PP y Vox han rechazado este miércoles en el Congreso regular por ley la salud sexual de las personas con discapacidad, al votar en contra de una enmienda socialista para modificar esta norma dentro de la reforma del Código Penal para prohibir la esterilización forzosa de este colectivo.

La Comisión de Justicia ha dado luz verde al dictamen de la ponencia sobre la proposición de ley que modifica el Código Penal para erradicar la esterilización forzosa de la personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. El texto pasará ahora a su debate en el Pleno de la Cámara baja, dado su rango orgánico.

En la sesión, PP y Vox han solicitado la votación separada de la disposición final tercera nueva, incorporada a través de una enmienda del PSOE, a la que ambas formaciones han votado en contra. Mientras que el resto de la norma se ha apoyado de forma unánime.

La parte del texto que han rechazado PP y Vox se refiere a una modificación de la legislación básica relativa a la autonomía delpaciente y la salud sexual y reproductiva de las personas.

En concreto, se recoge que, en el plazo de dos años, el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales una modificación de la misma con el objetivo de "garantizar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones" reciban "la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles".

UN INTENTO DE "ROMPER CONSENSOS"

También emplaza al Ejecutivo a remitir a las Cortes un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para "regular la obligación de los poderes públicos de proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad", tanto "desde el punto de vista sanitario como educativo, asistencial y formativo".

Para los de Casado, la inclusión de estos nuevos párrafos tienen como objetivo "romper el consenso" que ha habido durante la tramitación de esta proposición de ley, que llega al Congreso desde el Senado. La portavoz 'popular', Carmen González Guinda, cree que los socialistas están haciendo "esfuerzos" para evitar acuerdos en esta materia.

El representante de Vox en este debate, José María Sánchez, ha apuntado que la cuestión que plantea el PSOE con esta disposición final no tiene que ver con la propuesta inicial y cree que la "labor de información" que pretende el PSOE busca conseguir "un sesgo ideológico" que "no es admisible". Cree que el Gobierno quiere "formar las conciencias" de las personas con discapacidad "desde el poder".

SATISFACCIÓN EN EL RESTO DE GRUPOS

Desde el PSOE, han respondido a estas críticas preguntando a PP y Vox sobre su "miedo" a la ley de Salud Sexual y Reproductiva y a que la gente "actúe con libertad e información en cuanto a su sexualidad. El diputado socialista, Luis Sahuquillo, les ha asegurado que "no hay nada aberrante" en esta ley.

El resto de formaciones políticas presentes en la votación de este miércoles han celebrado el acuerdo alcanzado en esta materia y el avance conseguido en cuanto a derechos de las personas con discapacidad en España.

"Nos podemos sentir orgullosos" ha declarado la portavoz de Ciudadanos en asuntos sociales, Sara Giménez, quien ha recordado que, en los últimos diez años, se han realizado "un millar" de esterilizaciones forzadas en este colectivo.

Desde PNV, a través de su representante Mikel Legarda, han manifestado su satisfacción por esta modificación legislativa que, según ha recordado, ha dado cumplimiento a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su homólogo de Junts, Genís Boadella, ha añadido que se ha dado un paso adelante en una petición "histórica" del CERMI y de asociaciones como Plena Inclusión.

Finalmente, la portavoz de Unidas Podemos en esta sesión, Marisa Saavedra, ha destacado que este texto es un avance para el país en materia de derechos del colectivo.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, y el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, han participado este miércoles en un acto de entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a 20 víctimas de la represión franquista en Navarra.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido que "en nuestra democracia no caben fosas comunes, personas desaparecidas y víctimas sin reconocimiento" y ha considerado que "quienes se empeñen en lo contrario están haciendo retroceder la democracia que es de todos".

Este nuevo acto de entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal es el sexto que acoge la Cámara foral tras los celebrados el 15 de diciembre de 2011 (cuando se otorgaron 69 reconocimientos), el 21 de marzo de 2014 (32), el 29 de mayo de 2015 (60), el 24 de marzo de 2017 (64) y el 17 de diciembre de 2018 (31).

En este caso, se ha hecho entrega de los certificados de reparación a 20 personas pertenecientes a la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA-36), descendientes todos de ciudadanos que padecieron violencia o persecución durante la Guerra Civil y la dictadura.

La ceremonia ha contado con la interpretación de un aurresku a cargo de Duguna (Mikel Tristán, acompañado al txistu por Aitor Huarte, Ibai Indart y Beñat López) y una ofrenda floral ante la placa del Parlamento en "homenaje a todos los cargos electos de Navarra asesinados como consecuencia de la sublevación militar de 1936".

En declaraciones a los periodistas antes de iniciarse el acto, Carmen Calvo ha agradecido poder estar presente en este reconocimiento para "acompañar a las familias que durante tantos años con tesón y sentido de la dignidad han insistido en preservar la memoria de sus familiares".

Unas víctimas a las que, según ha dicho, "todavía llegamos a tiempo para reparar la injusticia que durante tantos años ha supuesto su olvido y la no rectificación". "Somos una de las grandes democracias del mundo que todavía tiene que seguir trabajando en su memoria democrática, por eso, estamos a las puertas de iniciar un debate en las Cortes Generales sobre la memoria democrática de nuestro país", ha subrayado.

Según ha indicado, "esto significa estar sobre el fundamento de la verdad y la justicia", ya que "sin ambas no puede haber verdadera paz y verdadero encuentro". Y ha destacado que "los hombres y mujeres de este país hace más de 42 años que iniciamos un camino de encuentro y convivencia, sincero, constructivo, pacífico y eficiente". "Aquí estamos como un gran país de respeto, libertades y derecho, pero nos quedan algunas cuestiones pendientes", ha subrayado.

En este sentido, ha incidido en que "las víctimas que fueron objeto de la represión, el exilio, el encarcelamiento y el asesinato tienen que seguir formando parte de la obligación ética de nuestra propia democracia" y ha considerado que "quienes se empeñen en lo contrario están poniendo en retroceso 42 espléndidos años de historia y convivencia".

"Frente a ellos somos una inmensa mayoría quienes pensamos que en nuestra democracia no caben fosas comunes, personas desaparecidas, familias que no han recuperado a sus familiares y víctimas vivas a las que todavía no les hemos ofrecido reconocimiento", ha remarcado.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha hablado de "convicción, compromiso y emoción, de la búsqueda del consenso para avanzar en convivencia desde los principios de verdad, justicia, memoria y reparación". Y ha remarcado que "estamos ante una tarea colectiva como sociedad, que concierne también a todas las administraciones".

"Las políticas públicas de memoria deben abordarse desde una labor activa de pedagogía social, de ahí que hagamos hincapié en el trabajo con la juventud a través del sistema educativo", ha remarcado.

En esta línea, ha reiterado el "compromiso" de su Gobierno con "la memoria, porque mucho de lo que hoy somos como sociedad y como país se lo debemos a todas esas personas asesinadas por defender la libertad y la democracia".

La consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, ha inaugurado este miércoles el Primer Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual en la Región de Murcia, informaron fuentes de ese departamento en un comunicado.

En el evento han participado también la rectora de la UPCT, Beatriz de Miguel; la jefa de la Oficina de Violencia sobre la Mujer en Murcia de la Delegación del Gobierno, María Luisa Barrera, y la fiscal especialista en Extranjería de Murcia, Silvia Benito.

Franco ha destacado la creación de un punto de acogida temporal, pionero en la Región, y de tránsito para el alojamiento, manutención, cobertura de necesidades básicas y atención social y educativa de mujeres víctimas de trata por explotación sexual, así como de sus hijos, que son también víctimas de esta lacra y que ha atendido a 7 mujeres desde su puesta en marcha.

El Congreso, inaugurado en directo en streaming para 900 personas inscritas, ha contado con casi 2.000 asistentes online, unas cifras que, según la consejera, "son fruto del esfuerzo realizado por la Fundación Cepaim, Apramp Programa Oblatas, Cats, Accem y Cruz Roja, que han trabajado junto con la Dirección General de Mujer y Diversidad con el fin de prevenir y erradicar una de las expresiones más cruentas de la violencia de género que sufren las mujeres e incluso menores de edad".

El evento cuenta entre sus participantes con especialistas del ámbito civil, profesional, y académico, cuya experiencia marcará un antes y un después entre los asistentes, que aprenderán posibles métodos con los que prevenir esta lacra y a sensibilizar la sociedad.

"La Consejería está absolutamente comprometida con la realización de campañas de concienciación para dar a conocer el problema de la trata y su prevención. Nuestra prioridad es mejorar la asistencia y la calidad que prestamos a las víctimas de este 'negocio', que es otra expresión de la violencia de género y que atenta contra los principios de libertad y de igualdad", ha resaltado Franco.

La titular de Mujer ha explicado que "se está trabajando en la puesta en marcha de dos recursos de acogida: uno específico para mujeres gestantes y otro destinado a mujeres con problemas de salud mental, para cubrir las necesidades específicas de cada mujer.

Por último, ha agradecido a los asistentes virtuales su participación en el acto y ha llamado a "aunar esfuerzos para que el mensaje llegue a toda la sociedad y que todos entiendan la necesidad de ver la igualdad como un derecho ineludible, para que situaciones como la trata de explotación sexual dejen de repetirse entre las mujeres y los menores".

PROGRAMA DEL CONGRESO

El programa, que se desarrollará este miércoles y jueves, se estructura en cuatro módulos cuyos contenidos abordarán legislación y políticas públicas; sensibilización y prevención en la educación; intervención con víctimas y acción integral; y estrategias de innovación social.

Destaca por posibilitar espacios de conocimiento compartido y diálogo en los que los participantes podrán intercambiar conocimientos y experiencias desde una perspectiva internacional, con una mirada centrada en los países de Latino América, con Colombia como país invitado en esta edición.

La programación se complementa con actividades grupales y participativas como el taller sobre 'Herramientas didácticas para la prevención de la trata', a cargo de la antropóloga Alicia Bustamante, y la visita guiada a la exposición 'De macarras a proxenetas', en el Museo de Arte Moderno de la Región (MURAM), cuyo fin es que los asistentes obtengan herramientas para entender y combatir este delito desde la corresponsabilidad y en sus entornos más próximos.

El Congreso también incorpora la cultura y el arte, como instrumentos fundamentales de transformación y acción social, con la proyección del último cortometraje-documental 'Biografía de un cadáver', estreno en Murcia, de la realizadora y escritora especialista en trata Mabel Lozano.

El I Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual en la Región de Murcia cuenta entre sus participantes con la fiscal Beatriz Sánchez Álvarez; la presidenta de APRAMP, Rocío Mora; la jurista e investigadora Ruth Mestre; el sociólogo Lluis Ballester; la escritora y periodista Helena Maleno; la antropóloga social y cultural Carmen Meneses; el jefe de la unidad especializada en trata de la Guardia Civil, Félix Durán; y la antropóloga colombiana Drisha Fernández Domecq, que integra la Iniciativa ProEquidad.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha valorado este miércoles el informe de la Comisión de Derecha sobre el Estado de Derecho en España afirmando que al Gobierno le "agrada que ahora sea también la Comisión Europea la que le dice a la oposición española que es hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial".

"Sobre el CGPJ dice que habría que proceder a la renovación y comprenderán que es un mensaje en el que el Gobierno lleva meses insistiendo a la oposición", ha dicho González Laya en declaraciones a periodistas en Nicosia, donde se ha reunido con el Gobierno chipriota.

El informe, adoptado este miércoles por la Comisión, no hace recomendaciones pero sí identifica como "desafío" para la Justicia española la "situación del CGPJ". El mismo informe advierte de los retrasos en los procedimientos judiciales y se hace eco de las preocupaciones que suscita la relación que el ordenamiento español establece entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno.

González Laya ha reconocido que, en relación con la Fiscalía, el informe cree que mejoraría la percepción si hubiera un "decalaje" entre el nombramiento del Fiscal y el del Gobierno y que, para que la percepción de independencia aumente, podría darse más publicidad a las comunicaciones entre el Ministerio de Justicia y la Fiscal. En todo caso, ha afirmado que España "acoge los comentarios y los valora de manera constructiva".

Además, ha recalcado que el Gobierno "valora positivamente el esfuerzo que está haciendo la Comisión para impulsar el Estado de Derecho en la UE" y que por eso se ha prestado voluntariamente a este ejercicio.

"ESPAÑA NO TIENE NADA QUE OCULTAR"

En la misma línea, España se ha prestado también a participar en una discusión con el resto de Estados de la UE, que podrán interpelar y hacer preguntas al Gobierno español a principios del año próximo. "España no tiene nada que ocultar en materia de Estado de Derecho", ha dicho.

Según ha explicado, España ha participado de manera muy activa en la elaboración del informe aportando un centenar de páginas de documentación.

A su juicio, el informe "refleja la situación en España", con "puntos fuertes" como la estructura institucional, las consultas en materia legislativa, la digitalización en curso de la Justicia o el Defensor del Pueblo y cuestiones "sobre las que España tiene que mejorar". "No tenemos ningún problema con ello porque estamos ya trabajando para mejorarlas", ha asegurado.

La medida anunciada este miércoles por el Gobierno de suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021 permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir "sin límite" de sus remanentes de tesorería en este año y el próximo.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que ha explicado que los ayuntamientos podrán disponer de este dinero durante los años en los que quedan suspendidas las reglas fiscales --2020 y 2021--.

Eso sí, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas.

Asimismo, la medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos dos años. Con todo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las Comunidades Autónomas y entidades locales para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

NO AFECTA A LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Según ha explicado el propio Ministerio de Hacienda, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSEF), o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales.

De este modo, se mantienen en este años los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento.

ETERNA 'BATALLA' DE LOS AYUNTAMIENTOS

La disposición de los remanentes de tesorería ha sido una constante reivindicación de los ayuntamientos, que ha cobrado aún más fuerza con la pandemia del coronavirus. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) logró en verano un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que materializaba una fórmula para disponer de este dinero.

Sin embargo, el pacto entre la cúpula de la FEMP y el Ministerio de Hacienda se encontró con la oposición por parte del resto de grupos que forman la agrupación municipalista y el acuerdo salió adelante gracias al voto de calidad de Abel Caballero y la abstención de Unidas Podemos.

El Gobierno decidió convertir el acuerdo en un decreto ley, algo que provocó que lo llevara al Congreso y éste fuera tumbado por una amplía mayoría en la Cámara Baja. Este mismo martes, Caballero anunció que veía "cerca" otro acuerdo con el Ministerio en materia económica que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes.

El 30 por ciento de los cuadros que inicialmente ven los neurólogos en las consultas como susceptibles de ser diagnosticados de Parkinson, "no lo son realmente y atienden a otras patologías que, genéricamente, denominamos como parkinsonismos", ha explicado el doctor Juan Carlos Gómez Esteban, neurólogo de la Unidad de Disautonomía y Párkinson del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi y científico del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya.

Según ha señalado, en el transcurso de su intervención dentro de la XLVII Semana Médica Neurológica de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, "no todo el Parkinson es realmente la enfermedad de Parkinson". Dentro de las enfermedades que con más frecuencia se ven en las consultas y que, aunque comparten algunas semejanzas, no se tratan de una enfermedad de pArkinson, destaca la parálisis supranuclear progresiva (PSP) que, básicamente, es una parkinsonismo en la que sucede que el paciente se cae mucho al suelo y tiene una imposibilidad para mover los ojos.

También ha destacado otra enfermedad, que es la atrofia multisistémica (AMS) que, básicamente, es una enfermedad de Parkinson en la que la persona que la padece presenta problemas de presión arterial y alteraciones en el equilibrio de la marcha, con muchas caídas también y con nula respuesta a la medicación.

Otros parkinsonismos son los farmacológicos. Al respecto la doctora Beatriz Tijero, neuróloga de la Unidad de Disautonomía y Párkinson del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi y del Hospital Universitario Cruces, ha explicado que puede ocurrir que determinados fármacos prescritos a una persona puedan desenmascarar un Parkinson latente y sin síntomas de esa persona, y provocar que éstos se manifiesten de una manera más temprana; y, por otro, que esos determinados medicamentos puedan provocar un Parkinson iatrogénico.

En este último caso, ha explicado, "al retirar la medicación que provoca el efecto secundario indeseado, la condición del paciente vuelve a su estado anterior".

Durante la jornada también ha destacado el Parkinson vascular. Este es debido, no a una degeneración del cerebro, sino a lesiones vasculares, del riego sanguíneo, que acaban produciendo infartos en áreas estratégicas del cerebro, que dan como consecuencia los mismos síntomas o parecidos que los habituales en la enfermedad de Parkinson.

En los casos de parkinson vascular, los síntomas no son progresivos, no van a más, sino que son más bien estáticos y producen esas alteraciones de la marcha, explica.

DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES

"Una de las cosas que más complican el diagnóstico de los pacientes con parkinsonismo son las caídas al suelo. Hay una cantidad muy importante de herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a detectar esos trastornos de la marcha que preceden a las caídas. Además, otro riesgo que tienen estos pacientes son los atragantamientos. Estos dos son los aspectos que más se tienen que vigilar por parte de estos pacientes, ya que dan lugar, por un lado, a traumatismos craneoencefálicos -en el caso de las caídas- y a neumonías por aspiración, en el caso de los atragantamientos", ha indicado el doctor Esteban.

Uno de los avances más significativos de los últimos años para el diagnóstico diferencial de los parkinsonismos en particular y, en general, de los trastornos del sistema nervioso vegetativo o autónomo (el que regula las funciones involuntarias del organismo, como pueden ser, entre otras muchas, la tensión arterial, los cambios de ritmo cardiaco, la sudoración, la digestión, la micción e incluso la excitación sexual), es el estudio de la disautonomía.

Para lo que destacan las unidades de disautonomía, "un recurso de una gran utilidad para el diagnóstico diferencial de este tipo de pacientes, ya que no todas las personas que aparentemente padecen párkinson, tienen efectivamente esta patología". El estudio de la disautonomía en concreto puede ayudar a lograr un diagnóstico diferencial preciso.

Y en cuanto a las caídas, "que es uno de los principales factores de riesgo de cara a la morbimortalidad de estos pacientes, en muchos casos son debidas a una presión arterial baja (hipotensión), y lo mismo pasa con la presencia de mareos. Una vez detectada la causa que origina el problema, se puede intentar paliarlo en la medida de lo posible de acuerdo con los avances actuales, para rebajar al máximo ese factor de riesgo", ha añadido Tijero.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha defendido este miércoles la gestión de la Consejería de Educación y Deporte que dirige Javier Imbroda (Cs), apoyándose para ello en su labor para garantizar una vuelta presencial "segura" de los escolares a las aulas, algo que "ha funcionado" en Andalucía.

Así lo ha puesto de relieve el consejero portavoz en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, un día después del cese, menos de una semana después de su nombramiento, del delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en la provincia de Sevilla, Miguel Martín León, tras conocerse que está procesado en una causa judicial que investiga presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida.

Bendodo ha defendido que, para evaluar la gestión de la Consejería de Educación se puede hacer como con "una empresa", guiándose de la "cuenta de resultados", y el "gran reto" que en estas fechas tenía el departamento que dirige Javier Imbroda era el de la 'vuelta al cole' tras el cierre de las aulas en marzo con motivo de la pandemia de coronavirus.

El consejero portavoz ha resaltado que "se ha trabajado durante meses" para garantizar una 'vuelta al cole' "ordenada y segura pese a las críticas" de partidos de la oposición como el PSOE-A, recurriendo para ello a la contratación de "más de 6.000 profesores" e invirtiendo "600 millones más" de euros, todo lo cual "ha funcionado", según ha aseverado.

En esa línea, Bendodo ha dicho que él se guía "por ese criterio" para valorar la gestión de la Consejería, más allá de "los problemas que haya habido con un delegado en concreto que no ha informado de su situación" procesal "a Ciudadanos, que era el que lo había nombrado", según ha continuado el consejero portavoz, que ha tachado ese comportamiento de Miguel Martín de "irresponsabilidad y falta de lealtad total" con el partido naranja. Además, ha subrayado que, "en cuanto tuvo conocimiento" el consejero Imbroda de esta situación procesal, se ordenó el cese del delegado.

Por otro lado, Bendodo ha insistido en señalar que el PSOE-A "ha intentado que no haya vuelta al colegio" en Andalucía, "sembrando todo tipo de dudas y movilizaciones", y frente a ello ha puesto de relieve que, actualmente, "sólo diez colegios están cerrados" en una comunidad en la que se han incorporado a las clases "dos millones de alumnos", y en la que "el 92%" de sus centros educativos "está libre de Covid".

Bendodo ha realizado un llamamiento "al principal partido de la oposición" en Andalucía, el PSOE-A, "para que meta al hombro", y ha defendido que "quien ha respondido a la estrategia del PSOE de boicotear la vuelta al cole ha sido la propia comunidad educativa, que se ha portado de diez" en este contexto.

La Fiscalía Superior de Andalucía (FSA) considera "preocupante" que "cada vez sean más" en Almería los enfrentamientos entre bandas organizadas" y "los ajustes de cuentas que acaban en asesinatos, homicidios o lesiones graves" y constata el "incremento año tras año" de procesos judiciales "complejos y graves relacionados con la corrupción política y social".

En la memoria de 2019, hecha pública este miércoles, el órgano se hace eco de lo trasladado por el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, quien remarca esta realidad, y alude también a que "asocia algunos casos con situaciones trágicas de violencia contra la mujer".

"Año tras año, siguen incrementando los procedimientos complejos y graves relacionados con la corrupción política y social, y los referidos a grupos o bandas organizadas en los que se imputan diversos y complejos delitos y hay numerosos investigados, lo que exige un mayor esfuerzo y dedicación de los fiscales, por lo que la carga de trabajo sigue aumentando un año más", recoge.

La memoria reseña que la Fiscalía "sigue refiriendo" que los índices de delitos contra la vida y la integridad "siguen siendo muy elevados" en la provincia, si bien matiza que es "habitual que se identifique y detenga a sus autores para que sean juzgados".

Similar consideración hace el fiscal jefe con respecto a las formas delictivas contra la libertad sexual y tilda de "muy elevado" el número de procedimientos al tiempo que destaca "por su gravedad, las situaciones de trata con fines de explotación sexual, delitos que normalmente son cometidos por grupos organizados y con víctimas muy vulnerables e indefensas".

"En estos casos, hay que hacer uso habitualmente de la práctica de pruebas anticipadas y de testigos protegidos, dadas las circunstancias de las víctimas que raramente comparecen el día de la celebración del juicio, bien porque son extranjeras y ya no se encuentran en el país o por el fundado temor a las represalias de los acusados y su entorno", remarca para añadir que "cuando menos, la actuación de fiscal está impidiendo en estos casos las ingratas situaciones de la llamada victimización secundaria".

La memoria, que indica que "si bien los índices continúan siendo bastante elevado", los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico se "mantienen estables", incluye valoraciones de la fiscal delegada de Violencia de Género, Marta Brea, quien apunta a "una cada vez mayor número de sentencias absolutorias" debido a que "una vez llegado el juicio oral, es ahí donde cada vez son más las mujeres que no quieren declarar".

"Normalmente en los casos en que estamos ante diligencias urgentes de la guardia, es escaso el número de mujeres que se acogen a la dispensa, siendo un porcentaje muy alto el de las víctimas que en ese momento quieren declarar y continuar con la causa ratificando su denuncia", traslada al tiempo que advierte de que "a medida que avanzamos en la investigación, sobre todo si hay que transformar en diligencias previas, el número de mujeres que se acoge a dispensa ya es superior".

La memoria indica que aparecen en el "repertorio de preocupaciones" de las fiscalías andaluzas las "plantaciones de marihuana en viviendas, parcelas o en invernaderos" con "graves conductas se asocian normalmente con enganches ilegales de electricidad".

Subraya la mención expresa "de Cádiz o Almería, con una natural preocupación", a que estas plantaciones "son custodiadas por personas armadas que pertenecen a organizaciones criminales que planifican meticulosamente estos cultivos" y destaca el "elevado número de plantaciones de marihuana" en la provincia.

"INCREMENTADO CARGA DE TRABAJO HASTA NIVELES ABSURDOS"

La Fiscalía, tal y como recoge la memoria, destaca "la especial dificultad derivada de la carga de trabajo existente" con una plantilla se encuentra infradotada en relación con esta y avisa de que "la situación ha empeorado debido a la reciente creación de órganos judiciales que no ha sido completada con la creación de nuevas plazas fiscales"

"Se ha incrementado la carga de trabajo hasta niveles absurdos, recibiendo como única medida paliativa la concesión de algunos fiscales de refuerzo", lamenta.

Esta reflexión precede a un análisis de los delitos económicos, en los que aprecia estabilidad en el volumen de procedimientos por delitos contra la hacienda pública "con un amplio porcentaje de sentencias condenatorias" aunque, según matiza, "dada la compleja y dilatada instrucción de estas causas, así como las dificultades que hallan los juzgados de lo penal para el señalamiento de las vistas, ello contribuye a que en casi la mayoría de sentencias condenatorias recaídas se aprecie la atenuante por dilaciones indebidas".

En lo referente a delitos contra la Seguridad Social, pone de manifiesto que "la inmensa mayoría" de causas "siguen circunscribiéndose al ámbito del cobro indebido de prestaciones a través de la creación de contratos supuestos, ya sea mediante la creación de empresas ficticias, ya sea mediante la utilización normalmente desautorizada de empresas reales".

La Fiscalía de Almería remite también consideraciones sobre los delitos informáticos y señala que la mayor parte "terminan archivados por falta de autor conocido", problema que provoca, en su opinión, "la falta de medios para la persecución de los delincuentes informáticos, así como las enormes dificultades técnicas para seguir su rastro".

Concreta que, durante el año 2019, se elaboraron un total de 1027 atestados policiales, de los cuales solo fueron judicializados 359. De estos, un total de 226 eran por estafas informáticas.

En cuanto al análisis de la cooperación internacional, la memoria indica que la gran mayoría de solicitudes de auxilio internacional son relativas a delitos con un perfil económico "claro" como son estafas cometidas por internet, fraude de subvenciones, o blanqueo, mientras que los delitos contra la salud pública, fundamentalmente relativos al cultivo de marihuana o apertura de paquetes remitidos por correo, es una materia "en la que cada vez se incrementa más la solicitud.

"Se insta cada vez más a la localización y vigilancia de personas, entradas y registros, intervenciones telefónicas y colocación de dispositivos de geolocalización de camiones de gran tonelaje en territorio europeo, como diligencias habituales", detalla.

"DESTACAN DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA"

La Fiscalía de Almería hace referencia, asimismo, a en la provincia destacan, un año más, los delitos de prevaricación administrativa, así como los de administración desleal de fondos públicos y cohecho, y subraya que "que suelen plantear una gran complejidad para su investigación".

"Normalmente su tramitación dura varios años y deben someterse, como complicación añadida, a su enjuiciamiento por el Tribunal del Jurado, lo que exige una especial dedicación y una enorme carga de trabajo para los Fiscales encargados de su atención", lamenta para hacer hincapié en delitos de prevaricación urbanística.

Por último, el análisis de la Fiscalía de Medio Ambiente de 2019 recoge que se han incoado un total de 69 procedimientos judiciales, de los que nueve son por delito contra la ordenación del territorio y diez por delito contra el medio ambiente.

Contabiliza 25 delitos contra la flora y fauna, la mayoría por tráfico de especies protegidas, mientras que contra el Patrimonio Histórico refiere siete, por incendios forestales 13, y por malos tratos a animales domésticos cuatro.

El número de sentencias dictadas por los juzgados de lo penal y Audiencia Provincial en delitos propios de la especialidad, y especialmente por delitos contra la ordenación del territorio, ha sido de 14 y no consta la ejecución de demoliciones durante 2019.

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha recordado este miércoles que la sustitución del ya expresidente de la Generalitat Quim Torra por el vicepresidente, Pere Aragonès, quedará "sin efecto" si el Tribunal Constitucional (TC) suspende de forma cautelar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre su inhabilitación.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al primer Consell Executiu que se ha celebrado sin la presencia de Torra, después de que el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) haya publicado el decreto de sustitución, que se ha tirado adelante pese a que el Gobierno no ha publicado el cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para Budó, el cese debería haberse publicado en el BOE porque permitiría dar "la máxima seguridad y las máximas garantías jurídicas" a dicha situación, y por ello lo reclamaron a La Moncloa, que les respondió que no era un paso obligatorio.

"Deben tener sus razones para no publicarlo", ha sostenido la también consellera de Presidencia en funciones, que ha negado que hayan actuado con prisa a la hora de activar el proceso de sustitución, en el que han incluido la disposición final relativa al TC.

"ITINERARIO LEGAL"

Así, ha defendido que han seguido el "itinerario legal" previsto a la hora de afrontar la situación provocada por el fallo del Supremo, y por ello han aprobado un decreto de sustitución que ha sido firmado por todos los consellers en funciones del Govern.

Lo han firmado todos los consellers para remarcar la excepcionalidad de la decisión en un momento en que las instituciones catalanas son víctimas, una vez más, de una persecución política y de represión", ha lamentado Budó, que ha confiado en que los tribunales europeos darán la razón a Torra.

Además de constatar que en la reunión del Consell Executiu no se ha ocupado la silla de Torra "en señal de respeto y solidaridad", y que no lo harán durante el resto de la legislatura, ha asegurado que el principal cambio que han notado es su ausencia.

Sin embargo, ha dejado claro que "no ha habido un cambio de presidente ni ninguna investidura", y que a Aragonès le ha tocado asumir funciones del presidente en una situación de temporalidad, ha dicho, hasta que se celebren elecciones.

También ha negado que con Aragonès haya habido un cambio de tendencia: "La represión ha inhabilitado al presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión. El presidente no ha podido presidir el Consell Executiu como ha hecho desde que es presidente. Todos los miembros del Govern hemos dado continuidad como hacíamos cuando él estaba".

La presencia del Derecho en las obras de Miguel Delibes y el perfil jurista del autor vallisoletano protagoniza el libro 'Derecho y literatura en la novela de Miguel Delibes', escrito por 21 profesores y expertos en Derecho bajo la coordinación de Noemí Serrano.

Editada por Aranzadi y la Diputación de Valladolid, la obra analiza la presencia del Derecho en célebres obras de Delibes como 'La sombra del ciprés es alargada', 'La hoja roja', 'Las ratas', 'Cinco horas con Mario', 'Parábola del Naúfrago', 'La mortaja', 'Las guerras de nuestros antepasados', 'El disputado voto del señor Cayo', 'Los Santos Inocentes', 'El tesoro', 'Madera de héroe', 'Señora de rojo sobre fondo gris', 'Diario de un jubilado' o 'El hereje'.

Asimismo, se abordan ensayos del autor como 'La censura en la prensa de los años 40' o se plantea un diálogo a través de sus textos entre el propio Delibes y el Papa Francisco, en este caso de la mano del obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, a la sazón licenciado en Derecho y en estudios eclesiásticos.

Junto a Serrano y Argüello, completan el elenco de autores Mercedes Alonso, Nuria Belloso, Antonio Calonge, Julián Espartero, Juan José Fernández, María Paz García, Elías González-Posada, Vicente Guilarte, María Teresa Martín, José Luis Martínez, Ricardo Mata, María Aránzazu Moretón, Fernando Rey, Íñigo Sanz, Pedro Rubio, Luis Antonio Sanz, Rafael Sastre, Teodora Torres y Begoña Vidal.

Aunque otros juristas ya han analizado con anterioridad novelas de escritores célebres desde el punto de vista del Derecho, Noemí Serrano ha destacado durante la presentación del libro --celebrada este miércoles en el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid--, que se trata de la primera vez que se hace "con toda la obra de un autor".

Asimismo, la coordinadora del proyecto ha subrayado la importante presencia que esta disciplina tiene en la obra de Delibes, quien ejerció como catedrático de Derecho Mercantil dentro de su "polifacética" vida.

VISIÓN "CENTRADA EN LA PERSONA"

Serrano también ha ensalzado la visión que tenía del Derecho "centrada en la persona", frente a la "despersonalización de las relaciones humanas" imperante.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Miguel Delibes e hija del escritor, Elisa Delibes, ha defendido que se trata de un proyecto "original y bonito" que rompe con lo que están acostumbrados en la institución que dirige.

En este sentido, ha destacado algunos de los aspectos analizados en el libro, como la adecuación a la legislación laboral del salario de la Desi en 'La hoja roja', la propiedad de la cueva del ratero en 'Las ratas' o la violación de los derechos individuales que se abordan en 'Señora de rojo sobre fondo gris'.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha recordado que la presentación de esta obra estaba prevista para el mes de marzo, coincidiendo con el décimo aniversario del fallecimiento de Delibes, pero la pandemia de coronavirus obligó a retrasarla hasta ahora.

Enmarcada, no obstante, en los actos del centenario del nacimiento del autor, la publicación ahonda en "el interés de Delibes por los problemas del hombre", más allá de otros aspectos conocidos de su literatura como la naturaleza y el medio rural, como ha subrayado Íscar, quien ha enfatizado el compromiso de la Diputación con el legado del escritor.

Por último, el representante de la editorial Aranzadi, Daniel Tejada, ha mostrado el "orgullo" de su sello, estrictamente jurídico, por poder publicar un libro sobre Delibes "tan entretenido e inteligente".

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este miércoles que no ha habido nuevos contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y le ha pedido que aclare si ha decidido pactarlos con Esquerra y no con Cs.

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja al finalizar la sesión plenaria, Bal ha explicado que los contactos que han mantenido con el Ejecutivo y con el PSOE sobre esta cuestión son aquellos de los que ya informaron públicamente. "No ha habido más negociación de Presupuestos", ha añadido.

El diputado ha reiterado que en Cs están "dispuestos a hablar" con el Gobierno de coalición para acordar unos Presupuestos "de emergencia nacional" que permitan afrontar el impacto de la crisis del coronavirus.

"La responsabilidad de Pedro Sánchez es presentarnos unos Presupuestos razonables, moderados, centrados, pragmáticos, que gusten en Bruselas y que supongan la recuperación económica y social de este país", ha subrayado.

SÁNCHEZ DEBE ELEGIR: O ERC O Cs

En este contexto, ha reiterado que, para su partido, "no hay dos caminos a la vez" en la negociación de las cuentas públicas de 2021, sino que el presidente debe escoger "uno de dos caminos: o con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o con Ciudadanos".

Tras señalar que por ahora ni siquiera ha habido intercambio de documentos con el Ejecutivo --"esto lo quiero dejar muy claro", ha dicho--, Bal ha dicho que habrá que preguntar a la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si ya se ha decantado por uno de esos dos caminos.

"Porque si ha elegido el camino de Esquerra, es evidente que no está eligiendo el camino del centro, el de las soluciones moderadas, el que nosotros creemos que es el bueno y el que quieren los españoles y las instituciones de la Unión Europea", ha indicado.

Un total de 15 'ultraboys' se enfrentarán a penas de cárcel y una cifra cercana a los 23.000 euros en indemnizaciones acusados de la agresión a una docena de agentes de la Policía Nacional en la explanada del estadio de El Molinón, momentos antes de un partido del Real Sporting.

El juicio contra todos ellos está previsto que se celebre el próximo día 21, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón.

De acuerdo al relato fiscal, la tarde del día 9 de septiembre de 2017, en el estadio El Molinón, de Gijón, estaba programado el partido de fútbol entre los equipos Real Sporting de Gijón y Real Oviedo.

Este estaba catalogado como de alto riesgo por la Comisión Permanente Delegada de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2007.

Por tal motivo, se estableció un dispositivo de seguridad específico en el que intervinieron distintas dotaciones de la Policía Nacional de Gijón, Oviedo y Madrid.

Sobre las 16.30 horas de ese día, el autobús que trasladaba al equipo del Real Sporting de Gijón al estadio, escoltado por un único vehículo policial, accedió a la avenida de El Molinón, dondequedó bloqueado debido a la presencia de unas 2.000 personas seguidoras del equipo local, y entre los que se encontraban todos los acusados, pertenecientes a un grupo denominado 'Peña Ultraboys'.

Con el fin de facilitar el paso del autobús, se personaron en el lugar varias dotaciones policiales que fueron recibidas por los acusados, y otras personas no identificadas, con lanzamiento de botellas de cristal, vallas delimitadoras, bengalas encendidas, contenedores del Servicio de limpieza, sillas, piedras y otros objetos.

AGRESIÓN A LA POLICÍA

Como consecuencia de todo ello, resultaron agredidos 12 agentes de la Policía Nacional, y muchos de ellos heridos de diversa consideración. Entre las lesiones que sufrieron figuran contusiones en diferentes partes del cuerpo, esguince, rotura de fibras e incluso alguno sufrió quemadura de primer grado en el lado izquierdo de la cara.

Todos los funcionarios policiales fueron atendidos en el Hospital de Begoña-Gijón, y Clínica Asturias-Oviedo, no constando el importe de los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria prestada a los mismos.

La Fiscalía califica los hechos de un delito de desórdenes públicos, previsto y penado en los arts. 557 y 557 bis, 1a y 3a delCódigo Penal; uno de atentado; tres de lesiones, tipificados y sancionados en el art. 147.1 del Código Penal; tres delitos leves de lesiones; un delito de lesiones en riña tumultuaria.

Del primer delito, el Ministerio público acusa a todos los procesados, mientras que del segundo y del último, en concepto de coautores, a cada uno de los acusados, excepto a cinco. Del resto de delitos, la Acusación Pública hace responsable a los procesados con función a su participación en el altercado contra la Policía. Concurre, en uno de los acusados de lesiones, la agravante de reincidencia.

Las penas van desde los 3 años y medio de prisión para cada uno de los acusados para el delito de desórdenes públicos a el año y medio de cárcel por el de atentado y de seis meses de prisión en el caso del delito de lesiones en riña tumultuaria.

Respecto a las penas por el delito de lesiones, la Fiscalía pide seis meses de cárcel por cada uno y para procesado acusado del mismo, excepto en el caso del enjuiciado al que se le aplica agravante de reincidencia, para el que se solicita dos años de prisión. En cuanto a los acusados por delitos leves de lesiones, la pena solicitada es, para cada uno, el pago de una multa de dos meses con una cuota diaria de diez euros.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide el abono, en diferentes cuantías a los acusados de lesionar a los agentes, que suman una cantidad global cercana a los 23.000 euros.

Además, solicita que todos los acusados, conjunta y solidariamente, deberán indemnizar al Hospital Begoña, Gijóny Clínica Asturias de Oviedo, por los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada a los policías nacionales heridos.

La Red Agua Pública de la que forma parte Ecologistas en Acción ha solicitado al Gobierno que siga prohibiendo los cortes de suministro de agua a los sectores sociales vulnerables, en línea con los decretos ley aprobados los días 17 y 31 de marzo pasados en los que se precisaban las medidas extraordinarias en el ámbito económico y social frente a la crisis sanitaria del coronavirus en España.

Esas normativas se aprobaron en el marco del estado de alarma ante la previsible condición de vulnerabilidad y llegarán a su fin el 30 de septiembre.

Por ello, la Red Agua Pública considera coherentes con el derecho humano al agua que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes de suministro por motivos de vulnerabilidad económica o social.

Las medidas contaron con amplio respaldo pero Ecologistas en Acción, como parte de la Red Agua Pública acusa al "lobby del agua privada" de presionar al Gobierno a través de una cara de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, a la que pidieron la suspensión de prohibir los cortes de agua por los "perjuicios comerciales" que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión, según la ONG que califica esa actitud de "egoista, insolidaria y mezquina" tanto que fue "denunciada" por la Red Agua Pública.

Sin embargo, seis meses después, Ecologistas considera que el impacto del COVID-19 ha ocasionado un "incremento notable del número de familias que se encuentran en condiciones de pobreza extrema", que ya alcanza casi el 68 por ciento de las vulnerables, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008.

Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5 % de las familias se han visto obligadas a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2 % viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.

Frente a esta situación, Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno "no ha renovado" las medidas de protección a los sectores sociales vulnerables lo que a su juicio es "a todas luces inaceptable" ya que advierten de que "condenará a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondrá en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua".

Por ello, la Red Agua Pública exige al Gobierno que reconsidere la decisión y "desoiga cualquier presión del lobby del agua privada" para reanudar los cortes de suministro y mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de garantizar el derecho humano al agua y no dejar a nadie atrás.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha querido dejar claro este miércoles que Andalucía es una "tierra hospitalaria y de brazos abiertos" que recibe "a todo el mundo encantado", por lo que los madrileños y ciudadanos "de cualquier otra comunidad autónoma van a ser bien recibidos" en la región, aunque, "como a todos los españoles y visitantes, les pedimos que cumplan las normas" sanitarias para la prevención de contagios de coronavirus.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, el consejero portavoz se ha pronunciado así después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señalara la pasada semana que la Administración andaluza "monitorizará" la situación de la pandemia en municipios con segundas residencias de ciudadanos madrileños.

Al respecto, Bendodo ha defendido que "es obligación de cualquier gobierno tener monitorizada la evolución de la pandemia en todos los rincones de Andalucía, en todos los municipios, y especialmente lo hemos hecho este verano en la costa", según ha añadido antes de insistir en señalar que los andaluces "recibimos al turismo con los brazos abiertos", aunque como a "cualquier persona", se le pide al visitante "sentido común y responsabilidad".

De esta manera, ha apuntado que "monitorización es ver cómo evoluciona la pandemia", y es una cuestión distinta a la medida que adoptó este martes el Consejo de Gobierno de realizar cribados masivos de test rápidos de antígenos en determinados municipios donde se ha detectado una "especial incidencia" de contagios de COVID-19.

ATENCIÓN PRIMARIA

Sobre la situación de la Atención Primaria en Andalucía, el consejero portavoz ha reconocido que ha habido "una especial incidencia" en la misma este verano coincidiendo con las vacaciones de los "grandes profesionales sanitarios" de la comunidad, a quienes desde la Consejería de Salud y Familias se les pidió que "aprovecharan los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre" para disfrutar de su descanso tras llegar al inicio del verano "exhaustos por la gestión de la primera ola" de la pandemia.

Bendodo ha defendido que "todos los datos" apuntaban al final del estado de alarma decretado por el Gobierno central para combatir la pandemia --que se levantó el 21 de junio-- que "se iba a producir una segunda ola" de la pandemia en España, pero que sería "en otoño, coincidiendo con la llegada de la gripe, a primeros de octubre", y por eso desde la Consejería de Salud se optó por que los profesionales sanitarios aprovecharan sus vacaciones en verano, porque el otoño venía "fuerte".

Sin embargo, la segunda ola "se ha adelantado un mes y medio" y ha generado una "especial incidencia" en Atención Primaria, según ha reconocido Bendodo, que, no obstante, ha apostillado que, "con la progresiva reincorporación de los profesionales" sanitarios a sus puestos tras las vacaciones, "la situación está ya volviendo a la normalidad".

Ahora bien, según ha matizado, "el Covid ha venido para quedarse y nos cambia los parámetros", por ejemplo, a la hora de ir a un centro de salud, que ya no puede ser "como antes" de la pandemia para evitar "colapsos" y contagios, de ahí que "muchas veces" haya que optar por realizar las consultas "vía telemática o por teléfono" y no de forma presencial, siguiendo "las nuevas normas y protocolos del Ministerio de Sanidad", según ha añadido.

También ha puesto de relieve que la Junta ha "reforzado con 5.400 horas de telefonía" el servicio de Salud Responde para estos meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que "la problemática de colapso que había de llamadas está ya resuelto", según ha señalado Bendodo, quien ha defendido que "si hay una prioridad" para el Gobierno de PP-A y Cs "es la salud", que "es lo mas importante que tenemos", y al respecto ha puesto de relieve que el presupuesto de la Consejería de Salud ha superado este año "por primera vez en democracia los 11.000 millones de euros".

"HACEN FALTA MÉDICOS"

Con todo, ha apuntado que en Andalucía "hacen falta médicos y enfermeros", aunque se han incorporado profesionales jubilados y recién titulados, al tiempo que ha defendido que los rastreadores de casos de coronavirus "han funcionado" en la comunidad autónoma, y prueba de ello es "el ritmo de contagios y de ingresos" hospitalarios que deja la pandemia en la región, que es "por lo que nos tenemos que guiar" para valorar la evolución de la misma, según ha añadido.

Al respecto, Bendodo ha subrayado que la tasa de incidencia del coronavirus sigue en Andalucía por debajo de la media española y la comunidad está "ahora mismo a la cola en el ritmo de contagios", y la labor de rastreo "ha servido para evitar muchísimos" de ellos, según ha incidido.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha considerado "lamentable" que PP y Ciudadanos colaboren en la "injusticia" de retirar dos calles en Madrid a los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto.

Así se ha pronunciado Calvo, en declaraciones a los periodistas en Pamplona, al ser preguntada por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar estos dos nombre del callejero de la ciudad tras una propuesta de Vox.

La vicepresidenta ha afirmado que "lo más lamentable" es que el PP y Ciudadanos "se hayan visto arrastrados a esto". Y ha censurado que "hay quienes desde posiciones fascistas minoritarias no van a entender lo que significa el verdadero encuentro, la verdad y la justicia que a todos conviene y todos procuramos desde diferentes posiciones ideológicas".

"Lo lamentable es que el PP tenga tan perdido el rumbo, junto con Ciudadanos, como para dejar en este momento de remar en la dirección de la protección de la memoria democrática en nuestro país", ha apuntado.

Ha destacado Calvo, sobre Largo Caballero e Indalecio Prieto, que "estamos hablando de dos figuras absolutamente importantes que ejercieron cargos públicos porque se los entregaron las urnas de este país".

Y ha incidido en que el hecho de que el PP y Ciudadanos "hayan colaborado en semejante injusticia de dos cargos públicos de la democracia española, antifascistas ambos, es otro de los muchos errores erráticos y de pérdida de rumbo que tiene el Partido Popular y su líder en este momento".

El Gobierno sostiene que el Boletín Oficial del Estado (BOE) no tiene que publicar la inhabilitación del ya expresidente catalán Quim Torra, tras haberlo estudiado con la Abogacía del Estado.

La Generalitat había pedido al Gobierno, mediante un escrito, que publicara en el BOE el real decreto de cese de Torra ya que, según el informe de su Gabinete jurídico, este trámite era necesario para "dotar de la máxima seguridad jurídica las próximas actuaciones del Govern".

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada al respecto, que el Gobierno estaba estudiando con la Abogacía General del Estado si legalmente era necesario que la inhabilitación de Torra se publique en el BOE.

Finamente, el Gobierno ha determinado que "el BOE no tiene que publicar la inhabilitación de Torra" ya que, según las fuentes consultadas, la dicta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que además ordena, en su parte dispositiva, "a expedir un oficio dirigido al vicepresident para que active el procedimiento de sustitución interina previsto en el Estatut".

ARAGONÉS, PROCLAMADO SUSTITUTO POR EL DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT

Además, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) ya ha proclamado este miércoles al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, sustituto del expresidente Quim Torra tras su inhabilitación el lunes, por lo que se ha iniciado el mecanismo de investidura.

El Dogc recoge el dictamen del lunes del Tribunal Supremo que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilitó a Torra por desobediencia y, de acuerdo con la Ley de Presidencia de la Generalitat decreta: "El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda sustituye al presidente de la Generalitat.

Así, dándose la Cámara por enterada, comienza el mecanismo de investidura que empieza con un periodo de 10 días en los que el presidente del Parlament, Roger Torrent, debe constatar o no si hay un candidato a la presidencia tras consultar a los grupos.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que el Ministerio "va a trabajar de forma leal y coordinada con las administraciones afectadas en busca de soluciones para mantener las capacidades productivas y el empleo en Navarra", ante la decisión de Trenasa de cerrar su planta de Castejón, con 110 trabajadores.

La ministra, en respuesta a una pregunta de UPN en el Congreso, ha mostrado "la solidaridad y el apoyo del Gobierno" a los trabajadores y familias afectados por el anuncio de cierre y ha asegurado que "el Gobierno siempre se implica en la resolución de las crisis industriales defendiendo las capacidades productivas y los puestos de trabajo".

Reyes Maroto ha afirmado que "este Gobierno está siempre de lado de los trabajadores y vamos a analizar el problema que tiene la empresa y poner todos los medios para su resolución".

El diputado de UPN Sergio Sayas ha señalado que el Gobierno "no puede dar la espalda a Navarra" y ha advertido de que "en tan solo unos pocos meses hemos asistido al cierre de la planta de Gamesa en Aoiz con 239 trabajadores y ahora de Trenasa con 110". "Trenasa está localizada en Castejón, municipio con una tasa de paro de alrededor del 20% y en una zona de Navarra que es de las mas castigas por el desempleo en la comunidad", ha señalado.

Sayas ha asegurado que "hasta ahora Navarra se está sintiendo maltratada por el Gobierno de España, lo hemos visto con el reparto de los fondos de recuperación cuando nos han dado el 1% de los fondos, pese a que somos el 1,4% del total de la población española y aportamos a las cargas del Estado en función del PIB, que representa el 1,6%".

El diputado regionalista ha afirmado que "este es desgobierno que hay en Navarra con una presidenta que está actuando más de presidenta socialista que de toda la Comunidad".

Además, Sayas ha apuntado la importancia de que Navarra reciba fondos europeos, ya que es una Comunidad que "tiene retos en transformación digital y en reinvención de la industria".

La ministra ha respondido al diputado de UPN que los fondos europeos se van a canalizar a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y le ha dicho que "si tanto le preocupa el reparto de los fondos, apoye unos Presupuestos que son un impulso de país". "Si tanto le preocupa la industria, apoye los Presupuestos de 2021, que van a ser el canal para poder impulsar la industria de este país a través de los fondos de recuperación de la Unión Europea", ha insistido.

Ciudadanos va a presentar una queja por el comportamiento de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a la que acusa de "atentar contra la democracia" por haber "amparado" este miércoles las "injurias" que, a su juicio, ha vertido contra el Rey el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, mientras se ha negado a dar la palabra a la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz adjunto de ERC, Edmundo Bal, quien ha definido lo sucedido como un "lamentable incidente". También fuentes 'populares' han avanzado su intención de quejarse formalmente por la actuación de Batet.

Arrimadas ha intentado intervenir después de que el líder del PP, Pablo Casado, instara a Batet a actuar ante las "ofensas" que, desde su punto de vista, ha proferido Rufián contra el Jefe del Estado. La presidenta de Cs quería insistir en esa tesis e intentar que Batet aclarara qué se pueden considerar o no palabras ofensivas contra la institución monárquica.

Pero la presidenta del Congreso ha zanjado el asunto recordando a Arrimadas que ya se había pronunciado sobre el fondo de su pregunta --según Batet, no ha habido insultos a la Corona y hay que respetar la libertad de expresión de sus señorías-- y que, reglamentariamente no se pueden establecer debates con la Presidencia

Bal ha defendido que la petición de Arrimadas estaba plenamente fundada porque el Reglamento del Congreso contempla la posibilidad de llamar al orden a quien profiera "palabras o conceptos ofensivos contra las instituciones del Estado". A su juicio, esto es lo que ha hecho Rufián al referirse al Rey como "el diputado 53 de Vox".

BARRA LIBRE PARA FALTAR AL RESPETO

El diputado naranja ha cargado contra Batet por sostener que "la libertad de expresión lo ampara todo" y ha insistido en la necesidad de que aclare, como pretendía Arrimadas, si piensa aplicar alguna vez el artículo del Reglamento que permite actuar contra quien ofenda a las instituciones o si hay "barra libre" para "faltarles al respeto".

Para Bal, si ya es "grave" que se permitan "ofensas" dentro del hemiciclo, lo es aún más que Batet no haya dado la palabra a Arrimadas, mientras amparaba las declaraciones de quienes quieren "romper España" y "suprimir el régimen del 78".

"Les ampara porque son amigos del Gobierno mientras no permite que la oposición tome la palabra. Es un atentado contra la democracia y los derechos de participación política", ha dicho, para justificar la queja que van a presentar ante la Mesa del Congreso contra su presidenta.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que su Ejecutivo "puede estar de acuerdo" con que haya un marco general sobre criterios para nuevas restricciones ante el Covid-19, tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Madrid, pero ha pedido que se incluyan más indicadores y no sólo los tres requisitos inicialmente planteados para confinamientos.

En declaraciones a los periodistas al término de un acto celebrado en el Parlamento, Chivite ha afirmado que "no podemos decir ni que estamos en acuerdo ni en desacuerdo" con los tres requisitos previstos para el confinamiento de poblaciones con más de 100.000 habitantes y ha avanzado que Navarra llevará su propia propuesta al Consejo Interterritorial de Salud previsto para esta tarde.

En esa propuesta, ha detallado la presidenta del Gobierno foral, se incluyen "más criterios y más indicadores", ya que, según ha dicho, "creemos que tres no te dan una imagen real de la situación". "Vamos a proponer otros indicadores más y veremos qué es lo que se acuerda", ha agregado.

Según ha señalado la jefa del Ejecutivo, "sí que podemos estar de acuerdo con que haya un marco general, que luego cada comunidad pueda adaptar a su situación porque de eso trata la cogobernanza que siempre hemos estado defendiendo desde el minuto cero" y ha emplazado a esperar a ver qué es lo que se decide en el Consejo Interterritorial.

En este sentido, ha detallado que el Gobierno foral va a defender que también se tenga en cuenta la ocupación hospitalaria, así como la vinculación de los casos y cómo están vinculados a diferentes brotes. "Eso también es importante, eso te da información sobre el control que tienes de cada uno de los casos", ha agregado.

Sobre este último aspecto, Chivite ha remarcado que la Comunidad foral "hace una labor muy detallada de la vinculación de cada uno de los casos con cada uno de los brotes" y que supone "un criterio muy importante".

Ha recordado, además, que en otros momentos, en el periodo de la desescalada, el tema de la densidad de la población "también ha sido otro de los datos" a tener en cuenta y ha señalado, en este sentido, que en Navarra "más allá de Pamplona, no tenemos grandes problemas en cuanto a densidad".

Por último, sobre la situación en la que quedaría Pamplona con los tres requisitos inicialmente previstos para el confinamiento, Chivite ha subrayado que "desde luego, la tasa de ocupación de la UCI la tenemos bastante por debajo de lo que marca el indicador", puesto que "en este momento está en torno al 20%".