El Consejo de Ministros sube este martes un 2% el sueldo de los funcionarios, lo cual beneficiará «a más de 2,5 millones» de empleados públicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que es «de justicia» tras la congelación que sufrieron durante los años de crisis.

En una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia, Sánchez destacó anoche que esta medida «goza con un amplio consenso» y acusó a la oposición de levantar «cortinas de humo» para tratar de tapar anuncios como este porque «le incomodan».

Sánchez resaltó que la subida del sueldo de los funcionarios supone «un beneficio para la ciudadanía», como indicó ocurre también con la subida de las pensiones de un 0,9% para «más de 10 millones de jubilados» que se acordó la semana pasada.

De esta manera, el nuevo Ejecutivo dará cumplimiento a lo comprometido por Pedro Sánchez antes de la investidura y que no pudo cumplir al encontrarse en funciones tras las elecciones del 10 de noviembre.

La subida salarial de los funcionarios sería del 2% en términos fijos más una parte variable ligada a la evolución de variables macroeconómicas, según lo pactado entre el último Ejecutivo del PP y los sindicatos. Esta medida afecta a unos 2,5 millones de personas y venía siendo demandada por los principales sindicatos representativos.

La nueva ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, contactó el pasado viernes con los sindicatos para trasladarles que esta subida se produciría “a la mayor brevedad posible” y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes que quiere mantener la reunión pendiente con el jefe del Ejecutivo del Govern catalán, Quim Torra, en la “primera semana de febrero” en Barcelona.

Así lo trasladó en una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia en la que también anunció que, en aras de hacer de esta la “legislatura del diálogo”, mantendrá reuniones con todos los presidentes de comunidades autónomas.

Si bien dijo que a diferencia de lo que hizo en 2018 al llegar al Gobierno, en vez de citarlos en el Palacio de la Moncloa, se desplazará a las sedes de los Ejecutivos regionales.

Sánchez trasladó que quiere abordar “con energía” el diálogo territorial e “ir al encuentro” de los presidentes autonómicos que también tienen “problemas” y deben tratarlos con el Estado. “Debemos poner en marcha un diálogo social que recomponga consensos rotos”, trasladó, después de apelar a la “responsabilidad y voluntad de diálogo” de todos los presidentes autonómicos. Esta será, dijo, la legislatura «del diálogo» tanto «social» como «generacional» y «territorial».

El jefe del Ejecutivo restó importancia a la puesta en marcha de la mesa de diálogo bilateral que acordó con ERC para garantizarse la investidura.

Según el acuerdo, esta mesa debía constituirse a los 15 días siguientes de la formación de Gobierno. Pero Sánchez minimizó el retraso y lo achacó a las diferencias en el Ejecutivo catalán formado por Junts- que no apoyó investidura ni suscribió el acuerdo- y ERC.

Respecto a la consulta que recoge el acuerdo, Sánchez destacó que si eso llega es porque hay “acuerdos”, por lo que descartó que sea sobre la autodeterminación, que provoca «división».

Una vez más, el presidente pidió al conjunto del independentismo un ejercicio de «autocrítica» porque incluso el que fuera jefe de los Mossos el 1 de octubre, en el juicio, ha dicho que el ‘procés’ fue una «irresponsabilidad».

En este orden de cosas, Sánchez pidió ser «empáticos» y “no quedarnos en el reproche o en el bloqueo”.

Así, admitió que igual que en Cataluña hay personas que se sienten molestas por algunos comportamientos que ha hecho el Estado, también «hay una parte de españoles que nos sentimos molestos -yo me incluyo- al oir hablar al independentismo de que España no es una democracia». «Será una democracia imperfecta, pero es una democracia», y es, además, una de las más «fuertes» y «potentes» del mundo, concluyó.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó este lunes a “todos” los partidos a que se impliquen para que “en breve” se pueda renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sánchez, en una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia, mostró su respaldo al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus palabras cuando calificó de “humillación” para la justicia española las decisiones que llegaban de Europa. El presidente apoyó tanto la libertad de expresión como la separación de poderes.

Además, el jefe del Ejecutivo apeló a “todas las fuerzas políticas” para que trabajen por el desbloqueo de los órganos constitucionales -como el CPPJ, pendiente desde hace un año- y para que la «política sea útil».

En este sentido, insistió en “despolitizar la crisis política” porque “hay que devolver a la política una crisis que es política y no podemos escondernos detrás del Tribunal Supremo para dar una respuesta política que lógicamente tenemos que dar nosotros”.

Preguntado por reformas en el Código Penal para modificar el delito de sedición, como defendió cuando era líder de la oposición, Sánchez se limitó a indicar que “paso a paso” y que “toda esta crisis” en Cataluña ha “demostrado” que el vigente Código Penal “no corresponde” con la época que ha vivido España. “Este será un debate que se tenga que abrir el Congreso” concluyó.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó este lunes a Partido Popular y, especialmente, a Vox de crear e “inventar” un “problema” porque “aquí no hay pin que valga”.

De esta manera se refirió Sánchez, en una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia, a la polémica del llamado “pin parental”, que él denominó “veto paternal”.

“No existe este problema” sino que todo sale ahora porque “gobierna el PSOE en España y se tiene que montar bronca por cualquier cosa y, porque la ultraderecha plantea conflictos, divisiones y rupturas de consensos y arrastra a la derecha”.

En este sentido, lamentó la posición que ha seguido el Partido Popular en esta cuestión y reconoció que le “gustaría” que Pablo Casado “volviera al consenso” y abandonara esta cuestión. Criticó que los populares no han tratado este tema en los más de 20 años que llevan gobernando en la Región de Murcia y que ahora lo hacen por influencia de la formación que preside Santiago Abascal.

Para respaldar su posición de que se han inventado esta cuestión los partidos de la oposición, Sánchez apuntó que en el Consejo de Educación de la Comunidad de Madrid ha habido “cero denuncias” sobre la necesidad de autorización previa de los padres y una “sola queja por escrito” en una de las regiones más pobladas de España.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó este lunes su deseo de que RTVE sea “líder” en contenidos generalistas como ente de radio televisión pública pero apuntó que también tiene capacidad de serlo en el ámbito digital si pone en marcha “nuevos desarrollos”.

En una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia, Sánchez aseveró que la corporación también es “víctima del bloqueo” como el que considera que tuvo el Gobierno de España en verano al ser imposible un acuerdo de investidura y tener que repetir las elecciones generales.

Expresó su “voluntad” de hablar “con todos los grupos parlamentarios” del Congreso para lograr un acuerdo que permita “poner los retos que tiene la corporación” encima de la mesa y elegir un nuevo Consejo de Administración.

A modo de reflexión, sacó a relucir que los comportamientos audiovisuales de los jóvenes están cambiando porque ahora ven más televisión “por streaming” que en directo y sugirió que RTVE tiene ahí la oportunidad de “abrir nuevos desarrollos” para ser líder “en contenidos generalistas” y también en contenidos digitales.

“Para eso necesitamos primero desbloquear, tener un Consejo Administración nuevo y unos presupuestos generales que necesita la corporación”, argumentó al recordar que RTVE lleva varios años con unas mismas cuentas y con ellos no puede afrontar “retos importantes a los que este Gobierno no quiere dar la espalda”.

Asimismo, Sánchez expresó su “pésame” por la muerte el sábado de la periodista Alicia Gómez Montano, editora de Igualdad de TVE y exdirectora del programa ‘Informe Semanal’, que además era la candidata finalista con mejor puntuación en el concurso público del ente para formar parte del próximo Consejo de Administración y optar a presidir RTVE. Definió a Gómez Montano como una “gran periodista” y manifestó que tuvo la “fortuna de conocerla”.

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Los principales sindicatos representativos de los empleados públicos valoraron que mañana se apruebe en Consejo de Ministros la subida salarial para los funcionarios correspondientes a 2020, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes.

El jefe del Ejecutivo señaló que mañana se aprobará dicha subida, del 2% en términos fijos, que había quedado pendiente por encontrarse en funciones el anterior Gobierno.

En un comunicado, CSIF manifestó que espera “recuperar cuanto antes el tiempo perdido y comenzar la negociación en las mesas recientemente constituidas” tras la actualización de los salarios de los empleados públicos.

En este sentido, este sindicato indicó que tenderá la mano al Ejecutivo, y en concreto, a la nueva ministra de Función Pública, Carolina Darias, para “alcanzar acuerdos estables y dignificar la labor de los profesionales de las administraciones públicas”.

Además, CSIF plantea un plan de choque para las plantillas (en los próximos 10 años se van a jubilar 905.000 personas) y un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público y retribuciones, dado que el vigente expira este año.

Desde CSIF señalaron que también buscarán acuerdos en ámbitos como la carrera profesional, evaluación del desempeño, equiparación de retribuciones entre administraciones, estabilidad y mejora en la calidad del empleo, entre otras.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados de los servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, señaló en unas declaraciones difundidas por el sindicato que esta medida “era lo que cabía esperar, cumplir el compromiso, y no teníamos ninguna duda al respecto”.

Añadió que ahora se debe hacer frente “a todo lo que es la función pública, que lleva mucho tiempo esperando soluciones importantes”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó este lunes que trabajan para que los Presupuestos Generales del Estado estén “aprobados antes de que finalice este verano».

Así lo comentó en una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia en la que detalló que las cuentas públicas en las que trabajan se van a “centrar” en los cinco retos que marcan también la hoja de ruta del nuevo Gobierno de coalición.

A su juicio, España necesita apostar por la digitalización, por la transición ecológica que sea “justa”, por los derechos sociales porque es “inaceptable” que en una sociedad como la española haya pobreza infantil, por la cohesión territorial y el reto demográfico, y por la igualdad de hombres y mujeres.

Ante la cita electoral del 10-N, Sánchez expresó su deseo de presentar en enero el techo de gasto para el año 2020 y, después, el proyecto de Presupuestos “durante el primer trimestre de 2020″.

Estos planes iniciales se trastocaron por el retraso en la conformación de Gobierno que no se produjo hasta comienzos de este año. Desde el Ejecutivo trasladaron la intención de presentar en Cortes lo antes posible el techo de gasto para, antes de que concluya el primer trimestre, aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos.

Desde el Ministerio de Hacienda que dirige Maria Jesús Montero tienen claro que no presentarán el proyecto en el Congreso hasta que tengan garantizados los apoyos parlamentarios que los hagan viables.

SALARIO MÍNIMO

En materia laboral, Sánchez defendió el compromiso de investidura de PSOE y Unidas Podemos para reformar la reforma laboral de Mariano Rajoy, aunque en realidad se refirió a aspectos concretos de la misma como que un empresario tenga “capacidad de modificar el contrato de trabajo a un empleado de forma unilateral” o que el Tribunal Constitucional ampare como legal el despido de “una persona por baja de enfermedad”.

Defendió que hay que cambiar detalles como estos de la legislación vigente para introducir “mayor justicia” y negó que cambiar algunos preceptos suponga introducir “mayor rigidez”. No obstante, reconoció que para hacerlo es necesario buscar “una amplia mayoría parlamentaria” en el Congreso de los Diputados y confió en que la nueva ministra de Empleo, Yolanda Díaz, de Podemos, sea capaz de ello.

Sánchez apostó también por negociar una mejora del sistema de las pensiones dentro del Pacto de Toledo y pidió que todos los partidos políticos lo fijen como “una prioridad en los próximos cuatro años” para que en esta legislatura sea posible.

Preguntado sobre la subida de impuestos y mejora del Salario Mínimo Interprofesional, abogó por impulsar la “justicia social y fiscal” de que “quienes más tienen, más aporten a las arcas públicas” y ratificó que el Gobierno de coalición mejorará el SMI hasta el 60% del sueldo medio (como recomienda la Carta Social Europea) pero matizó que debe hacerse al ritmo que “los agentes sociales nos marquen en función de la evolución” de la economía.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó este lunes que la exministra de Justicia Dolores Delgado tendrá “total autonomía” como nueva fiscal general del Estado y acusó a los partidos de la oposición de criticar el anuncio del nombramiento “sobre supuestos” en vez de sobre hechos concretos.

En una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia, Sánchez lamentó que el Partido Popular de Pablo Casado “está en no a todo” y defendió que Delgado tiene “un “currículum impecable”, además de gozar de su “confianza” pese a haberla cesado en el Ministerio de Justicia para sustituirla por el diputado Juan Carlos Campo.

Aseguró que al proponer el nombramiento de Delgado le ha pedido que actúe “con absoluta independencia” al frente de la Fiscalía y siempre garantizando “el estricto cumplimiento de la legalidad”. En este sentido, sostuvo que en su etapa como ministra respetó “siempre la autonomía de la fiscal general” María José Segarra, que en pocas semanas abandonará el cargo.

Sánchez manifestó que la oposición “tiene derecho a criticar al Gobierno porque son las normas del juego democrático” pero adujo que al arremeter contra Delgado genera “un problema que no existe” porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “reconoce y subraya la autonomía de la Fiscalía y de los fiscales”.

El presidente acusó a la oposición de provocar “bronca y crispación” cada vez gobierna el PSOE y achacó la polémica sobre el nombramiento de Delgado al “temperamento” de la “derecha” política española, que “cuando pierde el poder no asume la derrota”.

También emplazó al PP de Casado a “desbloquear” el gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, para poder renovar este organismo dado que sus magistrados llevan más de un año con el mandato agotado

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó este lunes que trabajan para que los Presupuestos Generales del Estado estén “aprobados antes de que finalice este verano».

Así lo comentó en una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia en la que detalló que las cuentas públicas en las que trabajan se van a “centrar” en los cinco retos que marcan también la hoja de ruta del nuevo Gobierno de coalición.

A su juicio, España necesita apostar por la digitalización, por la transición ecológica que sea “justa”, por los derechos sociales porque es “inaceptable” que en una sociedad como la española haya pobreza infantil, por la cohesión territorial y el reto demográfico, y por la igualdad de hombres y mujeres.

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Más País-Equo presentó este lunes una proposición no de ley, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, para pedir al Gobierno que adopte «cuantas medidas estén en su mano» para frenar «los intentos de censura educativa por parte de cualquier comunidad autónoma».

Ante la polémica por el ‘pin parental’, reclamó que se garantice el cumpimiento de la Ley y la Constitución. Además, solicitó «avanzar en materia de convivencia, fomento del respeto a la diversidad y educación afectivo-sexual facilitando planes de educación sexual integral que protejan el papel de la escuela como instrumento para el libre desarrollo de la personalidad de los menores con pleno respeto a su orientación sexual, género, raza, religión, además de erradicando toda forma de acoso escolar y discriminación».

También pidió «modificar la ley educativa para recuperar las competencias de los consejos escolares» e «impulsar y financiar una mayor implicación y participación de las familias en los centros educativos».

Además, estas iniciativas tendrán su continuación mañana con la presentación de proposiciones no de ley por parte de Más Madrid tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de Madrid.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que cada trabajador ha perdido unos 3.200 euros anuales de rentas salariales entre 2008 y 2017 como consecuencia de “las políticas de austeridad” aplicadas durante la crisis, lo que totaliza 64.500 millones de euros en cada uno de esos años.

Así lo destacó el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, durante la presentación del informe ‘Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2020’ elaborado por la OIT.

La participación del ingreso laboral sobre el PIB en España alcanzó su máximo en 2009 de la serie analizada (2004-2017), suponiendo el 66,6%, y desde entonces disminuyó hasta el 60,2% en 2014. Desde ese ejercicio ha experimentado distintas oscilaciones hasta situarse en el 61,2% en 2017. Así, desde 2009 hasta 2017, los ingresos laborales han perdido 5,4 puntos de participación en el PIB.

Nieto explicó que en esa evolución influye el no tener empleo, los salarios de los que trabajan y el hecho de las personas que trabajan menos horas de las que querrían.

Señaló que la “subutilización” del empleo en España supera la tasa de desempleo, del 14% en los tres primeros meses de 2019, y apuntó que 900.000 personas “han desistido de buscar trabajo”.

Según la OIT, la previsión para 2020 es que el empleo crezca a un ritmo más moderado por la desaceleración económica mundial y regional y eso “amenaza” la recuperación de los puestos de trabajo.

Ante el menor dinamismo de las exportaciones españolas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) beneficiaría al mercado interior y a los salarios más bajos, lo que “tendría repercusiones sobre el empleo”, según afirmó Nieto.

Desde la OIT apuntaron cuatro sectores en los que generar trabajo: el digital, la transición energética, la formación y los cuidados de las personas.

A largo plazo, la organización señaló como desafíos clave el envejecimiento de la población y el insuficiente crecimiento de la productividad.

En el plano mundial, el informe concluye que más de 470 millones de personas se ven afectadas por la insuficiencia de empleos remunerados.

En este sentido, la pobreza de los trabajadores, sea moderada o extrema, se incrementará este año y el próximo en los países en desarrollo. En la actualidad, la pobreza laboral, definida como ganar menos de 3,2 dólares al día, afecta a una de cada cinco personas de la población activa mundial.

La tasa de desempleo mundial se situó en el 5,4% en 2019 y se prevé que no varíe esencialmente en los próximos dos años. Además, alrededor de 2.000 millones de trabajadores en todo el mundo están empleados de manera informal, es decir, sin estar regulados, aunque estén remunerados o no, lo que representa el 61% de la fuerza de trabajo mundial.

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El Consejo de Ministros de mañana aprobará la declaración de emergencia climática acompañada de una batería de medidas para combatir el cambio climático.

Dicha declaración, según confirmaron a Servimedia fuentes gubernamentales, irá acompañada de una batería de medidas, según adelantó la Cadena SER.

Se trata de una declaración de intenciones sobre las iniciativas que el Ejecutivo impulsará en los próximos días y que marcará su apuesta por la transición ecológica de la economía.

En estos momentos todavía se están ultimando algunas de esas medidas que se pondrán en marcha.

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Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han realizado este lunes 129 intervenciones, entre las 8.00 y las 19.00 horas, en las que no ha habido heridos ni incidentes de especial gravedad. Para mañana El Retiro y otros ocho parques de la ciudad se mantendrán cerrados por fuertes rachas de viento.

Durante la jornada de hoy, los bomberos han tenido que intervenir por las fuertes rachas de viento. Los daños han sido fundamentalmente en arbolado y en edificación.

Para mañana martes, El Retiro y otros ocho parques de la ciudad (Fuente del Berro, Quinta Torre Arias, El Capricho, los jardines de Sabatini, la Rosaleda, Juan Carlos I y Juan Pablo II) se mantendrán también cerrados por la borrasca ‘Gloria’ ya que continúa activada la alerta roja. Se espera que los vientos alcancen rachas máximas de 64 kilómetros por hora de 9:00 a 12:00 horas.

A partir de las 18:00 horas se activará la alerta naranja, momento en que los técnicos procederán a la inspección del arbolado.

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La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examinará este martes en Bruselas cerca de 30 denuncias presentadas por ciudadanos de los países miembros, entre ellas, la petición presentada por un ciudadano español que exige la eliminación del conocido como ‘impuesto rosa’ así como la de Asaja en la que solicita la revisión de nuevas zonas de protección especial de aves (ZEPA) y sus ampliaciones de 2017 en las Islas Baleares.

Según informó el Parlamento Europeo a través de un comunicado, en concreto, se atenderá la petición presentada por A.N.M., de nacionalidad española, acompañada de tres firmas y en la que los demandantes exigen la eliminación en toda la Unión de este sobrecoste que las mujeres pagan por la adquisición de determinados productos o servicios comercializados para el género femenino pero que, en realidad, “son iguales a los comercializados para hombres”.

En su escrito, los peticionarios se quejan de que las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido “impide” que los Estados miembros “reduzcan o supriman” el IVA sobre los productos para la menstruación, que, a su juicio, se consideran “productos de lujo” y a los que se aplica un IVA del 21%.

Por esta razón, demandan la adopción de medidas legislativas “concretas” a nivel europeo que contribuyan a “poner fin” a lo que consideraron “una discriminación”.

En su respuesta, la Comisión manifestó que la directiva 2004/113 prohíbe la discriminación directa o indirecta por razones de sexo para el acceso a bienes y servicios y su suministro, precisando que el hecho de que un producto “supuestamente destinado a hombres”, como las hojas de afeitar, cueste menos que otro similar en su variante para mujeres “no debe verse como una discriminación en el sentido de la directiva” ya que los fabricantes “son libres para fijar precios diferentes para productos diferentes”.

“Además, las mujeres pueden comprar la versión azul del producto sin sobrecoste”, apostilló, al tiempo que admitió que no ocurriría así en el caso de productos “totalmente iguales”, de la misma marca, serie y color, que se vendieran a precios diferentes “dependiendo de si el comprador es hombre o mujer”.

Con respecto al IVA que grava en algunos Estados miembros determinados productos destinados a mujeres, la Comisión se refirió a la Directiva 2006/112/CE cuyo articulado ya permite que los Estados miembros apliquen un tipo de IVA reducido a contraceptivos y productos para la higiene femenina y que cada país es “libre” de hacer uso o no de esta posibilidad.

Además, puntualizó que ya ha presentado la propuesta necesaria para modificarla y dejar a los Estados miembros un “mayor margen de flexibilidad” a la hora de determinar los tipos del IVA aplicables en su territorio.

ZONAS ZEPA

Por lo que respecta a la petición presentada por Asaja Baleares, la organización agraria entiende que estas zonas estarían planteando “enormes limitaciones” al desarrollo de la actividad agraria en la zona y “no responden a intereses medioambientales acreditados ni están avaladas por datos de científicos ornitólogos”.

Asaja recuerda en su petición que terrenos rústicos de aprovechamiento agrícola, ganadero, silvícola y cinegético se están convirtiendo en ZEPA con “grave perjuicio” para los titulares de las zonas afectadas y denuncia, en concreto, de la designación de ocho nuevas ZEPA en virtud de la Directiva sobre aves, de la ampliación de la ZPE Sa Costera y Marina de Llucmajor y de la designación como ZPE del lugar de interés comunitario existente (LIC) ES5310101 Randa.

En su respuesta, la Comisión destacó que la designación como ZPE “no implica limitación alguna de los usos tradicionales y legítimos del territorio”, que “sólo en algunos casos” podrían ser objeto de regulación para garantizar la “sostenibilidad y compatibilidad con el estado de conservación de las especies de aves” que se pretenden proteger bajo esa figura.

Asimismo, subrayó que también se pueden autorizar nuevos usos o actividades “siempre que sean compatibles con estas especies” y que la designación de ZPE “no impone ningún tipo de servidumbre o regulación del uso público de esos territorios”.

La Comisión estimó que, según la información contenida en el Acuerdo del Gobierno de Baleares que razona dicha declaración y ampliación, esta “parece justificada y coherente con la actual riqueza en materia de biodiversidad de la región”. “No hay pruebas de que las XPE de la región de las Islas Baleares no cumplan los criterios científicos para su selección”, concluyó.

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Olga Tubau, abogada del exmayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluís Trapero, en el juicio que se sigue contra la cúpula del cuerpo policial autonómico en la Audiencia Nacional, se manifestó este lunes “satisfecha” con la marcha de la primera sesión. «No ha perdido la memoria y no ha perdido la coherencia”, detacó en un encuentro informal con la prensa.

La defensa de Trapero tiene por objetivo evidenciar que el exjefe de los Mossos no compartía el proyecto secesionista del Gobierno de Carles Puigdemont y que nunca puso el cuerpo policial al servicio de los intereses independentistas.

En contra de lo que ha querido demostrar este lunes el fiscal, Tubau cree que el testimonio de Trapero pone de relieve la supeditación del cuerpo a las decisiones judiciales y su falta de sintonía con los proyectos de desconexión.

Tras mencionar el agotamiento que ha supuesto en algunos momentos la maratoniana sesión de declaración de hoy, que se ha prolongado cerca de seis horas, la letrada se felicitó por la decisión del tribunal de permitir que sus defendidos -también es abogada de la intendente Teresa Laplana- puedan sentarse a su lado para garantizar del mejor modo el derecho de defensa.

De igual modo, se mostró satisfecha porque la Sala permita a la intendente ausentarse del juicio hasta el momento final, dado que padece estrés postraumático, tal y como certifican los informes médicos presentados en las cuestiones previas.

Dado lo prolijo del interrogatorio de la Fiscalía, es difícil hacer un cálculo aproximado de la duración de las declaraciones de los acusados, que ya hoy han desbordado todas previsiones del tribunal, que se ha visto obligado a prolongar la sesión a la tarde y a habilitar los cuatro primeros días de la próxima semana para escuchar los testimonios de testigos clave.

Es el caso del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que fue el coordinador del operativo policial del 1-O, y del número dos de los Mossos, el comisario Ferrán López, que ya dieron versiones contrapuestas de lo sucedido durante el juicio a los líderes del ‘procés’ en el Tribunal Supremo.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma su agenda internacional, paralizada durante meses por estar en funciones, participando en Davos (Suiza) en la reunión anual del Foro Económico Mundial.

Sánchez aprovechará su presencia en la 50 edición de este selecto enclave -foro por excelencia donde se discuten temas de globalización con enfoque económico- para trasladar “confianza y solidez” en la economía española, según destacaron fuentes de La Moncloa.

Durante su participación en el plenario, el presidente enfatizará la “importancia de sostenibilidad, la lucha contra la emergencia climática, las oportunidades y el futuro de la economía española y su solidez”. Además, hará una referencia al ‘Brexit’, para trasladar el deseo de que la relación “futura” que ahora empieza con Reino Unido sea “lo más estrecha posible”.

Lo hará el miércoles en su discurso -un hecho que ensalzan en La Moncloa porque las intervenciones individuales son “limitadas” y es algo “bastante excepcional”- de unos veinte minutos en el que expondrá datos sobre la fortaleza de la economía española y la apuesta “decidida” por el “multilateralismo”, la transformación digital y la transición ecológica.

De hecho, irá acompañado por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, quienes también tendrán agenda propia durante este foro que, este año, se centra en un mundo cohesionado y sostenible con mucho énfasis, por tanto, en el cambio climático.

Sánchez, que el año pasado rompió con su presencia la racha de ocho ediciones seguidas sin presidentes españoles, quiere mantener su “imagen de marca” de acudir a foros multilaterales mundiales.

El hecho de que Davos sea el primer viaje es casi por “azar”, señalan, porque se trata del primer evento internacional al que pueden hacer frente tras la constitución del nuevo Ejecutivo con miembros de Podemos.

La cita de este año se ha preparado sin que hayan surgido grietas en el Gobierno de coalición, sin “ningún resquemor”, y en un momento en que España busca flexibilizar su objetivo de déficit con Bruselas ante algunas medidas expansionistas que el Ejecutivo pretende poner en marcha.

No obstante, desde La Moncloa destacan que, salvo por la premura con la que han tenido que cerrar agenda habida cuenta de la falta de Ejecutivo hasta hace unos días, “no hay ninguna diferencia en la preparación de un año y el otro” ante la presencia de Podemos en el Gobierno.

Fuentes de La Moncloa aseguran que no han detectado inquietudes sobre la coalición, “nadie ha puesto peros”, a la hora de ir cerrando la participación de Sánchez en el plenario ni sobre las bilaterales que mantendrá, no sólo con otros líderes internacionales sino con primeros ejecutivos de grandes empresas.

TASA A LAS TECNOLÓGICAS

Sánchez llegará a Davos la noche del martes 21 para participar en la cena privada por el 50 aniversario -a la que acuden decenas de invitados- y estará durante la jornada del miércoles 22. Además de su discurso -que tendrá por interlocutor, para ordenar los diez minutos de preguntas, a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE-, el presidente aprovechará para mantener reuniones bilaterales.

Se verá con la presidenta de Suiza, Simonetta Myriam Sommaruga y con importantes fondos de inversión, además de con destacados directivos de las principales tecnológicas mundiales.

Igual que en anteriores reuniones internacionales, Sánchez se reunirá con los mandatarios iberoamericanos presentes -Colombia y Ecuador por el momento confirmados- y con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong.

A nivel empresarial, Sánchez pondrá el foco, por un lado, en las tecnológicas. Se reunirá con el consejero delegado de Apple, Tim Cook; el presidente de Amazon World Service, Andrew Jassy; y el presidente para Europa, África y Medio Oriente de Google, Matt Brittin; a los que explicará la posición española sobre la revolución tecnológica y el impuesto específico a las tecnológicas que operan en España pactado con Podemos.

En el acuerdo de PSOE-Unidas Podemos apostaron por la aprobación de un “impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea” y un “impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero”.

También lo hará con fondos de inversión, bancos, aseguradoras y empresas de capital riesgo -ya hay 12 confirmadas pero se espera que sean más-, a los que expondrá las opciones de inversión en España, en una reunión organizada por el área económica de Presidencia que dirige Manuel de la Rocha.

Por otro lado, mantendrá reuniones con la consejera delegada (CEO) interina de Renault-Nissan, Clotilde Delbos y con el máximo responsable de ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, con quien analizará el momento crucial que vive la industria del acero europea y su repercusión en España ante importante crisis del sector por la falta de pedidos y la competencia de países como China y, especialmente, Turquía

Davos marca el inicio del regreso de la agenda internacional de Sánchez quien retomará los objetivos que se quedaron pendientes en la pasada legislatura como una gira por África -sólo ha estado en Mali visitando a las tropas en las navidades de 2018- o una mayor presencia en Asia.

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Iberdrola anunció este lunes la interposición de una nueva querella criminal por un supuesto delito de falsedad contra su exempleado José Antonio Del Olmo como “presunto autor” del informe publicado en ‘El Confidencial’ los pasados días 2 y 3 de diciembre, donde acusa a la dirección de la compañía de ordenar espionajes.

Iberdrola asegura que la investigación interna realizada por su Unidad de Cumplimiento “no ha localizado” el citado documento en sus archivos y acusa al exempleado de no colaborar en el esclarecimiento de los hechos “a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para ello”.

“No ha reconocido ni su redacción ni su emisión, y sus potenciales receptores, como han declarado ante la citada Unidad, tampoco han tenido conocimiento del mismo, y de haberlo tenido, habrían tomado las acciones oportunas”, detalla la compañía en un comunicado. Iberdrola desvela que dicho informe incluye además un dictamen pericial “que ha detectado aparentes incongruencias en sus páginas, no descartándose que haya podido ser objeto de algún tipo de composición”.

Esta querella, que interpondrá ante los juzgados de Bilbao, se suma a la ya presentada contra el exempleado por “injurias y calumnias graves cometidas con publicidad por parte Pablo Insunza Gaminde el pasado 19 de diciembre de 2019”.

Iberdrola indicó que ha tenido conocimiento de que del Olmo ha sido llamado a declarar en condición de testigo ante el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Ante esta situación, refirió que ejercerá “todas aquellas acciones legales que de dicha declaración se desprendan en orden a salvaguardar su reputación y buen nombre”.

La eléctrica remitió ya a finales del pasado año un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid donde solicitaba la apertura de diligencias contra Del Olmo por los delitos que se desprendan de la investigación del fiscal y que la compañía consideraba susceptibles de ser calificados como falsedad documental, injurias y calumnias.

En dicho escrito, Iberdrola consideraba que el autor del presunto documento parecía ser el único conocedor del mismo y que, ni el momento de la presunta redacción -diciembre de 2004- ni con posterioridad a los hechos, ha formulado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes por las supuestas irregularidades que, presuntamente, él conocía.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) expresó este lunes su discrepancia respecto a la propuesta para modificar el artículo 49 de la Constitución que la Real Academia Española (RAE) hace en su informe sobre Lenguaje inclusivo, donde propone sustituir el término ‘disminuido’ por el de ‘discapacitado’, en lugar de recomendar la expresión ‘persona con discapacidad’ que defiende el Cermi.

En declaraciones a Servimedia, fuentes de esta organización indicaron su conformidad con la propuesta de eliminar el vocablo ‘disminuido’ de la Carta Magna, pero consideraron inadecuado el empleo del adjetivo ‘discapacitado’ para referirse al colectivo.

Destacaron que resulta mucho más conveniente la expresión ‘persona con discapacidad’, ya que «la discapacidad es una circunstancia, una condición de la persona, que no la define como tal».

«Cuando históricamente a este colectivo se le ha denegado el estatus mismo de persona, no está de más insistir en ello», señalaron.

Ya en diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de reforma del artículo 49 de la Constitución que buscaba eliminar el término ‘disminuidos’ y sustituirlo por ‘personas con discapacidad’, tal y como el movimiento asociativo de la discapacidad reclama desde hace años.

Por eso, el Cermi planteará de nuevo ante el Gobierno y el conjunto de fuerzas parlamentarias que el término correcto sea ‘personas con discapacidad.

«Así lo dice la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, un texto firmado por España», apuntaron, «y como signatario, nuestro país tiene que hacerlo suyo y trasladarlo a todos sus instrumentos jurídicos, incluido la Constitución».

Esta es la máxima norma del Estado español», prosiguieron, y «como tal debe estar alineada con el derecho de Naciones Unidas y la Unión europea».

Según el Cermi, la utilización de ‘personas con discapacidad’ en lugar de ‘discapacitado’ «no es una cuestión menor ni de pura denominación», sino que «tiene un contenido filosófico, simbólico y de percepción social».

Por otro lado, desde el Cermi recordaron su propuesta para una nueva definición del término ‘discapacidad’ encaminada a actualizar su significado, que hace meses plantearon ante la RAE y las demás academias latinoamericanas.

En 2018, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen calvo, encargó a la RAE un informe sobre la conveniencia de modificar el texto de la Carta Magna para garantizar que el lenguaje utilizado fuese inclusivo. Pese a todo, el trabajo, que se ha dado a conocer hoy, no es vinculante.

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El presidente del PP, Pablo Casado, se refirió este lunes al “aviso” del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno y denunció que en esta situación se proponga aumentar la deuda, el déficit y el gasto “de manera desbocada”, que es “lo contrario a lo que se debería hacer”. En base a ello, alertó de que “las recetas económicas de la izquierda se pagan con más paro”.

Así se pronunció el líder de los populares a través de un apunte en Twitter después de que el FMI rebajase al 1,6% su previsión de crecimiento para España tanto en 2020 como en 2021, lo que supone una rebaja de dos décimas para el presente ejercicio y de una décima en el próximo respecto a sus anteriores estimaciones.

“El FMI avisa y recorta su previsión de crecimiento para España y el Gobierno propone lo contrario a lo que se debería hacer: subir los impuestos, aumentar la deuda, el déficit y el gasto de manera desbocada”, se quejó Casado, antes de afirmar que “las recetas económicas de la izquierda se pagan con más paro”.

A este respecto, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Mario Garcés, señaló a Servimedia que “esto era la crónica de una realidad ya anunciada y sistemáticamente negada por el PSOE, que ha demostrado una vez más que niega la realidad y busca un responsable externo para intentar asignar parte de la culpa que le corresponde”.

En declaraciones a esta agencia, Garcés recordó que los socialistas “negaron el debilitamiento económico y ahora lo que hacen es decir que ese ajuste de dos décimas se debe a un cambio metodológico del Instituto Nacional de Estadística (INE)”. Se refirió así a que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, quitase hierro a la rebaja de las previsiones del FMI.

Calviño justificó que haya rebajado su previsión para España por encima del ajuste aplicado a otros países a que su último cuadro macroeconómico no recogía la nueva metodología del INE, causante de gran parte de la revisión. En contraste puso de relieve que “todos los organismos coinciden” en considerar que España “crecerá durante 2020 por encima de la UE y que está en una senda de crecimiento que se mantendrá en los próximos años”.

Según Garcés, “la realidad es diferente” porque “España ha dejado de crecer por encima de economías importantes, como venía haciendo”. Atribuyó esta situación a los últimos 18 meses en los que el Ministerio de Economía “ha sido un mero relator de los hechos y no ha adoptado ni una sola medida de política económica” cuando “tenía capacidad para hacerlo”.

Garcés también cargó contra la “indisciplina fiscal constante” del gabinete de Sánchez y opinó que la conformación de su nuevo Gobierno ha enviado “mensajes disuasorios” a la economía privada, al anunciar medidas por un gasto público “inejecutable”. Además, enfatizó que Calviño “ha fallado sistemáticamente en todas sus predicciones económicas”.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular incidió en que “ninguna de las medidas anunciadas en materia de gasto público o en política tributaria favorecen el impulso de la actividad económica”, sino que “son desincentivos” para los inversores. Por ello, determinó que “o cambian la ruta de su política económica y fiscal o abocan a España a una pérdida de sostenibilidad de los indicadores de crecimiento económico”.

En este sentido, valoró que “gran parte de esta rebaja de dos décimas” del FMI “se debe a la contracción de la demanda interna”, algo que cuando ocurre es “síntoma inequívoco de la pérdida de confianza y de temor tanto de emprendedores y empresarios como de usuarios y consumidores”.

Por último, Garcés avisó de que sería “una desfachatez” ir a Bruselas a pedir una flexibilización del déficit tras configurar “el gobierno más caro de la democracia”. “Pedir una relajación del objetivo de la senda va a ser muy difícil que lo concedan”, reflexionó.

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La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, defendió este lunes que la reapertura de las delegaciones de la Generalitat en el exterior en Argentina, México y Túnez responde al hecho de que el Gobierno autonómico catalán cumplió el procedimiento tras su suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Así se pronunció la jefa de la diplomacia española en Bruselas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, el primero al que acude en su condición de ministra de Exteriores.

La ministra explicó que la legislación aprobada en 2014 estipula que para la apertura de una delegación autonómica en el exterior se necesita un “informe previo preceptivo no vinculante” por parte del Gobierno luego de examinar tres “ingredientes»: el primero de ellos, la adecuación de la acción de las mismas a los fines y objetivos de la política exterior de España, una tarea que recae sobre Exteriores; el segundo, comprobar si hay implicación financiera, labor que recae sobre el Ministerio de Hacienda; y el tercero, su adecuación al orden competencial español, donde entra en acción el Ministerio de Política Territorial.

Esto le sirvió para dejar claro que en toda apertura de una delegación autonómica en el exterior se requiere un “informe preceptivo no vinculante, no una autorización”.

Destacó que en las delegaciones de la Generalitat en Argentina, México y Túnez subrayó que Exteriores actuó porque el Gobierno autonómico las abrió sin esperar el informe preceptivo del Gobierno.

Tras la suspensión cautelar del TSJC, continuó González Laya, la Generalitat contactó con Exteriores, un diálogo del que surgió el informe del Gobierno y la consiguiente reapertura de las delegaciones.

“No ha habido cambios en la postura del Ejecutivo, sino un respeto a las reglas en vigor en lo referido al procedimiento de las delegaciones en el exterior”, puntualizó.

A su vez, llamó a la Generalitat a “respetar las reglas de juego existentes”, el “fair play” en la apertura de las delegaciones, advirtiendo de que cuando se quebranten “tendremos que tomar las medidas necesarias con bastante racionalidad”.

Respecto con la delegación de la Generalitat en Bruselas, afirmó que lo importante es “qué se hace” con ella, al tiempo que dijo que su habilita un espacio en ella para “darle una habitación a Puigdemont” es algo que la propia delegación debe valorar.

Por último, eludió dar detalles sobre si plantea grandes cambios en las competencias de la Secretaría de Estado de la España Global, aunque señaló que “sería bastante reduccionista” concebirla como un mero instrumento de lucha contra el independentismo.

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El oftalmólogo Andrés Fernández-Vega defendió en la Universidad de Oviedo, en su tesis doctoral, el “potencial beneficio” de la cirugía de cristalino en pacientes con glaucoma, primera causa de ceguera en el mundo, así como el posible efecto protector de las lentes intraoculares del propio cristalino y la retina.

Una de las conclusiones de este estudio, titulado ‘Glaucoma: Neuroprotección basada en lentes intraoculares’, muestra que la extracción precoz del cristalino utilizando el láser de femtosegundo puede resultar beneficiosa en casos en los que la cámara anterior del ojo sea estrecha o incluso en glaucomas de ángulo cerrado.

Además, las lentes intraoculares fáquicas, las cuales se implantan delante del cristalino sin la necesidad de su extracción, podrían emplearse como una estrategia preventiva para la protección del cristalino y la retina. Se ha observado que el tipo de filtro que portan dichas lentes es eficaz en la protección frente a la radiación ultravioleta, uno de los principales responsables del opacificación del cristalino en el envejecimiento junto a la luz azul.

De este modo, se plantea, que mejorando el filtro de estas lentes intraoculares fáquicas se podrían utilizar como una estrategia para ralentizar el envejecimiento del cristalino y aportar una barrera neuroprotectora extra a la retina.

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El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), entregó este lunes las llaves a los nuevos vecinos de la promoción Sicilia II, situada en pleno distrito de Puente de Vallecas.

Según informó el Consistorio madrileño, se trata de la primera promoción de vivienda protegida que la EMVS culmina esta legislatura: 44 pisos en régimen de alquiler que cuentan con 55 plazas de garaje (seis de ellas para motos) y un local comercial. La inversión del proyecto ha sido de 3,2 millones de euros.

El concejal delegado del Área de Vivienda, Álvaro González, visitó el edificio y destacó que “se trata de la primera de las muchas promociones que se van a entregar esta legislatura, ya que la EMVS está trabajando activamente para terminar otras 38 nuevas promociones que pondrán en el mercado 3.200 nuevas viviendas en alquiler”.

La empresa pública ya dispone también de suelo para iniciar los proyectos de otras 800 viviendas, es decir, un total de 4.000 casas, cifra que se va a incrementar a lo largo de estos cuatro años con nuevos proyectos.

El proyecto cuenta con 44 viviendas, 29 de un dormitorio y 15 de dos dormitorios, dos de ellas adaptadas para personas de movilidad reducida, además de un local comercial, trasteros y plazas de garaje. En su interior, la promoción disfruta de un pequeño jardín habitable que da acceso a cada uno de los portales y crea un espacio de convivencia vecinal. Un 45% de los inquilinos tiene menos de 35 años y el 13%, más de 65.

Además de esta nueva promoción, la EMVS acaba de presentar la primera convocatoria de vivienda pública de 2020: 163 pisos que ya formaban parte del patrimonio de la empresa pública y que se sacarán a sorteo en marzo entre la bolsa de solicitantes ya existente y nuevos demandantes que se apunten.

Los inmuebles se ofertan en régimen de alquiler y están ubicados en 14 de los distritos de la capital, ya que la EMVS ha intentado que, en este nuevo proceso de adjudicación, las viviendas seleccionadas tuvieran presencia en varias zonas de Madrid. El plazo para que se puedan apuntar nuevos solicitantes finaliza el 31 de enero.

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El exmayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero negó en su declaración ante el tribunal que le juzga por rebelión en la Audiencia Nacional que sus agentes actuaran para facilitar el voto al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017.

En respuesta a las preguntas del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, el acusado insistió para respaldar su afirmación alegando, por ejemplo, que el vicepresidente del `Govern´ Oriol Junqueras, por ejemplo, no pudo votar. «No tengo constancia de que se hiciera ninguna acción facilitadora para que Carles Puigdemont fuera a votar el 1-O. En absoluto», aseveró.

Josep Lluís Trapero negó rotundamente que los Mossos d’Esquadra realizaran seguimientos a vehículos de la Policía Nacional y Guardia Civil tal y como denunciaron varios agentes de los dos cuerpos durante el juicio que se desarrolló en el Tribunal Supremo contra los líderes del `procés´

«Los Mossos d’Esquadra nunca se han dedicado a seguir a miembros de otros cuerpos de seguridad», dijo Trapero, que acabó lamentando que en gran parte de la causa que se está juzgando «está basada en confusiones».

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El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados de las ministras de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para explicar la «amenaza» de aplicar el artículo 155 de la Constitución a Murcia como medida contra la implantación del llamado ‘pin parental’.

El PP reclama a Darias que explique «el criterio por el que el Gobierno amenaza con aplicar el artículo 155 a la Región de Murcia», tras las declaraciones de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Rosell comentó esta mañana en la Cadena Ser que frente al ‘pin parental’ en Murcia “hay unos cauces jurídicos, que pueden ser no necesariamente judiciales sino incluso administrativos, de requerimiento para que cumpla la obligación”. “Imagínese incluso un 155 en Murcia porque (su Gobierno) se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas vulnerables. Sería un camino similar al de Cataluña”, señaló. Aunque luego especificó en Twitter que era sólo «sarcasmo» con el que pretendía que se percibiera «el absurdo al que estamos llegando».

Sus explicaciones no le han valido de nada al PP y ahora reclaman que comparezca Darias y también Celaá «para que dé cuenta de las medidas que va a poner en marcha para garantizar la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren que reciban sus hijos, dentro del marco de la Constitución».

El PP ha solicitado, además, la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para conocer las medidas que piensa adoptar «para impulsar la mejora del cuidado y la protección integral de los menores tutelados en centros dependientes de las Administraciones Territoriales».

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El 71% de los consejeros delegados españoles cree que la desaceleración de la actividad económica mundial será moderada y descarta una recesión.

Esta es una de las conclusiones de la XXIII Encuesta Mundial de CEOs elaborada por PwC y presentada este lunes en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que indica que el 53% de los CEOs globales prevén una desaceleración de la economía en 2020, mientras que el 27% se muestra muy confiado en la evolución de los ingresos de sus empresas.

Este dato, extraído de las 1.581 entrevistas realizadas a máximos directivos de todo el mundo durante septiembre y octubre de 2019, supone, respecto a hace un año, 25 puntos más de CEOs que consideran que la economía crecerá menos en 2020, y 48 puntos más que hace dos años.

Según el informe, las principales amenazas para la economía mundial son las tensiones comerciales y la incertidumbre en el crecimiento económico, aunque también preocupan a los directivos los cambios regulatorios en el ámbito tecnológico y de Internet. Además, PwC destaca el aumento de la sensibilización entre los máximos ejecutivos en lo que respecta al cambio climático.

El pesimismo es generalizado en todas las regiones del mundo y, particularmente, entre los CEOs de las empresas de Norteamérica, Oriente Medio y Europa Occidental.

En cuanto a los primeros ejecutivos españoles, el 78% espera que la economía mundial vaya a peor en 2020, un 12% cree que permanecerá igual y sóo un 10% opina que mejorará.

En cuanto a la marcha de los ingresos de sus compañías, los CEOs más optimistas son los de China e India, ya que el 45% y 40%, respectivamente, está muy confiado; mientras que los de Estados Unidos (36%), Canadá (27%), Reino Unido (26%), Alemania (20%), Francia (18%) y Japón (11%) son los que tienen perspectivas menos halagüeñas.

En el caso de los CEOs españoles, esta opinión es algo más positiva que la media, ya que el 32% afirma estar muy confiado en cumplir con sus objetivos de crecimiento y un 41% dice estar algo confiado. Además, el 46% espera aumentar moderadamente sus plantillas, el 29% cree que seguirán igual y un 22% que se reducirán.

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Los fumadores tienen un riesgo “significativamente mayor” que los no fumadores de padecer complicaciones cardíacas o pulmonares después de la cirugía, así como infecciones y mala cicatrización de las heridas, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dado a conocer este lunes.

Nuevas evidencias científicas han revelado también que los fumadores que dejan de fumar unas cuatro semanas o más antes de la cirugía tienen un menor riesgo de complicaciones y mejores resultados seis meses después de la intervención quirúrgica. Además, los pacientes que abandonan el tabaco experimentan menos problemas con la anestesia.

Este estudio, realizado de forma conjunta entre la OMS, la Universidad de Newcastle en Australia y la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos (WFSA), muestra que cada semana libre de tabaco después de cuatro semanas mejora los resultados de salud en un 19%, debido a la mejora del flujo sanguíneo hacia los órganos esenciales.

El jefe de la Unidad Antitabaco de la OMS, el doctor Vinayak Prasad, afirmó que “este estudio recomienda incluso que es mejor posponer una cirugía menor o no urgente para dar la oportunidad al paciente para que deje de fumar, lo que proporciona mejores resultados de salud”.

FALTA DE OXÍGENO

La nicotina y el monóxido de carbono, ambos presentes en los cigarrillos, pueden disminuir los niveles de oxígeno y aumentar en gran medida el riesgo de complicaciones relacionadas con el corazón después de la cirugía. Fumar tabaco también daña los pulmones, lo que dificulta el flujo de la cantidad adecuada de aire, lo que aumenta el riesgo de complicaciones posquirúrgicas.

Además, fumar distorsiona el sistema inmunitario del paciente y puede retrasar la curación, lo que aumenta el riesgo de infección en el lugar de la herida. Fumar un solo cigarrillo disminuye la capacidad del cuerpo para entregar los nutrientes necesarios para la curación después de la cirugía.

Ante esta situación, la OMS apoya los programas para dejar de fumar y las campañas educativas de los sistemas de salud “para crear conciencia y ayudar a las personas que quieran dejar de fumar”.

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La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, afirmó este lunes su disposición a reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, si éste decide visitar España en el marco de la gira europea que tiene previsto realizar.

Así se pronunció la jefa de la diplomacia española en Bruselas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el primero al que acude en su condición de ministra de Exteriores.

González Laya explicó que le consta que en el marco de la gira europea que Guaidó tiene previsto realizar por Europa “habría un interés por visitar España”. En caso de que la visita se concrete, continuó la ministra, estaría a su disposición para reunirse con el presidente encargado de Venezuela, un encuentro que podría servir sobre cómo España, como parte de la UE, puede contribuir a encontrar una solución a la crisis que atraviesa el país caribeño.

La cita de la ministra con Guaidó, a falta de confirmación oficial, tendría lugar el sábado, una jornada en la que tiene programado un viaje a Argelia. Fuentes gubernamentales sugieren que en Moncloa no se entendería que el presidente encargado de Venezuela no pisara España si realiza una gira por la UE.

A su vez, la ministra explicó que la UE tiene sobre la mesa extender las sanciones a dirigentes venezolanos. No obstante, aclaró que no se entró en detalle sobre el contenido de esa extensión ni sobre a quién podría afectar.

Por otro lado, reafirmó que el Gobierno apuesta por una “solución negociada entre los venezolanos que desemboque en la celebración de unas elecciones con garantías democráticas” como vía para desencallar la situación en Venezuela.

También comentó la pertinencia de que se celebre una nueva reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela promovido por la UE, un cónclave que, dijo, hace tiempo que no se reúne, ofreciendo España como sede de un próximo encuentro.

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La Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF) reivindicó este lunes la mediación como vía de solución a conflictos familiares, ya que, pese a sus “ventajas”, se trata de una vía que se emplea sólo en el 1% de los asuntos civiles y mercantiles en toda la Unión Europea.

“La mediación familiar debe contar con un mayor impulso de las instituciones para que pueda acceder a ella la ciudadanía”, aseguró la organización en un comunicado con motivo del Día Europeo de la Mediación, una alternativa a la vía judicial, voluntaria y confidencial para resolver conflictos y alcanzar acuerdos en las familias.

Y es que “la ciudadanía no conoce suficientemente la mediación familiar y, por tanto, no acude a ella todo lo que podría”, señaló UNAF. De hecho, la mediación se utiliza en menos del 1% de los casos llevados a los Tribunales en Europa, una situación compartida por España a pesar de estar implantada hace casi 30 años.

Esta entidad ofrece servicios de mediación familiar gratuitos que “han demostrado su enorme potencial y han ido desarrollándose en diferentes ámbitos, no sólo en situaciones de separación y divorcio, que fue donde comenzó a aplicarse, sino también en otros ámbitos como en las relaciones intergeneracionales, ya sea con hijos e hijas adolescentes o con personas mayores”.

Según los datos de los casos de mediación favorecidos por UNAF, el 70% de los conflictos acaban con acuerdos. “Es un recurso de gran utilidad, que ahorra tiempo y reduce los costes emocionales y económicos, por eso queremos seguir difundiéndolo”, explicó.

Por esta razón, la entidad familiar ha lanzado la ‘Guía de mediación intergeneracional’, un manual basado en la experiencia de la organización para orientar a profesionales que trabajan con familias. Y es que “la mediación es una herramienta magnífica para afrontar los conflictos familiares que surgen con la adolescencia, poner en práctica procesos de comunicación positiva entre generaciones y desarrollar un estilo comunicacional que ayudará a la resolución de conflictos en el futuro”.

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El mayor de los Mossos d´Esquadra durante el proceso independentista de 2017 en Cataluña, Josep Lluis Trapero, admitió este lunes en su declaración en el juicio a la cúpula del cuerpo autonómico que se sigue en la Audiencia Nacional, que no estuvo “acertado” con el coordinador del operativo que tenía encomendado impedir el referéndum -el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos- porque en la primera reunión se sintió “violentado” en su autoridad como mando de la policía autonómica.

Tras asegurar que durante los días previos al 1-O pensaba que no se iba a celebrar el referéndum porque las actuaciones de la Guardia Civil serían eficaces, Trapero explicó que bajo su mando se destinaron 7.850 mossos para impedir el voto, más otros 2.500 destinados a las comisarías. Informó también de que los agentes que actuaron en esa jornada trabajaron 90.000 horas extras y anularon permisos porque tuvieron que sacar agentes «de debajo de las piedras».

Preguntado por las reuniones de coordinación por el fiscal, el acusado reconoció que «quizá no estuve acertado en la primera reunión con el señor Pérez de los Cobos». «No me lo esperaba y como mando del cuerpo me vi violentado por su actitud” y por sus peticiones de intervención y actuaciones contundentes de carácter preventivo.

Admitió también que tuvo una «discusión importante» con él en el momento de evaluar los peligros de llegar a tener dos millones y medio de personas en la calle para participar en un referéndum que “se nos podía ir de las manos”. A partir de ese momento, Trapero delegó en el comisario Ferran López para acudir a las reuniones de coordinación con Pérez de los Cobos, dada «su buena relación personal».

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Escuelas Católicas consideró este lunes “innecesario” implantar el ‘pin parental’ con “carácter general” si los padres “conocen y aceptan” el proyecto educativo e “ideario” de un centro y defendió que la iniciativa promovida por Vox “no es en sí mismo ilegal”.

El Estado no puede, a su juicio, “suplantar” el derecho de los progenitores a elegir la formación moral que desean para sus hijos, según manifestó la organización a través de un comunicado en el que también puntualizó que la administración debe “garantizar” el derecho de aquellos como “primeros responsables” de la educación de sus hijos al ostentar legalmente la “patria potestad”.

No obstante, denunció la “complejidad” de implantar este sistema, habida cuenta de que podría implicar la necesidad de autorización expresa para una “gran amplitud de actividades” y abogó por que sus alumnos continúen recibiendo una formación afectivo sexual como parte de su educación integral, “siempre acorde con el proyecto educativo y el ideario que los padres conocen y han aceptado”.

En este sentido ve “importante” que los tutores reciban la “oportuna información” sobre las actividades a desarrollar dentro de la Programación General Anual, con la “debida transparencia y confianza” en la labor del colegio.

Además, según su criterio, el derecho de los alumnos a recibir una educación “integral” no puede “desvincularse” del derecho de los padres a “decidir la formación religiosa y moral para sus hijos que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Este “problema no puede vincularse, en modo alguno”, con las “actividades complementarias”, ya que, “por definición legal, las mismas tienen el carácter de voluntarias, ni pueden ser los docentes quienes tengan la competencia para diseñarla”, apostilló.

Finalmente, mostró su convencimiento en que la autonomía organizativa y pedagógica “se refiere a los centros en su conjunto, por lo que debe intervenir la comunidad educativa a través de los órganos de participación establecidos” y, en el caso de los centros privados, también sus titulares.

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El delegado del área de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, asistió este lunes a la firma del acuerdo de colaboración suscrito entre la Agencia para el Empleo de Madrid (AE) y Cofares-Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española, con el objetivo de incentivar la inserción laboral de las personas desempleadas en el sector de la distribución farmacéutica.

Mediante este acuerdo, ambas entidades se comprometen a llevar a cabo actuaciones conjuntas, aprovechando las infraestructuras y recursos materiales y humanos con que cuentan, con el fin de establecer una relación público-privada que conlleve a una mayor eficacia en la incorporación de personas desempleadas al mercado laboral.

Para ello, Cofares, cooperativa de capital 100% farmacéutico que se dedica a la distribución de medicamentos y productos sanitarios, se ofrece a poner en conocimiento de la Agencia para el Empleo de Madrid aquellas ofertas de trabajo que considere adecuadas, facilitando para ello la descripción de los perfiles profesionales correspondientes a los puestos de trabajo ofertados, así como todas las demás condiciones de contratación.

La Agencia para el Empleo, por su parte, ofrece formación en relación a actividades auxiliares de almacén a través del Certificado de Profesionalidad de Logística Comercial y Gestión del Transporte, en el que se instruye a las personas desempleadas en tareas de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas, así como en preparación de pedidos y manipulación de carretillas elevadoras, con el objeto de su inserción laboral en actividades como carretillero, embalador, etiquetador, preparador de pedidos, operario de logística y mozo de carga y descarga de almacén, entre otros.

La Agencia para el Empleo atenderá de forma personalizada y especializada aquellas ofertas de puestos de trabajo presentadas para la cobertura de necesidades de contratación de trabajadores. Para ello, realizará estudios de casación en sus bases de datos entre aquellos perfiles registrados cuyas competencias y habilidades se ajusten a los perfiles del empleo ofertados y preseleccionará a los candidatos idóneos para cada oferta de puesto de trabajo.

Cofares también colaborará en el desarrollo de cursos de formación en materia de distribución farmacéutica dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad que imparte la Agencia y facilitará la realización de prácticas no laborales en sus instalaciones vinculadas a dicha formación.

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El precio del barril de Brent de entrega en marzo de 2020, el de referencia en Europa, se sitúa este lunes, a las 18.00 horas, en 65,24 dólares estadounidenses, lo que supone un ascenso del 0,6% con respecto al anterior cierre (64,85 dólares).

En la jornada de hoy, tras abrir al alza en 65,98 dólares, el barril marcó su mínimo diario en 64,92 y su máximo en 65,98 dólares.

De esta manera, con la subida de hoy, en la última semana el coste del petróleo se ha incrementado un 1,76%.

En relación a sus mínimos históricos del 20 de enero de 2016, de 27,10 dólares, el precio del barril de Brent acumula una subida superior al 140%.

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