Canarias ha sumado 209 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los que 173 se han producido en Tenerife, siendo el acumulando total actualmente en las islas de 22.696 casos desde el inicio de la pandemia, mientras que en el último día se ha tenido que lamentar un nuevo fallecimiento en Tenerife que sitúa la cifra de personas muertas en 349.

Así, del total de casos que ha registrado Canarias, 4.707 se encuentran activos, lo que supone 21 menos que hace un día, según se desprende de los datos que la Consejería canaria de Sanidad publica pasadas las 14.00 horas.

Actualmente, de los casos activos en las islas 43 personas se mantienen en una Unidad de Cuidados Intensivos (-1), 262 en planta hospitalaria (+11) y 4.402 están aislados en sus domicilios. Asimismo, un total de 17.640 personas han recibido el alta tras haber contraído el virus del coronavirus.

Respecto a la incidencia acumulada, en Canarias está en los 51,83 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días y a los 96,92 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días

En cuanto a los test, en Canarias se han realizado hasta el momento un total de 609.057 pruebas --1.733 en el último día--, de las que 28.602 fueron positivas, lo que supone un 4,7 por ciento del total.

POR ISLAS

Respecto a los casos de coronavirus por islas, tras meses con Gran Canaria como la isla con más positivos acumulados, el repunte de contagios en Tenerife ha situado a esta segunda isla como la que más positivos tiene con 10.224 registrados desde que comenzó la pandemia (+173), de los que 3.610 se encuentran activos, 200 han fallecido (+1) y 6.414 recibieron el alta.

Le sigue Gran Canaria con 9.664 casos al sumar 29 en las últimas 24 horas, de los que 961 se encuentran activos, mientras que 129 personas han fallecido y 8.574 han superado la enfermedad.

Tras ella se encuentra Lanzarote con 1.459 casos (+3), de los que 72 están activos, nueve han perecido y 1.378 personas han superado la enfermedad.

Fuerteventura por su parte se mantiene con un acumulado de 939 casos (+4), de los que 47 están activos, cuatro murieron y 888 recibieron el alta; La Palma suma con 222 casos, de los que siete están activos, seis fallecieron y 209 superaron la enfermedad.

Cierra la lista La Gomera que acumula 119 casos, de los que 10 están activos, 109 han recibido el alta y no ha tenido que lamentar muertes; mientras que El Hierro tiene 69 casos, de los que ninguno está activo, además de registrar un fallecimiento y 68 altas.

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto' o 'Marisol', por el intento de atentado con coche bomba en 1985 en las inmediaciones del estadio de Mendizorroza (Vitoria) ha quedado visto para sentencia, y el Ministerio Fiscal mantiene su petición de 488 años de prisión.

Este es el tercer juicio al que se enfrenta desde que fue entregada por Francia el año pasado, y la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones con una leve modificación al eliminar el agravante de reincidencia dado que entonces no contaba con antecedentes. La considera así autora de 20 delitos de asesinato en grado de frustración con concurrencia de alevosía, un delito complejo de atentado a agentes de la autoridad en grado de frustración y un delito de estragos en grado de frustración.

Según el escrito del Ministerio Público, 'Anboto' colocó en mayo de 1985 un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, con el objetivo de acabar con la vida de los policías nacionales --al menos 21-- que iban a prestar servicios de vigilancia con motivo de un encuentro deportivo.

En su informe final, el fiscal ha apuntado que si bien marca la cifra en 21 asesinatos en grado de frustración, y dado que "la pena es estratosférica" deja a criterio de la sala que pueda modificar este número puesto que los funcionarios policiales que han declarado sobre ese intento de atentado han dado versiones no coincidentes sobre el número de agentes que podrían haberse visto afectados en el caso de que hubiera detonado el coche bomba. Aunque ha reseñado que como mínimo hubo 14 policías en el retén que pudo verse afectado.

'Anboto', que ha hecho uso de la última palabra durante 15 minutos aproximadamente, se ha vuelto a quejar del trato que recibe en la cárcel porque sigue en primer grado y ha denunciado que sobre esta causa pesa una clave que es la tortura. "Se levanta una enorme 'T' en esta sala, de tabú, de tótem, de tortura. Giramos alrededor de ese tótem, de ese tabú sin querer entrar al saco por una vez", ha dicho.

Su defensa, que ha solicitado la libre absolución al entender que no existe prueba de cargo válida o suficiente para enervar la presunción de inocencia, también ha apuntalado la tesis de la tortura al entender que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hicieron uso de ella en los interrogatorios a los detenidos por este caso, y ha incidido en que fue posible por la dejación de funciones del Ministerio Fiscal y de los juzgados de instrucción.

Y ha añadido que a pesar del que el Ministerio Fiscal en la vista ha señalado que lo que tiene validez es la declaración en sede judicial ante el instructor, no debe olvidar que esa comparecencia va "ligada" al interrogatorio anterior en comisaría.

Ante esto, el fiscal ha sostenido que todas las declaraciones se realizaron con asistencia de letrado, y ha apuntado que a pesar de que se haga hincapié en que las confesiones de algunos, como el etarra José Ignacio Gaztañaga, se hubieran realizado bajo malos tratos, "en la causa no hay dato alguno de maltrato en la toma de declaraciones".

ANBOTO, ANGELINES, SOLE O SOLEDAD

Por otro lado la defensa de Iparragirre ha puesto el foco durante su informe en la "ensalada" de sobrenombres que se han citado durante las declaraciones para referirse a su patrocinada, y ha apuntado que dado que se le ha nombrado como 'Sole', 'Soledad' o 'Angelines', le extraña que en juicios anteriores se hubiera insistido en si era 'Anboto'. "¿Sus colaboradores le conocen con nombres diferentes? Desde un punto de vista operativo es raro", ha explicado, tratando de desacreditar la tesis de que Iparragirre fuera conocida como Angelines en el 85.

Sobre esto, la Fiscalía considera acreditado que de las distintas declaraciones se infiera que la persona que condujo el coche bomba hasta el estadio era Soledad Iparragirre.

La defensa de la etarra ha atacado también el valor de las huellas dactilares que se encontraron en el volante y el cenicero del 124 rojo --el coche bomba-- alegando que parece "un poco raro" que el cotejo haya dado negativo en anteriores comprobaciones, y en cambio en 2019 resulten coincidentes. Ha subrayado al respecto que se desconoce la cadena de custodia y que no hay fotos en el informe pericial realizado.

Pero el Ministerio Fiscal, dado que durante la sesión del miércoles ya quedó claro que la estrategia de la defensa era desacreditar la obtención de esas coincidencias en las huellas, ha tratado de desarmar lo que ha calificado de "teoría conspiranoica". Según ha indicado, el hecho de que por fin se haya podido saber que las huellas del volante, hasta ahora anónimas, corresponden a Iparragirre se debe a su propia iniciativa, dado que pidió un nuevo cotejo.

"Las huellas dejaron de ser anónimas, no es conspiración, sino que había fotografías y negativos --de ellas-- que no se habían digitalizado, y esa prueba podía haber seguido 'dormida' y pasar desapercibida", ha explicado.

ANBOTO TUVO MIEDO DE SER DEPORTADA A TOGO

Iparragirre, tras los informes de la defensa, ha vuelto a negar que en 1985 se encontrara en Vitoria dado que residía en Iparralde --Francia-- donde intentaba rehacer su vida "en un escenario difícil" en el que había atentados y secuestros por parte de los gal. Y ha llegado a explicar que la inestabilidad administrativa que tenía era total, y que vivía con miedo a que la detuvieran y fuera puesta en la frontera con España o incluso que la deportaran Togo.

De forma recurrente ha incidido una y otra vez sobre la idea de que fue torturada por la policía, y ha vuelto a lamentar que se encuentre "en el punto cero" del primer grado penitenciario. Para salir me piden condiciones que a otros no se les pide", ha indicado, para añadir acto seguido que ella reconoce el dolor de las victimas, aboga por las vías pacíficas y acepta las condiciones penitenciarias, pero a cambio de eso no le dejan "avanzar.

También se ha quejado de que la prescripción de delitos no sirva para "los de ETA" o para los que quieren "la independencia del País Vasco", mientras que en casos como el del expolicía acusado de torturas durante el franquismo Juan Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', si se aplicó cuando la jueza argentina María Servini quiso procesarle.

Al hilo, ha abogado por que se haga un "esfuerzo judicial (...) para terminar con esto de una manera humana, para que no se repita, para que no haya humillaciones" y que no se deje sus hijos "otra mochila".

La Comunidad de Madrid ha registrado 6.279 muertes más este año en residencias de enero a mayo, lo que supone un aumento del 245,2%, y ha superado los 37.000 fallecidos en este mismo período, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, Madrid sumó un total de 2.560 fallecidos en residencias durante la primera ola de coronavirus en España, mientras que en 2020 esa cifra ha aumentado hasta los 8.839. En total, 21.240 personas murieron en la región en este período de 2019, que aumenta hasta 37.309 este año, lo que supone 16.069 muertes más en comparación anual.

En cuanto a las muertes en domicilio particular, Madrid sumó 1.805 fallecimientos en 2019, mientras que en 2020 se ha elevado a 4.044 en los cinco primeros meses del año, un 124% más. En los centros hospitalarios se han producido un 82,5% de muertes más.

Los centros hospitalarios concentran la mayoría de los fallecidos durante esos meses, con un 62%, seguida de las residencias sociosanitarios, con un 23,6%, y los domicilios particulares, que superan el 10%.

Otras cifras que expone esta estadística del INE son las defunciones de mayores de 75 años por cualquier causa en la Comunidad de Madrid durante todo el año, hasta octubre. Marzo lidera esta gráfica, con 8.469 fallecidos mayores de 75 años, lo que supone una variación de 5.782 personas de ese rango de edad comparado con el mismo mes de 2019. De ellos, 4.275 eran hombres y 3.928 eran mujeres.

Asimismo, en el mes de marzo de 2020 fallecieron en Madrid un total de 10.923 personas por cualquier causa, lo que supone 7.258 personas más respecto al mismo mes del año anterior.

Las tasas brutas más elevadas de fallecidos por Covid-19 virus identificado por cada 100.000 habitantes correspondieron a Castilla-La Mancha (160,8), Madrid (150,6) y Castilla y León (125,1). Por su parte, las menores tasas brutas de fallecimientos por esta causa se dieron en las ciudades autónomas de Melilla (2,3) y Ceuta (6,0), y en Canarias (7,5).

DEFUNCIONES CONFIRMADAS Y SOSPECHOSAS POR COVID

Por otro lado, Madrid ha presentado 10.210 defunciones por Covid-19 confirmadas y 4.508 sospechosas desde marzo hasta el mes de mayo.

Los mayores porcentajes de fallecimientos en residencias se dieron en Comunidad Foral deNavarra (67,5%), Comunidad de Madrid (64,9%) y Castilla-La Mancha (60,1%).Por su parte, los mayores porcentajes de defunciones por Covid-19 sospechoso registrados en domicilios particulares se dieron en la ciudad autónoma de Ceuta (50,0%), Illes Balears (41,9%) y Región de Murcia (34,6%).

En cuanto a las causas de muerte, las enfermedades infecciones son la primera causa de los fallecimientos de enero a mayo de 2020 con 222,1 de tasa por cada 100.000 habitantes. Tras ella, se encuentran patologías relacionadas con el sistema circulatorio (87,2) y tumores (84,9).

A nivel nacional, durante los primeros cinco meses del 2020 se produjeron en España 231.014 defunciones, 43.537 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 23,2%.

De estas muertes, destacan los fallecimientos por enfermedades infecciosas que aumentaron un 1.687,7% respecto a los cinco primeros meses de 2019, correspondiendo el 67,5% de las defunciones a pacientes con Covid-19 identificado y el 26,9% a pacientes sospechosos.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de 9 años de prisión impuesta el pasado julio por la Sección Primera de la Audiencia de Navarra a un vecino de Pamplona por un delito continuado de agresión sexual cometido sobre su propia hija desde que esta tenía 4 o 5 años hasta los 9.

Además de la pena de cárcel, la Sección Primera de la Audiencia Provincial privó al procesado de la patria potestad de su hija durante 5 años y le impuso una prohibición de acercamiento y comunicación durante 17 años, así como una pena de libertad vigilada de 8 años. Igualmente, la Audiencia le impuso una medida de alejamiento y una prohibición de comunicación con su exmujer durante 6 años.

Como indemnización, el tribunal sentenciador estableció 30.000 euros para la víctima, una cantidad que, al igual que el resto de penas, ha sido ratificada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJN.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los magistrados del TSJN da por admitidos los hechos probados en la primera resolución. El encausado y la madre de la niña se divorciaron en 2014. La niña, nacida en 2010, quedó bajo la guarda y custodia de la madre con un régimen de visitas para el padre.

Tras el divorcio, en unas fechas sin determinar, cuando la niña tenía la edad de 4 o 5 años hasta que alcanzó los 9, durante el régimen de visitas el padre llevó a cabo "en numerosas ocasiones" tocamientos "por diferentes partes de su cuerpo".

Como consecuencia de estos hechos, hacia el mes de octubre de 2018, la niña comenzó a experimentar cambios en su comportamiento y expresó rechazo a ir con su padre, una situación que evolucionó negativamente hasta que en mayo de 2019 se formuló la denuncia, ha informado el TSJN.

La víctima padece "significativos niveles de ansiedad" que le generan un malestar psicológico severo junto con reacciones fisiológicas intensas y alteraciones del sueño y cognitivas.

EL TRIBUNAL SUPERIOR AVALA LA PRUEBA PRECONSTITUIDA

La defensa recurrió la condena ante el TSJN, mientras que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la madre de la menor, abogaron por la confirmación de la sentencia.

En su recurso, la defensa planteó por una parte que la Audiencia de Navarra se había negado a citar como testigo a la víctima para que declarara en el juicio y, en segundo lugar, alegó una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia al considerar que se habían declarado probados unos hechos sin pruebas que los avalaran.

En relación con el primero de los motivos esgrimidos, los magistrados avalan la validez y garantías de la declaración prestada por la víctima en la fase de instrucción como prueba preconstituida. En esa declaración, explican los jueces, estuvieron presentes el Ministerio Fiscal y los letrados de la defensa y la acusación particular.

"Con ello quedan plenamente cubiertos los requisitos que la jurisprudencia exige para considerar válida y suficiente la declaración prestada, ya que, además, a ello debemos sumarle la certificación de la psicóloga que desaconseja una nueva declaración en el acto del juicio, lo cual, y a mayor abundamiento, también se desprende de otros documentos obrantes en las actuaciones", destacan los jueces.

En el juicio, se reprodujo íntegramente la grabación de la prueba preconstituida, una práctica validada por el Tribunal Constitucional como precisan los magistrados. "No hay que obviar tampoco que en el momento del juicio la niña tenía 10 años, y cuando los hechos tuvieron lugar tenía entre los 5 y los 9 años. Es innegable el riesgo de revictimización, o victimización secundaria, que se derivaba de la nueva declaración pretendida", remarcan los jueces.

Respecto a la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala muestra su "plena conformidad" con las conclusiones alcanzadas por la Sección Primera de la Audiencia.

En su declaración, el acusado manifestó que siempre tuvo buena relación tanto con su entonces esposa como con su hija hasta octubre de 2018. Aseguró que su hija era la mejor alumna de su colegio y nunca vio los síntomas que ahora dicen que tiene. Alegó que todo es un plan urdido por su exmujer y por su siguiente compañera sentimental, con la que convivió tras su divorcio con la primera. Según él, en la prueba preconstituida su hija "estaba como hipnotizada, no era ella, manipulada, utilizando términos impropios".

RECHAZO Y ASCO HACIA SU PADRE

El Tribunal, sin embargo, sostiene que la credibilidad del testimonio de la niña vino a corroborarse con los informes periciales y técnicos expuestos por las psicólogas forenses, que calificaron su relato como "altamente creíble", que es la "clasificación máxima de credibilidad".

De igual forma, la Sala valora el informe de la pediatra que atendió a la menor en el servicio de urgencias, quien relató el rechazo y asco de la niña hacia su padre "porque le pegaba, le encerraba en el baño para ducharla, la insultaba y le obligaba a dormir con él". El diagnóstico emitido entonces por la doctora fue de "sospecha de abuso sexual".

En conclusión, el Tribunal no alberga duda alguna sobre la realidad de los hechos denunciados en base a la declaración de la víctima, "en la que concurren todos los requisitos para considerarla creíble y veraz", y los informes y testimonios de los numerosos profesionales, médicos y psicólogos.

El sector platanero, a través de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), contribuye un año más con la Gran Recogida de Alimentos que pone en marcha la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y en esta ocasión se donará un total de 330.000 kilos de plátanos de Canarias que serán distribuidos entre los 54 Bancos de Alimentos de toda España.

Plátano de Canarias continuará además apoyando a los Bancos de Alimentos de cara al final del año con la iniciativa '1KM=1KG', que se pondrá en marcha dentro de la San Silvestre virtual del próximo 31 de diciembre. A través de esta campaña, por cada kilómetro que los participantes recorran se donará un kilo de plátanos de Canarias a Fesbal. Los plátanos donados se entregarán a través de los distintos comedores sociales e instituciones de ayuda social de todos los puntos del país a partir del 11 de diciembre.

Ambas aportaciones de los productores canarios de plátano se suman así a los más de 2,5 millones de kilos donados por ellos a lo largo del año 2020 a Bancos de Alimentos. Desde 2013, Asprocan y Fesbal mantienen una colaboración gracias a la cual más de 1,8 millones de personas, actualmente atendidas por los diferentes bancos de alimentos de todo el país, pueden contar con esta fruta en diferentes períodos del año.

Debido a las limitaciones logísticas que suponen las donaciones de plátano, un producto altamente perecedero que no admite cámaras para su conservación en el tiempo, las donaciones son escalonadas y adaptadas a la capacidad máxima que tienen los bancos para recepcionarla y distribuirla.

Según indica Domingo Martín Ortega, presidente de Asprocan, "estas donaciones responden al alto compromiso del sector platanero con la sociedad. Para nosotros colaborar con Bancos de Alimentos es una responsabilidad y una forma de agradecer, dentro de nuestras posibilidades, el gran apoyo que recibimos constantemente desde todos los puntos del país, y especialmente en un año tan delicado como el que estamos finalizando".

"El trabajo de los Bancos de Alimentos siempre ha sido y será de gran importancia, pero es crucial en el momento actual, en el que tantas familias lo están pasando especialmente mal. Por eso, Plátano de Canarias, a través de Asprocan, no ha dudado en mantener esta colaboración", añadió.

Por su parte, Miguel Fernández, director general de Fesbal, señaló que la crisis del coronavirus ha colocado a los Bancos de Alimentos en una situación dramática: "Si a comienzos de año atendíamos a un millón de personas, en verano, al terminar el estado de alarma, eran ya 1,5 millones las personas demandantes de ayuda alimentaria, y actualmente estamos atendiendo a 1,8 millones de beneficiarios".

"Por esa razón, en estos momentos tan difíciles de pandemia agradecemos el apoyo de empresas y organizaciones como Asprocan, que con sus donaciones de plátanos de Canarias nos permitirán distribuir ese tipo de alimento que tanto se precisa para mejorar la dieta de las personas más desfavorecidas", agregó.

PLÁTANOS PARA HOSPITALES, RESIDENCIAS Y BECAS COMEDOR.

En paralelo a la colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, Plátano de Canarias ha puesto en marcha distintas iniciativas durante los meses de estado de alarma vividos a causa de la pandemia. A través de estas iniciativas se han realizado donaciones a hospitales, residencias de mayores y familias con becas de comedor, atendiendo así a más de medio millón de personas durante el estado de alarma causado por la COVID-19.

Conforme al modelo aplicado por Asprocan, tanto en estos casos como en los de las donaciones a Bancos de Alimentos, la entidad, que engloba al 100% del sector platanero, se encarga de financiar el coste del producto, así como su transporte a destino para posibilitar así la entrega gratuita de plátanos para todas las organizaciones solidarias.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que las unidades didácticas sobre 'Memoria y prevención del terrorismo' que va a poner en marcha el Departamento trasladarán al alumnado de ESO y Bachillerato "un relato sobre la crueldad del terrorismo".

Gimeno ha asegurado, en respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento, que "estas unidades van a ser una aportación a la construcción del relato verdadero, real, de lo que supuso ETA en Navarra y en España, y también una aportación a la necesidad de preservar en la ciudadanía más joven lo que supuso una violencia concreta, el terrorismo de ETA y otro tipo de radicalismos".

El consejero ha señalado que las unidades didácticas están avaladas por el Centro Memorial del Terrorismo y por la Fundación de Victimas del Terrorismo.

Además, ha explicado que este proyecto se presentará el próximo 15 de enero con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Educación, Isabel Celaá, después de que su presentación fuera aplazada debido a la situación de la pandemia de Covid-19.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha destacado que "este Gobierno ha demostrado voluntad política" para poner en marcha el proyecto educativo y ha señalado que "después de que ETA dejara de matar allá por 2011 la sociedad empezó a olvidarse de que ETA existía y dejó de ser un problema para la ciudadanía, pero estamos en la época de la memoria y como sociedad democrática tenemos un deber con las víctimas y con su memoria".

Vox han abandonado este jueves durante unos minutos la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional del Congreso después del encontronazo que la secretaria general del grupo, Macarena Olona, ha mantenido con el presidente de este órgano, el diputado del PP Carlos Aragonés.

El rifirrafe ha tenido lugar durante el debate de una iniciativa del PNV para crear una ponencia en el seno de esta Comisión para que estudie durante al menos un año el fenómeno de la desinformación y de las conocidas como 'fake news', que ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos salvo Vox.

Vox, a través de su diputado Manuel Mariscal, justificaba su rechazo apuntando que la persecución de los bulos pasa por dar más recursos económicos y humanos a la Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "y no creando más subcomisiones".

Y ha denunciado, a renglón seguido, que tanto el PNV como todos los partidos que respaldan precisamente su puesta en marcha --entre ellos el PP--, no sólo "no están legitimados para perseguir la desinformación" sino que además están contribuyendo a la "estrategia" del Gobierno de "legitimar" la "censura" a los españoles en las redes sociales y a los medios de comunicación críticos con su proyecto.

NO ES UNA INICIATIVA "DE PARTIDO"

Tras su intervención, el presidente de la comisión parlamentaria, Carlos Aragonés, ha tomado la palabra para dejar claro que aunque la propuesta partía del PNV no se podía considerar una iniciativa "de partido" en tanto que es apoyada por otros grupos de la Cámara.

Pero, además, ha recordado que el trabajo de este órgano es "integrar a la pluralidad" y ha invitado a Vox a que colabore con su "buena marcha" para comprobar que el trabajo que se hace en la misma sirve "no a la coba del Gobierno, sino al criterio colectivo de un Parlamento".

La 'número dos' de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha interrumpido estas palabras para pedir a Aragonés que, como presidente, no entrara a debatir con los grupos parlamentarios y mantuviera "el decoro debido" a sus señorías.

"Este presidente ha de callar lo que está pensando en estos momentos", le ha replicado enseguida el 'popular', quien ha explicado a Olona que el presidente de una comisión tiene la facultad, reconocida por el Reglamento, de hacer lo que ha hecho, que es "absolutamente común". Al contrario de lo que, según ha cuestionado, ha hecho la diputada de Vox interrumpiendo al presidente sin pedir la palabra, lo cual es "antirreglamentario".

Aragonés ha advertido hasta en dos ocasiones a Olona que mantuviera silencio y el "debido respeto" a la Presidencia de la Comisión y al resto de la Mesa, al tiempo que le he pedido "una cierto contención gestual". "Esto no es un juego, señora Olona, ni propagadístico siquiera, es una reunión de políticos y representantes parlamentarios, y una formalidad que usted debe cumplir".

Sin embargo, nada más concluir, los tres representantes de Vox en esta comisión se han levantado de sus asientos y han abandonado la reunión, a la que han vuelto sólo al final para participar en la votación.

PP Y CS CONTRA EL "MINISTERIO DE LA VERDAD"

Pese a su voto en contra, la ponencia de estudia promovida por el PNV ha salido adelante con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, entre ellos el PP y Ciudadanos, que la consideran "apropiada", mucho más después de que el Gobierno haya impulsado un plan contra la desinformación "o Ministerio de la Verdad", como lo han rebautizado.

Un Ministerio con el que, según ha denunciado el senador de Cs Fran Hervías, el Ejecutivo pretende decidir "qué es verdad y qué es mentira", además de "monitorizar" toda la información para que los medios de comunicación escriban "a su dictado", algo que conculca el artículo 20 de la Constitución, según ha apostillado la senadora del PP senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero.

En el PSOE la diputada Sonia Ferrer ha comenzado lamentado que Vox ya haya conseguido este jueves su "fake new" abandonando la Comisión al haberle sonado como un "ataque" la creación de una subcomisión de estudio de este tipo de bulos. "Se les acaba el negocio de los bulos y las operaciones de propaganda en las redes", les ha soltado.

Tras dejar claro que el Gobierno defiende la libertad de expresión y que "no pretende controlar, censurar ni sancionar a los medios de comunicación, Ferrer también ha replicado a las críticas del PP recordando que "una de las mayores noticias falsas" en la reciente historia democrática la protagonizó el Ejecutivo de José María Aznar asegurando que "ETA estaba detrás de los atentados del 11M".

La Audiencia de Valladolid ha condenado a cinco años de cárcel a Juan Ramón J.B. por el robo sufrido en diciembre de 2017 por una joven en su piso de la Avenida de Segovia a la que dejó atada de pies y manos tras robarle más de 640 euros de una ayuda social para estudios.

La pena es idéntica a la que el tribunal ya impuso en abril de 2019 a otros dos encausados por los mismos hechos, Víctor A.A.C, apodado 'El Mago', y Julio B.A.V, si bien en aquel juicio no llegó a comparecer el ahora condenado por cuanto se hallaba prófugo de la Justicia.

En su fallo, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Audiencia Provincial considera al procesado autor de un delito de robo con intimidación en casa habitado y con el uso de armas, con la agravante de abuso de superioridad, de ahí los cinco años de privación de libertad impuestos, junto con la obligación de indemnizar a la víctima, de forma conjunta y solidaria con los otros dos condenados, en la cantidad de 640 euros.

La pena impuesta coincide con la solicitada con el fiscal del caso, quien en el juicio modificó y rebajó de diez a cinco años de cárcel la petición, ya que en el primer juicio la Audiencia de Valladolid condenó a un lustro de prisión a dos de los acusados al entender que el delito de detención ilegal que también postulaba el acusador público fue un medio para conseguir el fin verdaderamente perseguido, que era el del robo.

Por su parte, la defensa de Juan Ramón J.B. había pedido un fallo absolutorio y, subsidiariamente, que el tribunal aplicara a su patrocinado la atenuante de drogadicción. El ahora condenado, durante el juicio, mantuvo su inocencia y llegó a amenazar con iniciar una huelga de hambre en caso de ser hallado culpable del robo.

La condena de sus dos cómplices en estos hechos fue ya ratificada por Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Los hechos se produjeron en la mañana del 17 de diciembre de 2017 en el piso de la Avenida de Segovia que compartían uno de los acusados, Víctor A.A.C, apodado 'El Mago', y la víctima, Irene F.G, que acababa de cobrar una cierta cantidad de dinero en concepto de ayuda de los Servicios Sociales, algo que conocía el primero.

Así, Víctor, concertado con los también acusados Juan Ramón J.B. y Julio B.A.V, idearon un plan para apoderarse de dicha cantidad. A tal efecto, Víctor entregó a los otros dos las llaves del piso con las que éstos entraron en la vivienda. Acto seguido, el primero entró en la habitación donde se encontraba la víctima y, con el pretexto de querer hablar con ella, la convenció para que acudiera al salón, estancia donde ya la esperaban los otros dos encausados.

AMENAZADA CON UN CUCHILLO Y UNA NAVAJA

Una vez allí, los tres condenados cerraron la puerta de salón y empujaron a Irene, que cayó sobre el sofá, momento en el que Juan Ramón sacó un cuchillo jamonero que llevaba y que puso en el cuello a la víctima, mientras que Julio exhibió una navaja en tono amenazante.

Ataron a la joven las manos con unas cuerdas y acto seguido hicieron lo propio con sus pies, después de que Víctor tratara de besarla e Irene repeliera tal intento con las piernas.

En esta situación, Juan Ramón se dirigió a la habitación de la mujer y, tras revolver cajones, volvió con 640 euros que había encontrado y con un ordenador portátil. Advirtió entonces a Irene de que solo habían venido a por el dinero y la conminó a no denunciar si no quería sufrir las represalias.

Los tres autores abandonaron entonces el piso y dejaron a la víctima atada de pies y manos, si bien ésta logró desatarse los pies y acudir al domicilio de un amigo, el cual había encontrado el portátil tirado en el suelo del rellano del edificio. El amigo la liberó de las ataduras en las manos y fue informado entonces de todo lo que había ocurrido.

El nuevo centro de cría para tratar de salvar al urogallo cantábrico de la extinción estará listo a final de 2020 o en las primeras semanas de 2021 en la finca de Valsemana, en La Ercina (León), según ha informado este jueves el grupo de trabajo sobre la situación crítica del urogallo cantábrico.

El grupo se ha reunido para analizar los avances en las estrategias para salvar de la extinción a esta especie, de la que según el último censo realizado en 2018 apenas quedan 292 ejemplares.

El encuentro del Grupo, del que forman parte el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y las comunidades autónomas de Cantabria, Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia ha abordado las líneas de trabajo para la conservación, los seguimientos, censos la captura y radiomarcaje, así como la evolución en la mejora de supervivencia.

Entre los avances en la situación crítica del urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus), los representantes de Castilla y León han señalado que el nuevo centro de cría en la finca de Valsemana, en La Ercina (León) que se construye desde el pasado mes de julio está próximo a terminar su construcción, que se prevé que acabe entre finales de 2020 y las primeras semanas de 2021.

En el diseño del centro se han revisado las experiencias de cría en cautividad del urogallo, tanto de programas de conservación de las administraciones públicas como de criadores aficionados de toda Europa (Inglaterra, Escocia, Polonia y España).

Del mismo modo, se han definido instalaciones para abordar la cría en cautividad bajo esquemas de reproducción natural y también de reproducción artificial mediante técnicas de inseminación e incubación artificial. Se trata de las técnicas más modernas que se utilizan en la actualidad en programas de cría de especies amenazadas, aunque las del urogallo precisan aún de un mayor desarrollo.

Asimismo, se han presentado los trabajos del programa de conservación ex situ realizados durante 2020 en el centro de cría en cautividad de Sobrescobio (Asturias) y han repasado los avances en la actualizaciónde documentos de coordinación del programa y de protocolos de trabajo. También se han conocido los objetivos de los estudios genómicos que se encuentran actualmente en marcha por parte del Instituto de Biología Evolutiva (IBE-CSIC).

El objetivo de estos trabajos es sentar las bases para el futuro programa de conservación ex situ, analizando la salud genética de la población de urogallo cantábrico, así como su afinidad genética con las poblaciones pirenaicas y con el resto de subpoblaciones europeas de la especie.

El grupo de trabajo sobre la situación crítica del urogallo cantábrico fue creado mediante una orden ministerial en septiembre de 2018, la misma por la que se declaró la situación crítica de diferentes especies de fauna y flora silvestres, entre ellas el urogallo cantábrico.

En la reunión de constitución del grupo se definieron las líneas estratégicas de actuación con la especie que se basan en el desarrollo de un censo genético, de estudios de predación por mesomamíferos carnívoros sobre las poblaciones silvestres de urogallo y el refuerzo del programa de conservación ex situ.

Desde entonces, según el MITECO se ha avanzado en la ejecución del nuevo censo genético, que mostró una población estimada de 292 individuos en todo el cantábrico en 2018 y este análisis está pendiente de una nueva estimación poblacional conjunta cuyos resultados finales están pendientes; la implantación de estudios de evaluación de los efectos de la predación; el impuso al programa de conservación ex situ de la especie con la puesta en marcha del centro de cría del urogallo en Valsemana (La Ercina, León) y el reforzamiento de actividades en Sobrescobio (Asturias).

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha destacado el "papel determinante" de la sociedad civil representada por la discapacidad como "agentes de vigilancia" del cumplimiento de los tratados internacionales de los derechos humanos.

Pérez Bueno ha asegurado que va a estar "muy pendiente" de que "a nadie, por ninguna razón, se le impida el pleno acceso al ejercicio regular de todos los Derechos Humanos en España. "Un país que cuenta con unos poderes públicos que entienden y comparten esta cultura, pero que todavía debe extender su campo de actuación en este sentido", ha declarado.

Así lo ha manifestado en el marco del Seminario de estudio y análisis para una propuesta de modificación normativa para otorgar efectividad en el derecho interno a las decisiones de órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos.

A este encuentro virtual también ha acudido el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno Blanco, quien ha puesto en valor la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 7 de julio.

Para él, esta nueva regulación está inspirada en el respeto a la dignidad de las personas, a los derechos fundamentales y supone "un cambio de sistema".

LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN ESPAÑA

Por su parte, el profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio-Luis Martínez Pujalte, ha introducido un panel que ha profundizado sobre la efectividad de la aplicación del seguimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en España.

En este sentido, expertos juristas han coincidido en cierta insatisfacción con respecto a la penetración de tratados internacionales como la Convención de la ONU en nuestro ordenamiento jurídico, así como a la escasa implicación de los órganos jurídicos.

Asimismo, han llamado la atención sobre "las vulneraciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en la sociedad y la necesidad de introducir normas en este sentido y evitar así recurrir a la ONU". A su juicio, esto "supondría que esta vulneración no está reparada".

En esta línea, Martínez Pujalte ha concluido con la necesidad de una reforma normativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la tutela judicial de los derechos fundamentales. Así, ha destacado que, a la obligación de los jueces de tener en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos, habría que añadir la interpretación de tales tratados por los órganos de supervisión, así como extender la vía de recurso a la decisión de los órganos de los tratados internacionales de los derechos de las Naciones Unidas, entre otras observaciones.

La jornada ha sido clausurada por el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, y por la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero. Ambos han subrayado el compromiso "firme" del CERMI en la reivindicación de los derechos humanos, al tiempo que ha llamado la atención sobre la obligación de los Estados para hacerlos cumplir.

Castilla y León contabiliza un total de 131.527 positivos por coronavirus, de ellos 475 nuevos, junto con 14 nuevas víctimas mortales (11 de ellas en hospitales y tres en residencias) y un total de 18.455 altas hospitalarias, de ellas 83 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este jueves registran 11 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento en la Comunidad 3.918 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 18.455, tras sumarse otras 83 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 210 y los casos positivos a ellos vinculados se sitúan en 2.896. De ellos, Ávila contabiliza 18, dos más; Burgos, 26, cuatro más que el día anterior; León, 23, los mismos; Palencia, 21, cuatro más; Salamanca, 20, dos más; Segovia, 16, dos más; Soria, 11, los mismos; Valladolid, 53, tres más, y Zamora 22, cuatro más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 131.527 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 475. Según los datos de la Administración regional, 124.755 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

BURGOS, LA QUE MÁS SUMA CON 133 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, Burgos es la que suma más nuevos positivos con 133 y 23.238; le sigue Valladolid, con 121 y un total de 30.236; León, con 68 y 21.498; Palencia, con 44 y 9.005; Salamanca, con 32 y un total de 18.247; Zamora, con 29 y un total de 8.416; Segovia, con 23 y 8.071; Ávila, con 22 y 7.102, y Soria, con tres y 5.714.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.918, 11 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 813 --los mismos--, le sigue Valladolid con 781 --uno más--; a continuación figura Salamanca, con 613 --uno más que ayer--; Burgos alcanza 515, cinco más; Zamora anota 302 --los mismos--; Segovia se sitúa en 256--los mismos--; Ávila sigue con los 240--sin variación--; Palencia, 227 --dos más--, y Soria, 171 --dos más--.

En el caso de las altas, un total de 18.455, se han computado 4.473 en Valladolid; 3.358 en León; en Salamanca 2.641; en Burgos 2.586; en Zamora 1.293; en Segovia 1.186; en Ávila 1.151; en Palencia, 1.049, y en Soria 718.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo de la COVID-19 un total de 957 personas, 33 menos. Los pacientes que se encuentran en planta se sitúan en 781, 25 menos, y los hospitalizados en unidades de críticos 176, ocho menos.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 53 por ciento de las camas en unidades de críticos, tres puntos porcentuales menos.

Así, se informa de 39 en el Complejo Universitario de Burgos; 32 en el Clínico Universitario de Valladolid; 30 en el Universitario Río Hortega de Valladolid; 17 en el complejo de Salamanca; 16 en el de Palencia; 12 en el de León; diez en El Bierzo; ocho en el Complejo de Zamora, y cuatro en los de Ávila, Segovia y Soria.

OCHO INTERNOS DE RESIDENCIAS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra notificada de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.559 --ocho más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.454 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, ocho más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.559 finados hasta el momento, 2.031 personas han perdido la vida en su residencia o centro, tres más que el dato de ayer, mientras que cinco personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.528.

Un total de 30 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, seis más que en la jornada previa, y 1.012 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 16 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en los 288 de ayer, de ellos, 171 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles, los mismos.

Además, se encuentran hospitalizados 30 residentes, uno más que ayer, y se sitúa en 926, los mismos, el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, hay tres residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, dos más, mientras que 23 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, los mismos que los días precedentes.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reconocido que ante el problema de la inmigración en Canarias "se está haciendo lo que dijo que podía pasar" en cuanto a "algunos casos singulares y puntuales en función de determinadas situaciones".

Así se ha referido este jueves en su visita a León, donde ha inaugurado el Centro de Regulación y Control (CRC) de alta velocidad de León al ser preguntado por la denuncia por parte de diferentes sindicatos policiales de traslado de inmigrantes de Canarias a la Península.

Ábalos ha reconocido que "no es un experto en inmigración" y ha puesto de manifiesto lo dicho hace unas semanas en su visita a Tenerife, que "es un tema complejo y no se puede hacer demagogia".

En esta tesitura ha reiterado dos visiones de este problema "contradictorias y confrontadas" como son los que tienen una humanitaria y "se escandalizan ante cualquier cuestionamiento de la dignidad" y otra xenófoba que "ve la inmigración como una invasión planificada y proyectada".

Así, ha manifestado que "ninguna de ellas es objetiva y adecuada" y ha abogado por "equilibrar ambas" con una política pública que enfrente esta situación "y busque consenso con aquellos que quieren gobernar y no utilizar este testimonio para otros intereses".

El ministro ha reconocido que "pasarlos a la península no es la solución" y ha reclamado "coherencia" a aquellos que dicen una cosa y la contraria dependiendo del territorio y ha recordado que "todos somos España".

Además, ha explicado que se trabaja "con las autoridades de los países de origen", ya que como país "no se puede dar por válido todo el tráfico de inmigración irregular y no se puede soportar porque la responsabilidad no lo permite".

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este jueves la proposición de Ley del PSOE para regular la eutanasia, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de PP y Vox.

El texto será llevado a debate y votación al Pleno de la Cámara, previsiblemente, el jueves de la próxima semana, y tras ser aprobado se remitirá al Senado para completar la tramitación parlamentaria. Al ser de rango orgánico, la ley de eutanasia necesitara mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, un mínimo de 176 votos, aunque a la vista de los apoyos conseguidos este jueves, parece un objetivo asumible para el PSOE.

En todo caso, en la fase de comisión el PSOE ha incorporado al texto varias enmiendas transaccionales pactadas con formaciones como EH Bildu, PNV, BNG, Más País, Junts y ERC, lo que aumentará su base parlamentaria con vistas a la votación del Pleno.

Entre los añadidos de este jueves destacan una modificación para incidir en que esta regulación es un proceso en el ámbito sanitario y que no es un acto que cada uno pueda celebrar arbitrariamente; y una modificación del Código Penal detallando la despenalización de la eutanasia siempre que se cumpla lo establecido en la nueva ley.

Este último texto acordado, hace modificaciones en el artículo 143 del Código Penal para recoger que serán castigados penalmente quienes causen o cooperen "activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables por la petición expresa, seria e inequívoca".

Pero, además, se añade un quinto apartado en el que se señala que "no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente en la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia".

En el debate, la mayoría de grupos ha destacado el avance que significa esta regulación. Desde Unidas Podemos, su portavoz en esta materia, Rosa María Medel, ha hablado de avance en derechos y ha recordado a quienes se oponen que no se "obliga" a su práctica. En este sentido, también se han expresado los diputado de Junts y ERC, Sergi Miquel y Carolina Telechea, respectivamente quienes ha indicado que, al ser así, esta norma recoge el derecho a una muerte digna y no hacerlo con un "sufrimiento inhumano".

EH Bildu, a través de su representante Iñaki Ruiz de Pinedo, ha celebrado la aprobación de este texto que, según ha indicado, lleva 17 intentos en las Cortes en los últimos 20 años, mientras que el portavoz el PNV en esta comisión, Joseba Agirretxea, ha señalado que esta norma llega para "dar respuesta" a "una nueva situación social" que protagonizan las nuevas generaciones. La diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, por su parte, ha recordado la intención de su partido de "completar el marco legal" de esta situación con la ley de cuidados paliativos.

"INJUSTA, INOPORTUNA E INCONSTITUCIONAL"

Muy diferentes han sido los discursos de PP y Vox, las dos únicas formaciones en contra de la regulación de esta práctica. El portavoz de Sanidad de los 'populares', José Ignacio Echániz, ha calificado la ley de "injusta, inoportuna e inconstitucional" y asegura que no responde a "una demanda social" sino que es consecuencia del "proceso transformador" del PSOE en los últimos años hacia un "izquierda radical".

El diputado del PP ha denunciado que los socialistas "vetaron" las solicitudes de comparecencia solicitadas por su formación, con expertos y organismos que buscaban "abrir los ojos" de los grupos parlamentario y ha criticado que se hayan empeñado en sacar adelante esta norma en lugar de regular los cuidados paliativos que, según ha indicado, cuentan con el apoyo de toda la comunidad sanitaria.

Más dura ha sido la portavoz de Vox en este debate, Lourdes Méndez, quien asegura que, con esta norma "criminal", se está quebrantando el orden constitucional de la vida y que regula una materia que, según ha indicado, la cámara "no está legitimada para ello".

Tras recordar que su partido recurrirá esta "fatídica" ley al Tribunal Constitucional, Méndez ha advertido que la regulación de esta práctica tendrá "consecuencias aterradoras".

REPROCHES DEL PSOE AL PP

La exministra de Sanidad y portavoz del PSOE en esta materia, María Luisa Carcedo, ha negado las acusaciones del PP sobre la opinión social sobre la eutanasia asegurando que las encuestas muestran "siempre un apoyo mayoritariamente masivo" a esta práctica y también cuando se pregunta a los profesionales. Además, ha indicado esta regulación es un consejo de la ONU y de "muchos más tribunales constitucionales.

En este sentido, ha acusado al PP de desoír el artículo 24 del Convenio de las Personas con Discapacidad y le ha reprochado que reclame una ley de cuidados paliativos cando, si hubieran querido, ya estaría en vigor en el país "hace muchos años".

Del mismo modo, ha señalado que esta norma tiene "dos precedentes importantes" legislativos en los que el PP ha tenido "protagonismo" como es la ley de autonomía del paciente y la cartera común de servicios. Carcedo ha indicado ha recordado que el paciente "es el que decide, ni los médicos, ni los enfermeros, ni políticos" y ha insistido en que se trata de una norma "garantista".

Unidas Podemos cree que ha llegado el momento de abrir el debate sobre la institucionalidad y el futuro de la monarquía, que está "en riesgo de implosión" ante las irregularidades atribuidas al rey emérito Juan Carlos I. En este sentido, han insistido en sus planteamientos republicanos y que son partidarios de que la ciudadanía pueda elegir la jefatura del Estado desde las urnas.

Además, ha opinado que el actual Rey Felipe VI debe comparecer para responder a las preguntas de la ciudadanía ante un "escándalo" de esta magnitud, pues la sociedad "tiene derecho" a conocer si miembros de la Casa Real "eran una pieza clave en el entramado de corrupción sistemático del Estado".

Así lo ha indicado el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, en rueda de prensa en el Congreso tras conocerse que Juan Carlos I presentó ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo por importe de 678.393,72 euros para saldar la deuda con Hacienda.

Una vez tenido conocimiento de esa voluntad del rey emérito de regularizar su situación fiscal ante Hacienda de cara a evitar un procedimiento judicial, Mayoral ve complicado que pueda conseguirlo con "todas las piezas del rompecabezas que hay encima de la mesa".

En este sentido, ha aludido tanto a su situación tributaria y elementos "documentados" por los medios de comunicación, como su "fortuna personal" de 68 millones de euros del rey emérito, la utilización de "tarjetas opacas" por él y sus nietos y el ser beneficiario de dos fundaciones ubicadas en "paraísos fiscales. También ha recordado que en una de ellas figura el actual Rey Felipe VI.

Y es que todo este asunto para Mayoral evidencia un "sustrato mucho más de fondo" que tiene que ver, por ejemplo, con la propia institucionalidad de la Jefatura del Estado y "si ésta puede estar en manos de un irresponsable".

QUIEREN URNAS PARA ELEGIR LA JEFATURA DEL ESTADO

También ha dicho que es "difícil mantener" que la monarquía como institución se encuentra al margen de la "vergüenza internacional" derivada sobre las actividades del rey emérito, que además se encuentra "escondido en una monarquía absolutista", en alusión a Emiratos Árabes. Sobre todo cuando existen "grave indicios" de la actuación personal de Juan Carlos I, que "ponen en solfa" a la propia corona que tiene una "grave crisis de materiales".

"No es admisible pensar en un estado de Derecho que alguien pueda estar por encima de la ley", ha dicho para enfatizar que se vuelve a poner en el centro el debate sobre la monarquía y la "posibilidad de que el conjunto de la monarquía pueda controlar a las instituciones públicas sin ningún tipo de excepción".

NO PUEDE HABER ESPACIOS DE IMPUNIDAD

Además, Mayoral ha insistido en que "no puede haber espacios para la impunidad" en la arquitectura institucional del país, pues el principio de inviolabilidad del Rey en la Constitución parece "amparar" conductas que para el resto de ciudadanos son delictivas.

El diputado de Unidas Podemos ha recalcado que este debate sobre el futuro de la monarquía no lo han abierto los republicanos sino esta crisis por las presuntas irregularidades de Juan Carlos I, para ahondar que ellos no quieren legislar sobre la corona sino que haya urnas para elegir democráticamente al Jefe del Estado.

EL PSOE NO ES REPUBLICANO

Por otro lado, ha apuntado que, a diferencia del resto de monarquías europeas, la española fue restaurada por un régimen que colaboró con el "holocausto", en referencia a la dictadura franquista, y que repasando la historia se puede apreciar que el reinado de Isabel II se terminó cuando los "corruptos salieron de la jefatura del Estado".

Preguntado sobre si cree que habrá alguna referencia a este asunto en el discurso navideño de Felipe VI, Mayoral ha respondido que no esperan nada y que debería comparecer ante la opinión pública, dado que es curioso que Juan Carlos I "haya dado más entrevistas" que el actual monarca.

En cuanto a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró ayer que la monarquía "no está en riesgo", el dirigente de Podemos ha dicho que son respetuosos con todas las opiniones pero que no es ninguna novedad que la formación morada es de ideología republicana y el PSOE "no lo es".