La Audiencia Nacional juzgará desde este martes a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto' o 'Marisol', por colocar en mayo de 1985 un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, con el objetivo de acabar con la vida de los policías nacionales --al menos 21-- que iban a prestar servicios de vigilancia con motivo de un encuentro deportivo.

La Fiscalía solicita para ella en su escrito de acusación 488 años de prisión como autora de veinte delitos de asesinato en grado de frustración con concurrencia de alevosía, un delito complejo de atentado a agentes de la autoridad en grado de frustración y un delito de estragos en grado de frustración. El Ministerio Público añade que concurre además la circunstancia agravante de reincidencia en el delito.

Según recuerda Fiscalía, 'Anboto' --que no tenía antecedentes penales en el momento de los hechos-- junto a Francisco Javier Arizkuren 'Kantauri', Juan Carlos Arruti y un tercero conformaban en en 1985 el denominado 'Comando Araba'de ETA. Fue en mayo cuando deciden "situar un artefacto deflagrante y provisto de gran cantidad de metralla en el polideportivo".

Querían "causar la muerte de un número no determinado, no inferior a veintiuno, de miembros de la Policía Nacional", señala el Ministerio Público para luego añadir que el objetivo era que el coche bomba explotara cerca de tres furgonetas policiales con una dotación de siete agentes en cada una.

Según el plan trazado por los etarras, harían estallar el artilugio antes de la hora de comienzo del partido, a las 17.00 horas del 21 de mayo "con la intención no solo de acabar con la vida de los policías, sino también de causar importantes destrozos en vehículos estacionados" en la zona y en las propias instalaciones deportivas.

25 KILOS DE GOMA 2 Y 100 KILOS DE TORNILLERÍA

Para la preparación de la bomba, compuesta por 25 kilos de goma 2 y 100 kilos de tornillería --del tipo tirafondos, usados en vías férreas--, Soledad Iparragirre contó con el concurso de los ya condenados Santos Berganza y José Miguel Suescun.

Tras fabricar el artefacto, los etarras se apoderaron a punta de pistola de dos vehículos y custodiaron a los propietarios de los mismos con el objetivo de no soltarlos para que no dieran la voz de alarma.

Entonces, 'Kantauri' y 'Anboto' instalan el artefacto explosivo en uno de los dos vehículos, y es ella la que conduce el coche bomba hasta Mendizorroza, donde lo aparca en las inmediaciones del lugar donde suelen estacionar las furgonetas policiales los días de partido. "Ubica el vehículo orientado hacia las taquillas con el temporizador conectado", se indica en el escrito de Fiscalía.

Una vez estacionado, la etarra ordena vigilar y controlar la zona, y le señalan que "la cosa está mal" ante la gran afluencia de público al estadio y la presencia de muchos policías. Con esa información, Kantauri y Anboto se trasladan al estadio para comprobar si todo está en orden, y luego regresan al domicilio en el que se alojaban.

Para entonces la policía ya estaba alertada de las dos sustracciones de los vehículos y había localizado el coche bomba sobre las 14.00 horas, de hecho los Tedax lo desactivaron "con riesgo para sus vidas".

Por este motivo, y ante el riesgo de ser detectados, los etarras desistieron de realizar la acción, y cuando se produce la llamada telefónica a la DYA avisando de la colocación del artefacto, ya había sido desactivado.

LOS JUICIOS DE 'ANBOTO'

Esta etarra, una de las voces del vídeo que anunció la disolución de la banda terrorista ETA, afronta un largo camino judicial en España que arrancó el pasado mes de julio con el primero de los 12 juicios que tiene pendientes en España, después de que fuera entregada por Francia el año pasado tras cumplir allí casi 20 años de prisión.

Así, hasta ahora ha sido juzgada por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León, y por la presunta entrega de material explosivo que realizó a un comando que finalmente atentó contra una comisaría de Policía en Oviedo en julio de 1997.

Las causas pendientes de la histórica etarra en España incluyen desde asesinatos a instrucciones para atentar o entregas de armamento. Además del atentado contra el comandante, está procesada por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.

También se le relaciona con las instrucciones para atentar contra el Rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao o por facilitar armamento para una acción criminal contra la oficina del DNI de esta misma ciudad el 13 de enero de 1995, causando la muerte de una persona y dejando herida grave a otra.

En mayo de 2018, y mientras estaba presa en Francia, fue una de los dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva. El otro terrorista fue Josu Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', quien fue arrestado en Francia el año pasado y también está reclamado por la Audiencia Nacional.

Podemos da un paso más a su estrategia de "rearme" a escala local con la elección de portavoces municipales y representantes de los círculos, proceso que arranca a partir de este lunes y se extenderá durante un mes.

La formación morada dispone de 810 Círculos activos en España (y 18 en el exterior del país) y los militantes censados en plazo para participar en este proceso alcanzan los 19.228 (aunque la formación tiene más militantes, con incorporaciones posteriores).

Una vez conformados los equipos dinamizadores de círculos y las personas enlace para futuras redes, el turno llega de los órganos locales. Por un lado está el Plenario, que es el órgano para los municipios con 50 militantes o menos formado por el conjunto de la militancia del círculo o círculos activos del municipio, donde se elige al portavoz municipal, con mandato mínimo de un año, así como un consejo de coordinación municipal, que tendrá un tamaño proporcional al número de militantes.

A su vez, está el Consejo de Círculos que estará compuesto por dos integrantes con al menos una mujer de cada círculo activo del municipio. Podrán ser las mismas o diferentes personas que las que formen parte de la red de círculos, y lo serán por un periodo mínimo de un año, que podrá ser ampliado. En estos municipios el conjunto de los militantes elegirán a un portavoz municipal, quien propondrá al Consejo de Círculos la creación del Consejo de Coordinación Municipal.

El Consejo de Coordinación Municipal de Podemos será el órgano tanto para municipios con Plenario, a partir de 11 militantes, como con Consejo de Círculos. Será elegido, en ambos casos, a propuesta del portavoz municipal, pero ratificado por los órganos anteriormente descritos, y deberá ser paritario.

MEJORAR LA IMPLANTACIÓN TERRITORIAL

Este modelo responde a la estrategia impulsada por la Secretaría de Organización estatal, que estableció la figura del militante, cuya creación se aprobó en la última Asamblea Ciudadana, y que dispondrá "de voz y voto" para elegir a los representantes en los órganos de dirección municipal, unido al pago de la cuota de tres euros.

Con ello, se pretende reforzar la estructura territorial de Podemos, afianzando su implantación local y supone un reconocimiento a los integrantes con mayor implicación en la actividad diaria del partido.

De hecho, la secretaria de Círculos de Podemos, Ana Marcello, ha explicado a Europa Press que este proceso era "una necesidad", pues aún "quedaba pendiente" desplegar "capilaridad" en los territorios y barrios.

La visión que persigue la formación morada no radica en "cuánta gente se hace militante, no perseguir un carnet", sino el comprobar cuántas personas asumen la "tarea activa" desde los círculos para avanzar en la transformación política y social a la que aspiran. Así, han constatado una respuesta de las bases "muy satisfactoria".

Para Marcello, la prioridad no es tanto la tarea organizativa o medir cuán grande es el partido, aspectos también relevantes, sino desplegar "capacidad de intervención" en lo local. "Aquí (en Podemos) es tan importante el quien se sienta en el Consejo de Ministerio como el que trabaja en los círculos", ha destacado.

Con este reparto de tareas y responsabilidades, Podemos a nivel local se centrará en la acción, la formación y la capacitación para hacer esa tarea de política "útil", de "entendimiento" con la sociedad civil y de "tejer alianzas" con otras "formaciones hermanas" y agentes sociales.

Los círculos tendrán así la misión de "salir fuera", y empezar desde lo municipal, el "repensar el papel en las instituciones desde abajo" para defender lo público desde "lógicas colectivas" en "los barrios y en la comarca rural" con una organización "importante" pero sobre todo "útil".

"Ese es el rearme y reconstrucción colectiva que se tiene que hacer", ha remachado la dirigente de Podemos en referencia a este proceso, que es continuo, y donde los inscritos son también "supernecesarios" junto a los militantes en una organización "mejor organizada".

MADRID YA ENCARA LA RENOVACIÓN

Las últimas elecciones municipales supuso una pérdida importante de la presencia de Podemos en las instituciones locales, cuando en 2015 gobernó siete 'ciudades del cambio'. Ahora, su principal plaza es Barcelona por medio de los 'comunes'. En Madrid, por ejemplo, tras formar parte de Ahora Madrid la desvinculación de la exalcaldesa Manuela Carmena y el sector errejonista gestó Más Madrid (formación más votada) y llevó a Podemos a decidir no concurrir a estos comicios.

Ahora, en esta ciudad clave, Podemos va a renovar a su dirección local en un proceso al que ya se han postulado el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, y el exasesor del Ayuntamiento de la capital en la pasada legislatura José Luis Nieto Pereira.

El vicesecretario primero de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ha afirmado que el Partido Popular solo piensa en "lo que le interesa electoralmente" y por eso todavía no ha aclarado si querría concurrir a los próximos comicios en Cataluña dentro de una coalición "constitucionalista".

En una entrevista con Europa Press, el dirigente de Cs ha recordado que su partido ha propuesto un pacto a tres con el PP y con el PSC para ir juntos a las elecciones autonómicas catalanas, igual que lo planteó para los comicios del pasado julio en Galicia y País Vasco. Sin embargo, solo hubo acuerdo en esta última comunidad, donde se constituyó la coalición PP+Cs, encabezada por Carlos Iturgaiz (PP).

Sobre la posibilidad de formar una lista unitaria en Cataluña solo con el PP para las cuatro circunscripciones electorales en caso de que el PSC rechace definitivamente sumarse, ha indicado que de momento en Ciudadanos están esperando a que los 'populares' les digan "si quieren siquiera algún tipo de colaboración" con ellos.

"La oferta es si se quiere colaborar con Cs, pero es que no hay respuesta, porque hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no y otros que dicen que solo en unas elecciones", pero no en otras, y "antes de hacer una oferta tengo que saber la disposición que tienen para aceptarla y eso no lo sabemos a fecha de hoy", ha explicado.

En los contactos que están manteniendo con el PP en Cataluña, esta formación "no acaba de aclararse sobre lo que le interesa", según Espejo-Saavedra, que cree que los 'populares' "están pensando no tanto en si les interesa la coalición de los constitucionalistas o ir juntos a las elecciones, sino en lo que le interesa al PP electoralmente".

EN EUSKADI SÍ, EN GALICIA NO Y EN CATALUÑA NO SABEN

El diputado ha afirmado que cuando han propuesto al partido de Pablo Casado formar coaliciones electorales, la respuesta es que "en función de lo que les convenga". Así, en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "despreció la mano tendida de Ciudadanos" para presentarse juntos a las elecciones, pero en Euskadi el PP vasco sí aceptó la oferta.

"En Cataluña, la verdad es que no se sabe lo que quieren, porque como unos días son más cercanos a Vox y otros son más cercanos a Cs, no sabemos muy bien cuál es la intención del PP", ha lamentado.

Cuando la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, anunció a finales del pasado enero su intención de promover acuerdos "transversales" con otras fuerzas "constitucionalistas" de cara a las elecciones vascas, gallegas y catalanas, apostó por integrar en una misma candidatura a 'populares', socialistas y miembros de la sociedad civil.

Además, Ciudadanos insistió durante meses en llegar a un entendimiento en las tres comunidades autónomas, no en unas sí y en otras no, porque su objetivo era sumar fuerzas para tener más opciones de vencer a los partidos nacionalistas.

Los contagios diarios por coronavirus detectados en Galicia han vuelto a caer en torno a un centenar por segundo día consecutivo, hasta los 457 positivos, al descender de manera importante en las áreas sanitarias de Vigo, de Pontevedra-O Salnés y de Santiago-Barbanza. Sin embargo, se han producido pequeños repuntes en las áreas de A Coruña-Cee, Ferrol, Ourense-Verín-O Barco y Lugo-Monforte-A Mariña.

Según los datos actualizados este domingo por la Consellería de Sanidade, con cifras recabadas hasta las 18,00 horas del sábado, el área coruñesa se convierte en el principal foco con 125 nuevas infecciones detectadas, 15 más que un día atrás.

En este contexto, también han anotado subidas las áreas de Ferrol, hasta los 51 positivos diarios (+16), y Ourense, hasta los 40 (+6). Por su parte, Lugo se mantiene estable con 56, lo que sin embargo implica un ligero aumento de un caso con respecto a los notificados el día anterior.

En el lado opuesto, el área sanitaria de Vigo pasa a la segunda posición de las infecciones en 24 horas, al caer en más del doble y colocarse en las 80 (-91). También han bajado en la de Pontevedra, con 51 nuevos contagios registrados (-36) y en Santiago, con 54 (-15).

PCR Y POSITIVIDAD

Asimismo, los datos de Sanidade reflejan que hasta el momento se han realizado en Galicia un total de 847.998 PCR, lo que implica que en 24 horas se han hecho 7.131, cifra ligeramente superior al día anterior.

De todas ellas, el 6,8% han arrojado un resultado positivo, por lo que, a pesar del descenso, todavía se encuentra por encima del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

De hecho, todas las áreas sanitarias a excepción de la de Santiago (4,3%) superan este umbral. La de Ferrol es la que registra la mayor positividad, que se dispara al 20,8%, y le siguen Lugo (8,9%), A Coruña (8,2%), Vigo (5,8%), Ourense (5,8%) y Pontevedra (5,7%).

CASOS ACTIVOS

En cuanto a los casos activos --personas que todavía están diagnosticadas de la enfermedad--, este domingo han bajado en 150, hasta colocarse en el total de 8.828. En concreto, los pacientes de covid-19 han caído en todas las áreas sanitarias excepto en la de Ferrol, donde han subido en 14 y se sitúan en los 675.

La que reúne la mayor cifra de casos activos de la enfermedad es Vigo, que este domingo notifica 2.320, aunque son 68 menos que el sábado. También han anotado descensos las áreas de A Coruña-Cee, con 1.842 (-12); y Pontevedra-O Salnés, con 1.235 (-7).

Además, han bajado los pacientes de covid-19 en Lugo-Monforte-A Mariña, hasta los 1.117 (-22); en Santiago-Barbanza, que caen del millar y se sitúan en 975 (-30); y en Ourense-Verín-O Barco, que registra 664 casos activos (-25).

CURADOS Y FALLECIDOS

Así las cosas, los datos actualizados por Sanidade este domingo indican que el total de contagios desde el inicio de la pandemia en Galicia asciende ya a 49.159, de los que se han curado 39.196 personas, 609 en las últimas 24 horas.

Sin embargo, continúan al alza las víctimas mortales diagnosticadas de covid-19, que este domingo se sitúan en 1.137 tras haberse notificado este viernes 5 nuevos fallecimientos, de los que uno estaba relacionado con una residencia de ancianos.

El nuevo embajador de España en Cuba, Ángel Martín Peccis, realizó este pasado jueves en Madrid el primer acto que se ha comunicado públicamente desde su nombramiento, un almuerzo con el ministro de Universidades, Manuel Castells.

Se trató de un almuerzo celebrado a petición del embajador con el fin de intercambiar ideas sobre posibles colaboraciones entre las universidades cubanas y españolas, según fuentes de Universidades consultadas por Europa Press.

Martín Peccis fue designado embajador en Cuba por el Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre, un nombramiento que sorprendió entre los diplomáticos por su trayectoria profesional, ya que no es diplomático sino que desde 2005 es director de la oficina en Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (EOI).

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha defendido que Martín Peccis es "la persona que se adecúa más a las necesidades de ese puesto" porque "tiene un gran conocimiento de las dinámicas políticas, económicas y sociales en Latinoamérica".

"Es una persona tremendamente comprometida, que ha servido al frente de un organismo internacional en un país tercero y bastante vecino a Cuba y que conoce muy bien la realidad latinoamericana", dijo.

Martín Peccis sustituirá en La Habana a Juan Fernández Trigo, diplomático que ha estado solo dos años en Cuba. En este periodo han viajado a La Habana tanto el presidente del Gobierno como los Reyes, y cumplidas estas misiones Fernández Trigo ha sido enviado a Caracas para gestionar las siempre complicadas relaciones con este país.

Sobre el nuevo embajador en Cuba, González Laya ha recordado que el nombramiento de los jefes de misión es una facultad totalmente discrecional del Consejo de Ministros. No obstante, cada vez que el Gobierno nombra un embajador 'político', es decir, no diplomático, la asociación que agrupa a estos funcionarios expresa su discrepancia. Martín Peccis es el quinto desde que Sánchez llegó a la Moncloa.

Mientras, la oposición no ha logrado aclarar si el nuevo embajador en Cuba está vinculado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aunque lo ha preguntado oralmente en comparecencias parlamentarias de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach.

Fuentes diplomáticas aseguran que Martín Peccis ha tenido ya múltiples contactos con Exteriores y la ministra ha dicho públicamente que ella ha hablado con él y que le conocía de antemano.

Este lunes, González Laya participa en un desayuno coloquio que organiza la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la entidad en la que Martín Peccis trabajó en Colombia.

CONDECORADO EN COLOMBIA

Como director en Colombia de la oficina de la OEI, Martín Peccis firmó convenios con el Congreso y el Senado colombianos para supervisar la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Además, presentó ante ambos, en la Mesa de Paz de La Habana, un proyecto para acompañar e implementar la reincorporación educativa de los guerrilleros desmovilizados de las FARC-EP.

En 2018, el entonces presidente colombiano, José Manuel Santos, le condecoró con la Cruz de Boyacá, precisamente por su labor para el Acuerdo de Paz, y, en general, su trabajo en Colombia "en defensa de la paz, la educación y la promoción de los derechos humanos".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón retoma mañana las declaraciones previstas en el marco de la pieza que investiga la 'operación Kitchen', operativo parapolicial que se montó para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la testifical del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos sobre su conocimiento del uso de fondos reservados. El miércoles también escuchará a Sergio Ríos, quien fuera chófer del exdirigente 'popular' y captado como confidente policial, que solicitó declarar voluntariamente.

Las comparecencias tendrán lugar justo después de que el pasado 13 de noviembre se celebrara un careo entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su 'número dos', Francisco Martínez, para enfrentar sus respectivas declaraciones como investigados sobre qué sabían de la operación que tuvo lugar en 2013 para presuntamente sustraer la documentación sensible que Bárcenas guardaba del PP.

En el mismo auto que dictó el titular del Juzgado Central de Instrucción número para acordar el careo, también citó a declarar en calidad de testigo al que fuera en el momento de los hechos investigados director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el coronel Pérez de los Cobos --conocido por su papel como coordinador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña--. Varios investigados y testigos en esta causa han apuntado que era el responsable de la contabilidad y el destino de los fondos reservados.

Así, debido a que la operación 'Kitchen' presuntamente se sufragó con estos fondos, el magistrado considera imprescindible escucharle para "corroborar" el conocimiento que pudiera tener el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez sobre el destino de estos fondos, y en concreto, respecto de los que se pudieran haberse abonado al chófer de Bárcenas.

Sergio Ríos habría cobrado la cantidad de 2.000 euros al mes por sus servicios de confidente, según los recibos encontrados en el registro del domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

La comparecencia de Pérez de los Cobos estaba inicialmente prevista el pasado 17 de noviembre, pero por motivos de agenda del juez García-Castellón, se trasladó al lunes 23 de noviembre, coincidiendo con otros testigos señalados para este día en el marco de la pieza 7 del caso 'Tándem', como la de Oliver Zugel.

CONTACTO CON LA MUJER DE BÁRCENAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE VILLAREJO

Según la documentación de carácter personal que se encontró en el registro de la casa de Villarejo en Boadilla del Monte, Zugel sería socio-director de Monitor Clippers Partners, un fondo de capital riesgo que habría contactado con Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, según un informante al que se denomina como 'K3'.

En los informes en poder del comisario jubilado se explica que este testigo operaría fundamentalmente con la banca privada de Zurich (Suiza) y tendría ramificaciones en España. Asimismo, se afirma que podría haber actuado como testaferro de Luis Bárcenas tanto en Sudamérica como en países del este.

Por eso, el juez le cita para que explique su relación conVillarejo, y ofrecerle acciones en el caso de que quisiera denunciar un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTOS Y UN AGENTE QUE VIGILÓ

Por otro lado, el juez García-Castellón recibió un oficio de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) en el que se detalla la vigilancia que llevó a cabo esa unidad en las inmediaciones del piso de la calle General Díaz Porlier de Madrid --donde tenía el estudio de restauración de arte Rosalía Iglesias--, el 25 de julio de 2013.

En este sentido, el magistrado ha citado este lunes al agente que supuestamente participó en las vigilancias a la esposa del extesorero del PP para conocer quién ordenaba los seguimientos y a quien reportaba sobre las mismas. Para indagar en este asunto, también ha llamado a testificar al jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos de la UAI para que explique los motivos que llevaron a realizar esas actuaciones.

Un día más tarde será el turno del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, que declarará como investigado. Según explicó el juez en su auto del pasado 3 de noviembre, "la existencia de este vehículo permite inferir que funcionarios policiales adscritos a la Unidad de Asuntos Internos, cuando ésta estaba bajo la jefatura de Marcelino Martín-Blas, realizaron labores de vigilancia en un inmueble relacionado con Rosalía Iglesias, cometido totalmente ajeno a la función" de dicho departamento.

NUEVAS EXPLICACIONES DEL CHÓFER

El magistrado cerrará la ronda de declaraciones relacionadas con este operativo parapolicial el miércoles con la comparecencia de Sergio Ríos, quien solicitó a finales de octubre volver a sentarse ante el juez instructor para ampliar las explicaciones que ya ha ofrecido en anteriores declaraciones como investigado.

El que fuera chófer de Bárcenas ha afirmado que hablaba con Villarejo porque le contactó en 2013 para que que espiara y robara documentos al matrimonio Bárcenas dentro de un operativo parapolicial que, según la investigación judicial, fue creado para evitar que dicha información desfavorable para el PP llegara a la Audiencia Nacional.

Se da la circunstancia de que su nombre volvió a salir a la luz en las declaraciones como investigados de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, así como en el careo. El exministro niega haber solicitado información sobre Ríos al que fuera su 'número dos', mientras que éste sostiene que esa solicitud es cierta, algo que intenta demostrar con unos mensajes de texto que protocolarizó ante notario y que aportó a la causa.

El que fuera CEO de Dia entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, Borja de la Cierva, declarará en calidad de imputado este jueves 26 de noviembre a las 10.15 horas de la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. El magistrado investiga en este caso una presunta alteración de casi 52 millones de euros en las cuentas del Grupo Dia.

De la Cierva ha sido imputado por el juez por haber formado parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la cadena de supermercados en los ejercicios 2016 y 2017. De hecho, además de a él, cita al resto de esa comisión.

Así, ese mismo jueves 26 de noviembre a las 10.30 horas comparecerá como investigado Richard Golding (presidente de esa comisión en 2016) y un poco después lo hará Juan María Nin Génova, que fue vocal externo de esa comisión.

También el jueves (10.00 horas) declarará como investigado el directivo de la cadena Miguel Ángel Peinado. Y a última hora de la mañana comparecerá en calidad de testigo-perito el firmante del informe relativo a las irregularidades contables detectadas en Dia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Eduardo Manso.

Ya el viernes 27 de noviembre será el turno de otros dos miembros de ese órgano supervisor, María Luisa Garaña Corees --que fue vocal independiente desde febrero de 2017-- y Julián Díaz González --también vocal independiente y miembro de la misma en 2016 y 2017--. Ambas serán las primeras de la mañana a las 10.00 y a las 10.15 horas.

Acto seguido declararán en calidad de imputados los auditores de la consultora KPMG que auditaron las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 Carlos Peregrina y María Lacarra.

Y ese mismo día, el magistrado tomará declaración como testigos al empleado de Dia Antonio Coto Gutiérrez y al proveedor Javier Pérez Díez, en tanto director Comercial de DULCES Y CONSERVAS HELIOS. El objetivo es analizar la relación de Dia con los proveedores para negociar descuentos comerciales.

CURRÁS Y SÁNCHEZ FALCÓN

Cabe recordar que en esta causa los principales investigados hasta la fecha son el ex consejero delegado del Grupo Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón. Se les imputan delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.

La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia, y el juez en el auto de imputación de Currás indicaba que para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, "Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en este balance, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión".

Según un nuevo informe con fecha de 17 de agosto, al que también ha tenido acceso Europa Press, el fiscal entiende que se han de mantener todas las imputaciones previas porque las alteraciones se produjeron "al efecto de elaborar unas cuentas anuales que trasmitieron al mercado una situación irreal de la sociedad, basadas en simples conjeturas o deseos del Consejero Delegado que, pese a no materializarse en las cifras del día a día, se mantenían.

Militares y científicos volverán a la Antártida este verano austral para una nueva campaña en el frío polar. Sin embargo, a las dificultades habituales de esta dura misión este año se suma el desafío de mantener el continente blanco libre de Covid-19 y garantizar la seguridad de todos sus integrantes.

Para ello, el Comité Polar Español ha redactado un protocolo de actuación, al que ha tenido acceso Europa Press, que detalla todas las medidas a las que deberán someterse quienes vayan a viajar a la Antártida, así como las respuesta ante un "improbable" brote de coronavirus una vez allí.

La pandemia ha alterado el calendario habitual de preparación de la campaña y desembarco en la base española 'Gabriel de Castilla', en la Isla Decepción, pero todo está preparado para que militares y científicos vuelvan a pisar el hielo polar como hacen año tras año desde 1989.

Efectivos del Ejército de Tierra --doce hombres y una mujer en esta edición-- son los responsables del mantenimiento de la base y apoyo a los científicos cuyos proyectos han sido avalados por el Comité Polar Español, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ellos son los encargados de toda la logística, incluyendo la alimentación, mantenimiento o desplazamientos; de las comunicaciones, la gestión ambiental e incluso la seguridad ante situaciones de emergencia.

Para ello se someten a una intensa preparación durante los meses previos al viaje, a la que este año deberán sumar numerosas medidas de seguridad que tienen el objetivo de mantener la Antártida como la única zona del mundo que se mantiene libre de Covid-19.

Tanto militares como científicos deberán comenzar con las precauciones aún en España, sometiéndose a un reconocimiento médico general y evitando cualquier situación de riesgo que pueda aumentar las posibilidades de contagio.

Como medida excepcional, en esta campaña no se permite la participación de personas consideradas "grupos vulnerables" frente al coronavirus, que el protocolo identifica en los mayores de 60 años, personas con diabetes o con alguna enfermedad cardiovascular.

AISLAMIENTO TOTAL DURANTE 14 DÍAS

El viaje a la Antártida se realiza en barco desde Punta Arenas, en Chile. Todos los miembros de la campaña deberán llegar a este país con una prueba PCR negativa realizada 72 horas del viaje y, una vez en Punta Arenas, guardar una cuarentena de 14 días en aislamiento total. Durante este tiempo permanecerán en una habituación individual con un servicio de catering para las comidas, y se les realizarán tres pruebas PCR para detectar cualquier caso positivo.

"Solo tendrán autorización de viaje a la Antártida las personas que se mantengan con resultados negativos y sin síntomas al final de la cuarentena", establece el protocolo del Comité Polar, que hace además especial hincapié en la desinfección de todo el material y enseres personales que vayan a ser trasladados.

Una vez superados todos estos pasos, las bases en la Antártida se consideran espacios "burbuja" donde la aparición de un brote "será improbable". Sin embargo, sus ocupantes deberán mantener las medidas básicas de seguridad e higiene y, en caso de aparición de algún síntoma, aislarse inmediatamente para evitar la propagación del virus.

CIERRE ANTICIPADO EN CASO DE BROTE

El protocolo contempla además que las bases y buques deben disponer de test diagnósticos de Covid-19 como parte de su botiquín y contar con capacidad para tomar muestras y prepararlas para su transporte a otras bases para diagnosticar la enfermedad.

En caso de aparición de un caso positivo, el paciente será evacuado hacia Punta Arenas en cuanto su salud y la meteorología lo permitan. E inmediatamente el personal médico de la base y su responsables valorarán la situación, que podría implicar el cierre urgente de todas las instalaciones y finalización anticipada de la campaña.

La Asociación de Exdiputados y Exsenadores ha remitido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un documento titulado 'Conectando Parlamento y Ciencia', en el que proponen la creación de una estructura estable, en la que quieren implicar a entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para que científicos de distintas disciplinas puedan asesorar a los miembros de la Cámaras y también ayudar a desmontar bulos como los que se han lanzado relativos al coronavirus.

Esta asociación, que engloba a exparlamentarios de un amplio elenco de partidos, reconocen las iniciativas similares que han puesto ya en marcha desde el Congreso, pero subrayan la necesidad de crear una Oficina de Asesoramiento Científico y Tecnológico de apoyo al Parlamento (OACP), similar a las que funcionan en países como Alemania, Francia u Holanda.

En 2018 varias asociaciones científicas, bajo la Plataforma 'Ciencia en el Parlamento', comenzaron a mantener reuniones con la entonces presidenta del Congreso, Ana Pastor, para poner en marcha una oficina de estas características y ese mismo año se celebraron unas jornadas de encuentros entre 200 científicos y 100 parlamentarios a los que asesoraron sobre envejecimiento, medio ambiente, inteligencia artificial, conciliación, antibióticos o energía, entre otros temas.

También ha llegado a un acuerdo con la actual presidenta, Meritxell Batet, para iniciar estas prácticas en la actual legislatura. De hecho, en sus Presupuestos para 2021, el Congreso ha previsto ya una dotación de 45.000 euros para esta futura Oficina de Ciencia y Tecnología.

Pero en el documento que han enviado a Batet, y al que tenido acceso Europa Press, los exparlamentarios apuestan por "robustecer y afianzar una conexión sólida entre el Poder Legislativo y los ámbitos de la ciencia y la tecnología" a través de una estructura "formal, perdurable y bien articulada.

QUE NO SE TENGAN QUE BUSCAR LA VIDA

Según explican, hasta ahora los diputados y senadores se han venido "buscando la vida por su cuenta" creando comisiones de estudio y citando a comparecientes para recibir este tipo de asesoramiento, pero, a su juicio, "ha llegado el momento de que las Cortes asuman que, entre los medios que ponen a disposición de los parlamentarios, ha de estar el necesario asesoramiento" en estas materias.

Y quieren implicar al CSIC, a las universidades y a todo instituto público que pueda colaborar. En concreto, sugieren modificar el Estatuto del CSIC para dar cobertura a esas labores de asesoría cuando las Cámaras lo requieran. La idea es poder recurrir cuando sea necesario a las personalidades más relevantes en cada materia para que, además de asesorar a sus señorías, opinen sobre las medidas a poner en marcha.

Además de la oficina que sugieren crear para funcionar como enlace entre el Parlamento y las instituciones o científicos, apuestan por poner también en marcha un patronato mixto, con políticos y profesionales de la ciencia.

VISIÓN DE FUTURO PARA EVITAR SORPRESAS

Su labor sería ayudar en la gestión pública, de manera que colaboren para seleccionar y priorizar "las cuestiones o desafíos inminentes o futuros que se deberían prevenir, intentando evitar las sorpresas sanitarias, sociales o tecnológicas". "Sería un modo de evitar la legislación cortoplacista en la que vivimos en este momento", defienden.

Entre las funciones de la oficina estarían la realización de documentos e informes "rigurosos" sobre los temas previstos por el patronato, la elaboración de información desde el punto de vista científico de cualquier asunto de interés social y la canalización de las consultas al ámbito científico.

También reservan para la oficina una labor de comunicación ciudadana y la creación en su seno de una "plataforma para desmentir, de forma razonada y asesorada por los científicos, las informaciones dudosas y bulos que sobre diferentes ámbitos del conocimiento se están detectando y difundiendo entre la sociedad.

"Es absolutamente imprescindible reforzar la relación entre laciencia y el conocimiento con la sociedad. Hemos visto las consecuencias de no hacerlo. Durante la pandemia de la Covid 19; han corrido miles de bulos y medias verdades en la red que han podido poner a los ciudadanos en riesgo grave para susalud", argumentan.

FINANCIACIÓN MIXTA

Dado que, según apuntan, de momento no hay legislación suficiente para estos "infractores y engañadores (muchas veces con intereses económicos)" y teniendo en cuenta el impacto de las redes sociales, es "necesario avanzar cuanto antes y en diferentes niveles en estaacción estratégica de ayudar a la sociedad frente a esta amenaza".

"El hecho de que la ciudadanía llegara a sentir como referente de veracidad una oficina asesora del Parlamento, no solo sería un gran reto sino, además, un refuerzo para la imagen social dela institución", indican en su documento.

Respecto a su financiación, sugieren que la oficina se nutra de una partida presupuestaria de las Cortes y que pueda recibir también aportaciones externas "transparentes" mediante contratos o convenios específicos.

El Partido Popular ha registrado enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el objetivo de mejorar el sueldo a los militares, mientras que Ciudadanos pide paralizar la salida de los soldados al llegar a los 45 años y ERC defiende directamente dejar sin presupuesto al Ministerio de Defensa.

Los grupos parlamentarios en el Congreso registraron esta semana sus enmiendas a las cuentas públicas presentadas por el Gobierno y, entre ellas, varios partidos abordan la situación de las Fuerzas Armadas. El proyecto de Presupuestos contempla para el Ministerio de Defensa un montante de algo más de 9.000 millones de euros, un 4,6 por ciento más que este año 2020.

Entre sus propuestas, el PP ha registrado varias enmiendas con el objetivo de mejorar las retribuciones de los militares. En concreto, pide una subida lineal de cien euros mensuales a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, haciéndose eco de la propuesta planteada por las asociaciones de militares como primer paso para una equiparación salarial con Policía Nacional y Guardia Civil.

Los 'populares' también ha registrado otra enmienda para acabar con la pérdida retributiva que sufren los militares en la reserva al cumplir los 63 años, otra de las principales demandas de las asociaciones.

El Gobierno ha incluido en los Presupuestos un aumento de gastos de personal en Defensa de 175 millones de euros que ha sido sin embargo rechazado tanto por las asociaciones como por los partidos de la oposición, que calculan que se traducirá en un incremento de solo 24,4 euros mensuales.

SALIDA A LOS 45 AÑOS

Ciudadanos por su parte ha registrado una enmienda al proyecto de Presupuestos en la que pide paralizar la salida de las Fuerzas Armadas del personal de tropa y marinería al cumplir los 45 años, otro de los principales asuntos de debate en el Ministerio de Defensa.

El partido 'naranja' pide dejar en suspenso estas salidas al menos durante el año 2021 debido a la actual situación de crisis económica generada por el coronavirus y teniendo en cuenta que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia está siendo "determinante".

"Si esta es una situación a la que se tenía que haber puesto freno hace tiempo, con más razón resulta perentorio buscar soluciones y frenar la sangría de despidos que se producen en este sector en unos momentos tan complicados como los actuales", defiende Ciudadanos.

ERC, DEJAR A CERO EL PRESUPUESTO DE DEFENSA

En una línea totalmente opuesta se sitúan las enmiendas de Esquerra Republicana (ERC), que quiere dejar sin presupuesto para 2021 al Ministerio de Defensa junto a la Casa del Rey, al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas, así como cancelar los créditos previstos para el uso de gastos reservados.

Como formación "antimilitarista", según proclamó su portavoz, Gabriel Rufián, Esquerra plantea suprimir los más de 9.000 millones de euros que los Presupuestos destinan al Ministerio de Defensa para "tanques y balas". "Con la que está cayendo y caerá el sentido común debería decir lo contrario", defendió.

Pero además, ERC ha aprovechado otra de sus enmiendas a los Presupuestos Generales para reclamar en el Congreso un plan de exhumación de fosas del franquismo en el que los militares colaboren en la recuperación de los cuerpos de las cunetas al considerar que el Ejército es responsable "en buena parte" de los asesinatos de republicanos asesinados.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha mostrado su preocupación por la campaña dentro de los centros concertados en contra de la Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación, conocida como 'Ley Celaá'.

"Hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley, se ha sentido amenazada y, además, ha entrado con una campaña dentro de los centros que nos preocupa", ha señalado la ministra en una entrevista en El País.

En este sentido, ha destacado que todo interés político "ha de quedar fuera de los centros". "Aquí se implica a menores. Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada", ha asegurado.

La ministra ha afirmado que con la entrada en vigor de la nueva ley "ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo" y ha criticado "la desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros" que, a su juicio, "es una falsedad".

En este punto, ha explicado que la 'Ley Celaá' "lo que hace es retirar algunos excesos que se habían ido incorporando", por lo que ha subrayado que la concertada que cumple con sus fines sociales "no tiene nada que temer".

Para la ministra, en la ley se afirma la libertad de enseñanza y se define que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y de los privados concertados, "lo que es afirmar la libertad de las familias" y "mantiene los principios básicos de la concertación vigentes desde 1985".

En su opinión, la ley "cambia la filosofía hacia la equidad, impulsa la excelencia para que todos los alumnos desarrollen su talento al máximo, más allá de sus condicionamientos de origen". "La escuela tiene que recuperar su función de ascensor social. Un niño puede entrar vulnerable a la escuela, pero no podemos consentir que salga vulnerable de ella", ha precisado.

"UNA FALSEDAD" DECIR QUE LA LEY ELIMINA EL CASTELLANO EN LA EDUCACIÓN

Respecto a la polémica sobre si la ley elimina el castellano en la educación en comunidades con lengua propia, Celaá ha defendido, en una entrevista en El Confidencial, que eso es una "falsedad" ya que la ley dice "con total rotundidad" que las administraciones educativas "garantizarán el derecho de todos los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en la lengua cooficial, conforme a lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía.

Así, ha insistido en que la vehicularidad de las lenguas "no está en entredicho" ya que las lenguas "son vehiculares por su propia condición, en sentido amplio, porque son herramienta de comunicación, y en sentido estricto. "Si estamos hablando desde una perspectiva como transmisoras de materias es una cuestión que tenemos que desarrollar si queremos garantizar las destrezas que nos exigen", ha precisado.

"Lo cierto es que esas ideas catastrofistas de algunos sobre que disminuirá la calidad del castellano o por el otro lado que desaparecerá la lengua cooficial se han visto derrotadas con el transcurso del tiempo. Ninguna de las dos es cierta, ninguna de las dos se ha hecho verdad", ha sentenciado Celaá.

Por otro lado, la ministra ha afirmado que es "falso" que con la nueva ley tengan que cerrar los colegios de educación especial. En concreto, ha explicado que el mandato que la ley da al Gobierno es que en el plazo de diez años aporte los recursos necesarios a centros ordinarios para que traten a las personas con discapacidad y, en su opinión, "es increíble que pueda sentirse como una amenaza para los centros de educación especial".

Además, ha añadido que la ley les otorga otra función que "es la de ser centros de apoyo y referencia porque tienen acumulado un patrimonio en términos de conocimiento que ha de servir también para asesorar al resto de la red". "Centros ordinarios decimos, es decir, centros públicos y centros ordinarios privados y los centros de educación especial, además, podrán seguir escolarizando a alumnos con discapacidad especial", ha precisado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido el diálogo con Cataluña pero ha pedido tener presente que "en estos momentos hay otras prioridades", en el marco de la gestión de la pandemia del Covid-19.

Es prioritario proteger la salud de los ciudadanos y la economía, además de hallar la forma de garantizar "que nadie se quede atrás", ha destacado en una entrevista del diario 'Ara' este domingo recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha considerado imprescindible hacer un esfuerzo de diálogo y compartir puntos de vista con Cataluña, "sobre todo en los próximos años", porque la pandemia no ha disuelto el conflicto, en sus palabras.

Sobre si debe replantearse el sistema territorial en España, ha dicho: "Se tiene que mejorar, pero me siento bastante satisfecho de cómo en un contexto muy complejo, una pandemia sin precedentes en 100 años al menos, nuestro marco institucional ha funcionado razonablemente bien".

REAPERTURA EN CATALUÑA

Preguntado por la flexibilización de las restricciones en Cataluña desde este lunes, ha pedido actuar con prudencia porque "la situación es inestable", y ha llamado a evitar lanzar un mensaje que induzca a la población a creer que la pandemia se ha terminado.

Ante la celebración de la Navidad, ha dicho que "cuanta menos movilidad y menos contactos, mejor", y ha avanzado que el Gobierno estudia cómo abordarla en un grupo de trabajo.

Prevé que la campaña de vacunación puede empezar este enero, y ha destacado que una de las vacunas cuya compra ya se ha negociado se producirá en España, en unas instalaciones del grupo Zendal en Galicia.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Ha sostenido que la gestión descentralizada de la pandemia en la segunda ola "ha funcionado razonablemente bien", aunque se ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinación interna y en el marco de la Unión Europea.

Preguntado por si los datos de Madrid le sorprenden, ha contestado que no, y ha pedido prudencia: "Madrid tuvo 21 días de medidas muy restrictivas de confinamiento. Tuvimos una discrepancia que fue pública y forzamos un confinamiento en nueve municipios de Madrid durante 15 días".

"Nosotros proporcionamos que los datos que nos facilitan las comunidades, y yo le digo que son fiables" aunque pueda haber errores puntuales, en un sistema que trabajan para mejorar.

Sobre los test serológicos, ha asegurado que cada tipo de test tiene una función, si bien ha defendido que a la ciudadanía se le debe decir que "la prueba con un diagnóstico más fiable son las PCR o la TMA, que se hacen con criterios de análisis de plasma y son casi fiables al 100%".

Y ante la posibilidad de realizar los test de antígenos en las farmacias, ha dicho: "En Galicia hicieron una prueba piloto en farmacias y no han seguido. Yo sería muy prudente, los equipos técnicos no lo acaban de ver".

ELECCIONES

Ha dicho que espera que el PSC sea la primera fuerza en las elecciones de Cataluña, porque "no tiene futuro una sociedad catalana dividida, enfrentada", sino que es necesario un ejercicio de reencuentro, según ha afirmado.

Preguntado por una amnistía para los presos del 1-O, ha contestado: "Yo creo que la amnistía no tiene cabida en nuestro sistema constitucional".

Cataluña ha registrado hasta este domingo 330.658 casos confirmados acumulados de coronavirus --299.722 con una prueba PCR o test de antígenos--, 1.204 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 15.491, 58 más que los registrados el sábado: 9.537 en hospital o centro sociosanitario, 4.307 en residencia, 924 en domicilio y 723 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.085, lo que supone un aumento de 25 respecto al último recuento.

Un total de 514 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, 13 menos que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el sábado alcanzaba un nivel de 331, y 24 horas después está en 313.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube a 0,77 y la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 430,83 por cada 100.000 habitantes.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 24.368 personas que han dado positivo, de las que 7.212 han muerto y 130 se encuentran actualmente ingresadas.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 110.135 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 6.261 muertes, mientras que actualmente hay 593 pacientes ingresados; el riesgo de rebrote es de 312.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 9.328 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 453 muertes, mientras que actualmente hay 43 pacientes ingresados; el riesgo de rebrote es de 514.

En el Baix Llobregat (Barcelona) se han registrado 33.754 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 1.711 muertes; actualmente hay 131 pacientes ingresados, mientras que el riesgo de rebrote es de 335.

En el Gironès (Girona) se han registrado 10.440 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 263 muertes; actualmente hay 48 pacientes ingresados, mientras que el riesgo de rebrote es de 373.

El PSOE y Vox han presentado sendas iniciativas en el Congreso para urgir al Gobierno a regular los 'lobbies' o grupos de interés, de manera que se dé más transparencia a su "incidencia política". Los socialistas apuestan por sancionar a los políticos y lobistas que no publiciten sus reuniones y los de Santiago Abascal demandan también multas coercitivas para incentivar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

En concreto, los socialistas han registrado una proposición no de ley en la que abogan por regular la labor de los grupos de presión y por la creación de un registro específico para ellos ya sea a nivel de la Administración General o del Parlamento.

Esa regulación, según detallan en la proposición no de ley recogida por Europa Press, debería definir claramente qué se considera "grupo de interés y actividad de influencia" e incluir el código de conducta que deberían cumplir los lobistas que se apunten al registro.

Además, recalcan la necesidad de establecer un sistema de control y fiscalización de asegure que se cumple lo establecido por la ley: "alerta, procedimientos de investigación, organismos encargados del control la publicidad de los contactos mantenidos con los grupos de interés durante la elaboración de normativa y su participación previa en la elaboración de las normas", así como "un régimen sancionador contra lobistas y cargos públicos que incumplan la ley".

El PSOE recuerda que algunas comunidades han empezado ya a regular la actuación de los 'lobbies' y subrayan la conveniencia de que el se impulse también una normativa estatal para regular su actuación.

REFORMAR LA LEY DE TRANSPARENCIA

Eso se lo que busca también la iniciativa de Vox, que quiere que el Gobierno haga de la transparencia y la rendición de cuentas "los principios fundamentales de su actuación", garantizando el acceso de la ciudadanía a información pública con el fin de que pueda "conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes".

Para ello, plantean que se reforme la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y que se aproveche esta norma para regular los grupos de presión y crear un Registro Estatal de intereses y grupos de interés.

Así, demandan que la ciudadanía pueda conocer las reuniones que mantienen con ellos "los altos cargos y responsables políticos" y que se detalle qué actividades pueden realizar los 'lobbies', un código de conducta que les obligue y que tengan que estar registrados.

PRESUPUESTO PROPIO Y MÁS CONTROL DEL CONGRESO

Pensando en potenciar "la autoridad" del Consejo del mismo nombre que vela por su cumplimiento, Vox pide que se le dé más poder para adoptar criterios de interpretación y recomendaciones y que se fije un régimen sancionador para, a través de "multas coercitivas", forzar al acatamiento de sus reclamaciones.

Además de reclamar más dotación presupuestaria y de personal para este órgano, en su iniciativa, recogida por Europa Press, sugiere que se le dote de un presupuesto propio y segregado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para favorecer su independencia.

También plantea que los informes anuales sobre la actividad del consejo sean objeto de debate y enmiendas en el Congreso, que se adapte la normativa básica de transparencia a las necesidades actuales y que se promueva, a través de los convenios ya en vigor, que Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria constituyan sus propios Consejos de Transparencia.

El vicesecretario primero de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ha afirmado que el Partido Popular solo piensa en "lo que le interesa electoralmente" y por eso todavía no ha aclarado si querría concurrir a los próximos comicios en Cataluña dentro de una coalición "constitucionalista".

En una entrevista con Europa Press, el dirigente de Cs ha recordado que su partido ha propuesto un pacto a tres con el PP y con el PSC para ir juntos a las elecciones autonómicas catalanas, igual que lo planteó para los comicios del pasado julio en Galicia y País Vasco. Sin embargo, solo hubo acuerdo en esta última comunidad, donde se constituyó la coalición PP+Cs, encabezada por Carlos Iturgaiz (PP).

Sobre la posibilidad de formar una lista unitaria en Cataluña solo con el PP para las cuatro circunscripciones electorales en caso de que el PSC rechace definitivamente sumarse, ha indicado que de momento en Ciudadanos están esperando a que los 'populares' les digan "si quieren siquiera algún tipo de colaboración" con ellos.

"La oferta es si se quiere colaborar con Cs, pero es que no hay respuesta, porque hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no y otros que dicen que solo en unas elecciones", pero no en otras, y "antes de hacer una oferta tengo que saber la disposición que tienen para aceptarla y eso no lo sabemos a fecha de hoy", ha explicado.

En los contactos que están manteniendo con el PP en Cataluña, esta formación "no acaba de aclararse sobre lo que le interesa", según Espejo-Saavedra, que cree que los 'populares' "están pensando no tanto en si les interesa la coalición de los constitucionalistas o ir juntos a las elecciones, sino en lo que le interesa al PP electoralmente".

EN EUSKADI SÍ, EN GALICIA NO Y EN CATALUÑA NO SABEN

El diputado ha afirmado que cuando han propuesto al partido de Pablo Casado formar coaliciones electorales, la respuesta es que "en función de lo que les convenga". Así, en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "despreció la mano tendida de Ciudadanos" para presentarse juntos a las elecciones, pero en Euskadi el PP vasco sí aceptó la oferta.

"En Cataluña, la verdad es que no se sabe lo que quieren, porque como unos días son más cercanos a Vox y otros son más cercanos a Cs, no sabemos muy bien cuál es la intención del PP", ha lamentado.

Cuando la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, anunció a finales del pasado enero su intención de promover acuerdos "transversales" con otras fuerzas "constitucionalistas" de cara a las elecciones vascas, gallegas y catalanas, apostó por integrar en una misma candidatura a 'populares', socialistas y miembros de la sociedad civil.

Además, Ciudadanos insistió durante meses en llegar a un entendimiento en las tres comunidades autónomas, no en unas sí y en otras no, porque su objetivo era sumar fuerzas para tener más opciones de vencer a los partidos nacionalistas.

El vicesecretario adjunto de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ha afirmado que, en su opinión, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ejerce como "líder de facto" del Ejecutivo porque decide qué políticas se llevan a cabo y con qué partidos se alcanzan acuerdos, lo cual le parece "muy malo" para el presidente Pedro Sánchez, para el PSOE y, sobre todo, para los españoles.

"Que el señor Iglesias esté actuando de facto como el líder que dirige la acción política del Gobierno y decide quiénes son los socios del Gobierno es algo muy malo, no tanto para Sánchez y su liderazgo, que también, pero a mí eso me importa bien poco, sino para los españoles", ha declarado en una entrevista con Europa Press.

Así ha respondido el dirigente de Cs sobre si considera que Sánchez está dejando que se imponga la visión de Iglesias en cuestiones como los desahucios --Unidas Podemos presentó una enmienda a los Presupuestos junto a ERC y EH Bildu para prohibirlos en el caso de familias vulnerables-- o al contar con Bildu para aprobar las cuentas públicas.

"Parece bastante evidente que el señor Iglesias manda mucho en el Gobierno", ha declarado Espejo-Saavedra, que cree que esto también es "una pena" para el PSOE.

En cualquier caso, ha subrayado que es el presidente del Gobierno quien tiene que aclarar con quién prefiere pactar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, si con Ciudadanos o con ERC y con Bildu.

"Lo que elija lo tendrá que explicar, no solo a sus militantes en una carta, sino también a los españoles, que son los que más importan", ha afirmado sobre la misiva que Sánchez envió a los afiliados del PSOE, tras la polémica por la disposición de Bildu a apoyar los Presupuestos, para defender la necesidad de sacarlos adelante con "el mayor respaldo posible".

LAS CONDICIONES DE CIUDADANOS

El diputado de la formación naranja ha indicado que al final se verá si Sánchez "elige la mano tendida de Cs y de Inés Arrimadas", que a cambio de sus votos pide "cuestiones de absoluta lógica política", o si toma "la mano de (Arnaldo) Otegi y (Gabriel) Rufián, que lo que quieren son contrapartidas políticas" que van "en beneficio de los independentistas".

Así, ha recordado algunas de las condiciones que Ciudadanos ha puesto para votar a favor de los PGE, como las ayudas directas a pymes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus y un permiso retribuido para los padres cuyos hijos tengan que hacer cuarentena, y también que la futura ley de educación no elimine el castellano como lengua vehicular en los colegios de las comunidades autónomas con otro idioma cooficial.

Respecto a la pretensión del Ejecutivo de reformar el Código Penal para redefinir el delito de sedición --lo cual beneficiaría a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña--, Espejo-Saavedra ha dicho que Cs se opondrá "frontalmente" a que se haga esta "concesión a los independentistas".

Sobre la posibilidad de condicionar su apoyo a las cuentas públicas a que no se lleve a cabo esa reforma, ha señalado que las exigencias que han planteado "son las que son", pero no renuncian a añadir otras durante la negociación.

Cs MANTIENE LA INTERLOCUCIÓN CON EL GOBIERNO

Según ha explicado, el Gobierno y el PSOE mantienen la interlocución con ellos para hablar de los Presupuestos, "tanto a nivel parlamentario como de la dirección de Ciudadanos", y están "intercambiando información" y analizando las enmiendas presentadas por el partido naranja.

"En el último momento", cuando "haya que apretar el botón de los Presupuestos, veremos si el pacto con Bildu se ha formalizado o no, y si no se ha formalizado ni ese pacto ni un pacto con Esquerra a cambio de las contrapartidas políticas" que rechaza Cs, "entonces sí que podría haber un voto favorable si se cumplen además el resto de condiciones de tipo económico", ha resumido.

Aunque algunos exdirigentes de Ciudadanos han abandonado el partido en los últimos meses al estar en desacuerdo con la estrategia de Arrimadas, el vicesecretario adjunto ha asegurado que no teme que se produzcan nuevas bajas.

A su juicio, la apuesta de la Ejecutiva por pactar con Sánchez para "conseguir cosas buenas" en los Presupuestos e intentar que se acuerden con ellos y no con ERC y con Bildu muestra una actitud de "partido responsable y moderado". Eso es "lo que tenemos que hacer", ha manifestado, añadiendo que esto se ajusta a la estrategia aprobada en el último congreso de Cs.

El juez Eduardo de Porres, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo contra la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) y aspirante a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, retoma esta semana el procedimiento con el interrogatorio el próximo miércoles, en calidad de testigo, de la que fuera responsable de proyectos y actividades de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) Yolanda Pelegrí.

La testigo comparecerá desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por medio de videoconferencia mientras que las partes se personarán en el Tribunal Supremo y podrán realizar el interrogatorio a través de este sistema.

La diputada independentista es investigada en el Supremo por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que se le atribuyen durante la etapa en la que fue directora de la ILC. Coincide que Borràs ha oficializado que se presenta a las primarias del partido para ser la candidata a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero, pese a estar siendo formalmente investigada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano competente para proceder contra ella por su condición de diputada.

Por el momento, Porres trata de reunir la ingente prueba documental y pericial solicitada por la Fiscalía y la defensa de la política independentista, quien el pasado mes de julio se negó a contestarle alegando que la práctica de dichas diligencias demostraría su inocencia en relación con 18 contratos cuya tramitación irregular se están investigando.

Entre las pruebas a practicar, además de varias testificales, está una pericial sobre material informático, y el análisis por parte de la policía judicial de diversas cuentas bancarias relacionadas con la causa y de documentación aportada por el Ministerio de Hacienda.

Por su parte la Fiscalía pidió además de la testifical de Pelegrí, que el magistrado reclamara documentación a la ILC, en especial de naturaleza contable, que también debe ser analizada.

18 CONTRATOS POR VALOR DE 259.863 EUROS

Según la instrucción realizada inicialmente por un juzgado de Manresa (Barcelona) y finalmente remitida al TS, las irregularidades aparecen en 18 contratos de esta organización por valor de 259.863 euros y que fueron adjudicados a un amigo personal de Borràs, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento.

De Porres citó inicialmente a Borràs el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria, si bien la diputada optó por no acudir a la citación y fue necesario cursar un suplicatorio al Congreso para obligarla a comparecer, aunque en dicha ocasión, el pasado 22 de julio, tampoco quiso explicarse. Un año después de su primera citación se celebran unas elecciones a las que las diputada quiere presentarse como candidata a la Generalitat.

La investigación apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borràs que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración "carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses" de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso.

PRUEBA CLAVE, LOS CORREOS

La prueba clave, según las pesquisas iniciales, se encontró en una cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borràs señala de "forma muy explícita" a Herrero como debía proceder.

Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitó para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue a parar a una de las empresas de Herrero, que presentó un presupuesto de 100 euros menos.

También existen indicios de que Borràs y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.

Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados, al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.

El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señalaba De Porres en su escrito al Congreso, "permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero".

Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que tiene unos "trapis" con la diputada de JxCat: "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", dijo en alusión al ILC, sobre la que añadió que tenía que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que "la obligatoriedad de las vacunas no es legalmente posible" y que hay que respetar la libertad de cada ciudadano de decidir si se vacuna o no, en el marco del plan de vacunación contra el Covid-19 que el Ejecutivo aprobará este martes.

"No adelantemos acontecimientos. Vamos a ir viendo, porque nosotros pensamos que la sociedad va responder a la vacuna, sobre todo los colectivos de riesgo", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico' este domingo recogida por Europa Press.

Para ella, "lo importante es disponer de las vacunas, que van por buen camino" y pedir a toda la población confianza y tranquilidad ante la vacunación, y ha adelantado que el Gobierno trabaja con las comunidades autónomos para que este año los ciudadanos pueden celebrar la Navidad sin correr riesgos.

MIGRANTES EN CANARIAS

Tras la llegada de miles de personas migrantes a las costas canarias, ha defendido que el Gobierno no ha actuado tarde y que "no han parado de ir los ministros todo el tiempo a Canarias, a Marruecos, a los países africanos".

Ha destacado que para gestionar la llegada de esas personas se han utilizado terrenos del Ministerio de Defensa: "No es que se haya resistido, es que hemos tenido que hacer las modificaciones necesarias para que la inmigración pueda ser atendida sin perturbar para nada las tropas, cuarteles y necesidades que tenemos en Canarias".

"Nosotros tenemos acuerdos en origen con algunos países para, dentro del cumplimiento de la legislación internacional, poder devolverlos a sus países. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que están detrás las mafias, y no pueden aprender que Canarias es una vía para entrar en Europa", ha mantenido.

PRESUPUESTOS

Preguntada por si Podemos se comporta como Gobierno y oposición, ha dicho: "Unidas Podemos es un partido que no ha estado nunca en el Gobierno de la nación, y el PSOE sí".

"Un país acostumbrado a otro tipo de gobernanza está dando sus primeros pasos en esta dirección, y no es fácil. Te cae el Gobierno de España con una pandemia... y todo lo hace mucho más complicado", ha dicho sobre el Gobierno de coalición.

Ha defendido que al negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el PSOE se ha dirigido a todos los partidos, y "ahí está incluido Cs", con el que han llegado a muchos acuerdos, ha destacado.

Para ella, las discrepancias que mantienen con Cs sobre el uso del castellano y el resto de lenguas en el sistema educativo suponen "un debate completamente falso", y ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue negociando las propuestas económicas de Cs sobre los autónomos y los fondos europeos para los PGE.

Preguntada por el pacto del PSOE con Bildu, ha dicho que la principal obligación del Gobierno es dar estabilidad y futuro, y ha añadido: "El problema está en que el PP necesita nombrar a ETA y a Bildu continuamente para hacer política, y esto es temerario e injusto".

Sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho que al Gobierno le gustaría dejarla resuelta en diciembre, y en referencia al PP ha dicho: "Es que el Gobierno no se va a quedar consintiendo que un partido político incumpla la Constitución. Cumplir las normas es lo más democrático que hay en el mundo".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá este domingo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia del coronavirus y decidir si prorroga o endurece las restricciones activadas en la comunidad autónoma a las 0,00 horas del pasado 10 de noviembre, y que están en vigor hasta las 0,00 horas del próximo martes 24.

El pasado martes, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, confirmó la celebración de dicha reunión este domingo para decidir qué hacer con las restricciones actuales en función de los planteamientos de los expertos, si bien advirtió de que si la curva de contagios, ingresos hospitalarios e ingresos en unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no se reduce habrá que "seguir tomando medidas, las que sean necesarias".

En esa línea se pronunciaba este pasado viernes el presidente de la Junta, quien señaló que, con los datos actuales de la comunidad sobre la evolución de la pandemia, "lo razonable es que la movilidad sea limitada" como hasta ahora, y "no parece razonable, con las cifras que estamos manejando, que hablemos movilidad amplia", aunque se verá si hay mejoras "importantes" en alguna zona para permitirla.

"Hay que verlo de manera detenida, con rigor y pensando en lo mejor para los andaluces", sostenía Juanma Moreno, que incidía en que las decisiones que se adopten este domingo serán en función de la evolución que la pandemia ha tenido en los últimos 14 días, coincidiendo con la aplicación de las restricciones anunciadas el 8 de noviembre, y ciñéndose "a lo que los expertos nos recomienden", porque "ellos siempre tienen la última palabra y son los que proponen", según subrayó el presidente.

"PRESIÓN IMPORTANTE" EN LAS CAMAS DE UCI

Moreno ha valorado que las cosas "van razonablemente bien" y "hay una tendencia positiva" sobre la evolución de la pandemia en Andalucía, con reducciones tanto del número de hospitalizaciones como de infectados, pero ha advertido de que aún hay "una fuerte carga" de contagios y una "presión importante en las camas UCI".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, manifestaba también este viernes que "es muy probable que sigamos durante otros quince días en la misma situación que hemos estado hasta aquí", si bien apostilló que ya se verá si los expertos recomiendan alguna ampliación en la apertura horaria o que se pueda "abrir o no algo más en Granada".

EN TORNO A 500 CASOS DE INCIDENCIA ACUMULADA EN 14 DÍAS

Andalucía presentaba este pasado viernes una incidencia acumulada de 507,21 casos de contagios de Covid-19 por cada 100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días --superior a la media nacional de 419,48--, y de 193,86 en los últimos siete días, también por encima de la media nacional, fijada en 168, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Además, este sábado se notificaron 50 nuevas muertes por coronavirus en la comunidad autónoma, cinco menos que las registradas el viernes, y 3.424 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, 249 menos que el día anterior.

En cambio, los hospitales andaluces sumaron este sábado su tercera jornada consecutiva con menor presión asistencial por la Covid-19 al registrar 91 ingresados menos en 24 horas, 2.947, de los que 512 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), siete menos que la víspera.

CONFINAMIENTO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD Y SUS MUNICIPIOS

Andalucía decretó desde las 0,00 horas del pasado día 10 y hasta el día 23 de noviembre el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18,00 horas, amplió el toque de queda desde las 22,00 hasta las 7,00 horas y confinó a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se puede entrar y salir de forma justificada, además de mantener vigente el cierre perimetral de la comunidad.

El cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18,00 horas es más exigente en la provincia de Granada, donde la grave incidencia de la pandemia obligó a decretar el cierre completo de toda actividad no esencial con la recomendación a la ciudadanía de "salir sólo para lo estrictamente necesario".

De igual modo, la Junta acordó hace dos semanas que las universidades de toda Andalucía debían impartir las clases 'on line', mientras que los colegios e institutos sí podían mantener sus clases presenciales.