La Plataforma 'Sijena Sí' espera que la decisión de la Audiencia Provincial de Huesca de ordenar la devolución al Real Monasterio de Santa María de Sijena de la 'Tabla del Maestro' sirva para que regresen todas las pinturas murales.

El portavoz de la plataforma, Juan Yzuel, ha destacado que la resolución judiicial es "una buena noticia" teniendo en cuenta las reivindicaciones de la plataforma 'Sijena Sí' y que abre el camino para que el resto de pinturas lleven la misma vía. Yzuel ha explicado que esta tabla se intentó revender tras sufrir un repintado como posiblemente ha ocurrido con otras. Por eso, ha dicho, "hay que estar muy pendiente".

El portavoz ha manifestado que "es una noticia estupenda que nos da la esperanza de que en el futuro y conforme vayan apareciendo tantas obras que fueron expoliadas durante la Guerra Civil o malvendidas en otros momentos puedan llegar a recuperarse siguiendo un procedimiento legal".

La pieza iba a ser subastada en la Sala Balclis de Barcelona hasta que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y DGA denunciaron el proceso. La tabla se encuentra en depósito judicial en el Museo de Zaragoza, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, hasta que se resolviera el proceso, abierto desde 2018.

Yzuel ha recordado que dentro de un año se celebra el centenario de la declaración de Sijena como Monumento Nacional y se sigue reclamando la redacción de un plan director que marque las obras que deben realizarse en el monasterio.

El próximo sábado 26 de febrero tendrá lugar en la casa natal de Miguel Servet de Villanueva de Sijena la II jornada 'Soñar Sijena 2023'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este viernes por desarrollar una política migratoria "integral" y reforzar la asociación euro-africana para desarrollar iniciativas conjuntas con esquemas migratorios de corta y larga duración.

"La apuesta por la migración legal debe ser nítida. Consideramos que se debe comenzar a desarrollar iniciativas conjuntas para ir probando nuevos esquemas migratorios de corta y larga duración que puedan ser mutuamente beneficiosos para ambas regiones", ha explicado a los medios en una comparecencia tras la sexta cumbre entre la Unión Europea y África.

Sánchez ha recordado que España "lleva tiempo trabajando en esta cuestión con varios países del norte de África" y ha incidido en reforzar la asociación euro-africana en materia migratoria y de movilidad.

El presidente del Gobierno ha defendido que se estrechen las relaciones entre países de origen, de tránsito y de destino, como forma de garantizar una gestión "eficaz" de los flujos migratorios. Además, ha apostado por avanzar en una política migratoria "integral" que promueva una migración "segura, ordenada y regular" y que "ponga coto a las mafias que trabajan y trafican con seres humanos".

Al respecto de Malí, el presidente del Gobierno ha señalado que se trata de una "crisis mutidimensional" y ha resaltado la urgencia de un regreso pronto de la "democracia y del orden constitucional al país, gobernado actualmente por una junta militar.

En este sentido, ha indicado que los países europeos han reiterado su voluntad de "seguir apoyando sobre el terreno" a través de misionesy operaciones en materia de Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, recordando en este punto que España es el mayor contribuyente a la misión de entrenamiento militar EUTM Malí.

Durante una mesa redonda celebrada el jueves que Sánchez presidió junto con el presidente de Ghana y de Mauritania, ambas partes debatieron sobre la seguridad en África y Europa. En este marco, Sánchez ha abogado por la paz y la seguridad para desarrollar proyectos de futuro. "No hay paz sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad y estabilidad", ha recalcado.

Por otro lado, ha defendido la cooperación en lucha contra el terrorismo y en la importancia de la seguridad marítima, "con especial atención a los conflictos actuales como pueden ser la estabilidad del Sahel, también Libia, Somalia, Mozambique o el incremento de la piratería en el Golfo de Guinea".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia al hecho de que el mandatario estadounidense, Joe Biden, no le incluya en los contactos que mantiene con varios líderes europeos sobre Ucrania y no ha querido "adelantar acontecimientos" sobre si España podría brindar apoyo armamentístico a este país.

En rueda de prensa en Bruselas al término de la cumbre entre la UE y África, no ha querido comentar a qué se debe el hecho de que Biden no le haya incluido por tercera vez en estos contactos, en los que, además del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel, también participan los jefes de Gobierno de Canadá, Italia, Alemania y Reino Unido así como los presidentes de Francia, Polonia y Rumanía.

El presidente del Gobierno ha optado por resaltar que España es uno de los cinco países de la UE que está diseñando el paquete de sanciones "hipotéticas" que se aplicarían en caso de que, "esperemos no ocurra, haya un conflicto bélico".

En este sentido, ha asegurado que está "en permanente contacto con las instituciones europeas a la hora de responder y compartir información" de los contactos que se mantienen con el resto de país, también Estados Unidos. "Colaboramos con ellos, no tengo nada más que decir", ha zanjado.

Por otra parte, preguntado sobre si España podría seguir los pasos de otros países que han optado por enviar armamento y otro material militar a Ucrania, Sánchez ha defendido que "estamos ahora mismo en la diplomacia, en la desescalada, en la disuasión y por tanto no adelantemos más acontecimientos".

Asimismo, ha subrayado que en la reunión extraordinaria mantenida el jueves por los líderes europeos reafirmaron su unidad y "su apuesta decidida por la vía diplomática para desescalar la tensión", al tiempo que reiteraron su "total apoyo a Ucrania en este momento tan difícil que están atravesando".

Así las cosas, tampoco ha querido adelantar "escenarios" sobre qué haría España si finalmente Rusia invade Ucrania y estalla el conflicto. "Esperemos que eso no ocurra", ha acotado, recordando que tanto la UE como Estados Unidos están preparando una "respuesta contundente" si esto se produce.

La familia de Timoteo Pérez Arconada, que desapareció el pasado 13 de enero cuando se escapó de la Residencia Santa María del Camino de Carrión de los Condes, vuelve a convocar un fin de semana más a los voluntarios para continuar con su búsqueda.

Junto al ayuntamiento de Carrión de los Condes, los familiares animan a participar en las labores de rastreo coordinadas por la Guardia Civil con la colaboración de efectivos de Emergencias y Protección Civil.

El punto de partida, como en convocatorias anteriores, tendrá lugar en cuartel de la Guardia Civil de Carrión, ubicado en la avenida Historiador Ramírez, 13, a las 10.00 horas de la mañana y a las 16.00 de la tarde, tanto este sábado 19, como el domingo 20 de febrero.

Además, este sábado se unirá a la búsqueda la Unidad Canina Ucas de Arrate, con sede en el municipio burgalés de Cubo de Bureva, con el fin de recoger muestras para su banco de olores.

El colectivo, que ya participó la misma noche que desapareció Timoteo rastreando con sus perros hasta altas horas de la madrugada, recogerá muestras de todas las personas que lo deseen.

Para ello, es preciso colocarse cinco gasas estériles en distintos puntos del cuerpo, salvo axilas y genitales, y permanecer con ellas durante cuatro o cinco horas.

Los miembros de la citada Unidad Canina recogerán entre las 13.00 y las 15.00 horas del sábado las muestras en el porche de la Residencia Santa María del Camino de Carrión, autorizando cada persona a que puedan ser utilizadas en caso de desaparición. Los niños también podrán participar en esta iniciativa solidaria.

La búsqueda de Timoteo Pérez Arconada continúa desde que hace 37 días desapareciera ya que, por el momento no hay rastro del hombre, de 76 años natural y vecino de la localidad palentina de Población de Campos.

Asimismo, la Guardia Civil continúa rastreando a diario con sus efectivos del cuartel de Carrión de los Condes a quienes se suman a diario miembros de otros acuartelamientos de la provincia. Esta semana se ha continuado la búsqueda con la ayuda de perros especializados y la presencia del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Benemérita que realiza sus tareas de búsqueda en las aguas del río Carrión.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a cinco menores de edad como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos durante una pelea en la tarde del pasado sábado en la plaza de España y en la que resultó lesionado un menor de edad en uno de sus brazos y en una mano.

Las heridas, ocasionadas por un arma blanca, requirieron de asistencia sanitaria y sutura.

El menor lesionado, acompañado por otros jóvenes, fue abordado por un grupo numeroso de menores y, según sus propias palabras, fue acometido con un arma blanca cuando ayudaba a uno de sus amigos envuelto en la reyerta.

Los investigadores de la Policía Nacional, tras tener conocimiento de la pelea, comenzaron las diligencias necesarias para identificar a todos los participantes y pudieron identificar a otros cinco menores como presuntos partícipes en los hechos, procediendo a su detención días después en la capital tinerfeña.

Siguiendo las instrucciones de la Fiscalía de Menores, a quien se dio cuenta de todo lo actuado, los menores detenidos fueron entregados a sus tutores legales.

La investigación continúa y no se descarta que se practiquen nuevas detenciones relacionadas con este hecho.

Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales del Grupo de Investigación de la Comisaría de Policía Nacional de Distrito Sur de Santa Cruz de Tenerife.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha señalado este viernes que hay que "acelerar" el cierre del vertedero de Nerva (Huelva), así como que considera que el proceso debería empezar por "una negociación" y "acuerdo" con la empresa donde "lo primero sería fijar un cronograma en el menor plazo posible" para "no generar impactos negativos que pudieran ser más adversos el para el pueblo", partiendo "de la base de cerrar la posibilidad de llegada de residuos procedentes del exterior de Andalucía como primer paso".

Así se ha pronunciado Espadas en declaraciones a los periodistas en Nerva, tras su reunión con la plataforma a favor del cierre del vertedero, en la que ha tratado el futuro del depósito y "el planteamiento de las reivindicaciones justas del pueblo".

En este punto, el secretario general del PSOE-A ha reiterado que la posición de la formación es la del cierre "responsable" y "progresivo", al tiempo que ha destacado "el compromiso" del pueblo con la instalación de este depósito que "en su momento respondió a una realidad y un momento concreto y específico completamente distinto al que hoy tiene la Cuenca Minera y diferente también a las expectativas de futuro que puede tener desde ahora en adelante".

"Ha cambiado mucho la sociedad, pero también han cambiado incluso las actividades económicas y el futuro de esta tierra y hay que mirar al futuro sabiendo que debemos acelerar el cierre de esta instalación y para ello creo que estamos en condiciones ahora mismo, porque hay recursos económicos, hay posibilidades de diversificación de la actividad en este territorio y por tanto hay posibilidades de plantear desde el Gobierno de Andalucía, que es la administración competente para dialogar y para llegar a un acuerdo con la empresa plantearse este cierre", ha manifestado.

Este cierre, ha puntualizado, "pasa por planificar, en primer lugar los puestos de trabajo y la actividad de las personas, que tanto directa como indirectamente trabajan para esa instalación", toda vez que ha señalado que "las cosas hay que hacerlas bien y esto significa en primer lugar negociar y acordar con la empresa, como no puede ser otra manera en un estado de derecho, cómo se va a hacer, con unos plazos y un cronograma".

Asimismo, ha reseñado que hay que "aplicar nuevas inversiones productivas a la zona" y "generar un plan de formación y de empleo", al tiempo que ha insistido en que "hay una realidad completamente diferente a la de hace 25 años", ya que "cuando se hablaba de esa reindustrialización verde no nos equivocamos en pensar que el sector medioambiental iba a seguir creciendo y no solo en la gestión de residuos, sino en muchas otras actividades ligadas a la energía y a otras actividades productivas".

Espadas ha aseverado que ver producción en las minas de Riotinto le ha producido "una subida de estímulo" porque sabe "lo que significa la mina en esta tierra y en esta cuenca" y porque "cuando se ve una empresa competitiva, potente, como las que ya hay en todo el entorno" hacer ver que "hay muchas posibilidades de desarrollo, de mejora y de generación de empleo, qué es lo que se trata finalmente".

El secretario general de los socialistas andaluces ha manifestado que, a su juicio, la negociación con la empresa del vertedero "podría ser un inicio, partiendo de la base de cerrar la posibilidad de llegada de residuos procedentes del exterior en este caso de Andalucía como primero paso".

"La instalación tiene ahora mismo legalmente posibilidad de recibirlos, pero creo que es posible acordar con ellos que la vida útil que quede de instalación, priorice los recursos de la industria onubense, que es la más cercana, porque en este tipo de instalaciones hay un principio que debería ser el principio de proximidad, que en este caso y con los residuos que estamos viendo que llegan no se cumple evidentemente", ha remarcado.

Por ello, Espadas considera el Gobierno andaluz debería aplicar "un criterio mucho más exigente respecto al principio de proximidad" para "no tener que recibir residuos procedentes de otros territorios, aunque legalmente se pueda hacer", pero que esto "permitiría también que la vida útil del depósito se centrara ahora mismo en dar respuesta la industria más cercana, la onubense, y cumplir así uno de los objetivos iniciales, que fueron en este caso también los que plantearon el hecho de que se pusiera en este caso está instalaciones".

"Es una posibilidad, insisto, hay que sentarse y hablarlo con tranquilidad y habría que poner plazos, recursos económicos y, sobre todo, plan de empleo como tiene que ser porque lo lógico es que estas personas tengan futuro más allá de esta instalación, aquellos que trabajan y tienen el pelo directo, y lógicamente también la industria y el empleo indirecto que genera esta instalación".

El Tribunal de Cuentas ha señalado que en los contratos de emergencia suscritos por entidades de la Administración General en los meses de pandemia no se solía comprobar la solvencia y capacidad de las empresas adjudicatarias, aunque siempre se obtuvo el servicio o productos que se pedían.

El informe indica igualmente que "un número significativo" de las entidades fiscalizadas no comprobaron la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, ni les exigieron que acreditaran la solvencia económica, financiera y técnica necesaria para que se les concediese el contrato.

Así se refleja en su fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid que acaba de aprobarse en el Pleno de la institución que ahora preside Enriqueta Chicano.

Se han revisado contratos de trece entidades, entre ellas la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Corporación RTVE, la Fundación Carlos III, el Instituto de Crédito Oficial, los Museos Reina Sofía y del Prado, y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid.

CONTRATOS POR 7,5 MILLONES DE TRECE ENTIDADES

En total se han fiscalizado 82 contratos de los 134 celebrados durante el periodo fiscalizado, lo que supone el 61% del total de estos. En términos de precio de adjudicación, se han examinado contratos por un importe global de 7,48 millones de euros sobre un total de 11,04 millones de euros, lo que supone el 68% del total.

En el informe, recogido por Europa Press, el Tribunal concluye que todas las entidades se ajustaron al marco legal, pero la mayor parte de los expedientes no justificaron que la finalidad perseguida en cada caso no podía ser lograda si se acudía a la tramitación ordinaria o, alternativamente, a la tramitación urgente del expediente, que es "la práctica aconsejable" según los "principios de buena gestión".

Además, subraya que "en la mayor parte de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa, lo que habría constituido una buena práctica al objeto de adecuar la tramitación excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa".

El informe indica igualmente que "un número significativo" de las entidades fiscalizadas no comprobaron la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, ni les exigieron que acreditaran la solvencia económica, financiera y técnica necesaria para que se les concediese el contrato.

"La aceptación del riesgo de llegar a contratar a una persona sin capacidad jurídica o inhabilitada para contratar con el sector público, o a un empresario que no acreditase en la forma legalmente exigible la solvencia necesaria para atender los compromisos asumidos mediante el contrato, debería haber sido soportada en cada caso mediante la justificación suficiente de que la urgencia de la necesidad objeto de atención era incompatible con la comprobación de la capacidad y de la solvencia del correspondiente adjudicatario, en adecuación de la tramitación de emergencia a los principios de buena gestión", señala.

EMPRESAS AJENAS AL OBJETO DEL CONTRATO

De hecho, en tres entidades se han encontrado contratos adjudicados a empresas que no se dedicaban al objeto de la adjudicación. En estos supuestos debían haber demostrado que no había alternativa en el sector al que se dirigía el contrato. En todo caso, todas las prestaciones comprometidas fueron realizadas y se entregaron los suministros adquiridos.

En el análisis específico de cada entidad, se observa que en la Agencia Tributaria hubo deficiencias de gestión sobre la utilización de los bienes adquiridos y del precio pagado, y que en dos contratos de material sanitario no consta que los productos suministrados cumplieran las exigencias establecidas en los pliegos técnicos.

Del Banco de España comenta que pagó por mascarillas FFP2 un precio mayor que otras entidades, y en la CNMV han detectado un contrato cuya ejecución se inició en un plazo un mes después de la adjudicación de urgencia, lo que incumple el artículo 120.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Respecto al ICO, la institución fiscalizadora ha detectado que uno de los expedientes no establece hitos en la ejecución del contrato que permitiese controlar la eficacia de la contratista ni poder contrastar el precio pagado con los resultados obtenidos. En ninguno de su contratos se pidieron ofertas a diferentes empresarios, sino a tan solo uno de ellos que finalmente resultó adjudicatario.

Sobre el CSN comenta que en su órgano de contratación no había asesores en temas de salud y hubo "deficiencias de gestión" en relación con las prescripciones técnicas y los precios de los productos comprados.

En RTVE han visto "defectos formales en las memorias justificativas" y que en uno de los contratos formalizados no consta en el expediente de ejecución la recepción de los servicios objeto de contratación, en tanto que otro fue parcialmente ejecutado, en ambos casos sin justificación.

LIMITAR LAS OMISIONES

Con todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda para el futuro que las omisiones en los expedientes "no debería ir más allá de los supuestos en que la emergencia sea tal que impida de hecho realizar el más mínimo trámite antes de iniciar la actividad contratada" y que "la no comprobación de exigencias" como la capacidad y la solvencia de los contratistas sólo sería justificable en casos excepcionales y en todo caso debería motivarse debidamente.

Asimismo, y salvo en casos de emergencia en los que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida, el tribunal ve aconsejable que los órganos de contratación solicitasen "ofertas de diferentes licitadores, y, en su caso, negociasen los términos del contrato susceptibles de ello, procurando proveerse, en los supuestos que ello resultase posible, de referencias de los precios habituales de mercado de los bienes y servicios objeto de contratación".

El Papa ha nombrado a la teóloga argentina Emilce Cuda como secretaria de la Oficina de la de la Comisión Pontificia para América Latina, un puesto que equivale al de director, por lo que trabajará a la par con el actual secretario, el mexicano Rodrigo Guerra López. Cuda era hasta ahora jefa de la Oficina.

La oficina de prensa del Vaticano ha dado cuenta de este nombramiento en su boletín de información diario. La teóloga Emilce Cuda es profesora de Teología de la Universidad Pontificia Católica Argentina y de la San Thomas University, en Estados Unidos.

Con este nombramiento, el Papa confirma su intención de dar mayor visibilidad a las mujeres en la estructura interna del Vaticano. En noviembre puso al frente de la Secretaría General del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano a la religiosa franciscana Raffaella Petrini.

En agosto, Francisco nombró a la religiosa italiana Alessandra Smerilli secretaria interina del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y delegada de la Comisión vaticana Covid-19. La monja salesiana era subsecretaria de este dicasterio desde marzo de 2021.

Con el objetivo de incluir a más mujeres en la dirección de la Iglesia católica, Francisco incorporó en agosto a la Pontificia Academia de las Ciencias a cinco mujeres de gran valía científica, incluidas tres premios Nobel. Se trata de la astrofísica canadiense Donna Theo Strickland, Nobel de Física en 2018, y de dos bioquímicas galardonadas con el Nobel de Química en 2020 por sus aportaciones al edición genética: la francesa Emmanuelle Marie Charpentier, profesora en Berlín, y la norteamericana Jennifer Anne Doudna, profesora en la Universidad de Berkeley.

Actualmente, hay seis mujeres en el organismo supervisor de todas las actividades económicas del Vaticano. Entre ellas, están incluidas dos españolas: Eva Castillo, cuyo historial incluye altos cargos en Merrill Lynch, Visa, Telefónica o Bankia; y María Concepción Osácar Garaicoechea, con altas responsabilidades en el Santander, Banif, el ICO y el grupo Azora.

También los Museos Vaticanos están dirigidos desde 2016 por una mujer: Barbara Jatta. Un año antes, el Papa puso al frente del Hospital Pediátrico Bambino Gesù a la gestora italiana, Mariella Enoc.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Burita, el que es el primer contacto en persona con el Ejecutivo del país vecino desde que estalló la crisis diplomática en abril pasado.

Sánchez ha confirmado este viernes que la víspera mantuvo una "conversación" con Burita, quien al igual que él ha asistido a la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana en Bruselas.

Según ha explicado en rueda de prensa, "ambos constatamos la necesidad de avanzar en esa relación estratégica entre España y Marruecos" que ya fue señalada por el rey Mohamed VI el pasado mes de agosto.

"Para España es un socio estratégico Marruecos y queremos profundizar las relaciones" en el plano bilateral y como miembros de la UE y la UA, ha añadido.

Sánchez también ha indicado que ha hablado con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien ha participado igualmente en la cumbre, sin dar más detalles.

Tanto Marruecos como la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) son miembros de la UA. En el caso de Rabat, se reincorporó a este organismo en 2017 después de haber abandonado en 1984 lo que entonces era la Organización para la Unidad Africana (OUA) por la entrada de la RASD.

Esta ha sido la primera ocasión en la que Sánchez ha coincidido con Ghali, detonante de la crisis diplomática aún abierta con Marruecos por su acogida en España por motivos humanitarios, así como con Bourita. Inicialmente, fuentes gubernamentales habían señalado que sería el primer ministro, Aziz Ajanuch, el encargado de acudir a la cumbre.

Sánchez rompió con la tradición de elegir Marruecos como el primer destino de un viaje internacional tras su llegada a la Moncloa y hasta la fecha no se ha desplazado al país vecino. La cumbre bilateral prevista para diciembre de 2020 fue aplazada por la pandemia y aún sigue sin fecha.

La acogida de Ghali por razones humanitarias para que fuera tratado contra la COVID-19 en un hospital de Logroño en abril pasado desató una grave crisis con Marruecos, molesto por el hecho de que no se le hubiera avisado de antemano como corresponde con un país socio y amigo. Rabat procedió a continuación a facilitar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 17 y 18 de mayo y a llamar a consultas a su embajadora en Madrid, la cual aún no ha regresado.

La salida de Arancha González Laya, a la que Marruecos responsabiliza en gran medida de la crisis, del Ministerio de Asuntos Exteriores en julio y la llegada de José Manuel Albares trajo consigo nuevos esfuerzos para dar por superada la crisis, que Rabat reconoció que tenía como telón de fondo la negativa de España a reconocer como marroquí el Sáhara Occidental.

En estos meses, Albares ha hablado en varias ocasiones con su homólogo marroquí pero aún no han concretado un encuentro bilateral cara a cara. El ministro de Exteriores insiste en que la relación con el reino vecino es fluida y que ambos gobiernos están trabajando en pro de una "relación del siglo XXI", en línea con el deseo manifestado por Mohamed VI el pasado agosto y por Felipe VI posteriormente este enero.

Este mismo martes, el jefe de la diplomacia defendió que "tras una crisis muy profunda con Marruecos estamos construyendo una relación del siglo XXI". "Construir una relación sólida, tan rica y tan compleja, en el mejor sentido de la palabra", como la que hay con Marruecos, "requiere un tiempo y una tranquilidad que no son los tiempos mediáticos y de Twitter", ha incidido.

"Lo importante es el resultado final y que sea un resultado sólido y que evite futuras crisis", ha defendido el ministro, en línea con su mensaje de que superar el actual desencuentro con Marruecos aún llevará cierto tiempo.

Medio millar de personas, según cifra aportada por la Policía Local, se han manifestado por las calles de Alcalá la Real para condenar el asesinato de Khawla, la menor de 14 años, y por el que hay detenido un joven, de 22 años, también de la misma localidad, que se declaró autor confeso del crimen.

La manifestación ha sido convocada por la Federación de Mujeres Creciendo Unidas y ha transcurrido encabezada por la propia madre de la menor acompañada por personas que llevaban la foto impresa de la adolescente, entre ellos el alcalde de Alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera.

Al término de la marcha, la presidenta de la Federación Creciendo Unidas, María José Pareja, ha tomada la palabra para "condenar el crimen" y mostrar su deseo de que "nunca más ocurra otra muerte de mujeres a manos de hombres" y de que el autor de lo ocurrido a Khawla "sea condenado".

Pareja ha trasladado el apoyo de la ciudad con la familia de la menor fallecida y ha pedido "rezar" en la religión que cada persona tenga por Khawla y por su familia, pero también por "la familia olvidada" del presunto asesino que "sufre doble dolor, por Khawla y por su asesino".

Hakima Zeroil, la madre de la niña asesinada, también ha tomado la palabra para pedir "justicia" para su hija, al tiempo que ha mostrado su confianza en la justicia española y ha agradecido el apoyo que está recibiendo.

Sobre las 9,30 horas ha llegado a los juzgados de Alcalá la Real el presunto autor del crimen. El joven, que ha pasado los dos últimos días en la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, ha llegado custodiado por los agentes y con la capucha de la sudadera puesta para intentar ocultar su rostro.

A las puertas del juzgado se han dado cita un grupo de personas que ha pedido también justicia para la menor. La titular del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Alcalá la Real ha citado a declarar a amigas de la víctima. El autor confeso será el último en prestar declaración.

El cuerpo de la menor fue localizado sin vida en el entorno de las ruinas de la iglesia de Santo Domingo, en el recinto de la Fortaleza de la Mota, después de que el presunto autor del crimen llamara al 112 a las 21,36 horas del martes para decir que había matado a una mujer.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil así como de la Policía Local y Bomberos. El joven en ningún momento colaboró a la hora de indicar dónde estaba el cuerpo de la menor.

Finalmente y tras varias batidas, encontraron el cadáver, que fue localizado sin ropa en un lugar de difícil acceso. En la primera inspección ocular los agentes confirmaron que no había heridas de arma blanca ni de disparos. Posteriormente, la autopsia señaló la asfixia como causa del fallecimiento.

Durante el tiempo en el que ha estado detenido por la Guardia Civil, el presunto autor no ha colaborado ni ha prestado declaración ante los agentes encargados de la investigación por lo que habrá que esperar a ver si accede a declarar ante la jueza encargada de la instrucción de la causa.

La Guardia Civil investiga a una mujer de Huesca, de 40 años, como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, por conducir en sentido contrario en la autovía A-23, durante tres kilómetros, en dirección a Zaragoza, hasta abandonar la vía en una salida del kilómetro 347. Asimismo, ha provocado un accidente, al salirse de la carretera un vehículo que circulaba de manera correcta.

Gracias a la pericia del conductor que se vio sorprendido por el vehículo que circulaba en sentido contrario y que evitó la colisión, únicamente resultaron heridas leves dos personas, ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Los hechos se produjeron el pasado 5 de febrero y en el periodo de tiempo que el vehículo circuló en sentido contrario, el centro de emergencias 112 SOS ARAGÓN recibió una gran cantidad de llamadas de los usuarios que se encontraban con él, activando Tráfico de la Guardia Civil de Huesca el protocolo establecido para la circulación de conductores 'kamikazes' en autopistas y autovías. En ese momento, no se pudo localizar a la persona.

Ante la gravedad de los hechos, el Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Huesca, se hizo cargo de la investigación.

Tras varias gestiones se ha localizado a la autora de los hechos este miércoles, 16 de febrero. Se trata de una fémina de 40 años, vecina deHuesca, a la que se ha procedido a investigar por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en concreto peligro la vida de los demás.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, quedando la investigada con la obligación de personarse ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.

La Fundación Raíces y la Coordinadora de Barrios han celebrado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Ceuta que ordena a la Delegación del Gobierno en Ceuta a retornar a varios menores que entraron a España desde Marruecos en mayo de 2021 y fueron repatriados en agosto, asegurando que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

"En agosto cientos de niños volvieron a ser repatriados ilegalmente, solo pudimos defender a algunos de ellos y hoy la Justicia vuelve a dar un varapalo al Gobierno reconociendo que los derechos de la Infancia deben primar sobre el control de nuestras fronteras", ha subrayado la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, tras conocer la sentencia.

Según explican, estos niños entraron en Ceuta, sin la protección de ningún adulto, cruzando la frontera del Tarajal abierta por el Reino de Marruecos en mayo de 2021. Al estar en situación de desamparo, fueron acogidos por el área de infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo alojados primero en naves industriales en el Polígono Industrial del Tarajal y después en el Polideportivo Municipal de Santa Amelia, donde residieron hasta el comienzo de las repatriaciones el 13 de agosto.

En aquellos días de agosto, ante el miedo de ser expulsados a Marruecos, ochenta menores, entre ellos los veinte a los que se refieren las sentencias, designaron a abogadas de, entre otras, Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios para su defensa.

El trabajo conjunto de las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Elin, Ex Menas Madrid, Fundación Raíces, Gentium, Maakum y No Name Kitchen para denunciar por distintas vías la ilegalidad de estas repatriaciones ejecutadas por Delegación de Gobierno en Ceuta, desembocó, entre otros, en estos dos procedimientos que ahora resuelve el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta.

"El Juzgado ha declarado que la Delegación de Gobierno repatrió niños sin valorar su interés superior, sin respetar el procedimiento legal y sin comprobar previamente en qué situación quedarían esos niños una vez repatriados. Esta actuación vulneró los derechos de los niños repatriados y expulsó de los centros a cientos de niños que huyeron del sistema de protección por miedo a correr la misma suerte", ha señalado la abogada de Fundación Raíces, Paloma García de Viedma.

Según precisa, "son muchos los niños desaparecidos por esta causa" y, por ello, pide que, "de una vez por todas, la administración reconozca que erró en su actuación y centre sus esfuerzos en adelante en reparar el daño causado, cumplir la ley, proteger adecuadamente a los niños y niñas que llegan a España solos y respetar sus derechos escrupulosamente".

En esta línea, el presidente de la Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, ha exigido "que el Gobierno se comprometa decididamente con los Derechos de la Infancia Migrante, que cese las devoluciones sumarias sobre niños, niñas y personas vulnerables".

Además, la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ha dicho que celebran estas sentencias pero advierte de que "otros niños y niñas fueron expulsados a Marruecos de manera ilegal entre mayo y agosto, que no pudieron contar con defensa letrada y de los que ninguna administración se ha preocupado".

"Estos niños y niñas seguirán corriendo graves riesgos para mejorar sus vidas, dejando en evidencia una y otra vez a unas administraciones públicas que les niegan la protección a pesar de encontrarse solos en España", ha zanjado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hoy que se aclare cuanto antes cualquier sombra de corrupción en relación con la compra de mascarillas en la que intermedió el hermano de Isabel Díaz Ayuso y, además, ha reclamado que no se utilicen "insinuaciones" implicando a Moncloa en la elaboración del dossier contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sánchez, que lleva dos días de reuniones en Bruselas entre la UE y la Unión Africana, ha asegurado que no tiene por costumbre inmiscuirse en las cuestiones internas de otros partidos políticos, pero sí ha pedido que se aclare cuanto antes y "con total transparencia" cualquier sombra de duda sobre las acusaciones de presunta corrupción que ha vertido la dirección nacional del PP contra Díaz Ayuso.

Además, ha reclamado que no se utilicen "estas insinuaciones", en referencia a las afirmaciones desde la Comunidad y Génova sobre el conocimiento de Moncloa del dossier sobre el hermano de la presidenta madrileña. En este sentido, ha afirmado que "no tienen ni pies ni cabeza", pero cree que se hacen con "sentido malintencionado" para distraer la atención sobre las acusaciones de corrupción.

Sánchez ha afirmado que no es un debate "edificante" el que se está viendo en el partido presidido por Pablo Casado, pero no se ha planteado por el momento instar a la Fiscalía para que sea ésta la que esclarezca las acusaciones de corrupción.

No obstante, ha justificado su posición en el hecho de que lleva dos días "encerrado" en Bruselas en la reunión con la Unión Africana. Sin embargo, sí ha recordado que ha habido grupos políticos de la Asamblea de Madrid que han presentado ya denuncia ante Fiscalía. No lo ha mencionado, pero uno de ellos ha sido el PSOE de Madrid.

En cualquier caso, ha insistido en que más allá de la judicialización del asunto, lo importante es dar una respuesta política que aclare y que se sepa lo que ha ocurrido. "Que todos contribuyamos a consolidar la democracia y el buen nombre de las instituciones", ha precisado.

ESTÁ EN GARANTIZAR LA LEGISLATURA

Sánchez ha sonreído con ironía cuando los periodistas le han preguntado si tenía pensado aprovechar la crisis interna del Partido Popular para convocar elecciones. En su respuesta ha precisado que el Gobierno de España está en trabajar para garantizar una Legislatura "importante" para abordar la modernización del país, en gestionar la pandemia y en consolidar la recuperación.

Ha puesto como ejemplo de la intención de su Ejecutivo de modernizar España la Ley de Ciencia aprobada hoy en el Consejo extraordinario de Ministros, con el objetivo de dar estabilidad a los profesionales y evitar la precariedad de los científicos. "En eso esta el Gobierno, en gobernar y en culminar una Legislatura que es importante para recuperar la economía", ha remachado.

Banco Santander y Fundación Integra han puesto en marcha, por sexto año consecutivo, el proyecto 'De Mujer a Mujer', en el que quince profesionales del banco acompañarán en su camino hacia la integración laboral a otras tantas mujeres supervivientes de violencia de género.

Este programa es una iniciativa de voluntariado corporativo que, a través del mentoring y la formación sobre el empleo, ayuda a estas mujeres a reforzar su autoestima y a mejorar sus oportunidades laborales, como señalan sus impulsores.

El programa se inició en 2017 y en él que han participado 74 mujeres; de ellas, más del 80% han conseguido un empleo que les ha permitido salir adelante, ser libres y dejar atrás un pasado de maltrato, comenzando una nueva vida a través de la integración laboral.

La sexta edición de este proyecto comenzó en febrero con una sesión formativa para las mentoras participantes que ha impartido Fundación Humaniza; en la que las voluntarias conocieron la realidad que viven las mujeres que han sufrido violencia y se formaron en conceptos y técnicas del mentoring como herramienta de desarrollo personal y laboral que serán de utilidad para este proceso que durará seis meses.

En esta jornada, además, las mentoras y mentees coincidieron por primera vez en un encuentro que tuvo lugar en la sede central de Openbank en Santa Barbara (Madrid) y que contó con la presencia de Patricia Benito de Mateo, directora general de Openbank. Desde este momento y hasta junio, las participantes del proyecto tendrán sesiones individuales y actividades grupales orientadas a la inserción al mercado laboral.

La segunda sesión tuvo lugar ayer en la Ciudad Grupo Santander de Boadilla del Monte (Madrid), con la participación de Alexandra Brandão, Global Head de RRHH, y Ana Muñoz de Dios, directora general de Fundación Integra.

Banco Santander y Fundación Integra colaboran desde 2015, año en el que un proyecto de la fundación sobre integración laboral de mujeres víctimas de violencia de género resultó ganador en la Convocatoria de Proyectos Sociales 'Euros de tu nómina' Gracias a proyectos como 'De Mujer a Mujer', en el que colabora Banco Santander, la Fundación Integra ha conseguido más de 19.000 puestos de trabajo para personas en situaciones vulnerables.

La Comunidad de Madrid destinará este año 425,6 millones de euros a prestar atención especializada y gratuita a las personas con discapacidad de la región, lo que supone un incremento del 25% respecto a los más de 341 millones presupuestados el pasado año.

Así lo ha subrayado este viernes el viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social, Luis Martínez-Sicluna, durante la entrega de los Premios Plena Inclusión 2021, unos galardones con los que esta entidad reconoce el trabajo de distintas organizaciones y entidades en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.

En esta octava edición los premios han recaído en el Ayuntamiento de Tres Cantos, las empresas Sandoz Iberia y CGI y en el proyecto Dremers de la Fundación GMP. También se ha concedido un premio extraordinario a la Fundación La Caixa.

El viceconsejero ha sido el encargado de entregar este último galardón, que reconoce una iniciativa que aglutina a músicos no profesionales y miembros de una decena de coros de la región para crear una actuación solidaria de la mano del maestro Torrelledó.

Luis Martínez-Sicluna ha felicitado a todos los galardonados "por su esfuerzo e implicación para cambiar las cosas y ayudar a quienes más lo necesitan", y ha indicado que la red regional de atención a las personas con discapacidad, enfermedad mental y atención temprana está formada por un total de 622 recursos de carácter residencial y no residencial, que suman 24.685 plazas adaptadas para cubrir las distintas necesidades que pueden requerir en función de sus patologías.

Organizaciones y colectivo que forman el movimiento 'Regularización Ya' ha convocado movilizaciones el 19 y 20 de febrero en 16 ciudades de toda España con el objetivo de recaudar 500.000 formas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada en colaboración con varias organizaciones, que busca la regularización de las 500.000 personas migrantes en situación administrativa irregular en España.

Desde el movimiento han puesto en valor la necesidad de "una regularización urgente, amplia y sin condiciones" para las personasmigrantes indocumentadas por "una cuestión de derechos y de justicia social" y con el fin que todos los ciudadanos salgan "juntos" de la "crisis sanitaria" generada por el Covid-19.

En este sentido, han recordado que muchas personas migrantes son las que lideran colectivos que, "en su gran mayoría han estado en primera línea durante esta prolongada crisis sanitaria, ejerciendo trabajos esenciales para proveer en los cuidados, la alimentación y la prestación de servicios".

"Hay muchas compañeras trabajadoras de hogar sin papeles que no van a poder acceder a ninguna medida social y de protección tras haber sido despedidas por estar en situación irregular", ha explicado la portavoz de 'Regularización Ya', Edith Espinola, quien ha denunciado que se ha "dejado a atrás" a estas personas pese a que sus labores han sido declaradas en pandemia como "imprescindibles".

La entidad critica que el Congreso rechazada una proposición no de ley sobre este mismo tema, que ellos impulsaron, por "la falta de voluntad política mostrada por algunos partidos" y quiere cambiar esta situación con "una nueva estrategia política" que "involucre a la ciudadanía" a través de la ILP.

Según han explicado, el texto de esta iniciativa argumenta la necesidad de la regularización por una cuestión de acceso a derechos fundamentales, ya que la irregularidad supone estar en una condición de vulneración permanente, y la pérdida de un gran aporte económico y fiscal, pero también de una riqueza cualitativa, para el conjunto de la sociedad "ya que la irregularidad impide contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad y de la vida, entre otros".

Para que la ILP de regularización pueda ser debatida en el Congreso, han recordado las entidades, debe presentar al menos 500.000 firmas válidas de personas mayores de 18 años y con DNI español en los próximos siete meses.

El alcalde de Antequera (Málaga), Manolo Barón, y el presidente de la Asociación de Discapacitados Físicos de la localidad 'Singilia Barba', José Luis Carmona, han presidido una concentración de repulsa a la agresión sufrida este jueves pasado por una trabajadora con discapacidad del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado (SMER) que gestiona dicho colectivo en la localidad.

Integrantes del equipo de gobierno y del resto de la Corporación municipal, así como toda la plantilla de la asociación y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han protagonizado este simbólico acto para el que se ha procedido a pausar la sesión ordinaria del pleno municipal.

Barón ha expresado la "repulsa categórica a los hechos acontecidos en el día de ayer, sirviendo esta presencia como rechazo unánime a todo tipo de violencia contra cualquier personas, pero mucho más aún con cualquier tipo de violencia a las personas con discapacidad que no pueden defenderse ni huir".

"No entendemos el por qué de este tipo de violencia contra una mujer que simplemente estaba ejerciendo su trabajo, una labor que sirve además para organizar mejor el tráfico en nuestra ciudad y que contribuye a la convivencia sirviendo además como posibilidad de empleo inclusivo a través de la asociación Singilia Barba", ha afirmado.

El regidor ha insistido en la "repulsa unánime y rotunda a ese tipo de violencia" y ha mandado un mensaje de cariño y afecto "como ciudad, como Ayuntamiento y como antequeranos" a la mujer agredida "para que se recupere pronto pudiendo volver pronto a su trabajo olvidándose de esta pesadilla que pasó ayer sólo por el hecho de trabajar y tratar de hacer cumplir su obligación".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, se han reunido este viernes con el escritor Alejandro Palomas, quien ha revelado que sufrió abusos en la escuela en los años 70 cuando era menor por parte de un fraile, y le han explicado que el Govern creará un grupo de trabajo interdepartamental para abordar esta temática y trabajar con la máxima transversalidad.

Según han informado fuentes de Presidencia de la Generalitat, este grupo de trabajo estará coordinado por la Conselleria de Derechos Sociales, y ha dicho que el Govern dará todo el apoyo y colaboración a una eventual comisión en el Parlament sobre abusos.

La reunión entre Aragonès y Cervera con el escritor ha durado más de una hora, en la que han mostrado su colaboración a Palomas.

Las mismas fuentes han asegurado que para el Govern es una prioridad que "ningún niño vuelva a pasar por una situación tan dolorosa", así como reparar el dolor causado a las víctimas de abusos.

La Generalitat ha señalado estar comprometido en combatir los abusos sexuales e impulsar un nuevo modelo de atención a niños y adolescentes, basado en la prevención y ponga a las víctimas en el centro de toda actuación, siendo el exponente el centro Barnahus, que agrupa en un mismo espacio todos los recursos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil.

Ha dicho que para continuar mejorando la prevención y la detección de abusos sexuales a menores y evitar la revictimización, el Govern extenderá la red de unidades integradas de atención a niños y adolescentes víctimas de abusos en todo el territorio catalán.

El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este viernes que "no es necesario llegar a un recurso ante las instituciones europeas, al Tribunal de Justicia, si la Junta Andalucía hace las cosas bien en Doñana", pero ha reiterado que "ha empezado muy mal y de una forma muy chapucera, con una iniciativa que tiene más pinta de engaño que otra cosa".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante su visita a diferentes municipios de la provincia, donde Espadas se ha referido al anuncio de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que ha advertido de que de seguir adelante la proposición de Ley de la Corona Norte de Doñana "España se quedaría sin fondos europeos por incumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE".

En este sentido, Espadas ha asegurado que "el error parte de la irresponsabilidad de plantear un debate sin tener, en este caso, las soluciones o las respuestas jurídicamente válidas para ello", lo que genera, a su juicio, "un efecto de incertidumbre y riesgo en el Estado, que le hace entender que lo que la Junta está planteado es, sencillamente, volver a una sobreexplotación del acuífero de Doñana con una legalización de derecho en el territorio".

"Si dejamos aparte el que no podemos poner en riesgo o en peligro de Doñana y tampoco el acuífero como tal, de lo que tenemos que hablar es de la posibilidad de llegada de nuevos recursos superficiales de agua, por lo tanto, estaríamos hablando a futuro, un futuro que habría que ordenar, ya que actualmente hay demandas de usos de ese agua para la agricultura", ha remarcado Espadas.

Por tanto, todo ello significaría, a juicio el socialista, "volver a reordenar todos esos usos en una situación de sequía y de cambio climático creciente", por lo que "no es un tema fácil de resolver".

En este sentido, el secretario general del PSOE-A ha manifestado que para "evitar que el Gobierno de España ejerce sus competencias lo tiene muy sencillo, dejar de marear la perdiz en sede parlamentaria y volver a donde tiene que estar, en el Gobierno de Andalucía".

"Para acometer cualquier revisión del plan, la Junta tiene que sentarse, en primer lugar, con las administraciones competentes, convocar al consejo de participación de Doñana, tiene que decir cómo lo va a hacer y tener los informes preceptivos para poderlo hacer, si no hace todo eso, evidentemente, no vamos apoyar ninguna locura por parte del Gobierno andaluz porque sería contraproducente", ha explicado Espadas.

Además, en caso contrario, según ha añadido, "vendrían esos recursos ante el Tribunal de Justicia, podrían venir sanciones" y, además de "supondría un daño a los productos y agricultura de Huelva y de esa zona sino también, posiblemente sanciones económicas incluso la posibilidad de no disponer de fondos europeos".

En este sentido, Espadas ha señalado que la propuesta del PSOE ha pasado por "reconocer el problema y plantear que hay que trabajar con los agricultores para resolver las situaciones personales que se han generado allí", pero ello "sin poner en amenaza a Doñana, ni desde luego al Acuífero".

"Creo que es perfectamente posible ser capaces de no generar tensión e incertidumbre respecto a lo primero, pero ser capaz de sentarse dialogar y buscar soluciones para los agricultores, en este caso, sobre las nuevas infraestructuras que la provincia viene demandando y, que por cierto, se aprobaron en una ley del trasvase y que algunas de ellas ya llevan paralizada unos pocos de años", ha remarcado el socialista.

Por todo ello, ha pedido a Juanma Moreno que "deje hacerse el muerto y que aborde esto con seriedad", ya que "no se puede plantear este debate, soltar la bomba e irse corriendo a Dubai y decir que esto no era un problema suyo que esto era de su grupo parlamentario.

"Doñana no puede estar en peligro y si hay en este caso hay que acometer una revisión, los socialistas estamos dispuestos a sentarnos y dialogar, pero con los informes preceptivos y con rigor", ha concluido.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cree que "no es bueno para el sistema democrático" la situación que vive estos días el Partido Popular y ha negado similitudes entre los contratos para la adquisición de material contra la COVID-19 realizados por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento que dirige.

Por lo que se refiere a la situación interna en el PP, Puente ha reconocido que no le genera "ninguna satisfacción" lo que está viendo, ya que "no es bueno" que "un instrumento que canaliza la participación de un sector de la ciudadanía en las instituciones y la democracia", como es el Partido Popular, pase por algo así.

"No es bueno para el sistema democrático", ha insistido durante una rueda de prensa celebrada este viernes, tras alertar del "riesgo" de que "un partido más radical" se erija "en representante de ese sector de la población". "No es nada bueno lo que estamos viendo", ha subrayado el alcalde, quien ha opinado que los dirigentes 'populares' "no lo están haciendo nada bien".

Así, ha considerado "difícil de entender" que ante un caso "de presunta corrupción", en lugar de "perseguirlo con total transparencia", se "guarde en un cajón a conveniencia de las guerras internas de quienes las protagonizan".

En cuanto al posible parecido entre el contrato que el Ayuntamiento de Valladolid firmó para la adquisición de mascarillas con un "amigo" del alcalde y el de la Comunidad de Madrid, en el que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, habría participado como intermediario, Puente ha rechazado cualquier "similitud" y ha subrayado las diferencias entre ambos procesos.

TRANSPARENCIA FRENTE A OPACIDAD

"Todas las instituciones, cuando llegó la pandemia, nos vimos obligadas a contratar equipos de protección. En Valladolid nos juntamos todos los grupos y pusimos sobre la mesa todas las opciones, yo puse sobre la mesa la opción de un amigo y así se lo hice saber a todos los grupos, con total transparencia", ha explicado Óscar Puente, quien ha comparado este proceso con la "absoluta opacidad" del caso madrileño.

"Aquí se llevó al Pleno el contrato, allí ni siquiera pasó, parece ser, por el Consejo de Gobierno", ha insistido el primer edil, quien ha recordado que en Valladolid "el PP lo judicializó", por lo que espera que "haga lo mismo" en este caso.

En este sentido, se ha referido al archivo de la causa tanto por el Juzgado de Instrucción como de la Audiencia Provincial y ha recordado que el fallo constató la "mala fe y utilización espuria de la jurisdicción penal" por parte de los demandantes.

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un varón de 78 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena por tratar de acuchillar a su expareja, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron sobre las 12.20 horas de este jueves cuando agentes en servicio de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para que se personaran en la calle Don Sancho, donde un individuo estaría amenazando con un cuchillo a una mujer.

La rápida y comprometida actuación de varias personas evitó un trágico desenlace, en concreto dos mujeres que observaron la agresión y dieron la voz de alarma y un ciudadano que, al oír gritar a una mujer, no dudó en salir de su establecimiento y sin pensarlo agarró al hombre por la espalda y al intentar separarle de la mujer que atenazaba se percató entonces que portaba un cuchillo de cocina.

Al verlo, le sujetó el brazo que esgrimía el arma, y abriéndole la mano, tirando de los dedos, consiguió arrebatarle el cuchillo, tirándolo al suelo.

Una vez en el lugar, los funcionarios se encontraron al agresor retenido en un establecimiento por el varón que se enfrentó a él, y la víctima a escasos metros acompañada de las mujeres que dieron la voz de alarma.

Inmediatamente, los funcionarios actuantes procedieron a detener al varón, de 78 años, y tras comprobar que la víctima era su ex pareja se hizo cargo la Sección de Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

El detenido, que tenía vigente una prohibición de aproximarse a su ex mujer y había estado ya en prisión por otro episodio violento contra su expareja, no mostró en ningún momento arrepentimiento por lo ocurrido. "La voy a matar, me ha arruinado la vida, lo único que me arrepiento es haber fallado", advirtió.

El arrestado ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha decretado su ingreso en prisión.

La detención fue practicada por agentes de la Comisaría Provincial de Valladolid.

El Servicio de Epidemiología del Govern balear ha notificado este viernes al Ministerio de Sanidad un total 789 nuevos casos de COVID-19 en la Comunidad respecto a la jornada anterior, así como una muerte más debido al virus.

Según los datos publicados por la Conselleria de Salud, el balance total de casos en el archipiélago se sitúa en 250.133 contagios desde que comenzó la pandemia y 1.209 defunciones.

En las últimas 24 horas se han confirmado 483 pruebas positivas, 75 menos que el día anterior, así la tasa de positividad sube al 15,2%. Un total de 383 pruebas positivas corresponden a Mallorca, 57 a Menorca, 26 a Ibiza y una a Formentera.

Por otro lado, los casos hospitalizados en planta bajan a 263 y los pacientes en UCI bajan a 51. De esta forma, el nivel de ocupación COVID de las unidades de críticos baja a riesgo medio, con un 14,9%. Por islas, Mallorca tiene 36 pacientes en UCI; Menorca, siete en UCI; e Ibiza, ocho en UCI.

Además, Atención Primaria atiende actualmente a 5.263 personas en relación al COVID.

Por otra parte, Baleares ha administrado 2.165.503 dosis de vacunas contra el COVID, con las que el 88,26% de la población diana ha recibido una dosis (987.590 personas) y un 84,92% tiene la pauta completa (949.729).

El religioso español, Antonio Carrón, es parte del equipo directivo del Instituto de Antropología de la universidad pontificia Gregoriana, un centro de excelencia en la prevención de los abusos que trabaja en la formación continua de personas no solo del ámbito eclesial para "corregir los defectos" que hacen que estos casos se den de forma sistemática".

"Lo que hacemos es poner los medios necesarios para que se mejore el trato con personas vulnerables y, también, corregir los defectos que hacen que se produzcan abusos de forma sistémica", señala en una entrevista.

El Centro de Antropología para la Dignidad Humana de la universidad Gregoriana, que hasta ahora se ocupaba de la protección del menor, ha sido recientemente elevado a rango de Instituto, con el objetivo de dar formación a las personas para atajar en origen cualquier tipo de abuso y difundir una cultura del cuidado en todos los ámbitos, no solo dentro de la Iglesia.

La mayor parte de los estudiantes que se apuntan a los cursos son religiosos, sacerdotes y laicos comprometidos con la Iglesia, pero también "se han creado alianzas muy interesantes con empresas vinculadas a la tecnología, multinacionales del mundo de la comunicación o entidades públicas que se ocupan de ciberdelincuencia", según asegura Carrón. Para optar al curso, que dura cinco meses, solo se necesita una carta de recomendación de una autoridad eclesiástica o civil.

Carrón deja claro que intentar hablar de una "erradicación total y completa" de los abusos sexuales en la Iglesia es una "idea absolutamente irreal e ingenua". Pero apunta a que se pueden mejorar muchas prácticas y para ello es esencial "la escucha". "No tiene nada que ver leer un testimonio o ver un vídeo que ver a una persona en directo contando en lágrimas su sufrimiento. Las personas salen muy impresionadas, con sentimientos encontrados de rabia o tristeza después de este curso", señala.

Este agustino recoleto lleva años trabajando en la prevención de los abusos e imparte varios cursos sobre educación sexual, castidad y roles de género; la adicción al cibersexo o cómo identificar los perfiles de un abusador. "La investigación científica sobre la dignidad humana desde la óptica de la antropología cristiana es fundamental", manifiesta. Los cursos impartidos en este Instituto, que cuenta con el aval de una de las víctimas más reconocidas a nivel internacional, el chileno Juan Carlos Cruz, se basan no solo en "los aspectos cognitivos o intelectuales", ya que es necesaria "una transformación de los corazones".

"Muchos llegan con dudas sobre el grado de difusión de esta realidad; otros quieren buscar solo datos y estadísticas, pero poco a poco todos ganan una mayor sensibilidad", asegura.

El equipo docente cuenta con profesionales juristas, psicólogos y canonistas. "Se trata de una red interdisciplinar que trabaja desde una perspectiva global", señala Carrón. No solo se busca contrarrestar la violencia contra los menores en la Iglesia, sino que su ámbito de actuación se extiende a todos los maltratos ejercidos sobre personas vulnerables, como inmigrantes que son víctimas de trata, mujeres o jóvenes en una situación de dependencia o adicción.

En este sentido, Carrón también considera importante analizar y prevenir los abusos de poder y conciencia contra los seminaristas o los que se dan en el seno de las congregaciones religiosas.