El Gobierno de Canarias aprobó esa norma legal, la que garantiza la
gratuidad de los fármacos prescritos a ese colectivo de mayores con carácter retroactivo a 1 de enero de 2020
El Gobierno de Canarias, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este jueves, ha aprobado el decreto ley en virtud del cual los pensionistas con rentas anuales inferiores a 18.000 euros no pagarán por sus medicamentos. La medida, que se prevé publicar mañana, viernes, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), entraría en vigor, si lo anterior ocurre, a partir de las 00:00 horas del sábado 18 de enero.
La eliminación del copago farmacéutico se extiende a los pensionistas que ya la venían percibiendo y ahora además incluye a todos aquellos que antes estaban excluidos por la aplicación de la Ley General de Subvenciones (la fórmula que se aplicó en parte de 2019 fue una convocatoria de subvenciones vía decreto). De esa forma, es la primera vez que Canarias desarrolla la competencia que prevé el artículo 42.4 de la Ley General de la Seguridad Social y establece un complemento para los pensionistas con ingresos más bajos.
El decreto ley también establece el derecho a reembolso de las cantidades abonadas desde el 1 de enero hasta su entrada en vigor. Esos reintegros se llevarán a cabo principalmente a través de las diferentes oficinas de farmacia. En las próximas semanas, se informará del periodo en que los pensionistas podrán acudir a cualquier farmacia del Archipiélago a solicitar tal devolución a través de los mecanismos que se están ultimando gracias a la colaboración de los colegios farmacéuticos de las provincias tinerfeña y de Las Palmas.
La medida permanecerá en vigor hasta que se articule por parte del Gobierno del Estado la eliminación del copago farmacéutico en todo el país, una decisión incluida en el acuerdo de Gobierno suscrito por las diferentes formaciones políticas que apoyan al presidente Pedro Sánchez. Se pretende llevar a cabo en las próximas fechas.
El Gobierno de Canarias autoriza la construcción de una villa turística en el municipio lanzaroteño de Yaiza
El expediente se aprueba con carácter previo a la autorización del Cabildo de Lanzarote
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la construcción de una villa turística en el municipio de Yaiza, en Lanzarote, tras el visto bueno de los expedientes por parte de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que dirige Yaiza Castilla.
Esa autorización se produce según la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y tiene carácter previo a la del Cabildo de Lanzarote.
Dicha ley dispone que solo serán otorgadas autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife como requisito necesario para las consiguientes licencias urbanísticas, cuando estas tengan por objeto la nueva implantación de establecimientos alojativos en los siguientes casos: establecimientos hoteleros y extrahoteleros, en este último supuesto si el planeamiento territorial no los prohíbe expresamente.
Las nuevas construcciones deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y de servicio ofrecido que garanticen el mínimo impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones de calidad y gestión medioambiental turística y máxima eficiencia energética.
La villa proyectada, que mantiene la arquitectura tradicional de la isla de Lanzarote, se estructura en un volumen de pureza formal claramente ortogonal. El volumen propuesto se conforma en forma de doble U dejando en la fachada sur la zona de terraza y piscina para protegerla del viento del norte. Consta de dos plantas y sótano. La villa se clasifica en la modalidad extrahotelera y tendrá seis plazas de alojamiento.
Autorizado el convenio entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de La Guancha para la gestión del cobro en vía ejecutiva
El objetivo es garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando la mejor atención al contribuyente y facilitando a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, autorizó este jueves la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento de La Guancha para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de todos los ingresos de derecho público, tanto de naturaleza tributaria y no tributaria, de los que sea titular dicho Ayuntamiento.
El artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, permite que las entidades locales puedan “delegar en la Comunidad Autónoma las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esa ley les atribuye”, así como “de los restantes ingresos de derecho público que les correspondan”.
Según la memoria justificativa suscrita por la directora de la ATC, el presente convenio se suscribe en aras de garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías. También se facilita a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.
Las deudas delegadas serán, con carácter general, aquellas en las que previamente el Ayuntamiento haya dictado título ejecutivo y providencia de apremio respecto de los obligados tributarios identificados a los que aún no se haya notificado la deuda. En ningún caso se delegarán las deudas correspondientes a la Comunidad Autónoma o a la Agencia Tributaria Canaria.
Por otro lado, el coste del servicio por inicio de la gestión se fijará en tres euros por cada deuda cargada, y el coste por gestión realizada se determinará en función de la fecha de cancelación o data y según la naturaleza de este. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán el 7%, ya sean por aplazamientos o fraccionamiento de pago o por actuaciones de embargo.
Sobre la vigencia del convenio, que será de cuatro años prorrogables por otros cuatro, se establece la retroactividad de este y se aplica con efecto a partir del 1 de enero de 2019.
