Españoles cuyas parejas son ciudadanos de países de fuera del área Schengen y a los que la pandemia mantiene separados desde hace meses siguen batallando con los Consulados para poder reunirse en España, tres semanas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación emitiese una instrucción para intentar resolver su caso.

Las autorizaciones van llegando, pero no a todos los que las piden. Victoria recibió este mismo viernes un email del Consulado en Moscú denegándole el permiso para reunirse en Lugo con Gabriel por no poder demostrar una convivencia de un año. A Romina y Daniel, después de un periplo rocambolesco en plena pandemia, el consulado en Túnez les aconsejó que ella volviese a Buenos Aires y él a España para resolverlo todo.

Jorge, mexicano, esperaba reunirse con Manuela en Lombok (Indonesia) en abril, y ahora solo sabe que solo para presentar su solicitud debe viajar personalmente a Yakarta, donde está el Consulado, y desconoce si podría traer con él a España a su hijo de 18 años.

Algunas son parejas de larga duración que han compartido su vida en distintos lugares del mundo, a otras el coronavirus les truncó planes inminentes de establecerse en España, pero todas tienen en común que no están registradas oficialmente y, por lo tanto, no pueden cruzar fronteras que están cerradas para la mayor parte de los ciudadanos.

Tras cuatro meses de campaña en redes sociales con la etiqueta 'Love is not tourism' ('Amor no es turismo'), el 20 de agosto el Ministerio de Exteriores anunció un procedimiento, en colaboración con Interior, para que los Consulados puedan acreditar que existe una relación de pareja y emitir un documento que les permite embarcar en un avión rumbo a España.

Sin embargo, en la práctica los trámites están demostrando ser más lentos y los requisitos menos laxos de lo que algunos esperaban, en parte porque hay Consulados que siguen exigiendo una prueba de convivencia durante un año. Es decir, lo que pone, negro sobre blanco, el artículo del real decreto de 2007 en el que se basa todo el procedimiento y lo que precisamente muchas de estas parejas no pueden demostrar.

"No es necesario haber convivido en el mismo domicilio más de un año. Es necesario probar que la relación ha tenido una duración de al menos un año. Así se ha trasladado a todos nuestros Consulados", escribió en Twitter el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, ante las protestas de quienes se vieron decepcionados los primeros días.

CONSULTA A LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Muñiz también desveló esta semana, en una intervención telemática en una Universidad chilena, que para elaborar el procedimiento se hizo una consulta a la Abogacía del Estado y que ésta aclaró que una relación duradera puede incluir aquellas parejas que no han convivido. Ahora, Victoria y Gabriel han vuelto a enviar su solicitud al Consulado en Moscú adjuntando el enlace a esta conferencia.

Fuentes de Exteriores han asegurado que se están empleando a fondo en garantizar que se cumple la orden y que el director general responsable de asuntos consulares ha remitido a las oficinas dos telegramas, y ha hablado por teléfono con 40 de ellas. En algunos Consulados, afirman, el porcentaje de 'luces verdes' es del 90 por ciento.

En Twitter, después de unas primeras semanas de confusión, algunos usuarios comparten su alegría por haber recibido el 'ok' de Consulados como Nueva York o Houston. Desde Rosario (Argentina) lo consiguió Jesica, que había viajado a su países natal para arreglar sus papeles de nacionalidad italiana cuando se cerraban las fronteras. Su caso era de los más sencillos porque desde Calafell (Tarragona) su novio Tomás pudo enviar un certificado de empadronamiento conjunto.

En el Ministerio no tienen datos de cuántas personas están afectadas por ésta situación pero el grupo de afectados en España que existe en Facebook tiene 1.120 miembros. Entre ellos está Laura, que por el momento solo ha hecho una consulta al Consulado de España en Guatemala para que Ángeles pueda viajar. Ellas sí convivieron en este país, pero solo guardan el contrato de los últimos seis meses, antes de que Laura volviese a España y empezase los trámites para asentarse ambas como pareja en Zaragoza.

¿FACTURAS DE UBER?

Ángeles debía seguirla después y ahora esperan que su casero quiera atestiguar que convivían, o que les acepten otro tipo de pruebas, como facturas de Uber que coinciden en la misma dirección, o la carta de invitación que la familia de Laura escribió para que ambas viajasen a España unas Navidades. Su primera consulta al Consulado recibió como respuesta, este jueves, un email genérico en el que se les informa de que deben acreditar un año de convivencia.

Según la información de Exteriores, las parejas pueden demostrar su relación con otros documentos, desde un "acta de manifestaciones ante notario" del ciudadano comunitario hasta acreditación de cita para contraer matrimonio en España, pasando por cuentas bancarias o facturas conjuntas, o invitación conjunta a eventos familiares.

DECISIÓN DEL CÓNSUL Y DE LOS AGENTES DE FRONTERAS

La lista, según la infografía que difundió el Ministerio en redes sociales, no es exhaustiva, así que la evaluación depende de cada cónsul. La decisión final sobre la entrada en España es, siempre, de los agentes de frontera.

España se convirtió en el undécimo país europeo en abrir una vía para resolver este problema pero, al igual que Francia, Alemania, República Checa, Italia o Finlandia, la campaña internacional 'Love is not Tourism' avisa de que el sistema es restrictivo.

Quienes no han podido beneficiarse del procedimiento iniciaron otra campaña para pedir a España y otros países que hagan como Dinamarca, que admite la entrada de parejas solo con una PCR negativa y una declaración solemne, que puede descargarse por Internet, de que la relación tiene al menos tres meses de duración y de que las personas se han visto regularmente.

Algunos españoles consultados afirman que Dinamarca pide también un billete de vuelta a quienes quieren entrar, porque no se trata de reunificación, sino de que puedan verse parejas que siempre han estado a distancia, pero esa información no figura en la web del Gobierno danés.

"Dinamarca es un buen ejemplo de un sistema poco burocrático que demuestra confianza en los ciudadanos daneses", dice un portavoz de la campaña internacional.

ESPAÑA NO SE SUMARÁ AL MODELO DANÉS

El Gobierno español, por su parte, descarta aplicar este modelo y considera que no es necesario ningún cambio legal. El sistema español, afirman las fuentes, está en línea con el francés o el alemán y la rareza es más bien Dinamarca.

Para Mónica Guzmán Zapater, catedrática de Derecho Internacional Público de la UNED, las españolas son "instrucciones claras para una situación nueva". A su modo de ver, si se trata de despejar sospechas de fraude, lo más adecuado sería hacer entrevistas a partir de cuestionarios, como ya hacen muchos cónsules para detectar matrimonios de conveniencia.

Eso opinna también Rubén, residente en Alicante que solo ha pasado siete meses conviviendo con Olga, pero no tiene ningún documento oficial y asegura que el acta de manifestaciones ante notario solo se acepta si se acompaña de otros documentos.

El hecho, explican fuentes jurídicas, es que el concepto de pareja, incluso el de pareja no registrada, está muy ligado al de matrimonio que se recoge en el Código Civil. "Nuestra relación estable de cuatro años de viaje por el mundo no corresponde para nada al modelo antiguo que determina una pareja bajo los ojos de las autoridades españolas", se lamenta Jorge desde Lombok, "a 200 euros de avión o tres días de ferry" del Consulado español más cercano.

El juicio contra el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán se celebrará este viernes en el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid.

Esta vista, que se ha retrasado hasta en tres ocasiones entre otras causas por la pandemia, es el primer juicio señalado contra Villarejo, que permanece en prisión desde noviembre de 2017 por el 'caso Tándem' --que se sigue contra él en la Audiencia Nacional--. El comisario jubilado se enfrenta ahora a dos años de cárcel por denuncia falsa y calumnias a Sanz Roldán.

Por lo que respecta al primero de los delitos que se le imputan, se trata de la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2017 por Villarejo contra Sanz Roldán y un periodista por un artículo sobre sus "tentáculos" en el mundo judicial que se ilustraba con una fotografía suya, según denunciaba, obtenida en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto.

En la imagen aparecía Villarejo descendiendo de un avión en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla y, siempre según su denuncia, formaba parte de un dossier que el CNI habría facilitado al periódico 'El País' con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán, lo cual sería constitutivo, en su opinión, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito de colaboración con actividades de organizaciones terroristas.

La denuncia no fue admitida a trámite y el juez ordenó el archivo de las actuaciones. Villarejo recurrió en reforma y en apelación, sin ningún éxito, y finalmente la Fiscalía y la Abogacía del Estado acabaron emprendiendo acciones contra él por denuncia falsa en los juzgados de Madrid.

LAS AMENAZAS A CORINNA

Por lo que respecta al delito de calumnias, la Fiscalía afirma que el 5 de junio de 2017, en el programa "Salvados", de la Sexta, el acusado manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte a la examiga del Rey emérito Corinna Larsen "siendo consciente de que no era cierto".

En el listado de testigos de este juicio, está de hecho Larsen, que fue propuesta por Villarejo para ratificar esas supuestas amenazas. En una declaración jurada ante notario, la empresaria acusaba a Sanz Roldán de estar detrás de una "campaña" en su contra y de amenazarla personalmente en un hotel de Reino Unido en el año 2012, después de que Don Juan Carlos tuviera el accidente en Botsuana.

También están citados como testigos el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera; y la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro. Ambos a instancias de la defensa de Villarejo.

Sin embargo, la magistrada ha rechazado las testificales del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y de cuatro periodistas. Se opone a practicar estos interrogatorios al entender que lo que podrían acreditar los dos primeros lo hará el propio Olivera y que el conocimiento de los segundos es de fuente indirecta o lo puede atestiguar Corinna Larsen.

El líder del PP, Pablo Casado, quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare este miércoles en el Congreso qué "recortes" planea el Ejecutivo, mientras que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pretende que hable sobre su compromiso con la regeneración democrática.

¿Qué recortes vamos a tener que soportar los españoles en los próximos años?", reza textualmente la pregunta que Casado ha registrado para Sánchez, al que reclamará que especifique si el Gobierno está barajando la posibilidad de congelar el sueldo de los empleados públicos.

El pasado jueves, Casado ya instó al Ejecutivo a aclarar si estudia una congelación del sueldo de los funcionarios y una subida en la cotización de los trabajadores autónomos, avisando ya de que no piensa "aceptar ningún 'trágala'" en las pensiones, dentro de la negociación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

De su lado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aprovechará su turno de debate con Sánchez para instar al presidente del Gobierno a concretar si tiene su Ejecutivo "un compromiso real con la regeneración democrática".

Arrimadas podría aprovechar su intervención para sacar la presunta 'caja B' de Podemos denunciada por su exabogado José Manuel Calvente o los "dedazos políticos" con los que, según suele denunciar, PSOE y PP se han repartido tradicionalmente la elección de los miembros Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

PERMISOS PARA CUIDAR MENORES

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borrás, intentará que el jefe del Ejecutivo avance qué medidas piensa tomar para "dar seguridad" a las familias en este curso escolar que ya ha empezado y que estará "marcado por la pandemia" de Covid-19.

En concreto, la independentista catalán quiere que Sánchez aclare ya, después de las contradicciones surgidas en el Gobierno, si finalmente los padres y madres con menores en cuarentena podrán tener un permiso retribuido.

En la misma sesión de control del miércoles, la oposición dirige tres interrogantes a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y dos al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Así, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, le pedirá que dé cuenta de las "pruebas de lealtad" que ha dado el Gobierno a la oposición para pedirle que ahora "arrime el hombro", y su homólogo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aprovechará su pregunta para echar en cara a la vicepresidenta la gestión del Gobierno--"¿Es consciente que la gestión está perjudicando sobre todo a los españoles más vulnerables?"--.

MEMORIA HISTÓRICA

La tercera pregunta para Calvo la firma la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Carolina Telechea, quien busca que Calvo explique a la Cámara las medidas que pretende aprobar el Gobierno para reparar a las víctimas de delitos y vulneraciones de derechos durante el franquismo y la Transición. Previsiblemente, el Consejo de Ministros aprobará esta semana el proyecto de ley de reforma de la Memoria Histórica.

A Calvo dirige también la CUP una interpelación, en su condición también de ministra de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, sobre precisamente "la relación del Gobierno con las Cortes y la necesidad de transparencia", según reza el título de la iniciativa.

El fenómeno de la okupación es el tema elegido por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para preguntar, por su parte, al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mientras que la secretaria general de Vox, Macarena Olona, le planteará si va a dimitir tras los "escándalos judiciales" que le afectan tanto a él como a su partido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, interrogará el próximo martes en calidad de testigo a la exabogada de Podemos Mónica Carmona en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la financiación del partido.

La causa se inició a mediados del pasado mes de agosto a raíz de la denuncia del abogado despedido de la formación José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros delitos.

Por su parte, la Fiscalía de Madrid informó la semana pasada en favor de investigar el asunto y señaló que ve indicios en la denuncia de Calvente, pero únicamente eno en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting. Se trata de la misma sociedad a la aludía el Tribunal de Cuentas en un informe en el que señalaba posibles irregularidades contables que podrían tener también consecuencias en el ámbito penal.

Sobre las otras cuestiones señaladas por Calvente en su denuncia, entre ellas las relativas a obras en la sede del Partido, la Fiscalía reseña que no encuentra indicios delictivos mientras que otro grupo de irregularidades aludidas por el abogado despedido parecen provenir de "rumores, sospechas o suspicacias" que no deben ser parte de la investigación judicial.

El juez Escalonilla imputó a Podemos como persona jurídica después de escuchar la ratificación d ella denuncia de Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

CARMONA QUISO INVESTIGAR CON CALVENTE

Carmona, que está citada para este martes 15 de septiembre, es otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.

Estas irregularidades, según la versión del abogado denunciante, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. Calvente dirigió sus sospenchas hacia Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

Por el momento, el juez ha imputado a Podemos, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular y ha requerido abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, inaugurará este lunes el VIII Foro Parlamentario Hispano-Portugués, que se celebra en Lisboa, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro luso, Antonio Costa, y con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Este Foro Parlamentario, que se celebra con carácter previo a la cumbre gubernamental entre España y Portugal que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre en Guarda (Portugal), dará comienzo a las 09.30 horas, con la internveción de Batet y del presidente de la Asamblea de la República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Posteriormente, la presidenta del Congreso mantendrá una reunión con su homólogo; al mediodía, con el primer ministro portugués, Antonio Costa, y ya por la tarde será recibida por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

RETOS COMUNES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Paralelamente, tras la inauguración, se iniciarán los trabajos del Foro Parlamentario con la celebración de la primera mesa de debate sobre los desafíos comunes de España y Portugal en Europa, y sobre las 11.30 horas está previsto el inicio de otras dos mesas de trabajo que, bajo el título de "Cooperación Transfronteriza: Infraestructuras y Conectividad", se tratarán temas de transportes, vías de comunicación, innovación y transición digital.

Simultáneamente, el tercer panel, "Cooperación Transfronteriza: Comunidades y Territorio", abordará asuntos relacionados con población, medioambiente, energía, redes de apoyo a las poblaciones de frontera, apoyos a la fijación de población en el interior y descentralización administrativa.

La clausura del acto, prevista para las 16.30 horas, contará de nuevo con la intervención de la presidenta del Congreso y del presidente de la Asamblea de la República de Portugal.

DELEGACIÓN DEL CONGRESO

La delegación del Congreso, encabezada por Batet, está integrada por una representación de la Mesa de la Cámara formada por Ana Pastor (vicepresidenta segunda), Gloria Elizo (vicepresidenta tercera), Ignacio Gil Lázaro (vicepresidente cuarto) y Adolfo Suárez Illana (secretario cuarto).

También participarán otra decena de miembros del Congreso, entre ellos la presidenta de la Comisión de Política Territorial, Luisa Carcedo; el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Celso Delgado, o la presidenta de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la UE, Susana Sumelzo.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al narcotráfico de hachís en las provincias de Málaga y Cádiz. Tras más de un año de investigaciones, la operación, denominada 'Tortilla', ha culminado con la detención de 64 personas investigadas por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según han informado desde el instituto armado, el conocido como clan de los Pinchos supuestamente operaba en las costas de Málaga y Cádiz, aunque el grueso de la organización se ubicaba en el Campo deGibraltar.

En esa zona, la Guardia Civil ha encontrado hasta un varadero para las narcolanchas en uno de los registros practicados en Palmones (Cádiz). Seis de estas embarcaciones han sido incautadas, además de 16 vehículos. En total, el valor de lo intervenido asciende a tres millones de euros.

Fruto de estos registros, la Guardia Civil, con la colaboración de Europol, ha incautado a la organización ocho toneladas de hachís. La organización desmantelada introducía en España entre 3.000 y 6.000 kilos de esta droga al mes, según han indicado en un comunicado.

El primer alijo fue interceptado por los agentes en el paraje conocido como Catalaraje, en Estepona (Málaga). Ahí, la Guardia Civil detiene a los seis primeros miembros de la organización y logra incautar casi tres mil kilos de hachís.

Los investigadores continuaron las pesquisas y comprueban como enposteriores alijos los cabecillas cambian la manera de desembarcar la droga ante la presión de la Guardia Civil.

En un segundo alijo intervenido, la organización realiza varios desembarcos en zonas de difícil acceso desde tierra, fraccionando la carga, para evitar jugársela en un solo punto de la costa, han explicado desde el instituto armado.

En otra ocasión, el clan opta por realizar dos alijos simultáneos usando para ello dos embarcaciones rápidas. Además llegan a cambiar la zona de desembarco, llegando a alijar a la misma vez en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga.

Según han explicado, a pesar de todas las variantes del modus operandi que usa la organización para conseguir introducir el hachís en la Península, la Guardia Civil le incauta a la organización ocho toneladas de hachís en cuatro alijos.

Por otra parte, los investigadores detectan operaciones de blanqueo y reciclaje de capital procedente del narcotráfico. Para ello adquirían el material náutico necesario para realizar las actividades ilícitas a una empresa de uno de los componentes de la organización, siendo los administradores sus propios padres.

Para realizar los pagos de dicho material náutico (motores, medios electrónicos, material de náutica) usaban como testaferros a personas con poca o ninguna capacidad económica, en algunos casos en estado de marginalidad.

El valor de lo incautado asciende a tres millones de euros, entre ello embarcaciones, vehículos, bienes muebles e inmuebles, así como el embargo de sus cuentas bancarias.

En la explotación de la operación han participado 250 guardias civiles de la Comandancia de Algeciras, Servicio Aéreo, Grupo de Acción Rápida, Grupo de Reserva y Seguridad, así como el CCON y el OCON.

Un tribunal de cinco magistrados escuchará el viernes los argumentos de la defensa de Quim Torra contra la condena de año y medio de inhabilitación que le fue impuesta por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentista durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.

La confirmación de la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) supondrá ejecutar la inhabilitación y la salida de Torra de la Presidencia de la Generalitat.

Los cinco magistrados encargados de dirimir este asunto son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo, los tres primeros integrantes de la Sala que dictó la sentencia por el 'procés' independentista en Cataluña.

En el trámite del próximo jueves las partes podrán exponer sus posturas, es decir, la Fiscalía defenderá ante el tribunal que confirme la condena -de hecho pidió la inadmisión de plano del recurso de la defensa, algo que la Sala no aceptó--, mientras que la defensa de Torra pedirá de nuevo la absolución.

NO SE BUSCA PERSECUCIÓN POLÍTICA

La petición de la Fiscalía obedeció a su convicción de que las resoluciones del órgano que controla los procesos electorales que afectaron a Torra no tenían como finalidad perseguirle políticamente, tal y como sostiene la defensa del presidente de la Generalitat en su recurso, y que por eso debió inadmitirse de plano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó el pasado 19 diciembre a Torra por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta colocada por la Generalitat por la libertad de los políticos independentistas presos y el lazo amarillo durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.

Por estos hechos fue sentenciado a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 3.000 euros por un delito de desobediencia, que de ser confirmada por el Supremo adquiriría firmeza. Torra reconoció en el juicio que se celebró en el TSJC el 18 de noviembre de 2019 que desobedeció a la JEC, alegando que "era imposible cumplir una orden ilegal".

Ciudadanos forzará una votación en el Congreso de los Diputados respecto a la situación en la que se encuentran los militares temporales de tropa y marinería que deberán abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

El partido liderado por Inés Arrimadas debatirá sobre el asunto la próxima semana con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una interpelación urgente que se traducirá en una moción consecuencia de interpelación que deberá ser votada en el siguiente Pleno que celebre la Cámara y obligará a todos los grupos parlamentarios a posicionarse al respecto.

Ciudadanos sitúa a estos militares como uno de los colectivos que sufren el "trágico escenario" que ha provocado la pandemia y "su deficiente gestión por el Gobierno", "servidores públicos que ponen su vida al servicio de nuestro país y de nuestra protección y defensa y que, sin embargo, se verán expulsados del Ejército y en situación de desempleo en el peor momento posible".

Según lamenta, el Ministerio de Defensa no ha dado soluciones a la "triste y desalentadora" situación en la que se encuentran los militares de tropa y marinería, que deben abandonar la carrera militar al cumplir los 45 años.

"Aquellos que no hayan tenido la ocasión de ascender o de reconvertir su situación de temporalidad en permanencia se verán expulsados de las Fuerzas Armadas y se encontrarán parados a la temprana edad de cuarenta y cinco años", denuncia la formación 'naranja'.

Ciudadanos defiende que es "perentorio e inaplazable" un cambio normativo y lamenta que los dos partidos que forman parte del actual Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, estaban a favor de ello cuando ocupaban la oposición pero no lo apoyan ahora que pueden hacerlo desde el Palacio de la Moncloa.

A su juicio, la solución es aún más urgente en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia y la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Covid-19. "Muchos militares pasarán de estar luchando contra la propagación del virus a verse al día siguiente despedidos por haber cumplido cuarenta y cinco años", lamenta.

La propuesta de Ciudadanos propone prorrogar el compromiso de larga duración de estos militares durante la actual situación de "depresión económica para evitar que pasen a una situación de desempleo "en un escenario de oportunidades laborales que, si ya es hostil a partir de esa edad, se antoja absolutamente adverso en el actual contexto".

VETO DEL GOBIERNO A UNA LEY DE VOX

Precisamente, el Gobierno mostró esta semana su oposición a la tramitación de una proposición de ley registrada por Vox sobre el mismo asunto y que pedía la aprobación de una ley única de la carrera militar para, entre otros asuntos, acabar con la salida de militares a los 45 años.

El Ejecutivo ha argumentado que esta medida tendría un coste anual de 208 millones de euros y ha vetado la tramitación de la reforma legislativa, aunque la decisión final aún está en manos de la Mesa de la Cámara.

La vista oral del denominado 'caso SGAE' se celebrará desde este lunes en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, y en ella se juzgará a once personas, entre las que se encuentra el que fuera presidente del Consejo de Dirección de la sociedad de autores Teddy Bautista, por el desvío "masivo" de fondos.

Según el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado del juez instructor José de la Mata, la trama habría cometido delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

De la Mata indicaba, tras siete años de investigación, que los inputados llevaron a cabo "una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE" a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a 'Microgénesis' de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando "perjuicios y pérdidas constatados" para la sociedad de autores.

En su escrito de acusación, que data de septiembre de 2017, el fiscal interesaba siete años de cárcel y una multa de 135.000 euros para el expresidente del Consejo de Dirección de la SGAE Teddy Bautista, y le imputa un delito de apropiación indebida.

Entre los otros diez acusados se encuentra José Luis Rodríguez Neri, exdirector de la SDAE --filial digital de la SGAE--, para el que se solicita la pena más alta, doce años y medio de prisión y una multa de 270.000 euros por apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita; lo mismo que para Rafael Ramos, exsocio de Rodríguez Neri.

La mujer de Rodríguez Neri, María Antonia García Pombo, y la hermana de ésta, Pilar, también están acusadas en esta causa de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita, por lo que el fiscal pide para las dos diez años y siete meses de prisión y 258.000 euros de multa.

Otra de las procesadas es la hermana de Rodríguez Neri, Juana Cristina, para quien el Ministerio Público solicita ocho años y tres meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los mismos delitos que los anteriores.

La hija del socio de Bautista, Leticia Rodríguez Álvarez, está procesada también por asociación ilícita y el fiscal pide para ella dos años de prisión y multa de 54.000 euros. Según el escrito, colaboró con su padre en diferentes actos jurídicos con la finalidad de ocultar "la auténtica realidad de los hechos relacionados con Microgénesis", empresa de su padre.

Para Enrique Loras García, exdirector general de la SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, exdirector financiero, el Ministerio Público pide en su escrito de conclusiones seis años y un mes de cárcel así como 67.500 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida.

PERJUICIO DE 47 MILLONES DE EUROS

La Fiscalía Anticorrupción estima que el perjuicio causado a la SGAE por el desvío de fondos ascendería a 47.606.746,46 euros, cantidad con la que nueve de los once acusados tendrían que indemnizar a la asociación.

La Fiscalía también dirige la causa como responsables civiles contra 14 empresas que son Microgénesis, Ribera de Mayorga, Hipotálamo, Micromega Consultores, Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Canal Micro, Microgénesis producciones, Res Cognita, Luna Promociones, Sciralia, Coqnet, Microgénesis Medio y Communi TV.

TÁNDEM BAUTISTA-NERI

En el escrito, el fiscal apunta que Bautista --que ostentó la presidencia de la asociación durante 16 años-- dispensó "en todo momento un trato preferencial" a Neri, quien mantuvo una posición de "privilegio" debido a su cercanía con Bautista.

Precisa que introdujo a Microgénesis (empresa de Neri y a cuyo frente estaba su mujer y también acusada María Antonia García Pombo) en la sociedad en 1998 para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La retribución mensual de la compañía oscilaba entre los 5.000 y 6.000 euros.

El afianzamiento de Microgénesis como "sociedad de trato preferencial" de la SGAE se fortaleció "de modo imparable" en el tiempo, según el fiscal, que detalla que se llegó a apoderar a Neri por acuerdo de la Junta Directiva para abrir y gestionar una cuenta bancaria referida a subvenciones de la Comisión Europea.

Neri y su socio, el también acusado Rafael Ramos, idearon una "malla societaria" con la que aparentaron contrataciones ilícitas que les reportaron un "inequívoco lucro ilícito" para ellos y sus familiares, también implicados en la trama. Igualmente se valieron de empresas pantalla como Portal Latino.

SDAE, UNA ESTRUCTURA "SUPERFLUA Y NOCIVA"

El escrito resalta cómo tanto Neri como Bautista pusieron en marcha en el año 1999 la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), pese a la nulidad acordada por la Audiencia Provincial de Madrid confirmando la del juzgado de primera instancia, y la convirtieron con el paso de los años "en una superestructura, además de superflua, nociva para la SGAE.

Además, los acusados intentaron que no existieran expedientes sobre los procedimientos abiertos en la sociedad de autores y sortearon los controles de las compras estipulados, lo que llevó a Neri a actuar con una "permisividad excepcional" incluso en operaciones superiores a los 6.000 euros.

Anticorrupción expone igualmente que el monto total de perjuicio causado entre los años 2003 y 2007 de la SDAE a la SGAE fue de 2.099.095,13 de euros debido, en gran parte, al impulso que los acusados pretendían dar a TESEO, un proyecto para potenciar la promoción de contenidos en la red y sistema "ilícito desde su origen" para la Fiscalía.

El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha sostenido este domingo que solo JxCat puede garantizar que Cataluña tenga "un Govern netamente independentista".

"Lo que está claro es que JxCat competirá en estas elecciones y que de su resultado dependerá que haya un Govern netamente independentista", ha insistido en una entrevista en 'El Món'.

Según él, en las próximas elecciones los partidos independentistas no prevén presentar una lista conjunta porque no lo consideran la mejor fórmula: "Como el paradigma ha cambiado, porque es una opción descartadísima por una parte del independentismo, nos obliga a competir entre nosotros".

"No es una decisión que haya tomado JxCat, que habría querido no tener que entrar en una competición electoral. Pero la habrá. Lo que no podemos hacer ahora es lamentarnos porque vamos confrontados a las elecciones", ha dicho.

Ha atribuido esta situación a la falta de unidad política y al hecho de que el independentismo no haya creado "una dirección aliada, un espacio donde todas las decisiones fueran compartidas, desde la mesa de diálogo hasta el fin de la legislatura".

ELECCIONES Y ERC

Sobre hasta cuándo aplazar las elecciones que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció a principios de año que convocaría, ha afirmado que "en principio se deberían celebrar en diciembre de 2021, que es cuando se termina la legislatura".

"Creo que la decisión del presidente Torra fue tomada con mucho rigor y que los efectos se ven, porque ahora tenemos un Govern que está más preparado para afrontar una segunda ola de la pandemia de lo que lo estaría un gobierno nuevo", ha dicho.

Preguntado sobre si dudó en plasmar en su nuevo libro las relaciones con ERC durante 2017, ha dicho: "Llevamos tres años escuchando muchas versiones sobre muchas cosas que me han afectado, corría el riesgo de que quedara instalada una determinada narrativa que no se corresponde con la realidad".

ArcelorMittal no vislumbra un escenario de reapertura "pronto" de la ACB de Sestao --parada desde el pasado mes de marzo-- porque la situación sigue siendo "muy adversa y no hay mejoría en el mercado de los aceros especiales". Por contra, la planta de Etxebarri funciona "a buen ritmo", ya que el mercado de la hojalata no se ha visto tan afectado por la crisis económica derivada de la pandemia.

Según han informado a Europa Press fuentes de la multinacional, los trabajadores de la ACB están sujetos a un ERTE vigente para todas las plantas de Arcelor Mittal en España hasta el 31 de diciembre de 2020, que se puso en marcha el pasado mes de mayo derivado de la situación por causas productivas y económicas. Esta crisis también ha afectado a otras instalaciones del grupo como las de Asturias, con un horno alto parado.

En el caso de la acería de Sestao, solamente hay un retén mínimo de personal de mantenimiento y "no hay una recuperación que se traslade a la demanda", por lo que, "de momento, las previsiones para Sestao es que siga parada, porque no se dan las condiciones para poder arrancarla de nuevo", han indicado las citadas fuentes, para insistir en que "no hay visibilidad" de un cambio de situación, como tampoco lo hay para la fábrica de Asturias para el último trimestre.

Según han explicado desde la multinacional, se va arrancar un horno alto que estaba parado en Asturias, movimiento asociado a que para uno de los hornos altos de Gante (Bélgica) y, "para ese tiempo de remodelación que van a ser, en principio, tres meses, se reabre el horno asturiano para poder abastecer a clientes".

"Esta reapertura tiene carácter temporal. El horno asturiano lleva parado desde que empezó la pandemia, todavía no hay recuperación de demanda y no hay tampoco visibilidad a medio plazo de cuándo se podría producir la reapertura", han manifestado.

Los principales clientes de la ACB de Sestao son la automoción y la industria, mercados que se han visto "muy resentidos", a lo que se une los altos precios de la energía eléctrica. "El coste de energía y la situación de una drástica caída de la demanda en Sestao, que ya tenía una rentabilidad mínima, --contaba con un plan de negocio adaptado a la producción de aceros especiales con una reducción de producción--, en 2019 tuvo un resultado negativo y en 2020, con el impacto de la pandemia, ha tenido que parar", ha explicado.

A pesar de los datos que apuntan a una cierta recuperación del sector de la automoción, en ArcelorMittal no han apreciado que esa supuesta mejora se traslade a la producción de sus acerías. "Tenemos una de las dos líneas de galvanizado paradas y el resto de instalaciones está funcionando al 50%", han indicado.

Además, han apuntado que a estos factores se une el "perjuicio" que les supone la importación de acero procedente de fuera de Europa, con productores de Turquía o China, que ofrecen precios más bajos. "La poca demanda que hay, lógicamente, busca el precio más barato, lo que está afectando también a Sestao", han precisado.

ETXEBARRI

Distinta es la situación de la fábrica de ArcelorMittal en Etxebarri (Vizcaya), que está funcionando "casi a plena capacidad" porque el mercado de la hojalata, que se destina a los fabricantes de envases para la industria agroalimentaria, es uno de los que se ha mantenido "bien", por lo que el impacto de ERTE del Grupo en esta fábrica es "muy limitado".

"Se está trabajando a buen ritmo, con buena producción y no está siendo necesario recurrir al ERTE en líneas generales. No llega al 100% la producción, pero está a muy buen ritmo de producción y sin problemas en cuanto a demanda", han añadido.

La incertidumbre de la situación y la falta de visibilidad de cómo se puede recuperar el mercado y la expectativa de una segunda oleada económica por confinamientos, etc, dificulta las previsiones de ArcelorMittal, que tendría que negociar otro ERTE a partir del 31 de diciembre si la situación no permite reabrir las instalaciones paradas.

Vox llevará este martes al Pleno del Congreso una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017. Ello incluye a ERC, Junts, el BNG, la CUP y EH Bildu, entre otros, aunque los de Santiago Abascal tampoco descartan al PNV o "partido recogenueces", como le denominan.

Fue el propio presidente del partido quien registró el pasado enero esta proposición de ley con la que, según apuntó entonces, pretenden ilegalizar "a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España", y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

Vox sostiene que en la actualidad existen partidos que expresan en sus estatutos --e incluso desde su posición en las administraciones e instituciones-- su voluntad de "romper España" y el orden constitucional, partidos que han incitado "a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder" y partidos que han "justificado" el terrorismo.

HAY QUE PONER LÍMITES

Y, frente a esto, lo que plantea es una reforma legislativa que ponga límites para que las formaciones políticas sean herramientas de participación política y una expresión de pluralismo, pero no "un peligro para la unidad y la convivencia entre españoles".

No se trata --argumentan en el texto recogido por Europa Press-- solo de proclamaciones ideológicas sino también de actuaciones reiteradas y sistemáticas que ya han merecido las más severas sanciones de la jurisdicción nacional, constitucional y ordinaria.

En concreto, con su proposición Vox quiere ilegalizar a aquellos partidos que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, que justifiquen la violencia como "método de acción política", que ataquen las libertades y los derechos fundamentales, que apoyen organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad de España o que promuevan referendos o leyes contra la soberanía.

Y QUE DEVUELVAN LOS FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS

"El Legislativo no puede hoy abstenerse de intervenir, lo que sería tanto como hacer dejación de su alta función en una situación crítica, sin procurar al Poder Judicial medios normativos suficientes para el enjuiciamiento de legalidad de tales partidos, con arreglo a la jurisprudencia constitucional", arguyen.

Pero, además, los de Santiago Abascal también incluyen en su iniciativa que aquellas formaciones políticas que han incumplido "esas bases mínimas" tengan que devolver los fondos públicos recibidos.

Unidas Podemos someterá a votación esta semana en el Pleno del Congreso su iniciativa para que el Gobierno obligue al Centro de investigaciones Sociológicas (CIS) a preguntar en sus encuestas sobre la Monarquía, el Rey y los distintos miembros de la Familia Real.

Hasta ahora, el centro demoscópico que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos y que depende de la vicepresidenta Carmen Calvo se ha negado a incluir preguntas específicas sobre la Monarquía alegando que no es un tema que los españoles citen en los barómetros mensuales como un problema para España y que, cuando se preguntó por las posibilidades de reforma de la Constitución, tampoco hubo menciones relevantes a la Jefatura del Estado.

En su proposición no de ley, recogida por Europa Press, Unidas Podemos recuerda que la última vez que el CIS preguntó directamente por la Monarquía fue en abril de 2015, meses después de la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, y en aquella ocasión la institución tuvo una nota media de 4,34 puntos, mejor que antes del relevo de la Corona.

"Los cambios de Gobierno y el relevo en la Presidencia del CIS no han evitado que se continúe sin preguntar directamente a la ciudadanía por su valoración sobre la Monarquía y la Jefatura del Estado", se queja Unidas Podemos, subrayando que el equipo de Tezanos sí que ha introducido otros cambios como incluir todos los meses preguntas de intención de voto y de valoración de líderes, cuando antes se recogía trimestralmente.

QUEJAS SOBRE TEZANOS

A su juicio, el equipo de Tezanos "parece seguir apostando porque la Monarquía no pueda ser evaluada en las encuestas del CIS por los ciudadanos como cualquier otra institución, creando así una situación de difícil justificación de cara a una ciudadanía moderna y también a los investigadores en sociología en la que partidos políticos, medios de comunicación y seguramente también la propia Casa Real están haciendo encuestas incluyendo la valoración de la Monarquía pero sin que los detalles de la metodología, los microdatos o incluso el propio resultado sean puestos a disposición en el dominio público.

Por todo ello, el grupo confederal, que comparte Gobierno con el PSOE, quiere que el Congreso inste al Ejecutivo "a trasladar a los responsables del CIS la necesidad de volver a preguntar de forma específica en sus encuestas sobre la valoración de la Monarquía así como la valoración de los diferentes miembros de la Familia Real", lo que incluiría no sólo a Felipe VI, sino también al Rey emérito, Juan Carlos I.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido usar los fondos europeos de recuperación tras la crisis del coronavirus para promover cambios en la "clase empresarial dirigente" en España.

"Es clave decir que en España puede haber sectores emprendedores que arrimen el hombro y que nos permitan construir juntos una dirección histórica como país diferente a lo que hemos conocido en los últimos tiempos", ha asegurado en una entrevista en 'La Vanguardia' este domingo.

También ha apostado por una mayor participación territorial en este ámbito: "El otro día, el presidente dio una conferencia, a la que yo asistí, ante los principales apellidos del poder empresarial en España y a mí me faltaban más apellidos catalanes y vascos".

CATALUÑA

Con las elecciones catalanas, ha asegurado que se abrirá el debate sobre "el papel de Cataluña en la dirección de Estado", en el que asegura que los comuns tendrán un papel crucial.

Al preguntársele si han hablado con el PSOE de un posible indulto a los líderes independentistas condenados por el 1-O, ha dicho: "Hay cosas que, para lograr que ocurran, es mejor no hablar de ellas. En público".

PRESUPUESTOS

Ha sostenido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) darán estabilidad a la legislatura en un momento en que "la crisis de la Covid-9" se está acelerando y en el que considera necesario abordar un nuevo modelo productivo y la plurinacionalidad con la mayoría de la investidura, en sus palabras.

"¿Es verosímil y sensato llegar a acuerdos de Estado con quien configura un bloque, como dijo bien el presidente aludiendo a la foto de Colón, y gobierna con el apoyo de la ultraderecha? No es cuestión de preferencias sino de sentido común", ha dicho, sobre los posibles apoyos a las cuentas.

Preguntado por una posible negociación con el PDeCAT, tras la escisión de JxCat, ha apostado por "hablar con todos, el PNV,EH Bildu, ERC, y también con Junts".

CURSO ESCOLAR E IMV

Ha asegurado que el Ministerio de Trabajo estudia cómo apoyar a los padres con hijos que tengan síntomas de Covid-19 una vez empiece el curso y a los que no puedan llevar al colegio: "Es absurdo que esos padres, esos trabajadores no estén protegidos por una incapacitación temporal".

Preguntado por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha asegurado que en su despliegue ha entrado "en contradicción lo político con dificultades técnicas inherentes a la gestión que tiene que llevar a cabo la Seguridad Social", lo que ha dado lugar a una situación que ha calificado de inaceptable y que se ha emplazado a solucionar.

INVESTIGACIONES A PODEMOS

Sobre la investigación a Podemos por presunta financiación irregular, ha asegurado que el partido colaborará con la justicia: "Estamos acostumbrados a recibir denuncias sobre nuestra financiación, han sido catorce en los últimos años y todas han sido archivadas, y con esta ya estamos viendo lo que está ocurriendo".

"Creo que incluso la gente que no nos tiene ninguna simpatía es consciente de que, con los enemigos tenemos nosotros, no nos podemos permitir ni hacer una cuenta mal", ha añadido.

La secretaria general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, no "manifestar patriotismo" al condicionar la posibilidad de sentarse en la mesa de diálogo con el Gobierno sólo si abordan el derecho a la autodeterminación.

En una entrevista ha asegurado que no comparte el "maximalismo" de Torra y de JxCat de limitar a esto la mesa, porque cree que hay ámbitos en los que se podría avanzar, como financiación, inversiones e infraestructuras.

"Decir que no se quieren resolver los problemas del día a día de la gente precisamente porque no resolvemos el conflicto político nos parece que no es una forma de manifestar patriotismo. El patriotismo hoy se manifiesta también ayudando a empresas, autónomos y trabajadores", ha defendido.

Según Pascal, ahora es fundamental no levantarse de la mesa, dejarse de "excusas", aumentar el nivel de exigencia y actuar con responsabilidad para que el Estado cumpla los compromisos y lo que debe a Cataluña.

En su opinión, hay que crear un clima de confianza con el Estado tras una década en la que ambas partes no han abordado cuestiones fundamentales del día a día de la ciudadanía, lo que requerirá tiempo, advierte.

Así, cree que se debe avanzar en aspectos en que la administración catalana "está siendo menospreciada" por el Gobierno del PSOE y --antes-- del PP, y ante los cuales considera que el Estado no puede mirar hacia otro lado.

Esto --ha aclarado-- no significa que no quieran hablar del conflicto a raíz del proceso soberanista, sino que quieren resolver ambas cuestiones: "Lo que no nos vale es que para resolver el conflicto político tampoco se resuelvan los temas del día a día".

"Tengo la sensación de que es una mesa donde cada uno habla de lo suyo pero cuesta encontrar los puntos en común. Parece la excusa para unos y otros, y debería ser un espacio efectivo", ha reclamado la también excoordinadora general del PDeCAT.

Para ella, el Gobierno central debe pasar de las palabras a los hechos, mientras que la parte catalana no debería aprovechar la mesa de diálogo "ni para competir entre los dos partidos del Govern, JxCat y ERC, ni para plantear posiciones maximalistas que, a la hora de la verdad, no permiten avanzar".

PRESOS

También ha situado como una prioridad de la mesa la situación de los presos independentistas para poder normalizar la vida política en Catalunya, ya sea a través de la amnistía o vía indulto: "En la cárcel no hace nada nadie".

Cree que la solución debería ser la amnistía, pero ha recordado que se adhirió a la petición de indulto para la exconsellera Dolors Bassa, y por eso ha insistido en que no tiene sentido que estén en prisión.

"La judicialización del proceso ha sido nefasta, y el Gobierno debe reflexionar al respecto. La decisión de la Fiscalía de suspender el tercer grado es errónea", ha sostenido.

Sobre la voluntad del PNC de emular lo que representa el PNV y su acción política, Pascal ha resaltado que tienen al partido vasco como un referente, y que su intención es ser "útiles" al defender los intereses de los catalanes.

"PÁJARO EN MANO 5.0"

Hay que hablar de los temas concretos y reales: esto es defender los intereses de la gente. Si esto es 'la política del pájaro en mano 4.0 ó 5.0', bienvenido el concepto", y ha defendido que el PNC quiere hacer un planteamiento de futuro, no de nostalgia.

Por eso, defiende que el proyecto del nuevo partido va "más allá de lo que significaba CDC, porque se está en un momento nuevo", aunque pongan sobre la mesa cuestiones como el pacto fiscal y la celebración de un referéndum acordado.

"Se ha acabado el espacio de los bloques y las trincheras, y toca este espacio de suma: desde los que quieren fortalecer el autogobierno, los que quieren apostar por un soberanismo fiscal o un pacto fiscal, que ahora mismo no tenemos, por lo que no es una pantalla pasada, hasta los que defienden un referéndum acordado", ha añadido.

Los comerciantes y vendedores ambulantes de El Rastro de Madrid han señalado que la confianza en el Ayuntamiento "está totalmente en suspenso" y se concentrarán de nuevo hoy por undécimo domingo consecutivo.

De acuerdo con un comunicado emitido por las asociación 'El Rastro punto es', ASIVERAS y ARGATSANA, la razón de su desconfianza se basa en "hechos objetivos y contrastados" referentes a la "forma de actuar tanto del concejal del distrito Centro (José Fernández), como del propio alcalde de Madrid (José Luis Martínez Almeida)".

Los vendedores han lamentado que el mercadillo ya lleva seis meses cerrado y que por el momento la Concejalía tan solo ha proporcionado "obstáculos continuados" al colectivo, en referencia a los planos "ilegibles" y "manipulados" aportados por el concejal.

Respecto a Almeida, los comerciantes han apuntado que pese a declarar que tiene la mano tendida para negociar, "lo único que es cierto es que el Ejecutivo dice una cosa y hace exactamente la contraria".

Además, han apuntado que en la reunión presencial que mantuvieron ambas partes el pasado 4 de septiembre, el Ayuntamiento no aportó ninguna idea nueva.

Ese mismo día 4 de septiembre, el concejal firmaba un decreto convocando el Pleno de la Junta de distrito Centro que incluía una proposición del Partido Popular y Ciudadanos, cuyo punto 11 era debatir y aprobar a tercer y última propuesta del Ayuntamiento de Madrid. Cuestión que nos ocultaron en la reunión presencial, y que desmantelaría el Rastro de Madrid", han expresado.

Así, el colectivo considera que estos motivos son suficientes para volver a concentrarse un domingo más a las 11 horas en la plaza de Cascorro y reivindicar su plan de reapertura con el 50 por ciento de los puestos de forma alternativa cada fin de semana y en sus ubicaciones habituales.

Una propuesta que consideran "justa y generosa" y con la que acudirán de nuevo a la reunión presencial de este lunes a la que están citados con representantes del Ayuntamiento para buscar una solución al conflicto.