El ex número dos de la Policía que aupó Marlaska dimitió imputado por agresión sexual y conserva el abogado del Estado en otra causa.
Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, mantiene esa asistencia jurídica en la querella que el comisario principal Tomás González de la Oliva presentó contra él por la desaparición de un informe, según la información publicada por El Mundo. La Abogacía del Estado es el cuerpo de letrados que defiende a la Administración y a sus altos cargos cuando se les reclama por actuaciones ligadas al puesto.
El abogado del Estado que Interior mantiene al ex DAO
El origen del conflicto está en Cataluña. González de la Oliva dirigía la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y respaldó la actuación de los agentes desplegados en Barcelona durante los disturbios posteriores a la sentencia del procés, en octubre de 2019. Su lectura del operativo chocó con la de José Ángel González y, desde entonces, no se le ha asignado un puesto acorde a su categoría.
En esa querella, el comisario señala al ex director adjunto operativo (DAO) y al director de la Policía, Francisco Pardo, por la desaparición de un informe favorable que le permitía recuperar su categoría profesional. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado a la investigación judicial sostiene que desde la Dirección General de la Policía se accedió al sistema informático para borrar ese documento.
La magistrada investiga posibles delitos de prevaricación, abuso de atribuciones, acoso e infidelidad en la custodia de documentos públicos. El ex DAO conserva la defensa pública en esta causa, pero en la que está imputado por la presunta agresión sexual a una compañera mientras esta prestaba servicio se le retiró de inmediato.
La misma persona mantiene abogado público en una causa y lo perdió en la otra; la diferencia, según fuentes policiales, es la repercusión mediática.
Fuentes policiales atribuyen esa diferencia a la naturaleza mediática del caso de la agresión sexual, y el departamento de Marlaska ha declinado hacer valoraciones. Marlaska fue quien aupó a González al escalón más alto de la Policía. El actual DAO, José Luis Santafé, tomó posesión el 12 de marzo de 2026 y prometió revisar los protocolos internos e investigar cualquier abuso 'hasta sus últimas consecuencias'.
El comisario que lleva cinco años esperando una plaza
La justicia ya se ha pronunciado sobre el otro lado del caso. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó en una sentencia firme desde el 2 de diciembre de 2025 que la Dirección General había vulnerado el derecho a la carrera profesional del comisario y le mantenía 'en comisión de servicios de forma ilegal y contra su voluntad'.
El fallo hablaba de una 'palmaria irregularidad' y obligaba a restablecerlo como comisario principal, la categoría más alta del cuerpo. El 9 de abril de 2026, en una reunión con Santafé, este se comprometió a darle una plaza conforme a su nivel. No ocurrió: ha solicitado 44 vacantes en cinco años y ha escrito tres veces al ministro sin obtener respuesta.
También acudió al Defensor del Pueblo, que admitió la queja por reunir los requisitos. La institución no decide el fondo del conflicto, pero su admisión a trámite deja por escrito que la reclamación era formalmente atendible.
Dos causas, dos criterios y una pregunta abierta
El caso reabre un debate con recorrido en la Policía: hasta dónde llega la protección institucional a los cargos de confianza cuando ya han dejado el puesto. El criterio que separa las dos causas no es el delito, sino la repercusión pública, según las fuentes policiales citadas. La Abogacía del Estado interviene cuando el asunto se conecta con el ejercicio del cargo; cuando la imputación fue por agresión sexual, Interior retiró la asistencia de inmediato.
Como precedente inmediato está la propia sentencia del TSJM: un tribunal constató que la Dirección General mantuvo a un comisario en un puesto inferior de forma ilegal. En el plano administrativo, la vía sigue atascada, con tres escritos al ministro, una queja admitida por el Defensor del Pueblo y 44 solicitudes de plaza. Los próximos pasos dependen de dos agendas: la judicial, con las diligencias sobre el borrado del documento, y la administrativa, con una plaza que sigue sin llegar.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Interior mantiene la Abogacía del Estado al ex DAO José Ángel González en la querella de un comisario, pero se la retiró en la causa por agresión sexual.
- Por qué te importa: Afecta al uso de recursos públicos para defender a cargos imputados y a la independencia de la Policía como institución.
- A quién afecta: Al comisario principal Tomás González de la Oliva, apartado de su categoría desde 2019, y a la cúpula policial señalada por el borrado de un informe.
- Hacia dónde vamos: La causa por el informe desaparecido sigue abierta y el comisario reclama desde hace cinco años una plaza acorde a su categoría.
