El tiempo anticiclónico, estable, sin apenas lluvias y con temperaturas más altas de lo normal para esta época del año concluirá este jueves, cuando entrará una borrasca profunda que está situada en el Atlántico norte y de la que saldrán frentes muy activos que llegarán a la Península y dejarán un final de octubre y una festividad de Todos los Santos marcada por las precipitaciones y el descenso térmico.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este sistema de frentes muy activos está parcialmente bloqueados por el anticiclón de las islas Azores. Pero este anticiclón se desplazará en los próximos días y dejará pasar un frente frío "muy activo" a partir de la segunda mitad del jueves por el noroeste peninsular.

Por su parte, Meteored precisa que al mismo tiempo que se desplaza hacia el sur el anticiclón de las Azores, en el norte del atlántico se creará un área de bajas presiones vasta que partirán desde Islandia. Tal situación favorecerá la llegada de vientos ábregos, húmedos y templados procedentes del mar Caribe y toda la Península estará afectada por ese "río atmosférico de humedad".

Con esa situación las precipitaciones serán generalizadas en toda la Península y en Baleares. En concreto, espera que la tarde del jueves el frente comience a penetrar por el noroeste peninsular y provocará un aumento de nubosidad en la zona, donde comenzarán a registrarse lluvias y chubascos que, en concreto en el oeste de Galicia podrán ser fuertes o persistentes.

El viernes las precipitaciones se extenderán hacia el este y afectarán a gran parte de la mitad noroeste peninsular y no se descarta que puedan afectar a otras zonas de la mitad oeste.

Con la entrada de este frente se esperan rachas fuertes en amplias zonas de montaña del tercio norte peninsular y un "acusado descenso" de las temperaturas en buena parte de la Península. Solo se librarán ese día el tercio este y el área Mediterránea.

Para el fin de semana, la AEMET prevé que según avance el frente, las precipitaciones se irán extendiendo a toda la Península y Baleares, aunque ve difícil precisar con esta antelación las zonas que recibirán las precipitaciones más intensas.

El episodio de lluvias comenzará a remitir el día 2 de noviembre, pero aún se mantendrán en algunas zonas de la Península y Baleares, pero ya no de manera generalizada.

HASTA 200 LITROS DE AGUA

Por su parte, Meteored destaca que el viernes el viento ábrego ganará en intensidad y las lluvias avanzarán por la mitad oeste, el centro de la Península desde el oeste hacia el este.

Las precipitaciones descargarán de forma persistente en el oeste de Castilla y León y Extremadura y a lo largo del día se extenderán a las provincias occidentales de Andalucía, donde podrían ser fuertes, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y a la cordillera Cantábrica. También persistirán en Galicia.

Respecto al fin de semana, Meteored pronostica que el puente de Todos los Santos estará marcado asimismo por la inestabilidad. En concreto, espera que el sábado los vientos del suoreste arrecien y dejen lluvias generalizadas en el interior y en el oeste de la Península.

Al final del día las lluvias llegarán al Pirineo, Baleares y noreste peninsular. Estas precipitaciones serán intensas y persistentes en puntos orientados al viento del sur o suroeste, como la cara meridional del sistema Central o el sur de Andalucía.

El domingo, octubre se despedirá con lluvias generalizadas por el noroeste y el lunes, día de Todos los Santos el viento podría comenzar a rolar hacia el noroeste, lo que provocará un descenso de las temperaturas. Las lluvias por su parte, ya quedarán restringidas a las regiones Bética, Cantábrica, a Baleares, Cataluña y Pirineos, donde bajará la cota de nieve.

En ese sentido, prevé que se puedan acumular más de 200 litros por metro cuadrado en zonas del sistema Central y superarán los 100 litros por metro cuadrado en Sierra Morena, Montes de Toledo y en el entorno de las Rías Bajas.

La rectora de la Universidad Católica de Ávila, María Rosario Sáez Yuguero, ha subrayado la importancia de la institución en Ávila al cumplir los 25 años de su fundación, según ha dicho en el acto de inauguración del curso académico.

"25 años no es un período muy largo para una universidad, pero sí lo suficiente y amplio para que estemos en un momento de consolidación y de crecimiento", ha manifestado a los periodistas con motivo del comienzo oficial del año académico.

También ha destacado la "repercusión social e importante de la universidad en Ávila", ha añadido.

"Pienso que Ávila no sería igual hoy sin la Universidad Católica", ha señalado, recordando su creación hace cuarto de siglo al tiempo que ha explicado que cuenta con 6.000 alumnos, entre presenciales y online, imparte 17 grados -cuatro de ellos nuevos- y otros tantos máster, y tiene unos 300 empleados, que unidos a los colaboradores llegan a cerca de 800.

Durante los 25 años han pasado por la UCAV cerca de 15.000 alumnos, y la universidad trabaja por implantar nuevas titulaciones como Farmacia y Medicina, además de aumentar la investigación, y la acreditación y formación del profesorado, ha indicado la rectora.

La celebración ha comenzado en la Catedral de Ávila con una eucaristía presidida por el nuncio apostólico de la Santa Sede en España, el arzobispo filipino Bernardito Cleopas Auza, a la que ha seguido el desfile de la comitiva académica por los soportales del edificio de la universidad, antes de posar todos los doctores ante una estatua de Santa Teresa.

El acto académico ha consistido en la lectura de la memoria del curso académico 2020-2021 por parte del secretario general de la Universidad Católica de Ávila, Francisco Trullén, y en la lección inaugural del nuncio apostólico en España.

Clepas ha felicitado a la UCAV, puesto que es "una ocasión especial" su 25 aniversario, y en nombre del papa Francisco ha felicitado a la universidad, en unos "tiempos que o son fáciles, sobre todo con la pandemia".

Además, ha deseado a la comunidad universitaria que la actividad "vuelva a ser como antes de la pandemia".

Tras el discurso de apertura de la rectora también ha intervenido el gran canciller de la UCAV y obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, quien ha dado gracias a Dios por los 25 años cumplidos.

"Un cuarto de siglo que nos hace mirar con agradecimiento en esta Acción de Gracias. Una Acción de Gracias por estos años, en los que vemos tanto bien derramado desde la iniciativa primera, gracias a un grupo al frente del que estaba Antonio Cañizares y gente que alentaron, hicieron y se lanzaron a una utopía que hoy en día es una realidad, pero también es una empresa cultural, de fe", ha aseverado el prelado abulense.

Asimismo, ha destacado de la UCAV "su sentido cultural, de aporte social, económico, de formación, de mujeres y hombres al servicio de la sociedad en las distintas profesiones, con competencia y profesionalidad a la altura y con calidad" al tiempo que subrayado que "hay un símbolo distintivo" que califica a esta Universidad y es su "significación católica y religiosa".

Igualmente, Gil Tamayo ha echado la vista atrás y h hecho referencia a los momentos difíciles que también ha vivido la UCAV porque aunque "hoy es una realidad viva y fecunda", ha tenido en su recorrido "misterios de gozo, de ilusión", pero también momentos "de dolor y de sufrimiento" donde personas se ha dejado la piel, e incluso los dineros de esta Diócesis por la pervivencia "de lo que hoy es uno de los activos más importantes de esta provincia, y es al mismo tiempo uno de sus motores y posibilidades de futuro".

El 24 de agosto de 1996, festividad del apóstol San Bartolomé, el entonces obispo de Ávila, Antonio Cañizares, firmaba el decreto de erección de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús, de Ávila.

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha solicitado este martes ante el Tribunal Supremo la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que le condenó por atentado a agente de la autoridad a los efectos de no privarle de la tutela judicial efectiva. Lamenta que ya "se encuentra en ejecución sin que se haya esperado a que transcurriese el plazo legalmente previsto para la interposición del preceptivo incidente de nulidad previo al recurso de amparo".

Además, en el escrito, interesa que en caso de que no se acepte esa suspensión de la ejecutoria, que paralizaría su inhabilitación, se inste y se advierta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a que proceda a su ejecución en los términos en que viene establecido en la sentencia "sin que pueda realizar ninguna modificación de la pena impuesta".

Cabe recordar que el Supremo condenó al ya exdiputado de Unidas Podemos a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

La condena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En la sentencia, el Alto Tribunal resolvió sustituir la pena de prisión por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

Batet decidió el pasado viernes proceder a retirar el acta de diputado a Rodríguez para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigiera un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado canario.

Este mismo lunes, Rodríguez enviaba un requerimiento a Batet en el que por medio de cuatro preguntas le solicitaba que aclarara el motivo por el que procede su sustitución como diputado "sin procedimiento previo alguno" para privarle de su escaño, y si esa decisión ha sido "personal".

Ahora, con este nuevo escrito, la defensa reprocha ante el TS que Batet haya transformado, siendo "una autoridad no judicial", la pena impuesta en una nueva mediante la cual "se le priva de su escaño en el Congreso de los Diputados". "Se ha comenzado la ejecución sin dar pie a que mi mandante pudiese acudir a los únicos remedios previstos en nuestro ordenamiento frente a sentencias dictadas en única instancia", lamenta.

Al hilo, recalca que si bien son conscientes de que las sentencias dictadas son firmes desde la notificación, en este caso no existe una segunda instancia por lo que "mal se satisface el derecho a un proceso debido cuando se ejecuta la sentencia sin esperar a que transcurran los plazos para acudir a aquellos remedios que puedan ser efectivos".

LA CAUTELAR ANTE EL TC

Si bien fuentes de la defensa avanzaban que pedirían ante el TC como medida cautelar que le devolvieran el escaño mientras se resuelve sobre el fondo, la realidad es que ya en este escrito avanzan que lo harán. Ante el TS indica la defensa que cuando se llegue a dicha sede constitucional "parece claro que se estaría hablando de una tutela cautelar aparente y no real porque la pena se habría ejecutado íntegramente y el daño (...) sería ya irreparable".

Consideran que la decisión de Batet de retirarle el acta se ha tomado "con evidente invasión de competencias y desapego al principio de separación de poderes" y considera que la "perdurabilidad en el tiempo" de la sentencia es "dudosa" teniendo en cuenta los votos particulares y los derechos en juego.

Añade que en este caso no había urgencia especial para ejecutar la misma, Rodríguez ya ha perdido el escaño, máxime si se tiene en cuenta que la justicia ha tardado en dictar sentencia siete años desde que ocurrieran los hechos en 2014, y después de que se haya reconocido la atenuante de dilaciones indebidas.

LA LESIVIDAD DE LA PENA

A lo largo del escrito de 25 páginas, la defensa de Rodíguez incide en que Batet "se ha arrogado" la potestad de sustituir la pena de inhabilitación por otra de "privación del acta de diputado" que "no está prevista en el ordenamiento penal y es de mayor intensidad", y denuncia que lo hizo siguiendo la petición de Vox. "La pena impuesta y la ejecutada ni son lo mismo ni conllevan la misma lesividad", indica.

Al hilo lamenta que a la hora de adoptar "ilegalmente" la decisión de retirarle el acta, Batet no tuviera en cuanta sus derechos fundamentales ni el principio de proporcionalidad. Y tras citar el informe de los letrados que abogaba por que mantuviera el escaño, insta al Supremo a pronunciarse "sobre la intromisión de Batet en las funciones jurisdiccionales que son de la exclusiva competencia de esta esta sala".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha criticado que el proceso que desencadenó en la retirada del escaño al exdiputado Alberto Rodríguez está "plagado de irregularidades" y ha insistido que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debe dimitir "por dignidad".

Por su parte, el dirigente de En Comú Podem Gerardo Pisarello ha reprochado a Batet que no haya defendido los derechos del ya exdiputado y ha especificado que la petición de renuncia de Batet, que formuló ayer Podemos, no ha sido discutida y debatida aún en el espacio confederal, por lo que no se pronuncia hasta que se sustancia en el seno de la confluencia.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Echenique ha censurado que la tercera autoridad del estado haya "cedido al chantaje" del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, al "despojar" de su acta a Rodríguez, algo que es "gravísimo" y debiera implicar su renuncia como presidenta del Congreso.

También ha tildado que parece "obvio" y "evidente" que el nuevo informe del letrado mayor de la institución, Carlos Gutiérrez Vicén, avalando la determinación de Batet es "a posteriori" de que se formalizada la comunicación para desposeer a Rodríguez del escaño.

"Todo el proceso esta lleno de irregularidades, un informe contradice al primero sin que nada haya cambiado. Es una irregularidad más", ha ahondado el dirigente de la formación morada para aseverar que ni la sentencia ni los posteriores oficios del alto tribunal dicen explícitamente que deba dejar el escaño.

En consecuencia, Echenique ha denunciado que es un "escándalo jurídico" el desenlace de todo el proceso e incluso ha hablado de "castigo político" al que fuera integrantes de la formación morada, parafraseando un editorial de un medio de comunicación.

Cuestionado sobre si la petición de dimisión era compartida en el seno de Unidas Podemos, el portavoz parlamentario ha indicado que los diferentes partidos que componen la confluencia se reparten los papeles y en esta ocasión, en referencia a Podemos, ha ocurrido así.

"MARCHENA SI QUIERE HACER POLÍTICA QUE SE QUITE LA TOGA"

Posteriormente, la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha comparecido junto a Pisarello para dar su apoyo a su excompañero y decir de forma clara que el Supremo, con Marchena a la cabeza, ha "atacado" la separación de poderes al quitarle el escaño a un diputado por una multa de 540 euros, lo cual afecta a la "calidad democrática" del país.

Por tanto, ha lanzado al magistrado que si aspira a hacer política, debe "quitarse la toga" y presentarse a unas elecciones, pues la "autonomía parlamentaria debe ser respetada".

A su vez, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado del espacio confederal ha tildado de "espectáculo insólito" que un diputado electo deje de serlo y es "grave" que la presidenta del Congreso no le haya defendido.

DECISIÓN "NEFASTA" PARA EL PARLAMENTARISMO

Por tanto, ha criticado este "atentado" a la "soberanía popular" con un "daño irreparable" a Alberto Rodríguez en una jornada, como fue el viernes, "bastante nefasta" para el parlamentarismo español.

Pisarello ha querido ser "rotundo" sobre la injusticia que supone desposeer a Rodríguez de su escaño y ha censurado que Batet "no ha estado a la altura", máxime cuando se adoptó entonces con un informe desfavorable de los letrados de la cámara y en contraposición a la decisión de la Mesa del Congreso, que abogó por su continuidad.

LOS LETRADOS FUERON "NÍTIDOS" HASTA EL NUEVO INFORME

Al respecto, ha comentado que en la reunión de hoy Batet ha entregado una "nota de los servicios jurídicos" del Congreso, fechada ayer, y que "desdice" el informe anterior de los letrados, dado que era "absolutamente claro y nítido" que la sentencia no contemplaba la posibilidad de privar del escaño a Rodríguez.

De hecho, han pedido el acta firmada por Batet para retirarle su condición de diputado, que aún no tienen, y ha censurado que ya se haya pedido formalmente a la Junta electoral que sea reemplazado, cuando además no discutió en el seno de la Mesa su decisión de privarle de su acta.

Por tanto y tras reiterar que, a su juicio, los oficios no supusieron ningún cambio respecto a ese criterio de los letrados, el diputado de Unidas Podemos ha señalado que ahora Rodríguez ha emprendido acciones legales para denunciar la vulneración de sus derechos, que en ningún caso pasan por una querella contra Batet y se centran ahora en pedir la nulidad de la resolución del alto tribunal.

SENTENCIA SIN ELEMENTOS PROBATORIOS SUFICIENTES

Y es que ha reafirmado que la sentencia del Supremo emplea mecanismos probatorios "absolutamente insuficiente" que vulneran su derecho a la presunción de inocencia, que además incluyen dos votos particulares contra la pena de atentado a la autoridad impuesta.

Sobre la decisión del exparlamentario de dejar la formación morada, Pisarello entiende que tras la situación vivida Rodríguez, que no venía de la política sino del activismo social, estará en "shock" y que prefiere centrar sus esfuerzos en defenderse.

Tras lo ocurrido, desde el espacio confederal admiten que la confianza en Batet ha quedado quebrada y que la retirada del escaño ha abierto una crisis en las relaciones con ella.

La madre de Yeremi Vargas, Ithasa Suárez, y un testigo --que era menor cuando desapareció el niño-- declararán el próximo 5 de noviembre ante el magistrado del Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) después de que el pasado mes de septiembre se ordenara la reapertura del caso de Yeremi Vargas, el menor de siete años desaparecido en 2007 en Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, mientras jugaba.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el abogado Marcos García Montes, letrado de la familia, en una comparecencia en la que ha estado acompañado de Ithaisa Suárez y José Suárez, el abuelo del menor desaparecido.

García Montes ha expuesto que tras el "fracaso" de la investigación, el juzgado ha reabierto el procedimiento judicial para practicar las diligencias solicitadas por la parte acusadora después de entender que el testigo --que era menor cuando ocurrieron los hechos-- puede aportar una serie de detalles "trascendentales", así como que Antonio Ojeda, conocido como 'el Rubio', se encontraba "allí", en el lugar donde Yeremi desapareció, según se desprende de las declaraciones aportadas por dos internos que fueron sus compañeros --uno de la cárcel de Juan Grande en Gran Canaria y otro de Algeciras--.

En una de estas declaraciones, agregó, uno de los internos apunta a que presuntamente 'el Rubio' le habló de que el menor se puso de "color azul" --cianosis--, le habla de "disolvente", de un "vertedero" o de la "quema de unos colchones" y expone "se nos fue el tema de las manos".

Esta frase, añade García Montes, la dijo 'el Rubio' a un interno ante funcionarios de prisiones, por lo que ha matizado que se entiende que existe la "colaboración de una tercera persona". Para el abogado de la familia el principal sospechoso en estos momentos ha dado datos "sin que nadie le pregunte".

Por ello, ha considerado que existen elementos "más que suficientes", por lo que espera que Ojeda "cuando se vea abordado, se derrote y cuente la verdad" a pesar de que continúe negando todo. Además entiende que el silencio del principal acusado si bien es un derecho constitucional, si se "pone de relieve con otras pruebas puede perjudicarle".

AFECCIÓN QUE SOLO CONOCÍA SU CÍRCULO CERCANO

En cuanto a la cianosis, Ithaisa ha reconocido que es un tema que pensó que "no era importante" y "nunca" lo reveló a los investigadores ni a los medios de comunicación, sin embargo leyendo con el abogado la declaración de uno de los presos donde se recogía que presuntamente 'el Rubio' había indicado que el menor se había puesto de color azulado, le llamó la atención, ya que era un dato que solo conocía el entorno cercano a YEremi.

Para Ithaisa con la reapertura del caso se "ha abierto una puerta a la esperanza bastante grande", "es como un nuevo camino", porque ha admitido que la familia tiene ganas de llegar al final, ya que lo necesitan.

En este sentido, ha apuntado que espera que "diga dónde está el niño" porque lo que quieren saber es "dónde está Yeremi para poderle dar sepultura". Tanto Ithaisa como su padre, José Suárez, aseguran que lo que quieren es recuperar lo que quede del pequeño, apuntando ambos que si les dice dónde están, serían capaz "hasta de perdonarle".

El abogado ha señalado que este es el "primer escalón" del futuro de este procedimiento "sin perjuicio" del recurso interpuesto para que se practiquen más diligencias.

Finalmente, todos han hecho un llamamiento para esas personas que dicen tener datos, a que los aporten, ya que afirman que se les mantendrá su anonimato.

El Consejo Escolar del Estado, reunido en Comisión Permanente, ha mostrado este martes su solidaridad y apoyo a la comunidad socioeducativa de La Palma y en especial a los centros educativos destruidos por la lava.

"Estas semanas de profunda angustia y dolor hemos seguido con atención el esfuerzo físico y emocional de la gente de La Palma para afrontar la catástrofe. Reconocemos su espíritu de lucha, su resistencia a la adversidad, la entereza y esperanza en el futuro", señala el Consejo, que ha emitido un 'Mensaje de solidaridad y apoyo a la comunidad educativa de La Palma y en especial a los colegios destruidos por la colada'.

Según indican, la "difícil situación por la que está pasando la isla" pone de manifiesto el "alto nivel de compromiso con el bienestar del alumnado y sus familias por parte del profesorado y personal no docente, de las autoridades locales y regionales".

Un "buen ejemplo" de ese trabajo colaborativo y solidario, según el Consejo, en el que han participado activamente los grupos de apoyo de varias instituciones y colectivos sociales, hicieron posible que en solo seis días los niños de las zonas afectadas hayan vuelto a las actividades escolares con una cierta normalidad. "Se requerirá reconstruir todo lo que ha destruido la lava, física y emocionalmente", añade.

Así, el Consejo Escolar del Estado confía en el profesorado, su profesionalidad y sensibilidad para guiar a los niños de esa "preciosa" isla a superar el dolor y a seguir aprendiendo. "El volcán ha vaciado varios colegios, pero la isla se ha llenado de solidaridad. Todos hemos aprendido qué es lo realmente importante. No lo olvidemos", afirma el Consejo, que ha trasladado "ánimo" y "esperanza" a La Palma.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que en España "hay un cambio imparable" como recogen las encuestas que se están publicando y ha añadido que por primera vez en la historia un partido de la oposición supera al de Gobierno "en apenas dos años". Tras recalcar que tiene "un plan claro" para España, ha confesado que aspira a lograr una "mayoría mayor" que la que sumen la izquierda con los nacionalistas y poder gobernar con "apoyos externos", sin Vox dentro de su Ejecutivo.

"Hay que hacer muchas reformas y poner a España en marcha con un nuevo contrato social con los españoles, devolviendo el poder a la gente después de tres años terribles. Para eso queremos tener manos libres para ir rápido y volver a reactivar España", ha declarado en una entrevista en la Cope.

En este sentido, ha señalado que el PP aspira a "tener una mayoría mayor" que la que sumen "la izquierda y los nacionalistas" y, por tanto, poder "gobernar con los apoyos externos que decida cada partido" darle a su formación. De hecho ha recordado que de esto "ya se ha visto mucho" en el pasado como en 2015, cuando el PSOE se abstuvo para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

QUE VOX "SE RETRATE" ENTONCES

Al ser preguntado por la posibilidad de que tenga que pactar o gobernar con Vox si gana las generales, Casado ha indicado que si el PP logra "más escaños que una alternativa de izquierdas con nacionalistas", acudirá a una investidura y que "cada uno se retrate", como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.

Ante las encuestas que sitúan al PP por encima del PSOE, llegando a superarle incluso en 30 escaños, Casado ha reconocido que son similares a las que maneja su formación y ha agregado que "ya hay un cambio imparable" en España.

"Cuando llevas 10 meses consecutivos estando por encima del Gobierno, ya hay una tendencia clara que se está asentando", ha enfatizado, para subrayar que es "la primera vez en democracia que el partido de la oposición supera al partido del gobierno en apenas dos años".

Tras destacar cómo han cambiado las cosas, porque en julio de 2018 eran tercera fuerza en las encuestas, por detrás de Cs, el líder del PP se ha mostrado convencido de que ganarán cuando haya elecciones y ha indicado que tiene "un plan claro" de qué hacer con España, que pasa por "recuperar la unidad territorial, la fortaleza institucional y el prestigio internacional".

Al ser preguntado cómo están las relaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Casado ha afirmado que "muy bien, como han estado siempre". "Está haciendo una labor extraordinaria en la Comunidad de Madrid en circunstancias muy complejas porque es una obsesión la que tiene Sánchez con Madrid", ha manifestado, para añadir que así se ha visto en el proyecto de Presupuestos para 2022.

"REFORZAR EL ESTADO" EN CATALUÑA

También se ha referido a la situación en Cataluña, donde ha abogado por "reforzar el Estado" y "acabar con el adoctrinamiento en las escuelas y la propaganda en los medios de comunicación públicos. Además, ha defendido "volver a meter en el Código Penal la convocatoria de referéndum ilegal". "Gracias a ella paramos en 'plan Ibarretxe' y por no tenerla, el plan Puigdemont siguió adelanta", ha indicado.

Además, el líder del PP ha apostado por incluir en el Código Penal la "rebelión sin violencia", conocida como "rebelión impropia" que, a su juicio, llevaría a España a equipararse a otros países europeos que denominan a ese delito alta traición. "Así no tendremos que estar por toda Europa diciendo que venga Puigdemont", ha exclamado.

Aparte de ese fortalecimiento institucional, Casado ha afirmado que Cataluña necesita "prosperidad" dado que "va mal por culpa de los nacionalistas". A su entender, hay que bajar impuestos, lograr una mejor financiación y que el aeropuerto de El Prat se pueda ampliar, de forma que haya una Cataluña "como la de los 90, a la que admiraba todo el mundo". "Por culpa del nacionalismo, se la han cargado", ha proclamado.

En este sentido, ha recalcado que el PP "tiene un plan para Cataluña, de prosperidad pero también de libertad y de legalidad". "Y estoy seguro de que cuando lleguemos al Gobierno de España es cuándo recuperamos nuestra base electoral en Cataluña. Siempre ha pasado", ha señalado, para añadir que cuando han gobernado han tenido "buenos resultados" en País Vasco, Cataluña y Navarra.

Ante el hecho de que asistiera este fin de semana al evento organizado por el empresario Luis Conde en la localidad gerundese de Foteta, donde también estaba alguno de los indultados por el 'procés', Casado ha señalado que no les vio porque había "400 personas". "Yo intento ir donde se me invita. Y a las bodas no pides el listado de asistentes", ha apostillado, para añadir que había empresarios y cargos de Cs y el PSC.

SALIDA DE MARISCAL DE GANTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Al ser preguntado por la salida del Tribunal de Cuentas de la exministra Margarita Mariscal de Gante tras su dureza en el caso de las fianzas de los independentistas acusados de malversación, Casado ha señalado que todos los consejeros propuestos en su día por el PP han realizado "una labor estupenda" pero ha señalado que al "hablar de regeneración institucional es bueno que los mandatos sean de un solo turno".

"Esto es lo que pasa en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial y pensábamos que también sería bueno para el Tribunal de Cuentas", ha manifestado, para añadir que no pueden ir a mandatos de 18 años o más. Dicho esto, se ha mostrado convencido de que los nuevos consejeros también harán "una labor extraordinaria".

Casado ha afirmado que el PP ha "cumplido esa labor de regeneración" al optar para el este órgano por perfiles de "intachable competencia" y ha subrayado que esos casos, como el de las fianzas, se van "a seguir instruyendo e investigando para hacer Justicia y que no haya ninguna impunidad en aquellos que han dado un golpe a la legalidad".

CULPA A SÁNCHEZ DE "BLOQUEAR" EN EL CGPJ

En el caso del TC, ha señalado que también han apostado por perfiles de "reconocido prestigio" y ha destacado que han sido "más escrupulosos que nunca en el reforzamiento de la independencia judicial".

Según ha añadido, al PP también le gustaría llegar un acuerdo para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva casi tres años caducado. "Pensamos que son los jueces los que tienen que elegir a 12 de los 20 vocales, tal y como han reclamado miles de jueces en Bruselas y pide la UE. Y como Sánchez prometió solemnemente en campaña y en una de sus investiduras, la de 2016, que no salió adelante", ha aseverado.

En este punto, ha afirmado que el que "bloquea" en este caso es el presidente del Gobierno y ha agregado que "hay que dejar que los jueces elijan a esos 12 vocales". "Es incomprensible que Sánchez se niegue", ha asegurado.

Casado ha indicado que hace unos días se conoció la sentencia del tribunal de Estrasburgo sobre Polonia que decía "que el Consejo del Poder Judicial de Polonia tenía que ser elegido al menos la mitad de los vocales directamente por los jueces". "Hay una sentencia que dice exactamente lo que estamos pidiendo, que renovemos el CGPJ permitiendo que los jueces elijan a los jueces", ha finalizado.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha apostado por fomentar la accesibilidad más allá del urbanismo o el transporte, atendiendo a otras esferas como la educación, la cultura o la sanidad porque, tal y como ha indicado, "sin accesibilidad no hay disfrute de derechos".

"Sin accesibilidad no hay disfrute de derechos. Y si aspiramos a una vida que garantice los derechos sociales, civiles, educativos, sanitarios y culturales al conjunto de la población, tenemos que ser capaces de desplegar los instrumentos y los apoyos para que estos derechos se puedan hacer efectivos", ha señalado Nacho Álvarez.

Así lo ha manifestado este martes durante su intervención en un acto en el Real Patronato sobre Discapacidad, para presentar la campaña de accesibilidad universal '12 razones-12 valores', de la Junta de Extremadura.

El acto ha sido introducido por el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, y moderado por María Clarés, una mujer con parálisis cerebral, que ha puesto voz a las necesidades de las personas con discapacidad.

El secretario de Estado de Derechos Sociales ha precisado que "aquello que verdaderamente limita son los entornos discapacitantes" y, por ello, ha destacado la importancia de campañas como la que se ha presentado este martes para sensibilizar y servir como "un faro a imitar por otras administraciones autonómicas y locales".

En esta línea, ha afirmado que trabajan por una meta: "La eliminación de todas las barreras y obstáculos que dificultan o impiden el acceso de personas a algún ámbito de la vida social, cultural o de la vida pública". Y ha añadido que el lema que ha hecho suyo el Gobierno de "no dejar a nadie atrás" cobra aquí "aún más sentido".

Además, ha insistido en que la campaña '12 razones-12 valores' "trasciende la concepción técnica que se tiene de la accesibilidad, relacionada con cuestiones importantes como urbanísticas o de transporte, y va más allá" proyectando "la necesidad de fomentar la accesibilidad a todas las esferas".

Álvarez también ha repasado las normas que, en este sentido, están ultimando desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como son: el proyecto de Real Decreto de utilización de bienes y servicios que tiene que facilitar un reglamento acerca de las condiciones básicas de accesibilidad; y la transposición de la directiva europea de 2019 que "supondrá un avance para las políticas de inclusión".

De esta forma, Nacho Álvarez ha remarcado que tienen "retos muy importantes" y ha enfatizado que están sabiendo desplegarlos "en un clima de cooperación saludable" lejos de esa "visión de la política un tanto nociva y corrosiva que se ve en los grandes titulares, de disputa un tanto agria". "Hay un segundo nivel de la política capaz de generar buenas prácticas y acuerdos institucionales", ha asegurado.

En este sentido, ha puesto de relieve el "sólido" compromiso de las comunidades autónomas. Hablamos de casi 170 millones de euros orientados a transformar el paisaje de nuestro país en lo que tiene que ver con la promoción de la accesibilidad en distintas esferas de la vida pública, no solo la urbanística, que es clave, sino también la que responde a servicios como la educación, la cultura, el acceso a medios audiovisuales o sanitarios", ha zanjado.

SALIR DE LA PENUMBRA

En el acto también ha intervenido el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha destacado que la campaña '12 razones-12 valores' es "excelente" porque "no se queda en la imagen sino que busca transformar la conciencia para generar buenas prácticas en la vida política y social".

"La discapacidad casi siempre ha estado en la penumbra, en la oscuridad y eso nos lleva a un procedimiento muchas veces basado en el sesgo, en el prejuicio, no siempre hemos tenido oportunidades de expresarnos por nosotros mismos, siempre ha habido portavoces que nos han sustituido y somos una realidad que merece ser más profundizada y conocida", ha subrayado Peréz Bueno.

Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado que esta campaña "rescata la imagen de las personas con discapacidad en positivo" y quiere "eliminar el estigma".

"Esta campaña recoge aspectos de la historia del abordaje que se ha hecho por parte de la sociedad de las personas con discapacidad, quitando la parte más oscura de apartar a esas personas de la sociedad, que es algo que tendremos recordar como parte de una memoria democrática para no volver hacerlo", ha subrayado.

Andalucía registra este martes 26 de octubre un total de 242 contagios de coronavirus en 24 horas, superiores a los 183 del martes pasado, pero inferiores a los 263 de este lunes, al tiempo que registra cinco fallecidos, menos que hace una semana (siete) y más que el lunes (uno)

Según los datos consultados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia en 14 días ha bajado 0,1 puntos hasta 32 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 32,1 del lunes y los 29,8 puntos registrados hace una semana.

Los 242 positivos de este martes se contabilizan tras los 263 del lunes, los 282 del sábado, los 275 del viernes, los 307 del jueves, los 227 del miércoles y los 183 del martes pasado.

En esta jornada, Almería es la que más contagios registra con 60, seguida de Málaga con 47, Cádiz con 33, Sevilla con 32, Granada con 29, Córdoba con 17, Huelva con 16 y Jaén con ocho.

Los cinco fallecidos se registran en Sevilla (dos), Almería, Málaga y Granada (uno cada una).

LOS HOSPITALIZADOS SUBEN EN 12 HASTA 178

La región registra una subida de 12 hospitalizados por covid-19 respecto al lunes para situarse en un total de 178, lo que supone un descenso de 16 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han subido en uno hasta 41, nueve menos que los notificados hace siete días.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 56 y 13 pacientes en UCI, seguida de Almería con 29 y siete en UCI, Sevilla con 29 y siete en UCI, Granada con 21 y cinco UCI, Huelva con 12 y cinco en UCI, Cádiz con otros once y uno en UCI, Jaén con once y uno en UCI y Córdoba con nueve y dos en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 807.502 casos confirmados --242 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 11.332 muertos, cinco más esta jornada. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 57.167, 40 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.254 --cinco más-- y el número de curados es de 794.403, después de añadirse 272.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.332 fallecidos desde el inicio de la pandemia --cinco más--, Sevilla con 2.321 --dos más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 1.989 --uno más--, Granada con 1.876 --uno más--, Cádiz con 1.618, Jaén con 1.090, Córdoba con 1.091, Almería con 929 --uno más-- y Huelva con 418.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 807.502 desde el inicio de la pandemia --242 más--, liderados por Sevilla con 176.746 --32 más--, seguida de Málaga con 155.595 --47 más--, Cádiz con 112.809 --33 más--, Granada con 109.245 --29 más--, Córdoba con 72.457 --17 más--, Almería con 70.672 --60 más--, Jaén con 64.196 --ocho más-- y Huelva con 45.782 --16 más--.

SEVILLA SUMA DIEZ HOSPITALIZADOS

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 57.167 --40 más--, con Sevilla a la cabeza con 12.888 --diez más--, seguida de Málaga con 10.511 --siete más--, Granada con 9.196 --ocho más--, Cádiz con 6.720 --dos más--, Córdoba con 5.328, Jaén con 5.222 --cuatro más--, Almería con 4.463 --seis más-- y Huelva con 2.839 --tres más--.

De ellos, 6.254 personas han pasado por la UCI en Andalucía --cinco más-- con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.255 --dos más--, seguida de Granada con 1.172, Málaga con 1.013 --uno más--, Almería con 760 --uno más--, Cádiz con 688, Córdoba con 661, Jaén con 490 --uno más-- y Huelva con 215.

La cifra de curados alcanza los 794.403 en toda la región, 272 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 173.474 --65 más--, seguida de Málaga con 153.807 --59 más--, Cádiz con 110.585 --24 más--, Granada con 107.341 --12 más--, Córdoba con 71.435 --14 más--, Almería con 69.475 --69 más--, Jaén con 63.416 --nueve más-- y Huelva con 44.870 --20 más--.

ALMERÍA SUBE SU TASA POR ENCIMA DE 60

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 32 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 61,1. Detrás se sitúan Huelva con 52,6; seguida de Málaga con 40,3; Córdoba con 30,1; Jaén con 29,1; Granada con 29; Sevilla con 20,9, y Cádiz con 17,6.

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha trasladado su rechazo firme a la pretensión del PSOE de situar a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la negociación de la reforma laboral, al asegurar que "no van a poner al lobo a cuidar de las ovejas".

"Cuando la señora Calviño dice que trabajará para lograr una reforma equilibrada, se dirige fundamentalmente a la patronal y para eso ya estaba la señora Fátima Báñez (exministra de Trabajo del PP)", ha advertido para insistir en que la derogación de esta norma está pactada en el acuerdo de coalición y un compromiso con la Unión Europea.

También ha dicho en rueda de prensa en el Congreso que la reacción de "último minuto" del PSOE en lo relativo al desmontaje de la reforma laboral evidencia la "preocupación" de este partido por el "liderazgo" que ejerce la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en este campo, lo cual es una "irresponsabilidad gravísima" cuando el compromiso del Ejecutivo de coalición es terminar con la reforma de 2012 para fraguar un "marco justo de relaciones laborales.

Por tanto, ha trasladado al PSOE que debe "reflexionar" porque "no puede pretender hacer lo mismo que el PP hace en Europa", que se "pasea" para negociar a la "baja" las políticas que necesita España.Y es que ha reprochado a su socio de coalición que utilice a la UE para "mentir, "meter miedo" y "decir aquí lo que realmente quiere hacer". De esta forma, ha exigido a los socialistas y a Calviño que aclaren si quieren "doblarse" a los intereses de la patronal.

ESTO "NO VA DE MEDALLAS NI NOMBRES" SINO DE DEROGAR

Durante su comparecencia ante los medios junto a su compañero de bancada, Gerardo Pisarello, tras la reunión de ayer entre los socios sobre esta cuestión y que terminó sin acuerdo, la parlamentaria ha recalcado que la cuestión de la reforma laboral "no va de medallas ni de nombres", pues lo importante es el contenido de la futura normativa y que impere el "sentido común".

"Y el sentido común dice que deben subir los salarios, que los trabajadores no son un 'kleenex' y que debe haber un marco que favorezca la estabilidad en el empleo y que queremos recuperar la negociación colectiva para que la patronal no haga lo que le venga en gana", ha ahondado Vidal para recalcar también que los salarios han bajado un 8% desde que se aprobó el marco elaborado por el PP n 2012.

La diputada de Unidas Podemos ha criticado a su socio parlamentario que el PSOE trate de alterar "en el último minuto" los trabajos realizados en el seno de la mesa de diálogo social, que están avanzados durante más de medio año.

"BASTA DE TOMAR EL PELO A LA GENTE"

Por tanto, ha reivindicado que acabar con la precariedad y temporalidad en el empleo pasa por derogar la reforma laboral y ha proclamado que "basta ya de tomar el pelo a la gente", dado que todos entienden lo que quiere decir Calviño cuando alude a "modernizar y no derogar" la normativa impulsada por el PP.

"Y eso no es un tecnicismo, es una rebaja", ha denunciado Vidal para negar que Europa demande mantener la actual reforma laboral cuando lo que exige precisamente a solventar la "anomalía" del mercado laboral español, que son la "temporalidad" y la "precariedad".

Finalmente, ha exhortado a que en la segunda reunión entre Unidas Podemos y el PSOE no se demore más, dado que el compromiso con la derogación es "nítido" y debe cumplirse antes de que finalice el año.

La sociedad española es cada vez más longeva y esta situación presenta retos, oportunidades y también desafíos tanto para las Administraciones como para las empresas. Conocer el potencial que ofrece la “economía plateada” y cómo aprovecharlas ha sido el eje del Diálogo sobre el Futuro del Envejecimiento, en el que ha participado Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE. Este foro se enmarca en la Agenda 2050: Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, que pretende coordinar esfuerzos para afrontar los retos y desafíos a los que España se enfrenta en las próximas décadas.

MAPFRE está participando en la Agenda 2050 como un actor destacado para, a través de su análisis y experiencia en diferentes ámbitos, ayudar a impulsar el debate, coordinar esfuerzos y garantizar la prosperidad de España en el mundo postcovid.

En este encuentro, Juan Fernández Palacios incidió en la necesidad de empezar por corregir los prejuicios arraigados al envejecimiento, como recomienda la OCDE. Así, las empresas pueden apoyar diseñando productos y servicios dirigidos específicamente a la generación sénior y tomando conciencia de la necesidad de aprovechar el talento de este colectivo en sus organizaciones.

Los poderes públicos, por su parte, deben apostar por el talento joven sin detrimento de los sénior, combinando la capacidad innovadora y la energía de los jóvenes con el conocimiento, la experiencia y la visión de largo plazo de los mayores. Asimismo, insistió en que hay que favorecer la posibilidad de que los mayores que quieran y estén en condiciones de hacerlo se mantengan en el mercado laboral. “A pesar de lo atractivo que parece un futuro sin trabajo, la experiencia indica que se envejece mejor y de forma más saludable siendo útil trabajando”, subrayó el director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE.

De hecho, según un estudio de Oxford Economics, los sénior son el grupo con mayor poder adquisitivo en España. Así, el gasto promedio de los mayores de 50 años en 2020 superó en un 28,5% al de aquellos en el tramo de edad de 25 a 49 años. Además, este informe refleja el potencial que todavía tiene la economía plateada: aumentar la tasa de empleo en el rango de edad de entre 55 y 64 años desde el nivel actual en España (menos del 50%) al de países como Nueva Zelanda (78%) permitiría incrementar el PIB en España en más de un 15% a largo plazo.

Juan Fernández Palacios también recordó que la tecnología juega un papel decisivo en el empoderamiento de este colectivo. De hecho, según el Barómetro del Consumidor Sénior, publicado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, el mito de la incompatibilidad de los trabajadores maduros con el mundo digital se destierra. Prueba de ello es que el 78% de los mayores de 55 años usa la tecnología día a día para cubrir sus necesidades de banca, consumo, ocio y formación.

Asimismo, insistió en la necesidad de establecer incentivos adecuados para elevar la edad efectiva de jubilación, eliminar obstáculos para el emprendimiento sénior, fomentar la jubilación activa y, por supuesto, reformar las pensiones, para conseguir un sistema sostenible y suficiente.

Estos diálogos, que sobre diferentes ámbitos está organizando la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno, pretende dar voz a diferentes protagonistas (gobiernos autonómicos y locales, empresas, patronales, universidades, think tanks, fundaciones, ONGs, etc) para diseñar las prioridades que España debe marcarse y cómo afrontarlas.

La experiencia de MAPFRE, a través de sus análisis y estudios y su apuesta por la economía silver, desarrollando productos específicos y proyectos para aprovechar el talento de este colectivo, pueden servir de ayuda para avanzar en la solución a este reto que España tiene ya ahora mismo.

La exministra de Trabajo y diputada socialista, Magdalena Valerio, ha desmentido este martes a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ha acusado de ayudar al fracaso de la reforma laboral y del Pacto de Toledo que Valerio impulsaba en 2019.

Este lunes, en medio de las discrepancia entre PSOE y Podemos por la derogación de la reforma laboral, Díaz afirmó que había personas en el Gobierno que nunca han querido derogar la reforma laboral ni tampoco subir el salario mínimo y que lo mismo que le estaba ocurriendo a ella, ya le había pasado a su predecesora, Valerio. "Me consta que tenía preparado un real decreto para emprender lo que hoy queríamos hacer y nunca llegó al Consejo de Ministros", aseguró Díaz, porque "no le dejaron".

Por el contrario, Valerio ha afirmado en declaraciones a la Sexta, que en su etapa como ministra se trabajaron cuestiones laborales en la misma línea que las que se están tratando estos días, como el control de la subcontratación, la recuperación de la primacía del convenio colectivo frente al de la empresa y el registro de jornada entre otras cuestiones, aunque fue "imposible" sacarlo adelante porque unos querían una negociación muy pequeña y Unidas Podemos quería ir "más allá de lo que se podía negociar" ya que el PSOE contaba solo con 84 diputados, según ha recordado.

"Al final se metió por medio la tramitación del presupuesto que descarriló el aciago 13 de febrero de 2019 y a raíz de ahí descarrilaron muchas cosas más como la posibilidad de culminar esta reforma y también el Pacto de Toledo".

PODEMOS FUE MAXIMALISTA EN LA NEGOCIACIÓN

Así, ha indicado que en el descarrilamiento del Pacto de Toledo tuvo mucho que ver "Unidas Podemos" y "Yolanda Díaz". "Lo siento porque también aprecio mucho a Yolanda Díaz y tengo una relación súper cordial, pero como ella me ha mencionado ayer me voy a permitir mencionarla a ella", ha apuntado.

En esa misma línea ha añadido que en aquella negociación sobre la reforma laboral Podemos fue "bastante maximalista" pero no la pudieron sacara adelante porque solamente tenían 84 diputados aunque ha defendido que el PSOE en repetidas ocasiones se ha mostrado a favor de acabar con los aspectos "más lesivos" de la reforma aprobada por el PP.

En esta misma línea, en respuesta a las declaraciones de Díaz, Valerio ha defendido que fue el PSOE quien llevó a cabo la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de la democracia, del 22*3%, y ha insistido en que no fue un gobierno de coalición como el actual sino un Ejecutivo socialista encabezado por Pedro Sánchez.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha defendido este martes en el Congreso que todas las decisiones sobre presos de ETA están "supertuteladas" por los tribunales de justicia y que así seguirá siendo tras la transferencia de la competencia al Gobierno vasco.

"El tema de ETA no tiene nada que ver con estos Presupuestos", ha dicho en su comparecencia ante la Comisión de Interior para detallar la partida de 1.272 millones contemplada para 2022, un 2,47% más que en el ejercicio anterior. Los principales partidos de la oposición han relacionado las cuentas públicas a las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre la excarcelación de condenados de la banda terrorista.

Ortiz ha asegurado que en los tres años y cuatro meses que lleva al frente de la institución dependiente del Ministerio del Interior han recibido más 1.800 propuestas de los centros penitenciarios en relación con condenados por delitos de terrorismo, de las que un 86% han sido asumidas por la Secretaría General que dirige y las restantes rechazadas.

REVOCACIONES SON LA EXCEPCIÓN

"Todas están supervisadas por el Poder Judicial", ha continuado, asegurando que las revocaciones son "la excepción a la regla general" --citando el caso de Unai Fano, devuelto al segundo grado-- de que la Audiencia Nacional apruebe las decisiones sobre progresión de grado y traslados, en el caso de etarras a cárceles del País Vasco y Navarra o cercanas a estas dos comunidades.

"La excarcelación no es un acto de la administración penitenciaria, es un acto jurisdiccional; todas las decisiones son susceptibles de ser controladas, en España está supertutelado", ha añadido, mencionando además de la Justicia al Defensor del Pueblo y al comité que vigila la prevención de torturas.

Ortiz ha ironizado al hablar del posible "olvido" de los datos que ofreció en otra comparecencia en abril y ha recordado datos de traslados, comparando los 575 de la legislaturas 1996-2004 bajo gobiernos del PP --y otros 650 de presos preventivos-- con los 302 acometidos --más 10 presos preventivos-- desde junio de 2018 a la actualidad, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

REBATE AGRESIONES Y PLAZAS SIN CUBRIR

En su intervención, Ortiz ha rebatido la versión de algunos sindicatos de prisiones sobre las agresiones porque las "cifras no dan credibilidad" a estas denuncias. Según él, en 2017 hubo 305 agresiones, frente a las 176 en 2020 y las 120 contabilizadas en lo que va de 2021, datos que "no admiten manipulación" porque se obtienen de los partes de incidencia que firman los trabajadores.

El responsable de Prisiones ha apuntado que en la actualidad está cubierta el 88,91% de la plantilla y que el 11% restante se hará cuando se complete la oferta de 2020 y 2021, que suma 2.193 plazas. En contraste con lo sostenido por Vox sobre la ratio de funcionario frente interno, ha recordado que en 2011 había 66.000 presos frente a 22.000 trabajadores y que en 2021 son 46.000 internos y 24.000 funcionarios.

A los funcionarios, los mayoritarios descontentos con su gestión, les ha dicho que se está a la espera de Función Pública y el Ministerio de Hacienda para aprobar la prometida ley de cuerpos penitenciarios. Los partidos de la oposición han denunciado el retraso, así como que este colectivo no figure entre los agentes de autoridad.

Ángel Luis Ortiz se ha felicitado de que la media de gasto por interno sea de 73 euros al día, "una cifra superior a la media europea", y ha contrarrestado las críticas por su "desastrosa gestión" citando el Informe Space del Consejo de Europa y otros organismos internacionales que "no piensan así". "La mayoría de datos son muy favorables", ha comentado.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha considerado que la reforma del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero supone "un ataque directo" al mundo rural y ha advertido además de que "hay mucho en juego" dada la importancia del agua para "el mayor motor" de la economía de los pueblos, como son, ha recordado, la agricultura y a la ganadería.

De este modo se ha pronunciado Conrado Íscar tras reunirse este martes con el presidente Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama Agrícola de Castilla-Duero, Gumersindo Sanabria, para estudiar con diferentes colectivos de la provincia las "alegaciones reales y definitivas" a la reforma del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero para el periodo 2022-2027 para lo que hay plazo hasta el 22 de diciembre.

"Por lo menos que se las lean", han pedido tanto Conrado Íscar como Gumersindo Sanabria que han coincidido también al cuestionar el texto redactado por la CHD, "nada sencillo de digerir". "No sé si alguno ha conseguido leerlo completo", ha ironizado el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama Agrícola de Castilla-Duero que ha asegurado que hay anexos de más de 1.000 páginas.

"No es un documento técnico, parece más bien un documento de opinión", ha aseverado el representante de los ingenieros técnicos agrícolas quien, tras pedir a la CHD que "hagan caso" al contenido de las alegaciones de estos colectivos, ha advertido de que hay sectores que "se están jugando la vida" ante la posibilidad de poder tener más o menos agua.

Gumersindo Sanabria ha precisado que las alegaciones definitivas son similares a las propuestas iniciales y versan sobre "temas importantes" como las nuevas concesiones de pozos y las dudas sobre los niveles. "No hay concesiones, se basan en cuando lo permitan los niveles pero no dan el porcentaje de capacidad de ese agua subterránea o masa para poder las licencias de aprovechamientos", ha explicado a modo de ejemplo.

También ha cargado contra el "afán recaudatorio" de la CHD a través de unos cánones aprobados en base al principio de cautela de la Ley de Aguas cuando la norma habla de prudencia. "Hay un doble sentido", ha advertido el representante de los ingenieros técnicos agrícolas que ha zanjado: "Cánones sí o sí. Contadores sí o sí. No estamos en contra pero ¿a cambio de qué?". "Los Arenales son intocables y ha habido dos años de lluvia normal. ¿No se ha recuperado?", se ha preguntado también respecto al citado acuífero y ha criticado que la CHD no ofrezca información constante.

Gumersindo Sanabria ha augurado un "gravísimo problema" para los jóvenes agricultores que quieran emprender y hacerse cargo de una explotación para vivir ya que el último permiso que reciben es el agua cuando es el bien más necesario para afrontar ese negocio agroganadero.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha dejado hoy su cargo para ponerlo a disposición del partido y bajo el mandato de su nuevo secretario general, Juan Lobato.

Así lo ha trasladado la propia Jalloul en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. "Quiero anunciar públicamente que pongo mi cargo a disposición del partido. Este tiempo ha sido de interinidad y ha sido un proceso de mucho aprendizaje para mí", ha expuesto.

A su juicio, Madrid necesita "mucho trabajo" y cree que es el momento de poner su cargo "a disposición del partido". Además, ha asegurado que permanecerá en el grupo como diputada y que también se dedicará a la Ejecutiva de su partido.

En cuanto a si le relevará en el puesto Lobato como ya se ha dado a conocer, Jalloul ha indicado que hay una gestora que es la encargada de llevar a cabo este tipo de decisiones y que si así fuera estarían "todos muy contentos". "Los cambios tienen que ser siempre hacia adelante pero debemos ser prudentes", ha zanjado.

En rueda de prensa en la Cámara regional, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha reconocido el trabajo de Jalloul, siempre "al margen del estilo" y le ha dado la enhorabuena a Juan Lobato como nuevo secretario general del PSOE-M.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha trasladado os mejores deseos a Lobato y piensan que podrán entenderse con él "perfectamente", mientras que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha deseado a Hana Jalloul "lo mejor", porque es alguien con quien ha tenido "una relación muy buena y muy cordial, que ha hecho una buena labor". "Me da pena que dejemos de ser todas mujeres las portavoces", ha reconocido.

Desde Vox, el portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha deseado "toda la suerte del mundo" a Juan Lobato aunque considera que el nuevo PSOE tampoco "va a cambiar sus políticas", de las que se ha reiterado que están en contra por todas las dirigidas por el Gobierno "socialcomunista de Sánchez, que las lleva a cabo en alianza de los enemigos de España".

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado este martes a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de querer reformar el reglamento de la Cámara "por la puerta de atrás para quitar la palabra 'corrupción' y así poder atornillarse al escaño de diputada que le sirve para ser presidenta del Parlament y cobrar lo que está cobrando".

En rueda de prensa en el Parlament, ha sostenido que la Mesa está abordando esta modificación porque "Borràs tiene prisa, porque avanza la investigación" sobre presuntas irregularidades en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Carrizosa ha recordado que el informe de los servicios jurídicos que analiza la Mesa sobre el reglamento incluye eliminar el artículo que prevé suspender a un diputado de sus funciones en el caso de que se abra juicio oral contra él por casos vinculados a la corrupción: "Y como no puede borrar el delito, pues borra del reglamento lo que se dice del delito", según él.

Considera que Borràs "quiere hacer un reglamento a medida de sus problemas judiciales" y le ha avisado de que se trata de un reglamento del Parlament y no del Consell per la República, y ha sugerido que el abogado Gonzalo Boye haya sido quien le ha alertado de que podría ser suspendida como diputada en función del caso en el TSJC.

Preguntado por si Cs prevé recurrir a los tribunales si se aprueba esta modificación del reglamento, ha remarcado: "Antes eran todos muy valientes pero ahora, como peligra el sillón de la presidenta, quieren cambiarlo, pero me temo que por vía judicial tiene muy difícil encaje.

EL JUEGO DEL CALAMAR

Carrizosa ha criticado que, en un momento en que cree que Cataluña va camino de la irrelevancia económica y la decadencia, el Govern condicione los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que se pueda "ver el 'Joc de calamar' en Netflix", ha dicho sobre la serie 'El juego del calamar' y las exigencias del Govern de que la ley audiovisual estatal proteja el catalán.

"Es verdad que tenemos que apoyar el catalán y que se debe promocionar, pero que esta sea la gran medida del Govern ante los PGE nos parece absolutamente kafkiano y vivir de espaldas de la realidad", ha añadido Carrizosa, que ha tachado la situación de burla y estafa.

Ha criticado el "último escándalo de TV3" por un gag retirado antes de emitirse sobre la reina Letizia en el espacio 'Bricoheroes', y el registro policial la semana pasada sobre la trama conocida como el 3%, y ha avanzado que pedirán la comparecencia del director de TV3, Vicent Sanchis, y de la vicepresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach.

"El procés es el actual 3%", ha proclamado Carrizosa, que ha acusado al líder del PSC-Units en el Parlament, Salvador Illa, de no ser un verdadero jefe de la oposición y de querer conseguir cargos en órganos de la CCMA pendientes de renovación a cambio de su silencio, ha dicho.

La Comisión Europea ha realizado una misión de verificación a España sobre el control de la radiactividad en la costa de Galicia y en el entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear, que ha participado en la misión, realizada en el marco del artículo 35 del Tratado Euratom.

Esta misión, realizada la semana pasada por dos expertos de la dirección general de Energía de la Comisión Europea buscaba comprobar los mecanismos de control de la radiactividad en la costa de Galicia y monitorizar las instalaciones de control de la radiactividad medioambiental y de descargas en la central nuclear que está en fase de desmantelamiento en Burgos.

Así, los expertos de la UE han concluido de manera preliminar que el CSN cumple con los requisitos previstos.

La CE notificó a las autoridades españolas su intención de realizar esta misión de verificación y solicitó información previa sobre todas las actividades de vigilancia y control radiológico desarrolladas en España en relación con los dos objetivos señalados.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) coordinó la respuesta y recogió la información proporcionada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX); la central nuclear Santa María de Garoña; la Dirección General de Protección Civil; el laboratorio de medidas Ambientales de Medina de Pomar; los laboratorios de radiactividad ambiental y de la unidad de dosimetría de radiaciones del Ciemat; el laboratorio de radiactividad ambiental de la Universidad de León y el laboratorio de medidas de baja actividad de la Universidad del País Vasco.

El artículo 35 de Euratom obliga a los estados miembro de la UE a crear las "instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como el cumplimiento de las normas básicas" y añade que la Comisión Europea tendrá derecho a acceder a estas instalaciones de control y podrá verificar su funcionamiento y eficacia.

Durante la verificación en la costa de Galicia, los expertos comunitarios fueron atendidos por responsables de la Subdirección de Vigilancia Radiológica Ambiental del CSN así como por representantes del (CEDEX). En concreto, la misión visitó el laboratorio del CEDEX que realiza las determinaciones radiológicas en aguas costeras y de interior y, adicionalmente, el CSN presentó la información periódica que la Convención OSPAR realiza con el objetivo último de preservar el medio marino mediante el control de emisiones de sustancias radiactivas.

En cuanto a la verificación de las instalaciones de control de la radiactividad medioambiental y de la radiactividad de las descargas en Santa María de Garoña, los expertos fueron acompañados a la zona por responsables de la Subdirección de Vigilancia Radiológica Ambiental, el inspector residente del CSN en la central, personal de la instalación y del Laboratorio de medidas Ambientales de Medina de Pomar.

Por otro lado, según informa el regulador nuclear también se ha realizado una conexión por videoconferencia con la Subdirección de Emergencias y Protección Física del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y con la sede de Protección Civil en Madrid, que presentaron las redes de vigilancia radiológica existentes a nivel nacional y de las que cada institución es responsable (REA y RAR respectivamente).

Las conclusiones definitivas se conocerán en el informe final de verificación del cumplimiento de los requisitos de Euratom que publicará la Comisión Europea y el CSN, aunque de manera preliminar, los expertos han apuntado al correcto cumplimiento de los mismos por parte de España.

Activistas de Greenpeace, a bordo del barco 'Esperanza', llevan a cabo una acción de protesta en el Puerto de Sagunto (Valencia) para exigir el fin de los combustibles fósiles. Los participantes se han anclado junto a la planta de regasificación de Enagás y han llegado a bloquear la entrada del buque gasero 'Merchant'.

Según explica la organización en un comunicado, en la mañana de este martes, integrantes de Greenpeace han accedido a bordo del buque 'Esperanza' al puerto de la planta regasificadora de Enagás en Sagunto (Valencia) para "impedir la entrada del buque gasero 'Merchant' que proviene de Estados Unidos, cargado de gas de fracking".

Greenpeace exige a Enagás --operadora de la red de gas-- y a las empresas energéticas un plan de abandono progresivo del gas fósil, "también llamado con el eufemismo de gas 'natural'". Los activistas, de 18 nacionalidades distintas, portan pancartas con los mensajes 'El gas no es el futuro' y 'NO + GAS' en español y en inglés.

Zódiacs de la organización se han aproximado al buque 'Merchant', que, según Greenpeace, porta un cargamento de 138.000 metros cúbicos de gas licuado --"como 41 piscinas olímpicas", inciden--, para pintar en su costado el mensaje 'NO + GAS', mientras un escalador se ha encaramado al ancla del barco para ejercer una resistencia pasiva.

Greenpeace reclama al Consejo Europeo extraordinario de Energía que se celebra hoy, que aborde la escalada de los precios desde la raíz del problema, es decir, la dependencia que existe del gas. Los gobiernos, aseveran, "deben aplicar medidas urgentes para proteger a las personas vulnerables afectadas por las subidas de los precios de la energía causadas por la volatilidad del gas, y acelerar la eliminación de todos los combustibles fósiles, incluido el gas, para evitar futuros riesgos".

Para la entidad, la planta de regasificación junto a la que está anclado el Esperanza es "uno de los puntos calientes de la llamada crisis del gas". Greenpeace advierte que "ya se están viviendo las consecuencias de esta crisis, tanto en la economía global, como en la nacional, afectando a toda la población por los continuos récords de subida de precios en la factura eléctrica.

"A esta crisis de precios --prosiguen-- se le suma la grave emergencia climática. En concreto, de media, la planta de Sagunto es responsable de unas 4,5 millones de toneladas de emisiones directas anuales de CO2 (las mismas emisiones que casi 1.400.000 coches durante un año)".

"El primer paso para que haya una transición que sea ordenada y justa con las personas es que los fondos de recuperación no se queden en manos de las grandes corporaciones que nos han traído a esta emergencia climática. El gas tiene que parar. Un gobierno y unas empresas que quieran demostrar su compromiso en la lucha contra el cambio climático lo primero que tienen que hacer es poner fecha de caducidad a todos los combustibles fósiles", declara el responsable de la campaña de gas de Greenpeace, Francisco del Pozo.

Con esta acción de protesta pacífica, y a menos de una semana del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebrará en Glasgow (COP26), Greenpeace denuncia que el gas "no es un combustible ni limpio ni de transición, ya que en realidad es un potente emisor de gases de efecto invernadero compuesto fundamentalmente por metano, un gas con un potencial de calentamiento global a los 20 años, 84 veces superior al del CO2". En su proceso de extracción y transporte "hay filtraciones de metano y finalmente durante su quema para los diferentes consumos, también produce CO2".

El pasado 4 de octubre Greenpeace, junto con otras 20 organizaciones, lanzó una iniciativa europea ciudadana para prohibir la publicidad y patrocinios de los combustibles fósiles. El objetivo es conseguir un millón de firmas que la organización está recogiendo a través de la página web ¡Basta de publicidad de combustibles fósiles!. Greenpeace también ha realizado acciones de protesta similares en Holanda y en Croacia.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha llamado al PP a "sumarse a la tarea de Estado" en defensa de las mujeres "como partido que lidera la oposición", y ha pedido a Vox más respeto por ellas, durante su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso en donde el equipo de Irene Montero ha recibido críticas por parte de estas dos formaciones.

Rodríguez ha explicado ante la Cámara baja las cuentas con las que trabajará el Ministerio de Igualdad en 2022 (525 millones de euros) y que, en su opinión, son una "buena cifra".

En su intervención ha destacado algunas de las principales medidas del departamento, como que el 43% de la cuantía general se destinará a la igualdad de oportunidades o que 209 millones, más 76 provenientes de los fondos europeos, servirán para la lucha contra la violencia de género.

Para los de Pablo Casado, el nombramiento de Rodríguez al frente de la Secretaría de Estado responde más a "afinidad personal" de la ministra Irene Montero, que a la "experiencia en asuntos públicos" de Rodríguez. En este sentido, la portavoz del PP en esta comisión, María Auxiliadora Pérez, ha apuntado que a la secretaria de Estado se la conoce más por declaraciones "estrepitosas" que por su "valía".

UNA "CALAMIDAD"

Pérez ha extendido esta opinión al resto del departamento ya que, a su juicio, tras estas cuentas "no hay ministra ni equipo competente" para gestionarlas. La diputada los ha definido como "calamidad" y ha criticado que el "número de asesores" del departamento "se incrementa cada año".

Del mismo modo, ha denunciado que se aumente el presupuesto en 2022 para estudios y el incremento de subvenciones instituciones que, según el PP, son afines al Ministerio de Igualdad. Además, ha cuestionado a Rodríguez si se repetirá el "déficit de ejecución" de este dinero que se ha registrado en este ejercicio presupuestario.

Por su parte, Vox, a través de su portavoz en este debate Rocío de Meer, ha criticado que Igualdad aumente sus presupuestos cuando los españoles están afrontando la subida de la luz, del diesel, de la cesta de la compra o del pan, entre otras. "Todo esto me recuerda a una de las hambrunas del siglo XVIII en Francia", ha declarado.

La diputada ha reprochado al departamento de Irene Montero que no haya dicho algo sobre agresiones a mujeres por parte de magrebíes y menores extranjeros y ha asegurado que "el mayor peligro para las mujeres es la política de fronteras abiertas".

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Por estas declaraciones, la secretaria de Estado de Igualdad ha acusado a los de Santiago Abascal de "violencia institucional". A su juicio, es una pena que Vox piense que las mujeres que tienen problemas para pagar la factura de la luz, no lo tienen en materia de violencia machista o prefieran "obviarlo" y señalen las partidas de Igualdad como "inútiles". En este sentido, ha pedido a la formación que sea más respetuosa con las mujeres.

"Eso es estar fuera de la sociedad y es violencia institucional", ha declarado, antes de indicar que "las mujeres no se merecen" lo que Voz dice entre las paredes del Congreso.

Aún así, ha tendido la mano a los de Abascal, como lo ha hecho con el PP. En el caso de los 'populares', Rodríguez ha lamentado que el discurso de este martes no esté "a la altura" de las diputadas del PP con las que ella trabajó en la realización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017.

Según ha indicado, le "gusta" el PP "cuando es conservador y de derechas pero sabe apreciar los derechos humanos", pero no le gusta "nada" cuando no los aprecia. En este sentido, cree que los 'populares' actuales también tienen "capacidad para hacerlo". "Invito al PP a que se sume a la tarea de Estado como partido que lidera la oposición", ha apuntado, antes de señalar que las CCAA lideradas por este partido "no tienen problema" en aplicar las medidas de Igualdad.

FOCO EN LOS CUIDADOS

Por otra parte, en su intervención, Rodríguez ha desgranado algunas de las medidas más destacadas entre las que se llevarán a cabo con los presupuestos para 2022, como el Plan Corresponsables que, como ha explicado, pone el "foco" en los cuidados.

"Las mujeres concentran el 76% del empleo parcial" ha denunciado Rodríguez, quien ha apuntado que, cuanto mayor es la carga de hijos o personas mayores de una mujer, más aumenta la parcialidad. Según ha señalado, esta situación aparte a muchas mujeres del mercado laboral e, incluso, algunas "no llega nunca a formar parte" del mismo.

A este tema se ha referido la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, quien ha llamado a poner en marcha un Pacto de Estado por la conciliación y ha pedido información sobre la puesta en marcha del Plan Corresponsables.

Igualdad, ha explicado Rodríguez, está trabajando con Educación para acreditar profesionalmente a las mujeres que se dedican a estas labores sin reconocimiento alguno. Son, ha explicado, mujeres que, en muchas ocasiones, su mayor experiencia profesional es esta. El objetivo, ha recordado, es "construir un sistema estatal de cuidados" convirtiéndolos en un "servicio público".

MAYORÍA DE TRANSFERENCIAS

Del mismo modo, ha hablado del Plan España te protege contra las violencias machistas, que invertirá principalmente sus partidas en la creación de los centros de atención a víctimas de violencia sexual y a la extensión de servicios como Atenpro o pulseras de control a la atención de todas las violencias machistas y no solo a la violencia de género (la que se ejerce dentro del ámbito de la pareja o expareja), como ya se hizo con el 016.

La secretaria de Estado de Igualdad también se ha referido al aumento del 1% a las políticas de Igualdad de Trato y no discriminación, que contarán en 2022 con 4 millones de euros; o la subida de la partida del Instituto de las Mujeres que pasa de unos 20 millones a más de 23.

Del mismo modo, Rodríguez ha destacado que la mayor parte de es 525 millones que gestionará Igualdad el próximo año, un 74% que suponen casi 390 millones, pertenecen al capítulo de transferencias a CCAA y entidades locales.

En este sentido, ha señalado la intención del Ministerio de "reforzar el trabajo" de "cogobernanza" con las CCAA. La 'número dos' de Montero ha recordado que la visión del departamento es que las políticas llegan antes y mejor a las mujeres a través de la cercanía de las administraciones.

Preguntada por la portavoz de Junts en esta comisión, Pilar Calvo, por la posibilidad de territorializar los servicios de atención como el 016, la secretaria de Estado ha explicado que esta herramienta ya deriva a los servicios y recursos autonómicos correspondientes.

La secretaria de Estado ha defendido un sistema centralizado coordinado con las CCAA ya que, ha explicado, a veces se atiende a una persona que sufre la violencia en una región pero se ha desplazado a casa de su familia a otra. "No tiene sentido que no trabajemos con perspectiva global", ha declarado.

La Policía Nacional de Cantabria ha identificado a los miembros del grupo que el pasado 9 de octubre profirieron "frases ofensivas" hacia una jugadora del Club Fundación Osasuna B en Santander cuando disputaba un partido de fútbol contra el equipo femenino de la Sociedad Deportiva Nueva Montaña, en Santander. Todos ellos son varones menores de edad y de Cantabria y por este motivo las diligencias se han remitido a la Fiscalía de Menores.

La S.D. Nueva Montaña presentó una denuncia por los insultos de carácter sexual y amenazas recibidos por la jugadora Karolina Sarasua, entre los que figuraban "todos de agresión sexual, en el tema de violación, ¡enséñame tus tetas!".

La identificación de los presuntos autores de los insultos ha sido dada a conocer este martes, en declaraciones a la prensa, por la inspectora de Igualdad y Derechos Humanos de la Policía Nacional, Diana Mirones, en la inauguración de las jornadas 'Delitos de odio y Proyecto Tahcle' y en las que también ha indicado que este tipo de delitos han aumentado así como su visibilidad.

La inauguración de las jornadas, que se celebran este martes y miércoles, ha estado presidida por la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones y la jefa superior de Policía de Cantabria, la comisaria principal Carmen Martínez.

Quiñones ha hecho un llamamiento a la sociedad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las instituciones públicas para "redoblar esfuerzos" para "frenar y reducir" los delitos de odio, que "han aumentado exponencialmente" en los últimos años.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de abordar su prevención y su regulación legal, los protocolos a seguir en estas actuaciones y los indicios a tener en cuenta en las investigaciones policiales.

"En los últimos años los delitos de odio contra personas con discapacidad, por razón de enfermedad, por razón de sexo/género y antigitanismo han sufrido un incremento que nos debe hacer a todos concentrar esfuerzos para reducirlos", ha dicho.

Por su parte, Martínez ha destacado la lucha contra los delitos de odio como uno de los objetivos de la Policía Nacional y ha agradecido la presencia en las mismas de la fiscal superior de Cantabria, María Pilar Jiménez, y de los demás expertos en la materia.

También han participado el jefe de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, Ramón Manuel Díaz, la representante de la Asociación Alega Cantabria, Lara García, y el profesor de la Universidad de Cantabria (UC) Juan Carlos Zubieta.

FORMACIÓN DE 24 POLICÍAS

Estas jornadas formativas de dos días se van a impartir en una primera fase a 24 funcionarios de policía de diferentes escalas y categorías, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, y el objetivo es llegar a impartir esta formación progresivamente a todos los agentes de la Jefatura.

Estarán integradas por diversas ponencias de expertos, una mesa redonda y talleres prácticos del 'Proyecto Tahcle' (siglas en inglés de Formación sobre Delitos de Odio para las Fuerzas del Orden).

En cuanto al contenido de las ponencias, versarán entre otras materias, sobre la conceptuación, regulación en el ordenamiento jurídico español, casuística e indicios a tener en cuenta en las investigaciones policiales, la concienciación y el establecimiento de protocolos de actuación sobre delitos de odio y discriminación en las dependencias policiales; así como poder identificar los indicadores y la confección de los atestados policiales.

En la segunda sesión de las mismas tendrán lugar los talleres del 'Proyecto Tahcle', destinado a la formación policial contra los delitos de odio que pretende reconocer y entender la dinámica de los delitos de odio y cómo afectan a las víctimas; comprender y poder aplicar la legislación vigente; adquirir y poner en práctica competencias para responder e investigar delitos de odio; y aumentar la concienciación de los agentes de su deber de proteger a todos los ciudadanos.

La implementación del programa Tahcle en las plantillas policiales aparece recogido en el objetivo 2 del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, aprobado por la Instrucción 1/2019, de 15 de enero, de la Secretaría de Estado de Seguridad.