El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha celebrado este miércoles el anuncio de la Ministra de Hacienda, María Jesus Montero, sobre la suspensión de las reglas fiscales que hace posible la utilización de los remanentes a los ayuntamientos, pero insiste en que las negociaciones con el Gobierno continúan para llegar a un acuerdo que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes.

En rueda de prensa telemática, Caballero ha valorado que se trata de una "magnífica noticia" porque significa que unos 7.800 gobiernos locales, sobre los que hay remanentes, podrán dar salida a sus ahorros que rondan los 14.000 millones de euros entre este año y durante 2021.

Así, ha explicado que la FEMP lleva demandando al Gobierno la utilización de los remanentes sin ningún límite de regla fiscal desde el año 2012 y ha incidido en que será posible porque los ayuntamientos han quedado liberados del equilibro presupuestario y del límite del techo de gasto.

No obstante, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas, según ha matizado la ministra.

Caballero ha agradecido la labor de la cartera que dirige Montero, pero ha objetado que la federación municipalista sigue negociando otras cuestiones con Hacienda como el fondo de 5.000 millones y el de transportes "de hasta 400 millones de euros" que se incluiría en un acuerdo con el Gobierno para sustituir el decreto del Ejecutivo, que fue tumbado en el Congreso el pasado 10 de septiembre. Asimismo, ha mencionado otras demandas como la liquidación de 2018, "que tiene que aprobarse este año para todos los ayuntamiento".

Según la agrupación, el reparto del fondo de 5.000 millones se haría en dos partes: el 60 por ciento, 3.000 millones, se realizarán siguiendo criterios de población, aunque no se descartan elementos correctores en base a despoblación o insularidad, y el resto, el 40 por ciento, 2.000 millones, servirían para movilizar los remanentes.

Las excavaciones del MARQ en la Illeta dels Banyets, en El Campello (Alicante), han hallado indicios de instalaciones para la conservación del pescado de la época prerromana, en la primera mitad del III a.C., con un gran número y variedad de infraestructuras productivas.

En 2021 continuarán los trabajos tras el fin de la campaña de excavaciones del museo alicantino. El paraje se posiciona así como uno de los yacimientos arqueológicos que reúne un mayor número y variedad de infraestructuras productivas de estos años.

Uno de los hallazgos más significativos es el descubrimiento de unas instalaciones anteriores a la presencia romana que apuntan a la existencia de una 'factoría' para la conservación del pescado, probablemente como salazón, antes de la época prerromana.

Esta y otras revelaciones, como un horno de brea e infraestructuras de fabricación de vino, aceite o tratamiento de esparto, sitúan a este asentamiento como referente a la hora de estudiar las técnicas aplicadas en los procesos de transformación de materias primas en la antigüedad, en particular en la época ibérica.

Queda mucho por descubrir", asegura la diputada de Cultura, Julia Parra, con el objetivo de avanzar en la investigación de este enclave único desde el punto de vista cultural y turístico.

De momento hay abierta un área amplia de unos 120 metros cuadrados de terreno con la intención de mantener las distancias por el coronavirus. La excavación deja dos grandes zonas bien delimitadas: una nueva dotada de plataformas de piedras cuadrangulares, que debían de albergar unas piletas revestidas con mortero de cal hidráulica para hacerlas impermeables, y otra de paso semejante a los callejones que hay en el yacimiento a modo de vías de servicio, encargados de comunicar las calles principales con los puntos de producción.

La segunda fase del proyecto de investigación 'Excavación del barrio suroeste del asentamiento púnico de la Illeta dels Banyets' forma parte del plan de excavaciones del Museo Arqueológico de Alicante y se desarrolló entre el 31 de agosto y este miércoles.

En la campaña, dirigida por Manuel Olcina y Adoración Martínez, con Rafael Pérez como responsable de la Conservación, participaron tres operarios especializados en arqueología, encargados del acondicionamiento del terreno y del apoyo a la excavación.

Siete voluntarios, graduados y estudiantes de Arqueología, practicaron en el terreno al tiempo que se familiarizaban con las tareas de documentación arqueológica en campo y con el trabajo de laboratorio.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez "solo acierta cuando rectifica" y hace "caso al Partido Popular", después de que Hacienda haya anunciado que suspende las reglas fiscales y permitirá endeudarse a los ayuntamientos y comunidades en 2020 y 2021.

En concreto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha realizado este anuncio tras comunicar la Comisión Europea que extiende para el próximo año también la autorización a los Estados miembros de no estar sometidas a los objetivos de déficit, deuda y gasto público. Ha justificado esta decisión en facilitar a todas las administraciones la "capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicios de los ciudadanos" tras la crisis provocada por el Covid-19.

"Como siempre solo aciertan cuando rectifican y hacen caso al Partido Popular", ha afirmado el responsable de Política Territorial del PP y exalcalde de Boadilla (Madrid), en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Eso sí, Terol ha subrayado que el PP sigue "exigiendo un fondo de 5.000 millones de euros incondicionados para los ayuntamientos y otro de 1.000 millones para el transporte urbano". "Siga rectificando señor Sánchez", ha enfatizado.

También el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, que ha calificado de "magnifica noticia" la liberación de los ayuntamientos, ha insistido en que las negociaciones con el Gobierno continúan para llegar a un acuerdo que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes.

ELVIRA RODRÍGUEZ ALERTA CONTRA LAS "ALEGRÍAS GASTADORAS"

Desde el PP también se ha pronunciado la vicesecretaria de Sectorial y exministra, Elvira Rodríguez, quien ha celebrado como "buena noticia" el desbloqueo los remanentes, si bien ha dicho que considera una "excusa" que se haga por la prórroga de la cláusula de salvaguarda.

Además, Rodríguez ha alertado contra "alegrías gastadoras que llevan a recortes". "Vamos a salir de la crisis ( no se sabe cuando) con una deuda pública insostenible que va a hipotecar a las generaciones presentes y futuras. Ya está bien de alardear de gasto público", ha avisado.

El escritor Sergio Vila-Sanjuán ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural, dotado con 20.000 euros, tal y como ha anunciado el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

El ministro ha telefoneado a Vila-Sanjuan, para comunicarle la concesión del premio y explicarle que el fallo del jurado "valora toda una carrera dedicada a la cultura y a la comunicación cultural".

El jurado ha destacado también su labor como coordinador del suplemento cultural 'Cultura/s de La Vanguardia', donde ha desarrollado "una amplia reflexión sobre la cultura y el periodismo cultural en todas sus facetas, con una visión diversa e integradora". Asimismo también ha destacado su "vocación de maestro de periodistas y su trabajo como autor de ensayos sobre el medio cultural".

El Ministerio de Cultura y Deporte reconoce con este premio la trayectoria periodística en el ámbito de la cultura desarrollada por una persona física española cuya actividad está dedicada a la información cultural sea cual sea la lengua o lenguas del Estado utilizadas en el desarrollo de su labor.

Vila-Sanjuán (Barcelona, 1957) es periodista cultural, escritor y director del suplemento 'Cultura/s de La Vanguardia'. Se dedica al periodismo cultural desde 1977 y es autor de más de dos mil artículos, textos y reportajes sobre temas de literatura y edición, en los que se ha especializado, así como de pensamiento y artes.

Ha publicado o dirigido una decena de libros sobre estas cuestiones y ha participado en espacios de televisión y ha dirigido ciclos de conferencias y programas de difusión cultural. Entre esos títulos, 'El síndrome de Frankurt' (RBA, 2007) y 'Código best seller' (Temas de Hoy, 2011).

Responsable de los sucesivos suplementos literarios de La Vanguardia desde 1993, fue director del suplemento Libros y Arte (1993-2002), coordinador del suplemento Cultura/s (2002-2015), y director del Cultura/s desde el 2015 hasta hoy. En este periodo ha editado o supervisado más de 1.300 cuadernillos de contenidos estrictamente culturales.

Desde 1999 es profesor en distintos cursos de periodismo de la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona/Columbia University. Durante ocho años formó parte del jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

JURADO

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura y actuando como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Asimismo, ha estado formado por: José María Merino Sánchez, por la Real Academia Española; Ana Isabel Boullón Agrelo, por la Real Academia Gallega/Real Academia Galega; Urko Aristi Urdampilleta, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Mercè Piqueras Carrasco, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; Emilio Pascual Martín, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Rosa Mora Pous, por la Asociación de Periodistas Culturales de Cataluña; María de la Concepción Barrigós Vicente, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Atocha Aguinaga Martínez, por la Asociación de Revistas Culturales Españolas (ARCE); Humberto Hernández Hernández, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Javier Algarra Bonet, por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España; María Ángeles López Fernández Cao, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; Daniel Rodríguez Gascón, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte y Ángel Francisco Quintela González, autor galardonado en la convocatoria de 2019.

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha recordado este miércoles que la sustitución del ya expresidente de la Generalitat Quim Torra por el vicepresidente, Pere Aragonès, quedará "sin efecto" si el Tribunal Constitucional (TC) suspende de forma cautelar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre su inhabilitación.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al primer Consell Executiu que se ha celebrado sin la presencia de Torra, después de que el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) haya publicado el decreto de sustitución, que se ha tirado adelante pese a que el Gobierno no ha publicado el cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para Budó, el cese debería haberse publicado en el BOE porque permitiría dar "la máxima seguridad y las máximas garantías jurídicas" a dicha situación, y por ello lo reclamaron a La Moncloa, que les respondió que no era un paso obligatorio.

"Deben tener sus razones para no publicarlo", ha sostenido la también consellera de Presidencia en funciones, que ha negado que hayan actuado con prisa a la hora de activar el proceso de sustitución, en el que han incluido la disposición final relativa al TC.

"ITINERARIO LEGAL"

Así, ha defendido que han seguido el "itinerario legal" previsto a la hora de afrontar la situación provocada por el fallo del Supremo, y por ello han aprobado un decreto de sustitución que ha sido firmado por todos los consellers en funciones del Govern.

Lo han firmado todos los consellers para remarcar la excepcionalidad de la decisión en un momento en que las instituciones catalanas son víctimas, una vez más, de una persecución política y de represión", ha lamentado Budó, que ha confiado en que los tribunales europeos darán la razón a Torra.

Además de constatar que en la reunión del Consell Executiu no se ha ocupado la silla de Torra "en señal de respeto y solidaridad", y que no lo harán durante el resto de la legislatura, ha asegurado que el principal cambio que han notado es su ausencia.

Sin embargo, ha dejado claro que "no ha habido un cambio de presidente ni ninguna investidura", y que a Aragonès le ha tocado asumir funciones del presidente en una situación de temporalidad, ha dicho, hasta que se celebren elecciones.

También ha negado que con Aragonès haya habido un cambio de tendencia: "La represión ha inhabilitado al presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión. El presidente no ha podido presidir el Consell Executiu como ha hecho desde que es presidente. Todos los miembros del Govern hemos dado continuidad como hacíamos cuando él estaba".

Los peritos psicólogos que han declarado este miércoles en el juicio contra un entrenador de taekwondo acusado de abusar sexualmente de una de sus alumnas en Vigo, han avalado la versión de la víctima, otorgando credibilidad a su relato de los hechos y han descartado que la niña los hubiera "malinterpretado".

En el juicio que se sigue contra este hombre, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (sede en Vigo), el psicólogo del Imelga que examinó a la niña, de 15 años de edad, ha explicado que el relato de la menor tenía "coherencia" y "verosimilitud", y que "su vivencia era la de haber sufrido un abuso sexual", con signos de un trastorno de estrés postraumático.

Este psicólogo ha descartado que la víctima hubiera "malinterpretado" lo que el acusado definió como "trabajos corporales" para mejorar la expresividad de la niña en su desempeño en el taekwondo acrobático. Así mismo, ha señalado que la menor no manifestó rencor hacia el acusado, "al contrario, tenía confianza en él".

En la misma línea, la psicóloga con la que la niña hizo terapia también ha declarado que la versión que la menor dio de los hechos no era producto de la "fabulación", y ha destacado que la víctima manifestó "primero sorpresa, luego rabia y dolor", porque su entrenador "era Dios en su comunidad, se hacía lo que él decía y nadie lo cuestionaba, ni los niños ni las familias". "Era alguien a quien ella quería y respetaba, y el taekwondo era su vida", ha apuntado.

Esta perito ha señalado que, en las sucesivas sesiones con la niña, ella le relató los hechos y los abusos, "y comentó que había sentido asco". A raíz de lo sucedido, ha explicado, la menor tuvo problemas de concentración, pesadillas y vio su vida social afectada, porque "se vio sin nadie que la apoyara, ni sus compañeros del club ni las familias".

Finalmente, ha precisado que entra dentro de lo habitual en este tipo de agresiones que la víctima intente hacer "vida normal" y no exprese emociones tras lo ocurrido. "Es un mecanismo de negación cuando el abuso viene de alguien cercano", ha indicado, y ha apuntado que los hechos han tenido "efecto en toda la familia" de la víctima.

ABUSO ACREDITADO

En la presentación de los informes finales, tanto la Fiscalía como la acusación particular han defendido que el abuso sexual ha quedado acreditado, y que el testimonio de la víctima, junto con otras evidencias y pericias, son pruebas suficientes para condenar al procesado.

Así, la Fiscal ha señalado que el relato de la niña sobre los tocamientos (en los pechos y en la vagina) de su entrenador es veraz, y que él mismo reconoció esos "trabajos corporales" y el interrogatorio a la niña sobre su vida sexual, aunque quiso justificar que lo hacía para mejorar su expresividad y ayudarla en su desarrollo deportivo.

"A una niña de 15 años no hay derecho a tocarle los pezones, así quieras que salte más alto o que tenga una expresividad bárbara", ha proclamado la representante del ministerio público.

Del mismo modo, la acusación particular también ha mantenido sus conclusiones, y ha subrayado que la víctima no actuó por animadversión hacia el acusado, al que "siempre defendía". Además, la niña "siempre ha declarado lo mismo" sobre los hechos y, según ha subrayado la letrada, "no hace falta saber de deporte para darse cuenta de que el acusado quería ocultar unos tocamientos no consentidos bajo la apariencia de un trabajo de expresión corporal.

VÍCTIMA "INDUCIDA"

Por su parte, la defensa del acusado ha argumentado que la víctima "miente" y que su denuncia fue "inducida" por dos compañeros del club, ambos con mala relación con el entrenador, y que quisieron utilizarla para ejecutar una "venganza".

Así, este abogado ha incidido en que "no pasó nada de lo que la víctima dice que pasó" en unas clases particulares en casa del entrenador y que, si hubiera sido así, la menor no habría continuado esas clases tras un primer abuso. "Los trabajos que hizo el acusado no son más que ejercicios para mejorar la expresividad, y las preguntas sexuales, eran porque la madurez personal repercute en un deportista", ha precisado.

La defensa ha señalado también que el ambiente del club, entre los deportistas y también entre las familias, era de competitividad y que eso "generó envidias". En ese contexto, ha subrayado, había dos jóvenes que estaban enfrentados al entrenador y vieron en estos supuestos hechos una oportunidad para ejecutar su venganza. "Es todo un conflicto de competitividad y rivalidades (...), hay personas que incitan, promueven, y meten en un lío al acusado", ha recalcado.

Este letrado ha pedido la libre absolución para su patrocinado y, en caso de que sea condenado, que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño (el procesado ya consignó 10.000 euros para eventual responsabilidad civil) y dilaciones indebidas.

Por contra, las acusaciones han mantenido su petición de condena. La Fiscalía reclama para este hombre una pena de 5 años de cárcel, así como la prohibición de acercarse a la víctima durante 8 años, e inhabilitación para ejercer profesión relacionada con menores durante el mismo período, al tiempo que solicita que la indemnice en 6.000 euros por los daños morales.

Diferentes gobiernos autonómicos como el del País Vasco, Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana han mostrado su malestar por el acuerdo que alcanzaron anoche el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para seguir criterios concretos a la hora de tomar medidas de confinamiento, porque consideran que se trata de un pacto "bilateral" entre dos administraciones a la hora de establecer restricciones en toda España.

El Gobierno central y la Administración madrileña lograron en la tarde de este martes un principio de acuerdo en el que se proponía que para los municipios por encima de los 100.000 habitantes se establezca un criterio homogéneo para aplicar restricciones tanto en la autonomía como en el resto de España.

Eso sí, la aplicación efectiva de estos criterios queda a expensas de que se aprueben en la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra en la tarde de este miércoles, y en la que los gobiernos autonómicos conocerán los detalles concretos de este acuerdo entre el Ejecutivo central y Madrid.

El acuerdo ha provocado la reacción inmediata de presidentes autonómicos como Íñigo Urkullu, quién ha criticado que el pacto se haya tomado de manera bilateral entre ambos gobiernos y no sin antes haber consultado al resto de autonomías a través del Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne este miércoles para ratificar dichas medidas.

En términos parecidos se expresó el líder asturiano, Adrián Barbón, que lamentó a través de un mensaje en su perfil de Twitter el pacto entre ambas administraciones para endurecer en toda España las medidas en la lucha contra el COVID-19. Además, cargó contra las "excusas" de Isabel Díaz Ayuso para no actuar en la región madrileña porque considera que se pusieron en peligro "la salud" de la ciudadanía.

"UN 155 PARA TODA ESPAÑA"

Desde Cataluña también se han mostrado muy críticos con este acuerdo. La Generalitat, a través de la consejera de Salud y de la consejera de la Presidencia, ha cargado duramente contra el pacto y ha insistido en su autonomía para tomar medidas que controlen la transmisión del Covid-19.

También se han pronunciado algunos políticos de esa región como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quién ha asegurado que este acuerdo se trata de un "155 para toda España". Por su parte, desde Junts se preguntan que diría el PP si el Gobierno central hubiera pactado con Cataluña, en vez de con el Ejecutivo madrileño.

Otro gobierno autonómico que se ha quejado del acuerdo es el de Andalucía, que a través de su consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha destacado que su comunidad "lo que no va a pactar son las condiciones para Andalucía en ciudades de más de 100.000 habitantes", sino que eso deberá acordarse entre Junta y Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha reaccionado al acuerdo cargando contra Isabel Díaz Ayuso. "No puede ser que pidamos autonomía y capacidad de decidir cuando las cosas pueden ir bien y, cuando hay que tomar decisiones más difíciles, recurramos a otros para cubrir nuestras decisiones", ha subrayado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

En términos parecidos se ha expresado el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig: "Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de la gestión de la pandemia. No obstante, ha apuntado que quieren conocer "en profundidad" la propuesta porque solamente saben lo publicado en los medios de comunicación.

DEFIENDEN QUE NO TIENEN LA MISMA INCIDENCIA QUE MADRID

La presidenta de Navarra, María Chivite, que se expresó antes de conocerse el acuerdo, quiso desvincular la situación epidemiológica de Madrid con la de la Comunidad Foral. Así, reconoció que Navarra presenta "muchos casos" de COVID-19, aunque ha sostenido que la situación en su territorio "no es comparable a la que tiene Madrid".

"Nosotros comunicamos todos los casos de manera diaria, no tenemos la tasa de ocupación hospitalaria que tiene Madrid, hacemos el doble de la media nacional en rastreo, y tenemos una tasa de positividad bastante controlada, por debajo de la media. Por lo tanto, tenemos muchos casos positivos pero tenemos una situación controlada y no nos tiembla la mano en tomar las decisiones que tengamos que tomar", ha afirmado la jefa del Ejecutivo foral.

Quién sí se ha expresado una vez conocido el acuerdo ha sido el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quién cree que este acuerdo "se circunscribe a Madrid" y se ha remitido a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este mismo miércoles para que se pueda concretar un posible acuerdo que afecte al conjunto nacional.

Por su parte, desde Extremadura, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha pedido "unidad de acción" entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas a la hora de tomar decisiones para paliar los efectos de la pandemia, y ha pedido criterios igualitarios y parámetros generales para todo el territorio español, así como que se eviten "encontronazos" entre los gobiernos.

Eso sí, antes de que se conociera el acuerdo entre Madrid y Gobierno central, Vergeles aseguraba que no se puede tomar "solo" como referencia la incidencia acumulada de casos para confinar determinadas zonas de Madrid porque con esos mismos parámetros, "se tendría que cerrar media Extremadura".

PAGE, EL ÚNICO QUE SE HA PRONUNCIADO A FAVOR

Quién sí se ha mostrado acreedor del acuerdo ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha sido el único que se ha pronunciado a favor porque considera que es "bueno" para las partes. "Estamos básicamente de acuerdo con lo que han acordado", ha añadido.

García-Page ha indicado que, independientemente del "ruido" que hay en España, la gestión cotidiana funciona "infinitamente mejor" de lo que pudiera parecer. "Al final, las direcciones generales de Salud Pública de todas las consejerías y el Ministerio mantenemos una coordinación que funciona", ha apuntado.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, (Cs) ha asegurado que el preacuerdo con el Gobierno central que se alcanzó este martes por la tarde emanó de la Consejería de Sanidad (PP) y espera que se logre cerrar esta tarde en el Consejo Interterritorial.

"Es Sanidad la que manda, aquí nadie interfiere en las decisiones que toma la Consejería de Sanidad porque son ellos los que mejor saben lo que procede en cada momento y, además, tiene encomendada la función de garantizar la salud de todos los madrileños.

Todas las decisiones en materia sanitaria nacen en Sanidad y todas se proponen en Sanidad y nosotros lo que hacemos es validarla", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así se ha pronunciado al ser preguntado por si había unanimidad en el Ejecutivo madrileño a la hora de trasladar la propuesta de ayer al Ministerio de Sanidad, después de que fuentes del entorno de Presidencia negasen que se hubiese llegado a un preacuerdo e indicasen que ambas administraciones solo se habían comprometido a seguir negociando.

Aguado ha celebrado que ayer se dio "un paso importante en materia de coordinación, colaboración y unidad" para intentar hacer frente al virus, más allá de "rifirrafes". El vicepresidente espera que se cierre por completo el preacuerdo esta tarde, porque de él dependen "las medidas y decisiones de las próximas semanas".

Creo que es bueno que nos entendamos, que haya criterios homogéneos, que la Comunidad de Madrid sea capaz de transmitir la especialidad de nuestra realidad como región y que entre todos seamos capaces de aunar esfuerzos", ha declarado.

El vicepresidente, que no ha querido comentar aún el borrador que se ha conocido de la propuesta que llevará el Gobierno al Interterritorial, ha indicado que será la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, "la que marque los plazos" y publique la orden que daría vigencia a la decisiones que allí se adopten.

La Gomera conmemora este miércoles el décimo primer aniversario de la declaración del Silbo Gomero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue el 30 de septiembre de 2009 cuando la Unesco concedió este reconocimiento al lenguaje silbado, aportándole un valor universal, contribuyendo así a su conservación y divulgación.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, aludió al esfuerzo realizado desde los silbadores, las universidades canarias y la sociedad gomera para garantizar la conservación y el traspaso generacional de este lenguaje: "Se ha logrado un alto nivel de protección gracias al compromiso de estos colectivos y entidades". Además, hizo hincapié en la identidad del Silbo Gomero y recordó que es este lenguaje "el que se silba en otros puntos de Canarias".

El vídeo muestra el testimonio del miembro de la Comisión Técnica del Silbo Gomero y maestro silbador, Rogelio Botanz, quien durante años ha contribuido en la investigación sobre este lenguaje, que para él supone una de las mayores expresiones comunicativas del ser humano, y que ahora es patrimonio de todos. "La declaración de la Unesco abrió la puerta a la consideración del Silbo Gomero como un lenguaje universal. Este lenguaje silbado ha dicho aquí estuve, aquí estoy y aquí me voy a quedar para seguir creciendo", afirmó.

Botanz recordó los inicios del lenguaje silbado en los centros escolares con palabras de agradecimiento hacia Isidro Ortiz y el fallecido, Lino Rodríguez. "En aquel momento se proclamó que entraba a la escuela o se moría, y gracias al empeño de ellos, junto a la unión de asociaciones de padres y otros colectivos se logró un proceso hermoso, a la vez que revolucionario".

Ante la situación sanitaria y las limitaciones en la celebración de eventos, la Consejería Cultural del Cabildo promueve la campaña #soysilbogomero con la que las redes sociales se han llenado de vídeos de silbadores y personas que saben articular este lenguaje. "Hemos querido llevar hasta estas plataformas el Silbo Gomero para que en estos días sea el escenario de su expresión", afirmó la titular insular, Rosa Elena García.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado este miércoles su posición sobre el principio de acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, en el que se propone que para los municipios por encima de los 100.000 habitantes se establezca un criterio homogéneo para aplicar restricciones tanto en la autonomía como en el resto de España. "Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de la gestión de la pandemia", ha advertido, para afirmar que su "liderazgo "no es lo más pertinente" y repetir en varias ocasiones que "no es el modelo".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras la inauguración en Valencia del 22 Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas, al ser preguntado por cómo valora la Generalitat Valenciana este hecho y si está de acuerdo con él. Puig ha apuntado, no obstante, que quieren conocer "en profundidad" la propuesta porque solamente saben lo publicado en los medios de comunicación.

En esta línea, el también secretario general del PSPV ha indicado que la Generalitat siempre ha estado a favor desde el principio de cualquier "medida homogeneizadora que dé criterios de objetividad" porque "son parámetros objetivables que después tienen que ser aterrizados con la realidad de cada territorio".

En cualquier caso, ha sostenido que Madrid "no es el modelo. A su juicio, "está bien que haya una relación bilateral" pero ha hecho hincapié en que "donde se debe decidir es en espacios multilaterales y ahí nuestra posición va a ser siempre razonable", en referencia al Consejo Interterritorial de Salud.

Al respecto, preguntado por qué le parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya conseguido exportar su modelo a otras ciudades, ha defendido que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ha registrado en los últimos diete días el nivel más bajo de contagios y la menor incidencia en el conjunto de España en los últimos 14.

Si bien ha admitido que esto "no es para exhibir ningún tipo de triunfalismo porque podemos tener problemas en cualquier momento", ha insistido en que "lo que está claro es que el modelo de Madrid no nos sirve". "Con toda claridad digo que Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de lo que ha sido la gestión de la pandemia. Respeto absolutamente sus decisiones y su vía, pero la vía valenciana no tiene absolutamente nada que ver con la de Madrid", ha insistido.

En esta línea, ha considerado que es un "camino adecuado" todo lo que se pueda hacer "de manera común y que podamos coparticipar y corresponsabilizarnos". "Lo hemos hecho durante este tiempo con el estado de alarma" y después, ha defendido Puig, quien ha sostenido que es "visión de cogobernanza" impulsada por el Gobierno de "España es "positiva" pero, al mismo tiempo, ha reiterado que Madrid no es el "ejemplo" ni "modelo" de gestión de la crisis sanitaria.

El Ministerio del Interior ha comenzado la identificación de los 100 tramos de carretera convencional más peligrosos para los motoristas, mediante la instalación de una señal vertical que se coloca al inicio del tramo y que informa del número de motoristas accidentados (fallecidos y heridos) registrados en los últimos 5 años.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha explicado que, cada año, se realizará el cálculo de las víctimas y de cada tramo y se actualizará los datos de las señales.

El ministro ha estado acompañado por el cuatro veces campeón del mundo en motociclismo Jorge Martínez Aspar, por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y por el director general de Tráfico, Pere Navarro.

En el acto, celebrado en la sede de la DGT en Madrid, Marlaska ha indicado que los 100 tramos identificados por su peligrosidad están repartidos por carreteras de todo el territorio nacional en el que la DGT tiene competencias y tienen una longitud aproximada de 2 kilómetros. Además, han sido seleccionados en base a criterios de sinuosidad del tramo, así como la accidentalidad del mismo en los últimos 5 años.

"Los datos de siniestralidad de motoristas nos dan una idea de la magnitud del problema al que nos enfrentamos, pero también nos indican el camino que tenemos que seguir", ha afirmado Grande-Marlaska en su intervención.

Asimismo, el ministro ha explicado que "ante un problema en seguridad vial, lo primero que hay que hacer es informar y concienciar al usuario y luego vigilar y controlar el cumplimiento de las normas que le afectan". Grande-Marlaska ha informado de que el listado de todos los tramos se puede consultar en la página web de la DGT.

El titular de Interior ha detallado que la primera de estas señales se ha instalado en el punto kilométrico 3,4 de la carretera M-131 en la Comunidad de Madrid, y que el proceso se completará conforme vayan llegando las autorizaciones de los titulares de las carreteras. Está previsto que culmine antes de la próxima Semana Santa.

Por su parte, Pere Navarro ha afirmado que este "es un proyecto único en Europa", al que se ha puesto "especial ilusión" por parte de los funcionarios de la DGT, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).

Además de esta medida, se estudiará, junto con los titulares de la vía, posibles mejoras de diseño en la infraestructura y, en coordinación con las jefaturas provinciales de Tráfico, se intensificará la vigilancia y control por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la unidad de medios aéreos de la DGT, para el cumplimiento de las normas de seguridad en lo referido a límites de velocidad y maniobras antirreglamentarias.

Durante su intervención, el ministro ha defendido la necesidad de adoptar estas medidas por los datos de siniestralidad. Así, ha detallado que en el año 2019 fallecieron 466 motociclistas, 45 más que el año anterior (+11%). También ha destacado que, desde el año 2014, en que fallecieron 340 motoristas, ha habido un crecimiento continuo.

Al mismo tiempo, Grande-Marlaska ha puesto de relieve España hay un parque de 5,5 millones de motos y ciclomotores, lo que suponen el 19% del parque de vehículos, mientras que los motociclistas son el 27% de fallecidos por accidente de tráfico.

Según los datos de Interior, más de uno de cada cuatro fallecidos por accidente de tráfico iba en moto, y el 76% de los motoristas fallecidos en carretera han sido vías secundarias (220 motoristas fallecidos).

Otros datos significativos son que el 63% de los fallecidos fueron en un accidente ocurrido en fin de semana (138 fallecidos); el 47% (104 personas) fueron por salida de la vía, siendo ésta la causa más frecuente; y el 21% fueron por choque frontal con 47 fallecidos.

Del mismo modo, Interior ha destacado que más de la mitad de los fallecidos en convencional (153), conducían motos de alta cilindrada, más de 500 cc; 125 tenían una antigüedad del permiso de 10 años o más; y 124 conducían una motocicleta de 10 años o más. La franja de edad que concentra más fallecidos es entre 35 y 44 años con 60 fallecidos.

USO OBLIGATORIO DE GUANTES

En este contexto, el ministro ha añadido que también se está trabajando en la reforma del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables y para este colectivo, se está estudiando, entre otros aspectos, la obligatoriedad del uso de guantes y la recomendación del uso del airbag para motoristas en las motos de alta cilindrada en la carretera.

Por su parte, Martínez Aspar ha afirmado que la señalización de los tramos es una medida positiva, que espera que ayude a reducir la accidentalidad. También ha hecho un llamamiento a los motoristas para que extremen la responsabilidad en la conducción.

"En la carretera no se pueden realizar comportamientos peligrosos. Quien quiera correr, que vaya a un circuito que es el lugar preparado expresamente para ello, pero en la carretera es muy importante cumplir las normas y nunca arriesgar", ha zanjado.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha apuntado a la posibilidad de que este viernes se vuelvan a prorrogar las medidas restrictivas en el conjunto de la Comunidad foral debido a la situación sanitaria.

Medidas que establecen, entre otras, la reducción a seis personas en reuniones privadas, la limitación del consumo en barra en la hostelería hasta las 12 horas, y la prohibición de la venta de alcohol a partir de las 22 horas excepto en los establecimientos hosteleros.

Preguntado sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha explicado que "la situación ahora quizás nos haga ver que tenemos que continuar con esas medidas que se están demostrando como prudentes, adecuadas y positivas".

No obstante, ha señalado que será una cuestión que se decidirá este viernes y se ha remitido, igualmente, al Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles en el que se abordarán las medidas a aplicar en el conjunto del país con respecto a la pandemia.

Remírez ha destacado que "es la hora de la prudencia" y se ha mostrado convencido de que estas medidas "están funcionando con algunos datos esperanzadores que estamos viendo en la reducción del número de positivos o en la estabilización tendiendo a la reducción, el descenso de la tasa de positivos sobre las pruebas realizas" o la reducción de casos positivos en Peralta, localidad confinada.

"Creemos que es una línea adecuada y que vale la pena ser prudente; porque si algo nos han enseñado estas últimas semanas desde el mes de junio es que quizás la prudencia es ahora mismo lo que más hay que valorar", ha remarcado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido este miércoles que no comparte las críticas vertidas el pasado viernes por el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el titular de Consumo, Alberto Garzón, contra el Rey pero ha recalcado que defenderá "hasta la última gota" el derecho a la libertad de expresión de sus compañeros. "Todas la ideas son respetables", ha dicho.

De esta forma ha respondido a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, quien en la interpelación que le ha dirigido en el Pleno del Congreso le ha preguntado su opinión sobre esos "ataques" de Iglesias y Garzón contra el Jefe del Estado, al que acusaron de estar "maniobrando" contra el Gobierno y de quien cuestionaron su neutralidad política.

Ambos vertieron estas críticas después de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, desvelara que el Rey le había llamado para trasladarle que le hubiera gustado acudir a la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona, una presencia que el Gobierno le vetó.

En su respuesta, Campo ha reconocido que no comparte las palabras de Iglesias y Garzón pero ha subrayado que defenderá siempre el derecho de cada español a defender su libertad de expresión. "La palabra lo sostiene todo y las ideas son todas respetables", ha señalado.

DEJEN DE CONFRONTAR AL REY CON EL GOBIERNO

El ministro ha insistido en que la ausencia de Felipe VI del citado acto en Barcelona no es más que "una valoración de agenda" para advertir al PP de que no le va a tolerar que ponga en cuestión el respeto del Gobierno por la Monarquía.

"Flaco favor hacen al Rey y a su neutralidad constitucional intentando confrontar la Jefatura del Estado con el Ejecutivo", ha soltado Campo, antes de llamar al primer partido de la oposición a ejercer la "lealtad" al Jefe del Estado que invocan dejando de poner "el grito en el cielo por un tema de agenda". "No busquen confrontación de este Gobierno con la Monarquía porque no la van a encontrar", ha apostillado.

De esta forma se defendía el titular de Justicia de las críticas de la portavoz popular, quien le ha afeado que haya justificado el veto "arbitrario" al Rey en Barcelona en la necesidad de "velar por la convivencia", una decisión que, a su juicio, muestra a un Gobierno dispuesto a "abusar" de sus prerrogativas constitucionales en su "cortejo" a los partidos independentistas.

El debate de esta interpelación dará lugar dentro de dos semana a la votación en el Pleno de la Cámara de la consiguiente moción en la que el PP pedirá la reprobación de Iglesias.

Gamarra ha acusado al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, de haberse convertido en "rehenes" de los "enemigos de España" y de estar promoviendo una "grave" crisis política e institucional al tratar de "controlar" el Poder Judicial, de "entregar" el Estado de Derecho a Bildu y los independentistas y de "revisar" el modelo de convivencia en España.

"USTED SÍ QUE SE HA PASADO TRES MONTAÑAS"

Singularmente, ha cuestionado que los últimos anuncio de Campo referidos a la tramitación de los indultos a los presos del procés y a la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y ha aprovechado para censurar una vez más la mesa de diálogo abierta con el Govern catalán y cuyo único orden del día es, según sus palabras, "la destrucción de la integridad territorial". "Usted sí que se ha pasado tres montañas, las montañas del imperio de la ley", ha apuntado Gamarra, antes de preguntarse dónde está el PSOE de la Transición.

El ministro ha replicado cuestionando que el PP presuma de compromiso con la Constitución cuando están bloqueando la renovación de órganos constitucionales como el CGPJ y le ha recriminado su "obsesión" por seguir tirando Cataluña "a la cabeza del Gobierno".

En concreto, frente a las críticas del primer partido de la oposición por el inicio de la tramitación de los indultos a los preso del 'procés', Campo ha subrayado que su Ministerio se ajusta "con nitidez" a la ley y que su "obligación" es estudiar las peticiones de perdón que recibe, por lo que ha pedido al PP que deje de sembrar dudas "desaforadas" en este sentido.

Y sobre su voluntad de reformar los delitos de sedición en el Código Penal ha puntualizado que lo que buscan es mejorar un artículo "que arrastra casi 200 años" al contexto social actual para responder "con proporcionalidad" a los "ataques" a la convivencia.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles de forma definitiva y por unanimidad el proyecto de ley que suspende la apertura de nuevos locales de juegos y apuestas, casinos y bingos en Canarias hasta el 31 de diciembre de 2021, plazo que marca la Cámara para reformar la ley del juego de las islas.

No obstante, los grupos de la oposición -CC, PP y Cs- se han desmarcado de la retroactividad de la norma, que fija su inicio el 6 de marzo de 2020, en una votación que se realizó hasta en tres ocasiones.

El proyecto de ley también implica que se amplía la Comisión del Juego y las Apuestas para potenciar aspectos sanitarios y educativos con la inclusión de representantes de entidades que luchan contra las adicciones y la creación de un registro del juego que impide la entrada a los locales de personas que lo tengan prohibido por adicciones.

Ricardo Fernández (Cs) ha tildado de "error" fijar la retroactividad pero ha valorado que la ley sirva para "controlar" la ludopatía y proteger a los menores.

Melodie Mendoza (ASG) ha señalado que la ley "es un paso adelante" porque la ludopatía está creciendo en Canarias y especialmente a los jóvenes se les "bombardea" para que consuman y además, con "rostros conocidos" como reclamo.

No obstante, ha valorado que el Gobierno regional va a hacer campañas de concienciación y advertido de que siguiente reto es la regulación del juego on line.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha destacado que la nueva ley acaba con la "barra libre" que había en el subsector, pues bastaba una declaración responsable para abrir el negocio, lo que generó una "proliferación" de estos locales en todo el archipiélago --51 solo el año pasado--.

Ha advertido de las "adicciones" y "dramas familiares" asociados al juego y pedido alternativas de ocio ante la generalización de los bingos en centros cívicos y asociaciones de vecinos.

Carmen Hernández (NC) ha resaltado su "satisfacción" por que el Paralamento vaya en paralelo a la "demanda de la calle" pues muchos locales de apuestan crecen "en barrios donde la pobreza campa a sus anchas".

EL PRÓXIMO RETO: JUEGO ONLINE

Asimismo, ha incidido en que el juego "es una amenaza seria para la salud", por lo que espera una próxima reforma de la ley del juego de Canarias y que se asume el "próximo reto", el juego online, también vinculado a los videojuegos, pues algunos, caso del 'Fortnite', ya empiezan a pedir dinero real para mejorar la calidad del juego, "una forma soterrada de adicción.

Luz Reverón (PP) ha dicho que las apuestas son "la heroína del siglo XXI", que se agravan con el juego online, mientras que Jana González (CC-PNC) también ha instado al Ejecutivo a "plantar cara" al juego digital y lidere las campañas contra las adicciones.

Matilde Fleitas, del Grupo Socialista, ha tildado de "paradójico" que los grupos que la pasada Legislatura intentaron introducir los 'esports' en los centros educativos ahora quieran "proteger" a los menores y se ha preguntado qué intereses tiene la oposición en oponerse a la retoractividad.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido de forma contundente este miércoles al bloqueo institucional que mantiene a este órgano sin renovar desde diciembre de 2018 por falta de acuerdo político, y lo ha hecho realizando seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo: los de tres Presidencias (de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, lo Social y lo Militar) y los de tres vacantes en la Sala de lo Penal.

Los nombramientos se han producido además con un rotundo consenso entre los sectores conservador y progresista de ese órgano, de modo que todas las designaciones se han hecho con un elevado número de apoyos.

La actividad de nombramientos del CGPJ se ha reactivado después de que en el último Pleno, el del mes de julio, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ordenara retirar del orden de día los referidos a la Sala Segunda (de lo Penal), dada la inminencia de un acuerdo parlamentario que hubiera permitido la renovación y que finalmente no se produjo.

Desde entonces se ha recrudecido el enfrentamiento político y mientras el PSOE acusa al PP de no cumplir la Constitución éstos responden que no pueden respaldar acuerdos con un Gobierno de coalición con Podemos, al que califican de "antisistema".

Así las cosas, el órgano de Gobierno de los jueces ha dado hoy un puñetazo sobre la mesa y ha acordado seis nombramientos que se han negociado en bloque, logrando un equilibrio entre los perfiles de los nuevos magistrados que acceden a sus cargos.

Las votaciones se han sucedido después de que el vocal y exdiputado Álvaro Cuesta, designado a propuesta del PSOE, propusiera retirar del orden del día los nombramientos previstos.

Su petición ha sido secundada por dos de los veinte miembros del Pleno restantes, Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU y Pilar Sepúlveda, también designada con el apoyo del PSOE. Cuesta y Sáez han anunciado la formulación de voto particular.

Sin embargo, el Pleno ha acordado retirar del orden del día, con el objetivo de alcanzar consensos lo más amplios posibles, los puntos relativos a la provisión de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Audiencia Provincial de Ourense, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

MARCHENA FUE NOMBRADO CON UN CGPJ EN FUNCIONES

Fuentes del CGPJ han señalado a Europa Press que no se les puede reprochar que estos puestos claves se hayan designado en funciones, ya que no lo impide ningún precepto legal y además no es la primera vez que ocurre.

De hecho, en el Consejo en el que ocupaba una vocalía el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, realizó nombramientos en funciones de la importancia de la Presidencia de lo Penal, que logró Manuel Marchena en enero de 2007.

NUEVOS MAGISTRADOS

Por lo que respecta a la Sala de lo Penal, entran el conservador Ángel Hurtado y los progresistas Javier Hernández y Leopoldo Puente como nuevos miembros de la Sala de lo Penal. Todos ellos han recibido 19 votos a favor y dos vocales han votado en blanco, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El acuerdo alcanzado entre los sectores conservador y progresista de este órgano ha excluido finalmente a una de las magistradas que más sonaba en las 'quinielas' la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, si bien logra entrar en el alto tribunal uno de los magistrados de este órgano, Ángel Hurtado, que fue el juez de 'Gürtel' contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

Por el lado progresista consigue acceder a la cúpula judicial el magistrado del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) Javier Hernández, de quien se destaca su brillantez técnica, mientras que para la tercera plaza vacante se ha designado a Leopoldo Puente Segura, actualmente en el TSJ de Madrid.

Estas tres plazas, correspondientes al turno general, están reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado que formó parte del tribunal que juzgó el "procés" independentista en Cataluña Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer.

PRESIDENCIAS

En la Sala Cuarta (de lo Social) la elegida ha sido la magistrada María Luisa Segoviano, que se convierte así en la primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo en los más de doscientos años de historia del alto tribunal, creado por las Cortes de Cádiz en 1812. Segoviano ha obtenido 19 de los 21 votos del Pleno. Los vocales Cuesta ySáez han votado en blanco.

Además el Pleno ha elegido al magistrado César Tolosa presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ha recibido 18 votos frente a un único voto logrado por la candidata Pilar Teso, mientras que otros dos votos han sido en blanco.

Para la Sala de lo Militar se ha impuesto Jacobo López Barja de Quiroga con 19 votos y dos en blanco frente al exfiscal general de Estado y actual magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal Julián Sánchez Melgar.

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han incautado en una operación conjunta denominada Goleta-Gratil un total de 35 toneladas de droga en el que ha sido el mayor golpe al tráfico de hachís realizado por España por vía marítima, sustancia que hubiera tenido un precio en el mercado negro de unos 60 millones de euros.

En este sentido, la investigación conllevó la interceptación de cuatro veleros de alta gama entre los días 24 y 28 de septiembre pertenecientes todos a la misma organización, si bien ya en los meses de marzo y julio se abordaron otros dos veleros de la misma organización con 4.600 kilos de hachís. En total, las autoridades han procedido a la detención de once personas, entre ellos nueve búlgaros y dos rusos.

Así lo han puesto de manifiesto el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y los responsables del operativo, el comisario general de policía judicial, Rafael Pérez Pérez, y el subdirector de operaciones de Vigilancia Aduanera, Manuel Montesinos, este miércoles tras realizarse la descarga de parte de la droga intervenida en el Arsenal Militar de Las Palmas.

Al respecto, desde Vigilancia Aduanera, Montesinos explicó que se trata de la operación más importante que se ha realizado hasta la fecha, no sólo por las cantidades intervenidas, "sino también por la complejidad de organizar un operativo marítimo contra cuatro objetivos que simultáneamente partieron para hacer cuatro alijos de droga".

Señaló que se organizó un dispositivo con medios navales y aéreos para intervenir los cuatro objetivos simultáneamente. Así, participaron en diferentes escenarios del Océano Atlántico cuatro patrulleros, un helicóptero y un avión de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y el BAM 'Meteoro' de la Armada.

Mientras, el comisario general de Policía Judicial, Rafael Pérez, hizo especial hincapié en la cooperación internacional que ha tenido lugar para conseguir esta aprehensión de hachís. "La cooperación es el pilar de cualquier operación contra el tráfico ilícito de estupefacientes", aseveró.

LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN OCTUBRE DE 2019

Explicó en este punto que la investigación se inició en octubre de 2019 cuando investigadores del Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Andalucía y de Policía Nacional detectaron una embarcación sospechosa de narcotráfico, el 'Amaalta', comenzando una investigación conjunta sobre ésta y otras embarcaciones.

Por su parte, la organización había establecido inicialmente su base de operaciones en las Islas Baleares, desde donde pretendía preparar las embarcaciones fuera del posible control que normalmente se ejerce por parte de las Fuerzas de Seguridad sobre las zonas más activas o calientes en las que actúan las organizaciones para llevar a cabo este tipo de actividades ilícitas.

Las actuaciones conjuntas fueron judicializadas en el Juzgado Mixto Nº 5 de El Puerto de Santa María, abriéndose posteriormente nuevas diligencias, en función del avance de las investigaciones, en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Manacor, Juzgado de Instrucción Nº 3 de Inca y el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Telde (Gran Canaria).

Del mismo modo, en los meses siguientes se detectaron más embarcaciones sospechosas del mismo grupo ('Phase One', 'Hanna', 'Sweet Breeze', 'Eagle Ray' y Carla), todos ellos veleros de alta gama.

DOS VELEROS DETECTADOS EN MARZO Y JULIO

El primer fruto de la investigación se produjo el 26 de marzo, cuando el patrullero 'Paíño' de Vigilancia Aduanera, con base en Palma de Mallorca, abordó a 80 millas al sur de Mallorca el velero 'Phase One', de 17,2 metros de eslora y bandera holandesa, con 4.244 kilos de hachís.

Posteriormente, el 14 julio de 2020, se produjo la segunda actuación contra la organización, mediante la intervención del 'Hanna', de 14,5 metros de eslora y bandera del Reino Unido, en el Golfo de Cádiz, con 360 kilos de hachís a bordo.

CUATRO VELEROS INCAUTADOS EN CINCO DÍAS

A partir de ese momento se activó un dispositivo de control marítimo con la finalidad de proceder a la interceptación de más embarcaciones, en el que participan medios de Vigilancia Aduanera y de la Armada española.

Así, el 'Sweet Breeze', de bandera del Reino Unido y 21,99 metros de eslora, fue abordado por el patrullero 'Sacre' de Vigilancia Aduanera, con base en Las Palmas, el 24 de septiembre, al sudeste de Fuerteventura y en aguas internacionales, con 10.700 kilos de hachís.

El mismo día, el 'Eagle Ray', de bandera del Reino Unido y 18,6 metros de eslora, fue abordado por el patrullero 'Águila II' de Vigilancia Aduanera, con base en Algeciras, en aguas internacionales próximas al Estrecho de Gibraltar con 9.300 kilos de hachís.

Ya el 26 de septiembre, el 'Amaalta', de bandera alemana y 17,2 metros de eslora, fue abordado por una dotación de presa de Vigilancia Aduanera embarcada en el BAM 'Meteoro' de la Armada Española frente a las costas de Mauritania, en aguas internacionales, con una cantidad estimada de 4.500 kilos de hachís.

En este caso, Montesinos comentó que la operativa resultó especialmente compleja, debido a que el velero presentaba una importante vía de agua que motivó que quedara sin gobierno a merced de unas condiciones meteorológicas muy desfavorables tras la actuación, y que llevó al hundimiento del velero en el regreso a puerto.

Por último, el 28 de septiembre, el Carla, de bandera holandesa y 16,2 metros de eslora, fue abordado en aguas al sudeste de Fuerteventura por el patrullero 'Sacre' de Vigilancia Aduanera, con base en Las Palmas, con una cantidad estimada de 6.000 kilos de hachís.

LA PRESIÓN EJERCIDA HACE QUE CAMBIEN DE RUTAS

Desde la Policía, Pérez resaltó la presión que se ha venido ejerciendo en el campo de Gibraltar, que ha hecho que se haya producido un cambio en las rutas que las organizaciones criminales llevan a cabo.

La presión desde Marruecos hacia el campo de Gibraltar ha posibilitado que estas organizaciones intenten modificar las rutas de abastecimiento para el resto de Europa utilizando el canal pesquero paralelo a Portugal, o incluso de algún país del sur de África, para iniciar rutas marítimas", observó.

Con todo, en esta operación se ha atacado así a la capacidad logística de los máximos responsables de las organizaciones criminales de origen búlgaros dedicadas al transporte de sustancias estupefacientes en embarcaciones de recreo, evitando que nuevas rutas surjan o aparezcan aprovechando la pandemia.

Finalmente, la investigación sigue abierta en estos momentos, tratando de localizar e identificar nuevos integrantes de la organización criminal, no se descartan nuevas detenciones.

En la operación en su conjunto han participado, por parte de la Agencia Tributaria, la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera, la red de Oficinas de Inteligencia Marítima de V.A. y las Áreas Regionales de V.A. de Andalucía, Canarias y Baleares. Por parte de Policía Nacional han participado la Sección IV BCE-UDYCO Central, BCE-Grupo 50, BCE-GRECO Cádiz, Sección OCT BCCO-UDYCO Central, UDYCO Mallorca, UDYCO Las Palmas y GRECO Málaga.

La nueva prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas será compatible con un empleo a tiempo parcial por cuenta ajena, tanto si este empleo se obtiene después como si se está ejerciendo en el momento de reconocimiento de la prestación.

No obstante, en estos supuestos, la cuantía de la mencionada prestación extraordaria se verá reducida en la parte proporcional al tiempo trabajado.

Así lo recoge el Real Decreto-Ley que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero y en el que se regula esta prestación, pensada sobre todo para los trabajadores del sector turístico.

Esta prestación extraordinaria se reconocerá a los trabajadores con contrato fijo discontinuo y a aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas si han estado afectados, durante todo o parte del último período teórico de actividad, por un ERTE de fuerza mayor o de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), cuando dejen de estar afectados el mismo al haberse alcanzado la fecha en que hubiera finalizado el periodo de actividad.

El reconocimiento de esta prestación exigirá la presentación por parte de la empresa de una solicitud colectiva de prestaciones extraordinarias, que incluirá a todas las personas con contrato fijo discontinuo o para la realización de trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que dejen de estar afectadas por el ERTE.

También podrán beneficiarse de esta prestación los trabajadores con contrato fijo discontinuo y los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que cobraron una prestación por desempleo durante la pandemia sin tener las cotizaciones necesarias, siempre que, una vez agotada, continúen en el paro y sin derecho a percibir prestaciones por desempleo de nivel contributivo ni asistencial, o la agote antes del día 31 de enero de 2021.

En estos casos serán los propios trabajadores afectados los que deberán solicitar la prestación extraordinaria.

El plazo para la presentación de esta solicitud es el establecido en el artículo 268 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social con carácter general (15 días desde el nacimiento del derecho). Para las situaciones producidas antes de la entrada en vigor de esta nueva prestación, el plazo será de 15 días a contar desde hoy.

La duración de esta prestación se extenderá desde la finalización de la prestación por desempleo de la que se haya sido beneficiario durante la pandemia hasta el 31 de enero de 2021.

No obstante, la prestación podrá interrumpirse por la reincorporación temporal del trabajador a su actividad, debiendo en este caso la empresa comunicar la correspondiente baja en la prestación extraordinaria.

En el caso de que el trabajador inicie una actividad por cuenta propia o cambie de empresa, será él el sujeto obligado a comunicar su baja en la prestación.

En todos los casos, la prestación extraordinaria podrá reanudarse previa solicitud del trabajador en la que se acredite el cese involuntario en el trabajo por cuenta propia o por encontrarse nuevamente en situación legal de desempleo, siempre que aquella se presente antes del día 31 de enero de 2021.

Esta prestación se abonará por periodos mensuales y su importe será igual al de la última prestación contributiva por desempleo percibida o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación contributiva.

COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PRESTACIONES COMPATIBLES CON TIEMPO PARCIAL

La norma que prorroga los ERTE contempla además el pago de una compensación económica para los beneficiarios de la prestación por desempleo en la pandemia cuya cuantía se hubiera visto reducida en proporción al tiempo trabajado por mantener en el momento del reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas por ERTE.

Estas personas tendrán derecho a percibir una compensación económica cuyo importe será equivalente a lo dejado de percibir por la deducción efectuada.

Dicha compensación se abonará en un solo pago previa solicitud del interesado. Ésta tendrá que presentarse a través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hoy hasta el día 30 de junio de 2021.

La presentación de la solicitud fuera de este plazo implicará su denegación y el plazo máximo para que el SEPE resuelva se extenderá hasta el día 31 de julio de 2021. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, el solicitante podrá entenderla como denegada.

La medida anunciada este miércoles por el Gobierno de suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021 permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería después de las reivindicaciones de los municipios para disponer de estos ahorros.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que ha explicado que los ayuntamientos podrán disponer de este dinero durante los años en los que quedan suspendidas las reglas fiscales -2020 y 2021-.

Eso sí, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas.

Asimismo, la medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos dos años. Con todo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las Comunidades Autónomas y entidades locales para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

ETERNA 'BATALLA' DE LOS AYUNTAMIENTOS

La disposición de los remanentes de tesorería ha sido una constante reivindicación de los ayuntamientos, que ha cobrado aún más fuerza con la pandemia del coronavirus. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) logró en verano un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que materializaba una fórmula para disponer de este dinero.

Sin embargo, el pacto entre la cúpula de la FEMP y el Ministerio de Hacienda se encontró con la oposición por parte del resto de grupos que forman la agrupación municipalista y el acuerdo salió adelante gracias al voto de calidad de Abel Caballero y la abstención de Unidas Podemos.

El Gobierno decidió convertir el acuerdo en un decreto ley, algo que provocó que lo llevara al Congreso y éste fuera tumbado por una amplía mayoría en la Cámara Baja. Este mismo martes, Caballero anunció que veía "cerca" otro acuerdo con el Ministerio en materia económica que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes.

El Servicio de Logopedia de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar ha registrado un importante incremento en las consultas de profesores afectados por disfonías debido al uso de mascarilla en las aulas.

La especialista de esta unidad Maria Soledad Angulo ha asegurado que este fenómeno es debido al "esfuerzo que realizan los profesores por comunicarse con sus alumnos tratando de contrarrestar el inconveniente de tener la cara oculta por la mascarilla de protección".

La logopeda ha explicado que "las mascarillas limitan la expresión y la gesticulación por lo que las profesionales que deben dirigirse a un público o colectivo, como es el caso de un grupo de alumnos en el aula, suelen forzar su voz para que los escolares puedan recibir el mensaje sin restricciones".

Esta limitación, unida a la restricción de la distancia social establecida en el protocolo de seguridad, provoca que el docente aumente la intensidad y el volumen de la voz, han señalado a través de un comunicado.

"En nuestra consulta observamos que muchos de los docentes no conocen técnicas vocales adecuadas que les permitan proyectar su voz durante horas y la mayoría tampoco ha adquirido hábitos en el cuidado de su voz", ha detallado la responsable del Servicio de Logopedia de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar.

Además, ha advertido de que el desgate masivo que se produce por forzar la voz puede acarrear importantes problemas que pueden derivar en patologías vocales e incluso en cirugía vocal.

Angulo aconseja seguir unas pautas de higiene vocal adecuadas para concluir sus jornadas escolares "sin dolor, carraspeos, fatiga vocal, picor o cualquier otro síntoma que indique irritación o desequilibrio de su laringe, así como sobreesfuerzo de los pliegues vocales".

Por último, la logopeda recomienda inhalaciones con vapor, la ingesta diaria de un litro y medio de agua y el consumo de infusiones con orégano y erísimo (hierba del cantor) que ayudan a aliviar y relajar la zona laríngea. Queda totalmente desaconsejado por parte de la especialista el consumo de alimentos ácidos, miel, café, té, alcohol y tabaco, ya que pueden producir deshidratación en los pliegues vocales.

NUEVA UNIDAD DE LOGOPEDIA

La doctora Maria Soledad Angulo dirige el Servicio de Logopedia de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar. Esta unidad está especializada en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las diferentes problemas que intervienen en la comunicación, ya sea lenguaje oral, escrito o gestual.

Los trastornos más habituales en el Servicio de Logopedia son: trastornos del habla (alteraciones en los sonidos, dificultades en la pronunciación, disfemia o tartamudez, disartria), trastornos de lecto-escritura (dislexia, discalculia, disgrafía), trastornos del lenguaje (afasia, retraso en el desarrollo del lenguaje escrito o hablado), trastornos de la voz, retraso madurativo, austimo, TGD, TDAH, entre otros. El objetivo principal de la terapia logopédica es centrarse en la expansión de la comunicación de la persona, han detallado.

La obesidad infantil afecta al 23 por ciento de las familias con rentas más bajas, mientras que apenas al 11 por ciento en aquellas con más recursos, según ha desgranado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en base a los resultados del 'Estudio Aladino 2019 sobre Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España', presentado este miércoles.

'Aladino' es un estudio descriptivo transversal de las medidas antropométricas obtenidas por medición directa y de factores asociados obtenidos mediante cuestionarios en una muestra aleatoria de 16.665 escolares de 276 centros de Educación Primaria, representativa de la población escolar de 6 a 9 años residente en España. El trabajo de campo se ha realizado entre octubre y diciembre de 2019 en las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas del territorio nacional.

De acuerdo con sus resultados, se observa una tendencia descendente del exceso de peso desde 2011 y estabilización respecto a 2015, aunque la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los escolares de 6 a 9 años en España sigue siendo elevada. Según este informe, cuatro de cada diez escolares de seis a nueve años presenta exceso de peso.

De entre los factores asociados a la obesidad, siguen destacando los relacionados con los hábitos de alimentación y con la falta de actividad física, como el bajo consumo de frutas y hortalizas o el uso excesivo de pantallas. También sigue existiendo una brecha importante en la situación ponderal de los escolares dependiendo del nivel de ingresos económicos de la familia y el nivel educativo de los progenitores.

En este sentido, Garzón ha resaltado durante su intervención que "la clase social afecta a los indicadores de obesidad y sobrepeso. "En los barrios populares, la tasa de obesidad es del doble que en los barrios ricos. No es un problema solo de salud, es socioeconómico y, por tanto, también político", ha indicado, señalando que en las zonas más pobres los niños "consumen más golosinas, comida rápida y tienen menor adherencia a la dieta mediterránea.

El ministro ha insistido en que la obesidad infantil "tiene una vinculación estrecha con los factores económicos". "Estamos hablando de pobreza, es transversal. La clase social incide de manera directa en el tipo de alimentación, ocio, vida cotidiana y en los resultados de todos estos procesos", ha apostillado al respecto.

Garzón ha recordado que, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1.900 millones de personas adultas tienen sobrepeso y 250 millones obesidad. "Estamos ante un problema de salud muy notable, y asociado a las principales enfermedades crónicas, como cardiovasculares, hipertensión, algún tipo de diabetes e incluso cáncer. Estamos ante un problema muy importante", ha concluido.

La regulación del teletrabajo para en torno a 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas españolas entrará en vigor mañana, jueves, y las administraciones que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto en el real decreto-Ley dispondrán de un plazo de seis meses para hacerlo.

Así figura en el real decreto ley que incluye la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece su entrada en vigor desde este jueves, tras haber sido aprobado el martes en el Consejo de Ministros después del acuerdo alcanzado la semana pasada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con los sindicatos del sector público (CSIF, CC.OO. y UGT).

En concreto, la norma supone la modificación del artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público, añadiendo el 47 bis, y será aplicable en torno a 2,5 millones, tanto personal funcionario como laboral, de todas las administraciones publicas del país, si bien cada comunidad autónoma procederá a la adaptación de la norma, para lo que disponen de seis meses.

Siguiendo la senda abierta por este Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo y la experiencia en el ámbito privado, el Gobierno destaca en la disposición de la nueva norma que se aprobaron diversas normas reguladoras, si bien apunta que la implantación del teletrabajo y su uso efectivo en las administraciones públicas "se ha visto verdaderamente acelerada a partir de marzo de este año" por el Covid-19.

En ese sentido, ha destacado que el uso del teletrabajo ofrece "importantes ventajas con potencial para reducir la expansión de la Covid-19", al posibilitar el uso de medios tecnológicos para realizar tareas a distancia o de manera virtual, sin necesidad de la presencia física en las dependencias durante la jornada laboral, manteniendo la actividad y la prestación de servicios públicos.

"Supone una oportunidad para la introducción de cambios en las formas de organización del trabajo que redunden en la mejora de la prestación de los servicios públicos, en el bienestar de las empleadas y los empleados públicos, en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y en una administración más abierta y participativa", resalta.

VOLUNTARIO Y REVERSIBLE

El nuevo artículo del Estatuto Básico del Empleado Público añadido por el real decreto ley establece que la prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser "expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial", si bien tendrá carácter voluntario y reversible "salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados".

Conforme a la norma, se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el "uso de tecnologías de la información y comunicación".

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

También establece que será requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

Por otro lado, dice que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta, sino que será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad.

LA ADMINISTRACIÓN PROPORCIONARÁ LOS MEDIOS NECESARIOS

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser "expresamente autorizada".

Así, el personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital, así como en materia de confidencialidad y protección de datos, al tiempo que la Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

Por último, el texto señala que el desempeño del teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, "siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito", y que las administraciones públicas que lo requieran podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

Este acuerdo servirá de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y deberá desarrollarse sectorial y territorialmente a través de la negociación colectiva.

IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO NEUTRO

En cuanto al impacto económico y presupuestario, resulta neutro, según el Ministerio de Función Pública, ya que la norma propuesta no produce incremento de gasto presupuestario, al no llevar aparejado ningún coste presupuestario directo en términos de variación de la remuneración o condiciones económicas de los empleados públicos.

De hecho, el Ministerio subraya que los impactos por razón de género, sobre la infancia y la adolescencia y sobre la familia son positivos, dado que puede favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y puede ayudar a sostener las rentas disponibles de las familias por ahorro de gastos de transporte y análogos.

La semana pasada el Consejo de Ministros ya aprobó la Ley de Trabajo a Distancia para el ámbito privado, que establecía que el trabajo a distancia se considerará de carácter regular y, por tanto, estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses y deberá ser sufragado o compensado por la empresa.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha rehusado explicar durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso por qué la inhabilitación del ex presidente de Cataluña Quim Torra, que fue confirmada el lunes por el Tribunal Supremo, aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), formalidad necesaria para que pueda ser sustituido.

La pregunta la ha planteado la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borràs. "¿No le da vergüenza?", ha dicho la diputada catalana, poniendo de relieve la tardanza por parte del Gobierno en el cumplimiento de este trámite formal.

Sin embargo, Campo no ha contestado y ha pasado directamente a la segunda parte de la pregunta de Borràs, sobre el inicio esta misma semana de la tramitación de los indultos presentados ante el Ministerio de Justicia a favor de los doce condenados por el 'Procès'.

A este respecto, el ministro ha incidido en que "la tramitación de un indulto no es ninguna respuesta política", sino que obedece al "cumplimiento del ordenamiento jurídico", que -ha subrayado- establece "un procedimiento absolutamente reglado" en el cual participan varios actores, incluidos el tribunal sentenciador, las víctimas del delito en cuestión y el Gobierno, conforme ha enunciado.

En su réplica, Borràs ha retomado la cuestión de Torra al aseverar que el Gobierno "no se atreve" a publicar su inhabilitación en el BOE porque supone "derrocar a un presidente democráticamente escogido", al tiempo que ha augurado que "la justicia europea acabará inhabilitando a la justicia española". "A más represión, más determinación de la necesidad de disponer de un Estado propio que nos respete", ha remachado la portavoz de Junts.

Campo ha respondido que entiende la "argumentación política" de Borràs, si bien ha insistido en que España es "un Estado Social y Democrático de Derecho" donde "las sentencias se acatan y se hacen ejecutar" y, en consecuencia, ha aclarado que no valorará ni la sentencia contra Torra ni ninguna otra. "Le digo que este Gobierno solo tiene un instrumento para eso: el diálogo", ha zanjado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a aludir a la "situación delicada" en Cataluña, y a los problemas de "convivencia" a cuenta de la inminente sentencia que ha supuesto la inhabilitación del ya expresident Quim Torra, como razón de la ausencia de Felipe VI a la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el pasado viernes en Barcelona. Ha apuntado que fue una "decisión colegiada" en la que se valoró esta situación "y otras muchas cuestiones".

Campo ha respondido de este modo a la pregunta que le ha realizado en la sesión de control de Congreso de los Diputados el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, que ha reclamado conocer las razones por las que el Gobierno "impidió" la presencia del jefe del Estado en un acto al que siempre había acudido.

Como primera respuesta, el titular de Justicia ha lamentado que "con la que está cayendo" la preocupación del diputado de Vox no sea la crisis sanitaria y ha apuntado que dadas las circunstancias que rodeaban el acto en Cataluña se trató de cambiar la fecha "y no fue posible".

A ello se añadió, según ha recordado el ministro, el hecho de que al acto no confirmaran su asistencia altos cargos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e incluso la consejera del ramo.

Para Gil Lázaro, sin embargo, lo ocurrido fue un "veto rastrero y cobarde de este Gobierno para la sumisión a los golpistas", con el objetivo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir en el poder, algo que llegó a a calificar de "expresión de vileza moral", del Ejecutivo.

Para el parlamentario del partido liderado por Santiago Abascal, el Gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa con los "golpistas" porque así lo requieren "el señor del moño" -en alusión al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias- y sus voceros desde el Consejo de Ministros, pese a que ello conlleve un ataque a la monarquía.

Para Campo, sin embargo, lo "impresentable y absolutamente inmoral" es convertir lo ocurrido en una crisis institucional. "Puede decir lo que quiera, pero la realidad es lo que es cuando habla de la Constitución parece algo suyo y no es suyo si no de todos los españoles", le ha contestado el ministro, que ha concluido recomendando al diputado de Vox que "busque la senda de la democracia".

PROYECTO DE PAÍS

El asunto de la ausencia del rey también ha salido a colación de otra pregunta, esta vez realizada por el diputado popular Carlos Rojas García, quien ha planteado a Campo si considera que el proyecto de país del Gobierno encaja en nuestro Estado de Derecho.

Campo ha respondido afirmativamente, aunque "otra cosa es que no le guste" al Grupo Parlamentario del PP, si bien ha defendido que el proyecto del Gobierno de Sánchez "es un proyecto inclusivo que abraza a todos y no deja a nadie fuera".

Según el titular de Justicia el proyecto socialista pivota sobre cuatro pilares, que son la justicia social, la defensa de los servicios públicos, la libertad y la cohesión social, y ello se mantiene incluso con la pandemia.

Como respuesta a estas manifestaciones el diputado del PP ha sacado a colación el asunto del rey, preguntando directamente a Campo que dijera quién tomó la decisión de vetarle en Barcelona, y añadiendo que hemos llegado a un estado donde hay ministros que atacan a los jueces y animan la 'okupación' de viviendas, mientras que diputados de la coalición con Podemos son investigados por atentado contra la autoridad, aludiendo con ello a la investigación abierta en el Tribunal Supremo al secretario de organización del partido morado Alberto Rodríguez. "Ese es su gobierno y su proyecto de país", ha añadido Rojas García.

"No nos vale el ministro del silencio, ese sí que se ha pasado tres pueblos y usted está calladito, defienda a los mas de 5000 jueces que se dejan la piel todos los días por servir a su país", ha añadido, en alusión a unas palabras captadas por el micrófono abierto en el acto de Barcelona y atribuidas a Campo, en las que él más tarde dijo no reconocerse.

El ministro dijo querer ser coherente con la pregunta y ha emplazado la respuesta sobre el rey a la que más tarde iba a formular el diputado de Vox, limitándose a acusar a Rojas García de participar en un proyecto, el del PP, que es el de la trinchera, el negacionismo, el no a todo, no apoyar al Gobierno en la pandemia ni en unos presupuestos de reconstrucción". "Sé que a usted no le gusta el plan del Gobierno, pero es el que hay", ha concluido.

El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha presumido este miércoles de comunista y republicano y ha evitado rectificar las críticas que dirigió el pasado viernes al Rey, al que acusó de "maniobrar" contra el Gobierno. El PP, por su parte, le ha reiterado la urgencia de que dimita de su cargo por esos ataques al Jefe del Estado y por ser un ministro "inservible" para la defensa de los valores democráticos de la Constitución.

Durante la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha cargado las tintas contra Garzón, al que ha censurado por atacar el sector turístico, por llamar "golpistas" a la Policía y Guardia Civil y por haber cometido un acto "inaceptable" en democracia, como es "poner en entredicho" la neutralidad de la Jefatura del Estado y el papel que representa en el marco constitucional.

APAGUE LA LUZ Y CIERRE AL SALIR

"En más de 40 años nadie se atrevió a traspasar tantas líneas rojas y conducirnos a una crisis institucional sin precedentes", ha dicho Jerez, quien ha criticado al Gobierno por tener "secuestrada" las funciones del Jefe del Estado, por "maltratar" al Poder Judicial y por pretender "liquidar por la vía rápida" el régimen del 78.

"¿Piensa usted rectificar o dimitir?", le ha planteado Jerez a Garzón, al que ha afeado que haya roto su promesa de lealtad al Rey con la que asumió su cargo y de quien ha dicho que es actualmente "el que menos aporta a España y el más prescindible de los 23". Ha agotado su vida útil, apague la luz y cierre la puerta al salir", le ha soltado.

En su respuesta, el titular de Consumo ha subrayado que la Constitución de 1978 "explicita claramente la neutralidad de las instituciones fundamentales, incluyendo la Jefatura del Estado", pero no ha querido ir más allá en sus palabras.

"QUIEREN A LA CORONA LO MISMO QUE AL PODER JUDICIAL"

Sí ha acusado a los 'populares' de ser ellos quienes "no tienen interés en la neutralidad de las instituciones" e incluso de no ser "constitucionalistas". "Ustedes quieren a la Corona lo mismo que al Poder Judicial, para echárselo a la cabeza a los que no piensan como ustedes", ha manifestado.

"Y por eso -ha proseguido- se enorgullecen de utilizar las salas judiciales para interés propio, utilizaron a la Policía para espiar a los rivales e inventar pruebas y saquearon las instituciones durante muchos años".

Garzón ha lamentado que el PP vea "antiespañoles" a todo aquél que no concuerde con su idea "reaccionaria" de lo que es España y que no acepte otra visión de país. "Pero hay otros españoles que pensamos de forma diferente a ustedes y somos igualmente españoles y no usamos las instituciones para lanzárselas al resto", ha insistido.

En todo caso, ha concluido apuntando que, a tenor de las sentencias judiciales, el PP está "más tiempo cerca del delito que cerca de la Constitución". "Ustedes son muchas cosas pero no son constitucionalistas", ha zanjado.

La consejera de Salud, Sara Alba, ha informado hoy de que La Rioja "no contempla" pedir el Estado de Alarma pero "si fuera necesario" se solicitaría.

Alba ha sido una de las consejeras que, hoy, ha tenido que responder en el pleno del Parlamento de La Rioja a preguntas de los diputados. En concreto, el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha querido conocer cuál es el escenario previsto para solicitar el Estado de Alarma, instándole a que "responda porque nos tiene acostumbrados", ha dicho, "a no responder".

La consejera ha dicho que se pedirá cuando no se puedan "ni reconocer los focos ni seguir los brotes y, a la vez, no se pueda sujetar el sistema asistencial". Ha añadido que "ninguno de estos extremos ha llegado". Además, ha sumado, se analizaría la posibilidad de "no poder llevar a buen puerto las recomendaciones".

Garrido le ha acusado de ser "responsable de que La Rioja sea una de las comunidades más golpeadas de España y de Europa, con una clase media empobrecida y con una falta de transparencia como nunca antes había existido".

La también diputada popular María Martín ha querido saber si, dado que la alcaldesa de Calahorra y los alcaldes de Aldeanueva de Ebro y Rincón solicitaron el autoconfinamiento de los vecinos, Salud debería haber tomado medidas con anterioridad a estas recomendaciones.

Alba ha asegurado que "este gobierno toma las decisiones con el mayor dinamismo" y Martín le ha replicado que "decían tener la situación perimetrada y ayer se tomó la decisión tarde y mal". La popular ha creído que "es mejor que Andreu se marche y deje paso a otros que sí sepan gestionar".

Alba le ha comparado con el Capitán A Posteriori y ha dicho que los alcaldes han estado informados en tiempo y en forma.

Martín también ha querido saber si le parece razonable que las Urgencias continúen sin el equipamiento necesario en la Fundación Hospital de Calahorra. Alba ha dicho que "las Urgencias tuvieron el equipamiento necesario porque si no hubieran atendido de forma sobresaliente la situación epidemiológica" y "la ampliación está plenamente operativa y duplica la superficie útil del Servicio de Urgencias".

El popular Carlos Cuevas ha señalado las críticas recibidas por el nombramiento del nuevo subdirector general de Coordinación Sociosanitaria, el periodista Rubén Vinagre, por no ser un profesional del sector.

"La señora Andreu cesa a todo el que se menea y a usted se le van de dos en dos", ha dicho, "y mientras La Rioja ni controlada ni perimetrada". Alba le ha reprochado que no den tiempo al subdirector a empezar a gestionar para criticar. Ha insistido en que el anterior subdirector "por motivos personales" y "no verse con fuerzas" prefirió irse.

Ha explicado que el anterior dio un enfoque centrado en la enfermería y ha añadido: "Creímos que, ahora, la subdirección debía tener un enfoque diferente a septiembre, transversal y con un alto grado de colaboración, por ello necesitábamos un perfil todoterreno que conozca de primera mano lo que es lidiar con la gestión de la pandemia, una visión de conjunto y saber lidiar con la comunicación.

El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de octubre la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles una nueva prórroga de la orden de restricción temporal de viajes no imprescindibles, aprobada en julio, y que se ampliará hasta las 24 horas del último día de octubre.

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia.

Esta recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir reduciendo el listado de terceros países en vista del empeoramiento de la situación epidemiológica en varios de ellos.

Los países cuyos residentes no se ven afectados por esta orden son Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.

Quedan exentos de estas restricciones los residentes habituales en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano (Santa Sede) o San Marino que se dirijan a ese país, acreditándolo documentalmente.

También los titulares de un visado de larga duración expedido por un estado miembro o asociado Schengen que vayan a ese país, profesionales de la salud, investigadores sanitarios y profesionales del cuidado de mayores, personal de transporte, diplomáticos, estudiantes o personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados, entre otros.

Andalucía registra este miércoles 21 muertes por coronavirus (Covid-19) en 24 horas, cuatro menos que las contabilizadas este martes, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Pres, que registra 1.071 casos confirmados por PCR, 165 menos que en la jornada anterior.

En cuantos a los decesos, en Granada se han producido nueve muertes en las últimas 24 horas, seguida de Sevilla con cuatro fallecimientos, mientras que en Málaga y Córdoba ha habido tres, respectivamente, y dos en Cádiz. El resto de provincias no suma fallecidos.

Sevilla, con 337 casos confirmados por PCR se vuelve a situar como la provincia con mayor número de positivos en las últimas 24 horas, seguida de Granada con 194, Cádiz con 150, Jaén con 148, Málaga con 111, Almería con 53, Huelva con 41 y Córdoba con 37

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Unidas Podemos en el Pleno del Congreso de tratar de imponer su agenda "sectaria" desde el Gobierno durante la crisis del coronavirus, a lo que el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha respondido avanzando que el Gobierno de coalición elegirá un camino "muy distinto" al de Cs.

"Ustedes están aprovechando el dolor y la debilidad de España durante la pandemia para intentar imponer su agenda ideológica sectaria, para atacar al Rey y para convertir nuestro país en una república bananera controlada por ustedes", ha dicho Arrimadas a Iglesias durante la sesión de control al Ejecutivo.

Sin embargo, "por suerte para España y por desgracia para ustedes, la democracia española es mucho más fuerte de lo que ustedes se creen", ha advertido.

El secretario general de Podemos y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 considera "legítimo" que Ciudadanos pretenda, alcanzando acuerdos, que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos "cambie de rumbo", pero ha señalado que "en política hay que elegir". Y la formación naranja, ha indicado, "ha elegido gobernar con el apoyo de la ultraderecha" en varias comunidades autónomas.

"Tengo que informarle, con el mejor tono y con la mejor disposición, de que el camino del Gobierno de coalición va a ser muy distinto al de ustedes", ha declarado.

Iglesias se ha pronunciado así después de que Arrimadas le preguntara si cree que, desde su cargo en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, está ayudando a resolver "los grandes problemas que tienen los ciudadanos" por el impacto del Covid-19.

Según la líder de Cs, durante estos meses los españoles han visto cómo morían más de 50.000 personas por el virus, han reconocido la labor de los sanitarios frente a la pandemia, han sufrido la destrucción de más de un millón de empleos y han estado preocupados ante el comienzo del nuevo curso escolar.

Mientras tanto, el vicepresidente segundo y su partido han "instado a hacer caceroladas" contra el Rey Felipe VI y se han dedicado a "atacar a los jueces que investigan la corrupción" de Podemos y a intentar "repartise la Justicia como buena casta política clásica" en la que se han convertido "con una rapidez asombrosa", ha enumerado.

Además, Arrimadas ha acusado a la formación morada de promover "algaradas contra todo gobierno que no sea de su color político" y de "dar privilegios" a los partidos independentistas, ofreciendo "indultos y rebajas penales a la carta" a los políticos condenados por malversación y sedición por el proceso separatista de 2017 en Cataluña.

"A todos se nos va a juzgar por lo que hemos hecho ante la pandemia" y, pese a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno y a que éste es "el que peor ha gestionado la pandemia" en todo el mundo, "nosotros hemos sido responsables" para acordar medidas que "sabemos que han salvado vidas y empleos en nuestro país, porque siempre defendemos el interés general y lo vamos a seguir haciendo", ha destacado.

Iglesias ha destacado que, pese a los "errores" que haya podido cometer, la Vicepresidencia Segunda que encabeza ha respondido a la crisis económica y social poniendo "la defensa del interés general" como principio rector de sus políticas.

En cambio, ha puesto en duda que Cs genere confianza a los ciudadanos mientras gobierna la Comunidad de Madrid junto al PP de Isabel Díaz Ayuso y "con apoyo de la ultraderecha", en referencia a Vox. "Hay que tener el rostro de cemento armado para preguntarnos eso cuando usted gobierna con Bildu, unos señores que ni han condenado el terrorismo", le ha espetado Arrimadas.

El líder de Podemos, por su parte, ha insistido en criticar esa dependencia de Ciudadanos respecto a Vox y ha recordado que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien "admiran mucho", censuró claramente el acercamiento del partido naranja a "la extrema derecha".

Asimismo, Iglesias ha resaltado que el Gobierno de Macron propone potenciar la soberanía sanitaria e industrial de Francia para hacer frente a la pandemia. "Si eso lo decimos nosotros, ustedes dicen que es socialcomunismo", ha agregado Iglesias, que también ha dicho a Cs que no se puede apostar a la vez por el refuerzo de los servicios públicos y por las privatizaciones.