El Gobierno vasco ha hecho público este domingo una decena de recomendaciones de cara a evitar el contagio por coronavirus, que son "igual de importantes" y complementarias a las restricciones establecidas hasta el momento, entre las que se encuentra la de cancelar o posponer cualquier actividad familiar o social, mientras persista la situación epidemiológica de "alto riesgo".

Además, aconseja a las empresas que fomenten el teletrabajo y los horarios flexibles, y que haya una mayor frecuencia en los transportes públicos, para evitar aglomeraciones, sobre todo en horas punta.

La Comisión Técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, ha elaborado un documento de recomendaciones para intensificar el rigor en el cumplimiento de las medidas preventivas, que el Gobierno Vasco hace suyas. Además, ha realizado un llamamiento a la sociedad a "incrementar el compromiso con su estricto seguimiento".

El Ejecutivo autónomo hace un seguimiento constante de la evolución epidemiológica y el próximo miércoles compartirá sus reflexiones y propuestas en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

En este sentido, transmite diez recomendaciones que considera que, de cumplirse, son "especialmente sensibles para reducir los contextos de mayor riesgo de contagio". Estas se consideran complementarias de las medidas de carácter normativo decretadas "e igual de importantes".

La Comisión Técnica del Consejo Asesor del LABI celebró reunión ordinaria el pasado 30 de octubre, en la que se analizaron los datos de la pandemia y las medidas adoptadas en el Decreto 36/2020 del Lehendakari, Iñigo Urkullu, del pasado día 26.

Sobre esta base, se abordó una valoración de escenarios de evolución posibles y de respuestas a adoptar. Como resultado, la Comisión ha entregado a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y a Urkullu, como presidente del Consejo Asesor del LABI, una propuesta de diez recomendaciones para trasladarlas a la sociedad.

Su objetivo es "reforzar la eficacia y el rigor en el cumplimiento de las medidas preventivas" adoptadas hasta ahora. Además, se considera "sumamente necesario seguir insistiendo y reforzando los mensajes dirigidos a la sociedad para elevar el grado de compromiso cívico, mediante la herramienta de las recomendaciones oficiales e institucionales con fuerte énfasis imperativo en la necesidad de su cumplimiento".

Más allá de las limitaciones establecidas ya, se recomienda, en lo que se refiere a actitud individual, la higiene de manos, mascarilla, distancia social y limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

ACTIVIDAD FAMILIAR Y SOCIAL

Además, propone cancelar o posponer cualquier actividad familiar o social que no sea imprescindible y pueda postergarse. También aconseja, en la medida de lo posible, restringir los encuentros sociales en espacios interiores al grupo de convivencia estable y realizar las actividades de interacción social en espacios abiertos y bien ventilados". También se emplaza hacer uso de las APP que las instituciones han activado para favorecer el seguimiento de casos, contagios y rastreo.

Entre estas medidas de compromiso individual, considera que "cobran especial relevancia" el autoaislamiento y el autorrastreo preventivo, en caso de experimentar síntomas compatible con la infección de la covid-19. De ser así, debe comunicarse al Servicio de Salud.

Desde ese momento y sin esperar a la realización del test, indica que "la actitud más responsable y cívica es el autoaislamiento inmediato", y la elaboración de la lista (autorrastreo) de contactos estrechos que se hayan mantenido en los últimos dos días. La misma actitud de rigor debe mantenerse mientras se espera el resultado del test o tras la recepción del resultado.

REUNIONES

En cuanto a las reuniones, se pide "encarecidamente reducir al mínimo imprescindible" las reuniones o celebraciones familiares o de amigos. "No se trata ya de respetar el límite de número de personas que puedan agruparse, sino de aplicar un principio de autolimitación responsable, de posponer o no realizar estos encuentros mientras la situación epidemiológica sea de alto riesgo", añade.

El Gobierno Vasco apunta que el uso de espacios de hostelería para el visionado colectivo de partidos de fútbol o cualquier otro evento deportivo o de otra índole, "constituye un contexto objetivo de alto riesgo de transmisión del virus".

Asimismo, insiste en que la mascarilla debe estar correctamente colocada en todo momento cuando se está en un establecimiento hostelero. Solo puede retirarse en el momento expreso de la ingesta de bebida o comida. En esta línea, advierte de que la relajación que se produce en el uso de la mascarilla "es un foco de riesgo objetivo y propicio a la infección".

DEPORTE

El Ejecutivo avisa de que las instalaciones deportivas cerradas son espacios de riesgo, por lo que recomienda extremar las medidas de prevención. Se aconseja, en especial, no usar vestuarios en gimnasios y polideportivos.

No se recomienda ir como público a competiciones en entornos cerrados, y se recuerda e insiste en que el deporte en polideportivos, gimnasios y vestuarios debe hacerse con mascarilla y organizarse en grupos máximos de seis personas, con distancia mínima establecida.

En todos los ámbitos debe haber una ventilación constante de espacios cerrados, con renovación del aire, es una medida preventiva eficaz, y esto debe cumplirse, muy especialmente, en establecimientos situados en sótanos o semisótanos o con mala ventilación.

En estos contextos, además de intensificar la ventilación para renovar el aire, deben extremarse y protocolizarse las medidas preventivas de distancia, higiene, aforos máximos y uso de mascarilla.

PASILLOS, HALL Y TRANSPORTES

Otro ámbito de especial riesgo son las zonas comunes de encuentro son los pasillos y hall, o bares de las universidades. Por ello, se insta a extremar los protocolos para regular la estancia y tránsito por estos espacios, y se aconseja a las personas usuarias una especial vigilancia de las medidas de prevención: distancia, uso de mascarilla, higiene y grupos de relación reducida y poco continuada.

En cuanto al uso del transporte público, es recomendable evitar las aglomeraciones, especialmente en horas punta. En esta línea, se considera "muy conveniente incrementar las frecuencias del transporte y el número de unidades en estas franjas horarias".

El Ejecutivo vasco recomienda que, en las empresas en que sea posible, se fomenten el teletrabajo y los horarios deslizantes (flexibilidad en las horas de entrada y salida).

La Comisión Técnica del Consejo Asesor del LABI está integrada por Ana Collazos, coordinadora general del Servicio de Prevención de Osakidetza; Koldo Cambra, responsable de Programas de Salud de la Dirección de Salud Pública y Adicciones; Enrique Peiró, coordinador de Programas de Salud Pública y de Seguridad del Paciente de Osakidetza; Esteban de Manuel, director del Instituto de Investigación en Servicios de Salud Kronikgune, y Joseba Bidauzarraga, Subdirector de Salud Pública y Adicciones en Bizkaia.

También la componen Iñaki Gutierrez-Ibarluzea, director de Innovación Organizativa y de Gestión de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria (BIOEF); Arantzazu Arrospide, de la Unidad de Investigación AP-OSIs Gipuzkoa en Osakidetza; Gustavo Cilla, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Donostia; Rosa Pérez, directora General de Osakidetza; Ibon Etxeberria, director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales (del Departamento de Salud), Sabino Torre, viceconsejero de Régimen Jurídico, Iñaki Berraondo, Viceconsejero de Salud, y Jonan Fernández, coordinador de la Comisión (Secretario General de Transición Social y Agenda 2030).

La Policía Nacional detuvo anoche a 33 personas, dos de ellas menores de edad, relacionadas con los disturbios del centro de Madrid mientras que el Samur-Protección Civil realizó 12 atenciones sanitarias, tres de ellas de agentes, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía y de Emergencias Madrid.

Los sanitarios no asistieron a ninguna persona de gravedad, aunque trasladaron al hospital a un ciudadano con una herida en la cabeza para sutura y a un policía nacional con una luxación de hombre. Sobre las 2.00 horas terminó el dispositivo de Samur, situado en la zona de Plaza de España.

Por su parte, el operativo desplegado por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, que terminó con los disturbios en media hora, arrojó un balance de más de una treintena de detenidos, algunos de ellos por saquear una tienda del barrio de Chueca. Además, localizaron productos químicos y dispositivos para ser lanzados a modo de cóctel molotov.

La Delegación del Gobierno en Madrid señaló anoche que estuvo en permanente comunicación con Jefatura Superior de la Policía de Madrid para conocer de primera mano las protestas que se han llevado a cabo en la Puerta del Sol y Gran Vía "para disolverlas de manera pacífica al no estar comunicadas".

LA PROTESTA

Los incidentes violentos se desencadenaron por una protesta no comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid convocada en la Puerta del Sol. Tras ser desalojada la plaza, los manifestantes acabaron en la céntrica Gran Vía, donde quemaron contenedores y levantaron barricadas en la calzada.

La Policía Nacional, que desplegó unidades antidusturbios, agentes de paisano y el helicóptero, dispersó a los manifestantes después de la hora del toque de queda impuesto a las 00.00 horas.

A lo largo de la noche de este sábado, los disturbios se han extendido por varias ciudades del país como Logroño, Málaga o Barcelona. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se ha pronunciado sobre estos altercados y ha tachado de "intolerable" la conducta "violenta e irracional" de estos grupos minoritarios.

Galicia continúa al alza en la cifra de contagios de COVID-19 detectados en 24 horas, que vuelve a marcar récord histórico con 785, una treintena más que la jornada anterior. Además, este domingo se ha superado la barrera de los 9.000 casos activos, es decir, pacientes que todavía padecen la enfermedad.

Según los datos actualizados en la web de la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas del sábado, el área sanitaria con más infecciones diarias ha vuelto a ser la de Vigo con 165, pero sin embargo ha bajado en 50.

Donde sí se han disparado los positivos en 24 horas, a más del doble, ha sido en las áreas de Ferrol, con 136 (+72), y en la de Pontevedra-O Salnés, con 113 (+60). También han subido, aunque más ligeramente, las áreas sanitarias de A Coruña-Cee, a 131 (+1) nuevos contagios, y Santiago-Barbanza, a 93 (+9).

En el lado opuesto, aparte de en Vigo, han bajado en las áreas sanitarias de Lugo-A Mariña-Monforte, a 112 (-7); y en Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, donde de hecho se desploman hasta tener solo 25 nuevos positivos en un día (-66).

Hasta la fecha se han realizado en Galicia un total de 692.643 PCR, lo que refleja que en 24 horas se han hecho 9.974 pruebas, menos que en el parte anterior pero en la línea de las cifras históricas de la última semana. De todas ellas, el 8,8% ha arrojado un resultado positivo, una cifra todavía por encima del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud.

Todas las áreas sanitarias salvo la de Ourense (2,9%) y Santiago (4,8%) sobrepasan este umbral. Ferrol se sitúa a la cabeza con un 21,4% de las PCR positivas --una de cada cinco realizadas--, seguida de Lugo (14,8%), Pontevedra (11,5%), A Coruña (9,8%) y Vigo (7,4%).

ALTAS Y CASOS ACTIVOS

En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas se han curado 430 personas, lo que coloca el total desde el inicio de la pandemia en 27.330. Además, hasta el momento han fallecido 914 personas con coronavirus en Galicia, tras añadirse al cómputo las cuatro víctimas notificadas en la tarde del sábado.

Cabe destacar también la cifra de casos activos, que continúa marcando máximos con 9.119 pacientes en total, ha registrado un ascenso de 357 en un día.

Así, el total de casos activos está este domingo en 8.762, un ascenso de 399 en un día. También en este sentido se han disparado en Ferrol, que cuenta con 930 pacientes de COVID-19 (+123), y A Coruña, con 1.541 (+104).

En Vigo, han superado los 2.000 hasta colocarse en 2.020 (+96) casos activos; en Lugo rozan el millar con 986 (+92); y en Pontevedra también, con 994 (+76).

Mientras tanto, el área sanitaria de Ourense ha anotado un descenso de 121 pacientes de coronavirus, hasta situarse en los 1.276 en total, al tiempo que en Santiago han bajado en 22, hasta los 1.372.

España tiene abiertos en la actualidad 100 procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea, de los que 30 son por no trasposición de directivas, según ha señalado el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Son tres más de los incluidos en el recuento que hizo en julio la propia Comisión Europea, en el que España se situó como país con más procedimientos abiertos: un total de 97 dosieres contra España por infracción de las normativas comunitarias (13) o por una transposición tardía (36) o incorrecta (48) de la legislación acordada a Veintisiete.

Estos procedimientos son la herramienta que utiliza el Ejecutivo comunitario para asegurar que los Estados miembro aplican la legislación europea, un proceso que arranca con la apertura de expedientes pero que puede concluir en sanciones contra los países incumplidores si el caso llega sin entendimiento al Tribunal de Justicia de la UE y éste da la razón a Bruselas.

Consciente de este problema, el pasado febrero el Consejo de Ministros tuvo sobre la mesa un Informe sobre la mejora del proceso de incorporación del Derecho de la Unión Europea. A raíz de ese informe, se ha constituido un grupo de trabajo, a propuesta de los Ministerios de Presidencia y Exteriores, para estudiar medidas que contribuyan a mejorar la posición de España en este ámbito.

Pese a los malos resultados globales de España en el ránking europeo, el país se sitúa en mitad de la tabla cuando se observan únicamente los procedimientos abiertos durante 2019, una clasificación en la que tiene una decena de países con más casos lanzados a lo largo del pasado año. De manera general, la Comisión abrió un 20% más de expedientes con respecto al año precedente.

Aquí, España, con 31 nuevos expedientes sancionadores, se encuentra por detrás de países como Chipre (43), Grecia (39), Bulgaria (39), Rumanía e Irlanda (ambos con 38 nuevos procedimientos).

De esos 31 procedimientos abiertos en 2019, 10 de ellos lo fueron por no trasponer directivas o no hacerlo correctamente. De los 31, 10 han sido ya archivados, continúa detallando el Ejecutivo en respuesta a una pregunta del diputado Jon Iñarritu.

El Gobierno, insiste, no obstante, en que en los últimos años se han adoptado varias medidas para intentar mejorar los plazos de trasposición de normas europeas, como el Plan de Mejora de Transposición de Directivas de la Unión Europea de 2013 o el Plan de Acción de Transposición de Directivas en riesgo de multa de 2018, antes del Informe y el grupo de trabajo impulsados en 2020.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y las otras trece personas investigadas por las presuntas irregularidades en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han sido citadas para declarar el próximo 6 de noviembre ante el juzgado de instrucción número 39 de Madrid.

La titular de este juzgado madrileño, Belén Sánchez, había previsto las declaraciones de Valdés y los demás señalados para los días 13 y 14 de octubre, pero fueron aplazadas porque no había espacio suficiente en el juzgado para realizarlas respetando las medidas preventivas contra el coronavirus.

Así, los catorce investigados han sido citados para declarar a partir de las 10.00 horas del viernes 6 de noviembre, aunque se espera que las comparecencias se alarguen hasta el siguiente día hábil, dado el elevado número de acusados. Para ello, se ha reservado el salón de actos de los juzgados de Plaza Castilla, de acuerdo con fuentes jurídicas.

La querella se interpuso el pasado 21 de julio por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz de una denuncia realizada en la Fiscalía Anticorrupción por la Intervención General del Estado, tal y como avanzó El Confidencial.

Entre los denunciados, según ha podido saber Europa Press, se encuentran otros antiguos cargos de la AECID, así como el embajador en México, Juan Antonio López Dóriga.

También figuran como querellados Francisco Salazar Palma, actual presidente de CESCE, empresa de capital mixto dedicada al crédito a la exportación; Begoña Cristeto Blasco, ex secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y Guillermo Horche López, ex subdirector del ICEX; además de varios empresarios.

Fuentes ministeriales señalaron a Europa Press en su momento que Valdés se ponía a disposición de la justicia para colaborar en la investigación y que daría cumplida información de todo lo que se le requiriera.

No obstante, las mismas fuentes han recalcado que, como jefe de departamento en los tiempos que se investigan, Valdés no firmó ninguno de los actos administrativos que son parte de la causa.

El 2020 arrancó con la citación como investigados del ex consejero delegado del Grupo Dia, Ricardo Currás y de su número dos, Amando Sánchez Falcón, por administración desleal y fraude en las cuentas; y finalizará, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, con la conclusión de la instrucción que se sigue en la Audiencia Nacional.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción númeroo 6, Alejandro Abascal, es el encargado de investigar si los directivos imputados engordaron los números de la compañía en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.

Según explicaba el juez en el auto en el que citó a declarar a ambos, "para la consecución de los objetivos propuestos para el ejercicio 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, Currás ideo un plan -que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas- para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en este balance, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión".

De hecho, la investigación seguida por la Fiscalía Anticorrupción detectaba cuatro de esas prácticas que imputa directamente al exCEO de la compañía: Previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros; una incorrecta contabilización de ingresos derivados de cargos de proveedores de marca propia que asciende a 21,7 millones; la eliminación no justificada de la provisión de facturas pendientes de recibir por 18,3 millones de euros y el pago de bonus y gratificaciones al personal no provisionados de hasta 5,5 millones de euros.

Si bien se prevé que para ese fin de año se cierre esta instrucción, antes el magistrado tiene tarea por delante, porque quedan pendientes varias declaraciones de investigados en esta causa, en concreto todas las que se acordaron para octubre --aunque se acabaron posponiendo-- y que comprendían a todos los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la cadena de supermercados de los ejercicios 2016 y 2017.

NUEVA FECHA PARA LAS CITACIONES

Por este motivo, ahora se han fijado nuevas fechas para esas declaraciones y se celebrarán el 26, 27 y 30 de noviembre. Será entonces cuando desfile por la Audiencia Nacional el que fuera CEO de Dia entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, Borja de la Cierva, por pertenecer a la misma comisión desde octubre de 2016.

Asimismo, también declaran en calidad de investigados Richard Golding (presidente de esa comisión en 2016), Juan María Nin Génova por haber sido vocal externo de esa comisión, María Luisa Garaña Corees por ser vocal independiente desde febrero de 2017, y Julián Díaz González por ser también vocal independiente y miembro de la misma en 2016 y 2017.

También declararán en calidad de investigados los auditores de la consultora KPMG que auditaron las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 Carlos Peregrina y María Lacarra. Y el directivo de Dia Miguel Ángel Peinado Iglesias por su "posición orgánica dentro de la compañía y por ser la persona que llevó a cabo, junto a E&Y, el análisis de lo sucedido".

"Uno de sus máximos intereses era exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a los miembros del consejo de administración y de las diferentes comisiones internas de la compañía", señalaba el juez en un auto de agosto en el que le citaba como investigado.

Una vez finalicen las comparecencias, el magistrado deberá decidir si con lo instruido tiene suficiente para cerrar las diligencias o si por el contrario debe seguir indagando. Todo apunta a que en 2020 el caso DIA estará listo para ser enviado a juicio.

Vox ha exigido al Gobierno en el Congreso que active ya el procedimiento para la renovación de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, un cargo que ocupa desde 2015 Mar España Martí, cuyo mandato caducó en julio de 2019.

Con este objetivo los de Santiago Abascal han registrado una proposición no de ley en el Congreso, recogida por Europa Press, en la que, además de urgir a la renovación de este órgano sostienen que España no cumple tampoco los requisitos que desde 2018 establece la nueva Ley de Protección de Datos para ocupar ese puesto.

España fue nombrada en julio de 2015, conforme a la legislación vigente entonces --la ley de 1992 y el Estatuto de 1993--, pero se marco se reformó en 2018. Con la nueva ley, lo que antes era la Dirección de la Agencia de Protección de Datos se transformó en Presidencia y su mandato pasó de cuatro a cinco años, renovables por otros tantos.

También se modificó el sistema de nombramiento de la Presidencia y su Adjunto, que siguen siendo nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, pero con dos novedades: han de ser escogidos "entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos" y que se hayan presentado a una "convocatoria pública de candidatos".

TRES QUINTOS O MAYORÍA ABSOLUTA

La ley de 2018 establece que ese concurso público debe convocarse "dos meses antes" de producirse la expiración del mandato" o en caso de cese, con lo que, según recuerda Vox, debería haberse activado en mayo de 2019 (puesto que el mandado de España caducaba, como de hecho sucedió, en julio de ese año).

Por eso, quiere que el Congreso inste al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para que el Ministerio de Justicia ordene la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria publica de candidatos a la Presidencia y el Adjunto.

Una vez evaluado "mérito, capacidad, competencia e idoneiedad" de los aspirantes, el Gobierno deberá remitir al Congreso una propuesta de designación de presidente y adjunto acompañada de un informe justificativo. Las personas elegidas deberán comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso y ser ratificadas bien por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda, siempre que reciban el apoyo de al menos dos grupos parlamentarios.

PONER FIN A ESTA "IGNOMINIA"

En su iniciativa, Vox recalca que esta propuesta habrá de hacerse "entre personas de robusta independencia, reconocido prestigio y sobresaliente experiencia profesional en el campo de la protección de datos, de manera que se garantice que la persona nombrada desarrolla su labor con objetividad de criterio y de una manera autónoma y no condicionada a las presiones políticas del Gobierno".

Los de Santiago Abascal recuerdan que la actual presidenta de la agencia ya ha anunciado que no se va a presentar a la reelección y hacen un repaso de su currículum para dejar claro que, aunque quisiera no podría. Según subrayan España no cumple el requisito que fija la ley puesto que carece de una "reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos".

Es más, Vox pone a España como ejemplo de que el PSOE y el PP han venido actuando como "agencias de colocación" para pagar favores y colocar a personas cercanas a través de "corruptelas", impidiendo así que el país tenga "una dirección pública estable, profesionalizada e inmune a los vaivenes del poder político" y alcanzando con ello unas "cotas de ignominia insuperables".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración en calidad de investigado al exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó este martes 3 de noviembre en relación al presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades del partido que se investiga dentro del caso conocido como '3 por ciento'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó el pasado 23 de octubre imputar a Gordó después de que el extesorero del partido Daniel Osàcar le apuntara como el responsable que controlaba el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades.

Así, el magistrado aceptó la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la declaración de Osàcar puso de manifiesto que "el sistema de afloramiento de dinero en efectivo", que ya se había descrito en anteriores informes de la Fiscalía en esta pieza separada, "fue ideado por Germà Gordó".

Para conocer su versión de los hechos, el juez le emplaza al próximo 3 de noviembre, a las 11.00 horas, para que comparezca por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona.

VÍAS DE "ALLEGAMIENTO DE RECURSOS"

En la resolución, el juez explica que en esta causa se investiga la presunta estructura puesta en marcha y las distintas vías ilegales de "allegamiento de recursos" en CDC. Una primera vía serían los pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona.

La segunda forma de recabar recursos sería mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.

"Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras", indica el magistrado.

Añade el auto que mediante esos manejos CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido.

EL 'PITUFEO' CON SUPUESTOS DONANTES

Dado que esas cantidades de dinero debían aflorar de alguna manera, señala de la Mata que desde CDC buscaron la colaboración de personas próximas al partido, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de 'pitufeo' que, aplicado al caso, consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito.

"Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos 'donantes' realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido", concluye el instructor.

En su escrito, De la Mata destaca también que, tal y como indica el fiscal, en las declaraciones de las personas investigadas se ha expuesto de manera coincidente que las donaciones se realizaron a solicitud tanto de Osàcar como de Viloca, quienes ostentaban la condición de tesoreros de CDC.

Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito. Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían una "sorprendente homogeneidad", de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

OSÀCAR, DECLARACIÓN CLAVE

El instructor apunta que a todo esto se añade la declaración de Osàcar, quien efectivamente confirma que "la operativa descrita correspondía a una operativa diseñada con la finalidad de lavar dinero generado por CDC de forma ilícita".

De esta forma, gracias a las donaciones conseguidas, lograban "cuadrar los déficits presupuestarios que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos con los realmente generados por el partido".

"Afirma en su declaración que la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación fue el entonces Gerente del Partido, Gordó Aurabell", añade el juez.

Explica además el magistrado que Osàcar contó que con este afán, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales "donantes" de entre miembros y simpatizantes de CDC, y le encomendó que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de tres mil euros al partido CDC mediante cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que les entregaría en mano el propio Osàcar.

LISTA DE PARTICIPANTES EN LA OPERATIVA

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar, por una persona del Departamento de Contabilidad y Finanzas de CDC, que no ha sido por el momento identificada, una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista.

Una vez recibida esta cantidad, el tesorero procedió conforme a lo ordenado por Gordó a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques nominativos por importe de tres mil euros de aquellas que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, tres mil euros en efectivo.

Se extendieron y firmaron recibos por la entrega del cheque nominativo y no se hizo lo mismo con la entrega de la cantidad en metálico, que no se documentó en forma alguna. Seguidamente, Osàcar entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó, según el auto.

La declaración de Gordó tendrá lugar una semana después de que el sucesor de Osàcar en la tesorería, Andreu Viloca --también investigado en esta causa--, declarase ante el juez que no tenía constancia de ningún sistema de blanqueo de capitales, al menos desde 2011, año en el que accedió al cargo.

Extinction Rebellion (XR) ha convocado diversas acciones de desobediencia civil en Madrid entre el 1 y el 6 de noviembre para luchar contra la emergencia climática bajo el lema 'La inacción climática supone morir'.

La primera de las acciones tendrá lugar el domingo, 1 de noviembre, en Madrid, a las 11.45 horas en la Plaza de Canalejas, bajo el lema 'Inacción = muerte'. Al día siguiente, lunes 2 de noviembre, tendrá lugar por la tarde, concretamente a las 17:00 horas, la acción 'Mareas', que estará basada en una obra artística sobre los mares y se realizará en la Plaza de Callao.

Estas y todas las acciones previstas entre el 1 y 6 de noviembre se realizarán respetando las restricciones sanitarias y teniendo en cuenta el uso de geles hidroalcohólicos, mascarillas y distancia de seguridad.

"La semana de rebelión estaba programada para principios de octubre y se pospuso por la situación de incertidumbre pero no podemos quedarnos parados indefinidamente ante la situación crítica de los ecosistemas", explican desde XR.

Las movilizaciones tienen dos principales enfoques: la inacción supone la muerte y la pérdida de biodiversidad conlleva un aumento del número de pandemias. Sobre el primer enfoque, XR señala que en 2019 hubo 25 millones de desplazamientos provocados por desastres ecológicos, según el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno.

Además, alerta que en España habrá más de 200.000 personas expuestas a los estragos provocados por el aumento del nivel del mar para mitad de siglo. El segundo enfoque pretende arrojar luz sobre el coronavirus. El colectivo indica que hay una relación directa entre la pérdida de biodiversidad y el aumento del número de pandemias.

"Unos ecosistemas sanos y funcionales son la mejor barrera de contención frente a estos peligros para la salud", comentan desde XR. El colectivo considera que los problemas derivados del colapso ecológico agudizan el contexto de crisis sanitaria y hacen urgente la movilización. Este tipo de acciones ya se han realizado en otros países como Reino Unido e incluso en puntos de España, como Barcelona, Granada o Santander.

Estas reivindicaciones tienen como objetivo conseguir una recuperación verde tras el coronavirus y eso creen que deben pasar por implementar sistemas de democracia "más robustos", como asambleas ciudadanas que, asesoradas por la comunidad científica, sean capaces de tomar decisiones que contengan la crisis climática.

Las salas de gobierno de 9 de los 17 tres tribunales superiores de justicia que existen en España han formalizado ya una respuesta crítica, mediante acuerdos de sus respectivas salas de Gobierno, a la reforma impulsada por el Gobierno de coalición de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que tiene como objetivo de rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos organismos, que realizan la gestión interna de los tribunales, no suelen posicionarse sobre temas de interés político, por lo que la iniciativa puede calificarse de inédita.

Los pioneros fueron los TSJ de Castilla y León, Extremadura y Madrid, que ser reunieron y redactaron sus respectivos acuerdos el pasado 19 de octubre, si bien desde entonces a esta iniciativa se han sumado los de Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Murcia.

El goteo de posicionamientos por parte de las cúpulas judiciales en cada comunidad autónoma ha continuado pese al anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se paralizarían los trámites parlamentarios para la propuesta de ley planteada, un gesto que busca lograr un acuerdo con el grupo popular en el Congreso para conseguir de una vez la renovación de los vocales que ejercen en funciones desde diciembre de 2018.

El PP por su parte, sigue exigiendo tres requisitos para negociar: que no esté Podemos, la retirada definitiva de la reforma y la búsqueda de soluciones que abunden en la "despolitización" del órgano, que podrían pasar por la propuesta legislativa que ha presentado este partido, consistente en que los jueces sean los que elijan a los doce compañeros que deben representarles en el Consejo General del Poder Judicial.

RECHAZO Y PREOCUPACIÓN

Los comunicados coincidentes en su contenido y recogen el "rechazo" y "preocupación" de la carrera judicial por una modificación normativa que entienden supone una merma de las garantías de independencia judicial.

En este punto coinciden con la declaración institucional aprobada el pasado día 28 por el propio CGPJ, que renuncia no obstante a emitir un juicio oficial sobre la reforma en espera a que se aclare si finalmente es retirada. Advierte el Consejo, no obstante, que estará "atento" a los acontecimientos porque cualquier cambio que se produzca en la ley orgánica debe atenerse a criterio constitucionales.

En sus comunicado, los TSJ van algo más allá que el CGPJ y apuntan que independencia solamente se conseguirá siguiendo las recomendaciones del informe GRECO de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia, mediante la designación directa de los doce vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y magistrados.

Todos ellos consideran además imprescindible que se produzca el inmediato desbloqueo en relación con la renovación del CGPJ y de los restantes órganos constitucionales, apartando dichos procesos de cualquier confrontación política que pueda ofrecer una apariencia de contaminación que comprometa su necesaria independencia.

El TSJ de Madrid criticó especialmente en su comunicado que la reforma trate de eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política -sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial. Añade que la propuesta del PSOE y Podemos es ilógica pues provoca una distinción de requisitos entre quienes, una vez nombrados, ostentarán idénticas funciones y facultades (los vocales de origen judicial y los ocho que se eligen entre juristas de reconocido prestigio)

Advierten los TSJ igualmente de que la reforma se aparta también de las advertencias contenidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que defendió el acomodo del sistema de elección parlamentaria a la Constitución siempre que se respetase la necesidad de un consenso reforzado.

Los términos son muy parecidos en el resto de comunicados, si bien en algunos casos, como el de Aragón, no hubo unanimidad, pues el acuerdo contó con el voto particular discrepante del magistrado Alfonso Ballestín Miguel, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por entender que el acuerdo se excedía de las competencias de la Sala de Gobierno.

En el TSJ del País Vasco, el texto fue aprobado con nueve votos a favor y tres en contra, mientras que en Murcia también se contó con un voto particular, suscrito por dos miembros de la Sala, en contra del pronunciamiento.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 266.637 casos confirmados acumulados de coronavirus --238.024 con una prueba PCR--, 4.095 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 14.074, 50 más que los registrados el sábado: 8.616 en hospital o centro sociosanitario, 4.228 en residencia, 870 en domicilio y 360 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.527, lo que supone un aumento de 116 respecto al último recuento.

Un total de 465 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 2 más que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el sábado alcanzaba un nivel de 904, y 24 horas después está en 889.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) ha descendido a 1,21, y la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 770,20 por cada 100.000 habitantes.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 21.502 personas que han dado positivo, de las que 6.734 han muerto y 145 se encuentran actualmente ingresadas, 6 de ellas en la UCI.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 92.309 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.784 muertes, mientras que actualmente hay 690 pacientes ingresados --142 de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 911.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 7.195 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 395 muertes, mientras que actualmente hay 61 pacientes ingresados --18 de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 1.632.

En el Gironès (Girona) se han registrado 8.236 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 226 muertes; actualmente hay 58 pacientes ingresados, de los que 18 están en la UCI, mientras que el riesgo de rebrote es de 1.114.

En el Baix Ebre (Tarragona), desde el inicio de la pandemia ha habido 2.016 casos confirmados acumulados, de los que 36 han muerto, mientras que actualmente hay 22 pacientes ingresados --7 de ellos en la UCI--, y el riesgo de rebrote es de 1.061.

UGT ha reclamado adoptar planes de contingencia en las residencias, así como garantizar que los protocolos de derivación hospitalaria de los usuarios no tengan en cuenta la edad sino criterios de salud, ante esta segunda ola de la pandemia "que se aventura más larga que la anterior" y reclama una auditoría sobre lo ocurrido en estos centros.

"La pandemia se ha vuelto a imponer y los datos epidemiológicos de esta segunda ola, empiezan a ser más preocupantes que los del pasado marzo", advierte UGT, que considera necesaria la adopción de medidas que permitan reducir la tendencia ascendente del número de casos de personas afectadas para "evitar los niveles de sobrecarga del sistema sanitario y de los servicios sociales", como ocurrió en la primera ola.

Si bien UGT cree que el llamado 'escudo social' ha paliado algunas de las consecuencias de esta pandemia, considera que "no es suficiente aún para dar respuesta a las personas más vulnerables, como son las personas usuarias de los servicios sociales; las personas en situación de dependencia; las personas mayores; las personas con algún tipo de discapacidad; personas con movilidad reducida o la pobreza infantil".

Por todo ello, ante esta nueva ola de la pandemia, el sindicato reclama, en primer lugar, que se garantice un entorno libre de virus, implementando las medidas de protección recomendadas por el Ministerio de Sanidad, dando equipos de protección, de manera prioritaria, a los profesionales de los servicios públicos esenciales para prevenir el contagio y realizar test de detección del virus, de forma continuada, a trabajadores, nuevas incorporaciones y usuarios.

También pide que se refuercen las prestaciones de los servicios sociales, planificando los servicios y organizando los recursos más adecuados para garantizar una atención "de calidad y continua", prestando "especial atención a las unidades familiares con menores, familias monoparentales, a las situaciones de soledad no deseada, personas en riesgo de exclusión, dependencia o discapacidad".

Asimismo, apuesta por ampliar la cobertura de las Rentas Mínimas de Inserción, tanto en número de usuarios como en la cantidad económica, con su consideración de derecho subjetivo, "facilitando su acceso y agilizando su tramitación, de manera que se garanticen unos ingresos, de manera casi inmediata a la aparición del estado de necesidad".

Igualmente, UGT propone reforzar el servicio de ayuda a domicilio (SAD), en especial, ante un posible nuevo confinamiento y el cierre de los centros de atención, y el servicio de teleasistencia para facilitar la comunicación a las personas que viven solas y que sean mayores de 65 años.

Además, UGT defiende una reforma estructural del modelo residencial que garantice "una atención centrada en la persona, integral y continuada, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades".

Finalmente, el sindicato plantea incrementar el crédito presupuestario de los servicios sociales, para reforzar el escudo social del gobierno ante la crisis del COVID-19.

La segunda noche de disturbios en Cantabria se ha saldado con otros cinco detenidos, un agente herido leve y 15 denunciados por incumplir las restricciones de movilidad nocturna.

En primer lugar la Policía detuvo a tres jóvenes, uno de ellos de 15 años, por el incendio de uno de los contenedores, resultando herido leve uno de los efectivos que intervino en el arresto.

Los otros dos fueron detenidos tras ser reconocidos como implicados en los altercados de la noche anterior, uno de ellos como uno de los agresores a los policías, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Desde la tarde de ayer la Policía Nacional y la Local habían establecido un dispositivo de seguridad en Santander ante los incidentes de la noche del viernes al sábado. Como refuerzo al mismo, se trasladaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del País Vasco.

Para ayer había convocada por redes sociales una primera concentración en la Plaza del Ayuntamiento a las 18 horas, en la que no se detectaron participantes ni incidentes; y una segunda en el mismo lugar para las 23 horas. Ambas, al igual que ayer, para manifestarse en contra del toque de queda y de las restricciones impuestas frente al coronavirus.

En esta última participaron unas 50 personas, y aunque "los observaron signos evidentes de que estos jóvenes se plantean acometerles, no llegan a hacerlo y se dispersan ante la primera muestra de reacción de los policías".

En su dispersión resultaron cuatro contenedores quemados y alguna papelera, que fueron "inmediatamente apagados" por los bomberos. Posteriormente ardieron en la calle Canalejas 22 otros tres contenedores contiguos.

Actualmente se ha iniciado la instrucción de diligencias en la Jefatura Superior de Policía Nacional, donde permanecen los detenidos hasta su puesta a disposición judicial.

La Policía no descarta nuevas detenciones tras el análisis de las imágenes y comunicados recopilados en las redes sociales.

Varios ayuntamientos de la región han ampliado horarios y delimitado los accesos a los cementerios ante el Día de Todos los Santos, marcado esta vez por el avance de el coronavirus.

De hecho, para evitar que se produzcan concentraciones y minimizar el riesgo de contagios, un número importante de consistorios han pedido a sus vecinos que diseminen las visitas a los camposantos entre los días anteriores y posteriores al 1 de noviembre.

Como parte de las preparaciones para esta festividad, la Comunidad permitirá la circulación a cementerios o lugares de enterramiento autorizados comprendidos en zonas restringidas ese día.

Según explicó el Ejecutivo madrileño, la condición es que se respeten las medidas de protección individual y colectiva dispuestas por las autoridades sanitarias competentes. En una de las zonas con restricciones, Daroca, se encuentra el Cementerio de la Almudena.

Del mismo modo, la asistencia a lugares de culto no podrá superar el 50 por ciento de su aforo (salvo en las zonas básicas de salud con medidas específicas, donde se reduce a un tercio).

Mientras tanto, los residentes de las 32 zonas básicas de salud (ZBS) restringidas solo podrán ir a un cementerio fuera de su ZBS "en el caso justificado de un entierro", según aclaró la Consejería de Sanidad.

Las áreas sanitarias con restricciones afectan a doce municipios de toda la región: Madrid capital, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja.

En estas 32 zonas básicas residen 671.259 madrileños, un 10 por ciento de la población de la región. En ellas se concentra el 15,5 por ciento del total de los casos de los últimos 14 días, un total de 4.223 casos.

En Madrid capital las zonas son Núñez Morgado (distrito de Charmartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti y Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal); Vinateros Torito, Pavones y Vandel (Moratalaz); Puerta del Ángel (Latina); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo); e Infanta Mercedes y Villaamil (Tetuán).

En el resto de municipios de la región son Collado Villalba Pueblo (Collado Villalba), Guadarrama (Guadarrama); Majadahonda (Majadahonda), San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón); San Blas y Pintores (Parla); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); zona básica de Morata de Tajuña (Morata de Tajuña); Las Fronteras y Brújulas (Torrejón de Ardoz).

En la zona básica de Manzanares el Real, que afecta a distintos municipios, se establecen las restricciones solo en El Boalo; en la de Villarejo de Salvanés, que también incluye distintas localidades, las medidas son solo para el municipio de Villarejo de Salvanés; e igualmente en la zona básica de salud de Colmenar de Oreja, con varios municipios, las limitaciones se aplican a Colmenar de Oreja.

En estas 32 zonas básicas de salud se establece la restricción de entrada y salida en el perímetro del municipio o zona afectada salvo en situaciones concretas, como un entierro.

TRES ZONAS MÁS A PARTIR DEL LUNES

A ellas, se suma a partir del lunes la zona básica de Valle de la Oliva de Majadahonda y las de Barrio del Puerto y Doctor Tamames de Coslada.

Con la incorporación de la zona básica de salud de Valle de Oliva, todo el municipio de Majadahonda estará bajo las restricciones de entrada y salida del perímetro, así como el resto de las limitaciones que se aplican en las zonas básicas de salud donde existe una mayor transmisión de la enfermedad.

Por su parte, Coslada celebrará este domingo una misa a las 17 horas y ha ampliado el horario (de 9.30 a 18.30 horas) del cementerio para evitar aglomeraciones.

REFUERZO DE AUTOBUSES

En este contexto, la Comunidad de Madrid reforzará hasta el próximo 3 de noviembre el servicio en varias líneas urbanas de autobuses para facilitar el acceso a los distintos cementerios de la región.

Concretamente, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha reforzado los servicios de Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Getafe, Móstoles, Pinto y Torrejón de Ardoz. En el resto de municipios que cuentan con líneas que dan servicio a sus cementerios se mantienen los horarios habituales en días festivos.

En el caso de la capital, se suman 23 autobuses extra en las ocho líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) que comunican con los cementerios madrileños.

En concreto, se incrementa el número de vehículos de la EMT en las líneas 25 (Ópera-Casa de Campo), 106 (Manuel Becerra-Vicálvaro), 108 (Oporto- Cementerio de Carabanchel), 110 (Manuel Becerra-La Almudena), 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal), 118 (Embajadores-La Peseta) y en los Servicios Especiales de Plaza Elíptica-Cementerio Sur (SE 702) y Plaza de Castilla- Cementerio de Fuencarral (704).

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha instado formalmente al Ministerio de Sanidad para que habilite a la mayor brevedad posible los mecanismos legales necesarios para activar el confinamiento domiciliario en la Ciudad Autónoma, a la luz de los últimos datos de evolución de la pandemia, que la mantienen a la cabeza del país en incidencia del virus.

En una carta dirigida al ministro Salvador Illa, De Castro recuerda que Melilla es --en términos relativos-- la región donde más contagios se han registrado de toda España y la que mayor presión hospitalaria padece tanto en planta como en UCI, por lo que le ha solicitado se lleven a cabo medidas "para paliar las carencias del personal sanitario y los refuerzos que garanticen una cobertura de personal adecuada a las necesidades actuales".

El presidente ha trasladado a Salvador Illa todas las medidas que se han llevado a cabo tanto con anterioridad como tras la entrada en vigor del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, si bien le ha manifestado "la obligación de pensar en nuevas restricciones que aunque dolorosas se hacen necesarias para velar por la salud de los melillenses".

El presidente también ha solicitado al titular de Sanidad un impulso a la instalación del hospital de campaña previsto en las inmediaciones del Hospital Comarcal, así como a su dotación de personal sanitario.

Asimismo, ha demandado al ministro su intermediación ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que vuelva a la Ciudad el buque Galicia de la Armada Española, como refuerzo a la UCI del Hospital Comarcal.

El presidente de Melilla también se ha dirigido de manera formal a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, para que "valore la conveniencia de suspender la docencia presencial en los centros educativos de Melilla y, llegado el caso, se tome en consideración el cierre de las instalaciones educativas como medida preventiva de contención de la alarmante expansión del virus Covid-19 en nuestra ciudad".

De Castro se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para conocer el estado de situación del contrato de conexión marítima de la Ciudad con Málaga y Almería y, además de la posibilidad de que valoren posibles medidas de ayuda a las compañías afectadas por las limitaciones de entrada y salida a la Ciudad aplicadas, por decreto del Presidente desde las 22,00 del pasado 29 de octubre, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma.

La Comunidad de Madrid reforzará hasta el próximo 3 de noviembre el servicio en varias líneas urbanas de autobuses para facilitar el acceso a los distintos cementerios de la región con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha incrementado los servicios que comunican con los cementerios en nueve municipios de la región, incluida la capital, para facilitar a todos los vecinos un "acceso cómodo y rápido" a las necrópolis.

Concretamente, los refuerzos se ejecutarán en los servicios de Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Getafe, Móstoles, Pinto y Torrejón de Ardoz. En el resto de municipios que cuentan con líneas que dan servicio a sus cementerios se mantienen los horarios habituales en días festivos.

Los horarios de las diferentes líneas se están comunicando en cada una de las localidades a través de los ayuntamientos y de las compañías operadoras de transporte.

En el caso de la capital, se suman 23 autobuses extra en las ocho líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) que comunican con los cementerios madrileños.

En concreto, se incrementa el número de vehículos de la EMT en las líneas 25 (Ópera-Casa de Campo), 106 (Manuel Becerra-Vicálvaro), 108 (Oporto- Cementerio de Carabanchel), 110 (Manuel Becerra-La Almudena), 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal), 118 (Embajadores-La Peseta) y en los Servicios Especiales de Plaza Elíptica-Cementerio Sur (SE 702) y Plaza de Castilla- Cementerio de Fuencarral (704).

En este sentido, la Comunidad ha informado de que las líneas urbanas más idóneas para acceder al cementerio de La Almudena son la 110, con origen en la plaza de Manuel Becerra y que da acceso al interior del recinto del cementerio, y las líneas 106 (Manuel Becerra-Vicálvaro) y 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal), que cuentan con paradas en las inmediaciones.

El acceso al cementerio de Carabanchel se puede efectuar con las líneas 108 (Oporto-Cementerio de Carabanchel) y 118 (Embajadores-La Peseta), que disponen de paradas en las puertas del cementerio.

Para facilitar el acceso al Cementerio Sur, los madrileños pueden usar la línea especial que sale de Plaza Elíptica (SE 702), que habitualmente opera solo los sábados y festivos, y que desde esta semana presta servicio también en días laborables.

Del mismo modo, la línea especial que accede al cementerio de Fuencarral desde Plaza de Castilla (SE 704), y que habitualmente opera los días festivos, también presta servicio hoy y los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre. Para acceder a este cementerio, se recomienda utilizar las líneas 134 y 178 (Plaza de Castilla-Montecarmelo).

Por último, las líneas recomendadas para acceder al cementerio de San Isidro son la 17 (Plaza Mayor-Colonia Parque Europa), 25 (Ópera-Casa de Campo) y 50 (Puerta del Sol-Avenida del Manzanares).

Los cementerios de España tendrán controles de aforo el Día de Todos los Santos para evitar aglomeraciones en medio de la segunda ola de la pandemia y en algunos de ellos se limitará el tiempo de estancia dentro del camposanto. Desde algunos obispados hacen un llamamiento para vivir este momento de recuerdo a los familiares fallecidos con la "prudencia" que marcan las restricciones sanitarias.

Además, el Grupo Funespaña ha pedido a las familias que tengan previsto visitar a sus fallecidos con motivo de la próxima festividad de los días 1 y 2 de noviembre que lo hagan los días anteriores para evitar aglomeraciones. También recuerda que es obligatorio el uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas y aplicarse geles desinfectantes de manos.

En Madrid, los cementerios dependientes de la Archidiócesis (San Lorenzo, San Sebastián Mártir, San Isidro y San Justo) han adaptado sus horarios para facilitar la visita de los fieles. Asimismo, el domingo 1 de noviembre, el cardenal arzobispo Carlos Osoro presidirá en la capilla del cementerio de la Almudena a las 12.00 horas una Misa funeral por todos los difuntos, que será emitida en directo por Telemadrid.

En Alcalá de Henares, las disposiciones dadas por el Obispado contemplan que se celebren misas el día 1 por los difuntos en los cementerios municipales y en los eclesiásticos, respetando siempre las medidas sanitarias; y en Getafe, las recomendaciones del obispo son: mascarilla, distancia social y aforos reducidos.

Mientras, en Ávila no habrá celebraciones comunitarias en los cementerios ni el día de Todos los Santos ni el de los Fieles Difuntos, aunque allí donde sea posible, el Obispado anima a celebrar la Eucaristía por los fallecidos el día 2 de noviembre en el templo parroquial. También recuerda que "ahora, más que nunca, es obligatorio el uso de la mascarilla y guardar la distancia".

Desde la Diócesis de Segovia explican que la mayor parte de los cementerios son propiedad de los ayuntamientos y en ellos no tienen autoridad de gestión, pero "los sacerdotes están disponibles para rezar en ellos siguiendo las normas sobre el aforo que los ayuntamientos establezcan".

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca anima a los vecinos de la ciudad a aprovechar los días anteriores para las visitas y además el consistorio procederá a reservar plazas de aparcamiento, limitando los aforos y con controles de la Policía Local a la entrada de los cementerios. El tiempo máximo será de una hora y de tres personas por cada unidad de enterramiento.

En Valladolid, el día 1, como es tradición, el cardenal arzobispo Ricardo Blázquez, acudirá al cementerio del Carmen para rezar por los difuntos y por las víctimas de la pandemia.

También rezarán por la memoria de los fallecidos en las parroquias de Soria donde seguirán "fielmente" las indicaciones de la Junta de Castilla y León, que ha establecido controles de acceso en los cementerios, reducción de aforo a la mitad y límites de tiempo.

Por otro lado, en Gijón, el Ayuntamiento mantiene el horario de visitas a los cementerios durante los días de difuntos pero limitará la afluencia de visitantes, y aunque no establecerá un tiempo de estancia máximo en los cementerios, sí recomienda que sea lo más breve posible.

El Vicario General de la diócesis de Oviedo, Jorge Juan Fernández Sangrador, ha hecho llegar a los sacerdotes un escrito en el que establece que la celebración de actos religiosos en la solemnidad de Todos los Santos será en las iglesias y no en los cementerios.

En el caso de Vitoria, ninguno de sus dos cementerios, ni el Salvador, ni el de Santa Isabel, son de titularidad eclesial siendo su propietario el Ayuntamiento de Vitoria, por lo que el control de aforo y las medidas corresponden al gobierno municipal.

"RECORDAR A LOS FALLECIDOS CON PRUDENCIA"

En esta ocasión, la primera que vivirá la Diócesis en esta festividad bajo esta situación de pandemia, desde el Obispado hacemos un llamamiento a vivir el recuerdo de los familiares fallecidos con la prudencia que marcan las autoridades sanitarias y acudir a los cementerios respetándolas en todo momento", ha declarado a Europa Press el Vicario General de la Diócesis, Carlos García Llata, insistiendo en "espaciar" las visitas.

La diócesis de Jaca, en Aragón, recuerda a los fieles que en estas dos fiestas hay que ser "exigentes" y "cumplir con rigurosa prudencia las medidas publicadas". Para ello, han establecido más horarios de misas en las que no se podrá superar el aforo del 25% y se aconseja que las celebraciones sean en el exterior.

Mientras, en Valencia, el Cementerio General ofrece ya desde el pasado domingo 25 de octubre y hasta el 8 de noviembre, misas todos los días, para que los fieles acudan de forma escalonada. La capilla del Cementerio acogerá misa a las 11 horas, según informa el capellán Benjamín Zorrilla. El día 1 de noviembre, la eucaristía de las 13.00 horas será presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por los sacerdotes fallecidos en el último año.

COORDINACIÓN ENTRE PÁRROCO Y ALCALDE

En Málaga y concretamente, en Manilva, el cementerio parroquial es el más concurrido, según informa la diócesis a Europa Press. Su párroco, José Antonio Melgar, explica que han "coordinado con el alcalde todo el protocolo". "Se abrirá de 8 de la mañana a 8 de la tarde, con aforo de 40 personas, controlado por personal de protección civil y cuidando mucho la limpieza y desinfección", ha indicado.

La novedad es que este año en los cementerios no se van a hacer responsos por quienes allí descansan, para evitar aglomeraciones. "Nuestra intención es que puedan venir a visitar a sus difuntos sin riesgo ninguno", afirma el párroco. Por su parte, Juan Francisco Cardaldas, párroco en Torre del Mar, explica que "el aforo se ha limitado por patios" y "la estancia no puede ser superior a media hora".

En Granada, la Misa del 2 de noviembre la presidirá el arzobispo Javier Martínez y se ofrecerá por las víctimas de la pandemia. "Sentimos de forma muy cercana el sufrimiento y dolor de las personas que padecen el virus, y de quienes sufren la pérdida de sus seres queridos, especialmente en estas circunstancias. Oramos por todos ellos y encomendamos a Dios el consuelo para todos ellos y rezamos por el fin de la pandemia", subrayan desde el Arzobispado.

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF), junto a todas las empresas españolas del sector, han realizado este viernes un homenaje a las víctimas de la pandemia y a todos los fallecidos durante este año, a través del lenguaje simbólico de las flores. Además, han querido dar un "merecido reconocimiento" al personal funerario, "el último y en ocasiones olvidado eslabón de la cadena sanitaria durante esta pandemia".