Los profesores públicos de Madrid encadenan diez días de huelga indefinida y siguen sin acuerdo con la Comunidad. La negociación no arranca y el pulso con Isabel Díaz Ayuso se ha cruzado con cargas policiales y con la precampaña del 29-N.
Del 'coro rociero' a las cargas policiales
El conflicto es autonómico y eso marca quién tiene la llave. La educación pública de la región depende de la Comunidad de Madrid, así que la negociación corresponde al Ejecutivo de Ayuso y no al Gobierno central. Los docentes reclaman mejoras en la enseñanza pública y una mesa para negociarlas, y esa mesa sigue sin convocarse.
La presidenta regional no ha rebajado el tono. Esta semana los llamó 'coro rociero' y los tachó de 'violentos', después de que varios docentes aprovecharan un acto institucional para reclamarle una reunión. La concentración terminó con cargas policiales.
Días después, el colectivo respondió con una movilización en negro y el lema 'Somos docentes, no delincuentes'. El conflicto ya no es solo una discusión sobre condiciones laborales: es también una pelea por cómo se nombra a quien protesta.
Desde el Gobierno central, la portavoz Elma Saiz calificó de 'barbaridad' y de 'absolutamente irresponsable' criminalizar así al profesorado. El mismo paro se lee de forma opuesta según la institución que lo mire: no es lo mismo valorarlo desde el Ejecutivo autonómico que desde Moncloa.
Qué cambia para las familias mientras dure el paro
En medio de ese choque político está el día a día. La huelga se nota en las familias con hijos en la escuela pública: clases suspendidas, rutinas reordenadas cada mañana y servicios del centro pendientes de si el paro continúa.
Diez días de paro no han abierto una mesa de negociación: la huelga docente se ha cruzado con la protesta por la vivienda y con la precampaña electoral.
El paro es indefinido: la presión ya no se mide en horas perdidas sino en semanas de desgaste. Cada jornada sin acuerdo alarga la incertidumbre de docentes y familias, y la pelota está en el tejado autonómico, que fija las condiciones laborales del profesorado.
Alrededor del conflicto educativo hay otro más grande. La Puerta del Sol acumula casi un mes de acampada por la vivienda, un pulso que arrancó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que murió días después. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó ordenar el desalojo inmediato y el Ejecutivo regional insiste en que se desaloje.
Las dos protestas comparten calendario y adversario político, y llegan a poco más de un mes del 29-N, en plena precampaña electoral. La calle ha vuelto a marcar el compás de la política madrileña, y las instituciones reaccionan con marcos distintos.
La calle como arma: del precedente del PP a la huelga general del 11-N
No es la primera vez que una movilización condiciona la agenda. Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, el PP convocó cinco grandes protestas contra la amnistía en ocho meses, y en 2025 sumó otras dos contra la corrupción. Antes, Casado había protagonizado la foto de Colón con Ciudadanos y Vox. Entonces era la oposición quien usaba la calle; ahora son los movimientos sociales y estudiantiles quienes la ocupan.
El cambio de papeles incomoda a todos. Para el Gobierno de Sánchez, las protestas son un argumento sobre los recortes del PP y Vox, pero también señalan su propia inacción: las organizaciones por la vivienda reclaman medidas más ambiciosas después de dos legislaturas.
Para las formaciones situadas a la izquierda del PSOE, el reto es conectar con un malestar que cuestiona sus propias políticas sin que la ultraderecha lo capitalice. Vox ya vincula parte del problema de la vivienda con la inmigración y reclama 'prioridad nacional' para acceder a determinados recursos públicos.
El siguiente hito ya tiene fecha: sindicatos y movimientos sociales han convocado una huelga general para el 11 de noviembre. Entre medias, la huelga docente sigue sin mesa y el 29-N se acerca. Lo que ocurra en los colegios y en Sol en las próximas semanas será, también, material de campaña.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Los docentes públicos de Madrid llevan diez días de huelga indefinida para exigir mejoras educativas y negociar con la Comunidad. Una protesta acabó con cargas policiales.
- Por qué te importa: La educación pública es competencia autonómica: sin acuerdo en Madrid, el paro se alarga y afecta a clases, comedores y rutinas familiares.
- A quién afecta: A los docentes de la escuela pública madrileña, a las familias con hijos escolarizados y, por extensión, al conjunto del curso escolar.
- Hacia dónde vamos: No hay fecha de fin del paro. Sindicatos y movimientos sociales han convocado una huelga general para el 11 de noviembre, en plena precampaña del 29-N.
