El exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó formará parte de la lista del PP encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo como independiente, según han confirmado a Europa Press fuentes ‘populares’.

Toni Cantó ha confirmado que se ha reunido este miércoles con el equipo de la presidenta para abordar «la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha» del líder nacional del PP, Pablo Casado en Madrid.

De esta forma, el nombre del actor se unirá a los siete consejeros del actual Ejecutivo autonómico que Ayuso ya ha avanzado que irán en los primeros puestos de la lista así como al de la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, y el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano.

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el propio actor ha confirmado el encuentro con el equipo de la presidenta regional y candidata del PP en las próximas elecciones del 4 de mayo y ha reiterado su apuesta por una unión del centro derecha de cara a la cita electoral.

«Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España», ha añadido el exdirigente de Ciudadanos y exportavoz en las Cortes Valencianas.

Cantó, uno de los dirigentes que más ha criticado públicamente la estrategia seguida por Ciudadanos a raíz de las elecciones catalanas, anunció hace nueve días que dejaba sus cargos en la formación ‘naranja’, renunciaba a su acta de diputado y dejaba la política. «Sólo me planteo ahora llamar a mi representante para empezar a trabajar de lo mío dentro de poco», dijo en su momento.

El mismo día de su dimisión apostó por que PP y Ciudadanos fueran juntos a los comicios madrileños, apelando al voto útil del centro derecha. Posteriormente, indicó que se pensaría acudir a un mitin de Ayuso.

El exdirigente de Ciudadanos tenía ya buena relación con la presidenta regional. La propia Ayuso contó públicamente que en una ocasión, tras las elecciones catalanas, comió con Cantó y con la exconsejera de Cultura, Marta Rivera.

El PP ha anunciado este miércoles su intención de emprender una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno conceda a los ayuntamientos 20.000 millones de los fondos europeos que va a recibir España. Además, reclama un fondo de reconstrucción local por valor de 4.000 millones de euros y la aportación de un fondo del transporte de mil millones.

Así lo ha asegurado el vicesecretario de Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, en la reunión que junto al alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, han mantenido con otros 200 regidores y portavoces del Partido Popular.

Según han recalcado, se trata de una «justa reivindicación» de fondos extraordinarios al Gobierno que dirige Pedro Sánchez para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los gastos derivados de la crisis generada por el Covid-19.

González Terol ha explicado que el PP presentará iniciativasparlamentarias para pedir al Ejecutivo la aprobación de manera urgente de un fondo de reconstrucción local por valor de 4.000 millones de euros y la aportación de un fondo del transporte que ascienda, al menos, a 1.000 millones de euros.

Además, y ante el «papel fundamental» que están desempeñando losayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, el vicesecretario de Territorial del PP ha vuelto a exigir que las entidades Locales reciban una transferencia del 14,56% de los fondos de reconstrucción que España va a recibir de la UE.

El PP considera esta cantidad «equivale a la participación de la Administración Local en el gasto público del Estado, ya que la lucha contra la pandemia ha supuesto un gran agujero financiero para los ayuntamientos».

TEROL: «LA MINISTRA DA LA CALLADA POR RESPUESTA»

Ya este lunes, a instancias del PP, alcaldes de diez ciudades de distintos partidos solicitaron una reunión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar de esos 140.000 millones de fondos asignados a España y reclamar 20.000 millones para los ayuntamientos.

Terol ha criticado, que la ministra no conteste a la reclamación de los alcaldes para poder seguir dando servicios esenciales ante los efectos que ha producido la pandemia y esté dando «la callada por respuesta».

«A día de hoy todavía no hay respuesta por el Ministerio. La ministra ha decidido seguir obviando a los 8.131 ayuntamientos de España y creo que esto es un problema del PSOE con el municipalismo, que ha dado soluciones reales a la gente en la pandemia», ha dicho, para añadir que el PP lo que quiere es que el Gobierno «de una vez se ponga a remar junto a los ayuntamientos» para que puedan ayudar a los ciudadanos.

El líder del PP, Pablo Casado, también ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de los alcaldes y ha recordado lo que hacen otros países europeos. «Tras la rebelión por confiscar los ahorros municipales, el Gobierno cortó las ayudas a pesar de la pandemia y de lo que hacen Alemania, Francia o Italia», dijo hace un par de días.

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el presunto pago de parte de la reforma de la sede del PP nacional con dinero negro que, en sus 40 años de militancia nunca escuchó hablar de esa supuesta contabilidad paralela, y ha aseverado que «no ha habido ‘caja b’ del PP» al tiempo que ha deslizado la posible responsabilidad hacia el ex tesorero al indicar que en todo caso «habrá unos papeles de Bárcenas».

«No ha habido una ‘caja b’ del Partido Popular y, por supuesto, nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos», ha dicho en su declaración como testigo, en alusión a una escena descrita por Bárcenas, según la cual entregó a Rajoy esa presunta contabilidad paralela, él le abroncó por llevarla y acto seguido la destruyó en una trituradora de papel.

«En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado hablar de la famosa ‘caja b'», ha insistido para añadir que la primera vez que vio los ‘papeles’ fue cuando se publicaron en enero de 2013. «Es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir los papeles», ha incidido.

Además, Rajoy ha aprovechado para cargar contra el ex tesorero, recordando que durante sus declaraciones en fase de instrucción dijo que no le entregó los papeles sino solo una fotocopia del último folio. «Por tanto, el señor Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo, y un día nos dice una cosa y al día siguiente nos dice la contraria».

LOS «DELIRIOS» DE BÁRCENAS

A lo largo de las dos horas que ha durado el interrogatorio a Rajoy, que ha comparecido por videoconferencia y a cara descubierta –no como Aznar que usó la mascarilla en su declaración a pesar de testificar desde su domicilio–, ha reiterado varias veces que nunca tuvo conocimiento de que existiera pago de sobresueldos que aparecen en las anotaciones y que, de hecho, esos papeles tampoco son ciertos.

Como ya hicieran otros cargos del partido, ha negado también que le informaran de donativos que recibiera la formación, y ha aseverado que él estaba a lo político por lo que nunca se ocupó de asuntos económicos porque para eso estaba el área de tesorería.

Del mismo modo, el expresidente ha señalado que la prueba de que no existió esa caja ‘b’ es que durante el juicio «ni uno solo –de los cargos del partido que han testificado– ha afirmado la existencia» de la misma salvo el extesorero. Y sobre el episodio de la entrega de sobres a su persona en varias ocasiones por parte de Bárcenas, Rajoy ha afirmado que sólo puede verlo como «una situación de delirio» porque la escena es «surrealista». «Es un delirio, y empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo», ha añadido.

Pero entonces le han recordado las declaraciones de varios de los testigos que sí han reconocido pagos que aparecen en los papeles, por ejemplo el caso de Del Burgo, a lo que Rajoy ha respondido que si bien eso es cierto, «es igual de cierto que el 95 por ciento de los que aparecen» –y se ha incluido– han dicho que lo que se refiere a ellos es «absolutamente falso».

Al instante el abogado que interrogaba le ha recordado su frase de «todo es falso salvo algunas cosas», y el expresidente le ha vuelto a indicar que «la inmensa mayoría ha negado que la información responda a la verdad».

Y para zanjar que no da credibilidad a esos asientos paralelos ha sacado a relucir los informes de la Intervención General del Estado sobre los ‘papeles de Bárcenas’, que ponen en duda «su veracidad y credibilidad». «La Intervención General del Estado ha triturado su credibilidad», ha aseverado.

EL SISTEMA DE SUELDOS DEL PP

En relación a las supuestas retribuciones a cargos del partido en ‘b’, algo que mantiene Bárcenas, Rajoy ha indicado que si bien desconocía lo que cobraba cada cual, no recordaba ni lo que le pagaban a él como presidente, cada uno tenía un sueldo y al mismo s ele descontaba lo que se recibiera como diputado o senador.

«Algo lógico, normal, sensato y razonables», ha añadido, afirmado que siempre se hacía por medio de transferencia y no en efectivo, y que luego quedaba reflejado en la declaración de la renta.

Tras una batería de preguntas que se apoyaban en lo declarado por Bárcenas tanto en sede judicial como en el escrito que envió a Anticorrupción en febrero, Rajoy ha señalado que estaba viendo que a lo largo del interrogatorio se utilizaba por los letrados «con alegría» lo que hubiera dicho el extesorero como «argumento de autoridad». «Y eso es peligrosísimo porque puede llevar a equivocaciones graves», ha indicado.

EL INFORME DE 2013

Los letrados de la acusación popular también han puesto sobre la mesa el informe interno que encargó Rajoy en 2013 cuando tuvo conocimiento de la existencia de esos papeles del extesorero. El expresidente ha comentado que él la encargó porque fue conocedor de unas noticias que no le gustaron «nada», y que por eso se ordenó a la tesorera del partido que analizara las cuentas.

Al ver el resultado, ha dicho, se quedó «tranquilo» porque reflejaba que «sólo había una contabilidad», que «no había sobresueldos opacos», que se recibían pocos recursos provenientes de donaciones y que «el grueso era de las subvenciones públicas». Esto coincide con lo que afirmó este martes la secretaria general del PP de entonces María Dolores de Cospedal.

Durante su intervención se ha referido también a la última época de Bárcenas en el partido, en concreto a una reunión que mantuvo con él y su mujer después de que dejara el Senado. Ha recordado que fue una «reunión humana de despedida» y que le pidió poder dejar pertenencias en un despacho de Génova transitoriamente y poder usar un vehículo del partido, algo a lo que se accedió.

Sobre si ese tipo de prebendas era algo normal con otros miembros, ha reconocido que no lo sabía, pero que convenía ser «prudente» y «los trabajadores tienen derechos mientras no les priven de ellos los tribunales.

EL SMS DE ‘LUIS SÉ FUERTE’

Sobre el conocido SMS que envió a Bárcenas diciéndole ‘Luis, sé fuerte’, Rajoy ha explicado que si bien no tenía una estrecha relación con el –«era una relación muy menor»– como le mandó un mensaje y entendía que buscaba «cierta compresión» le pareció que debía hacerlo, aunque ha reconocido que fue «poco afortunado». «Pero como sabe, en la vida no siempre acertamos», ha añadido.

Si bien el asunto principal que se ventila en la Sala es el posible pago en ‘b’ de las obras de reforma de Génova, a Rajoy le han preguntado bien poco por las mismas. Con todo, en un momento dado ha indicado que su actuación sobre las mismas «ha sido ninguna» porque no intervino. Del mismo modo ha respondido al ser preguntado por la compra de acciones de Libertad Digital.

El último testigo ha sido el exministro de Justicia José María Michavila, que ha asegurado que «jamás» ha tenido conocimiento de que «hubiera una caja ‘b’ en el PP». Ha señalado que no ha prestado mucha atención a este asunto y a los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, ya que en 2004 abandonó la política y poco después dejó sus responsabilidades en el partido.

En este sentido, ha negado que haya participado en alguna gestión para buscar inversores que adquirieran acciones de Libertad Digital, ya que se trataba de un medio de comunicación que, según ha dicho, no le trataba con «mucho cariño.

Por otro lado, durante su breve comparecencia ha sido preguntado si fue una de los interlocutores en las negociaciones entre el PP y Luis Bárcenas, algo que Michavila ha desmentido «categóricamente». «Nadie me ha pedido que intervenga. Nunca lo he sido», ha dicho al tiempo que ha lamentado que a veces lo que se publica en prensa es «falso» y «hay que aguantarse».

El Pleno del Congreso votará este jueves el decreto ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes para evitar la elusión fiscal en operaciones vinculadas, por dobles deducciones de un mismo gasto.

Se trata de la transposición de la directiva europea la relativa a las ‘asimetrías híbridas’ y, en particular, su objetivo es la neutralización de sus efectos que suelen llevar aparejados elusión fiscal. Fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo.

En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el decreto ley cuenta desde su aprobación con un plazo de un mes para someterse al examen del Congreso para su convalidación o, en caso de no obtener apoyos suficientes, su derogación. En todo caso, la Cámara puede aprobar su tramitación como proyecto de ley para poder proponer cambios en forma de enmiendas.

El concepto de ‘asimetrías híbridas’ responde al tratamiento fiscal distinto que tiene una misma operación sobre una sociedad que, por ejemplo, se ubica en España respecto a su filial o empresa vinculada que se sitúe en otro país.

La directiva trata de evitar que el mismo gasto no pueda ser deducible en los dos países al mismo tiempo o que una operación pueda tener la consideración de gasto deducible en un país, pero que en el otro sea considerado un ingreso a efecto de tributación.

La norma comunitaria que llega al ordenamiento jurídico español se enmarca dentro del paquete de medidas de la Unión Europea destinadas a la lucha contra la elusión fiscal que tienen su origen en los informes finales del proyecto BEPS de la OCDE contra la erosión de bases imponibles y traslados de beneficios.

FALTA DE TRIBUTACIÓN O DOBLE DEDUCCIÓN.

Las ‘asimetrías híbridas’ son aquellas que pueden darse entre un contribuyente situado en España (o un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente) y una entidad vinculada a éste que se encuentre situada en otro país cuando las propias entidades, las operaciones que realizan, o las rentas derivadas de estas operaciones, tienen diferente calificación fiscal en España y en el otro país.

Las ‘asimetrías híbridas’ pueden producir la deducción de un gasto en España sin que tribute su correlativo ingreso en el otro país, o la doble deducción del mismo gasto, u otros supuestos que permiten utilizar estas estructuras como mecanismo de erosión de la base imponible y de traslado de beneficios.

Así, se establece, en función de los supuestos, que no será deducible un gasto, para una entidad residente en territorio español (o un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente), cuando el correlativo ingreso no tribute en otra entidad residente en otro país, o cuando tal gasto sea, asimismo, deducible en la otra entidad; o que la entidad residente en territorio español deberá tributar por los ingresos correspondientes a gastos que hayan sido fiscalmente deducibles en otro país en el que no se haya aplicado la regla primaria.

YA SE CONTEMPLABAN MEDIDAS CONTRA ESTAS ASIMETRÍAS.

La regulación española ya contemplaba algunas medidas en este sentido, en concreto, sobre instrumentos financieros híbridos entre partes vinculadas, que generen un gasto deducible para una de las partes y un ingreso exento para la otra parte, como, por ejemplo, una entrega de fondos de una matriz no residente a una filial residente en España que se califique como deuda (préstamo) en España, pero como capital (inversión en los fondos propios de la filial) en el Estado donde resida la matriz.

En este supuesto, la Ley del Impuesto sobre Sociedades ya impedía que la filial española se dedujera el gasto por los intereses pagados a su matriz, si la matriz no tributaba por esos intereses, al ser considerados en su Estado como dividendos o renta del capital exentos.

Además, de forma complementaria, en el caso de que España fuera el Estado de domiciliación de la matriz, no se aplicaba la exención al ingreso procedente de su filial situada en otro país, si para dicha filial el pago generaba un gasto deducible.

Por ello, Hacienda aclara que las normas que se transponen mediante el decreto ley son para eliminar otro tipo de ‘asimetrías híbridas’, «muy casuísticas, más complejas y no tan frecuentes el ordenamiento tributario español».

En cuanto a las prácticas, por ejemplo, se busca evitar el efecto deducción del gasto, pero no inclusión del ingreso, en el caso de operaciones efectuadas entre una matriz y su filial situada en otro país, o dentro de un mecanismo estructurado.

O también la doble deducción del mismo gasto en transacciones realizadas dentro de un grupo societario –o una estructura empresarial– con compañías ubicadas en varios Estados diferentes.

Las medidas implantadas neutralizarán los efectos de las ‘asimetrías híbridas’ poniendo fin así a los desajustes fiscales, lo que impedirá su utilización como mecanismo de erosión de la base imponible y de traslado artificioso de beneficios, sin que ello tenga un impacto negativo en la inversión y el comercio transfronterizo.

Las modificaciones que se introducen son medidas precautorias: con ellas no se persigue incrementar la recaudación, sino más bien prevenir conductas que pudieran dar lugar a su disminución. Las normas introducidas serán aplicables a las ‘asimetrías híbridas’ que tienen lugar entre España y otros Estados miembros de la Unión Europea, y entre España y terceros países o territorios siempre que las partes que intervienen en la operación sean personas o entidades vinculadas, así como cuando la asimetría tenga lugar en el marco de un mecanismo estructurado.

España y Dinamarca han reforzado este miércoles sus relaciones bilatelares con un encuentro entre la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que ha recibido a su homólogo danés, Jeppe Kofod, en el Palacio de Viana en el que han constatado la buena sintonía en los grandes ejes de política exterior.

Según ha informado Exteriores en un comunicado, esta visita muestra la voluntad de ambos Ministros de fortalecer las buenas relaciones bilaterales que los unen, aumentando los encuentros y contactos tanto en el seno de la UE como en el ámbito multilateral

Ambos países han reafirmado mantener buenas relaciones al ser socios europeos y aliados y compartir, además, puntos de vista en los grandes ejes de la política exterior.

Esto, según el Ministerio, convierte a los dos Estados en socios en temas como la defensa de un multilateralismo eficaz dentro de una sociedad internacional con valores compartidos o la lucha contra la pandemia del Covid-19.

Durante el encuentro, los ministros han tratado temas bilaterales como las relaciones económicas y de defensa. También han abordado la importancia del turismo, ya que España ha sido tradicionalmente el primer destino turístico de los ciudadanos daneses.

Respecto a la agenda europea, Kofod y González-Laya han coincidido en la necesidad de «relanzar» la relación de la Unión Europea con la Vecindad Sur, en el marco de la Comunicación Conjunta del Alto Representante del 9 de febrero. Asimismo, comparten el carácter estratégico del Acuerdo UE- Mercosur apoyando su firma.

Los ministros han tratado también la Conferencia sobre el Futuro de Europa y la recuperación económica como elementos clave para fortalecer a la Unión y a sus Estados Miembros.

En cuanto a la agenda internacional, ambos han intercambiado puntos de vista sobre el Mediterráneo Oriental, la situación en el Golfo de Guinea, la agenda multilateral y el Sahel. Finalmente, han coincidido en destacar la importancia de una relación transatlántica sólida, basada en intereses comunes y valores compartidos.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha criticado el «globo sonda» que, según ha sostenido, ha lanzado este miércoles el Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias sobre la posibilidad de adelantar a las 20.00 horas el inicio del toque de queda nocturno de cara a la próxima Semana Santa, y ha dicho que con ese tipo de actuaciones se «quiebra el clima de confianza» con las comunidades autónomas.

Así lo ha subrayado el consejero en una comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz sobre atención primaria que ha querido iniciar con algunas «pinceladas» sobre el desarrollo de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha vuelto a reunir por la tarde al Gobierno de España con las comunidades autónomas vía telemática.

El consejero andaluz ha señalado que han sido «dos horas» de reunión «debatiendo de nada, sólo contando cada uno» de los representantes autonómicos «cómo estaba epidemiológicamente» su territorio, y ha remarcado que la ministra de Sanidad «no ha hecho ninguna propuesta tal como nos dijo ayer vía telefónica o como han dicho hoy determinados globos sonda que han salido».

«No comprendemos los globos sonda que ha mandado la ministra hoy sobre el toque de queda», ha dicho Jesús Aguirre antes de asegurar que esos «globos sonda confunden a la opinión pública y quiebran el clima de confianza con las comunidades autónomas».

Además, ha apuntado que no sabe si la ministra Darias «era consciente» de que un adelanto de la hora de inicio del toque de queda a las 20,00 horas «suponía» llevar el decreto de declaración del estado de alarma al Congreso de los Diputados, y «tendría que tener los apoyos parlamentarios» para su modificación.

Para el consejero de Salud, «sorprende» que por parte del Ministerio «no se haya propuesto nada en todo el Consejo Interterritorial», y «es chocante el cambio de posición del Gobierno de ayer a hoy».

Así las cosas, Jesús Aguirre ha confirmado que en Andalucía «se mantienen todas las medidas» que aprobó la semana pasada tras la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, con validez hasta el próximo 9 de abril, que incluyen el retraso hasta las 23,00 horas del inicio del toque de queda nocturno, la ampliación y unificación de los horarios de hostelería y comercio hasta las 22,30 horas salvo en municipios con una incidencia acumulada de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, la limitación a seis personas del número máximo de participantes en reuniones, y a cuatro si éstas son en el interior de bares, y el cierre perimetral de las provincias.

Son, según ha defendido el consejero, decisiones «prudentes, sensatas y oportunas para evitar una cuarta ola» de la pandemia «tan agresiva» como la vivida después de la pasada Navidad.

El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha asegurado haber recibido un «anónimo» en su grupo parlamentario con «listas de unos altos cargos de la conselleria y del Gobierno valenciano que relatan donde se han vacunado y cómo se han vacunado» con «extractos de sus tarjetas SIP», y ha insinuado que un alto cargo de Compromís en Sanidad se ha vacunado en el Arnau de Vilanova y en una residencia de la segunda dosis.

«Esto en teoría es ilegal. A mí me ha llegado un anónimo. Por eso yo por lealtad, por respeto, no lo he filtrado, no le he dicho a ningún medio de comunicación que tengo esto, no le he dicho a nadie quién se ha vacunado irregularmente, no le he dicho ni dónde ni cuándo, pero lo tengo», ha aseverado en su intervención en Corts para pedir una comisión de investigación sobre las vacunas.

Así, ha asegurado que estaba esperando a que el parlamento aprobara la constitución de este organismo para plantear en su seno «si estas personas se han vacunado irregularmente o no». ¿Están ustedes dispuestos a que esto se vea ahí, o lo vamos a tener que ver en los medios de comunicación?», le ha preguntado a la diputada socialista Carmen Martínez.

«Papelón el que ha hecho usted en estas cortes», le ha respondido Martínez. «Asegúrese que esas tarjetas SIP si las van a publicar son ciertas y pertenecen a la Comunitat Valenciana, no vaya a ser que sean de Madrid», le ha espetado la diputada socialista.

En su réplica a Carles Esteve (Compromís), Zaplana ha señalado: «Imaginemos qué pasaría si mañana se hiciera público que una alto cargo de Compromís la Conselleria de Sanidad se hubiera vacunado de su primera dosis, pongamos, en el Arnau. Pongamos que no se ha hecho público de momento, pero como está la cosa, esa persona no solamente utiliza su cargo para vacunarse sino que además para ponerse la segunda dosis se va a una residencia, de esas que están cerradas a calicanto y se pone la segunda dosis allí».

«¿No creen que antes de que estas informaciones las publiquen los medios, no es mejor que se aclaren en una comisión parlamentaria?», ha agregado. Esteve, por su parte, le ha preguntado: «¿El alcalde de la Nucia (Bernabé Cano, del PP, que se vacunó en una residencia) dónde está?». «Los anónimos, a la Fiscalía», le ha espetado, antes de acusarle de convertir el pleno en «un capítulo del Inspector Gadget o no sé qué parte del Padrino».

Además, Zaplana en su respuesta a la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha asegurado que «alguien ha entrado SIP a SIP a personas de su gobierno y ha sacado ese listado en impresora, y están vacunadas». «¿Quiere saber ese listado publicado a los medios o en una comisión creada al efecto?», le ha preguntado. «El Botànic es un gobierno que no tiene un solo caso de corrupción, y esperamos que siga siéndolo», le ha respondido Lima, que ha asegurado que «aquí no nos tomamos la justicia por nuestra mano».

BARCELÓ EXIGE QUE «ENTREGUE DE INMEDIATO» EL INFORME

Por otra parte, la Consellera de Sanidad, Ana Baceló ha exigido al diputado que «entregue de inmediato a la Mesa de les Corts la relación de personas vacunadas que asegura tener en su poder para que esta, a su vez, se la entregue a la Conselleria».

Según ha asegurado en las Corts Valencianes el parlamentario del Partido Popular, dicha relación contiene, «entre otros datos, el número de SIP de las personas supuestamente vacunadas de forma irregular». El escrito registrado en las Corts, además de pedir el listado anunciado por el diputado popular, solicita que «acompañe escrito informando del origen y procedencia» de dicha lista y «a través de la mesa se haga entrega de la misma a la Conselleria en aras a la defensa de los datos protegidos de las personas y su posible uso ilícito».

La Conselleria, en función de los datos que le sean entregados, valorará la posibilidad de abrir «la correspondiente investigación». La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha explicado que «la circulación de datos personales de cualquier ciudadano supone una vulneración del derecho de privacidad», por lo que se le ha solicitado tanto la entrega del escrito como una explicación de cómo lo ha obtenido.

Para Ana Barceló, exhibir datos privados de personas «puede ser delictivo». En este caso, y tratándose de un diputado de las Corts Valencianes, «creo que es especialmente grave no haberlo puesto de inmediato en conocimiento de las autoridades».

CS VE «INADMISIBLE» QUE SE OPONGA EL CONSELL

Además, el diputado de Cs Fernando Llopis, ha calificado de «inadmisible» que PSPV, Compromís y Podemos «se opongan a poner en marcha una comisión de investigación en Les Corts para sacar a la luz todas las posibles irregularidades en el proceso de vacunación, tal como pedía Ciudadanos».

«Hasta el momento, conocemos el nombre de varios cargos socialistas y ‘populares’ que se han vacunado cuando no les tocaba, pasando por delante de los más vulnerables, sanitarios, mayores y dependientes, a quienes les han robado su dosis», ha subrayado Llopis, para quien, «lo más grave e indecente es que el PSPV aún mantenga en el cargo a personas como el alcalde de Rafelbunyol después de cometer un acto tan vergonzoso como este».

El portavoz de Sanidad ha recordado que «el Consell hablaba hace unas semanas de hasta 200 personas que se habrían inoculado irregularmente hasta el mes de febrero», por lo que se hace «urgente conocer si esa cifra ha ascendido y si hay más cargos públicos cuyos casos aún no se hayan desvelado». «Esta comisión de investigación en ningún caso estaba destinada a juzgar a quienes se inocularon la vacuna cuando no les correspondía, sino a quienes se lo permitieron con su inacción y su mala gestión», ha añadido.

Además, el diputado ha asegurado que «la Conselleria oculta información de manera deliberada a los valencianos, porque todavía no se conoce al detalle el protocolo de vacunación establecido por la Conselleria de Sanidad», para el que ha pedido «total transparencia» y ha acusado al Consell de «no haber planificado adecuadamente el proceso».

Por último, Llopis ha señalado la «irresponsabilidad del Gobierno valenciano por no defender ante el presidente Pedro Sánchez el derecho a recibir la cantidad de dosis de vacunas correspondiente al número y tipología de habitantes de la Comunitat Valenciana».

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han decidido este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud mantener el documento de restricciones para Semana Santa y no aplicar ninguna nueva medida sobre los horarios del toque de queda ni de cierre de actividad no esencial, según han informado a Europa Press fuentes de la reunión.

A lo largo de la jornada de este miércoles, distintas informaciones aseguraban que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se habría puesto en contacto con algunos consejeros de Salud de distintas Comunidades Autónomas para sondear la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas en Semana Santa.

Sin embargo, en el Consejo Interterritorial de esta tarde no se ha acordado incluir ninguna nueva medida sobre horarios en lo referido al toque de queda y a la actividad no esencial. El documento que se acordó hace unas semanas establecía las 23.00 como la hora límite para el toque de queda en estas fechas y el confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma.

En este punto, la ministra Carolina Darias ha insistido en la rueda de prensa posterior a este Consejo Interterritorial en que este documento se trata de un acuerdo de mínimos y que las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de tomar medidas más restrictivas.

De hecho, ha hecho referencia a que algunas autonomías ya han anunciado restricciones más severas que las recogidas en este documento tales como el confinamiento provincial o adelantar el toque de queda a las 22.00 horas.

AMPLIO DISPOSITIVO POLICIAL

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas en Semana Santa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que su cartera movilizará a 64.200 efectivos, entre Policía Nacional y Guardia Civil.

Marlaska ha estado presente en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ha señalado a las autonomías la necesidad de controlar las medidas que se desprenden de este documento compartido de actuaciones en la Semana Santa.

En este punto, ha recalcado que varios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilarán los límites de provincia y establecerán distintos controles para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

TURISTAS EXTRANJEROS

Además, ha habido varias CCAA que han pedido un control exhaustivo de las fronteras tras las críticas al Gobierno por permitir el turismo extranjero pero no la movilidad entre distintas autonomías durante esta Semana Santa.

Aquí, Marlaska ha defendido durante la reunión el control que ya existe en los aeropuertos, algo que ha vuelto a repetir durante la rueda de prensa, donde ha señalado las pruebas que tienen que presentar los viajeros extranjeros para entrar al territorio nacional.

Centenares de vehículos –más de medio millar según la organización– se han echado a la calle este miércoles para mostrar su oposición a la moción de censura que se debatirá este jueves contra el alcalde de Murcia, José Ballesta.

La marcha ha partido desde el aparcamiento disuasorio de la FICA, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto. A continuación, ha recorrido algunas de las principales calles de la ciudad de Murcia como la Avenida Primero de Mayo, Ronda de Levante, Juan XXIII, Plaza Circular, Constitución, Gran Vía, Glorieta de España y ha concluido en la Delegación del Gobierno.

La caravana de vehículos, que ha sido recibida con aplausos por parte de viandantes, ha servido para expresar una rotunda oposición a la moción. «Murcia dice no a la moción de censura», tal y como recoge el manifiesto leído al inicio.

«Los murcianos, de forma mayoritaria, nos hemos reunido hoy para mostrar nuestro rechazo a la moción de censura que Ciudadanos, PSOE y Podemos pretenden aprobar mañana en el Ayuntamiento de Murcia», tal y como rezaba este manifiesto, que ha expresado la oposición a esta iniciativa «por coherencia, respeto y sentido común».

En concreto, los organizadores de la caravana se han opuesto a la moción «porque supone una afrenta a la voluntad que los murcianos expresamos libremente en las últimas elecciones municipales, en 2019, y que convirtieron a José Ballesta en el alcalde más votado de España».

En este sentido, el manifiesto ha reivindicado que Ballesta es «un alcalde honrado, una buena persona, con liderazgo, prestigio y capacidad de trabajo».

«Ballesta es el alcalde que queremos y que nos merecemos los murcianos, una persona que ha aportado soluciones a los problemas y ha puesto en marcha proyectos orientados a transformar nuestro municipio», según rezaba el manifiesto, que ha ensalzado el hecho de que el actual primer edil «ha tratado con dignidad y respeto a una institución, el Ayuntamiento de Murcia, la casa de todos los murcianos».

«El alcalde de Murcia ha estado a nuestro lado los siete días de la semana y los 365 días del año, encarando con firmeza los momentos fáciles y momentos los difíciles», según los organizadores, que han reflejado en el manifiesto que Ballesta «representa la manera de ser de todos».

Y es que, en su opinión, «encarna todos los valores que nos produce el orgullo de ser murcianos», puesto que se trata de «una persona fiel, leal, comprometida con su ciudad y alejada de ideologías y personalismos; con una vocación de servicio público, nada habitual en estos días».

«Ballesta es a Murcia lo que Murcia es a Ballesta», según el manifiesto que, frente a esta «categoría personal y profesional», lamenta «la unión interesada y partidista de PSOE, Ciudadanos y Podemos; una alianza que, ha quedado claro, solo tiene una misión, un único objetivo».

Así, los participantes en la caravana han mostrado su oposición a que «utilicen Murcia como laboratorio de los experimentos políticos que han orquestado en los oscuros despachos de la Moncloa». En su opinión, utilizan el Ayuntamiento de Murcia «para seguir la estrategia que ha ideado Pedro Sánchez, y los murcianos, decimos alto y claro que no, que no queremos ser cobayas de la Moncloa».

«Ciudadanos está a unas horas, si prospera la moción de censura, de pasar a gobernar con la extrema izquierda», según rezaba el manifiesto. Por eso, los organizadores han pedido a los concejales de la formación naranja «que reflexionen, mediten y piensen en sus votantes y en el bienestar de todos los murcianos».

En su opinión, lla moción de censura que se va a debatir este jueves «está montada sobre una trama de bulos, mentiras, falsedades e insidias que no se sostienen ni tienen fundamento».

«Creemos en la democracia; creemos en las instituciones; por eso estamos aquí y alzamos la voz», según el manifiesto, cuyos promotores estiman que «todavía hay tiempo para que impere la coherencia, para que se imponga la cordura y para que mande el sentido común».

«Por todo esto decimos ¡no! a la moción de censura; Murcia apuesta por la libertad», han exclamado, para concluir que Murcia «está con José Ballesta» y «no quiere ser víctima de la ambición y el afán de poder de Pedro Sánchez, y el ‘sanchismo’; Murcia pide respeto».

A menos de 24 horas para que comience el debate sobre la moción de censura, el Grupo Municipal Popular promovió, durante la tarde de este martes por redes sociales, una caravana de coches «para que la gente de forma anónima pudiera mostrar su apoyo a Ballesta» según aparece en el comunicado difundido por redes sociales. La convocatoria ha recibido el visto bueno de las autoridades, en la tarde del pasado martes, para que se pueda llevar a cabo.

Los grupos parlamentarios interrogará este jueves dentro de la comisión ‘Kitchen’ del Congreso al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, alto cargo del Ministerio del Interior en varias etapas, y al inspector de la Policía Manuel Morocho, que fue instructor del ‘caso Gürtel’.

El primero en comparecer será Pérez de los Cobos, que ha ocupado diferentes cargos en Interior y fue asignado por la Fiscalía coordinador de las actuaciones policiales para cumplir el mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1-O.

El año pasado, tras decretarse el primer estado de alarma por el Covid, Pérez de los Cobos fue cesado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como jefe de la Comandancia de Madrid cuando una unidad del cuerpo investigaba por orden judicial la relación de la manifestación del 8M con el inicio del contagio de Covid.

En noviembre Pérez de los Cobos declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Kitchen’, una de las piezas de la macrocausa relacionada con la detención por corrupción del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El coronel negó que conociera que se destinaron fondos reservados para sufragar el operativo para presuntamente sustraer información sensible en posesión del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Pérez de los Cobos ocupó el puesto de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, un cargo clave dentro del organigrama de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras cuestiones, por la supervisión de los fondos reservados.

Precisamente el actual responsable del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado, el comisario jubilado José Antonio Rodríguez, compareció en la comisión de Kitchen del Congreso el pasado jueves, donde eludió entrar en detalles sobre los fondos reservados aunque sí reconoció, a preguntas de ERC, que durante el Gobierno del PP operaron las llamadas «cloacas del Estado».

MOROCHO, INSPECTOR DE GÜRTEL

La sesión de la comisión Kitchen de este jueves por la tarde incluye en el segundo turno a Manuel Morocho, el inspector jefe de la Policía que estuvo al frente de la investigación que derivó en el ‘caso Gürtel’, incluyendo la caja B del PP y los papeles del extesorero Luis Bárcenas.

En febrero de 2019, Morocho declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que en 2015 le trasladaron durante un año y medio desde la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), bajo las órdenes de Eugenio Pino, para que realizara una labor de apoyo. Su impresión fue que la decisión buscaba que no avanzara en la investigación sobre la red corrupta liderada por Francisco Correa.

Entre sus funciones estuvo analizar las actividades privadas del comisario jubilado José Manuel Villarejo y su compatibilidad con su cargo como funcionario público, hasta su detención por corrupción en noviembre de 2017.

Morocho concluyó que la operativa de Villarejo podría ser indiciaria de blanqueo de capitales, por lo que se lo hizo saber a su superior, el inspector José Ángel Fuentes Gago, quien le comentó que se trataban de «sociedades que se habían creado en una etapa política anterior, vinculadas a una dinámica de lucha contra ETA». El ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, también destacó en público los «relevantes servicios» prestados por Villarejo.

En noviembre de 2017, este mando policial ya compareció en otra comisión del Congreso sobre la corrupción en el PP en la que se quejó de las presiones y querellas con las que, en su opinión, se trató de «desestabilizar» la instrucción del ‘caso Gürtel’, que definió como «corrupción en estado puro». También confirmó «indiciariamente» el cobro de sobresueldos por parte de dirigentes del PP como Mariano Rajoy.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer en funciones de guardia ha decretado libertad provisional para el hombre detenido por supuestamente agredir y mantener encerrada durante casi cuatro meses a su mujer en su casa en Valencia cada vez que él salía de la vivienda.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la causa ha quedado abierta por malos tratos, amenazas y contra la libertad de las personas, a la espera de la investigación. El juzgado ha dictado orden de protección en favor de la víctima y la prohibición de que el acusado se comunique o acerque a su mujer.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en Valencia al hombre, de unos 49 años, por presuntamente agredir y mantener encerrada a su mujer en casa cada vez que él salía durante cerca de cuatro meses. La víctima, de origen paquistaní, no hablaba español y fue un familiar quien, desde Londres, dio aviso a las autoridades.

Los hechos ocurrieron el martes, después de que la víctima llamara a su hermana, residente en Londres, y esta, a su vez, alertase a la Policía Nacional de que la mujer estaba retenida, según han informado fuentes policiales.

Los agentes localizaron a la mujer sobre las 14.00 horas asomada al balcón de la vivienda. La víctima, que no hablaba español, indicó a los agentes mediante señas que estaba encerrada. Por ello, los efectivos de la Policía Nacional dieron aviso a los bomberos para que la rescataran del domicilio.

Los bomberos lograron acceder al piso, situado en la avenida de Cardenal Benlloch y cuya puerta estaba franqueada por cerrojos, a través del balcón con un vehículo-grúa dotado de un brazo retráctil, de acuerdo a la información avanzada por el diario Levante-EMV.

Según ha detallado la Policía Nacional, los bomberos, una vez en la vivienda, consiguieron sacar por la puerta a la víctima. La mujer sí hablaba inglés, por lo que finalmente pudo relatar lo sucedido a los agentes.

Según ha explicado la víctima, su marido la encerraba en el domicilio conyugal cada vez que él salía de la casa, una situación que al parecer venía dándose desde que llegó a la ciudad hace cuatro meses. También indicó que el hombre la golpeaba.

La mujer fue trasladada a que la revisara un médico y los agentes de la Policía Nacional activaron el protocolo contemplado en casos de violencia machista.

Asimismo, cuando el hombre llegó al domicilio después de su jornada laboral, sobre las 19.00 horas, los agentes de la Policía Nacional lo arrestaron por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, según han precisado las fuerzas de seguridad. El hombre ha pasado a disposición judicial.

La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘Pierogi’, ha detenido a una mujer y a siete hombres con edades comprendidas entre los 31 y los 45 años, por 40 delitos, entre ellos el de pertenencia a grupo criminal, robo o hurto de vehículo, receptación y falsificación de documento público. Estos hechos fueron cometidos en localidades de las provincias de Toledo y Madrid, de donde sustraían los vehículos que después maquillaban o desguazaban.

Desde mediados del pasado año, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Illescas inició una investigación, para determinar la autoría de distintos robos de vehículos, que habían sido localizados por este Cuerpo, estacionados en la vía pública de distintos pueblos de la zona.

Los agentes constataron que los vehículos recuperados pertenecían mayoritariamente a un mismo grupo empresarial, que dentro de cada marca eran de un mismo modelo y una misma antigüedad, y que habían sido sustraídos en localidades de las provincias de Toledo y Madrid utilizando una metodología muy similar, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

METODOLOGÍA CRIMINAL

Estos agentes se dieron cuenta de que se encontraban ante un grupo criminal perfectamente organizado y jerarquizado especializado en el tráfico ilícito de vehículos. Estas personas sustraían los vehículos con varias finalidades: para después desguazarlos y venderlos por piezas, para maquillarlos modificando las placas de matrícula y número de bastidor, o bien adquirían un vehículo que había sufrido un siniestro y lo utilizaban para vender uno de los sustraídos de su misma marca, modelo y antigüedad y ponerlo de nuevo en circulación sin levantar sospechas.

La Guardia Civil comprobó la especialización de estos delincuentes, e identificó a sus dos «cabecillas», dos hombres polacos que eran los encargados de seleccionar los vehículos objeto de robo, generalmente por encargo. Los sustraían durante la madrugada y en escasos minutos, utilizando extractores de bombines y clonando sus centralitas, después los dejaban estacionados en distintas calles para que se «enfriasen», y así, en el caso de que dispusieran de algún sistema de localización, no introducirlos en las naves donde continuaban con su actividad ilícita.

Una vez en la nave, otros miembros de la organización de nacionalidad marroquí, eran los encargados del despiece o maquillaje del vehículo, y después eran un hombre y una mujer, los encargados de deshacerse de los restos y piezas no identificables entregándolos en distintas chatarrerías.

Durante las labores de investigación se localizó una nave ubicada en la localidad de Cedillo del Condado que servía de ocultación de estos vehículos y donde los agentes pudieron observar cómo introducían en ella un vehículo sustraído. Unas horas después la Guardia Civil sorprendió y detuvo a uno de los jefes de este entramado delincuencial y al responsable de la nave ubicada en Cedillo del Condado cuando estaban llevando a cabo la transacción económica por este vehículo.

En días posteriores los agentes pertenecientes a esta Área de Investigación de la Guardia Civil de Illescas, realizaron otros cuatro registros en las localidades de Yuncos, Illescas, Cedillo del Condado y Madrid, deteniendo al resto de los integrantes de este grupo.

Tras su detención se pudo comprobar que estos 8 delincuentes suman 92 detenciones efectuadas por este Cuerpo relacionadas con 522 hechos delictivos, y se han podido recuperar 14 vehículos, 5 centralitas de vehículos manipuladas, extractores de bombines, diversas piezas identificativos de vehículo, 1.500 € y diversa documentación de vehículos. Se calcula que el perjuicio patrimonial podría ascender a los 500.000 euros.

40 HECHOS ESCLARECIDOS

Estas detenciones han permitido esclarecer, además de un delito de pertenencia a grupo criminal, 33 delitos de robo de vehículos, 4 delitos de receptación y 2 delitos de falsificación de documento público, cometidos en las 9 localidades de Toledo –Esquivias, Illescas, Seseña, Bargas, Cedillo del Condado, Toledo, Añover de Tajo, Numancia de la Sagra y Carranque– y 11 municipios de Madrid –Madrid, Aranjuez, Las Rozas, Villalbilla, El Boalo, Móstoles, Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada, Pinto y Pozuelo–.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia correspondiente de Illescas.

La coalición europea Alianza por la Cohesión ha instado este miércoles a los gobiernos de los Estados miembros a trabajar en asociación con las regiones y ciudades en el diseño, la aplicación y la gobernanza de los planes nacionales de recuperación y resiliencia tras el impacto del coronavirus, que deben presentarse a la Comisión Europea antes de finales de abril.

En vísperas de la reunión del Consejo Europeo, ‘#Cohesion Alliance’ también ha pedido a los parlamentos nacionales a que ratifiquen lo antes posible la decisión sobre los recursos propios, que permitirá a la Comisión Europea obtener préstamos de hasta 750.000 millones de euros en los mercados de capitales para hacer frente a los efectos negativos de la crisis causada por la Covid-19.

Además, la Alianza ha advertido a los responsables políticos de la Unión Europea del riesgo de una competencia por las vacunas que, según han hecho hincapié, «podría agravar las desigualdades entre las regiones, ciudades y pueblos europeos».

Han argumentado en este sentido que los gobiernos locales y regionales han estado en primera línea de la crisis sanitaria desde el principio y que también «desempeñarán un papel clave» a la hora de lograr una recuperación justa, sostenible y resiliente en toda Europa.

Sin embargo, han alertado que se ha puesto de manifiesto que, «en muchos países», las entidades locales, así como los agentes económicos y sociales, no están participando «de manera significativa» en el proceso de planificación. «Sus necesidades son diversas y la recuperación eficaz solo será posible si reconocemos y abordamos los numerosos retos y divisiones a los que se enfrentan todos los territorios de Europa», han insistido.

Por ello, han destacado que las inversiones deben responder a las necesidades territoriales y que sin una «verdadera voz» de los gobiernos locales, «existe un grave riesgo de que muchas regiones queden rezagadas». Además, han subrayado la necesidad de respetar plenamente los principios de asociación y gobernanza multinivel, así como de adoptar un enfoque de base local en este proceso.

La Alianza por la Cohesión ha reivindicado que ahora es el momento de «traducir en hechos el plan de inversiones más poderoso que ha acometido nunca la UE». Sin embargo, ha lamentado que sean demasiados los Estados miembros que aún no han ratificado la decisión sobre los recursos propios, el acto legislativo que permitiría a la Comisión Europea obtener préstamos de hasta 750.000 millones de euros en el mercado de capitales.

«Su rápida ratificación por todos los países de la UE es clave para impulsar la recuperación en Europa con nuevos fondos», ha incidido, al tiempo que han recalcado que una campaña «fragmentada» no beneficia a nadie y pondría en peligro la recuperación al aumentar las desigualdades entre las regiones de Europa.

Por esta razón, antes de la Cumbre Europea del 25 y 26 de marzo del 2021, la Alianza por la Cohesión advierte a los dirigentes de la UE del riesgo que supone competir por las vacunas de manera localizada. Así, han pedido que hay coordinación a todos los niveles para garantizar las necesidades y expectativas de los ciudadanos y, para evitar esta brecha de vacunación que aumente las desigualdades entre nuestras regiones, ciudades y pueblos.

La dirección nacional del PP aspira a que la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso logre mayoría absoluta o se aproxime a ella en las elecciones del 4 mayo y cree que si el PP sale reforzado y le separa una gran distancia de Vox, el partido liderado por Santiago Abascal no estará en condiciones de exigir entrar en el Gobierno regional, según fuentes de la cúpula ‘popular’.

El PP da por sentado que Ayuso incrementará notablemente sus actuales 30 escaños ‘pescando’ en el caladero de votos de Ciudadanos, que logró 26 diputados en las elecciones autonómicas celebradas en 2019. De hecho, subraya que las encuestas publicadas hasta este momento apuntan a que el Partido Popular puede duplicar su a actual representación y acercarse a la mayoría absoluta (69 escaños).

Si se cumplen esos pronósticos y el PP sale fuerte de esta cita con las urnas, fuentes del partido consideran que, en caso de necesitar al partido que lidera Santiago Abascal, su apoyo debe ser externo y sin exigir consejerías en el Ejecutivo autonómico.

EL ANTECEDENTE DE LAS NEGOCIACIONES DE 2019

En ‘Génova’ aseguran que «no les preocupa» el resultado que pueda tener en esos comicios Vox, partido que tiene 12 escaños en este momento y al que los sondeos otorgan ahora una representación similar en este momento.

«Si el PP saca 50 y Vox 10 o 12 no pueden pedir entrar en el Gobierno», sostienen las mismas fuentes, que se muestran optimistas y creen que Ayuso va a subir tanto el 4 de mayo que no hará falta que se plantee ese escenario.

Además, en el PP recuerdan que Teodoro García Egea y Javier Maroto ya se levantaron de la mesa en verano de 2019 cuando Javier Ortega Smith (Vox) exigió concejalías para dar el bastón de mando a José Luis Martínez Almeida en la capital, llegando a espetarle el regidor madrileño a Vox votaran entonces a Manuela Carmena. El partido asegura que ahora volverían a hacerlo.

DENUNCIAR EL «SABLAZO FISCAL DE LA IZQUIERDA»

El líder del PP se va a volcar de lleno de la campaña electoral madrileña, con actos sectoriales que les permitirán hablar de «las preocupaciones de los ciudadanos», como la situación económica y la bajada de impuestos.

De hecho, fuentes del partido aseguran que centrarán buena parte de la campaña en denunciar el «sablazo fiscal» que, a su entender, llevará a cabo la izquierda si llega al Gobierno regional. «La bajada de impuestos es uno de nuestros pilares», aseguran fuentes del PP madrileño.

Otro de los mensajes principales de campaña será apelar al voto útil en torno al PP y así lo señalaron este martes ante la Junta Directiva Nacional tanto Casado como la presidenta madrileña. «No se puede unir a España desuniendo el voto», afirmó el presidente del PP.

En ‘Génova’ están satisfechos con el ‘ticket’ electoral formado por Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida, que cerrará simbólicamente la lista de Madrid. Además, el PP aprovechará la campaña para dar visibilidad en campaña a jóvenes alcaldes y cargos del partido que representan una nueva generación en el PP, según añaden fuentes de la formación.

Los Reyes retoman este jueves su agenda internacional tras más de un año sin viajar al extranjero por la pandemia y lo hacen con una visita de Estado histórica a Andorra, ya que nunca antes un jefe de Estado español había visitado el principado a pesar de la estrecha relación con el país vecino, que se ha reforzado en los últimos tiempos.

El viaje, además de escenificar esa intensa relación en muy distintos ámbitos, permitirá cumplir con la tradición de que el Rey visite el país que acoge la Cumbre Iberoamericana, que en esta ocasión se celebrará en Andorra el próximo 21 de abril y en la que está prevista la participación de Don Felipe, según explican fuentes diplomáticas.

Desde Exteriores resaltan la importancia de esta visita, ya que los Reyes hacen muy pocos viajes de Estado al año y por las particulares circunstancias en las que se produce, en plena pandemia. No obstante, se ha querido cumplir con la tradición en lo que a la Cumbre Iberoamericana se refiere y también coronar una estrecha relación con un país al que hasta ahora nunca se había visitado a este nivel.

La primera jornada de la visita de Estado tendrá un carácter más institucional, con encuentros con las principales autoridades del Principado, mientras que la segunda tendrá un carácter más marcadamente social y cultural.

Los Reyes serán recibidos poco después de mediodía del jueves a las puertas de la Casa de la Vall, sede histórica del Parlamento andorrano, por los copríncipes de Andorra, el obispo de la Seu de Urgell, monseñor Joan Enric Vives, y Patrick Strzoda, el representante del presidente francés, Emmanuel Macron.

Ya en el interior, Don Felipe y Doña Letizia tendrán ocasión de saludar a los presidentes de los cinco grupos parlamentarios del Consell General –el Parlamento unicameral del principado– y serán recibidos por su presidenta, Roser Suñé, además de firmar en el Libro de Honor.

A continuación, se trasladarán a la sede del Comú, el Ayuntamiento de Andorra, donde les recibirán la cónsol major, Conxita Marsol, y el cónsol menor, David Astrié, con quienes está previsto también un breve encuentro.

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE ANDORRA

Por la tarde, el Rey será recibido en la sede del Govern por el jefe de Gobierno, Xavier Espot. En el encuentro entre ambos estarán también por parte española la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que acompaña como es costumbre a los Reyes en el viaje, el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, el embajador de España en Andorra, Àngel Ros, y el consejero diplomático del Rey, Alfonos Sanz Portolés.

La jornada se completará con un encuentro de los Reyes con los copríncipes, en el caso de Strzoda, en representación de Macron, quienes a continuación ofrecerán una cena oficial en su honor, donde está previsto que Felipe VI pronuncie unas palabras.

Por su parte, la Reina Letizia tiene previsto en esta ocasión un acto en solitario durante el viaje, que tendrá lugar durante la primera jornada.

Así, participará en una reunión sobre el modelo de inclusión de alumnos con discapacidad en los tres modelos educativos en Andorra en la que también estarán presentes la ministra de Educación y Enseñanza Superior de Andorra, Ester Villarubla, el director de Sistemas Educativos y Relaciones Internacionales, Josep María Areny, y la directora de Calidad Educativa y Recursos Humanos, Marie Pagés.

Por lo que se refiere a la agenda prevista para el viernes, la jornada arrancará con una visita al colegio español María Moliner, uno de los seis centros en los que se imparte enseñanza en español en el principado.

Aquí, los Reyes serán recibidos por las ministras de Exteriores, María Ubach, y de Educación, Ester Viarrubla, así como por el embajador español y la consejera de educación de España en Andorra, Yolanda Varela.

NO HABRÁ ENCUENTRO CON LA COLECTIVIDAD

Según han explicado las fuentes, en esta ocasión, dado el contexto de pandemia, el tradicional encuentro de los Reyes con la colectividad española –en Andorra residen 27.000 españoles– ha sido sustituido por la visita a este centro educativo, donde Don Felipe y Doña Letizia mantendrán una reunión de trabajo con la colectividad educativa española, además de hablar con los alumnos.

Asimismo, las fuentes han recalcado que la reciente polémica suscitada en España por el hecho de que algunos famosos ‘youtubers’ se hayan afincado en Andorra con el fin de pagar menos impuestos «no ha afectado las relaciones bilaterales» y no será objeto de discusión durante la visita.

Los Reyes completarán su viaje visitando algunos puntos emblemáticos del patrimonio andorrano, como la iglesia de Santa Coloma, donde les recibirá la ministra de Cultura y Deporte, Silvia Riva, o la localidad de Ordino, donde el presidente de Andorra les ofrecerá un almuerzo oficial. La visita la completarán en el Museo Casa d’Areny Plandolit, en esta misma localidad y uno de los museos más emblemáticos del país.

Andorra será el primer viaje internacional de los Reyes desde el inicio de la pandemia hace ya un año. Solo la Reina Letizia ha salido en viaje oficial fuera de España desde marzo de 2020. Lo hizo a Honduras a mediados del pasado diciembre para entregar ayuda humanitaria y trasladar la solidaridad española a los afectados por el paso de dos huracanes por el país.

La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo se reúne este jueves por la tarde en el Congreso de los Diputados para abordar las denuncias de Ciudadanos por las mociones de censura en Murcia y Castilla y León y las acusaciones al PP y el PSOE de intentar comprar voluntades de algunos parlamentarios de la ‘formación’ naranja.

En concreto, los de Inés Arrimadas se quejan de que tres exdiputados del partido en Murcia cambiaron el sentido del voto de la formación y decidieron finalmente no apoyar la moción de censura presentada por Ciudadanos junto con el PSOE, porque el PP les ofreció cargos dentro del Gobierno murciano.

«La voluntad de unos tránsfugas ha sido comprada con cargos y prebendas políticas por el Partido Popular, incumpliendo de manera flagrante el compromiso asumido por dicho partido en el pacto hace escasos meses», censura Ciudadanos.

Además, denuncian que el PSOE ha intentado hacer lo mismo en la moción de censura presentada en Castilla y León, que finalmente no prosperó, pero que desde Ciudadanos advertían que podía salir adelante por tránsfugas tras la marcha de una procuradora de la formación ‘naranja’.

Ante esto, Ciudadanos solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública convocar de manera urgente una reunión de este Pacto Antitransfuguismo porque consideraban que se podía estar incurriendo en transfuguismo en ambos casos.

«La situación generada por esta lacra, el transfuguismo, que la mayoría de los partidos condenamos solemnemente el pasado noviembre como una forma más de corrupción, está además provocando una gran alarma social y desconfianza en las instituciones. Ambas deben ser atajadas de manera urgente desde el Ministerio que usted dirige y que avala institucionalmente el Pacto», apelaban al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

TAMBIÉN EN TENERIFE Y ESTELLA

Además, la comisión de seguimiento del Pacto también abordará otras denuncias presentadas por UPN y el PSOE en dos ayuntamientos: en el de Santa Cruz de Tenerife el pasado 13 de julio del año pasado, y en el de Estella (Navarra) en marzo del 2020.

En el caso del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, los socialistas se quejan de que el apoyo del PP y de una concejal no adscrita quitaron la alcaldía al PSOE y se la dieron el pasado mes de julio a Coalición Canaria.

«Los hechos acontecidos en ese pleno constituyen, según todos los antecedentes considerados, una conculcación del consenso, en su fondo y forma, estipulado en el Pacto contra el transfuguismo. Entendemos que las acciones acometidas deben ser comprendidas y calificadas como una vulneración del Pacto citado», sostiene el PSOE en una carta al antiguo secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.

Por su parte, UPN denuncia que se presentó una moción de censura contra el alcalde de Estella (Navarra) por parte de concejales de Bildu, Geroa Bai y dos ediles, uno expulsado del PSN y otra se apartaron de la posición fijada por ese partido.

NUEVAS ADHESIONES Y REFORMAS

En el orden del día enviado a los partidos, también se incluye hacer un repaso de las adhesiones al pacto antitranfuguismo que están pendientes de resolución. Y es que el acuerdo lo suscribieron en 1998 una docena de formaciones pero la nómina apenas se ha actualizado y, hasta julio de 2020, la comisión de seguimiento llevaba diez años sin reunirse. A lo largo de estos años han surgido nuevas formaciones políticas con relevante presencia parlamentaria que aún no se han incorporado.

Otro punto será estudiar las propuestas para integrar el comité de expertos que se acordó crear en la última reunión del pacto, el pasado noviembre, para estudiar reformas legales para extender la aplicación del acuerdo al Congreso, el Senado y otras instituciones.