La presidenta nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, y el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, han dejado este sábado abierta la posibilidad de que el partido naranja concurriera en listas conjuntas con el PP-A en las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de garantizar así que ambos pueden «reeditar el gobierno del cambio» que conforman en la comunidad desde los comicios de diciembre de 2018, y ante la «pinza anticambio» que creen que se está fraguando entre PSOE y Vox.

«Llegados a este punto, hay que valorar cualquier cosa para reeditar el gobierno respetando que (PP y Cs) somos dos partidos distintos con programas electorales distintos», ha manifestado sobre la posibilidad de que ‘populares’ y naranjas concurran juntos a las próximas elecciones andaluzas la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en un encuentro informativo organizado este sábado en Sevilla con el patrocinio de la Fundación Cajasol, que ha compartido con Juan Marín, y al que han asistido, entre otros cargos de Cs, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; la portavoz parlamentaria, Teresa Pardo, y el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

Arrimadas ha querido dejar claro que la opción de listas conjuntas en Andalucía «no lo hemos hablado» y «no es algo que haya estado ni está encima de la mesa», pero ha defendido que es esencial «reeditar el gobierno» que PP y Cs mantienen en Andalucía para evitar «una pinza anticambio por la izquierda y la derecha que pone en peligro el crecimiento de Andalucía», y teniendo en cuenta que el «objetivo común» de PP-A y Cs es «mantener el cambio» en esta comunidad.

Después de que PSOE-A y Vox coincidieran en rechazar en el Parlamento el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 diseñado por el Gobierno de PP-A y Cs, Arrimadas ha argumentado que «en los últimos meses» se ha producido un cambio de escenario en Andalucía, porque «antes sabíamos que el PSOE y Podemos querían atacar al Gobierno» de la Junta, pero «la novedad ahora es que no hay ningún andaluz que dude de que Vox está trabajando en contra de este gobierno, y que este gobierno tiene ataques desde otras esferas que no están pensando en Andalucía, sino en lo nacional».

En esa línea, y aunque a ella le «gustaría» que la «fórmula» para las próximas elecciones andaluzas fuera la de «éxito» de 2018, en la que cada partido concurriera «con su proyecto, su marca, su líder», y posteriormente se alcanzara una «suma postelectoral» entre PP-A y Cs, ha matizado que, «llegados a este punto, hay que valorar cualquier cosa para reeditar el gobierno» de coalición con el PP-A, ha dicho Arrimadas, mientras que Marín ha compartido que la situación política en Andalucía «ha cambiado mucho» porque «Vox ha cambiado la posición», y «cualquier posibilidad habrá que analizarla».

Arrimadas ha manifestado que no se «imaginaba que en esta legislatura íbamos a tener ese cambio de tener a Vox atacando al Gobierno» de PP y Cs y esa «pinza» con el PSOE-A, y ha recordado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, manifestaba recientemente en una entrevista que «somos proyectos distintos, pero que hay que buscar cuál es la mejor fórmula para reeditar este gobierno».

PRIMARIAS EN CS PREVISIBLEMENTE «ANTES DE FINAL DE AÑO»

En todo caso, Arrimadas ha confirmado que, de entrada, Cs celebrará sus primarias para elegir candidato a la Junta y espera que sean «antes de final de año». «Me gustaría» que así fuera, ha añadido, y ha insistido en subrayar que el «objetivo» del partido naranja es «reeditar el gobierno del cambio, los equipos, ese programa de gobierno que ha dado frutos muy rápido» en Andalucía y que «todavía tiene que dar más frutos» en la etapa de «recuperación ‘post Covid'» en la comunidad autónoma.

Por su parte, Juan Marín ha valorado que hay «mucha complicidad» en el seno del Gobierno andaluz de coalición, donde «hemos trabajado de forma muy intensa y dura», y «ahora es cierto que la situación ha cambiado mucho desde que Vox ha cambiado la posición».

«El PSOE ya hemos visto que nunca va a colaborar», que «solo quiere recuperar el poder» y «el precio le da igual, que Andalucía dé pasos atrás, y cualquier posibilidad habrá que analizarla», ha agregado Marín, quien, no obstante, ha remarcado que «a día de hoy hemos dejado claro que tendremos nuestras primarias, plantearemos nuestra alternativa» desde Cs, y «no sé lo que más adelante se podrá decidir».

En todo caso, la posibilidad de concurrir en listas conjuntas «es una cuestión que le corresponde a las direcciones nacionales», ha puntualizado Marín en un mensaje dirigido a Arrimadas, quien ha recogido el guante señalando que el líder andaluz de Cs no se va a «librar» de esa decisión, e insistiendo en que el PP es un partido diferente de Cs, «conservador», y con el que «en muchas cosas pensamos diferente», pero ha remarcado que antes de presidenta de Cs es una andaluza que no quiere «mirar atrás el día que acabe mi carrera política y arrepentirme de haber puesto por delante de los intereses de Andalucía los de un partido».

ARRIMADAS: VOX «AHORA RESTA PARA EL CAMBIO»

Ha añadido que Cs es «un partido que está fuerte en Andalucía y vamos a seguir siendo decisivos» en esta comunidad, así como que «Vox ahora ya no suma para el cambio», sino que «resta para el cambio» y lo «ataca», y «quizá hay que trabajar para garantizar este gobierno porque es que objetivamente es bueno para los andaluces», y en esa línea ha destacado datos como el crecimiento económico por encima de la media nacional o el liderazgo en número de trabajadores autónomas.

En la misma línea, Marín ha señalado que tampoco esperaba que Vox «pretenda ahora derribar a un gobierno liberal, de centro, progresista y conservador y cambiarlo por uno socialista», así como a lo que aspira «ahora mismo» es a que «realmente esta suma de PP y Cs sea capaz de llegar a una mayoría absoluta que permita reeditar este gobierno cuatro años más», porque «le está sentando bien a Andalucía», y lo que ocurrirá finalmente no lo sabe, ha apostillado antes de mostrarse esperanzado, en todo caso, en que «los andaluces sabrán valorar» cuando voten «lo que este gobierno ha aportado a la sociedad en poco tiempo» y eso tenga su «recompensa».

En todo caso, Arrimadas ha aconsejado a los miembros del Gobierno andaluz a que «no os distraigáis con estas cosas que no son tan importantes», porque quedan «como mínimo seis meses» de legislatura «a pleno rendimiento» y lo fundamental es que el Ejecutivo «acabe bien» el periodo de sesiones del primer semestre de 2022 y lo aproveche para sacar adelante leyes «muy importantes» aún pendientes de aprobación.

FECHA ELECTORAL

En esa línea, sobre la fecha de las próximas elecciones andaluzas, Arrimadas ha considerado «razonable» la horquilla de fechas que ha planteado el presidente de la Junta –entre junio y octubre de 2022–, porque «una vez que se acabe el primer periodo de sesiones de 2022 la legislatura está acabada», y lo que podría haber a partir entonces sería un «adelanto técnico» de la fecha de los comicios.

Arrimadas ha agregado que, para ella, «no es tan importante cuándo van a ser las elecciones, sino para qué van a servir», y «trabajar para que este cambio» de gobierno andaluz tras décadas de acción socialista «continúe» y que «la pinza Vox-PSOE no triunfe», ni tampoco «otros intereses nacionales».

En ese sentido, la líder de Cs ha subrayado que Andalucía es «demasiado importante como para que sea una pieza más en un tablero de ajedrez para llegar a Moncloa» como, según sospecha, «hay otros» dirigentes o partidos políticos que «están utilizando» así la comunidad autónoma, «pensando más en las generales que en las andaluzas».

Los sindicatos UGT y CCOO han tenido protagonismo en la primera jornada del 16 Congreso del PSRM, con las intervenciones de sus secretarios generales en la Región de Murcia, Antonio Jiménez y Santiago Navarro respectivamente.

En primer lugar, Santiago Navarro ha celebrado la derogación de la Reforma de las Pensiones del PP, algo que «ha sido fundamental para la Región de Murcia», del mismo modo que se congratula de que la anterior Reforma Laboral vaya, del mismo modo, a ser tumbada.

El líder de CCOO ha destacado wl incremento del salario mínimo profesional «algo que no podíamos imaginar y se está haciendo, y es una noticia importantísima para los trabajadores y trabajadoras de la Región de Murcia».

Todos estos logros conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, «hay que ponerlos en valor para que, acuerdos como éstos, propicien que la izquierda siga gobernando en España, y lo consiga en la Región de Murcia».

«Los sindicatos de clase vamos a estar trabajando codo con codo con el PSRM para lograr que la Región tenga las infraestructuras que necesita», ha destacado.

Por su parte, Antonio Jiménez, secretario general de UGT Región de Murcia, ha afirmado que «cada vez que este país ha dado pasos en positivo en derechos sociales y libertad ahí ha estado el PSOE y los sindicatos».

Jiménez ha destacado que «el diálogo social y las ideas progresistas» han sido los factores «que han conquistado derechos que antes parecían impensables», y ha insistido en acabar con la idea que tiene la derecha de usar la «caridad» en vez de derechos.

Por otro lado, el líder de UGT ha reconocido, «estamos en el punto de vista del fascismo, pero nos da igual que nos violenten, amenacen nuestras sedes o profanen la tumba de Pablo Iglesias, nosotros vamos a seguir».

Jímenez también ha destacado la gestión del Gobierno de España durante estos años, con el refuerzo que se ha hecho de los servicios públicos, el proceso de vacunación, el mantenimiento del derecho a la educación incluso durante la pandemia o el escudo social de prestaciones «inédito» que se ha dado en España.

«Que sirva este congreso para reivindicar desde Murcia ese cambio que la Región necesita, a la que le pesan mucho las décadas de corrupción, de privatizaciones, de proyectos faraónicos y de dejadez medioambiental que ha deteriorado el Mar Menor», ha concluido.

El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Educación y FP del Congreso por la que pide incrementar la inversión pública, la producción y publicación de materiales educativos audiovisuales y digitales que utilicen todas las lenguas oficiales del Estado.

Esta iniciativa también insta al Gobierno a promover el uso en los centros educativos de estos contenidos audiovisuales y digitales en catalán, vasco, gallego, valenciano, aranés y castellano como herramientas de refuerzo del contenido curricular trabajado en las aulas.

Unidas Podemos registró esta proposición justo un día después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a la Generalitat a impartir en los centros educativos catalanes un 25% de las clases en castellano, generando de nuevo el debate en torno al modelo de inmersión lingüística en Cataluña y a la enseñanza en lenguas diferentes al castellano en aquellas comunidades con lengua cooficial.

Según explica Unidas Podemos en la exposición de motivos de la iniciativa, un 45,4% de los centros educativos en España ya dispone de un entorno virtual de aprendizaje (EVA), y un 64,6% de las aulas habituales de clase cuenta con dotación de sistemas digitales interactivos, según datos del Sistema estatal de indicadores de la educación 2021, lo que constatan que la producción de espacios audiovisuales e interactivos educativos se han convertido en «un buen recurso de apoyo al profesorado».

Además, recuerda que el impulso de la transformación digital es uno de los aspectos que el Ministerio de Educación y FP quiere potenciar a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, asunto en el que también se están implicando las comunidades autónomas con el desarrollo de plataformas.

«Ahora bien, que en las comunidades existan algunas herramienta en el idioma vehicular o mayoritario de su educación no es incompatible con una apuesta desde el Gobierno en esa dirección y, de hecho, plasmaría inequívocamente su compromiso para con las lenguas de todo el Estado, tal y como marca la Constitución Española», señala Unidas Podemos.

La formación ‘morada’ también destaca que en el curso 2020-2021, según datos del Ministerio de Educación y FP, había más de 8.215.000 alumnos en las Enseñanzas de Régimen General. De ese total, un 16,7% son alumnos catalanes, es decir, que Cataluña es la segunda comunidad autónoma con más alumnado en las Enseñanzas de Régimen General no universitarias, solo por detrás de Andalucía. De igual forma ocurre en la Comunidad Valenciana, que representa un 10,7% de la escolarización, y el País Vasco y Galicia, con un 4,5% y un 4,9% respectivamente.

Teniendo en cuenta los beneficios que supone la creación de contenido audiovisual para el refuerzo de contenidos en las aulas, el grado de uso que le da el profesorado en las aulas españolas, el compromiso del Gobierno con las lenguas de todo el Estado a través de la legislación, así como el peso porcentual de alumnado escolarizado en comunidades con lengua propia, Unidas Podemos considera «mucho más óptimo y enriquecedor» que también se pudiera ofrecer contenido audiovisual y digital en otras lenguas del Estado para «garantizar así el correcto desarrollo del currículo educativo en la lengua utilizada dentro de estas aulas».

El Cabildo de La Palma ha entregado ya las donaciones recibidas a un millar de familias afectadas por el volcán y, además, salvaguarda los enseres recogidos por unas 250 familias que han perdido sus viviendas.

En un comunicado, la consejera de Promoción Económica y responsable de Sodepal, Raquel Díaz, ha agradecido el esfuerzo, implicación y responsabilidad de todos y cada uno de los centenares de trabajadores y voluntarios que han colaborado de manera activa en la gestión de las naves habilitadas para acoger las donaciones destinadas a los damnificados por el volcán, así como de los enseres de las familias afectadas.

Así, la empresa pública Sodepal asumió la gestión de estos espacios, ubicados en el Centro Empresarial de La Palma, poniendo al frente a personal técnico que diseñó y aplicó un protocolo de gestión logística que ha permitido salvaguardar cada una de las entregas, con identificación tanto de los donantes, como de los propietarios y familias atendidas desde la primera semana de la erupción.

De esta manera, más de 250 familias mantienen a día de hoy sus enseres en el centro. Se trata de núcleos familiares que perdieron sus viviendas, rescatando todo aquello que pudieron antes de que la lava arrasara sus hogares, o que, en el mejor de los casos, han tenido que evacuar sus casas en zona de exclusión ante la posibilidad real de que se vieran afectadas.

A las pertenencias particulares, se ha unido la entrega a un millar de familias, así como a diferentes entidades y puntos de atención a los afectados de toneladas de productos procedentes no solo de todas y cada una de las islas, sino también desde diferentes puntos de la península e incluso de varios países europeos, «en un aluvión de solidaridad sin precedentes».

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa mediante la que pide al Gobierno de España que defienda el mantenimiento de la dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la actual legislación asegura a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que dispongan de los medios materiales adecuados para el desempeño de su labor.

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en el Pleno de la Cámara regional, mediante la que solicitan también la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana en los términos anunciados. El Gobierno de PSOE y Podemos es partidario de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como ‘Ley Mordaza’.

En declaraciones, el diputado del PP José Virgilio ha explicado que han presentado esta iniciativa porque no quieren que se modifique una Ley de Seguridad Ciudadana que «ha dado resultados y que es buena». «Seguridad y libertad se necesitan. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesitan certidumbre y que el principio de autoridad se mantengan y la intimidad para ellos y sus familias», ha trasladado.

Asimismo, el parlamentario ha apuntado que los ciudadanos necesitan poder pasearse por las calles y que se persiga a quien altere la convivencia. «Por eso decimos no a modificar la ley de seguridad ciudadana, no a la barra libre de violencia», ha lanzado.

En la exposición de motivos de la propuesta, los ‘populares’ recuerdan que la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana fue aprobada durante la X Legislatura por iniciativa del Gobierno del Partido Popular que «cumple con una finalidad esencial para el conjunto de los españoles: crear un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades».

A su juicio, la actual Ley de Seguridad Ciudadana fue consecuencia de una reforma «necesaria, conveniente y oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

LA ACTUAL LEY ES «PLENAMENTE CONSTITUCIONAL»

España contaba entonces con una ley del año 1992 que tras 23 años estaba «desbordada, reinterpretada y necesitaba una revisión por varios motivos, como las exigencias sociales que reclamaban mejor protección de las libertades, la necesidad de ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos que quedaban impunes o la necesidad de una mejor cobertura y seguridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Con ella se apostó por «dar mayor protección al derecho a la reunión y manifestación pacífica y sancionar mejor y de forma más proporcional». De la misma manera la Ley 4/2015 surgió fundamentalmente porque «tras la modificación del antiguo Código Penal de 1995, habían quedado suprimidas las faltas, que pasaron a ser infracciones administrativas o delitos leves».

«Con su aprobación, en modo alguno se restringieron los derechos de reunión, manifestación y huelga, ni otorgó a la policía un poder excesivo, sino que creó un marco adecuado para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», exponen los ‘populares’.

Para el GPP, la aplicación de la Ley ha sido fundamental para la puesta en marcha de medidas de control para «evitar la extensión de la pandemia del Covid y de hecho, ha sido utilizada de forma habitual por el actual Gobierno». «Los ataques a esta Ley han estado basados en criterios puramente de desgaste político, con argumentos de manual partidista», han lanzado.

Por eso, consideran que la ley de Seguridad Ciudadana es «plenamente constitucional y así lo confirmó la Sentencia de 19 de noviembre de 2020 del Tribunal Constitucional, que rechazó con contundencia los argumentos jurídicos que entonces planteó la oposición».

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostró su apoyo a las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales, que se manifestaron el pasado sábado en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha sido el encargado de inaugurar el XVI Congreso Regional del PSRM, y lo ha hecho cargando contra el Partido Popular, al que ha tildado de ser «la otra pandemia» de la Región de Murcia.

Serrano, que se ha mostrado orgulloso de que las directrices del partido para los próximos cuatro años se debatan en la ciudad de Murcia, ha recordado que, en el espacio en el que se celebra el cónclave socialista, los obreros rodearon el cuartel de artillería para evitar en julio de 1936 la salida de las tropas franquistas.

El alcalde de Murcia ha alertado de la incursión de una formación, en referencia a VOX, que pone en riesgo la convivencia democrática, y ha acusado al PP «de echarse en manos de fascistas y transfugas para mantenerse en el poder», es lo que ha llamado «la otra pandemia».

En este sentido, ha recordado que la primera decisión que tomó el PP «fue vacunarse primero», un hecho por el que ha lamentado que se conozca a la Región de Murcia. «Fuera sólo se habla de eso, no del talento de los murcianos, sino de los que se vacunaron primero, de los que se saltan las listas de espera o del PIN parental», pero ha subrayado que «no se hablaría de Murcia así si el PSOE hubiera gobernado».

Y es que, «tras 26 años bajo el yugo del PP», ha dicho Serrano, «ahora se están frotando las manos porque piensan que uniéndose a los fascistas van a tener mayoría».

El alcalde socialista se ha referido también a aumento de la pobreza, al salario medio de la Región de Murcia, y ha puesto de ejemplo al Gobierno de Pedro Sánchez que, desde el inicio de la pandemia, «se ha empleado a fondo para ayudar a las empresas» y ha añadido, «somos los líderes en vacunación, y esto ha salvado vidas y negocios».

«Cada paso que demos en los próximos años debe ir de la mano de la igualdad», le ha dicho al flamante secretario general del PSRM, José Vélez.

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha reconocido «la desconfianza» que impera en las relaciones de los jeltzales con el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluso les ha ocultado sus «maniobras en la oscuridad» con EH Bildu, y ha afirmado que la advertencia de dar «un nuevo toque de atención» al presidente del Ejecutivo del Estado, ha llevado a cerrar el acuerdo de encomienda de gestión para que las instituciones de Euskadi ejecuten los accesos soterrados del TAV a Bilbao y Vitoria.

Tras admitir que la formación de Arnaldo Otegi «ha jugado bien sus bazas» en Madrid, con un «blanqueamiento» de su imagen, ha recordado el acuerdo presupuestario alcanzado en Euskadi entre el Gobierno del PNV y PSE-EE con EH Bildu, para avisar de que nadie se llame «a engaño» porque que este «no es un viaje a la centralidad» de EH Bildu, sino «un nuevo cálculo». En todo caso, da la «bienvenida» a este paso y espera que no sea «un espejismo» que esta formación haya empezado a «pensar en el país, en lugar de en sí misma».

En un artículo colgado en su blog, Mediavilla ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez necesita de apoyos puntuales que le permitan superar la línea de los 175 parlamentarios en el Congreso y le valide unas cuentas que le dirijan «por el camino de la estabilidad hacia el final de la legislatura».

En este sentido, ha recordado que vascos y catalanes han sido, hasta el momento, los «parnets fundamentales» del Ejecutivo de coalición de cara a consensuar sus principales proyectos legislativos, aunque ha recordado que es «una acción colaborativa que ha flaqueado en ocasiones por la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos o por la ausencia de dialogo a la hora de pactar cada propuesta, que en la mayoría de los casos surgen unilateralmente desde la Moncloa y sin conocimiento de sus pretendidos socios».

«Se trata de un comportamiento un tanto desconsiderado, que ha motivado que cuestiones pactadas hayan tenido que volver a ser negociadas varias veces y su ejecución exigida bajo la presión de la ruptura del apoyo», ha destacado.

Según ha indicado, este «grado de desconfianza, siempre latente, ha hecho que los nacionalistas vascos se mantengan en posición de alerta ante la mínima informalidad en la plasmación de lo pactado». «De ahí, en esta coyuntura, su decisión de trasladar al Senado la negociación inconclusa de los Presupuestos y la repetida cita castiza de Aitor Esteban de que ‘hasta el rabo, todo es toro’, en relación a no dar por cerradas las conversaciones con la dirección socialista», ha apuntado.

Además, ha reprochado que el equipo de Pedro Sánchez, «pese a su declarada intención de señalar al PNV como socio preferente», haya preferido «guardarse las espaldas sumando en su balanza los apoyos de EH Bildu, aún a riesgo de ‘molestar’ aún más a los nacionalistas a los que han ocultado sus maniobras en la oscuridad». «¿Sumar cinco votos a riesgo de perder seis?», se ha preguntado en alusión a los apoyos que aporta la coalición abertzale, uno menos que los jeltzales.

En todo caso, ha explicado que el PNV «no se ha planteado en ningún momento dejar caer al Gobierno presidido por Sánchez, fundamentalmente porque su alternativa sería infinitamente peor para Euskadi».

«Ahora bien, la falta de seriedad y de respeto que en ocasiones han observado por parte de los actores gubernamentales no hizo descartar que el PNV diera a Sánchez un toque de atención. Esa advertencia es la que ha provocado el último cierre de filas y la conclusión satisfactoria de la última gestión pendiente de conveniar, la llegada del TAV a Bilbao y Gasteiz», ha remarcado.

El dirigente jeltzale cree que la izquierda independentista «ha jugado bien sus bazas» en Madrid, «poniendo en valor sus cinco escaños y blanqueando su imagen con un pacto de enmiendas que parecieran sacadas de las estanterías jeltzales, lo que supone una valiosa aportación para Euskadi».

Asimismo, ha manifestado que EH Bildu, «primer partido del espectro parlamentario en manifestar –por boca del propio Otegi– su apoyo al Presupuesto de Sánchez, ha hecho olvidar la vinculación que sus dirigentes habían hecho de las cuentas con los ‘doscientos presos’ o la rotunda afirmación del pasado año en la que Arkaitz Rodríguez significaba que ‘Nos vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen'».

De esta forma, ha dicho que, «en la capital del Estado», al que EH Bildu siempre ha calificado de «opresor», ahora «pavonea su nuevo perfil de fuerza aliada de las izquierdas gobernantes en un intento cosmético de lifting posibilista».

En esta misma operación, según Mediavilla, por segundo año consecutivo, se enmarca el apoyo «casi gratuito» de esta formación al Gobierno de Chivite en Navarra. En su opinión, es «una operación de marketing, también apadrinada por destacados cargos socialistas que pretende situar al partido de Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz como alternativa electoral a la alianza que hoy mantiene Geroa Bai con el PSN», ha asegurado, para considerar que son «táctica y maniobras orquestales».

PRESUPUESTOS VASCOS

El responsable institucional del PNV cree que «lo verdaderamente novedoso en el actual panorama ha sido el acuerdo alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno vasco de PNV y PSE en materia de cuentas públicas». «Los herederos de Batasuna han roto con la oposición contumaz mantenida en el Parlamento Vasco como alternativa referente al nacionalismo gobernante», asevera.

Todo ello porque, para el representante jeltzale, «la firmeza está muy bien para los propios parroquianos, pero nada aporta a los votantes sociológicos». En este sentido, ha dicho que esta vez «la dirección política de la izquierda independentista se ha comido sus ganas de golpear al PNV, y ha abandonado el combate ideológico para favorecer los proyectos y los programas, arbitrando una opción colaborativa en las cuentas autonómicas».

«Su abstención a los presupuestos vascos -con aportaciones pactadas por valor de 253 millones de euros- es una buena noticia para el país y, probablemente, la mejor opción llevada a cabo por un partido que, hasta ahora, había sido incapaz de utilizar en positivo la influencia de sus 21 parlamentarios», ha recordado.

Por ello, ha apuntado que es «una buena noticia en tiempos que necesitan márgenes de confianza y de esperanza, no puntos de fricción y controversia». No obstante, ha advertido de que no hay que llamarse «a engaños», porque el actual acuerdo presupuestario «no es ni un viaje a la centralidad de EH Bildu ni el exponente, en palabras de Otegi, de su política de ‘poliamor'».

Koldo Mediavilla ha explicado que, en todo caso, si alguien lo practicara, sería el Lehendakari, Iñigo Urkullu, que, «con el actual convenio con EH Bildu cierra el abanico de alianzas posibles», y ha llegado a acuerdoa ya con todo el espectro político (PSE, PP, Elkarrekin Podemos y ahora la izquierda abertzale).

«El acuerdo que hoy reconocemos solo se ha suscrito en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Un nuevo cálculo al que damos la bienvenida por hacer despejar de un plumazo los fantasmas y mitos de antaño, que argumentaban que el consenso con los nacionalistas era imposible por cuestiones ideológicas o contradicciones de modelo económico. Hoy se ha demostrado que, si se quiere, se puede y, hasta ahora, EH Bildu no ha querido», ha puesto de manifiesto.

Por ello, espera que «esta novedad presupuestaria signifique que la izquierda abertzale ha empezado a pensar en el país, en lugar de pensar en sí misma». «Ojalá este hito será real y no un simple espejismo», ha enfatizado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este sábado a la joven Samia, la refugiada afgana de 17 años que ha aprendido español en dos meses y quiere estudiar medicina, cuya historia se ha dado a conocer durante el acto de condecoración a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en aquella misión de evacuación de afganos. «Eres un ejemplo de fortaleza y superación», ha afirmado el presidente en su cuenta de Twitter.

«España es ahora tu casa. Puedes contar con la hospitalidad y el apoyo de nuestra gente. Gracias por tu testimonio, que es el cientos de afganos y afganas que se han visto obligados a salir de su país. Estamos con vosotros/as», ha añadido.

Durante los 10 días que duró la misión de evacuación de afganos, las Fuerzas Armadas españolas lograron sacar del país a más de 2.000 personas, colaboradores afganos y sus familias así como de otras personas especialmente vulnerables como periodistas, activistas de Derechos Humanos o miembros de minorías.

Samia, de 17 años, fue uno de los evacuados. Llegó a España junto a sus padres en uno de los vuelos que salieron del aeropuerto de Kabul tras la toma del país por parte de los talibán. Entonces no sabía hablar ni una palabra de español, pero hoy está ya intentando aprobar 4º de la ESO y quiere estudiar Medicina, como relató ella misma en el acto de condecoración.

La joven, que vivía en Kabul, tuvo que dejar de ir al colegio cuando los talibán llegaron a la capitán afgana y su padre empezó a temer por su vida y la de su familia. «Mi mundo cambió por completo», ha recordado. Decidieron intentar salir del país y dirigirse al aeropuerto de Kabul en un traslado «complicado», en el que su hermana se perdió entre la multitud. Finalmente, la niña fue localizada días después y pudo viajar también a España en la segunda fase de la operación realizada desde Pakistán, según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa.

«Quiero en el futuro devolver a este país la ayuda que nos han brindado», aseguró Samia entre el aplauso de los militares que participaron en la misión de evacuación y sus familias.

Un total de 869 personas, el 64% de ellas mujeres, han sido atendidas en los primeros seis meses desde la apertura del centro psicosocial MUTIMA, un proyecto de la ONGD Coopera Congo, liderada por la española Lorena Aguirre, con el que tratan de sanar los traumas de una población víctima de la guerra y de la violencia sexual.

«Vienen mujeres que se han quedado embarazadas y han perdido al niño, pero muchas vienen por violencia doméstica, porque el marido las pega o tiene otras mujeres y no da de comer a los niños. Algunas venían porque estaban tristes y cuando empezábamos a hablar de sus vidas, muchas de ellas habían sido violadas en la adolescencia y ni lo daban por un problema o lo tenían como un secreto oculto», ha explicado Aguirre en una entrevista.

El trabajo de esta española que hace 15 años decidió dejar atrás Madrid para construir un santuario de primates en la República Democrática del Congo, ha saltado ahora a la gran pantalla gracias al cortometraje documental ‘Mama’, de Pablo de la Chica, que ha sido seleccionado para los Goya 2022.

«Estamos muy contentos», asegura esta madrileña que ha conseguido crear un puente dentro del país africano entre sus dos pasiones, la psicología y los chimpancés, consiguiendo establecer una conexión entre naturaleza y salud mental, creando un vínculo entre los primates y las mujeres que han sufrido violencia sexual.

Precisamente, el corto ‘Mama’ narra la historia de recuperación de Mama Zawadi, una mujer que tras haber sufrido tres episodios de violaciones en su vida, ha conseguido salir adelante gracias al amor de sus ‘bebés chimpancés’, de los que es cuidadora en el santuario de Lwiro.

Este santuario de primates, donde protegen a esta especie en peligro de extinción se enmarca en un proyecto de conservación comunitaria impulsado por Lorena Aguirre, por medio del cual también han ayudado a la comunidad en todas sus necesidades, ya sea rehabilitar colegios o reparar un puente.

Durante este periodo, Aguirre se dio cuenta de que en Lwiro había muchas personas que necesitaban ayuda para sanar sus problemas de salud mental y, por ello, esta se ha convertido en la base de todos sus proyectos. «Es gente que realmente vive en una situación de inseguridad constante, están en estado de alarma, de supervivencia», explica.

LA NATURALEZA COMO TERAPIA

Desde entonces, ha puesto en marcha diferentes programas, entre ellos, uno de atención a menores víctimas de violencia sexual a las que estuvieron prestando atención psicológica y médica, así como escolarización y actividades de ocio terapéutico a través de la naturaleza y del santuario de chimpancés.

A raíz de este programa, empezaron a atender a más niñas víctimas de violencia sexual, hasta llegar a 404 menores de 10 años, así como a niños soldado, a los que también ofrecieron apoyo psicológico y escolarización.

Fue entonces cuando comenzaron a pensar en construir un centro psicosocial y, gracias a la ONGD Coopera Euskadi y el apoyo del Gobierno Vasco, lo hicieron realidad en 2020. Abrió sus puertas en marzo de ese año con el fin de ayudar a los habitantes a superar sus traumas, tanto a mujeres como a hombres, pues ellos también sufren las consecuencias de la guerra.

«Yo quería que fuera un espacio de acogida para todo el mundo. Los hombres también han sido secuestrados, los han abandonado en el bosque, han sufrido violaciones por los rebeldes, auténticas barbaridades. Hay que atender a todo el mundo si queremos construir resiliencia comunitaria», ha explicado Lorena Aguirre.

UN PUEBLO RESILIENTE

La directora de Coopera Congo destaca de todos los congoleños y congoleñas que, a pesar de todo lo que han sufrido, nunca pierden la esperanza. «Es lo más increíble del pueblo congoleño, es resiliente a tope, en cuanto tienen la oportunidad de cantar y bailar lo hacen. Me han enseñado tanto. Te enseñan que hay que tirar hacia delante», destaca.

Ahora, el deseo de Aguirre es extender el proyecto a otras zonas de la R.D. del Congo construyendo «mutimitas». Para levantar estos pequeños ‘Mutimas’, así como para pagar los salarios de los cinco psicólogos y cuatro asistentes sociales a los que ella misma ha formado, y las medicinas, necesitan recursos económicos, una ayuda que puede aportar cualquier ciudadano a través de la web ‘www.mutimaafrica.org’.

«A mí me gustaría que Mutima pudiera seguir siempre abierto, que no tuviéramos que cerrar las puertas por falta de fondos, y una vez que Mutima funcione siempre, hay que abrir mutimitas porque donde está el conflicto, las masacres, es donde hay que estar para ayudar», ha explicado.

De esta forma, Lorena Aguirre quiere seguir ayudando a los congoleños a sanar su ‘mutima’, palabra del swahili que significa ‘corazón’, porque lo que en occidente sería curar enfermedades de ‘salud mental’, allí, curar los traumas y la tristeza, no es otra cosa que sanar este órgano muscular que actúa como impulsor de sangre pero, sobre todo, vinculado a los sentimientos.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avisado de que no pactar la ley audiovisual con el Gobierno incorporando la demanda de que las cuotas de lenguas cooficiales afecten a todas las plataformas «lo dificulta muchísimo todo», tanto la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado como futuros acuerdos y leyes posteriores durante lo que queda de legislatura.

«La ley debe ser absolutamente clara. Debe quedar en concreción, negro sobre blanco, esta protección de la lengua catalana con las cuotas, porcentajes y artículos que sean necesarios en el seno de la ley. Y a partir de aquí todo irá bien. Si no, es muy difícil que nos podamos seguir encontrando» con el Gobierno, ha afirmado en una entrevista.

Vilalta ha advertido de que los republicanos no aprobarán la ley si no se aplican las cuotas en las plataformas audiovisuales «estén radicadas donde estén radicadas», es decir, que también afecten a las internacionales, y ha confiado en que podrán lograr un acuerdo.

Ha sostenido que está en manos del Gobierno incluir esta cuestión en la ley y ha dicho que, si esto ocurre, el proyecto se aprobará y también facilitará los pactos en el resto de la legislatura: «Si esto pasa, todo es mucho más fácil. Los Presupuestos y los acuerdos que pueden venir sobre otras leyes o sobre lo que sea. Si esto no pasa, lo dificulta muchísimo todo».

Pese a la falta de acuerdo sobre esta ley, ERC decidió no presentar una enmienda a la totalidad a los PGE en el Senado, pero la dirigente republicana ha alertado de que, «si quieren jugar con fuego, al final se pueden quemar» y ha apuntado que todavía pueden presentar enmiendas parciales a las cuentas en la Cámara alta y también quedará la votación definitiva.

«Estamos negociando, es evidentemente una cuestión en la que ponemos la máxima prioridad y en la medida que sea capaz el Gobierno del Estado de concretar y de blindar el catalán como se merece la lengua catalana en el sector audiovisual, se desencallará todo. Todo será mucho más fácil. En la medida que lo bloqueen, dificultarán los siguientes pasos, tanto en la propia ley como en el marco de los Presupuestos», ha añadido.

CRÍTICA A CALVIÑO

Preguntada por si ERC sabía que las cuotas pactadas con el PSOE no afectarían a las plataformas audiovisuales con sede fuera de España, Vilalta ha argumentado que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hizo una «interpretación absolutamente restrictiva una vez se ha aprobado la ley» en el Consejo de Ministros.

Considera que esta interpretación «traiciona el espíritu de las enmiendas y el acuerdo» al que habían llegado ERC y el PSOE, por lo que insiste en la necesidad de continuar negociando para rehacer el pacto y blindar la protección del catalán en el sector audiovisual.

INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO

El aval de ERC a la investidura y los PGE ha sido muy criticada por parte del resto de partidos independentistas porque consideran que el Gobierno no cumple los acuerdos que alcanza con los republicanos, como en el caso de la ley audiovisual o la ejecución de las cuentas del año pasado.

Vilalta también cree que el Gobierno no acaba cumpliendo muchos de los acuerdos a los que llegan, pero defiende continuar con la estrategia de utilizar la fuerza que tiene ERC en el Congreso de los Diputados –donde son claves para dar estabilidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez–, «pese a que haya incumplimientos».

«De momento, creemos que conviene insistir en seguir utilizando los votos y la confianza de la ciudadanía. Queremos poner estos votos al servicio de presionar al Gobierno para conseguir avances para el país y para la gente», ya que, a su juicio, esta es la manera de ser útiles a la ciudadanía catalana.

La Guardia Civil ha detenido a diez personas integrantes de una organización criminal que introducía hachís por las costas de Cádiz y Málaga, incautándose de cerca de 400 kilogramos de hachís.

Según relata la Benemérita en una nota de prensa, la investigación se inició en julio, cuando detectó que una nave ubicada en la localidad de Utrera (Sevilla) estaba sirviendo de guardería para narcolanchas. Además, en la misma se preparaban las embarcaciones con la intención de botarlas por el Guadalquivir.

Se inicia entonces la llamada operación Túnel y lo primero que realizan los guardias civiles de OCON-SUR (Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico) es vigilar estrechamente la nave donde sospechaban que podrían guardar las embarcaciones.

Durante el tiempo que dura la investigación los agentes detectan como la organización sacan de la nave dos embarcaciones que botan por el río Guadalquivir.

La organización por un lado introducía el hachís directamente con las embarcaciones semirrígidas y en alguna ocasión se acercaban a la costa y realizaban el transbordo de la droga a embarcaciones recreativas que pasan más desapercibidas, en uno de estos transbordos encallo una recreativa en las costa de Santi Petri, en San Fernando (Cádiz), incautándose los guardias civiles de 315 kilogramos de hachís.

Un mes más tarde, en el Saladillo en Estepona (Málaga), los agentes detectan una de las embarcaciones semirrígidas de la organización y se incautan de dos fardos de hachís que arrojan un peso de unos 60kilogramos.

Fruto de la investigación los investigadores conocen que una de las embarcaciones es aprehendida en alta mar y la otra tiene problemas mecánicos por lo que es abandonada por la organización.

Finalmente, se procede a la detención en Cádiz, Sevilla y Córdoba de diez los integrantes de la organización, entre los que se encuentran el cabecilla de la red que reside en Los Barrios (Cádiz), así como la tripulación de las embarcaciones y los mecánicos que preparaban las semirrígidas.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha planteado que Unidas Podemos (UP) entre a «desencallar» la negociación entre el PSOE y ERC sobre la ley audiovisual, después de que los socialistas anunciasen que el 6% de los contenidos en catalán en las plataformas audiovisuales solo afectará a las que tienen su sede en España.

En una entrevista, Albiach ha afirmado que lo que pide ERC en la ley audiovisual «es de sentido común», y tiene plena confianza en que en los próximos días se resuelvan estas diferencias.

«Es importante que en esta negociación entremos otras fuerzas que hemos demostrado que hay cierta experiencia de negociación y que cuando entramos ayudamos a encarrilar» las conversaciones, aunque ha pedido prudencia y discreción, al ser preguntada por cómo se concretaría la participación de los morados.

Para ella, el hecho de que hasta la fecha no hayan contado con los suyos para tratar de desbloquear esta ley se debe a que no es competencia de ninguno de los ministerios que ostenta Unidas Podemos, pero ha insistido en ofrecerse ahora, cuando «la negociación esta bloqueada», y presentar su currículum como fuerza que ha intervenido para desencallar este tipo de situaciones.

«Esto ha pasado con los Presupuestos de Catalunya, pero también en el Estado en diversas ocasiones: en la moción de censura, en la investidura, en otros Presupuestos Generales del Estado (PGE)…», y ha destacado la capacidad de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de basar su forma de hacer política en la negociación.

Albiach también ha defendido que la mayoría de investidura en el Congreso esté «viva y cohesionada», que se reconozcan las diferencias y no se pierda de vista que el objetivo es ayudar a la gente.

MESA DE DIÁLOGO

La líder de los comuns ha augurado que habrá avances en la próxima reunión de la mesa de diálogo, que prevé celebrar su tercera reunión a principios de año, y ha lamentado que Junts no participe en este espacio porque «no está en la vía del diálogo».

Ha afirmado que «se equivoca quien piense que será rápido» el resultado de la mesa, y considera que también comete un error quien crea que la resolución del conflicto no pasa por este espacio, en referencia a los de Puigdemont.

Albiach ve una buena noticia que ambas partes hayan podido trabajar durante semanas fuera del foco mediático, algo que cree que permite avances, y ha dicho que seguirán insistiendo a Junts para que apueste por la vía dialogada: «Siempre estará la puerta abierta para que los consellers de Junts se sienten en la mesa».

Para ella, la delegación catalana sin Junts estaba «debilitada», pero representaba a todo el Govern, y se ha preguntado cómo es que un Ejecutivo que apuesta por una legislatura del diálogo tiene un socio que, según Albiach, no comparte este propósito.

YOLANDA DÍAZ SIN «MOCHILA»

Albiach ha celebrado que el acto en Valencia y el de clausura de la III Assemblea Nacional de los comuns en Barcelona haya despertado «esperanza e ilusión» para forjar un nuevo proyecto liderado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Considera que será una iniciativa «que plante cara a la extrema derecha, pero que en ningún caso sea un proyecto defensivo», sino de propuestas que acerquen la política a la gente y se alejen de las viejas inercias, y en el que no sobra nadie, ha subrayado.

La también coordinadora nacional de Catalunya en Comú cree que una de las diferencias entre esta nuevo plataforma y las anteriores reformulaciones de su espacio de izquierda es que Yolanda Díaz «es una candidata sin partido, que no tiene mochila», algo que ve beneficioso porque los diferentes espacios que confluyan en este nuevo proyecto pueden hacerla suya.

«Las siglas nunca podrán ser un problema», ha sostenido Albiach, que ha reiterado que este proyecto no va de personas ni de nombres propios, y se ha mostrado abierta a que se integren todas las formaciones del espacio.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este sábado tres años con el mandato caducado por la incapacidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo sobre sus nuevos vocales, un punto muerto que, tras la reforma operada para impedir que realizara nombramientos en la cúpula judicial mientras siguiera en funciones, ha abocado a algunas salas del Tribunal Supremo a una situación de «colapso».

En un último esfuerzo negociador, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario General del PP, Teodoro García Egea, entablaron en octubre un nuevo diálogo para renovar los órganos constitucionales cuyo mandato había vencido. Y así lo hicieron con el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, pero el CGPJ sigue pendiente.

El escollo en esta ocasión es el sistema de elección de los doce vocales procedentes del turno judicial. El PP reclama que primero se cambie la ley, para que los jueces sean elegidos por los propios jueces, y después se proceda a la renovación. El Gobierno, por su parte, no se cierra a una posible reforma pero insiste en que antes se debe designar un CGPJ nuevo. Fuentes de la negociación señalan que no ven factible que el acuerdo llegue antes de fin año.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, volvió a denunciar, con motivo de la apertura del año judicial el pasado 6 de septiembre, la «insostenible» situación del órgano de gobierno de los jueces, instando a las fuerza políticas a que dejen este asunto fuera de la «lucha partidista» para cerrar un acuerdo.

Además, Lesmes advirtió de que la falta de renovación del CGPJ no es solamente un problema para la judicatura, sino también para el conjunto de la sociedad española, ya que «fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial».

NOMBRAMIENTOS PARALIZADOS

En un intento de forzar al PP a renovar el CGPJ, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos impulsaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que quedó aprobada el pasado mes de marzo y que impide que un Consejo en funciones pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial.

El TS ya ha dado la voz de alarma, a través del presidente de su Sala de lo Civil, el magistrado Francisco Marín Castán, que en un reciente informe avisó de que resulta «indispensable» incorporar cinco magistrados al gabinete técnico para evitar el «colapso» de esta sala ante la «avalancha» de recursos que se prevé.

Durante la tramitación de dicha reforma, en febrero, ‘populares’ y socialistas emprendieron una nueva negociación que volvió a descarrilar, pero esta vez por el veto del PP a dos ‘candidatos’ impulsados por Unidas Podemos, José Ricardo de Prada y Victoria Rosell.

Desde entonces, el ya ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo aseguró que el acuerdo estaba hecho a falta de que el Partido Popular accediera a hacerlo público, si bien ahora la formación de Pablo Casado exige cambiar el sistema de elección.

AVISOS DE EUROPA

Europa lleva años alentando una reforma para acercar la legislación española a los estándares continentales, conforme a los cuales al menos la mitad de los vocales del CGPJ deberían ser elegidos por sus pares.

Así, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha lamentado la «falta de un avance positivo» y «tangible» respecto al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, exhortando a España a que acometa su eventual reforma dando «voz» a sus integrantes.

Por su parte, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha calificado de «anormal» la excesiva interinidad del CGPJ, urgiendo a los partidos políticos a remediarlo mediante «la mejor renovación posible», al tiempo que ha reclamado un «compromiso claro» de que habrá también una reforma del sistema de elección.

LOS JUECES PIDEN RENOVAR

Las asociaciones judiciales APM, AJFV, JJpD y FJI unieron fuerzas en un comunicado conjunto para poner de manifiesto que el actual bloqueo para la renovación del CGPJ supone «una grave anomalía institucional que debe ser corregida».

Explicaron además que están de acuerdo en que es «necesario» reformar el sistema de elección de los vocales judiciales para que sean designados conforme a «un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial».

Asumieron que hay diferencias entre ellas sobre si el sistema vigente debe modificarse «con carácter inmediato o más adelante», si bien en cualquier caso reprocharon a los grupos políticos que aborden el problema de la renovación del CGPJ con «fines exclusivamente partidistas».

LO QUE DICE LA LEY

A día de hoy, la ley señala que el órgano de gobierno de los jueces debe estar integrado por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 vocales, de los cuales doce serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial, y ocho juristas de reconocida competencia.

Según el artículo 567 de la LOPJ, esos 20 vocales son designados por las Cortes Generales atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. En concreto, cada cámara elige por mayoría de tres quintos a 10 vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial.

Además, la LOPJ en su artículo 568 dice que el CGPJ se renueva en su totalidad cada cinco años y que los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deben adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.