La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto la pena de cinco años y seis meses de cárcel por un nuevo ataque sexual a un menor a Carlos Alexander R.L., el pediatra de origen colombiano que ya fue condenado en 2019 por abusar de otros seis menores de entre cuatro y 13 años cuando ejercía en un centro de salud del SAS en Almería.

El procesado, quien está cumpliendo una condena de 26 años y medio de prisión, ha admitido ante el tribunal de la Sección Segunda este miércoles haber agredido sexualmente a un vecino de su bloque cuando este contaba con nueve años de edad y ha mostrado conformidad con la pena interesada por el fiscal y la acusación particular.

El Ministerio Público ha modificado su escrito de calificación provisional por el que pedía 12 años de prisión al estimar que concurren las atenuantes de reparación de daño por haber abonado la responsabilidad civil fijada en 20.000 euros y de confesión tardía. La acusación particular se ha adherido al igual que la defensa.

En el acto de juicio, y después de que las partes hayan comunicado su intención de no recurrir el fallo, el magistrado-presidente Luis Columna ha dictado sentencia in voce en la que se impone, al margen de la pena de cárcel, libertad viglada por periodo de siete años y alejamiento a más de 500 metros de la víctima por periodo de díez años, y ha declarado su firmeza.

El procesado, durante el verano de 2011, contactó con un menor de nueve años que vivía en su mismo edificio ubicado en Roquetas de Mar (Almería), de quien fue «ganándose poco a poco su confianza».

Así, «organizaba juegos en la piscina» con otros dos menores que convivían con él y que presentaba como a «sus hijos», toda vez que también «los llevaba al parque o a excursiones en bicicletas».

En esta línea, y guiado por un «ánimo libidinoso», el acusado habría invitado al menor a que fuera a su casa a jugar a la videoconsolas para, una vez en su salón, aprovecharse del mismo a través de juegos «de índole sexual» en los que el acusado aparecía «desnudo»; un comportamiento que se habría extendido, al menos, a lo largo de un mes.

El fiscal sostiene que en el desarrollo de estos actos el acusado se habría aprovechado sexualmente del menor, a quien decía que eran «juegos normales», que «no era nada malo», pero que en cualquier caso «no le contase nada a su madre» porque «era su juego» y «un secreto entre ellos».

A causa de tales experiencias, la víctima sufrió una sintomatología «compatible con una situación de violencia sexual» que se denotaba por su nerviosismo, bajo rendimiento académico, depresión y conductas disruptivas, entre otros comportamientos.

En 2019 el expediatra, que por entonces contaba con 45 años, admitió haber abusado de otros seis menores y aprovechó su turno de palabra en el acto de juicio para pedir «disculpas» tanto a las víctimas como a sus familias, lo que le valió una rebaja de la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía de 37 años de cárcel.

Así, el hombre aceptó cuatro años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de abuso sexual, otro dos años de cárcel por un quinto delito y ocho años y seis meses de prisión por un sexto delito de abuso sexual continuado.

EJERCIÓ EN ANDALUCÍA DURANTE CINCO AÑOS

Carlos Alexander R.L. prestó servicio como pediatra contratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en centros de los municipios de Huércal-Overa, Pulpí y Vera desde marzo de 2008 hasta septiembre de 2013.

Así, «aprovechándose de su condición» de facultativo, establecía relaciones de «confianza» con las madres de los niños que acudían a su consulta como pacientes y se centraba, sobre todo, en aquellos que eran de nacionalidad colombiana como él.

La Fiscalía remarcaba entonces que conseguía de este modo el «consentimiento» de las progenitoras para llevarse a sus hijos a pasar «una tarde, un rato, un día o un fin de semana» a su domicilio, ubicado en la localidad de Roquetas de Mar, «haciéndose cargo de ellos de manera exclusiva».

Una vez en la casa, junto al que decía ser su hijo, también menor de edad, perpetraba supuestamente los abusos.

Lo hacía tanto en el interior del domicilio como en la piscina comunitaria «guiado por el ánimo lúbrico».

Entre las víctimas, de entre cuatro y 13 años, figura un menor que en el momento de los hechos se encontraba ingresado en un centro de acogida y con quien el procesado se prestó a realizar funciones de «familia colaboradora» y un segundo niño que sufrió los abusos hasta los 17 años «porque le había hecho creer que eso era lo normal en su país».

Carlos Alexander R.L. fue extraditado el 8 de julio de 2016 a España desde su país natal, donde estuvo estado cumpliendo condena por hechos similares.

Tres meses antes había sido puesto en libertad condicional tras estar en arresto domiciliario, controlado por un dispositivo electrónico.

PROTAGONIZÓ DOS FUGAS

El juicio contra él en Colombia, por el que fue condenado a 38 meses de prisión, se celebró en ausencia del reo, quien protagonizó dos huidas; una hacia España, donde cometió presuntamente los delitos de los que ahora debe dar cuenta, y la segunda, de vuelta su país natal.

Allí fue detenido en marzo de 2014 tras la labor conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana, en colaboración con la Guardia Civil en España.

La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ordenó su extradición en julio de 2014 al estimar la petición tramitada por el Gobierno de España a raíz de que el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar abriese causa contra él.

No obstante, se dispuso que no fuese extraditado para ser puesto a disposición de este juzgado instructor hasta que cumpliese la pena de 38 meses y 25 días de prisión a la que fue condenado en 2012 tras la denuncia del padre de una de sus víctimas.

Finalmente, no la cumplió de forma íntegra y se benefició de remisión de pena. La Corte no le inhabilitó profesionalmente y estuvo investigado en relación a hechos similares en Barcelona, donde también ejerció como pediatra antes de llegar a Almería. Accedió al SAS por una bolsa de empleo.

HIJOS DE MADRES SOLTERAS

Para estimar la extradición y dictar resolución en positivo, la Corte Suprema colombiana tuvo en cuenta la denuncia de las madres de los menores, que principalmente eran madres solteras o divorciadas con problemas económicos y de origen sudamericano.

En esta línea, hacía alusión a la primera denuncia, de julio de 2013, en la que la progenitora de un niño de ocho años daba cuenta de presuntos abusos sexuales mientras el menor estaba a cargo del pediatra en su casa.

Posteriormente, otra madre denunció también que sus dos hijos, de 11 y 7 años, habían sido presuntas víctimas de los abusos sexuales del médico, de forma que trató incluso de forjar una «estrecha relación» con el más pequeño de ellos, de quien trató de ser su padrino y del que tenía una foto en su cuenta de la aplicación WhatsApp. Según el relato de la progenitora, su comportamiento «se volvió obsesivo».

El fallo favorable a la extradición, recogía, asimismo, el testimonio de los pequeños ante psicólogos adscritos a los equipos de mujer-menor (Emume) de la Guardia Civil en la que ellos relatan presuntos comportamientos de Carlos Alexander R.L.

Igualmente, apuntaba al testimonio de una de las madres que vivió temporalmente en la casa del pediatra para trabajar como empleada interina y que relató que el hombre trataba a uno de los menores «como a una novia», si bien a la casa «iban muchos niños».

Estas declaraciones fueron apoyadas además por dos testigos ajenos a los menores y las familias y que señalaron la presencia de menores y comportamientos de carácter sexual entre el acusado y los niños.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, también ha denunciado la ausencia del grueso de los ministros en la sesión de control al Gobierno de este miércoles y ha avanzado que enviará un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que ampare los derechos políticos de la oposición. «El Gobierno debe adecuar sus agendas al Congreso, y no al revés», ha dicho.

Este miércoles, sólo seis de los 22 ministros han asistido a la sesión de control al Gobierno, a la que tampoco ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encontrarse de viaje en Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Unas bajas que han sido cuestionadas tanto por el PP, como por Vox y ahora por Cs. «El Gobierno más caro y numeroso de la historia no viene al Congreso», se quejado Bal, quien no sólo ha criticado que hoy el banco azul haya estado «vacío», sino que habitualmente los ministros no acudan a escuchar los debates sobre leyes que afectan a sus respectivos departamentos.

Así las cosas, Ciudadanos ha decidido remitir un escrito a la Presidencia del Congreso para que ampare los derechos políticos de la oposición y para que advierta al Gobierno de la necesidad de que adecúe sus agendas al Congreso, «y no al revés».

Bal sostiene que la presidenta de la Cámara «no puede dar una orden al Gobierno», pero sí puede trasladarle el «ruego» o el «deseo» de su partido para que los derechos políticos de los diputados se ejerciten «debidamente» frente a un Ejecutivo que tiene «alergia» a «dar la cara» en la sede de la soberanía nacional y a ser controlado por la oposición.

También se ha quejado en Twitter la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que considera «intolerable» que el 70% de los ministros falte a una sesión de control: «Reclamamos a la Mesa del Congreso que ampare los derechos de los diputados para que no se repita algo así», ha escrito en la red social.

El Tribunal Supremo ha fijado 27 reglas para configurar el ‘Abecedario del maltrato habitual’, un documento en el que analiza y señala las características de este delito: el ambiente en el que se comete, el testimonio de la víctima o la relevancia, o no, de la denuncia previa.

Se trata de un documento hecho público por el Tribunal después de que este haya confirmado una condena que impuso la Audiencia Provincial de A Coruña y ratificó el TSJ de Galicia en este sentido.

En concreto, se ha condenado a esta persona por delitos de maltrato habitual, (dos años y nueve meses de prisión), amenazas continuadas (un año y cinco meses de prisión) y agresión sexual continuada (14 años, tres meses y un día de prisión) más accesorias cometidos en el seno familiar.

En la sentencia se destaca que el autor «creó una situación de dominio o poder a través de la realización de una serie de actos de vejación, amenaza, menosprecio, humillación y control plurales y prolongados en el tiempo» destinados a «anular la libertad de la víctima y a impedir el libre desarrollo de su persona».

‘ABECEDARIO DEL MALTRATO HABITUAL’

Y, al respecto, el Supremo destaca que «los episodios vividos» en este hogar han provocado «un ambiente delictivo de maltrato irrespirable, orquestado por la ideación del autor de que en ese territorio, que es el hogar, el ejercicio del maltrato hacia los miembros de la familia es la conducta habitual que van a tener», y que culmina en «la máxima expresión del maltrato cual es el ataque sexual».

Además, en sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Vicente Magro Servet, formando el Tribunal los Magistrados Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Javier Hernández, el Supremo ha señalado una serie de características de este delito a lo largo de casi una treintena de reglas en el ‘Abecedario del maltrato habitual’.

En este texto, el Supremo destaca que este delito se consuma «cuando la actuación se manifiesta de manera habitual y determina la creación de una convivencia insoportable para la víctima», la cual «vive y respira en una situación de miedo, depresión y ansiedad, temiendo, incluso, por su vida». Todo esto, indica el texto, «implica un claro desconocimiento, por parte del acusado, de la dignidad personal de la mujer».

En la mayoría de ocasiones, apunta el TS, la única prueba con entidad suficiente para sustentar la condena del acusado es el testimonio de la víctima, por lo que, dice, no puede prescindirse de la misma bajo pretexto de alegato de la duda de que la declaración de la víctima no puede operar como única prueba.

El Tribunal ha de moverse, así, en el terreno de la valoración de la prueba que, apunta, lleva «al respeto del principio de inmediación». «La declaración de la víctima es prueba de cargo bastante a analizar por el juez o Tribunal que actúa desde su atalaya infranqueable de la inmediación», señala el escrito.

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO

En cuanto al maltrato habitual, el Supremo advierte de que «ejerce un clima de insostenibilidad emocional en la familia» mediante «el empleo de una violencia psicológica de dominación llevada a cabo desde la violencia física, verbal y sexual» y explica que le auto, mediante este maltrato, envía un «mensaje claro y diáfano» de «jerarquización de la violencia familiar».

Destaca también que este maltrato puede manifestarse de forma física, pero, también, psicológica, «pudiendo causar, incluso en algunos casos, más daño a las víctimas el psicológico que el físico», en tanto en cuanto, el primero puede ocasiones que las víctimas «ni lleguen a percibir» que lo están siendo.

Es esta situación, explica, la que puede llevar a la persona maltratada a tardar en denunciar o a no hacerlo. El Supremo señala al respecto que «en el maltrato habitual la inexistencia de denuncias previas no es entendible como una declaración no cierta o inexacta, o que la víctima falta a la verdad», ya que «la existencia de denuncias previas no es un requisito ‘sine qua non’ exigido en la valoración de la prueba de la víctima en el delito de malos tratos».

«Que la víctima se decida, al final, a denunciar los malos tratos habituales tras un hecho de gravedad, no altera su credibilidad», insiste».

EL RESENTIMIENTO TAMPOCO MERMA LA CREDIBILIDAD

El Supremo señala como «obvio» que la relación que pueden en mantener víctima y acusado «no sea buena» cuando se ha producido maltrato habitual en la convivencia y, al respecto, señala que la declaración, tampoco en este caso, ha de ponerse en duda. «No puede alegarse que ello es por resentimiento, y no quiere decir que la víctima mienta, sino que el resentimiento existe de cualquier modo», apunta.

El Supremo insiste en que la relación en estos casos entre autor y víctima es de «sometimiento psicológico» que puede determinar la paralización a la hora de tomar decisiones libres.

Del mismo modo, recuerda que en los casos de maltrato habitual que se prolonga en el tiempo «puede haber concreción, o no, de fechas, y puede ser difícil que la víctima o víctimas las recuerden con detalle», ya que se trata de «una conducta repetitiva». Esto, apunta el Supremo, tampoco debe provocar indefensión.

«La habitualidad no es un problema aritmético de número mínimo de comportamientos individualizados que han de sumarse hasta alcanzar una determinada cifra. Menos aún puede exigirse un número concreto de denuncias», explica. A su juicio, «responde más a un clima de dominación o intimidación, de imposición y desprecio sistemático que los hechos probados describen de forma muy plástica y viva».

Es por eso que, puntualiza, el «elemento de habitualidad no depende de la acreditación de un número específico de actos violentos o intimidatorios», sino de la creación, por parte del autor, de «una atmósfera general» de «dominio hacia la víctima» producto de «una reiteración de actos de violencia psíquica o física de diversa entidad». «A veces nimia, pero cuya repetición provoca esa situación que permite hablar de habitualidad», concluye el TS.

El Pleno del Congreso prevé aprobar este jueves la reapertura de la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario del Alvia que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013 y en el que fallecieron 80 personas y 52 resultaron heridas.

Esta comisión ya funcionó en la Cámara Baja en 2018 y 2019, pero no pudo concluir sus trabajos por la disolución de las Cortes. Pero el BNG, junto con ERC y Bildu, registraron el pasado julio una iniciativa con la intención de recuperar esa comisión.

Y todo apunta a que saldrá adelante porque el PSOE ha avanzado que respaldará la reapertura de esa investigación parlamentaria, sobre la que hasta la fecha sólo el PP ha expresado sus recelos.

Para el promotor de esta propuesta, el diputado del BNG, Néstor Rego, es de vital importancia que los trabajos realizados ya en el Congreso puedan retomarse «para poder lograr el esclarecimiento de la cadena de responsabilidades y, además, determinar las recomendaciones que permitan en el futuro evitar otro accidente en las que debe recogerse el cumplimiento de las Directivas y Reglamentos europeos».

JUICIO EN 2022

En su iniciativa, el BNG, ERC y Bildu indican que, ocho años después de la catástrofe, aún quedan «muchos cabos sueltos» sobre las causas y responsabilidades de la misma y recalcan que, pese a las múltiples investigaciones realizadas, «hay evidentes sombras en los procedimientos de las pesquisas».

Así, señalan que la instrucción judicial se cerró el pasado mes de abril, dejando imputados únicamente al jefe de seguridad de ADIF y al maquinista del convoy accidentado, y que el juicio está previsto para mediados de 2022.

También el pasado abril, asociaciones de víctimas presentaron una demanda contra el Ministerio de Transportes y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por la negativa de ésta última a realizar una investigación independiente como la que se ha demandado desde distintas instancias europeas como la propia Comisión, el Parlamento y la Agencia Ferroviaria.

PROCEDIMIENTO CONTRA ESPAÑA

En este contexto, los promotores de la iniciativa apuntan que diversas denuncias llevaron, en enero de 2019, a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria que todavía sigue abierto.

Respecto a la comisión que ya se creó en el Congreso, recalcan que muchos de los comparecientes arrojaron «serias dudas» relativas a las «responsabilidades cruzadas entre diferentes agentes implicados, tanto políticos como técnicos, incluso desde la licitación y ejecución de las obras la línea.

Además, recuerdan que «también quedó en entredicho la gestión del propio accidente y las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo posteriormente, como la puesta en marcha de nuevas medidas para asegurar la línea y los propios convoyes que circulan por ella ante posibles futuros accidentes».

Así las cosas, y sobre todo tras la negativa de la CIAF a abrir una investigación independiente, BNG, ERC y Bildu quieren retomar las pesquisas en sede parlamentaria «para poder arrojar las conclusiones que esclarezcan la cadena de responsabilidades y recomendaciones de medidas a llevar a cabo para evitar otro accidente y para exigir el cumplimiento de las diversas directivas y reglamentos afectados».

El Consejo de Estado ha avalado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de incluir a «todas» las poblaciones del lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que en la práctica implica la prohibición de cazarlo en toda España, y discrepa de buena parte de los argumentos contrarios expresados por las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

La orden ministerial que así lo establece ha entrado en vigor este miércoles, una vez que fue publicada este martes, 21 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con el último dictamen del Consejo de Estado y que fue remitido al MITECO el pasado viernes, el órgano consultivo concluye que la inclusión del lobo en el LESPRE resulta «perfectamente admisible» y «no comparte el parecer expresado» por las cuatro comunidades sobre el procedimiento seguido, además de entender que las peculiaridades procedimentales que las mismas han detectado, o bien no constituyen singularidad alguna o bien se encuentran plenamente justificadas.

De ese modo, valora que la decisión normativa adoptada está «suficientemente motivada» e inspirado el principio de precaución de la regulación en la materia. El Consejo de Estado considera que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico «puede aprobar la orden proyectada, incluyendo a todas las poblaciones del lobo, con independencia de su localización geográfica» en el LESPRE.

En cuanto al procedimiento seguido para incluir a las poblaciones del norte del Duero en el LESPRE, el Consejo de Estado «no comparte» que en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural se deban aprobar las ddecisiones «por consenso» sino por mayoría y, respecto a la abstención de Navarra en dicho Comité el pasado 4 de septiembre, recuerda que hay jurisprudencia relativa a que se debe entender como parte de la libertad constitucional.

Al mismo tiempo, añade que corresponde a la Administración General del Estado incluir o no una especie, atendiendo a la información científica y al parecer de la comisión. De ese modo, valora que la postura de Navarra no cambió ni el parecer de la administración, ni el resultado de la votación.

BASE CIENTÍFICA «SÓLIDA», AUNQUE SEA «DISCUTIBLE»

En cuanto a la base científica, el órgano consultivo valora que el departamento que dirige Teresa Ribera ha presentado «una base sólida, aunque ciertamente discutible, de su propuesta de inclusión y la ha expuesto detenidamente».

En todo caso, la circunstancia de que la información científica del MITECO pueda ser rebatida por «estudios doctrinales» que algunas comunidades autónomas han aportado durante la tramitación del expediente, no permite concluir «sin más» que la inclusión de todas las poblaciones del lobo carezca de fundamento legítimo.

Si bien, admite que esta abre controversias relativas al cambio del estatuto jurídico de las poblaciones del lobo al norte del Duero dado que las medidas de control pasarán a ser de carácter excepcional.

El PP, Vox y Ciudadanos han puesto en duda este miércoles en el Congreso que el Gobierno vaya a impulsar la reforma del caducado sistema de financiación autonómica el próximo mes de noviembre, como ha comprometido ante el Pleno la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Durante su debate con la ministra, la ‘popular’ Macarena Montesinos ha recalcado que Montero «no es fiable» en este tema porque no ha hecho ni una sola propuesta para actualizar el sistema vigente y se limita sólo a arremeter contra los ‘populares’, sin sentarse con ellos para hablar del asunto.

Tras denunciar las contradicciones que achaca a Montero y la vicepresidenta Nadia Calviño sobre si éste es o no un tema «prioritario», Montesinos ha dado por hecho que ahora es la vicepresidenta Yolanda Díaz la que «va marcando la política» en esta cuestión, aunque ha anticipado que en realidad el Gobierno «no va a mover un dedo» porque no quiere un nuevo modelo y es «rehén de los independentistas».

PARCHES CORTOPLACISTAS

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Vox Inés María Cañizares, quien ha acusado a la ministra de comparecer únicamente para «calmar los ánimos de nacionalistas y desleales» y de gobernar desde la «mediocracia» con «soluciones y parches cortoplacistas» para «salvar su silloncito pagando». A su juicio, lo único que persigue el Gobierno es cambiar el sistema para que «los españoles paguen más impuestos»

Desde Cs, María Muñoz, ha indicado que el presidente valenciano, Ximo Puig, se ha «dejado engañar» al menos «tres veces» por el Gobierno en cuanto a los plazos puestos para la aprobación del nuevo sistema y ha dejado claro que tampoco se cree la nueva fecha de noviembre. «Están ustedes más cerca del separatismo catalán que de las ideas liberales», ha dicho, recriminando a Montero que compre la idea de que Madrid hace ‘dumping fiscal’ instándole a poner en marcha la reforma propuesta por expertos en 2017.

También ha cargado contra el PP por no haber hecho nada cuando gobernaba en esta materia y ha animado a Compromís a romper su pacto con el PSPV en la Comunidad Valenciana porque son los únicos «nacionalistas que no consiguen sacarle nada a Sánchez siendo sus socios».

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha definido los planes de Montero como una «nuevo fiasco» y ha dado por hecho que, de haber nuevo modelo será para crear «españoles de primera y de segunda».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un informe en el que se posiciona en contra de que se le conceda el indulto al rapero Pablo Rivadulla, conocido artísticamente como Pablo Hasel, al entender que no procede porque «está condenado por múltiples hechos delictivos», siendo en alguno de ellos reincidente, como ocurre con el de apología del terrorismo.

En un comunicado emitido por el Ministerio Público se indica además que de acuerdo al informe del Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) valorando su conducta, no s ehace mención a que sea merecedor del indulto por razones de «justicia, equidad o conveninecia pública». Apuntan que Hasel ha manifestado su disconformidad con participar en los programas individualizados que se desarrollan en el centro penitenciario. «No quiere realizar tratamiento alguno», apuntan.

La Audiencia Nacional ordenó en enero de este año su ingreso en prisión para que cumplir una condena de nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales. Hasel ingresó en la prisión de Ponent el 16 de febrero de este año.

Esta decisión llegaba después de que en noviembre el Tribunal Constitucional (TC) notificara que inadmitía a trámite el recurso que Hasel presentó contra su condena, que previamente fue confirmada por el Supremo en junio.

En diciembre, cuando se conoció la inadmisión del TC, la defensa de Hasel ya advertía de que la Audiencia Nacional podía ordenar su ingreso en prisión, porque a esta última condena se sumaba otra anterior a dos años de cárcel que se le impuso en marzo de 2015 por enaltecer a ETA en varios vídeos difundidos por Youtube.

LOS MENSAJES EN TWITTER Y LA CANCIÓN EN YOUTUBE

Hasel fue condenado a 9 meses y 1 día de prisión por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en septiembre de 2018, así como al pago de una multa de aproximadamente 30.000 euros. Este tribunal redujo no obstante la pena inicial de marzo de 2018 que le impuso la Sala de lo Penal, y que ascendía a dos años y un día de prisión.

Según el Supremo, que confirmó la postura de la Audiencia Nacional, el artista difundió en su perfil de Twitter –que entonces contaba con más de 54.000 seguidores, hoy más de 100.000– más de 60 mensajes entre los años 2014 y 2016 en los que ensalzó la figura de miembros de ETA, como es el caso del exjefe militar de la banda terrorista, el fallecido Joseba Arregi, de quien dijo que murió torturado por la Policía y de los GRAPO como Isabel Aparicio, detenida en octubre de 1979 y «exterminada por comunista», según sus publicaciones.

También incluyó ‘tuits’ en su cuenta que incorporaban vídeos que incitaban a la violencia, con comentarios que se consideran enaltecedores del terrorismo y vejatorios para la Corona y otras Instituciones del Estado como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A eso sumaban que en hasta 1.915 ‘tuits’ aparecían las palabras GRAPO, Monarquía, Borbón, Rey, ETA, terrorismo, bomba, Policía y Guardia Civil.

Ante el alegato de que esos mensajes se amparaban en la libertad de expresión y de opinión, el Supremo señaló que ese derecho «cuenta con algunas barreras» y está condicionado «por otros derechos y exigencias constitucionales» como el del respeto al otro y por «la prohibición de conductas de alabanza de actividades terroristas que alimente un clima favorable a su reproducción o se constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa naturaleza».

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha considerado «letal para la recuperación del turismo» la propuesta de tasa turística que lanzaron este martes los vicepresidentes Mónica Oltra (Compromis) y Héctor Illueca (Podemos), aunque ha considerado que es una «estrategia» de la primera para «desviar la atención» de esta última tras el «mazazo judicial que ha recibido» –en referencia a la confirmación de la condena a su exmarido por abusos sexuales–.

Así se ha pronunciado Mazón este miércoles en una rueda de prensa que ha ofrecido para presentar su propuesta de reforma fiscal. A su juicio, esta idea «obedece a una estrategia de desviar la atención por quién la propone o por qué le ha sucedido a quién la propone». «Hay que preguntarse por qué está ahí Illueca o por qué sigue ahí Oltra», ha apostillado.

En este sentido, ha considerado que es «fácil saber por qué sorprenden con ocurrencias de esta naturaleza», pero ha argumentado que hacer este tipo de propuestas «es no comprender la Comunitat Valenciana». Además, se ha preguntado «qué tiene que ver» la tasa turística con la vivienda social para jóvenes, que ha considerado «una de las grandes asignaturas pendientes de Podemos».

Aún más, se ha «compadecido de Francesc Colomer» y ha afirmado sentir «mucha pena» por los mensajes que mandan este tipo de propuestas a los turoperadores. «En turismo se compite», ha aseverado, ha remarcado que «no es momento para dejar de competir», y que «simplemente abordar esta propuesta es una irresponsabilidad».

También ha incidido en la situación del sector: «Después de lo que ha sufrido la industria turística en la pandemia y con el insulto y la chapuza del Imserso que preparan los ministros de Podemos y del PSOE», con el que ha afirmado que se van a perder más de seis millones de euros.

«TENDER LA MANO» AL PSPV

Por otra parte, la secretaria general y síndica en Corts, María José Catalá, ha remarcado que «si el PSPV se posiciona contra la tasa turística, tendrá el respaldo del PP como lo ha tenido para solicitar que no se frene la ampliación del puerto de Valencia».

Catalá ha remarcado que «en muchas ocasiones», mientras Isabel Bonig era síndica, los ‘populares’ han tenido «la mano tendida» para el PSPV «y no la han querido coger». Según la síndica, el president, Ximo Puig, «sabe que podría prescindir de sus socios en multitud de ocasiones y contar con el PP».

La demanda de residencias de estudiantes y pisos compartidos ha crecido como consecuencia de la vuelta a la normalidad aumentando además sus posibilidades para acoger a todos los alumnos en diversos modelos y formatos de alojamiento en función de sus respectivas necesidades y presupuesto, según ha informado el Instituto de Valoraciones.

El formato de vivienda compartida es cada vez más común, y no solo entre estudiantes sino también entre jóvenes profesionales. De hecho, aunque los precios de los alquileres han experimentado ajustes a la baja en el último año, sobre todo, en las ciudades principales como Madrid y Barcelona, la cantidad que deben pagar los jóvenes que quieren arrendar una vivienda en estas ciudades sigue siendo muy alta, si se compara con la media de los sueldos.

Según se indica en el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, en el segundo semestre del 2020, una persona joven que quisiera alquilar una vivienda en solitario debía destinar el 91,6% de su sueldo a este concepto, mientras que el coste de compartir piso suponía el 27,8% de sus ingresos.

Así, ante esta situación, la fórmula del alquiler de piso compartido no es una opción destinada únicamente a los universitarios, sino también a un amplio público de jóvenes profesionales asalariados que recurren a este tipo de opciones para poder emanciparse de sus hogares familiares.

ATRACTIVO PARA INVERSORES

De cara a los particulares o inversores, invertir en un inmueble para destinarlo al alquiler de estudiantes o jóvenes en formato de piso compartido supone una opción con altas posibilidades de rentabilidad. Y los datos lo demuestran, teniendo en cuenta que en el curso 2020-2021, hubo, tan solo en la Comunidad de Madrid, un total de 295.938 matriculados en la Universidad en nivel de grado, ciclo y máster.

Un 30% de los estudiantes de Madrid proceden de una comunidad de residencia distinta, según la Estadística de Estudiantes Universitarios (EEU) del curso 2020-2021 publicada por el Ministerio de Universidades. Lo que implica que, al menos el 30% de los estudiantes matriculados necesitan adquirir una vivienda en la que residir durante sus estudios, y los pisos compartidos, son una de las opciones principales.

Se trata de un modelo de negocio que lleva asociado un bajo riesgo como producto de inversión. Por ello, las residencias de estudiantes se encuentran actualmente en el punto de mira de los inversores tanto nacionales como internacionales y, de hecho, en ciudades como Madrid, Barcelona, Salamanca y Sevilla se están ya desarrollando diversos proyectos de nueva construcción impulsados por grandes operadoras para ofrecer más plazas en estos alojamientos y responder a la demanda.

Para la Research Analyst en Instituto de Valoraciones, Mariola Soriano, en el auge de las residencias influyen, por un lado, el interés de estudiantes extranjeros por alojarse en este tipo de viviendas que les permiten mayores facilidades para habituarse a las ciudades, y por otro lado, la situación actual, que pone más en valor los espacios amplios y diferenciados en los que desempeñar distintas funciones.

El ministro de Presidencia, Felix Bolaños, ha acusado este miércoles al PP de buscar «cronificar la fractura en Cataluña» y ha echado en cara al partido de Pablo Casado que no apueste por el «diálogo«. Tras preguntar cuál es el proyecto del PP para esta autonomía, ha recordado su «hoja de servicios»: «dos referéndums ilegales, dos leyes de desconexión y una declaración unilateral de independencia».

«Es evidente que no apuestan ustedes por el diálogo y el acuerdo. Apuestan por la confrontación y por el enfrentamiento. Ustedes son el conflicto, nosotros somos el diálogo», ha espetado a la diputada del PP Edurne Uriarte, quien ha interpelado al ministro en la sesión de control si avala que la comisión de delitos como los de sedición y malversación son un «método legítimo para sentar al Gobierno de España en una mesa de negociación».

Bolaños ha respondido que el Gobierno no avala la comisión de ningún delito, «ni los que cometieron los miembros del Govern en Cataluña en 2017 ni los que cometieron los dirigentes del PP durante años«, en alusión a los casos de corrupción que han afectado a ese partido.

Dicho esto, ha preguntado al PP si avala como «método democrático de presión el bloqueo de los órganos constitucionales y el incumplimiento de la ley como método de presión para modificar una ley conforme a su santa voluntad», en referencia a la propuesta del PP para reformar el sistema de elección del CGPJ que este martes rechazó el Pleno del Congreso.

«GRAVE AFRENTA A LA BANDERA»

Uriarte ha acusado al Gobierno de «montar una mesa de negociación» con los que protagonizaron los «gravísimos delitos» de 2017 y que amenazan con volverlos a hacer. «No lo llamen mesa de reencuentro con Cataluña, es una mesa de encuentro de ustedes, PSOE y Unidas Podemos con los independentistas catalanes», ha enfatizado.

Uriarte ha censurado además que la pasada semana el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, «insultara» a la bandera nacional y Pedro Sánchez «no moviera un dedo» ni «protestara ante esta grave afrenta».

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha subrayado este miércoles que la llegada de la lava al mar del volcán que ha erupcionado en el municipio de El Paso (La Palma) debe estar «muy monitorizada» debido a los múltiples efectos que puede tener, ya que ha citado que los mismos pueden ir desde los gases que producirá y sus emisiones a incluso posibles explosiones.

Morant ha señalado que habrá que observar como la llegada de la lava al mar afecta al suelo marino y al ecosistema, así como qué gases y emisiones producirá «e incluso habrá que estar muy atentos a ver los desprendimientos, las laderas que se puedan producir precisamente en este entorno tan sensible«, a lo que ha sumado que «cabría la posibilidad de que se produjeran explosiones«.

Por ello, ha matizado la necesidad de estar «muy atentos«, ya que «efectivamente el contacto de la lava con el mar puede producir muchos efectos». En este sentido, ha indicado durante una entrevista a la cadena Ser que se tendrá que informar a la población de los peligros que eso puede conllevar «para que la gente no se acerque a hacer observación de estos fenómenos, si no que se resguarde y salvaguarde su integridad».

Por otro lado, la ministra de Ciencia e Innovación ha asegurado que el Gobierno de España «está completamente convencido» de que la situación actual en materia científica se tiene que revertir, apuntando que muestra de ello es que el presupuesto de su cartera ha aumentado este año un 60 por ciento, a lo que agregó que solo las cuentas de los dos centros nacionales que se encuentran trabajando sobre el volcán de La Palma, el Instituto Geológico y Minero Español, y el Instituto Español de Oceonografía, han crecido en un 22 y en un 62 por ciento, respectivamente este año.

De este modo, ha defendido que el Gobierno está «invirtiendo en ciencia» y quiere «revertir la situación», ya que la «ciencia va a ser el pilar fundamental» para encontrar las soluciones a todos los retos desde las emergencias a otros «grandes retos que tiene este país para hacer frente al cambio climático, a los retos de despoblación», entre otros.

En cuanto a los fondos europeos destinados a ciencia e innovación, Morant ha señalado que estos «van a ser un plan de choque» para que los centros de investigación tengan las tecnologías «punteras» para que los científicos puedan desarrollar la «mejor de las investigaciones«.

A ello, ha agregado que España también necesita un plan de choque para el retorno del talento y para consolidarlo en el país aunque ha admitido que «no solo va a depender de los fondos europeos», sino que también será necesario «cambios estructurales» para lo que se trabaja en la ley de reforma de la ciencia e innovación que tiene como fin «mejorar la carrera científica, adelantarla» para «no» retardarla, lo que implica «mejores modelos de trabajo para los científicos, mejoras salariales».