La Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fundación BBVA han entregado este martes sus tradicionales galardones en una ceremonia en la que se ha reivindicado el papel imprescindible de la ciencia básica como herramienta para afrontar los grandes retos del mundo actual.

"Sin matemáticas nuestro modo de vida y nuestras expectativas colapsarían de inmediato", ha manifestado Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA. "Sin su expansión continua, con trabajos como los reconocidos hoy, nuestro horizonte de posibilidades se estrecharía dramáticamente".

Debido al aplazamiento de la ceremonia del año pasado como consecuencia de la pandemia, en esta doble gala se ha reconocido a un total de 19 matemáticos galardonados en las últimas dos ediciones de los Premios Vicent Caselles, otorgados por la RSME y la Fundación BBVA, que reconocen cada año la excelencia del trabajo de seis jóvenes investigadores españoles, o que desarrollan su carrera en España, menores de 30 años; el Premio José Luis Rubio de Francia para investigadores menores de 32 años, que otorga la RSME, y a quien la Fundación BBVA concede una ayuda de 35.000 euros para un proyecto de investigación de tres años; y las Medallas que concede la RSME a profesionales destacados por sus relevantes, excepcionales y continuas aportaciones al campo de las matemáticas.

La enseñanza principal de la pandemia, ha recalcado el director de la Fundación BBVA, es que "la ciencia básica, la ciencia aplicada en empresas y agencias públicas, el liderazgo responsable y la confianza en la ciencia de la población, han contribuido a que estemos recuperando la normalidad". "Esta enseñanza debería servirnos para abordar con decisión un reto para el que no es plausible dar con el 'fix' de una vacuna: el cambio climático".

Infiltrándose en prácticamente todas las demás áreas de la ciencia, la tecnología "e incluso en la cultura y el arte", están las matemáticas, ha añadido Rafael Pardo, citando al premio Nobel Herbert Simon, pionero de la inteligencia artificial al recordar que hoy "cohabitamos el planeta" no solo con otras especies, sino con los computadores en red.

Por todo ello, el director de la Fundación BBVA ha celebrado que los galardonados representen "una generación bien vertebrada de jóvenes matemáticos, hombres y mujeres, capaces de continuar y ampliar las contribuciones de sus maestros también representados aquí. Una generación a la que la sociedad y sus representantes deben ofrecer un marco institucional adecuado, que haga sostenible sus carreras y con ello su contribución a ampliar las fronteras del conocimiento y el bienestar para todos".

"UN CONSISTENTE RELEVO GENERACIONAL"

El presidente de la RSME, Francisco Marcellán, ha destacado por su parte la importancia "de un consistente relevo generacional" en la matemática española, de forma que "los jóvenes investigadores asuman un mayor protagonismo de cara a mejorar la actividad matemática" en España y su proyección internacional.

Además, Marcellán ha recordado la transversalidad de la formación en matemáticas, que "en los niveles no universitarios debe estimular la pasión por la curiosidad y el contraste de hipótesis y modelos".

Las matemáticas "forman parte de una cultura integral, que debe iniciarse en el sistema escolar sin compartimentos estancos y que se refleja en la vida cotidiana a través de una mejor comprensión de la realidad que nos circunda", ha señalado.

La doble ceremonia, celebrada en la sede madrileña de la Fundación BBVA, ha congregado a una nutrida representación de la comunidad matemática española, y ha contado con la asistencia de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez; el presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jesús Sanz Serna; los rectores de la Universidad Carlos III (UC3M), Juan Romo, y de la Universidad Nebrija, José Muñiz; y los presidentes de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), Jesús López Fidalgo, y de la Sociedad Científica Informática de España (SCIE), Inmaculada García Fernández.

PREMIOS VICENT CASELLES A JÓVENES INVESTIGADORES

Los Premios Vicent Caselles de la Fundación BBVA y la RSME se crearon en 2015 para reconocer e incentivar el talento de jóvenes investigadores en matemáticas y, a través de ellos, incrementar en el espacio público la visibilidad de este campo. Se conceden anualmente seis premios, cada uno dotado con 2.000 euros, a investigadores menores de 30 años que posean nacionalidad española, o de otra nacionalidad que hayan realizado su trabajo de investigación en una universidad o centro científico de España.

Los galardonados en la edición de 2020 son: Diego Alonso, investigador postdoctoral en la Universidad de Bonn; Alessandro Audrito, investigador postdoctoral en la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich (Suiza); Rubén Campoy, profesor ayudante doctor en la Universitat de València (UPV); María Cumplido, profesora ayudante doctora en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Ujué Etayo, profesora ayudante doctora en la Universidad de Cantabria (UC); y Judit Muñoz, investigadora postdoctoral en el Oden Institute for Computational Engineering and Sciences, Universidad de Austin (Texas, EEUU).

En la edición de 2021, los jóvenes investigadores premiados son: Jon Asier Bárcena, profesor ayudante doctor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Xavier Fernández-Real, investigador postdoctoral en la École Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza); José Ángel González-Prieto, profesor ayudante doctor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Mercedes Pelegrín, investigadora postdoctoral en la École Polytechnique de París; Abraham Rueda, investigador postdoctoral en la Universidad de Murcia (UM); y María Paz Tirado, investigadora postdoctoral en la Universidad de Sevilla (US).

PREMIO JOSÉ LUIS RUBIO DE FRANCIA Y MEDALLAS RSME

Los galardonados en las últimas dos ediciones con el premio José Luis Rubio de Francia son: María Ángeles García Ferrero, investigadora Juan de la Cierva en el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas (BCAM), y Daniel Sanz Alonso, assistant professor de la Universidad de Chicago.

El galardón está dotado con una start-up grant de 35.000 euros financiada por la Fundación BBVA, concebida para fomentar y consolidar la carrera investigadora.

Las Medallas de la RSME, que reconocen las brillantes trayectorias de matemáticos veteranos, han sido concedidas en la edición de 2020 a María Jesús Carro, catedrática de Análisis Matemático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y a Antonio Ros, catedrático de Geometría y Topología de la Universidad de Granada (UGR).

Y en 2021 se han otorgado a Antonio Córdoba, catedrático emérito de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a Olga Gil, catedrática de Geometría y Topología de la Universidad de Valencia (UV), y Tomás Recio, profesor magistral de Matemáticas de la Universidad Nebrija de Madrid.

La Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor ha trasladado su "respeto" a la condena por abusos sexuales a un sacerdote perteneciente a esta orden y ha pedido "perdón" a las víctimas y sus familias "por el sufrimiento que les ha podido causar" el mismo.

Así se ha manifestado, en un comunicado, después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condenase a penas que suman 32 años y medio de prisión y a 36 años de libertad vigilada al sacerdote Segundo C.V., por haber abusado sexualmente de seis menores, alumnos del Colegio Salesianos de Vigo, donde el procesado daba clases.

Ante esta situación, la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor ha recalcado que "respeta la decisión judicial" y "desea que contribuya a hacer justicia", además de señalar que asume la responsabilidad civil subsidiaria establecida por el tribunal.

Asimismo, ha manifestado su "disposición" a "escuchar, acompañar y tratar de restaurar la dignidad" de cualquiera de las víctimas y ha pedido "perdón" a las mismas y a sus familias "por el sufrimiento que un miembro de la congregación les ha podido causar".

Además, una vez notificada la sentencia, ha avanzado que se continuará el proceso canónico, de acuerdo con las disposiciones de la Iglesia previstas para estos casos.

Adicionalmente, la orden ha reiterado su "empeño" en la "protección de menores y personas vulnerables" y su "compromiso" para que los colegios vinculados a la misma representen "entornos protegidos" a través de la puesta en marcha de un sistema que "evite que se vuelvan a producir estas situaciones" con acciones de sensibilización, formación y prevención.

Continúa sin registrarse ningún fallecido por Covid-19 en La Rioja en un día en el que el número de casos activos se mantiene en 63, según acaba de actualizar el Gobierno regional.

A día de hoy, hay ocho personas ingresadas en los diferentes centros riojanos, las mismas que ayer, mientras que la Incidencia Acumulada a catorce días se mantiene en los 25,63.

Además, se han registrado 7 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de l pandemia se han notificado 39.631.

Hasta este momento, en La Rioja han fallecido 823 personas por la enfermedad, 324 de ellos residentes de centros de mayores en la comunidad autónoma.

En cuanto a la presión asistencial, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con dos personas ingresadas en planta (una menos que ayer, lunes) y cinco en la UCI (los mismos que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (catorce a día de hoy, dos más que ayer), la UCI riojana tiene 19 pacientes y se encuentra al 44,19 por ciento (frente al 39,53 de ayer).

La Fundación Hospital de Calahorra cuenta con una persona hospitalizada derivada de la COVID-19 (ayer no tenía ninguna).

Por lo demás, en cuanto a la Incidencia Acumulada a catorce días, ésta se sitúa en 25,63 por cada 100.000 habitantes. Por su parte la IA a siete días continúa en los 13,44 casos por 100.000 habitantes.

Finalmente, no se tiene actualización a día de hoy de las personas que se encuentran en cuarentena en la comunidad riojana. Los centros de mayores, por último, continúan sin registrar ningún contagio entre sus residentes.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha anunciado este martes que el Gobierno quiere convocar en 2022 un concurso de ideas a escala internacional para ubicar en el Valle de los Caídos un centro de interpretación, como parte de la estrategia del Ejecutivo para resignificar este emplazamiento tras la exhumación de los restos del dictador.

Martínez ha comparecido este martes en la Comisión de Presupuestos del Congreso para dar cuenta de la partida de 11,8 millones con la que contará su departamento para desarrollar, entre otras cosas, la futura ley de memoria democrática, que también contempla la resignificación del Valle de los Caídos.

En concreto, el secretario de Estado ha anunciado que entre las acciones que prevé poner en marca el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que lidera Félix Bolaños está la de convocar un concurso de ideas a escala internacional para crear en el Valle ese centro de interpretación, dentro del recinto del monumento.

También quieren impulsar varios proyectos de investigación sobre la arquitectura del Valle de los Caídos, en el marco comparado de la arquitectura totalitaria europea, así como proseguir con el traslado de los más de 33.000 cadáveres inhumados desde todas las provincias.

Asimismo, Martínez ha confirmado que van a continuar con las acciones para realizar las tareas de exhumación que permitan identificar a las víctimas enterradas en el Valle, y también impulsar un proceso pedagógico que "explique el monumento en su conjunto, y resituarlo como lugar de memoria democrática, en homenaje y reconocimiento de todas las víctimas".

El secretario de Estado también ha recordado durante su comparecencia de que el 60% del presupuesto de su departamento se destinará en 2022 al plan de exhumaciones de víctimas de la guerra civil y el franquismo, en una clara apuesta "firme" por la memoria democrática.

El número de personas con dependencia que se encuentran en lista de espera para valoración de grado se ha reducido un 8% entre enero y septiembre de 2021, y el número de personas con la prestación concedida se ha incrementado un 6%, 60.000 personas más, según ha anunciado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

"Entre enero de 2021 y septiembre de 2021, asistimos ya a una notable reducción de personas que se encuentran en espera para la valoración de su grado (de Dependencia), una reducción del 8% en estas personas; y un incremento del 6% en las personas con prestación concedida", ha explicado Nacho Álvarez este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

Así, ha añadido que, a fecha de septiembre de 2021, había 60.000 personas más con una prestación concedida en el Sistema de Atención a la Dependencia, y ha destacado que este incremento es "fruto del esfuerzo presupuestario" del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del Gobierno, así como de la colaboración institucional con el conjunto de las comunidades autónomas.

Durante su intervención, Álvarez también ha anunciado que este miércoles tendrán una reunión del Consejo Territorial y uno de los puntos del orden del día será, precisamente, "evaluar el avance que, a fecha de 27 de octubre, está teniendo la ejecución de este año en relación a las listas de espera de la Dependencia" y el avance del Plan de Choque en otros aspectos.

Según ha destacado el secretario de Estado de Derechos Sociales, están dando "un incremento muy fuerte" al Sistema de Atención a la Dependencia; ha puesto de relieve que "se ha duplicado el gasto en Dependencia"; y ha precisado que tienen que analizar en qué medida se están acometiendo los objetivos.

"El presupuesto ordinario viene acompañado de una mejora muy relevante de la financiación relativa al cambio del modelo de cuidados de larga duración. Tenemos la oportunidad de utilizar bien los fondos y me consta que las comunidades autónomas lo están haciendo", ha concretado.

Ante las críticas de la diputada del PP, Alicia García, que ha pedido "60.000 personas fuera de las listas de espera de la dependencia", Nacho Álvarez se ha mostrado sorprendido por la "agresión" de la formación al sistema de atención a la Dependencia. Según ha puntualizado "en 2018, cuando el PP abandonó el Gobierno, el gasto en Dependencia era de 1.300 millones de euros y hoy es de 2.600 millones".

Por otro lado, Nacho Álvarez ha anunciado que "muy pronto" remitirán al Consejo de Ministros, para su aprobación, la Estrategia Nacional española para la inclusión social de la población gitana. En este sentido, además, ha destacado que se ha incrementado en medio millón de euros la financiación para reforzar el despliegue de este plan.

El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal testificará este miércoles en una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que se ha reabierto en la Audiencia Nacional (AN), precisamente, a raíz de las aportaciones que ha realizado en el marco del "proceso de colaboración" que inició con la Justicia española tras ser detenido y reactivarse su extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas.

Carvajal está citado a las 10.00 horas en el Juzgado Central de Instrucción Número 6, que dirige Manuel García-Castellón, a donde llegará en un furgón policial, dado que se encuentra recluido en la cárcel madrileña de Estremera a la espera de que se resuelva su proceso de extradición.

El militar venezolano compareció voluntariamente ante el juez el pasado 20 de septiembre por unas diligencias sobre terrorismo internacional. Habló durante más de una hora de diversos asuntos, proporcionando bastantes datos, si bien prometió dar soporte documental a sus palabras.

Por ello, ha ido entregado a García-Castellón documentos relativos a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA; otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos; así como un escrito donde apunta a envíos de dinero a la formación 'morada' a través de Cuba y Venezuela.

Tras escucharle y ver sus papeles, el instructor decidió reabrir una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos desde Irán y Venezuela que arrancó por una denuncia basada en el conocido como 'Informe PISA' y que fue archivada en 2016 por el también juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal al considerar que dicho informe era solo un "conjunto desordenado" de noticias.

EXTRADICIÓN SUSPENDIDA

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar de Chávez y Maduro está en poder de la Justicia española desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza".

Su captura, después de estar casi dos años prófugo, reactivó el proceso de extradición. Comenzó en abril de 2019 y se truncó en noviembre de ese año, cuando la Audiencia Nacional optó definitivamente por enviarlo a Washington y él huyó. En 2020, con Carvajal en paradero desconocido, el Gobierno ratificó la entrega a Estados Unidos y el proceso quedó dormido.

En septiembre, 'El Pollo' consiguió frenar su extradición recurriendo la decisión del Ministerio de Interior de no concederle el asilo que pidió en 2019. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska confirmó la semana pasada que no es merecedor de la protección internacional, lo que volvió a poner en marcha la maquinaria extradicional.

El jueves pasado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó hacer efectiva de una vez por todas la extradición de Carvajal. Y ello, a pesar de que García-Castellón recordó a sus colegas que estaba citado como testigo. Los magistrados le contestaron que, si 'El Pollo' desea colaborar con los tribunales españoles, puede seguir haciéndolo desde Estados Unidos. Creen que esta aparente voluntad de cooperar es en realidad una "maniobra dilatoria".

Un día después, el viernes, la misma Sala de lo Penal se enmendó a sí misma, a instancias de la defensa del general bolivariano, acordando paralizar la extradición para dar cumplimiento a un trámite formal que tenía pendiente y que, de acuerdo con las fuentes jurídicas, abordará el próximo viernes, 29 de octubre.

EL SUPREMO LE CIERRA LA PUERTA

'El Pollo' también había acudido a Tribunal Supremo para intentar evitar su entrega a las autoridades estadounidenses, pero esa vía ha quedado cerrada este martes por una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La Sección Quinta ha desestimado el recurso formulado por Carvajal contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020 por el que se aprobó su extradición a Estados Unidos.

En su impugnación, Carvajal negaba cualquier implicación en los hechos que le imputa el Departamento de Justicia, según el cual formó parte del Cártel de los Soles, una organización criminal supuestamente integrada por cargos 'chavistas' que, con la ayuda de la guerrilla colombiana de las FARC y otros grupos armados, se dedicaría al tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Advertía además de que, si finalmente es enviado a Washington, podría ser sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba 'El Pollo', porque la Casa Blanca cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Chávez y Maduro.

Izquierda Unida ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que impute al Partido Popular como persona jurídica en la pieza 9 de 'Púnica' al considerar que desde el seno de la formación se impulsaron "estrategias y mecanismos de elusión del control público" y que llevaban a la comisión "de una multiplicidad de hechos colectivos".

Según ha informado el partido, en el escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 también se solicita la ampliación de seis meses del periodo de instrucción, que termina este mes de octubre al considerar que "aún quedan diligencias por practicar e innumerables aspectos del objeto de esta causa por esclarecer".

Desde Izquierda Unida insisten en que todavía quedan por dilucidar numerosos asuntos "que deberán ser investigados en el curso de los próximos meses mediante la práctica de nuevas diligencias de prueba hasta llegar a aclarar la existencia de una 'caja B' de dinero opaco en el PP madrileño". Todo ello en el marco de la pieza 9, relativa a la presunta financiación ilícita del partido en la Comunidad de Madrid.

La formación que lidera Alberto Garzón sostiene que la imputación del partido de Pablo Casado está justificada "por las decisiones tomadas por varios de sus principales dirigentes en la Comunidad de Madrid". "Lo hicieron para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad", denuncian.

YA LO SOLICITÓ EN 2017, 2018 Y 2019

Así, y tras recordar que ya solicitaron la declaración del PP como persona jurídica en 2017, 2018 y 2019, IU incide en que desde el partido no se tomó "ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas".

Para IU, que ejerce la acusación popular, "resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos".

"Más aún cuando tenemos conocimiento de quien de manera directa ha podido realizar tales actuaciones, el secretario general del PP de Madrid (Ignacio González), el gerente del partido (Beltrán Gutiérrez) o la presidenta del PP de Madrid (Esperanza Aguirre)", todos ellos imputados ya en esta causa", recuerdan.

POCAS DUDAS SOBRE LA "FALTA DE CONTROL INTERNO"

Adicionalmente, Izquierda Unida considera que hay pocas dudas "de la absoluta falta de control interno que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña".

Se trata, según recoge el escrito, de "una auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo del PP, partido que por otra parte no habría reflejado dichos ingresos a la contabilidad y haciendas públicas". Para IU, este modo de actuar "debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el Partido Popular se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión".

Por último, IU critica al magistrado de la Audiencia Nacional señalando que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tuvo que corregirle "el pasado verano también en esta investigación, como ya había hecho en otras, y obligarle a reactivar esta investigación sobre el desvío de fondos al PP desde distintas empresas y entes, entre ellos la agencia pública de informática ICM con la supuesta colaboración de Indra".

La resolución del Tribunal Constitucional (TC) que avala la constitucionalidad de la prisión permanente revisable cuenta con la oposición de tres de los once magistrados. Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido y Maria Luisa Balaguer consideran que esta pena atenta contra el principio de la dignidad humana.

En su voto particular conjunto, los tres señalan la pena, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy y recurrida a instancias del PSOE debió declararse inconstitucional por ser contraria a un conjunto de derechos fundamentales debido a su naturaleza de pena "potencialmente a perpetuidad".

Así, entienden que va contra el principio de la dignidad humana como fundamento del orden político, contra la prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes, contra el mandato de que las penas estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y contra los derechos a la libertad personal y a la legalidad sancionadora.

Lamentan que en la Constitución no quede reflejada expresamente la abolición de penas que puedan ser potencialmente perpetuas porque se hubieran ahorrado el debate, pero advierten de que el hecho de que no sea abolido en la Carta Magna, no agota la discusión sobre su inconstitucionalidad.

Los tres magistrados entienden que el sistema jurídico actual, en consonancia con la evolución de la cultura en la sociedad, busca el constante perfeccionamiento de la democracia como proyecto civilizador. Esto, añaden, va unido a la protección de los derechos humanos, cuyo eje central en el debate sobre las penas se ubica en el respeto a la dignidad de la persona y en la prohibición de penas inhumanas y degradantes.

Al hilo, sostienen que este tipo de pena es contrario al principio de no regresión "en el sentido humanizador de la pena". "En España la proyección de los principios de no limitación, de no regresión y de progresividad, interpretados en conjunto, se alza como un argumento fundamental contra la constitucionalidad de la regulación de la pena de prisión permanente revisable", explican.

LIMITACIÓN, REGRESIÓN Y PROGRESIVIDAD

Así, explican que el principio de no limitación impide que la mera conformidad de esta pena con lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos conlleve su constitucionalidad, ya que el estándar constitucional exige aceptar un nivel superior de protección de los derechos.

Además, subrayan que el principio de no regresión, que "proscribe el retorno peyorativo" en el nivel de consolidación de derechos alcanzados, determina la inconstitucionalidad de esta pena, ya que no se justifica suficientemente desde la perspectiva constitucional el retorno a una pena que llevaba casi cien años desaparecida y que durante casi cuarenta años del presente régimen democrático no se ha considerado necesaria por el legislador ni siquiera en contextos en que ciertos delitos de extrema gravedad parecían poner en peligro la paz social y la propia pervivencia del sistema constitucional.

"Por tanto, durante casi cien años, con diferentes regímenes políticos democráticos -monárquicos o republicano- y dictatoriales, España se constituyó como un país abolicionista de las penas privativas de libertad a perpetuidad o indeterminadas no indefectibles de por vida. Esta situación se mantuvo también para los casos de conmutación de la pena de muerte, cuando estuvo vigente, y en los momentos en los que las democracias propiciadas por las Constituciones de 1931 y 1978 abolieron la pena de muerte", dicen.

Sobre el principio de progresividad del mandato de reinserción social, señalan que propicia la inconstitucionalidad de esta pena por su potencial perpetuidad, ya que este mandato está vinculado en el derecho constitucional comparado con la abolición expresa de este tipo de penas, que no resultó históricamente necesaria en la Constitución por considerarse entonces que dicho mandato servía de previsión suficiente contra la reinstauración de penas perpetuas.

EMPOBRECIMIENTO DEL SISTEMA

Como conclusión, resaltan que este tipo de pena constituye un "empobrecimiento del sistema jurídico democrático español" y un ejemplo de regresión civilizadora que lo convierte en una "anomalía histórica" que se aleja de los principios liberales en el cumplimiento de las penas.

Igualmente, se destaca que la madurez y grandeza de un Estado social y democrático de derecho también se demuestra cuando es capaz de alzarse y mostrarse resistente con demandas sociales supuestamente mayoritarias de implantación de penas que suponen una regresión en la racionalidad del ordenamiento penal.

Por su parte, el magistrado Cándido Conde-Pumpido en otro voto particular también expresa su discrepancia específica con la concreta regulación legal respecto de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable, ya que los requisitos que se exigen determinan que dicha suspensión sea prácticamente inalcanzable para el condenado.

"Entiendo que los requisitos a que queda sometida la posibilidad abstracta de revisión de la pena de prisión permanente permiten anticipar que, en la mayor parte de los supuestos, la pena devendrá irrevisable de facto, dados los extensos límites mínimos de cumplimiento en prisión exigidos, las condiciones penitenciarias a que dicho cumplimiento queda sometido y los criterios que el tribunal sentenciador ha de tomar en consideración para acceder a suspender la ejecución de la pena", indica.

Asimismo, Conde-Pumpido explica que la prisión permanente revisable contempla el requisito temporal por el que la suspensión de la ejecución de la pena sólo puede otorgarse una vez superado un límite mínimo de cumplimiento. Éste se fija en un mínimo de 25 años de su condena, que alcanza los 30 años si el penado ha sido condenado por dos o más delitos y hasta 35 años en los delitos de terrorismo.

Explica que además, la clasificación en tercer grado debe ser autorizada por el tribunal sentenciador previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, pero no podrá efectuarse hasta que el penado haya cumplido un mínimo de 15 años de prisión efectiva.

Sobre este asunto, el magistrado no comparte lo defendido por la mayoría del plenario ya que entiende que es inconstitucional a pesar de que haya una posibilidad legal de que se dé una suspensión de la pena.

Y suma a esto que tras la reforma penal, al establecer los delitos a los que se asocia la imposición de la pena de prisión permanente, "se configura un auténtico concurso real de delitos".

"Así ocurre con los asesinatos precedidos de cualquier ataque a la libertad sexual, o los que se producen en un contexto de pertenencia a un grupo criminal o terrorista, situaciones éstas en las que el propio contexto está ya definiendo otra actividad delictiva que concurre con el atentado a la vida humana", apunta, para luego añadir que "los periodos de seguridad aplicables serán usualmente superiores a 25 años de prisión efectiva".

Por otro lado, sostiene que expertos en derecho penitenciario vienen poniendo de relieve la dificultad de aplicar un programa de tratamiento a quien no tiene expectativa cierta de libertad. Y resalta que en el caso de la prisión permanente revisable "no se trata de analizar si la posibilidad de reinserción queda anulada, sino si la regulación la favorece o la posibilita".

"Este Tribunal ha perdido la oportunidad de dar contenido material a un principio expresamente recogido en la Constitución que representa el compromiso fuerte del constituyente con la finalidad resocializadora de la pena", añade.

El grupo parlamentario de Más País y Verdes Equo se ha reunido en Bruselas con representantes del Partido Verde europeo y de su grupo en el Parlamento europeo, de cara a estudiar cómo avanzar en la extensión del proyecto piloto de la semana laboral de cuatro días y estrechar lazos de colaboración.

Al encuentro que tuvo lugar el lunes han acudido Íñigo Errejón e Inés Sabanés, diputados de Más País Verdes Equo; Evelyne Huytebroek, copresidenta del Partido Verde Europeo; Vula Tsetsi miembro del Comité del Partido Verde Europeo, Florent Marcellesi, coportavoz de Verdes Equo, Héctor Tejero, coordinador político de Más País en el Congreso; y otros miembros del partido verde, como la eurodiputada verde Katrin Langensiepen, quién participa de las negociaciones para la formación del próximo gobierno germano.

La reunión ha contado, además, con la presencia del experto en políticas laborales, Gérard Valenduc, profesor de la Universidad de Lovaina e investigador asociado del Instituto sindical europeo, tal y como han explicado desde Más País.

Durante la jornada se han debatido las posibilidades de exportar el proyecto piloto sobre la semana laboral de cuatro días a otros países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, se va a poner en marcha una campaña europea de recogida de firmas, para que esta medida se reconozca a nivel europeo.

"En España y en toda Europa la crisis del covid nos ha demostrado lo vulnerables que somos y ha cambiado nuestra forma de ordenar las prioridades. Por eso cuando presentamos la propuesta sobre la semana laboral de cuatro días la gente y, sobre todo, las empresas lo han entendido y están queriendo ver cómo se pone en marcha", ha destacado Errejón.

EL TRABAJO CONJUNTO HACE CRECER LA OLA VERDE

Mientras, Sabanés ha destacado el trabajo conjunto en políticas concretas, "que impactan de forma directa a la vida de la gente, es una de las fórmulas más eficientes para hacer crecer la ola verde que está recorriendo Europa y que quieren que llegue con fuerza a España".

A su vez, Huytebroeck ha celebrado la iniciativa de Verdes Equo y Más País de trabajar en innovaciones para el futuro del mercado laboral en España, destacando que son también una de las "prioridades" para el Partido Verde Europeo.

Por su parte, Florent Marcellesi ha subrayado que "el trabajo conjunto en iniciativas concretas, como el proyecto piloto de la semana laboral de cuatro días, que es el camino para seguir creando una alternativa verde que sea atractiva para un espectro más amplio de la población que la izquierda tradicional".

Los Mossos d'Esquadra encontraron el viernes varios ejemplares de fauna salvaje exótica protegida dentro de una nave en la que entraron durante un operativo antidroga en Badalona (Barcelona).

En un comunicado este martes, la policía catalana ha explicado que detuvieron a dos hombres y dos mujeres como presuntos autores de un delito contra la salud pública y un delito de fraude de fluido eléctrico.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en una nave de la localidad presuntamente había sustancias estupefacientes, y al realizar una entrada y un registro, localizaron seis kilogramos de cogollos de marihuana, 500 gramos de hachís, 1.103 comprimidos y 13 kilogramos de polvo de sustancias psicotrópicas.

También encontraron dos kilos de polvo "para fabricar éxtasis", 1.500 gramos de metanfetamina, 2.300 gramos de anfetamina, ocho kilogramos de pasta de cocaína, 250 gramos de setas alucinógenas, 310 gramos de heroína, 14.315 euros fraccionados y un arma de fuego.

En una de las habitaciones encontraron una boa constrictor, un ejemplar de pitón, dos ejemplares de pitón de la India, un ejemplar de iguana verde, una víbora 'Trimeresurus albolabris' y una serpiente venenosa 'Ahaetulla nasuta' sin su documentación.

Los agentes han explicado que por la tenencia de todos estos tipos de animales "es necesario estar inscrito en el registro oficial de núcleos zoológicos a fin de velar para que las instalaciones sean seguras para las personas y los animales", hecho que tampoco se cumplía.

La policía catalana confiscó los animales y detuvo a las cuatro personas --dos hombres y dos mujeres-- que se encontraban en el interior de la nave, y tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

El Parlamento Europeo ha rechazado este martes en un informe el modelo deportivo de "competiciones disidentes", como la Superliga, y ha defendido un sistema "justo" que sea acorde a los valores europeos.

"Necesitamos una política de la UE implicada con el fomento del deporte. Nuestra tarea como eurodiputados es promover y proteger un modelo basado en valores para las próximas generaciones", ha señalado Tomasz Frankowski, ponente del informe que ha sido aprobado en la comisión de Cultura.

En este sentido, el popular polaco ha llamado a luchar contra "las fuerzas que amenazan el modelo europeo y persiguen una visión puramente de negocio en el deporte". "Por eso estamos en contra de una Superliga de clubes de élite, el deporte es un derecho de todos y esto es algo que todos deberíamos defender", ha subrayado.

En el texto, los eurodiputados proponen que la UE diseñe una cultura deportiva basada en valores como la solidaridad, sostenibilidad, inclusividad, competencia y justicia, todos ellos, señalan los parlamentarios, valores de la UE.

Por ello, el informe expresa su oposición a "competiciones disidentes que socavan estos estándares y ponen en peligro la estabilidad del ecosistema deportivo en general", en clara referencia a la iniciativa de una serie de clubes de fútbol europeos de crear una competición cerrada y reducida a una veintena de equipos poderosos. El texto ha contado con el voto a favor de 29 de los 31 miembros de la comisión parlamentaria.

El pasado mes de abril saltó a la palestra la iniciativa de doce clubes europeos, entre ellos Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, de crear una Superliga reducida a una veintena de equipos europeos. La propuesta recibió sonadas críticas de la Comisión Europea y algunos Gobiernos como el británico, lo que terminó provocando la salida de casi todos sus integrantes y la cancelación del proyecto.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que tiene "la garantía" de que los grupos de la oposición en Cibeles (PSOE, Vox, Más Madrid y Recupera Madrid) ejercerán como tal "a perpetuidad".

En estos términos se ha expresado durante su comparecencia en el Pleno, donde ha dado cuenta de sus actividades institucionales durante el último mes de octubre, y donde ha reprochado a la oposición que digan que es un regidor "a tiempo parcial".

"Cuando hablan de alcalde ausente o parcial, tengo la garantía de que ustedes serán oposición a perpetuidad", ha lanzado.

Sobre la labor llevada a cabo por la Junta de Gobierno este mes, ha destacado la "aprobación de unas Ordenanzas Fiscales que permitirán profundizar en un marco de competitividad fiscal" y que permitirán que Madrid continúe siendo "la primera comunidad en PIB".

También el proyecto de una única ordenanza en el ámbito urbanístico "que da importancia a las declaraciones responsables". "Hemos autorizado la colocación de cámaras en Marconi y Chueca así como ampliar las de Lavapiés, que se unen a las de Bellas Vistas y Peña Gorbea", ha detallado.

Almeida ha señalado el "refuerzo del alumbrado navideño para ayudar al comercio tan castigado" así como "un proyecto de movilidad sostenible" con la subvención de motos o bicicletas eléctricas.

Ha sido en este mes donde se ha aprobado en Junta de Gobierno el comienzo de las obras del carril bici del Paseo de la Castellana, un centro cultural en Villaverde, o la reforma de un gimnasio en San Blas.

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, celebrarán mañana un acto de conciliación en los juzgados de Collado Villaba (Madrid). A la cita no tienen que acudir ninguno de los dos, y es el paso previo para la presentación de una querella por injurias y calumnias contra la ministra por las manifestaciones vertidas relacionadas con su caso.

En la demanda, Arcuri indica que el objetivo es que la ministra se retracte de declaraciones y manifestaciones públicas que ha realizado y en las que menciona su caso. Además de emprender acciones legales contra Montero, la expareja de Rivas ha ido contra el diputado de Más País Íñigo Errejón, con quien ya celebró ese acto de conciliación.

A la ministra le exige además una indemnización de 80.000 euros por daños y perjuicios. "Requerimos a la señora Montero para que se retracte en el acto de conciliación de todas y cada una de las afirmaciones que se citan, retire de forma inmediata las publicaciones que se reproducen en este escrito, y cualquier otra que se refieran al padre de los hijos de la señora Rivas", dice el escrito.

Asimismo, solicita por medio de su representación letrada que en el plazo de siete días desde la celebración de ese acto de conciliación publique a su costa en dos diarios nacionales la demanda de conciliación y el acta de conciliación.

LAS AFIRMACIONES DE MONTERO

En la demanda de Montero, que fue presentada en los juzgados de Collado Villalba, Arcuri refleja varias declaraciones de la dirigente de Podemos, como las que hizo en un acto público en Zaragoza en junio de 2021 cuando en relación a diversos sucesos ocurridos esos días, entre ellos, la supuesta muerte de dos menores de Tenerife a manos de su padre, lo relacionó con el caso de Juana Rivas.

Añade que a estas declaraciones sumó un 'tuit' que publicó en su perfil y en el que se recogía la referida intervención y la enfatizaba apuntando: "Siempre hay nombres propios: Beatriz, Anna, Oliva, Rocío, Juana, Irune. Creer y acompañar a las mujeres que están vivas para evitar los asesinatos machistas y erradicar la violencia contra las mujeres".

El escrito reproduce también parte de la entrevista que le realizaron en junio en un programa de Televisión Española --'Las cosas claras'-- "donde vuelve a repetir parte de las mismas manifestaciones respecto del asunto Juana Rivas".

Al hilo, recuerda que Rivas ha sido condenada por el delito de sustracción de menores mediante sentencia firme de fecha 23 de abril de 2021 tras recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y que ella es conocedora y apoya la petición de indulto a la misma.

Además incide en que Montero no conoce personalmente a Arcuri, y le reprocha que se haya pronunciado sobre su caso sin haber leído o estudiado "el contenido de las casi tres decenas de procedimientos judiciales que se han tramitado respecto de la señora Rivas y el señor Arcuri tanto en España como en Italia".

EL CURSO DE LA PETICIÓN DE INDULTO

El Tribunal Supremo recibió en junio el expediente del Ministerio de Justicia sobre la petición de indulto realizado por Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Se prevé que en las próximas semanas vea la luz el informe del Alto Tribunal.

A finales del pasado abril, la Sala de lo Penal del Supremo estimó parcialmente el recurso de casación planteado por Rivas contra la condena a cinco años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y la rebajó a dos años y seis meses de cárcel al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos --sus dos hijos--, cometió un único delito y no dos.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy publicará en diciembre su nuevo libro 'Política para adultos' (Plaza & Janés), una propuesta para "recuperar los valores de la madurez", según ha anunciado él mismo en su cuenta de Twitter.

"Comparto la portada de mi próximo libro que estará a la venta el uno de diciembre. Una propuesta para recuperar los valores de la madurez: el principio de realidad, la contención y la responsabilidad. En definitiva, la política hecha por y para adultos", ha manifestado.

En los últimos meses, Rajoy ha ofrecido algunas conferencias y a finales de septiembre participó en el arranque de la Convención Nacional del PP en Santiago junto al líder del PP, Pablo Casado, al que aconsejó centrarse en la "eficacia" económica porque sirve para "evitar" la llegada de populismos. Además, pronosticó que el PP tendrá que "arreglar una vez más" lo que "otros desarreglaron" cuando llegue a Moncloa porque es su "sino".

OTROS LIBROS DE RAJOY

El 4 de diciembre de 2019, Rajoy ya presentó en Madrid su libro 'Una España mejor' (Plaza & Janés), en el que repasa su etapa al frente del Ejecutivo y su visión sobre los acontecimientos que marcaron la política española, como la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez que le desalojó del Palacio de la Moncloa

A ese acto acudieron entonces Pablo Casado y buena parte de la cúpula del PP, así como prácticamente todos sus ministros y destacados 'barones' territoriales como el gallego Alberto Núñez Feijóo y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

En septiembre de 2011, antes de llegar al Palacio de la Moncloa, Rajoy relató sus memorias personales y profesionales en el libro 'En confianza' que publicó la editorial Planeta. "Quiero exponer cuáles son mis ideas sobre el presente y el futuro de España, las líneas fundamentales de una alternativa necesaria, cómo salir de la situación actual y definir nuestro futuro", aseguraba en la obra.

TAMBIÉN ÁLVAREZ DE TOLEDO PUBLICA 'POLÍTICAMENTE INDESEABLE'

Antes que el de Mariano Rajoy, la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo sacará a la venta su libro titulado 'Políticamente indeseable' (Ediciones B), que cuenta con 480 páginas y sobre el que hay total hermetismo en este momento.

Igual que el expresidente del Gobierno, la diputada del PP por Barcelona ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para anunciar que su obra saldrá a la venta el próximo 18 de noviembre.

La Comisión Gestora del PSOE-M ha ratificado este martes la designación como nuevo portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid al recién elegido secretario general del partido, Juan Lobato, y a la anterior portavoz, Hana Jalloul, como presidenta del grupo.

Así lo ha anunciado el responsable de Organización, Fran Martín, tras la reunión mantenida esta tarde. Martín, ha agradecido a Jalloul "su enorme trabajo, ilusión y sus grandes aportaciones al proyecto de los socialistas madrileños durante este tiempo". "Estamos convencidos de que la nueva dirección seguirá manteniendo el mismo impulso, el mismo trabajo y afrontará el reto que tenemos por delante con las máximas garantías", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general ha agradecido "enormemente" su nombramiento como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y ha agradecido a Hana Jalloul "todo el trabajo, la intensidad y las ganas que ha puesto en esta etapa en la que ha hecho que el Partido Socialista tenga una presencia política, parlamentaria y territorial importantísima en este región".

Durante la reunión mantenida esta misma tarde también se ha constituido la Comisión Organizadora del XIV Congreso Regional que estará integrada por Marta Bernardo, Oti Armiñana, Isabel Aymerich, Plácido Vázquez, Guillermo Martín, Pilar Sánchez Acera y David Rodríguez, además del propio secretario general y los miembros de la Comisión Gestora. Martín ha señalado que esta Comisión será "quien desarrolle los trabajos preparatorios para que el XIV Congreso sea un completo éxito".

Sobre esto, Lobato ha explicado que ya ha comenzado la organización del XIV Congreso Regional y que este será "el de la modernidad del partido, de la apertura por completo a la sociedad", y, para ello, se ha comenzado nombrando un equipo encargado para su organización con el objetivo claro de apostar por un proyecto político "moderno y actual para Madrid".

"Queremos un Congreso abierto en el que participen todos los colectivos y organizaciones sociales, que vengan a decirnos qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, qué problemas tiene Madrid y cuáles son los retos que debemos afrontar en el futuro", ha valorado Lobato.

Asimismo, se ha hecho entrega del documento base de la ponencia al nuevo secretario general, un texto fruto del proceso participativo de los militantes. En el texto, bajo el nombre 'Hacia una ponencia. Objetivo: Madrid', han participado también más de una treintena de entidades, colectivos y expertos.

La Comunidad de Madrid ha administrado 54.584 dosis adicionales de las vacunas contra el Covid-19 a personas con condición de alto riesgo y que viven en residencias, 1.084 de ellas en las últimas 24 horas.

Por el momento, esta dosis adicional está restringida a personas con condición de alto riesgo y personas que viven en residencias y personas mayores de 70 años, quienes desde este lunes tienen la posibilidad de recibirla conjuntamente con la vacuna contra la gripe.

En términos generales, en la región se han inoculado 9.875.10 dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen (4.953 de ellas en las últimas 24 horas), lo que supone el 91,2% de las dosis recibidas (10.831.929).

En total, 5.330.514 madrileños han recibido la primera dosis, mientras que 5.213.789 cuentan ya con la pauta completa, según el informe del proceso de vacunación frente al Covid-19 del Ministerio de Sanidad publicado este martes en base a datos del día precedente.

En concreto, el 89,2% de la población diana (mayores de 12 años) ha recibido al menos una dosis, mientras que el 87,2% de los 5.977.937 habitantes a vacunar en la región cuenta ya con la pauta completa.

A nivel nacional, el 88,4% de la población (37.250.048 personas) ya ha recibido la pauta completa y el 90,2 % una dosis (37.988.609 personas). En España se han administrado 71.366.561 dosis, el 94,3% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 75.668.176 unidades.

En cuanto a las dosis adicionales, según los datos del Ministerio de Sanidad, ya se han administrado un total de 483.728: 365.439 de Pfizer y 118.289 de Moderna.

Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España 58.123.059 dosis de la vacuna de Pfizer, de las que se han entregado 53.616.591, se han administrado 50.496.011 dosis, 26.110.018 han recibido una y 25.762.493 las dos.

Asimismo, España ha recibido 13.533.500 dosis de la vacuna de Moderna, 10.772.860 han sido ya distribuidas a las comunidades autónomas, y se han administrado 9.113.744 dosis, si bien 4.801.254 han recibido una dosis y 4.665.425 las dos dosis.

Respecto a la vacuna de AstraZeneca, el informe publicado hoy por el Ministerio de Sanidad señala que de las 16.801.580 dosis adquiridas, han llegado a España 9.117.110, de las que se han administrado 9.784.289, si bien a 5.104.820 personas se ha inoculado ya una dosis y a 4.849.613 las dos.

Finalmente, se han entregado a las CCAA 2.161.615 dosis de la vacuna de Janssen desarrollada contra el coronavirus, de las que ya se han administrado 1.972.517, contando esta vacuna de momento con una sola dosis, aunque se procederá a administrar una segunda a partir del 15 de noviembre.

La ausencia de la ministra de Derechos Sociales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para informar de la Ley de Vivienda, que se ha aprobado en la sesión de hoy, ha causado sorpresa en Unidas Podemos, al ser su departamento coproponente de la futura normativa y haber encabezado las negociaciones para su confección.

Así lo han destacado fuentes del espacio confederal para recalcar que lo pertinente es que Belarra hubiera presentado hoy también, como representante de Unidas Podemos, el contenido de una normativa que es un hito de la legislatura y una de los principales medidas del acuerdo de gobierno.

Según se ha podido saber, desde el Ministerio de Derechos Sociales se comunicó a principios de la semana pasada la voluntad de la ministra de participar en la rueda de prensa del Consejo, que iba a formalizar la aprobación de un anteproyecto en el que la ministra ha estado implicada desde el inicio de las conversaciones para definir el texto legislativo.

No obstante, el pasado viernes se comunicó desde la Moncloa que finalmente la presencia de Belarra quedaba descartada y sería la ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez, la encargada de informar sobre el contenido del texto pactado entre los socios. Precisamente la titular de este Ministerio compareció también la semana pasada.

MONCLOA: LAS RUEDAS SE ORGANIZAN CON CRITERIOS OBJETIVOS

Por su parte, fuentes de Moncloa han rechazado que la ausencia de Belarra a esta comparecencia tuviera un componente político, al aseverar que el orden de participación de los ministros tiene siempre criterios objetivos.

En este sentido, explican que siempre está presente la ministra portavoz Isabel Rodríguez y los titulares de las carteras de las leyes más relevantes que se someten a consideración. Además, especifican que la norma es que un solo integrante del Ejecutivo explique la misma norma, no varios.

También destacan que existe otro factor formal y es la conveniencia de limitar a un máximo de tres ministros para hacer que la rueda de prensa dure un tiempo razonable y no se exceda en el tiempo.

BELARRA LANZA UN VÍDEO EN REDES

A pesar de no intervenir en la rueda de prensa, Belarra ha publicado sobre las 13.25 horas un vídeo en la red social Twitter para celebrar la culminación del proceso para sacar adelante la Ley de Vivienda dentro del Gobierno.

De esta forma, destacaba que el anteproyecto pone "coto a la especulación" ha sido validado además por el procedimiento de urgencia, lo que facilita que llegue cuanto antes al Congreso.

Sobre el contenido de la ley, Belarra ha dicho que es la primera norma estatal sobre este campo de la democracia y está "orgullosa" de contribuir a implantar un "cambio absoluto de paradigma", que permitirá avanzar en fomentar el derecho a la vivienda y "poner coto a la especulación, una de las grandes lacras del país".

También destacaba que se incorporará la posibilidad a las comunidades autónomas para regular el alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas de mercado, en base a índices de referencia, dado que era imprescindible proteger al arrendatario, pero ayudando además a los pequeños propietarios con incentivos fiscales.

Eso sí, ha dejado claro que la norma pauta la "corresponsabilidad" de los grandes propietarios para que "arrimen el hombro" a quienes hacen negocio con la vivienda, de cara a poder tener más vivienda social. Finalmente, ha destacado la reserva del 30% en las nuevas promociones dedicada a vivienda protegida, de las cuales la mitad irá al alquiler, y que permitirá aumentar el parque de vivienda.

TRAS EL CHOQUE POR LA REFORMA LABORAL

Esta situación se produce precisamente en el marco de las discrepancias entre Unidas Podemos y PSOE sobre la estrategia de la reforma laboral, tanto en el contenido como en quién debe estar presente en la negociación.

Ayer precisamente tuvo lugar una reunión de la mesa de coordinación sobre el acuerdo de gobierno que terminó sin acuerdo, aunque hoy Moncloa ha destacado que aceptan que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lidere las negociaciones para el desmontaje de la normativa.

No obstante, la también titular de Trabajo ha destacado que el asunto capital es precisamente el contenido y que de momento no hay acuerdo, para lo cual ha instado a abrir un debate en el seno del Gobierno sobre la reforma laboral, aunque pensaba que este asunto ya estaba cerrado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España al considerar que el Tribunal Supremo "tergiversó las conclusiones" de una sentencia emitida por el órgano europeo y vulneró el derecho a un juicio justo de un condenado.

En una sentencia emitida este martes, recogida por Europa Press, los magistrados han acordado que España deberá abonar 9.600 euros en concepto de daño moral y 6.452 euros en costas. El denunciante había reclamado un millón de euros y 72.556,44 euros, respectivamente.

El tribunal con sede en Estrasburgo ha concluido que se vulneró --por segunda vez-- el derecho a un juicio justo después de que el Supremo no atendiera la súplica del hombre de revisar la integridad de su condena tras ser avalado por el órgano europeo.

Según recoge la resolución del TEDH, la Audiencia Provincial de Córdoba absolvió al denunciante en 2003 de los delitos de fraude, falsificación de documentos oficiales y falsificación de documentos comerciales. Dos años después, en 2005, el Tribunal Supremo estimó un recurso de casación interpuesto por las acusaciones y --"sin haber audiencia"-- condenó al hombre a cuatro años de prisión por los delitos mencionados.

PRIMER RECURSO ANTE EL TEDH

En la cronología que consta en la sentencia se indica que en 2008 el denunciante acudió al TEDH. Cuatro años más tarde, en 2012, se estimó su queja y se determinó que se había vulnerado su derecho a un juicio justo.

Sobre la base de esa sentencia, el hombre presentó una solicitud de revisión de su condena ante el Tribunal Supremo y reclamó la anulación de la resolución de 2005 por la que se le impuso la pena de cuatro años de prisión.

En 2015, el Alto Tribunal español estimó parte de la solicitud y anuló solamente la condena por el delito de falsificación de documentos oficiales. "El solicitante no fue escuchado en persona durante el procedimiento de revisión, a medida que se llevaron a cabo esos procedimientos íntegramente por escrito", según han destacado desde Estrasburgo.

El hombre continuó su batalla judicial y presentó un incidente de nulidad ante el Supremo y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En 2017, el órgano de garantías español desestimó su petición y aseguró que el procedimiento había sido "conforme a ley". Así, volvió a acudir al TEDH.

ESTRASBURGO RECUERDA QUE SUS SENTENCIAS SON VINCULANTES

En esta ocasión, la Abogacía del Estado alegó ante el tribunal europeo que no había ningún elemento nuevo que evaluar. Los magistrados han advertido que si bien el recurso guarda relación con el caso estudiado en el pasado el nuevo escrito versa sobre la injusticia de procedimientos judiciales posteriores y "contiene nueva información relativa a cuestiones no decididas" por la anterior sentencia del TEDH.

En el marco de su resolución, los magistrados han recordado que desde 2015 la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye explícitamente el derecho a solicitar una revisión de una sentencia después del hallazgo de un violación por parte del TEDH, siempre que los efectos de esa violación no puede ser remediada de ninguna otra manera que no sea por un tribunal judicial de revisión.

El tribunal de Estrasburgo ha reiterado que sus sentencias tienen fuerza vinculante y que aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos no quiere la reapertura automática del proceso penal en el Estado miembro, esta es a menudo "la forma más adecuada de poner fin a la infracción en cuestión".

En este sentido, ha señalado que no le corresponde ocuparse de supuestos errores cometido por los tribunales nacional a menos que se hayan infringido derechos y libertades protegidos por el Convenio Europeo.

El TEDH considera que el Alto Tribunal español "superó el margen de las autoridades nacionales" y "tergiversó las conclusiones de la sentencia" emitida por Estrasburgo, por lo que, a su juicio, "los procedimientos impugnados no cumplieron con el requisito de un juicio justo".

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este martes que es "necesario" mantener el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que establece la suspensión de un diputado si se le abre juicio oral por un delito de corrupción y que podría afectar a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, en su causa por las presuntas irregularidades cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Nos seguimos sintiendo cómodos en aquella reforma donde se incluyó aquel mecanismo que sirve para luchar contra los posibles casos de corrupción", ha dicho en rueda de prensa, después de que los servicios jurídicos del Parlament hayan planteado en un informe suprimir este artículo.

Vilalta ha argumentado que es un "mecanismo necesario" para luchar contra la corrupción, que hubo consenso para incorporar este artículo en la última reforma del reglamento y que, para ella, no ha cambiado nada respecto a ese momento.

Sí que se ha mostrado abierta a debatir sobre cómo mejorarlo pero no para eliminarlo: "Para hacerlo mejor y para que sea más garantista, pero no para suprimir estos mecanismos que creemos necesarios para poder luchar con las máximas herramientas posibles ante casos de corrupción".

La dirigente republicana ha avisado de que no comparten la propuesta de reforma que plantea el informe y ha rechazado cualquier modificación del reglamento basada en "casos particulares".

MODERNIZAR EL REGLAMENTO

Considera que el reglamento se debe reformar para modernizarlo y adaptarlo a las tecnologías del siglo XXI en cuestiones como agilizar la tarea de los diputados, integrar los compromisos feministas incluidos en el plan de igualdad de la Cámara y blindar el Parlament "ante comportamientos machistas, racistas, homófobos y fascistas", además de protegerlo ante coacciones externas que, a su juicio, pretenden limitar la acción y el debate parlamentario.

Ha destacado que en el Debate de Política General se aprobó una propuesta de resolución presentada conjuntamente por ERC, Junts y la CUP y que apoyaron el PSC y los comuns, que pedía impulsar una reforma del reglamento en esta legislatura.

Sin embargo, ha insistido en que esta reforma no puede hacerse "pensando en cuestiones y casos particulares", sino que se debe impulsar pensando en el interés colectivo y buscando el consenso entre los grupos parlamentarios en comisión y no a partir de una propuesta de los letrados.

"No sería una buena idea escudarse en los informes de los letrados cuando el debate debe ser político de buscar consensos", y ha apuntado que en algún momento de la legislatura activarán la comisión de reforma del reglamento junto al resto de formaciones para modernizarlo.

CONSELL PER LA REPÚBLICA

Preguntada por las elecciones de la Asamblea de Representantes del Consell per la República, a la que no se han presentado cargos relevantes de ERC, Vilalta ha afirmado que siguen habiendo "deberes pendientes" para reformular este espacio liderado por el expresidente Carles Puigdemont.

Asimismo, ha añadido que, según ella, se tendría haber concretado esta reforma para mejorar el Consell per la República, tanto su composición, sus funciones, como su gobernanza, antes de convocar las elecciones a la Asamblea de Representantes del organismo.