores.

Con respecto a la presión asistencial, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 16 personas ingresadas en planta con coronavirus (cuatro personas más que ayer) mientras que la UCI tiene 27 ingresados (igual que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano ha reducido el número de camas habilitadas en la UCI desde 86 a 43.

De este modo, contando con esa reducción y sumando a los ingresados por patologías No-Covid (8 a día de hoy, una menos que ayer), la UCI riojana tiene 35 pacientes y se encuentra al 81,30 (dos puntos menos que hace 24 horas).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra cuenta con 13 personas en planta con Covid-19 (5 personas más que ayer).

En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja, sigue bajando y se sitúa en 115,01 frente a los 125,24 de ayer.

A siete días, la incidencia también sigue disminuyendo, situándose hoy en 32,90, por 41,53 de ayer. En cuanto a la positividad en La Rioja sube levemente con respecto a ayer a los 4,35 (ayer 4,29).

Además, a día de hoy se encuentran un total de 8.641 personas en cuarentena frente a las 9.328 de ayer.

Finalmente, las residencias riojanas vuelven a estar sin ningún positivo en ninguno de los 33 centros de mayores de la comunidad riojana.

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y para el Caribe, Cristina Gallach, ha procedido este viernes a entregar material al Ministerio del Interior de Ghana con el que se busca ayudar a las autoridades del país africano a reforzar el control fronterizo.

En concreto, se trata de coches, quads, ordenadores y otro material con el que el Gobierno desea respaldar el "excelente trabajo" que Ghana está llevando a cabo en la protección de sus fronteras algo que, según Gallach, "no es fácil" puesto que el país se encuentra en la "zona limítrofe" con el Sahel, donde hay una importante amenaza yihadista.

"España está comprometida desde hace tiempo a que con mejor equipamiento puedan realizar mejor las tareas de control de fronteras", ha explicado la secretaria de Estado, que se ha reunido en Accra con el ministro del Interior ghanés, Ambrose Dery.

Según Gallach, el ministro ghanés tiene un enfoque respecto al problema de la migración muy similar al de España y comparte la necesidad de hacer frente a la amenaza conjugando los aspectos económicos, sociales y de seguridad.

La secretaria de Estado también ha tenido ocasión de reunirse con la ministra de Asuntos Exteriores e Integración Regional, Shirley Ayorkor Botchwey, así como con mujeres líderes de la sociedad ghanesa.

Este jueves ya se había entrevistado con el ministro de Comercio, , Alan John Kyerematen, con la vista puesta en "buscar oportunidades económicas y comerciales". Según Gallach, para Ghana España es el segundo país de destino de sus exportaciones y el sexto cliente en sus importaciones, lo que se traduce en una "relación económica intensa".

Además, ha mantenido un encuentro con empresarios españoles en el país, con el que se estima que unas 2.600 empresas han mantenido algún tipo de negocio. "Nos parece fundamental apoyarles, que escuchemos las oportunidades que creen que hay y que desde el punto de vista institucional creemos los mecanismos para desarrollar una presencia más profunda", ha señalado.

"Este es un país muy importante en África Occidental y en todo el continente y ejerce un liderazgo económico de gran calado", ha valorado Gallach, incidiendo en que tiene "una economía muy vibrante" junto con "una gran estabilidad institucional".

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha avanzado este viernes que el Gobierno regional considera "oportuno" abordar el proceso de desescalada de las actuales medidas restrictivas con motivo de la pandemia de COVID-19 por provincias y comenzar en las que tengan "menos de un 25 por ciento de ocupación en las UCI" por pacientes con coronavirus.

Así lo ha apuntado Igea este viernes tras una reunión telemática que ha mantenido, acompañado por los consejeros de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo; y de Cultura y Turismo, Javier Ortega; con representantes de los sectores de la hostelería, el turismo, la gran distribución y de las instalaciones deportivas para exponer y recabar su opinión sobre la propuesta de desescalada que será sometida a consideración en el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León que se celebrará este lunes.

Según ha explicado el vicepresidente, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la intención "inicial", ya que se debe debatir el lunes en el Consejo de Gobierno, es arrancar el proceso de desescalada si se consigue "un grado de desocupación en las unidades de cuidados intensivos" junto con la incidencia acumulada del COVID-19 y así se comenzará en las provincias que tengan menos del 25 por ciento de las camas UCI ocupadas por pacientes con el virus.

Según las cifras que ofrece la Junta de Castilla y León en su portal de Datos Abiertos, a fecha de este viernes la única provincia que cumple dicho criterio es Ávila, con las UCI ocupadas al 22,2 por ciento, mientras que estaría cerca Salamanca, al 29,7 por ciento.

Con la evolución que muestran los indicadores, la Junta considera oportuno realizar la desescalada por provincias, en fases de 14 días y siempre de manera gradual. Eso sí, aunque las fases duren dos semanas, cada lunes se podrán sumar nuevas provincias al proceso.

El motivo de ello es "poder evaluar su impacto, que el levantamiento no produce un incremento de la incidencia" e "ir aliviando las medidas de acuerdo al semáforo", con la "necesidad de ser cautelosos, dar todos los pasos de la desescalada en todos los niveles de restricciones, sin saltar un paso", con el objetivo de que no ocurra lo que sucedió las pasadas navidades.

Así, según Igea, las decisiones que se anuncien este lunes, que no ha detallado a qué sectores o medidas afectarán, entrarán en vigor de cara al siguiente fin de semana y el lunes 8 y los sucesivos se podrán sumar más provincias con alivio de medidas.

En cualquier caso, el vicepresidente de la Junta ha matizado también que esperan la decisión del Consejo Interterritorial de Salud al que han propuesto que se establezcan medidas "unitarias" para todas las comunidades, de lo cual podría derivarse un cambio en los planteamientos del Gobierno castellanoleonés.

Por otro lado, el vicepresidente ha apuntado a los sectores con los que se ha reunido la intención de mantener el confinamiento perimetral de la Comunidad para "no repetir los errores del verano y las navidades" y "no considerar ésto como un periodo vacacional más". Este punto, ha reconocido Igea, se ha entendido mayoritariamente si bien alguno de los sectores ha expresado su "reticencia".

CIERRE DE ACTIVIDAD A QUIEN INCUMPLA

Asimismo, ha comunicado la intención del Gobierno regional de "endurecer" el régimen sancionador y poder incluir entre las sanciones el cierre preventivo de aquellos establecimientos que incumplan las normas fundamentales. "Es importante para todos que no se permita la actividad de aquellos que incumplan y pongan en riesgo a los cumplidores así como la salud de todos", ha aseverado.

En este sentido, Francisco Igea también ha indicado que desde el comité de crisis se ha trasladado a la Dirección General de Salud Pública la necesidad de realizar un estudio específico de las restricciones que afectan a estos sectores para, en consecuencia, poder realizar cambios en el proceso de desescalada.

Durante la reunión también se ha recordado, tal y como ya anunció ayer el vicepresidente Igea, que todas las personas que hayan solicitado ayudas de la Junta de Castilla y León y cumplan requisitos las van a percibir. Además, también se ha apuntado que el Gobierno autonómico no descarta nuevos escenarios de ayudas, en función de la evolución de la situación epidemiológica y las medidas que deban adoptarse. Finalmente, y en relación con esta cuestión, Francisco Igea también ha hecho hincapié en que la Junta de Castilla y León incidirá en que las ayudas por importe de 11.000 millones de euros comprometidas por el Gobierno de España sean ayudas directas.

En el encuentro mantenido hoy los sectores citados han estado representados por la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, la Asociación de empresarios de alojamientos turísticos de Castilla y León, la Asociación nacional de grandes empresas de distribución (ANGED), la Asociación española de centros y parques comerciales (AECC), la Federación nacional de empresarios de instalaciones deportivas (FNEID), Federación de empresarios de centros deportivos de Castilla y León y la Agrupación de centros de pilates de Castilla y León.

Casi 15.000 profesores gallegos ya han sido vacunados contra la covid-19, un proceso que la Xunta prevé intensificar este fin de semana para alcanzar los 20.000 docentes vacunados en la jornada del domingo.

De ello ha informado la Consellería de Sanidade en un comunicado remitido a los medios, en el que señala que prevé finalizar la inmunización del personal docente menor de 55 años de centros públicos en la primera semana de marzo.

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha dado este viernes traslado de esta información a los miembros del Comité Educativo, presidido por el conselleiro del ramo, Román Rodríguez. Además, también ha informado de que, a la espera de los datos de vacunación efectiva, la adherencia a la campaña superó el 90% en sus primeras jornadas.

Tras la vacunación de este primer grupo de prioridad, la Xunta ha destacado que diseña el orden de vacunación del personal docente del resto de los centros, así como del personal no docente vinculado al sistema educativo.

Por otra parte, Sanidade ha explicado que en el Comité Educativo se informó de la habilitación de un correo electrónico y un teléfono de contacto para que, a través de las direcciones de los centros educativos, se informe a la Administración autonómica de las posibles incidencias en la campaña de vacunación, con el objetivo de atenderlas.

LA CIG CRÍTICA LA EXCLUSIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE

Precisamente este viernes, en otro comunicado remitido a los medios, la central sindical CIG ha criticado que la Consellería de Sandiade no inmunice al personal no docente de los centros educativos.

"El evidente caos que se está produciendo con el inicio de las vacunaciones en los centros educativos genera una gran alarma ya que, de seguir así, habrá centros donde haya parte del personal vacunado y otra parte, por la contra, sin vacunar, poniendo así en riesgo a toda la comunidad educativa", denuncia el sindicato nacionalista.

La CIG-Autonómica ha asegurado que, un documento conjunto enviado a las direcciones de los centros, las consellerías de Sanidade y Educación dejan claro que la abarcaría progresivamente a todo el personal docente y no docente de los centros educativos no universitarios, públicos y privados.

"Que la única priorización sería el personal menor de 55 años según lo establecido en la Estrategia de Vacunación Covid-19 del Gobierno de España y en función de la disponibilidad de vacunas suministradas por el gobierno central", apunta para recordar que la última versión de este plan establece el "Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación especial, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado" y el "Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria".

A la vista de ello, la CIG-Autonómica crítica que "no se tuviese en cuenta a la representación del personal no docente a la hora de tratar este asunto para buscar soluciones que no discriminen a este personal".

ERC y la CUP se han reunido este viernes y se han comprometido a trabajar en propuestas concretas a corto y medio plazo para "transformar" el modelo policial y de orden público en Cataluña, han explicado ambos partidos en sendos comunicados.

En el comunicado de ERC, los republicanos han situado esta cuestión como "un aspecto fundamental para imprimir un cambio en la Generalitat y confeccionar un nuevo Govern transformador y al lado de la gente".

ERC ha destacado que han centrado buena parte de la reunión en trabajar en cuatro ámbitos para reformar el modelo de orden público, como propuestas concretas sobre el uso de los proyectiles de foam y el modelo policial actual, y el papel de la Generalitat en las acusaciones particulares a activistas.

También han abordado la aplicación del reglamento de los Mossos d'Esquadra ante las posibles malas praxis que se puedan producir; la participación de los equipos de orden público en los desahucios, y la importancia de trabajar en políticas de vivienda "que permitan atacar el problema de raíz".

Los republicanos han reivindicado que los equipos negociadores de las dos formaciones se han comprometido a profundizar y trabajar "en propuestas concretas a corto plazo, y en reformas y replanteamientos del modelo más a medio plazo".

Asimismo, ERC y la CUP se han emplazado a seguir trabajando en los próximos días para abordar el resto de "temas prioritarios de la negociación, como son el ámbito del rescate social, la reconstrucción y el avance hacia la república catalana".

CONDICIÓN PREVIA E INMEDIATA

Por su parte, en su comunicado la CUP ha celebrado que ERC se avenga a trabajar en la reforma del modelo policial y ha asegurado que con este compromiso "se pueden generar las condiciones para entrar en una negociación" para la próxima legislatura.

Los 'cupaires' han planteado como condición previa e inmediata a cualquier tipo de negociación "detener las hemorragias que ha habido en la acción política de los partidos que han formado parte del Govern durante la pasada legislatura y que vulneran el derecho a la vivienda y a la protesta".

Han explicado que su prioridad es situar "la necesidad urgente" de poner fin al uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos, que los cuerpos de antidisturbios no intervengan en los desahucios y que la Generalitat no ejerza de acusación particular contra activistas.

La CUP ha afirmado que abordar estas cuestiones "de sentido común e imprescindibles era necesario antes de sentarse a hablar de nada más", por lo que estarán atentos a que estos compromisos se cumplan a corto plazo.

Además, ha desvelado que uno de los acuerdos entre ERC y la CUP es que se creará un equipo jurídico con representantes de las dos formaciones para estudiar estas cuestiones.

TERCERA REUNIÓN

Esta es la tercera reunión que trasciende públicamente entre ambas formaciones --ERC eligió a la CUP y no a Junts para comenzar las negociaciones--: la primera sirvió para abrir las conversaciones tras las elecciones y en la segunda comenzaron a estudiar un "plan de choque" para cambiar el modelo policial, además de avanzar en las políticas del próximo Govern para hacer frente a la crisis.

Tras los disturbios de la última semana por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, el debate sobre si reformar el modelo policial se ha colado en las negociaciones sobre la formación de gobierno.

De hecho, la CUP lo ha situado como una de sus condiciones para alcanzar un pacto, pero el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, derivó la cuestión al Parlament, donde considera que se tiene que hacer el debate, durante la nueva legislatura, y pidió no utilizarla políticamente.