El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha afirmado este viernes que el compromiso por escrito de los partidos independentistas de no pactar con el PSC «no tuerce» la voluntad de buscar la solución al conflicto catalán en la mesa de diálogo entre gobiernos.

«La voluntad de forzar al Estado español en una negociación para ejercer un referéndum de autodeterminación y poner sobre la mesa la necesidad de la amnistía, no la tuerce nada. Es una voluntad firme de ERC», ha sostenido en un acto telemático en el último día de campaña.

Lo ha dicho después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya afirmado que este compromiso de no pactar con los socialistas no es compatible la voluntad de diálogo, lo que Aragonès ha criticado: «No aceptamos ni chantajes ni amenazas», y ha insistido en que su apuesta por el diálogo entre los que piensan diferente la defenderán siempre.

El candidato republicano ha afeado a Illa que critique la firma para no pactar con el PSC cuando él ha dicho en campaña que no quiere pactar con independentistas: «¡Qué manera de superioridad moral y política! ¿Pero a quién se ha pensado que quieren representar?».

«Lo que es grave aquí es que se fijan en este compromiso del independentismo de lo que hemos dicho en campaña y lo hemos puesto por escrito, pero él ni ha dicho ni pone por escrito que no está dispuesto a aceptar los votos de la extrema derecha», ha añadido.

CONCENTRAR EL VOTO

Al ser preguntado por que la candidata de Junts, Laura Borràs, haya definido las elecciones del domingo como un plebiscito interno del independentismo, Aragonès ha apuntado que «se vuelve a equivocar de adversario, esto no es una guerra entre independentistas».

«Si Junts quiere hacer una campaña de reproches no nos encontrarán. Nuestro adversario es Salvador Illa», y ha llamado a los votantes independentistas a concentrar el voto en ERC para superar la etapa de reproches constantes entre los partidos que defienden la independencia.

A aquellos que tienen muy claro qué es lo que hay que superar, a los que tenemos muy claro quien son los adversarios, a los que tenemos muy claro que entre la gente independentista y republicana, y aquellos que defienden el derecho a la autodeterminación y la amnistía no hay reproches a hacer, sino voluntades de sumar», y ha reiterado la necesidad de que ERC lidere el espacio soberanista.

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha instado este viernes a que los hosteleros de Castellón y a los de Elda-Petrer (Alicante) tengan «empatía» con los sanitarios y cumplan la ley, en lugar de llevar a cabo su acción de protesta de reabrir bares y restaurantes el 16 de febrero.

«Todos estamos cansados, pero tenemos que acordarnos del personal sanitario, que está exhausto. Y superponer una cuarta ola en las circunstancias en las que estamos ahora sería un cataclismo», ha advertido en su comparecencia semanal.

Oltra, tras poner en valor el «sentido de responsabilidad» de la patronal autonómica CEV por no apoyar la rebelión, ha hecho hincapié en que la normativa está para cumplirla y que el cierre total de la hostelería sigue vigente al menos hasta el 1 de marzo. El bien jurídico que estamos protegiendo es la salud de las personas», ha subrayado.

Es más, ha defendido que las restricciones se toman con la certeza de que «los contagios han bajado en picado desde que se imposibilitan las relaciones». También ha destacado la evidencia científica de que las personas que frecuentan los bares tienen cuatro veces más posibilidades de contagiarse, como afirmó Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS.

Oltra, en este contexto, ha insistido en que la Comunitat no está en condiciones de relajar las medidas y en que la Generalitat debe ser «coherente». «A partir de ahí, obviamente la legalidad la tiene que cumplir todo el mundo», ha recalcado, para recordar a los hosteleros que las medidas también son para «proteger sus vidas y las de sus familiares».

También ha destacado que se pueden beneficiar del plan ‘Resiste’, que prevé llegar a 22.000 empresas, 44.000 autónomos y 136.000 asalariados. «No hay ninguna comunidad que haya destinado 380 millones para paliar los efectos económicos», ha resaltado, sumado al «escudo social» previo a la crisis.

Por todo ello, Oltra ha rogado a las asociaciones que secundan la protesta que «merece la pena continuar con el esfuerzo» para bajar la curva y que la Comunitat salga de la situación de contagio comunitario descontrolado.

Y ante la negativa a negociar de Ashocas (Asociación Hostelera de Castellón), como asociación convocante de la protesta del 16F, ha asegurado que entiende la «angustia y sufrimiento» de un sector muy afectado por el cierre, ya que «todos conocemos a gente que tiene un bar y familias que viven de eso.

Ha reconocido así que el Consell debe ayudar a preservar estos negocios y «rescatar a todas esas familias», aunque ha dudado que sea el caso del presidente de esta patronal Álvaro Amores, «ese señor que tiene un coche que vale 155.000 euros».

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes, tras la mejora de los datos de contagios en la Comunidad foral, que «vamos a ser muy prudentes en la desescalada, muy, muy lentos, en la desescalada para no tener que dar pasos atrás».

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta ha indicado que «somos muy prudentes con la evaluación de la situación; es verdad que los datos, los indicadores nos van diciendo que estamos en mejor situación, hay una clara tendencia a la baja tanto en la incidencia acumulada a 7 días y a 14 días, como en la presión hospitalaria tanto en el hospital como en la UCI».

Según ha dicho, esta tendencia «tiene que seguir avanzando, tenemos que seguir bajando esa incidencia acumulada». «Por eso, hemos prorrogado esos 15 días las medidas», ha señalado, para destacar «la prudencia para no tener que dar pasos atrás».

Chivite ha añadido que «Europa nos está diciendo que seamos prudentes en la desescalada y el otro día en el Consejo Interterritorial también se instó a las Comunidades a que mantuvieran las restricciones. «Hemos aprendido de las dos olas anteriores que tenemos que ser muy prudentes y esa es la estrategia que va a seguir el Gobierno de Navarra», ha asegurado.

Ha expuesto la presidenta que «lo tenemos que ir acompasando con lo que tiene que ver con el calendario vacunal, con proteger a las personas más vulnerables».

Chivite ha señalado, en cuanto a la vacunación, que «nosotros tenemos los recursos suficientes para vacunar, pero lo que se nos tiene que garantizar es el suministro». «Si el ritmo del suministro de vacunas o la aprobación de nuevas vacunas se incrementa, nosotros incrementaremos también en la misma medida el ritmo de vacunación según los criterios poblacionales que ya están establecidos en el calendario de vacunación», ha comentado, para insistir en que «si se adelantan las vacunaciones que nos llegan se irán adelantando el calendario y los tiempos».

MEDIDORES DE CO2 EN CENTROS EDUCATIVOS

Sobre los medidores de CO2 para los centros educativos, María Chivite ha indicado que «Educación ya ha dado la orden para que se puedan instalar». «Pueden ser un buen instrumento para todo lo que tiene que ver con las ventilaciones; se ha ido demostrando, como veníamos defendiendo, que los centros escolares eran lugares seguros y los datos ahí están, son lugares seguros», ha dicho, para añadir que esos medidores «van a ayudar a manejar mejor lo que tiene que ver con la ventilación, que es fundamental en interiores».

Preguntada por el uso del código QR para entrar en los bares en Castilla La Mancha, Chivite ha señalado que «no es algo que esté en estos momentos encima de la mesa» en la Comunidad foral. «Hay reuniones de trabajo con el sector hostelería en las que el tema de la ventilación es uno de los temas que tenemos que trabajar», ha dicho, para incidir en que «la ventilación de interiores es algo fundamental».

Y sobre las ayudas para el sector hostelero, ha comentado que «la semana que viene vuelve a haber una reunión de Desarrollo Económico y Hacienda con el sector hostelero para terminar de perfilarlas; será en este mes de febrero».

Vox rechaza la condena al «negacionismo en la violencia de género» en la propuesta de declaración institucional que el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha enviado a los grupos municipales para tratar de consensuar un texto de cara al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

En un documento de modificaciones al texto, Vox tumba otras frases referidas a «las leyes de igualdad y contra la violencia de género, así como el Pacto de Estado», además de expresiones como «violencia machista».

También matizan que no son «las mujeres quienes siguen haciéndose cargo mayoritariamente de los cuidados de niños, personas mayores y dependientes» sino que son «muchas mujeres». Se desmarcan igualmente de la hoja de ruta marcada con el acuerdo de las 21 medidas aprobadas en noviembre de 2019 para combatir esta lacra.

Las matizaciones de Vox adelantan que será inviable, un año más, acordar una declaración institucional en Cibeles. Ya lo advertía ayer la vicealcaldesa, Begoña Villacís. «Estamos negociando, pero tengo la sensación de que no tiene mucha pinta de que salga adelante», manifestaba.

Vox incluye aportaciones en el documento facilitado por el Gobierno, como poner el acento en «la plena igualdad jurídica en derechos y obligaciones entre hombres y mujeres»; la necesidad de «actuar con la máxima contundencia hasta conseguir la total erradicación» de las conductas violentas a manos de parejas o exparejas; reconocer «aquellos logros que no hayan supuesto la creación de nuevas desigualdades» y felicitar y apoyar a aquellas organizaciones que trabajan por «la igualdad real entre mujeres y hombres».

LA IZQUIERDA RECLAMA LA RESTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IGUALDAD

Más Madrid y PSOE reclaman por su parte que la declaración institucional incluya la restitución de «la recientemente eliminada Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades, con los medios que tenía a su disposición», y también la puesta en marcha de la ordenanza contra la violencia de género.

Dicha ordenanza fue aprobada en marzo de 2019, en la anterior legislatura, «pero que se encuentra paralizada», han indicado las dos formaciones en un comunicado conjunto después de que el Gobierno municipal haya planteado una declaración institucional que incluye una condena expresa del negacionismo contra la violencia de género.

«Condenar públicamente las muestras de odio hacia las mujeres y el negacionismo de la violencia de género», se recoge en uno de los epígrafes de este texto, cuya pretensión es conseguir el visto bueno de las tres formaciones de la oposición.

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha negado este viernes que existan discrepancias entre el presidente del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el líder nacional, Pablo Casado, por los episodios de cargas policiales ocurridos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 en Cataluña.

«El presidente Casado dijo que no le gustó el 1 de octubre y lo cierto es que a nosotros tampoco nos gustó. Creo que al conjunto de la sociedad española no le gustó, porque a nadie le gusta ver cómo se pone en cuestión la Constitución o imágenes de cargas policiales como hemos tenido que ver», ha explicado Tellado.

El número dos de los populares gallegos ha sido preguntado este viernes sobre este asunto después de que Feijóo defendiese este jueves la actuación del entonces Gobierno de Mariano Rajoy el 1-O, tras haber desvelado Casado que decidió no comparecer en rueda de prensa aquella jornada.

Sin embargo, Tellado –igual que la dirección nacional del partido– no ve «ninguna discrepancia» entre las declaraciones de ambos dirigentes: «El presidente Casado dijo que no le gustó el 1 de octubre y lo cierto es que a nosotros tampoco nos gustó».

Seguidamente, el secretario general del PPdeG ha hecho suyas las palabras de Feijóo de este jueves para defender que «en cualquier lugar del mundo, cuando un Estado es atacado, las fuerzas y cuerpos de seguridad deben velar por el orden constitucional».

«Y eso es lo que pasó el 1 de octubre», ha zanjado.

ELECCIONES EN CATALUÑA

Además, preguntado sobre si Pablo Casado se juega su liderazgo en las elecciones catalanas de este domingo, Miguel Tellado ha recordado que él «no se presenta», por lo que «quien se juega su imagen» es el candidato del PPC, Alejandro Fernández.

En este contexto, el número dos del PP gallego ha valorado que estos comicios se producen en una Comunidad que vive «una situación excepcional», ya que tras los últimos años necesita «un ejercicio de moderación política, de centralidad y de poner a las administraciones al servicio de la gente» y no de objetivos «ilegales», como la independencia.

«Y yo creo que ese ejercicio de moderación es lo que está representando la candidatura del Partido Popular en estas elecciones», ha asegurado Tellado, quien ha aprovechado para mostrar el «respaldo» de los popultares gallegos a Fernández: «Tenemos a un gran candidato que, desde luego, es una persona formada y preparada para asumir los restos de futuro en una comunidad como Cataluña».

Y es que en esta autonomía, según el secretario general del PPdeG, el independentismo a lo largo de los últimos años «utilizó la Generalitat para echar por tierra todo lo que representa la Constitución española» por una «ambición ilegal».

«Hace décadas Cataluña era el referente de las comunidades autónomas por su pujanza económica y por su funcionamiento de los servicios públicos. Y ese papel referente ya no lo juega Cataluña sino que lo juega Galicia, porque aquí si hubo estabilidad política», ha reivindicado.

Así las cosas, Tellado ha dicho que en todo caso «quien se juega su futuro político es Cataluña»: «Tiene que decidir si apuesta otros cuatro años más en manos del independentismo o si, por el contrario, apuesta por un modelo constitucionalista que vuelva a una convivencia cívica».

El presidente de la asociación ‘La España que reúne’ y exdirigente ‘socialista’, Nicolás Redondo Terreros, que fue el impulsor del manifiesto en el que participaron más de doscientas personalidades entre intelectuales y políticos para pedir el cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha vuelto a cargar contra el secretario general de Unidas Podemos acusándole de haber sido «amigo de ETA»: «No le gusta la democracia representativa».

Redondo se ha reafirmado en el escrito del manifiesto, que fue firmado por políticos de PSOE, PP y Cs y por escritores, filósofos, exsecretarios de Estado, entre otros, y ha criticado las declaraciones de Iglesias poniendo en cuestión la normalidad democrática en España.

«A él esta democracia no le gusta, como tampoco le gusta la democracia francesa o la danesa, la democracia representativa no le gusta y la ha combatido siempre. Ha sido amigo de ETA, es amigo de Bildu, de ERC, es lógico, y es lógico también porque él preferiría la democracia bolivariana, es su pretensión», ha subrayado Redondo Terreros.

Por ello, vuelve a insistir en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a su vicepresidente segundo: «Si tuviera dignidad se tendría que ir él mismo y defender sus posiciones desde fuera de los privilegios, pero como eso no va a suceder sólo queda la posibilidad de que Sánchez le cese».

«NO CREO QUE SÁNCHEZ COMULGUE CON LO QUE HA DICHO IGLESIAS»

Eso sí, el que fuera secretario general de los socialistas vascos entre 1997 y 2002, cree que Sánchez no comulga con las declaraciones del vicepresidente Iglesias, aunque vuelve a pedir que «actúe en consecuencia» y le cese del Gobierno.

En este sentido, ha recordado que la asociación que él preside, y que se llama ‘La España que reúne’, nació no porque tenga «vocación de ajustes de cuentas», sino porque consideran que «un Ejecutivo de socialistas con comunistas es doblemente malo»: «Es malo para los socialistas y es malo sobre todo y de una forma más trascendente para el país».

Por eso, defiende que el manifiesto «no es un ajuste de cuentas entre socialistas», sino que se trata, según sus palabras, «en la defensa del sistema del 78». Asimismo, reivindica que el escrito pidiendo el cese de Iglesias recoge una reacción muy transversal en la que se encuentran desde Joaquín Leguina hasta José Manuel García-Margallo.

RESPONDE A IGLESIAS

En este sentido, Redondo ha respondido a la reacción de Iglesias al manifiesto en la que asegura que estas personas muestran «impotencia y desesperación» en lugar de «capacidad de influencia». «No sé que influencia tenemos nosotros, tampoco lo hemos hecho para eso, lo hemos hecho porque merece la pena defender la democracia de personajes como él que aprovechan de una forma inmoral su situación privilegiada para destrozar la democracia», ha contestado el exdirigente socialista.

En este contexto, ha reivindicado la acogida que ha tenido el manifiesto, que se ha encontrado con 4.000 firmas en la plataforma ‘Change.org’, aunque reconoce que no tiene las expectativas que «tienen los movimientos totalitarios como el que representa Iglesias».

«Los ciudadanos decidirán cuando tengan la capacidad de hacerlo en las elecciones, pero por ahora la reacción no es mala», ha señalado Redondo, que ha avisado a Iglesias de la bajada, que a su juicio, sufrirá su partido en las elecciones catalanas y que coincide con la pérdida de votos en los últimos comicios gallegos y vascos.

«Ningún líder político en estos últimos 40 años sobreviviría a los fracasos electorales de Iglesias, tiene embargado, conquistado un partido político para él», ha censurado.

Por último, sobre si tiene previsto alguna acción más de este tipo, Nicolás Redondo explica que ‘La España que reúne’ es una plataforma que nace con vocación política que quiere enriquecer el debate político en España.

«Insultar o ridiculizar», «decidir por mi hasta el más mínimo detalle», o «controlar a través del móvil» son las principales situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja que las adolescentes reconocen haber vivido alguna vez o con más frecuencia en sus relaciones.

Así lo han señalado en un estudio realizado por la Delegación de Gobierno sobre la Violencia de Género en el que se ha cuestionado a jóvenes de entre 14 y 20 años de todo el territorio nacional. Los datos obtenidos, además, se ha comparado con estudios anteriores sobre esta materia, realizados en 2010 y 2013.

Las cifras recogidas en 2020, determinan que las situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja que un mayor porcentaje de chicas adolescentes reconocen haber vivido, alguna vez o con más frecuencia, son las de abuso emocional («insultar o ridiculizar», por el 17,3%), el control abusivo general («decidir por mí hasta el más mínimo detalle», por el 17,1%) y controlar a través del móvil (por el 14,9%).

Además, el 11,1% reconoce que se «ha sentido presionada para situaciones de tipo sexual en las que no quería participar», el 9,6% que le han hecho «sentir miedo», el 8,7% que le han dicho que «no valía nada» y el 8% que el chico que la maltrató «presumía de dichas conductas».

RECONOCIMIENTO DEL MALTRATO HECHO FRENTE AL RECIBIDO

Al preguntar por la relación con el chico que ejerció la violencia vivida, el 16,9% de las adolescentes reconoce que es su pareja actual. El resto reconoce que es el chico con el que salía, quería salir o quería salir con ella.

El trabajo señala que, como se registró en los documentos de 2010 y 2013, el porcentaje de chicos que reconoce haber ejercido cada situación de violencia de género es sensiblemente menor al porcentaje chicas que responde haberlas sufrido.

Por ejemplo, respecto a las situaciones vividas alguna vez o con más frecuencia: el 2,3% de los chicos reconoce que «le ha pegado», frente al 3,6% de chicas que reconoce haber sufrido dicha situación. El 3,1% de los chicos responde que «ha presionado para conductas de tipo sexual en las que ella no quería participar», frente al 11,1% de chicas dice haberse sentido presionada; mientras que el 2,8% de los chicos dice haber «enviado mensajes a través de Internet o de teléfono móvil en los que la insultaba, amenazaba, ofendía o asustaba», frente al 6,3% de chicas que reconoce haberlos recibido.

A pesar de estas cifras, el trabajo indica que, mientras entre 2010 y 2013 se produjo un «claro incremento» de la violencia de género de control en las parejas adolescentes; entre 2010 y 2020 esta violencia ha «descendido significativamente», principalmente en lo que se refiere a actitudes de control sobre «el más mínimo detalle» de la vida de sus parejas y de «aislamiento» de sus amistades.

LA EDUCACIÓN EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La directora del trabajo, María José Díaz-Aguado, ha señalado que el aumento de esta violencia registrado hace más de 10 años se achacó al uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, en 2020 se usan «aún más» y, a pesar de ello, las cifras se han reducido. Para Díaz-Aguado, esta situación se debe a «la educación».

De hecho, los resultados obtenidos al preguntarles si han trabajado en el centro sobre cómo usar bien Internet y las redes sociales reflejan que el 52,5% de la adolescencia recuerda dicho trabajo, frente al 47,5%, que no ha trabajado en la escuela sobre cómo usar bien las TICs.

Del mismo modo, la adolescencia en 2020 reconoce que las principales fuentes en el conocimiento que tienen sobre la violencia de género en dicho año son Internet (el 75% así lo destacan), seguida de la televisión o el cine (el 70,4%). «No sucedía así en los resultados de los estudios anteriores», señala el trabajo. Entonces, la principal influencia era la televisión y el cine.

Las adolescentes encuestadas, también destacan las campañas de sensibilización en la calle o transporte público (52,2%), lo que hablan con las amigas (50,1%), las explicaciones de una profesora en clase (43,4%), lo que hablan con amigos (41%) y lo que leen (40,1%). Finalmente, el trabajo destaca la relevancia que tiene que el 16,8% reconozca que ha tenido mucha influencia en su idea de la violencia de género lo que ha visto en su familia.

SALUD PSICOLÓGICA Y FÍSICA

Por otra parte, la directora del estudio ha señala que, por primer vez, se ha incluido un bloque de 11 preguntas sobre problemas de salud de tipo psicológico y de tipo físico. Los resultados reflejan que ellas reconocen vivir los dos tipos de problemas con mucha mayor frecuencia que ellos, que, según los preguntado, no viven ninguno de los 11 problemas por los que se pregunta.

Así, son mayoría las chicas que reconocen vivir bastantes o muchas veces problemas como agotamiento (68,7%), nervios (68,6%), dolor de cabeza (56,8%), tristeza (54,3) o dolor de espalda (52,9%). En cuanto a los problemas más frecuentes en ellos son: agotamiento (43,6%) y nervios (41,2%). En el resto de los problemas, el porcentaje de chicos que reconoce vivirlos con frecuencia es siempre inferior al 31%.

Díaz-Aguado ha indicado que estos resultados reflejan una relación significativa entre los problemas de salud y la violencia de género en la pareja ya que, ha apuntado, estos problemas son más frecuentes en las chicas que han vivido estas situaciones, especialmente entre quienes han vivido violencia múltiple y frecuente.

Durante la presentación de este trabajo, la secretaria de Estado de Violencia de Género, Noelia Vera, ha celebrado que la percepción del machismo es ahora «muy potente» entre la juventud por un mayor acceso «a la información», así como por «la fuerza» del movimiento feminista en lo últimos años.

A su juicio, «se ha avanzado en percepción y educación», pero, ha señalado que «la fuerza de los roles y estereotipos sexistas» siguen teniendo «un papel importante en la vida de las jóvenes».

En el acto, también ha estado presente el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, quien ha considerado los datos de este trabajo como «esperanzadores», aunque ha reconocido que «queda mucho por hacer» en esta materia. Tiana, ha apuntado que no es partidario de que cada novedad que ocurra en la sociedad se convierta en un una asignatura, pero ha abogado por establecer mecanismos para que se consigan estas competencias.

Más de 3,5 millones de personas se han beneficiado del plan ‘Respuesta Social al COVID-19’ puesto en marcha en 2020 por BBVA en 10 países en los que opera el banco y dotado con 35,7 millones de euros para ayudar a la sociedad en su conjunto.

Los 35,7 millones de euros del plan ‘Respuesta Social al COVID-19’ se han destinado a tres líneas de actuación: apoyar a las autoridades sanitarias, contribuir con organizaciones sociales y fomentar la investigación científica.

Estas líneas están vinculadas a su vez a tres ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) concretos. La primera línea, vinculada con el ODS 3 (Salud y Bienestar) y que representa el 81% de la contribución, se ha dedicado a la compra de material sanitario que incluye 2.845 respiradores, 400 oxigenadores, 2.020 test, 9,5 millones de mascarillas, 5.396 EPI o kits de protección, 144.057 gafas y protectores faciales, 8,3 millones de guantes, 26.850 unidades de gel y alcohol, 21.004 mantas y 3,7 millones de unidades de otro material médico. Con este material se ha apoyado a 371 hospitales.

Además, se han financiado 3 hospitales de campaña y se han adquirido 780 unidades de equipamiento electrónico para enfermos. Un total de 839.773 personas se han beneficiado del material médico facilitado a hospitales, que representa el 24% de los beneficiarios del plan.

La segunda línea de los fondos, vinculada con el ODS 2 (Hambre Cero) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) y que representa un 11% de la donación, se ha enfocado a ayudar a colectivos vulnerables. Así, a través de la colaboración con 472 entidades, BBVA ha apoyado a más de 2,6 millones de personas (un 76% de los beneficiarios del plan). Entre ellas destacan, a nivel global, Cruz Roja en Argentina, España, México y Colombia, y Bancos de Alimentos en Estados Unidos y Portugal. Los fondos han servido fundamentalmente para cubrir sus necesidades alimentarias y bienes de primera necesidad; apoyo afectivo y psicosocial, y asistencia y formación.

La tercera línea de los fondos, vinculada con el ODS 9 (Industria, innovación e Infraestructura) y que representa un 8% de la donación total, se ha destinado al fomento de la investigación contra el COVID-19, que ha beneficiado directamente a 226 científicos o investigadores. En este apartado destaca el apoyo a 20 proyectos de investigación científica a través de la Fundación BBVA en biomedicina, big data – IA, ecología y veterinaria, economía y ciencias sociales, y humanidades. Además, se ha apoyado un proyecto de investigación en Uruguay.

La aportación de BBVA se ha canalizado a través de los bancos locales en Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Portugal, Turquía y Uruguay, así como de la Fundación BBVA. Para garantizar la distribución eficaz de los fondos, se ha diseñado un plan de respuesta global sin precedentes, que incluye la coordinación con gobiernos, autoridades sanitarias y otras empresas y organizaciones sociales.

EL EFECTO MULTIPLICADOR DE LAS APORTACIONES

Adicionalmente a la contribución directa de BBVA, sus empleados y clientes han donado más de 11,2 millones de euros, que se han destinado a las tres líneas de acción descritas anteriormente. En concreto, el banco puso en marcha una iniciativa entre sus empleados, para que pudieran unirse a la ayuda solidaria contra la pandemia, que ha recaudado 1,8 millones de euros que fueron distribuidos a diferentes entidades colaboradoras globales y locales. Asimismo, BBVA ha promovido la participación de sus clientes con varias campañas, a través de las cuales se han recaudado 9,4 millones de euros.

Por otra parte, BBVA ha activado iniciativas de ayuda a sus clientes, con foco en empresas, pymes y autónomos, pero también para los particulares más afectados por la crisis provocada por el COVID-19. Entre ellas destacan los aplazamientos de cuotas de créditos hipotecarios y de consumo.

Asimismo, en el conjunto de los países en los que opera, el banco ha concedido en 2020 moratorias de pago por valor de 38.000 millones de euros y financiación a través de programas gubernamentales por valor de 25.000 millones de euros. La entidad también ha apoyado a sus proveedores más cercanos con esquemas de protección para empleados y empresas, y con el adelanto del pago de facturas, sin esperar al plazo acordado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado las restricciones impuestas por el Gobierno durante el primer estado de alarma por la pandemia relativas a los desplazamientos de menores que habían sido recurridas por un abogado, estableciendo que las Orden dictada en abril de 2020 por el Ministerio de Sanidad no incurre en arbitrariedad y tampoco cabe imputarle la vulneración de derechos fundamentales de los menores de catorce años ni de sus padres.

Resuelve así el fondo del recurso presentado por un abogado valenciano, Curro Nicolau, que había solicitado en mayo la anulación de las órdenes dictadas por el Ministerio de Sanidad para trasladarse con su hija a su segunda residencia alegando tener acceso a pruebas médicas para descartar su contagio.

Al haber desestimado su recurso en todos sus términos el alto tribunal le impone el pago de las cosas procesales, que ascienden a 4.000 euros, según señala la resolución.

La resolución, de 35 páginas y de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas, tiene fecha del pasado miércoles y resuelve en el sentido expresado en los informes tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía y afirma que «no fue fruto de la arbitrariedad aliviar el confinamiento de los menores de catorce años de la forma en que se hizo -con horarios de salida y desplazamientos limitados– sino que respondió al propósito fundamentado de reducir el perjuicio que aquél les causa sin, por ello, exponerles y exponer a terceros al peligro de contagio».

Desde esta perspectiva se entiende la explicación de la Orden sobre la razón del horario y limitaciones de salida, según el Supremo, una justificación «que puede extenderse a la distancia de un kilómetro impuesta y al ulterior distinto régimen en municipios de poca población o en fase de desescalada».

MOVILIDAD, FACTOR DE DIFUSIÓN

En su resolución, el Supremo califica de «natural «que el señor Nicolau quisiera llevar a su hija de nueve años a su segunda residencia en Alp (Girona) y que deseara reunirse con sus amigos residentes a más de un kilómetro de su domicilio, pero la movilidad de la población es un factor principal de difusión de la enfermedad.

De ahí que, «aun relajando para los menores de catorce años la restricción general, la Orden SND/370/2020 mantuviera limitaciones de tiempo y espacio que participan de la razonabilidad antes señalada y excluyen la vulneración alegada». Añaden que tampoco ven necesario el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de este asunto porque ello no se considera necesario para que la Sala pueda juzgar sobre la conformidad a Derecho de la Orden del Ministerio entonces bajo responsabilidad de Salvador Illa.

Los magistrados añaden, como precisión que consideran importante, que la declaración del estado de alarma y la prohibición gubernativa de una manifestación no tratan de garantizar el orden público, sino el derecho a la integridad física y la salud, en último término «los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente.

Para el alto tribunal es notoria la constante insistencia de las autoridades sanitarias de todo orden y lugar en que el riesgo principal de contraer la enfermedad proviene del contacto con personas contagiadas y en que, «para prevenirlo, además del uso de mascarillas, de mantener la distancia de seguridad y de las medidas de higiene personal y de ventilación de lugares cerrados, es necesario limitar sustancialmente ese contacto y la movilidad que lo propicia».

La sección tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña ha declarado que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tal y como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña el pasado mes de septiembre, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Además, en la sentencia, que responde al recurso de apelación presentado por la familia Franco, condena a los herederos a desalojar esas propiedades. «Dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios», al tiempo que ordena la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias sobre las fincas.

El tribunal sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era «un título hábil» para reconocer la transmisión.

Por ello, condena a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero les reconoce el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. Los jueces descartan «mala fe» en la posesión por parte de los demandados porque, sostiene, nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y «llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños».

El tribunal ha acordado declarar inexistente, desde el punto de vista jurídico, la donación del inmueble y las fincas realizada en 1938 a Francisco Franco. Los jueces también han decretado nula, por «simulación absoluta», la escritura de compraventa de 1941 por la que supuestamente le vendieron a Francisco Franco el inmueble.

En la misma línea, han considerado «ineficaz» la partición de la herencia de Franco correspondiente a las fincas de Meirás, al igual que la donación de diversas parcelas situadas en el recinto del pazo que fueron donadas por Carmen Polo a su hija.

RESARCIMIENTO DE GASTOS

Los magistrados del tribunal provincial han confirmado la sentencia de primera instancia en lo relativo a la propiedad del pazo, pero han revocado parcialmente el fallo en otras cuestiones.

Así, reconocen a los apelantes el derecho a ser resarcidos en los gastos necesarios en que incurrieron para la conservación del inmueble, pues consideran acreditado que realizaron «múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento» y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron «múltiples reparaciones».

Los jueces entienden que es «obvio» que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años «su estado actual sería ruinoso». La cantidad que deberá abonarles el Estado por esos gastos se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.

RECHAZA «MALA FE»

En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio (restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble), la magistrada de primera instancia entendió que no cabía porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco «de mala fe».

Los magistrados de la Audiencia Provincial, sin embargo, consideran que no hay pruebas de que los demandados fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido.

«Para estos herederos, el inicio de su propiedad es una inscripción en el Registro de la Propiedad de Betanzos en 1941 de una escritura de compraventa otorgada ante notario, en la que su abuelo compra a la nuera de doña Emilia Pardo Bazán el pazo». «Finca que en 1976 se adjudica a su abuela, posteriormente pasa a ser propiedad de su madre y, ahora, de ellos».

«Todo con una cadena de transmisiones aparentemente impecable. No se atisba la razón por la que debieran ser conscientes de una supuesta irregularidad en su adquisición», indica la Audiencia, al tiempo que subraya que la creencia de que la adquisición era correcta también está avalada por el hecho de que, tras la muerte de Franco en 1975, «llevan más de cuatro décadas utilizando el pazo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños».

PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

Además, los magistrados destacan que «como tales dueños» han sido tratados hasta ahora por la propia Administración. «Aunque se diese por cierta la mala fe posesoria en Francisco Franco, no necesariamente se transmite a sus herederos».

«La reivindicación de la propiedad es un evento totalmente novedoso que se produce ahora por vez primera». «La Administración nunca los requirió para que entregasen la propiedad de un inmueble que ahora se considera de dominio público», sostiene.

El tribunal indica que Francisco Franco intentó regularizar la situación del pazo en el registro porque el pergamino de donación «no era documento hábil para obtener la inmatriculación al no ser una escritura pública». Los jueces aseguran que el buscar una fórmula para «legalizar» una propiedad «en modo alguno supone la mala fe en la posesión», pues afirman que «no necesariamente se hace para ocultar una posesión de mala fe, sino que puede tramitarse para regularizarla de buena fe».

«NUNCA SE DONÓ» A FRANCO

También estima el alegato de los recurrentes en cuanto a que la prueba practicada «acredita que la intención final de la Junta Pro Pazo del Caudillo fue donar las Torres de Meirás a la persona de Francisco Franco, no al Jefe del Estado, ni al Estado». Así, entiende que fue «un regalo personal al general que estaba ganando la guerra y cuyos favores pretendían granjearse los promotores».

Los jueces, no obstante, advierten que esa intención «nunca llegó a ser efectiva» jurídicamente por la forma en que se donó, ya que nunca se otorgó una escritura pública. «La intención era donar a la persona, pero nunca se llegó a donar a nadie», concluyen.

La Audiencia refleja en la resolución sus dudas sobre quién ejerció desde 1940 hasta 1974 como dueño del pazo de Meirás, si el Estado o Francisco Franco a título personal, pero subraya que, a su juicio, lo relevante es que los terrenos colindantes al edificio «los ocupa el aparato del Estado desde el primer momento, desplegando su capacidad de ejercer la fuerza sobre los ciudadanos», así como que el Estado es el que realiza las obras de acondicionamiento.

Concluye la sala que, hasta 1975, «se hace cargo de la totalidad de los gastos inherentes a la propiedad, obras de mejora y mantenimiento». Desde 1975 hasta la actualidad, según el fallo, son los herederos los que asumieron esos costes de mantenimiento, por lo que la Audiencia les reconoce el derecho a ser indemnizados.

LA ESCRITURA, «FANTASÍA TOTAL»

En relación a la escritura pública de compraventa de 1941, el tribunal observa que «no se vende nada, es una mera apariencia de un negocio inexistente». Los jueces subrayan que esa escritura es «una fantasía total» que se otorga ante notario «para crear una ficción, plasmar un negocio jurídico no existente, pero logrando un título aparente que sí se puede presentar ante el Registro de la Propiedad».

Contra la resolución de la Audiencia Provincial puede interponerse recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo. Alternativamente, e incompatible con los anteriores recursos, si se considerase que la sentencia infringe normas de Derecho Civil de Galicia, puede recurrirse en casación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Cismary Marcano, mujer del opositor venezolano Ernesto Quintero, ha «suplicado» este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frene la extradición de su marido, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, asegurando que es «inocente» y advirtiendo de que, si vuelve al país caribeño, podría ser «asesinado».

Quintero, que actualmente se encuentra en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, a la espera de ser enviado a Venezuela, fue detenido el miércoles después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.

«Hasta el día de hoy está preso por el Gobierno de España y yo le pido a Pedro Sánchez y a todo su equipo que, por favor, no extraditen a mis esposo», ha dicho Marcano, en declaraciones a la prensa durante un acto de protesta que ha tenido lugar en el entorno de la Audiencia Nacional.

La mujer, que ha incidido en que su marido es inocente, ha pedido a Sánchez que le dé la oportunidad de demostrarlo, denunciando que «se han metido todos los recursos y se han llevado todas las pruebas» pero «nada se ha tomado en cuenta».

Marcano ha avisado a Moncloa de que, si es enviado «a la dictadura de Venezuela», al llegar «puede ser torturado y más, puede ser asesinado». «Si a mi esposo le llega a (pasar) algo… Yo acuso a Pedro Sánchez por lo que le pueda pasar a mi esposo», ha indicado, para insistir al borde del llanto: «Le suplico que, por favor, me ayude».

En un tono más calmado, el político opositor Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, se ha mostrado consciente de que «hay procedimientos» que cumplir cuando se solicita una extradición y ha sostenido que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha respetado la integridad y los Derechos Humanos de los venezolanos», si bien le ha reclamado «una respuesta inmediata en este caso, porque lo que hay es una gran equivocación, un gran error».

LLAMAMIENTO DE ACNUR

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en una carta, instó a las autoridades españolas a «valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela», así como a hacer una «valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la información de país de origen, la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela, así como los principios de la unidad familiar».

Marcano y la hija del matrimonio, de 7 años, solicitaron asilo en España y se les concedió, pero a Quintero –que había llegado un año antes que ellas, en 2018– se le denegó por tener antecedentes penales debido, precisamente, a la acusación de estafa.

El nuevo abogado de Quintero, que se hizo cargo del caso hace apenas 24 horas a título ‘pro bono’, Ismael Oliver, del Despacho Oliver Abogados, ha avanzado que presentarán una ampliación de la demanda de asilo, un recurso extraordinario ante la Audiencia Nacional para que la tenga en cuenta y suspenda la extradición, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Vox cuenta ya con el visto bueno de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para poder entrevistarse en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) con el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo en relación con el operativo ‘Kitchen’, al que se le dedica una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Fuentes del partido aseguran que sólo falta fijar una fecha concreta y cerrar las condiciones en las que se llevará a cabo la reunión.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que dirige personalmente el asunto, ya adelantó el pasado miércoles en su cuenta de Twitter que se había autorizado el encuentro con Villarejo, que está en prisión desde noviembre de 2017 por la causa ‘Tándem’.

TEMEN QUE LA COMPARECENCIA SE RETRASE

El partido de Abascal cree conveniente seguir adelante con esta entrevista a pesar de que la comisión de investigación ya aprobó que el comisario declare en el Congreso, y es que temen que el PSOE y Unidas Podemos quieran posponer ese testimonio para las últimas sesiones.

La declaración de Villarejo ante la comisión no tiene fecha asignada, dado que aún no se ha acordado un calendario de comparecencias. Además de Villarejo, se escuchará a los responsables policiales implicados, a los responsables de Interior en esa etapa, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz, y a políticos como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Los hechos se investigan en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada ‘Kitchen’, que indaga sobre el operativo ‘parapolicial’ orquestado para sustraer información y documentación sensible, de dirigentes del PP, al extesorero de la formación política Luis Bárcenas con el objetivo de que no acabara en manos de la Justicia.

Esta misma semana se conoció que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha puesto fecha para una nueva declaración testifical de Bárcenas en el marco de esa pieza. Así, el lunes 15 de febrero a las 09.00 horas se le tomará de nuevo declaración en calidad de perjudicado.

PRIMERO, EXAMINAR LA DOCUMENTACIÓN

En paralelo, los trabajos de la comisión llevan otros tiempos, y a principios de febrero la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, declinaba anticipar cuándo podría tener lugar la comparecencia de Villarejo y se limitaba a recordar que, antes de empezar a llamar a comparecientes, los grupos debían recibir y estudiar la documentación que han solicitado sobre el asunto, y que en todo caso las comparecencias se fijarían tras las elecciones catalanas de este domingo.

Eso sí, según fuentes jurídicas, desde la Audiencia Nacional no se plantean enviar al Congreso documentación del caso que conste en el sumario a pesar de que haya sido solicitada por los grupos parlamentarios.

El portavoz nacional de Facua y secretario general de la federación en Andalucía, Rubén Sánchez, ha valorado este viernes que el Parlamento Europeo pida que el plan de acción para la economía circular presentado por Bruselas sea más ambicioso y contemple objetivos vinculantes en materia de huella ecológica por el uso y consumo de materiales, si bien ha señalado que «hay una clave que no se está teniendo en cuenta», ya que, «guiados por intereses de lobbies», se «fomenta el reciclaje» pero no la reducción de envases ni la reutilización de los mismos.

En declaraciones, Sánchez ha señalado que tan importante es la declaración de intenciones de Europa como «luego su materialización y su implementación por parte de los estados miembros».

Ha apuntado a trabajar en potenciar la reducción de los envases y ha destacado la práctica «engañosa» de usar envases muy grandes para dar una apariencia al producto mayor, y también ha señalado el doble empaquetado de algunos productos, como por ejemplo la venta de fruta cortada y envasada, algo que ha tildado de «disparatado».

Así, ha abogado por reducir el tamaño de los envases, intentar reducir el uso de plástico para envasar y la reutilización de los mismos por parte del propio consumidor. «Hay campañas continuas cuyo único objetivo es reciclar llevadas por el interés de determinadas empresas, pero no se fomenta la reutilización cuando, además, el reciclaje no es la panacea», ha subrayado.

Por último, ha apuntado que se necesitan normas que impliquen sanciones a las empresas que lo vulneran, además de protocolos de control con un cuerpo de inspección suficiente.

PARLAMENTO EUROPEO

Cabe recordar que el Parlamento Europeo ha reclamado esta semana que el plan de acción para la economía circular presentado por Bruselas sea más ambicioso y contemple objetivos vinculantes en materia de huella ecológica por el uso y consumo de materiales

En un informe, la Eurocámara plantea objetivos vinculantes para 2030 de reducción de la huella ecológica por el uso y consumo de materiales, que cubra el ciclo completo de todas las categorías de productos comercializados en la Unión.

Para ello, los parlamentarios instan a Bruselas a presentar una propuesta legislativa en 2021, que amplíe el alcance de la directiva sobre diseño ecológico.

Según defiende el informe aprobado por el pleno de la Eurocámara, el objetivo es establecer estándares específicos para garantizar que los productos comercializados en la UE tengan un buen rendimiento, sean duraderos, reutilizables, reparables, no tóxicos, actualizables y reciclables.

La idea es contribuir al plan de economía circular de la Comisión, en línea con el objetivo de neutralidad climática marcado para 2050. Esto pasa porque los productos producidos en la UE contenga material reciclado y sean fabricados mediante un uso eficiente de recursos y energía.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que respeta el auto del TSJPV, por el que decidió la reapertura de los bares y restaurantes de los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ en Euskadi por alta incidencia de la covid-19, aunque no lo comparte ni entiende, y ha pedido al presidente Pedro Sánchez que se acuerden los mecanismos legales necesarios, dentro del actual estado de alarma, para que las comunidades autónomas puedan adoptar sus decisiones contra la pandemia con «garantías jurídicas».

Urkullu se dirigió el pasado miércoles por carta a Sánchez después de que el TSJPV resolviera el martes anular parte de las restricciones de su decreto para reabrir la hostelería.

El Lehendakari ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Asesor del LABI, en la que ha presentado el Plan Bizi Berri III, que recoge la estrategia de respuesta comunitaria y de regulación de las actividades sociales para hacer frente a la pandemia, para garantizar la salud pública.

Tras señalar que este el objetivo prioritario es garantizar la salud pública de la ciudadanía, ha aseverado que todas las decisiones que adoptan se orientan a ese fin «y se fundamentan en lasrecomendaciones de las autoridades sanitarias», y se tienen en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Además, ha procedido a leer el dictamen de la Comisión Técnica del LABI sobre el auto del TSJPV que reabre la hostelería, en el que «muestra su perplejidad y disconformidad por la argumentación utilizada» por la resolución judicial.

La evidencia científica disponible y las directrices de los organismos internacionales, así como la práctica internacional avalan, articularmente en contextos con tasas de incidencia muy alta, las medidas adoptadas en Euskadi»», asegura la mesa de técnicos.

RECONOCE LA LABOR DE EPIDEMIÓLOGOS

Por su parte, el Lehendakari ha querido «avalar, reconocer y poner en valor el trabajo de las y los profesionales epidemiólogos, virólogos, matemáticos, médicos de familia, expertos en salud y profesionales sanitaros en general en Euskadi y en todo el mundo».

«Reitero que no hay ningún ámbito culpable de esta pandemia, ni la hostelería ni ningún otro. La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros y nosotras. Es nuestra responsabilidad cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias», ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno Vasco y todas las instituciones seguirán adoptando aquellas decisiones queconsideren necesarias para preservar la salud de las personas. «Lo vamos a hacer con todas las competencias a nuestra disposición y tratando de garantizar la seguridad jurídica de cada decisión», ha aseverado.

También ha revelado que este miércoles volvió a dirigirse al presidente Pedro Sánchez para que, «en el menor plazo posible, se analice esta cuestión y se acuerden con las Comunidades Autónomas los mecanismos legales necesarios, en el marco del Estado de Alarma, para que las decisiones adoptadas cuenten con todas las garantías jurídicas».

Otros cuatro miembros de Ciudadanos en la provincia de Orense, todos ellos concejales en varios municipios, han anunciado su marcha del partido y su paso al grupo de los no adscritos tras las decisiones «unilaterales» adoptadas por la dirección en las últimas semanas con respecto a la Diputación.

En concreto, abandonan la formación naranja los tenientes de alcalde de Punxín y Taboadela, Eulogio González Barreiro y Roberto Blanco Vázquez, respectivamente; además del concejal en Vilar de Barrio Óscar Seguín Lamelas y del edil en Maceda Emiliano Rodríguez González. Todos ellos mantendrán sus cargos en sus ayuntamientos.

Estas marchas se conocen un día después de la del coordinador provincial, Manuel Ribao, y la de la única representante de Ciudadanos en la Diputación de Ourense, Montserrat Lama, que avanzó que trataría de dar «estabilidad» al gobierno del presidente provincial, el popular Manuel Baltar.

A través de un escrito remitido a los medios, los cuatro ediles que abandonan la formación naranja cargan contra las decisiones «unilaterales» adoptadas en los últimos días: «El partido en ningún momento tuvo en cuenta ni se preocupó por la opinión de los concejales y el coordinador provincial sobre temas que se referían a la Diputación».

Y es que esta misma semana trascendía que la dirección autonómica de Ciudadanos había rechazado dos ofertas provinientes tanto del PSOE, que trataba de promover una moción de censura contra Baltar, como de los populares, que le ofrecieron a Montserrat Lama una Vicepresidencia para reforzar la gobernabilidad.

«Entendemos que la Diputación somos todos, y en este caso, las decisiones se tomaron de manera unilateral, con una total falta de transparencia y sin tener en cuenta nuestras opiniones», censuran los cuatro concejales que se marchan.

APOYO A MONTSERRAT LAMA

Además, expresan en su escrito su apoyo a Montserrat Lama, que «siempre tuvo en cuenta» su opinión, «cosa que desde el partido jamás se hizo».

«Rechazamos todo lo ocurrido en estos días atrás y manifestamos que no compartimos la visión que Ciudadanos tiene de nuestra provincia y mucho menos de cómo Ciudadanos pretende sacar réditos políticos en medio de una crisis tan grave», añaden.

EL PARTIDO LES PIDE QUE DEJEN EL ACTA

Tras conocer estas cuatro renuncias, la dirección gallega les exige a todos ellos que entreguen sus actas de concejal «por coherencia personal y respeto a los principios éticos».

En un comunicado, Cs Galicia les recuerda que los estatutos de la formación y el compromiso asumido en sus cartas éticas y financiersas recogen «el compromiso de dejar el acta si causan baja en el partido por cualquier motivo».

Así las cosas, el partido naranja prevé «seguir trabajando en lo que es prioritario», que es «el beneficio del conjunto de los orensanos» y en la «estabilidad» del Ayuntamiento y la Diputación de Orense. No obstante, en estas instituciones, ya solo cuenta con representación en el pleno de la capital provincial, con los concejales José Araújo y Laureano Bermejo.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado que el candidato del PSOE a la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, debería explicar su rechazo a hacerse una PCR para participar en un debate televisivo.

«Sus razones tendrá y debería explicar por qué no se la ha hecho, porque una persona que ha sido ministro de Sanidad del Gobierno de España, como mínimo, debería predicar con el ejemplo y hacerse esa prueba, porque la parte diagnóstica es fundamental», ha aseverado durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

«A mí no me sorprende que no se haya hecho la PCR, pero si es que no ha querido hacerlas en ningún lado, no ha querido hacerlas en el aeropuerto. Es lógico, era lo esperado», ha manifestado Escudero.

Asimismo, el consejero madrileño ha asegurado que la actuación del Gobierno central «ha sido un despropósito detrás de otro, desde el inicio». «No hay que usar mascarilla, no hay que hacer controles en Barajas, es que es una detrás de otra», ha agregado.

También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «jugar con las emociones», al anunciar que el 70 por ciento de la población española estará vacunada para el verano, lo que ha calificado de «auténtica temeridad», así como cuando proclamó que se había «vencido al virus».

«Lo decimos como un llamamiento, por favor, que traigan vacunas. Nosotros no podemos negociar como comunidad autónoma la llegada de vacunas», ha agregado. «Es lo único que pedimos, que recibamos vacunas», y «Madrid está preparado para establecer un horizonte de pocas vacunas, que esperamos que no sea ese el horizonte, de más vacunas o de vacunación masiva», ha recalcado.

«No vamos a hacer de la vacunación una confrontación política pero sí que nos quejamos de algo que el Gobierno de España se había comprometido a enviar a nuestra región, y como así no ha sido vamos a estar permanentemente haciéndolo en el Consejo Interterritorial y donde sea necesario», ha agregado.

DEFIENDE LAS DECISIONES TOMADAS EN MADRID

Por otro lado, Escudero ha defendido las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid para controlar la pandemia, en particular en relación con la hostelería.

Así, dirigiéndose al portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire, quien ha cuestionado las medidas, Escudero le ha pedido que valore lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, en un entorno muy cercano a la Comunidad de Madrid, y «cuál es el resultado del comportamiento tanto del ascenso como del descenso del número de contagios», al tiempo que ha defendido que todas las decisiones que se han tomado son de carácter técnico.

Freire ha manifestado que les preocupa que «el ego político de la presidenta les está llevando a tomar medidas que no tienen que ver con la racionalidad científica, con el consenso científico, y sí con objetivos políticos muy contrarios al interés de la salud pública», y ha instado al consejero a «no repetir el error de abrir la mano, las restricciones, antes de que baje la ocupación hospitalaria por pacientes Covid.

Así, ha criticado que la Comunidad de Madrid esté «pagando un alto precio en hospitalizaciones y en fallecimientos por medidas que no van en la línea de lo que recomienda la ciencia y lo que es el consenso de todas las autoridades de las comunidades autónomas españolas y de fuera».

El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha concedido la libertad condicional a Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno del PP, por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil y porque realizó un programa de justicia restaurativa.

Rato (nacido el 18 de marzo de 1949) estaba desde octubre en semilibertad al ser progresado al tercer grado. Ahora se le aplica, a propuesta del Centro de Inserción Social Victoria Kent, el artículo 196.1 del Reglamento Penitenciario, en una decisión que ha respaldado la Fiscalía.

Como aspectos positivos, se cita que presenta un pronóstico favorable de reinserción porque ingresó voluntariamente en prisión, la antigüedad de los hechos delictivos o que desde el 1 de octubre cumple condena en la «modalidad de vida en régimen de semilibertad telemática», según el auto con fecha de 11 de febrero adelantado por ‘Vozpópuli’, que añade que Rato ha obtenido además un permiso para viajar varios días a Londres para ver a su hija.

JUSTICIA RESTAURATIVA

Entre los aspectos que valora el juez se incluye, además, que ha realizado «de manera positiva» el programa de justicia restaurativa con CONCAES, así como tener una conducta penitenciaria «adaptada» o tener la responsabilidad civil pagada íntegramente. Es decir, concurren todos los requisitos para la libertad condicional excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de condena, que alcanza el 7 de marzo de 2022.

El juez recuerda que la libertad condicional conlleva que Rato quede bajo custodia familiar o fraternal, puesto que deberá quedar sujeto al cuidado y vigilancia de quien designe, con obligación de residir en el lugar que previamente comunique a efectos de estar localizado para el seguimiento de los servicios sociales penitenciarios, así de comunicar cualquier cambio.

El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas ‘black’ de la extinta Caja Madrid.

En octubre, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió el tercer grado al expresidente de Bankia y del FMI bajo control telemático, una decisión que se comunicó dos días después de conocer la sentencia que le absolvía por la salida a Bolsa de la entidad bancaria que dirigió.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado que la institución monárquica «está a debate» y que en la Transición la gente aceptó a la institución como precio a pagar para pasar de la democracia a la dictadura.

«Creo que la monarquía en el pasado cumplió una función en el contexto de la Transición. En aquel contexto es lógico que mucha gente dijera que si este es el precio para que tengamos libertades, pues lo pagamos. ¿En el año 2021 los términos son los mismos? Mi opinión es que no», ha manifestado en una entrevista a Huffington Post.

En la actualidad, ha destacado que cada vez más españoles quieren un futuro «mas moderno» y de «valores republicanos», pues ahora la gente «no entiende el privilegio y las cosas que pasan», como por ejemplo la marcha del rey emérito Juan Carlos I a Emiratos.

«EL FUTURO DE LA MONARQUÍA NO DEPENDERÁ DEL COLEGIO DE LA PRINCESA»

«Claro que hay un debate en nuestro país y el futuro de la monarquía no va a depender del colegio en el que estudie la princesa Leonor, sino de la voluntad popular de los ciudadanos españoles», ha apuntado para mostrarse convencido de que la república llegará porque el avance de las ideas republicanas es «innegable». Prueba de ello, ha reseñado, es la «agresividad de los que defienden los privilegios y el pasado».

UP PREGUNTARÁ SI HUBO PRESIONES DE ZARZUELA A RTVE

«Es un medidor muy claro que los mayores defensores de la monarquía en España sean la ultraderecha y la derecha, es muy revelador del futuro que le espera. Yo respeto que Pedro Sánchez sea monárquico, respeto que el socio de Gobierno esté defendiendo a la monarquía, incluso yendo mucho más allá de lo que piensan sus militantes y sus votantes», ha relatado para llamar la atención sobre el apoyo «muy comprometido» del PSOE con la institución, «pase lo que pase».

También se ha mostrado crítico por la polémica sobre el rótulo mostrado en un programa de TVE para ilustrar una información sobre el anuncio de Casa Real de que la Princesa de Asturias cursará el Bachillerato en Gales (Reino Unido).

Al respecto, ha señalado que en el pasado se han visto «cosas muy feas» en la televisión pública y, en este sentido, le llama la atención que, ante este rótulo, salga la administradora general (Rosa María Mateo) a relevar a dos trabajadores. Creo que mucha gente interpretará esto como un abuso», ha remachado para recordar que Unidas Podemos solicitará información en el Congreso sobre si hubo «presiones» de Zarzuela sobre este asunto.

Cuestionado sobre su malestar en verano con el presidente del Gobierno por la marcha de Juan Carlos I a Emiratos, el vicepresidente ha apuntado que no se les informó de esa decisión y que, lógicamente, eso «no les gustó» porque entre socios debe haber «lealtad», aunque a renglón seguido ha precisado que esa tensión «ya pasó.

NO VE A MONEDERO DE CANDIDATO EN MADRID

En clave interna de partido, Iglesias ha enfriado la posibilidad de que el cofundador de Podemos y politólogo, Juan Carlos Monedero, sea candidato al Ayuntamiento de Madrid porque «nunca ha querido ocupar un cargo público».

«Lo conozco lo suficiente para saber que no va a renunciar a esa ventaja de ser un Pepito Grillo para ocupar un cargo público que jamás le ha interesado lo más mínimo», ha detallado.

Sobre sus palabras de que el próximo liderazgo en Podemos recaería en una mujer y si sabe quién será, Iglesias ha dejado claro que ahora no toca pensar en el futuro y que, cuando llegue, las bases tomarán una decisión. «Estoy convencido de que el liderazgo en la izquierda será femenino. Es una convicción personal, tendrán que decidir las bases y cada cosa en su momento», ha zanjado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que «la apariencia de neutralidad» del presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Luis Garrido, ha desaparecido: «No se puede estar en misa y repicando», ha afirmado del juez que ha decidido reabrir los bares en municipios con alta incidencia de la covid-19 y que ha realizado unas polémicas declaraciones en una tertulia radiofónica.

Garrido aseguró que un epidemiólogo es «un médico de cabecera que ha hecho un cursillo» y que las medidas que aconsejan contra la expansión del coronavirus «no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media», en alusión al confinamiento.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Esteban ha señalado que la responsabilidad de gestionar la pandemia en Euskadi es el Gobierno Vasco, aunque haya algunas competencias para adoptar ciertas restricciones que están en manos de la Administración central.

ESTADO DE ALARMA

En todo caso, ha recordado que el TSJPV no ha tomado solo una decisión sobre las medidas anticovid, sino también con anterioridad, y cree que «la redacción del actual estado de alarma viene provocada por las actuaciones» del alto Tribunal vasco.

Además, se ha referido al estado de WhatsApp del magistrado, con el título de la canción de Van Morrison ‘No more lockdown (No más confinamiento)’, y ha recordado que el cantante la elaboró «expresamente contra la pandemia» en septiembre. «Se ha convertido en el himno de los negacionistas. No es ninguna tontería», ha aseverado.

En todo caso, no ha querido decir si el magistrado debe ser recusado por el Gobierno Vasco si decide recurrir, pero cree que en los jueces debería haber «una apariencia de neutralidad» que, en este caso, ha desaparecido, al realizar Luis Garrido las declaraciones en una tertulia radiofónica un día antes de dictar el auto de reapertura de los establecimientos hosteleros.

Aitor Esteban ha puesto en entredicho que pueda haber jueces tertulianos porque «no se puede estar en misa y repicando». «No son un ciudadano más, esa apariencia de neutralidad es importante y no se puede estar dando opiniones todo el día», ha explicado.

Asimismo, cree que, en «un tema tan delicado», Garrido adopta una medida cautelar en la que «altera el ‘estatu quo’ que había hasta el momento» para esperar a que se resuelva el fondo del asunto. «Mientras tanto, pueden producirse más contagios. Sea cual sea la decisión, ¡tómela!!», ha apuntado.

COMPETENCIAS

Esteban ha destacado que el año pasado el TSJPV dijo que el Gobierno Vasco no tenía competencias para tomar determinadas decisiones, lo que forzó a un nuevo decreto de estado de alarma «con más competencias reforzadas para las comunidades autónomas, y ahora no se ha entrado en eso». «Parece que no se duda de que el Gobierno Vasco tiene competencias. Se entra en cuestiones médicas», ha remarcado.

En todo caso, ha dicho que hay que confiar en que la ciudadanía tenga responsabilidad en este fin de semana de Carnaval. A su juicio, algunos quieren dar a entender que el Gobierno Vasco «quiere ir contra la hostelería», cuando no es así, «porque es un sector muy importante», con muchos puesto de trabajo y que debe percibir ayudas. «Pero no podemos dejar que colapsen nuestras UCIs», ha aseverado.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso cree que el actual estado de alarma es «más adecuado a la división competencial dentro del Estado», aunque cree que se podía haber dado más margen, como por ejemplo, en el horario del toque de queda.

Probablemente, el Gobierno español estaría dispuesto a cambiarlo, pero si no si tuviera cambiar el que cambiar el texto del estado alarma, porque no quiere arriesgarse a llevarlo al Congreso, cuando no sabe por dónde le van a salir un grupo político, el otro y el otro, e igual se ve forzado a una mayoría que le lleva a una posición con la que no está de acuerdo. Entonces, se siente más tranquilo sin tener que volver a arriesgar esa votación», ha concluido.

Diez diputados de Unidas Podemos se han sumado a un manifiesto para solicitar al Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) que despliegue una operación humanitaria en el Sáhara Occidental para garantizar la protección de la población civil ante el deterioro de la situación en los últimos meses.

Según fuentes del partido morado, Antón Gómez Reino, Gerardo Pisarello, Enrique Santiago, Lucía Muñoz, Roberto Uriarte, Roser Maestro, Sofía Castañón, Antonia Jover, Pedro Honrubia y María Marquez han firmado el llamamiento hecho desde el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA).

En el documento, se denuncia la reanudación del conflicto en el Sáhara Occidental el pasado 13 de noviembre y se alerta de que «el dramático deterioro de la situación expone al pueblo saharaui a nuevas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional bajo ocupación marroquí».

CODESA sostiene en su llamamiento que en las últimas semanas han aumentado en el Sáhara Occidental «los casos de arrestos, detenciones y amenazas arbirtrarias contra defensores de los Derechos Humanos saharauis y las voces de disidencia contra las fuerzas de ocupación».

Asimismo, subraya que «más que nunca los derechos fundamentales de los saharauis «a la vida, la seguridad física y la seguridad personal, además de la restricción de derechos y libertades básicos, están amenazados».

Por ello, los firmantes piden al CICR que despliegue «cuanto antes una operación humanitaria» en este territorio tras casi dos décadas de ausencia «con el fin de brindar protección urgente a los civiles saharauis y garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario.

El documento justifica esta petición teniendo en cuenta la situación jurídica de la antigua colonia española y «el hecho de que a los observadores internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se les niega continuamente el acceso al Sáhara Occidental».

La tensión entre Marruecos y el Frente Polisario, que gobierna la autoproclamada República Áraba Saharaui Democrática (RASD), desde que Rabat desplegó en noviembre al Ejército en El Guerguerat, fronteriza con Mauritania, para garantizar la libre circulación tras semanas de bloqueo por parte de activistas saharauis y de «provocaciones» atribuidas desde Rabat al Frente Polisario, que a su vez considera «ilegal» dicho paso.

El Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, a la espera de un acuerdo pactado –o incluso de un referéndum– que no termina de llegar. El Gobierno español insiste en la necesidad de que se retome el proceso de negociación auspiciado por la ONU, bloqueado por el hecho de que no hay nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental, desde hace 18 meses.

La decisión del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer como marroquí el Sáhara Occidental el pasado diciembre a cambio del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel ha contribuido a tensar aún más la situación.