El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado este jueves en el Pleno del Congreso que hay personas en el Gobierno «que quieren volver lo antes posible a la mal llamada austeridad y recelan de cualquier gasto público aunque este sea indispensable».

Así lo ha manifestado en su intervención durante el debate de convalidación en el Congreso del decreto ley con ayudas directas para empresas y autónomos afectados por la crisis de la pandemia de Covid-19.

Celebrando la aprobación de este decreto, y reconociendo que «no es perfecto», ha dicho que es fruto del «intenso debate de siempre» entre «aquellos de dentro del Gobierno que quieren volver lo antes posible a la mal llamada austeridad» y «los cabezones», incluyendo a su partido en este segundo grupo, que creen que esta austeridad «no sólo fue cruel» sino que es una receta económica «fracasada».

Precisamente, en una discusión en los pasillos del Congreso entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la primera le pidió al líder de Unidas Podemos que no fuera «cabezón». A partir de entonces, en esta formación aseguran ser «cabezones» en la defensa de sus posturas y en el cumplimiento del acuerdo de Gobierno.

DEBATES ENTRE RECELOSOS DEL GASTO Y «CABEZONES»

Estas personas del Gobierno que, ha dicho Echenique sin concretar nombres, quieren volver a «la mal llamada austeridad», «recelan de cualquier aumento de gasto público aunque este sea indispensable para ayudar a la gente.

Frente a ellos, ha dicho, los «cabezones» defienden que las medidas de protección a las pymes y a los autónomos «no sólo dan seguridad vital, sino que estimulan el consumo interno, son altamente intensivas en la creación de empleo» y registran «altas tasas de retorno» en forma de ingresos fiscales.

Además, ha ironizado que estas políticas expansivas las están defendiendo hoy en día «la nada bolchevique, y de hecho madre fundadora de la austeridad Angela Merkel» y «el nada socialcomunista y antiguo hombre de negro Mario Draghi» al frente de los gobiernos alemán e italiano, respectivamente.

En todo caso, el portavoz de la coalición de izquierdas ha asegurado que «esto no va de quien gane o pierda un debate», sino de que los ciudadanos ganen «perspectivas de futuro» y cree que la propia aprobación del decreto ley es «una buena noticia».

ENMENDARÁN EL DECRETO EN EL CONGRESO

En todo caso, ha defendido su modificación en la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de ley para ampliarlo a más sectores, restringirlo a otros y flexibilizar los requisitos de acceso.

Concretamente, Unidas Podemos quiere sacar del decreto de ayudas a sectores que identifica como «parasitarios», como el de las casas de apuestas, ampliar el alcance de las ayudas a otros tantos que quedan fueras, asegurar que son las pymes y los autónomos los que concentran estos recursos y que empresas con pérdidas en 2019 puedan acceder a las ayudas.

Vodafone España se ha adjudicado el contrato para el envío masivo de mensajes SMS de la Seguridad Social durante un año por un importe de 2,66 millones de euros, según el anuncio de formalización del contrato publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La adjudicación de este contrato, licitado por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social en septiembre de 2020, ha pasado por todo un periplo. A la licitación concurrieron Telefónica Móviles España y Vodafone, resultando ganadora la segunda con fecha 25 de noviembre.

No obstante, Telefónica, que hasta entonces se estaba encargando de proporcionar este servicio a la Seguridad Social, recurrió el 10 de diciembre esta decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, lo que dio lugar a la suspensión del expediente de contratación, según la documentación del contrato.

Alegaba Telefónica en su recurso que Vodafone España no cumplía con uno de los requisitos del contrato, el de disponer, a la fecha de la finalización de la presentación de ofertas, del certificado en vigor de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en su categoría alta, requerido para adjudicarse el contrato.

Tras analizar los datos, el Tribunal desestimó el recurso de Telefónica, sin imponerle multa de ninguna clase por considerar que no existió mala fe o temeridad en la imposición del recurso. Aunque la decisión del Tribunal es firme en vía administrativa, cabe recurrirla ante la Audiencia Nacional.

Con la desestimación, el Tribunal levantó la suspensión del procedimiento de contratación, de forma que el contrato de la Gerencia Informática de la Seguridad Social con Vodafone para el envío masivo de SMS quedó formalizado por un importe de 2,66 millones de euros sin IVA.

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social tiene entre sus funciones el mantenimiento y actualización de los medios telemáticos utilizados para la transmisión de información en el ámbito de la Seguridad Social, incluyendo el envío de mensajería corta, SMS, a los ciudadanos y empresas.

El envío de mensajes SMS se utiliza como canal de comunicación para numerosos procesos de gestión de la Seguridad Social que requiere poder comunicar información relevante a los interesados como, por ejemplo, altas y bajas del trabajador o altas en prestaciones.

Además, también se utiliza como segundo factor de autenticación para el acceso a los servicios en los que, por el tipo de operación o de información, resulta necesario un nivel de seguridad superior, como la firma de documentos mediante Cl@ve.

En el marco de este contrato, la Seguridad Social prevé un volumen de envíos de 110 millones de SMS, calculado sobre la media de envíos actuales y las posibles campañas especiales de las entidades gestoras.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este jueves que la reforma de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y del texto refundido de la ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes para evitar la elusión fiscal en operaciones vinculadas no tiene afán recaudatorio y, por tanto, los ingresos extra serán «realmente bajos».

La ministra ha pedido a los grupos de la Cámara Baja apoyo para sacar adelante este real decreto-ley con el que se transpone al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria sobre las conocidas como ‘asimetrías híbridas’, que se usan en muchos casos para reducir la factura fiscal. «No persigue aumentar la recaudación tributaria, sino prevenir conductas mediante la elusión fiscal», ha defendido la ministra.

Según ha explicado Montero, el plazo de transposición de la directiva europea expiró el 31 de diciembre de 2019 y la Comisión Europea, con fecha 30 de octubre de 2020, ha dirigido a España un dictamen motivado.

Ante esto, la titular de Hacienda ha justificado la aprobación urgente en el Consejo de Ministros de este real decreto ley, ya que la falta de incorporación de la norma podría conllevar que las instituciones europeas interpusieran sanciones económicas o acudieran al TJUE ante la demora de su aprobación.

«La gravedad de las posibles sanciones económicas que se derivan de la falta de incorporación al ordenamiento jurídico de esta trasposición y la evidencia de que la tramitación como ley por el procedimiento ordinario conllevaría unos plazos en los que se produciría la interposición de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de la Comisión, hizo imprescindible acudir a la aprobación de este real decreto-ley para proceder a la trasposición urgente», ha explicado la ministra.

Los grupos han replicado a la ministra que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez «ha tenido dos años y 8 meses» para trasponer esta directiva y ahora lo hace ante la amenaza de sanción y advertencias desde Bruselas.

Aunque los partidos apoyan el fondo de la trasposición de la directiva europea, algunos abogan por tramitar la norma como proyecto de ley para poder proponer cambios en forma de enmiendas, criticando el uso «excesivo» por parte del Gobierno de la figura del decreto-ley. «No se puede gobernar a golpe de decreto ley», han denunciado desde el PP.

La transposición de la directiva europea relativa a las ‘asimetrías híbridas’ fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo con el objetivo de neutralización de sus efectos que suelen llevar aparejados elusión fiscal.

El concepto de ‘asimetrías híbridas’ responde al tratamiento fiscal distinto que tiene una misma operación sobre una sociedad que, por ejemplo, se ubica en España respecto a su filial o empresa vinculada que se sitúe en otro país.

La directiva trata de evitar que el mismo gasto no pueda ser deducible en los dos países al mismo tiempo o que una operación pueda tener la consideración de gasto deducible en un país, pero que en el otro sea considerado un ingreso a efecto de tributación.

La norma comunitaria que llega al ordenamiento jurídico español se enmarca dentro del paquete de medidas de la Unión Europea destinadas a la lucha contra la elusión fiscal que tienen su origen en los informes finales del proyecto BEPS de la OCDE contra la erosión de bases imponibles y traslados de beneficios.

FALTA DE TRIBUTACIÓN O DOBLE DEDUCCIÓN.

Las ‘asimetrías híbridas’ son aquellas que pueden darse entre un contribuyente situado en España (o un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente) y una entidad vinculada a éste que se encuentre situada en otro país cuando las propias entidades, las operaciones que realizan, o las rentas derivadas de estas operaciones, tienen diferente calificación fiscal en España y en el otro país.

Así, pueden producir la deducción de un gasto en España sin que tribute su correlativo ingreso en el otro país, o la doble deducción del mismo gasto, u otros supuestos que permiten utilizar estas estructuras como mecanismo de erosión de la base imponible y de traslado de beneficios.

De esta forma, se establece, en función de los supuestos, que no será deducible un gasto, para una entidad residente en territorio español (o un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente), cuando el correlativo ingreso no tribute en otra entidad residente en otro país, o cuando tal gasto sea, asimismo, deducible en la otra entidad; o que la entidad residente en territorio español deberá tributar por los ingresos correspondientes a gastos que hayan sido fiscalmente deducibles en otro país en el que no se haya aplicado la regla primaria.

YA SE CONTEMPLABAN MEDIDAS CONTRA ESTAS ASIMETRÍAS.

La regulación española ya contemplaba algunas medidas en este sentido, en concreto, sobre instrumentos financieros híbridos entre partes vinculadas, que generen un gasto deducible para una de las partes y un ingreso exento para la otra parte, como, por ejemplo, una entrega de fondos de una matriz no residente a una filial residente en España que se califique como deuda (préstamo) en España, pero como capital (inversión en los fondos propios de la filial) en el Estado donde resida la matriz.

En este supuesto, la Ley del Impuesto sobre Sociedades ya impedía que la filial española se dedujera el gasto por los intereses pagados a su matriz, si la matriz no tributaba por esos intereses, al ser considerados en su Estado como dividendos o renta del capital exentos.

Además, de forma complementaria, en el caso de que España fuera el Estado de domiciliación de la matriz, no se aplicaba la exención al ingreso procedente de su filial situada en otro país, si para dicha filial el pago generaba un gasto deducible.

Por ello, Hacienda aclara que las normas que se transponen mediante el decreto ley son para eliminar otro tipo de ‘asimetrías híbridas’, «muy casuísticas, más complejas y no tan frecuentes el ordenamiento tributario español».

En cuanto a las prácticas, por ejemplo, se busca evitar el efecto deducción del gasto, pero no inclusión del ingreso, en el caso de operaciones efectuadas entre una matriz y su filial situada en otro país, o dentro de un mecanismo estructurado.

O también la doble deducción del mismo gasto en transacciones realizadas dentro de un grupo societario –o una estructura empresarial– con compañías ubicadas en varios Estados diferentes.

Las medidas implantadas neutralizarán los efectos de las ‘asimetrías híbridas’ poniendo fin así a los desajustes fiscales, lo que impedirá su utilización como mecanismo de erosión de la base imponible y de traslado artificioso de beneficios, sin que ello tenga un impacto negativo en la inversión y el comercio transfronterizo, según Hacienda.

Santander UK, la filial británica del banco español, planea cerrar 111 sucursales en Reino Unido para finales del próximo mes de agosto, lo que equivale a una cada cinco de su red en el país, mientras que llevará a cabo una reducción de sus centros corporativos, incluido el traslado de su sede al nuevo campus de Milton Keynes, y ofrecerá la posibilidad de teletrabajar a alrededor de 5.000 de sus trabajadores.

La entidad ha tomado la decisión de cerrar 111 de sus 563 sucursales bancarias en Reino Unidos en respuesta al cambio en los hábitos de los clientes en favor de la banca móvil y digital, una tendencia que se ha visto acelerada por la pandemia, provocando una caída del 50% de las operaciones presenciales en las oficinas en 2020, después de la bajada del 33% en los dos años anteriores a la pandemia.

Santander ha explicado que la mayoría de las sucursales afectadas por los cierres están a menos de tres millas (algo menos de 5 kilómetros) de otra sucursal de la entidad, con una distancia máxima de cinco millas, mientras que todas están a menos de media milla de al menos dos cajeros automáticos de uso gratuito y a una milla de la oficina de correos más cercana.

Asimismo, el banco ha indicado que mantendrá una red de 452 sucursales tras los cambios propuestos, proporcionando una amplia cobertura en todo el Reino Unido.

Por otro lado, la entidad espera poder encontrar roles alternativos para un número significativo de los empleados afectados que deseen permanecer en el banco.

«El uso de sucursales por parte de los clientes ha disminuido considerablemente en los últimos años, por lo que hemos tomado la difícil decisión de consolidar nuestra presencia en áreas donde tenemos varias sucursales relativamente juntas», declaró Adam Bishop, director de sucursales de la filial británica del Santander.

CAMBIO DE SEDE Y TELETRABAJO.

Por otro lado, Santander UK ha informado de sus planes para reducir sus centros de oficinas corporativas en Reino Unido a seis ubicaciones principales, así como su intención de introducir fórmulas de trabajo flexible, que permitirán combinar el trabajo desde casa y en centros locales a alrededor de 5.000 empleados afectados por los planes de consolidación.

De este modo, Santander cerrará las oficinas corporativas de Bootle, Newcastle, London Portman House y Manchester Deansgate a finales de 2021, además de reducir su espacio de oficinas en London Triton Square, London Ludgate Hill, Leicester Carlton Park y Teesside.

Asimismo, Milton Keynes, donde el banco está invirtiendo 150 millones de libras (174 millones de euros) en un nuevo campus de última generación, se convertirá en la sede del banco en el Reino Unido, junto con las bases de la entidad en Belfast, Bradford, Glasgow, Londres y Sheffield.

«La pandemia ha acelerado la tendencia existente hacia un trabajo más flexible, y nuestros colegas nos han dicho que esto ha traído beneficios significativos para muchos de ellos», ha señalado Nathan Bostock, consejero delegado de Santander UK, quien subrayó que los espacios físicos siguen siendo muy importantes.

«Estamos invirtiendo 150 millones de libras esterlinas en nuestro nuevo campus de última generación en Milton Keynes, que se convertirá en nuestra nueva sede. Milton Keynes es uno de los principales centros tecnológicos del Reino Unido y, con una serie de proveedores de educación y formación innovadores a nuestro alcance, creemos que nos brindará un excelente acceso futuro a talentos y oportunidades para que los colegas innoven y desarrollen sus habilidades», añadió.

En todo caso, la entidad precisó que todo el personal de oficina de Santander UK, independientemente de la ubicación, seguirá trabajando desde casa hasta al menos el 21 de junio de 2021, como reflejo de la orientación del Gobierno para ayudar a gestionar la pandemia.

La empresa española de comercio electrónico española PcComponentes disparó en 2020 su facturación por encima de los 647 millones de euros, un 60% más que en el ejercicio anterior.

Según un comunicado de la empresa, el número de clientes se incrementó el pasado año aproximadamente un 70% y despacharon 2,6 millones de pedidos en España con una factura media de 250 euros, unas cifras impulsadas por el crecimiento del comercio electrónico en el país a raíz de la pandemia y el confinamiento.

El incremento de las métricas se traslada también a la web de la empresa, que registró una subida del 82% en el número de sesiones iniciadas y duplicó los usuarios únicos.

El consejero delegado de PcComponentes, Alfonso Tomás, ha señalado la «indudable» influencia de la situación como una de las causas del crecimiento de la compañía y ha subrayado la exigencia derivada de este periodo de crecimiento.

Para poder lidiar con esta nueva carga de trabajo, el número de personas en plantilla también se ha elevado un 30%, según Tomás.

El consejero delegado ha señalado que 2021 será un año «igualmente retador» y ha asegurado que estarán «muy atentos» a las nuevas situaciones de mercados marcados por la incertidumbre.

Entre los objetivos de este año se encuentra la mejora del tiempo de entrega, que en las principales ciudades del país es inferior a 24 horas en el 98% de los casos.

CRECIMIENTO EN PORTUGAL Y CAÍDA DEL MERCADO FÍSICO

La compañía ha experimentado un aumento de ingresos también en Portugal donde han crecido un 93% en 2020 y ha cerrado el año con casi 20 millones de euros de facturación, una tendencia que aspira a mantener en 2021.

Asimismo, el ‘Marketplace’ de la compañía aumentó su facturación en torno al 7% y sumó a 200 nuevos vendedores, una cifra que Tomás espera que aumente hasta 350 este año.

Por su parte, debido también a la pandemia, las tiendas en Murcia y Madrid experimentaron un descenso de ventas del 9,4% y el 14%, respectivamente.

LOS PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO

El confinamiento ha marcado el consumo de los clientes de PCComponentes, que ha visto como, por ejemplo en 2020, las ventas de webcams se dispararon un 1.142%, mientras que los sistemas de videoconferencia se vendieron un 448% más y la venta micrófonos aumentó en un 271%.

Por otro lado, los ordenadores también registraron un gran aumento de ventas, con un alza de más del 80% en los portátiles y el 136% en sobremesas.

Los videojuegos también han registrado aumentos y los mandos de consola se han vendido un 300% más y las mesas de ‘gaming’ un 512%.

Otros productos como termómetros aumentaron sus ventas en un 4.263%, mientras que las panificadoras, otro producto estrella del confinamiento, se enviaron un 369% más y fueron superadas en el ambito culinario por las vinotecas, con un crecimiento del 484%.

La producción de acero en España alcanzó en 2020 los 11,1 millones de toneladas, con un descenso del 18% y registrando su peor dato desde la crisis financiera de 2008 debido al impacto por la pandemia del Covid-19, según los datos presentados por la patronal Unesid.

A lo largo del pasado año el sector registró algunas de las producciones mensuales más bajas de la serie histórica de la siderurgia nacional, siendo comparables a las de 1996 y situándose por debajo del millón de toneladas en ocho de los 12 meses de 2020.

No obstante, la patronal señaló que al final del ejercicio se produjo una aceleración, llegando a crecer la producción del cuarto trimestre un 36% con respecto al tercero.

El director general de Unesid, Andrés Barceló, consideró que la industria siderúrgica ha tenido que contribuir en la lucha contra la pandemia haciendo de fábricas e instalaciones lugares seguros para el trabajo y «ha tenido que adaptarse las decisiones drásticas que adoptó el Gobierno con la promulgación del estado de alarma y con el cierre total de la economía«.

IMPACTO POR FILOMENA Y LOS PRECIOS ENERGÉTICOS EN 2021.

De cara a 2021, Barceló consideró que el inicio de año se ha visto afectado también «tanto por los efectos de la tormenta Filomena en España, como por el brusco aumento de los precios energéticos y la continuación de la escalada generalizada de las materias primas en todo el mundo».

Por ello, mostró su confianza en que la relajación de las medidas restrictivas, como consecuencia del proceso de vacunación, «permita una recuperación de la actividad en todos los sectores consumidores».

En 2020, el sector entregó al mercado 12,3 millones de toneladas de productos siderúrgicos, lo que representa un descenso del 15,2%, cortando así con tres años de leves ascensos.

Además, la demanda de productos siderúrgicos cayó un 11,7% en el año, con un perfil parecido al de la producción, con fuertes descensos en la parte central del año y una recuperación en el último trimestre del 11,6% con respecto al tercero.

CAÍDA DEL 16% EN LAS EXPORTACIONES.

En lo que se refiere al comercio exterior, el alcance global de la pandemia ha influido también en las exportaciones, que bajaron un 16,2% el año pasado, quedando en 8,0 millones de toneladas.

Mientras, las importaciones, que alcanzaron los 8,9 millones, cayeron algo menos que las exportaciones, con un descenso el 13,2%. En volumen, hay por tanto un déficit próximo al millón de toneladas.

Sin embargo, Unesid indicó que el mayor valor añadido de las exportaciones con relación a las importaciones hace que económicamente haya un superávit comercial de 516 millones de euros.

Finalmente, el reciclaje de chatarra descendió algo menos que la producción, con una bajada del un 13%. En 2020, la industria siderúrgica española recicló 9,1 millones de toneladas de chatarra para introducirlos en el circuito económico como nuevos productos siderúrgicos.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha descartado que la fusión con CaixaBank disminuya el nivel de competencia en el sector bancario español y ha asegurado que entiende las condiciones que ha impuesto la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) a la operación, que en ningún caso alteran los planes.

Así lo ha señalado durante su intervención en el ‘I Simposio del Observatorio de las Finanzas’ organizado por El Español e Invertia, después de que la CNMC autorizase la operación pero sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos presentados por el nuevo grupo para solventar algunos riesgos de competencia observados en determinadas áreas.

Goirigolzarri ha firmado que estas condiciones «no alteran los planes» y ha explicado que el supervisor ha visto que en banca minorista había «cierta sensibilidad e impacto en la competencia» en zonas en las que la nueva CaixaBank se convertía en la única entidad, tras la absorción de Bankia, tanto por razones de competencia como de inclusión financiera.

«Hemos propuesto a la CNMC, y le ha parecido razonable, que durante tres años mantengamos una situación especial en términos de condiciones en esos códigos postales y entiendo perfectamente las cuestiones que planteó la CNMC. Creo que la propuesta nuestra es muy razonable, muy buena para la competencia y no modifica en lo esencial nuestra estrategia», ha señalado el directivo.

El presidente de Bankia ha descartado que la fusión de CaixaBank y Bankia reduzca el nivel de competencia en el sector bancario español, como demostraría el hecho de que las empresas españolas se están financiando a tipos más bajos que las alemanas y las hipotecas se firman en el país a tipos más bajos que en el resto de Europa.

«No ha habido un descenso de la capacidad competitiva en absoluto. Son cuotas típicas dentro de la UE y, por tanto, no veo que nuestra operación signifique una reducción de competencia, como muy bien ha visto la CNMC, que ha puesto esas condiciones y ese foco que entiendo perfectamente, pero dentro de ese sentimiento general de que esto no reduce en absoluto el nivel de competencia», ha apostillado Goirigolzarri.

Por otro lado, el directivo ha descartado que la fusión tenga alguna implicación política, pues se trata de una operación que tiene «un fundamento absolutamente profesional y una lógica industrial y financiera clarísima».

«Lo ha dicho el mercado con la reacción que hemos tenido en la cotización de Bankia y de CaixaBank», ha destacado Goirigolzarri, para mostrar su convencimiento en que la fusión «es muy buena para Madrid, para Cataluña y para toda España».

Preguntado por la posibilidad de que la nueva CaixaBank dé el salto internacional más allá de España y Portugal, el directivo ha explicado que la entidad debe concentrar sus esfuerzos en un proceso de fusión que requiere «una integración impecable» que no es sencilla.

«En la vida hay que ir paso a paso», ha señalado Goirigolzarri, para añadir que, una vez se complete la integración de Bankia en CaixaBank, «se podrá hablar de otras cuestiones», aunque cree que las fusiones transeuropeas todavía no son un movimiento posible en el corto plazo por los fuertes riesgos de implementación que conllevan y porque las sinergias que plantean «no son evidentes».

ESPERA UN SEGUNDO TRIMESTRE MEJOR QUE EL PRIMERO

En cuanto a las previsiones macroeconómicas, el presidente de Bankia ha reconocido que el primer trimestre «ha decepcionado un poco» y supedita la recuperación económica a la velocidad en la vacunación.

«Creo que en los próximos meses tendremos un proceso de vacunación con mucho más brío y, si eso es así y se cumplen las expectativas que tenemos, estoy visualizando un segundo trimestre más fuerte que el primero, pero un tercero y cuarto con potencia», ha apuntado.

Sobre el papel de la banca en la recuperación económica, Goirigolzarri ha reconocido que «todavía queda mucho camino por delante», un camino que CaixaBank afronta con una fortaleza financiera «extraordinaria» que se ha visto reforzada con la fusión.

El directivo cree que las ayudas directas «son un paso en la buena dirección» y tiene «toda la esperanza puesta en los fondos europeos», pues suponen una oportunidad para salir de la crisis con una gran transformación.

En su opinión, la banca debe jugar un papel muy relevante desde el punto de vista de la financiación, por su capilaridad y experiencia en la gestión de riesgos. «Me parece que el papel de la banca en esta instrucción de fondos tiene que ser muy importante y es un ejemplo de la importancia de la colaboración público-privada», ha sostenido.

Los españoles realizaron 101,5 millones de viajes en 2020, cifra un 47,6% inferior a la de 2019, debido a la pandemia del Covid, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifran el gasto asociado en 21.135 millones, un 56% menos. Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes superaron los 493,4 millones, lo que supone una caída de casi el 38%.

La crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 tuvo efectos en los desplazamientos de los residentes durante 2020 al limitarse la libertad de circulación de personas. Primero por el primer estado de alarma y, tras finalizar este, por las restricciones impuestas por las comunidades autónomas.

A su vez, muchos países han mantenido medidas restrictivas a los viajeros residentes en España para acceder a sus territorios (como cuarentenas, solicitud de test PCR o prohibiciones de entrada).

Este escenario ha provocado que en el conjunto de 2020 se registraran bajadas del 47,6% en los viajes, del 37,9% en las pernoctaciones y del 56% en el gasto. El turismo con destino al extranjero fue el más afectado, con descensos del 74,8% en viajes, del 70,4% en pernoctaciones y del 77,7% en el gasto.

El 95% de los viajes de 2020 tuvo como destino principal el territorio nacional y solo el 5% correspondió a viajes al extranjero. Los viajes con destino interno acumularon el 91,3% de las pernoctaciones y el 83,1% del gasto total, con un gasto medio diario de 39 euros.

Por su parte, los viajes al extranjero supusieron el 8,7% de las pernoctaciones y el 16,9% del gasto total, con un gasto medio diario de 84 euros. Los principales motivos de viaje durante el año 2020 fueron el ocio (47% del total) y las visitas a familiares o amigos (38,1%).

Los viajes de ocio acumularon el 55,9% del gasto total, con un gasto medio diario de 46 euros. El gasto medio diario más elevado fue el de los viajes de negocios (79 euros).

LOS VIAJES CON HOTEL CAEN UN 63,2%

Por alojamiento principal, los viajes con alojamiento hotelero fueron los que más descendieron (-63,2%). Entre los que utilizaron alojamientos de mercado, los viajes con alojamiento rural fueron los que menos bajaron (-38,8%), mientras que en los de no mercado, el menor descenso se registró en los que utilizaron viviendas de familiares y amigos (-39,4%).

Por medio de transporte, los más afectados fueron los que utilizaron el transporte aéreo (-71%) y los que menos, los que usaron transporte terrestre (-44,4%). El excursionismo nacional disminuyó un 37,8% y el de destino el extranjero un 56,4%.

Los residentes optaron por alojamiento no de mercado en el 66,2% del total de viajes. Estos viajes, que acumularon el 69,6% de las pernoctaciones, presentaron el gasto medio diario más bajo (25 euros). El gasto medio diario más elevado (118 euros) fue de viajes con alojamiento hotelero.

En los desplazamientos internos, el gasto en alojamiento representó el mayor porcentaje del gasto total (25,2%), seguido del gasto en bares y restaurantes (24,5%) y en resto de gastos (24,1%). En los viajes al extranjero, la partida con más peso sobre el total en 2020 fue el transporte (34,7%), seguido del gasto en alojamiento (21,1%) y en bares y restaurantes (18,1%).

Por trimestres, el gasto medio diario más alto se registró en el primero, tanto para los viajes internos (54 euros), como para los viajes al extranjero (98 euros). Por su parte, los gastos medios más bajos se dieron en el segundo trimestre para los viajes internos (31 euros) y en el cuarto para los realizados al extranjero (61 euros).

ANDALUCÍA, EL DESTINO FAVORITO

Andalucía fue el destino del 18,6% del total de viajes realizados en el año 2020, seguida de Cataluña (13,3%) y Comunidad Valenciana (11,4%). Los destinos visitados en menor medida fueron La Rioja (0,9% del total), Comunidad Foral de Navarra (1,7%) e Islas Baleares (2%).

Los gastos medios diarios más altos se dieron en los viajes a Islas Baleares (59 euros), Canarias (58 euros) y Comunidad de Madrid (50 euros). Por su parte, los valores medios más bajos fueron para Castilla y León (28 euros), y para Castilla-La Mancha y Murcia (ambas con 30 euros).

Los residentes en Comunidad de Madrid acumularon durante el año 2020 el mayor porcentaje de viajes (17,2% del total), seguidos de los residentes en Andalucía (16,4%) y en Cataluña (16,1%).

El gasto medio diario más alto lo realizaron los residentes en Islas Baleares (51 euros al día), Canarias (50) y Extremadura y Cataluña (48 en ambos casos). Por el contrario, los gastos medios diarios más bajos se dieron en la Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias (38 euros en los tres casos).

Leroy Merlin ha repartido 44 millones de euros entre sus empleados en concepto de políticas de participación en 2020, según ha informado la compañía, que ha precisado que se trata de una cifra histórica obtenida gracias a la implicación de los equipos y la confianza de los clientes en un ejercicio marcado por la crisis sanitaria del coronavirus.

En concreto, la firma ha precisado que este reparto proviene de la suma de los resultados de negocio de cada una de las tiendas entre todos sus colaboradores y del reparto de beneficios anuales de la compañía entre todos los empleados de España.

El director de Recursos Humanos, Eloy del Moral, ha reconocido que en el «momento actual ha dejado claro que en la compañía la labor de los equipos y la magnífica respuesta por parte de los clientes han sido clave».

«Nuestros colaboradores han respondido de una forma extraordinaria durante el pasado año, lo que se ha traducido en unos resultados excepcionales. Que el reparto de beneficios alcance los 44 millones de euros es un récord en la historia de Leroy Merlin y es gracias al esfuerzo y trabajo de todos», ha subrayado Del Moral.

El reparto de resultados histórico reconoce el esfuerzo y entusiasmo de los empleados de Leroy Merlin durante estos meses de la pandemia, así como la confianza depositada por los consumidores. En la actualidad, el 92,83% de los empleados de Leroy Merlin España son accionistas de la compañía.

Leroy Merlin cerró 2020 con un beneficio de 100,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 58% con respecto al ejercicio anterior y mantuvo estables sus ventas en España, con 2.650 millones de euros, a pesar de haber tenido cerradas sus tiendas gran parte del año por la crisis sanitaria del coronavirus.

En un ejercicio marcado por la pandemia por el Covid-19, que estalló a partir del mes de marzo, la compañía fue capaz de elevar sus ganancias con respecto a los 63 millones de euros registrados en 2019.

Durante la pandemia, la compañía apostó por la innovación con la puesta en marcha de varios canales para la venta a distancia cuando sus tiendas estaban cerradas. Así, lanzó el servicio de venta telefónica y por WhatsApp, que han sido clave en la estrategia de la firma en 2020.

A través de estos canales, a los que se une el ‘online’, la compañía facturó 160,1 millones de euros, casi el triple de lo obtenido en 2019. La venta ‘online’ registró unas ventas de 91 millones de euros, lo que supone un incremento del 52%, registrando un hito histórico, mientras que la telefónica recibió 460.000 pedidos valorados en 69,4 millones de euros.

La prestación de servicios de almacenamiento, transporte y distribución vinculados a operaciones comerciales en Internet generó en España un volumen de ingresos de 2.300 millones de euros en 2020 a los operadores logísticos, lo que supone un crecimiento del 24,3% respecto al año anterior.

A pesar de la crisis sanitaria, se trata de una cifra que continúa con la tendencia de crecimiento que ya venía registrando el mercado en los últimos años, cuando aumentaba a un ritmo de entre del 18% y el 19% anual, según el observatorio sectorial DBK de Informa, filial de Cesce.

De hecho, la pandemia y las medidas de confinamiento y cierre de establecimientos comerciales adoptadas para su contención fortalecieron el dinamismo del comercio electrónico y la demanda de servicios logísticos asociada.

Asimismo, el volumen de negocio derivado del comercio electrónico entre empresas y particulares (B2C) superó los 50.000 millones de euros en 2019, tras aumentar un 25%, mientras que los datos provisionales de 2020 apuntan de nuevo a un crecimiento cercano al 30%.

Destaca especialmente el incremento de la demanda vinculada a productos para el hogar, de alimentación, ropa, material deportivo, productos de salud y belleza, material de oficina e informática, o artículos de bricolaje.

El fuerte crecimiento del negocio continúa atrayendo a nuevas empresas e incentivando el incremento de las inversiones en tecnología e infraestructuras, así como en los servicios de última milla y el establecimiento de redes de puntos de entrega, buzones o taquillas automáticas», se desprende del informa realizado por Informa.

En cuanto a la concentración en el sector, los cinco primeros operadores reunieron en 2020 casi la mitad del mercado, mientras que la participación agregada de los diez primeros se situó en el 63% del volumen de negocio total.

Respecto a 2021, se prevé que los ingresos derivados de la logística vinculada al comercio electrónico continúen creciendo de forma notable a corto y medio plazo, debido a las restricciones aplicadas para combatir la pandemia y los cambios en los hábitos de los consumidores, que seguirán aumentando el porcentaje de las compras que realizan a través de Internet.

Los precios industriales bajaron un 1,5% el pasado mes de febrero en relación al mes anterior y avanzaron un 0,8% en tasa interanual, con lo que encadenan dos meses consecutivos de alzas tras haber estado 19 meses en negativo, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, el repunte interanual de febrero es ligeramente más moderado que el de enero, cuando los precios industriales avanzaron un 0,9%.

El incremento interanual de los precios industriales en el segundo mes del año se ha debido principalmente a los bienes intermedios, que elevaron casi 2,5 puntos su tasa interanual, hasta el 4,8%, la más alta desde octubre de 2011, por el encarecimiento en la fabricación de productos básicos de hierro y de productos químicos.

Asimismo, los bienes de consumo no duradero incrementaron cuatro décimas su tasa anual en febrero, hasta el 1%, como resultado del mayor coste de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Por contra, la energía recortó 3,5 puntos su tasa interanual, hasta el -3,3%, por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Según el INE, la tasa de variación anual del índice general sin energía aumentó más de un punto en febrero, hasta el 2,6%, situándose casi dos puntos por encima de la del IPRI general.

LA MAYOR CAÍDA MENSUAL DESDE ABRIL

En tasa mensual (febrero sobre enero), los precios industriales bajaron un 1,5%, su mayor retroceso mensual desde el mes de abril, cuando cayeron un 3%.

Este descenso se debe principalmente a la caída de los precios de la energía en un 7,4%, frente al avance en un 2,1% de los precios de los bienes intermedios y al repunte en un 0,6% de los precios de los bienes de consumo no duradero.

TASAS POSITIVAS EN DIEZ COMUNIDADES

Seis comunidades autónomas elevaron su tasa anual de precios industriales el pasado mes de febrero, diez la redujeron y sólo Murcia la mantuvo estable.

Los mayores avances se registran en País Vasco, Andalucía y Cantabria, con alzas de 2,8, 2,1 y 1,8 puntos, respectivamente, mientras que los mayores descensos correspondieron a Canarias y Baleares, con caídas de 11,7 y 9,6 puntos.

A cierre del segundo mes del año, siete comunidades autónomas presentaban tasas negativas interanuales de precios industriales y diez registraban tasas positivas.

Las tasas negativas más pronunciadas corresponden a Canarias (-1,3%) y Castilla-La Mancha (-1,2%), mientras que los mayores crecimientos anuales de los precios industriales se dan en Andalucía (+2,8%), Asturias (+2,6%) y Aragón (+2,3%).

Kutxabank ha alcanzado un principio de acuerdo con el59% de la representación en la Mesa Negociadora para la firma de su tercer convenio colectivo con vigencia 2019-2024, que incluye unos incrementos salariales vinculados al IPC y «mejoras en materia social».

El banco ha destacado que la «moderación» de los incrementos pactados, junto a la modificación de determinados mecanismos automáticos de generación de antigüedad, «permitirán la contención de costes en un contexto complicado».

En un comunicado, la entidad ha indicado que, tras un periodo para redactar el texto completo definitivo, este preacuerdo desembocará en la firma de su tercer Convenio Colectivo. El preacuerdo ha sido alcanzado con CC.OO., Pixkanaka y Ale, mientras que ELA, LAB y Asprobank no lo han suscrito.

El banco ha subrayado que el acuerdo refleja «la voluntad negociadora y la visión a largo plazo» de las partes y cumple con las condiciones de «necesaria adaptación a la situación del mercado». En este sentido, ha calificado de «muy positiva» la «estabilidad y la solidez» que se alcanza con el acuerdo en el «complicado» entorno económico actual.

El convenio será suscrito con una vigencia de seis años -de 2019 a 2024- y la entidad ha destacado que la «moderación» de los incrementos salariales pactados para los próximos años, que estarán vinculados al IPC, junto con la modificación de determinados mecanismos automáticos de generación de antigüedad, «permitirán la contención de costes en un contexto complicado».

El banco ha señalado que este tercer convenio realizará «mejoras en materia social y en especial en las medidas para conciliar la vida laboral y familiar», en línea del compromiso del Banco en esta materia.

En concreto, ha precisado que algunas de las mejoras son el incremento de las horas anuales para atender necesidades de conciliación, la flexibilización del disfrute de la maternidad ypaternidad y de las reducciones de jornada, y la concesión de permisos no retribuidos por causas de conciliación, son algunas de las mejoras.

El nuevo texto establece la creación de una comisión de estudio sobre la promoción profesional, así como una comisión de estudio del empleo para analizar las necesidades de contratación, entre otros aspectos.

Ha añadido que el documento incluye, además, materias novedosas como la regularización del teletrabajo y las compensaciones a los empleados que trabajen desde casa, con un mínimo del 30% de la jornada y un máximo del 80%, garantizando un día de trabajo presencial.

Kutxabank ha valorado el «esfuerzo» de la plantilla y de la mayoría sindical, «acorde con la realidad de mercado y de negocio», y lo considera «la mejor forma de asegurar la sostenibilidad delproyecto a largo plazo».

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, sostiene que la forma «más inteligente» de promover el nuevo flujo de pymes y el mayor número de inversiones minoristas accediendo al mercado es que lo hagan a través de la inversión colectiva, ya que estos esquemas administrados por gestores profesionales aportan diversificación y capacidad de análisis, reduciendo los riesgos y elevando la rentabilidad.

De hecho, considera que este tipo de vehículos podría incluso incentivarse desde la regulación europea, frente a la inversión directa en pymes individuales, y que podrían contribuir a profesionalizar estas pequeñas empresas.

Durante su intervención en el ‘I Simposio del Observatorio de las Finanzas’ organizado por El Español e Invertia, Buenaventura ha reflexionado sobre cómo facilitar la incorporación al mercado de más empresas, fundamentalmente pymes, así como una mayor participación y protagonismo del inversor minorista, todo ello promoviendo su protección.

Según ha puesto de manifiesto, la unión del mercado de capitales «es un elemento esencial para la mejora de las opciones de inversión y una diversificación más sana de las empresas europeas».

«La idea es aumentar el peso de los mercados de valores en la financiación de las empresas, especialmente mediante acciones, en contraposición a la financiación bancaria vía préstamos, con la idea de que ello reportará mayor resiliencia a las empresas europeas ante futuras crisis, mayores posibilidades de crecimiento para esas mismas empresas y mayores oportunidades para canalizar los ahorros de los inversores», ha explicado.

Facilitar la incorporación al mercado de más pymes e inversores minoristas debe hacerse «con cuidado», especialmente si al mismo tiempo se promueve la reducción de requisitos de entrada al mercado por parte de nuevos inversores y de divulgación de información al mercado por parte de los inversores que ya están cotizados, ha afirmado el presidente de la CNMV.

Buenaventura ha advertido de que la combinación de más pymes cotizadas, más inversores minoristas y menores requisitos de información «puede configurarse como una receta peligrosa», pues los inversores minoristas pueden carecer en algunos casos de la formación y experiencia adecuados, porque es necesario contar con una mayor cobertura de análisis de las empresas más pequeñas y porque las pymes están sujetas con frecuencia a una volatilidad mayor y unas tasas de impago más altas, lo que las convierte en inversiones «con un componente de riesgo adicional».

«Probablemente, la forma más inteligente de promover al mismo tiempo el nuevo flujo de pymes y un mayor número de inversores minoristas accediendo al mercado es impulsar que estos accedan al mercado a través de la inversión colectiva. Los esquemas de inversión colectiva administrados por gestores profesionales brindan diversificación y capacidad de análisis, lo que reduce riesgos y aumenta rentabilidades. Este tipo de vehículos podría incluso incentivarse desde la regulación europea frente a la inversión directa en pymes individuales», ha señalado el presidente de la CNMV.

En su opinión, la clave para atraer más empresas al mundo cotizado es reducir los costes de acceso sin minorar la protección al inversor. «La clave de unos mercados de capitales fuertes y estables es la confianza a largo plazo por parte de los inversores y el desarrollo, mejora y perfeccionamiento de una educación financiera adecuada que permita a todos los inversores una mejor comprensión del riesgo en la toma de decisiones», ha afirmado.

REDES SOCIALES E INFLUENCERS

El presidente de la CNMV también se ha referido a la manera en que factores externos como las redes sociales pueden configurar un panorama diferente en la estructura del mercado y las normas que lo regulan.

En este sentido, ha señalado que no puede culparse a las redes sociales por las potenciales prácticas abusivas que puedan ser acordadas a través de ellas y ha recalcado que «ninguna conducta, a menos que se trate de información falsa o engañosa, supone una manipulación del mercado», pues ello requiere la ejecución real de órdenes y ejecuciones. «La ley de abuso de mercado no contempla la infracción de pensamiento», ha recordado.

Asimismo, Buenaventura ha indicado que el papel de los ‘influencers’ y líderes de opinión está ya sujeto a las reglas de abuso de mercado y que el régimen de recomendaciones de inversión es aplicable a cualquier persona que se presente como experto en la materia.

El presidente de la CNMV ha reconocido que los supervisores tendrán que acometer «un esfuerzo especial» para contribuir a aumentar el conocimiento de la normativa por parte de los inversores minoristas, debiendo hacerlo además a través de instrumentos distintos. «No es a través de comunicados ni de medios oficiales como podemos llegar a la nueva comunidad que ya está surgiendo», ha reflexionado.

Las empresas energéticas aportarán un total de 206,9 millones de euros en 2021 al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderán a Repsol, Endesa, Cepsa y Naturgy, las cuatro compañías que mayor volumen de energía venden en España.

Este importe está en línea con el que ya tuvieron que asumir el año pasado para financiar el fondo.

En concreto, Repsol, a través de todas sus filiales, aportará casi 43 millones de euros al fondo, mientras que Endesa contribuirá con más de 27,6 millones de euros, Cepsa, con algo más de 23,6 millones de euros o Naturgy, con casi 19 millones de euros, según consta en la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se establece las obligaciones de aportación al fondo para el ejercicio.

Además de estas tres compañías, destaca la aportación al fondo por parte de Iberdrola, con algo más de 16 millones de euros; BP, con unos 11 millones de euros; y Galp, con 9,2 millones de euros.

La aportación obligatoria al fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por el Gobierno, en proporción al volumen de ventas de energía. En este caso se ha tenido en cuenta los datos correspondientes a 2019.

En la orden, la equivalencia financiera para 2021 se establece en 1,5950 millones de euros por kilotoneladas de petróleo (ktep) ahorrado o 137.170 euros por gigavatio (GWh) ahorrado, en base al coste medioestimado para movilizar las inversiones en todos los sectores de actuación necesarias para alcanzar el objetivo anual de ahorro.

En el caso del sector eléctrico y gasista, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida al nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales durante ese año.

Para realizar la asignación, Transición Ecológica ofrece un desglose de la energía vendida por cada empresa. A partir de ese criterio, se reparte entre las distintas empresas el coste total del fondo de eficiencia.

RECURSOS ANTE EL SUPREMO.

Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones han venido recurriendo ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales, las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.

No obstante, el Supremo ha venido desestimando los recursos de las energéticas y ha respaldado el sistema por el este grupo de cientos de empresas pagan estos más de 200 millones anuales.