El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que señalar «las verguenzas» y los «fallos» de la democracia española es el «mayor compromiso democrático posible», para volver a reiterar que seguirán diciendo la verdad, «aunque sea dura», frente a aquellos que piensan que se vive «en el mejor de los mundos posibles» con la intención de defender «privilegios».

Así lo ha destacado el también líder de Podemos durante en un acto electoral de los comuns para las elecciones del 14 de febrero en el Casino L’Aliança del Poblenou de Barcelona junto a Jéssica Albiach, Ada Colau y Jaume Asens.

Como ha destacado desde el lunes, España tiene una «democracia limitada» por aquellos poderes que tratan de mandar «sin presentarse a las elecciones», una realidad que es una «obviedad» pero que «levanta ampollas».

«Es muy difícil afirmar honestamente que vivimos una situación de plena normalidad democrática», ha insistido para insistir en que identificar, «con toda la crudeza», las carencias de la democracia es «condición de posibilidad» de mejorarla.

Entre estas anomalías que no permiten hablar de «plena normalidad democrática» ha citado que el rey emérito Juan Carlos I haya «presuntamente» evidado impuesto o enriquecido con comisiones y ahora esté en Emiratos.

También ha enumerado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP, la orden de ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, que el PP se haya presuntamente financiado ilegalmente para hacer «trampas en las elecciones», que los jueces hayan sustituido a la política para resolver el conflicto que arrastra Cataluña.

También ha destacado como casos que muestran que la democracia española es mejorable que siga habiendo «10.000 demócratas enterrados en cunetas» o que expresidentes del gobierno, como Felipe González o José María Aznar, hayan acabado sentándose en consejos de administración de grandes empresas energéticas.

Al hilo, ha aseverado que las carencias democráticas no solo se miden por derechos civiles sino que también hay que resaltarlas en lo relativo a los derechos sociales, como ocurren con la situación del acceso a la vivienda o que el 1% de la población acumule tanta riqueza como el 80%.

«Vamos a seguir diciendo la verdad aunque sea dura, señalar sus fallos y verguenzas es el mayor compromiso democrático posible», ha enfatizado el vicepresidente durante su discurso.

DESCARTA EL EFECTO ILLA

Por otro lado, Iglesias ha descartado que el llamado ‘efecto Illa’ –en referencia al candidato del PSC– esté perjudicando a los comuns, a quienes ve «en ascenso» de cara a las elecciones del domingo.

«Habían dicho que no sé qué efecto iba a acabar con nosotros. Hay que ser prudente con las encuestas, pero a día de hoy todos los que saben de comportamiento electoral reconocen que En Comú Podem va hacia arriba».

Ha considerado que «la clave de que esté ocurriendo es algo tan sencillo como decir la verdad cuando la mentira está ocupando mas espacio del tolerable», y ha destacado la autenticidad de la candidata a la Presidencia por los comuns, de quien también ha dicho que puede ser la sorpresa en las elecciones.

En este sentido, ha afirmado que «esa relación con la verdad está marcando la diferencia en esta campaña» ante el hartazgo de las personas de que, en sus palabras, les sigan tomando el pelo.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido por carta al presidente Pedro Sánchez que se acuerden los mecanismos legales necesarios, dentro del actual estado de alarma, para que las comunidades autónomas puedan adoptar sus decisiones contra la pandemia con «garantías jurídicas», después de que el TSJPV haya permitido, en contra del criterio del Gobierno Vasco, la reapertura de los bares y restaurantes de los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ en Euskadi.

Urkullu, que ha asegurado que respeta el auto del TSJPV, aunque no lo comparte ni entiende, ha advertido de que «ignorar la realidad» y hacer «una interpretación ‘naif’ de la pandemia» solo puede llevar a decisiones «inexplicables».

El Lehendakari ha rechazado la posibilidad de recusar al ponente de la resolución judicial, Luis Garrido, al entender que este no actúa contra el Gobierno, sino contra «la evidencia de la pandemia, de los criterios epidemiológicos y los de los profesionales sanitarios».

Iñigo Urkullu ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Asesor del LABI, para presentar el Plan Bizi Berri III, que recoge la estrategia de respuesta comunitaria y de regulación de las actividades sociales para hacer frente a la covid-19 y garantizar la salud pública en la Comunidad Autónoma Vasca.

Durante su intervención, ha leído el dictamen elaborado por la Comisión Técnica del LABI sobre el auto del TSJPV que reabre la hostelería, en el que «muestra su perplejidad y disconformidad por la argumentación utilizada» en la resolución judicial.

La evidencia científica disponible y las directrices de los organismos internacionales, así como la práctica internacional avalan, particularmente en contextos con tasas de incidencia muy alta, las medidas adoptadas en Euskadi», asegura la mesa de técnicos.

Por su parte, el Lehendakari ha querido «avalar, reconocer y poner en valor el trabajo de los profesionales epidemiólogos, virólogos, matemáticos, médicos de familia, expertos en salud y profesionalessanitarios en general en Euskadi y en todo el mundo», después de que el ponente del auto del TSJPV, Luis Garrido, asegurara en una tertulia radiofónica que un epidemiólogo es «un médico de cabecera que ha hecho un cursillo» y que las medidas que aconsejan contra la expansión de la covid «no difieren de las que se daban en la Edad Media.

También ha querido remarcar que «no hay ningún ámbito culpable de esta pandemia, ni la hostelería ni ningún otro». «La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad cumplir estrictamente las recomendaciones», ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno Vasco y todas las instituciones seguirán adoptando las decisiones que consideren necesarias para preservar la salud de las personas, con todas las competencias que estén a su disposición y «tratando de garantizar la seguridad jurídica».

CARTA A SÁNCHEZ

También ha revelado que este pasado miércoles, un día después de que el TSJPV decretara la reapertura de la hostelería, volvió a dirigirse al presidente Pedro Sánchez para que, «en el menor plazo posible, se analice esta cuestión y se acuerden con las Comunidades Autónomas los mecanismos legales necesarios, en el marco del Estado de Alarma, para que las decisiones adoptadas cuenten con todas las garantías jurídicas».

Tras apuntar que todavía no ha recibido respuesta, ha recordado que es un planteamiento que ha reiterado a lo largo de las 14 Conferencias de presidentes que se celebraron entre marzo y junio del pasado año, y también lo ha trasladado personalmente Sánchez.

Iñigo Urkullu ha subrayado que otras comunidades autónomas también han puesto sobre la mesa la necesidad de esas garantías jurídicas en la comisión interterritorial de Sanidad.

INTERPRETACIÓN ‘NAIF’ DE LA PANDEMIA

Urkullu querido destacar que los diferentes actores sociales «se han habituado a cifras excesivamente altas de incidencia» de la covid y ha considerado que «ignorar esta realidad» y hacer «una interpretación ‘naif’ de la pandemia», solo pueden llevar a decisiones «inexplicables».

Por ello, ha destacado que «la evidencia posible hasta el momento es contundente en la valoración del riesgo que supone compartir espacios cerrados con deficiente ventilación y sin medidas de protección individual». Este tipo de situaciones se reproducen, especialmente, la estacionalidad invernal actual, ha avisado.

En este sentido, cree necesarias «medidas normativas que las limiten». «La situación muy complicada por la que atraviesa Euskadi en estos momentos puede verse alterada por decisiones basadas en una interpretación ‘naif’ de la pandemia», ha indicado.

De esta forma, ha indicado que se deben limitar «situaciones en las que se producen encuentros sociales sin utilización permanente de medidas de protección individual en ambientes y locales cerrados», y ha recordado que la evolución positiva de los contagios puede «revertirse en función de las decisiones de desescalada que se tomen en cada momento», tal como han determinado los expertos sanitarios. «Hago míos los criterios de las autoridades sanitarias vascas, que son tan buenas como las de cualquier parte del mundo», ha puntualizado.

RECURSO

El Lehendakari ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco no recurrirán el auto del TSJPV, al estar convencidos de que no prosperará, aunque Iñigo Urkullu ha subrayado que les «asiste la razón»,

Además, ha calificado de «significativo y curioso» que el presidente de la Sala Contencioso-administrativo del TSJPV y ponente de la resolución judicial, Luis Garrido, se pronunciara en una tertulia radiofónica sobre esta cuestión antes de analizar las alegaciones presentadas por el Ejecutivo al recurso de los hosteleros que solicitaron, como medida cautelar, la reapertura de sus establecimientos.

Urkullu ha señalado que los servicios jurídicos, tras evaluar la oportunidad o no de recurrir, han optado por no impugnar el auto. «Lo acepto y lo comparto porque, dado que solo se puede presentar recurso ante la misma Sala y los mismos magistrados, y que no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas, el recurso no tiene, a nuestro juicio, posibilidades de eficacia posible», ha dicho.

El Gobierno Vasco tenía de plazo hasta el lunes para plantear recurso de reposición ante la misma Sala que dictó el auto anulando la clausura de la hostelería en ‘zona roja’.

«LA RAZÓN»

En todo caso, Iñigo Urkullu ha mostrado su convencimiento de que al Gobierno Vasco le asiste la razón, así como al Consejo Asesor del LABI, foro en el que están todas las instituciones vascas y que adopta las decisiones sobre las medidas para atajar la pandemia.

«Espero que se pruebe, espero que así sea, cuando ya se dilucide el fondo de la cuestión. Estamos ante unas medidas cautelares, pero este proceso tiene su recorrido en relación al fondo de la cuestión», ha añadido.

Sobre el auto, cree «significativo» que su ponente, el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Luis Garrido, se pronunciara públicamente un día antes de dictar la resolución judicial, y ha señalado que, para entonces, «ni siquiera le había dado tiempo a analizar las alegaciones». «Es curioso», ha remarcado.

SIN RECURSAR

El Lehendakari ha rechazado la posibilidad de recusar a Luis Garrido porque «no es una actuación de confrontación del juez con el Gobierno Vasco». «Así lo quiero pensar», ha añadido.

En todo caso, sí entiende que es «una actuación» del magistrado «contra los criterios epidemiológicos y contra los criterios de profesionales sanitarios» que, según ha apuntado, «ya se han pronunciado». «Es una actuación contra la evidencia de la pandemia, en la incidencia epidemiológica», ha concluido.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha confiado este viernes en que la candidatura de Alejandro Fernández a las elecciones catalanas del 14F sume apoyos de última hora, y ha definido al dirigente catalán como un «corredor de fondo que esprinta muy bien al final».

En un acto en Terrassa (Barcelona), Casado ha asegurado que «nada está escrito» y se ha mostrado muy convencido de que, hasta este domingo, muchos catalanes van a reflexionar, ha dicho, sobre lo que Fernández representa, ofrece, y sobre las ilusiones de futuro que comparten con él.

Ha sostenido que el voto para el PP «vale por tres», ya que la formación puede aportar mejoras a nivel autonómico –como una rebaja fiscal y mejoras en la sanidad pública–, pero también puede significar cosas a nivel nacional y europeo.

Casado ha afirmado que «en el ámbito nacional se vota el domingo lo que no se puede hacer a nivel autonómico pero es urgente para Cataluña», y ha desgranado propuestas del PP como las medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, los complementos retributivos para jueces, fiscales y policías destinados a Catalunya, o la legislación educativa, que incluye la política lingüística y de elección de centro, algo que, ha dicho, solo puede defender el PP.

Por último, Casado ha sostenido que el domingo también se vota «la influencia de Catalunya en Europa«: ha recordado que el PP consiguió la modificación de las euroórdenes de detención, lo que facilita, ha dicho, que los jueces puedan hacer su trabajo una vez dictaron sentencia sobre el proceso soberanista.

«Nuestro partido no tiene que sobreactuar. Habrá cometido errores, seguro, pero el balance es tremendamente positivo», ha resuelto.

PACTOS

El presidente del PP ha afirmado que su partido es «el único que puede garantizar el cambio» en Cataluña, y ha listado que las alternativas son un tripartito de izquierdas o un Govern independentista.

Ha dado por hecha la alianza entre ERC, PSC y comuns, pese a la firma de un acuerdo entre independentistas para no apoyar a Salvador Illa: «Da igual lo que firmen, lo que digan, lo que mientan, ya sabemos cuál es el bien mayor para ellos: seguir en Moncloa, y les hace falta ERC».

Asimismo, ha aseverado que «el cordón sanitario al PP sigue en vigor a nivel nacional» y ha lamentado que el PSC no haya contestado su propuesta de romper los pactos municipales y supramunicipales con partidos independentistas.

La otra alternativa, ha dicho, es un «seguir con Govern independentista, ahora además probablemente con la CUP como compañero de viaje».

La defensa del que fuera director de Seguridad en Iberdrola Antonio Asenjo, imputado en la pieza 17 de la macrocausa ‘Tándem’, ha elevado escrito a la Audiencia Nacional para denunciar que la comida que celebraron el pasado mes de enero la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con el presidente de ACS, Florentino Pérez, y otros, viola el derecho de su cliente a un proceso con las debidas garantías y su derecho a un juicio justo.

En el escrito, el abogado concluye que Florentino Pérez, que está personado como perjudicado en esta pieza «y cuyas empresas están siendo objeto de investigación penal en otros procedimientos» utilizó a un amigo para sentarse a comer con la Fiscal General del Estado.

Sobre esa comida, el abogado cita a medios que se hicieron eco de la misma para subrayar que fue pagada por Pérez, por lo que esto «implica que la fiscal general del Estado aceptó un regalo cuyo valor supera con creces el importe máximo de lo que los usos establecen como socialmente admisible».

Recuerda que Delgado puede mantener una relación de amistad con quien desee, pero indica que, si es «con quien preside empresas que están siendo investigadas en sede penal o con quien comparte bancadaen el lado acusador», debiera abstenerse de «realizar bochornosos, impúdicos y obscenos alardes de amistad en tanto la responsabilidad penal de su amigo se encuentre sub iudice».

Además, el abogado Manuel Santaella considera que mientras Delgado permanezca al frente de la FGE «existirá una sospecha fundada de parcialidad respecto de la actuación de sus subordinados en las distintas causas en las que intervenga Florentino Pérez», por lo que cree que se estaría violando el derecho a un proceso con las debidas garantías.

Al hilo, recuerda en su escrito que según la regulación de la revocación de la condición de acusador en el proceso penal–la expulsión de una acusación del procedimiento– tiene lagunas porque no existen disposiciones concretas sobre esta posibilidad. Con todo, recuerda que un comportamiento procesal fraudulento por parte de una parte acusadora resulta supone una actuación contraria a la buena fe procesal, hasta el punto de poder alcanzar la categoría de fraude procesal y abuso de derecho.

UN CUBIERTO QUE OSCILA ENTRE 31 Y 245 EUROS

Además, recuerda que según los principios éticos del estatuto del funcionario público, éste se debe abstener en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal ante el riesgo de que se pueda plantear un conflicto de intereses. Y añade que no pueden aceptar ningún trato de favor o situación que implique «privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas».

Tras esto, el abogado indica que lo que se celebró entre ambos fue una mariscada y que en la misma participó Florentino Pérez, que la organizó, y la Fiscal General del Estado, jefe superior de la acusación pública, y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Santaella recurre a una plataforma web de reservas por Internet para detallar que el cubierto del restaurante en el que se produjo esa comida oscila entre los 31 y los 245 euros, y hasta para especificar los precios en carta de determinados platos.

«En efecto, pareciera que la comida consistió en una mariscada, lo que inclinaría a pensar que el tique medio por persona habría subido de los 25 euros por persona, y si la comida se hubiere regado con un buen vino, sobrepasa el límite conjunto de los 50 euros entre el cubierto del funcionario público -la Fiscal General del Estado- y de la persona de su círculo más íntimo», añade.

La Junta Electoral Central (JEC) ha establecido que si las personas designadas para formar parte de una mesa electoral excusan su presencia en la misma y no reciben contestación de la administración electoral en el plazo que marca la ley, deberán entender esta ‘no respuesta’ como un rechazo a sus alegaciones «por silencio administrativo».

Así lo aclara el presidente del organismo arbitral, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, en una resolución dictada de urgencia este viernes tras consultar al resto de miembros del organismo arbitral. Con este escrito, la JEC da respuesta a una consulta planteada por la Junta Electoral de Zona de Barcelona con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de este domingo.

Las personas designadas para ser presidentes y vocales de las mesas electorales disponen de siete días para alegar ante las juntas electorales de zona una «causa justificada y documentada que lesimpida la aceptación del cargo». Por su parte, la junta correspondiente debe «resolver sin ulterior recurso en el plazode 5 días» a través de una resolución «sucintamente motivada».

La JEC explica en su escrito que la Ley Electoral no indica los efectos en caso de que la Junta no adopte su resolución dentro de ese plazo de cinco días, y que, en estos casos, debe aplicarse supletoriamente la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SILENCIO ADMINISTRATIVO

El artículo 25 de la citada señala que «en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver».

Eso sí, el no cumplimiento del plazo tiene efectos. Así, «en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimientoo, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo».

La JEC subraya que esto es aplicable a las alegaciones, «al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio por la Junta Electoral de Zona» (la conformación de mesas) y deja claro que, por tanto, no resulta aplicable el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del que podría «derivarse el reconocimiento de una situación jurídica de exención de la obligación de formar parte como miembro de una persona que ha sido designada vocal de la mesa electoral».

DEBEN CONTESTAR EN CUALQUIER CASO

Con estos argumentos, el organismo arbitral establece en primer lugar que, aun cuando haya transcurrido el plazo de 5 días sin que la Junta Electoral de Zona haya podido contestar a las excusas que las personas designadas como miembros de una mesa electoral hayan alegado, «dicha Junta tiene la obligación de adoptar una resolución expresa y sucintamente motivada».

No obstante, transcurridos esos cinco días, «el interesado puede entender que se han producido los efectos propios del silencio administrativo negativo y por ello podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente».

En su resolución, la JEC destaca que en situaciones como las que se están produciendo en este proceso electoral, en el que el número de excusas presentadas, o la reiteración de éstas en sucesivos escritos, impida resolver dentro de los plazos establecidos, la Junta Electoral de Zona deberá adoptar todas las medidas que entienda necesarias para contestar las excusas alegadas antes del día de la votación.

A tal efecto, recuerda que los secretarios de los Ayuntamientos incluidos en el partido judicial son delegados de la Junta Electoral de Zona, y pueden, junto con el personal de la entidad local dependiente del mismo, prestar el auxilio que resulte necesario en orden a procurar contestar todas las alegaciones antes del día de la votación.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado este viernes el traslado de otros cinco presos de ETA con delitos de sangre, entre ellos Jon Kepa Preciado Izarra, uno de los presos que en 2016 se vinculó al ‘sector duro’ de ATA (Amnistía Ta Askatasuna), el colectivo enfrentado a la estrategia marcada por la izquierda abertzale.

Preciado Izarra abandonará el Centro Penitenciario de Córdoba para ser trasladado al de Dueñas (Palencia). En 2016, este etarra hizo pública su ruptura con la izquierda abertzale oficial por su rechazo a la violencia «como arma revolucionaria», situándose en el colectivo ATA, que se muestra en favor de la amnistía de los reclusos etarras y que cuestiona la línea oficial de Sortu. «No cuentes conmigo para negar en Euskal Herria la violencia como arma revolucionaria», escribió en una carta.

Jon Kepa Preciado Izarra, alias ‘Oier’, ingresó en prisión en agosto de 2010 y cumple las tres cuartas partes de condena en mayo de 2029, según ha informado Instituciones Penitenciarias, que ha resuelto su progresión a segundo grado y traslado a la prisión palentina.

Fue condenado a 377 años de cárcel por intentar asesinar a la que fuera teniente de alcalde del municipio vizcaíno de Portugalete, Esther Cabezudo, entre otros atentados en los que colocó explosivos y coches-bomba, como el usado en el atentado contra la hacienda foral vizcaína y la sede de Antena 3 o en los baños de un hotel en Getxo.

TRASLADOS AL PAÍS VASCO

Entre los traslados hay directos al País Vasco, donde ya se encuentran el 17,5% de presos etarras, según datos recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El 42,4% está a menos de 200 kilómetros de sus domicilios y solo el 40% de los presos de la banda terrorista cumplen condena a una distancia mayor de los 200 kilómetros, después de los 168 traslados –correspondientes a 144 etarras– autorizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora condicionados en su ejecución a las medidas sanitarias por la Covid-19.

Este es el caso de Juan Carlos Subijana Izquierdo, que irá al Centro Penitenciario de Basauri (Bilbao), dejando el de León. Este etarra fue condenado en 2010 por la Audiencia Nacional como colaborador del atentado que acabó con la vida de Máximo Casado Carrera el 22 de octubre del año 2000.

Instituciones Penitenciarias ampara su traslado y progresión al segundo grado dentro de la Ley de Protección de Datos e informa que cumplirá las tres cuartas partes en abril de 2028. «Ha presentado escrito desvinculándose de la banda armada, en el que rechaza la violencia y reconoce el dolor causado. Acepta la legalidad penitenciaria y abona la responsabilidad civil», añade el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Agustín Almaraz Larrañaga deja el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera) para ir Zuera (Zaragoza), previa progresión al segundo grado. Fue condenado a 48 años de prisión por el asesinato de Emilio Castillo López de la Franca el 18 de marzo de 1993 en San Sebastián. También fue condenado a 29 de años de prisión por el asesinato de Ángel María González Sabino el 2 de junio de 1993 en San Sebastián y a 30 años de prisión por el atentado el 13 de enero de 1995 en Bilbao que acabó con la vida de Rafael Leiva Loro y Domingo Durán.

Otro de los etarras que irá al País Vasco será Gorka Loran Lafourcade, que deja Dueñas (Palencia) por la prisión de Zaballa (Álava). Fue condenado a 2775 años de prisión por los 28 kilos de dinamita que colocaron en el Intercity Madrid-Irún en la Nochebuena de 2003, según recuerda la AVT.

Víctor Franco Martínez, por último, será trasladado desde el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera) al de Logroño. Fue condenado a 22 años de prisión por el ataque con cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete (Vizcaya) el 5 de agosto de 2001. Él y otros cinco terroristas produjeron quemaduras graves a los dos agentes de la policía autonómica vasca.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este viernes que la legislación sobre la tutela de menores extranjeros tiene «fallos», ya que está planteada para quienes nacen en una comunidad autónoma, sin embargo en el caso del archipiélago también se está respondiendo a los menores inmigrantes no acompañados que llegan en embarcaciones irregulares, de ahí que consideró que se debe aclarar dicho marco legislativo o «modificar y adaptar a la realidad».

Así se ha expresado Torres en referencia a la posibilidad de ceder al Estado la tutela de los menores no acompañados que llegan a España por la vía de Canarias, ya que actualmente el archipiélago tiene a algo más de 2.600 menores.

«El marco legislativo debe aclararse porque es imposible que una comunidad responda a 2.600 menores como en estos momentos», apuntilló en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con el director de Save the Children, Andrés Conde, para agregar además que la capacidad presupuestaria también «es limitada» y las partidas que destina el Gobierno central a todas las comunidades para la tutela de menores extranjeros en el caso de Canarias es «insuficiente».

INCIDE EN LA NECESIDAD DE CORRESPONSABILIDAD

Así, Torres ha incidido en la necesidad de corresponsabilidad por parte de las comunidades autónomas para acoger a menores no acompañados, si bien afirmó que se trata de un proceso administrativo «complejo», también agregó que es necesario activar mecanismos.

De todos modos, Torres apuntó que actualmente Castilla y León, País Vasco y La Rioja han confirmado el acogimiento de menores, si bien se está trabajando con otras comunidades, de tal forma que en estos momentos están confirmados unos 120 traslados de menores y se prevé llegar a unos 200, 300, cifra que calificó de «insuficiente».

Así, según datos de la Consejería de Derechos Sociales, Canarias tutela actualmente a 2.652 menores (dato a 29 de enero 2021) a diferencia de los 540 de enero de 2020. En cuanto al traslado, Castilla y León ha previsto 25 plazas, siendo la primera comunidad en acoger a menores migrantes procedentes de las islas.

Además está prevista una reunión con Cataluña, que pone 40 plazas a disposición, y se espera concretar en las próximas semanas estos traslados; mientras que también se ha hablado para mantener una reunión con Asturias y Navarra. A ello, indican, que en una reunión en diciembre también se comprometieron otras comunidad como Valencia para acoger 20; Navarra, 10; Extremadura, 10; y Aragón, 15.

MENORES Y ADULTOS

En cuanto a la situación que se está produciendo en el archipiélago donde conviven menores y adultos en algunos centros de acogida, el presidente de Canarias admitió que «hay que arbitrar mecanismos urgentes para detectar e identificar» a quienes son y no menores.

Añadió que para ello desde la Consejería de Derechos Sociales se han arbitrado mecanismos, si bien matizó que se necesita de otros estamentos para que «cuanto antes se hagan esas pruebas».

En concreto, señaló que se hace necesaria la contratación «urgente» de personal sanitario y activar las pruebas forenses «precisas» porque prevén que hay entre «500 y 600» migrantes que no son menores.

Por otro lado, el presidente de Canarias apuntó que la próxima semana expondrá en el Senado la problemática que vive el archipiélago en cuanto a la inmigración donde instará a la «responsabilidad», al igual que lo hará en marzo en el Parlamento Europeo donde apuntó que solicitará la modificación del nuevo pacto de asilo y si no pedirá a los países de la Unión Europea (UE) que son fronterizos que «veten» dicho pacto.

Un centenar de manifestantes convocados por Jusapol, Jupol y Jucil se han concentrado este viernes en la plaza Sant Jaume de Barcelona para reclamar que Catalunya sea considerada zona de especial singularidad ante la «tensión y la hostilidad» que aseguran que viven en la región y mejorar de este modo el arraigo de los agentes destinados.

La concentración, convocada a las 11.30 horas, ha recibido el apoyo de políticos del PP, como Josep Bou; de Cs, como Inés Arrimadas, Macarena Olona y Nacho Martín Blanco, y de Vox, como Ignacio Garriga.

A pesar de la presencia de políticos, los sindicatos han reclamado que no se use a los cuerpos de seguridad con fines electorales y el secretario general de Jupol, Chema García, ha subrayado que son organizaciones apolíticas.

«Luchamos para poder trabajar en Cataluña», ha destacado García, quien ha asegurado que no se permitirá que ningún Gobierno les abandone como aseguran que esta haciendo el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

MISMOS DERECHOS

El portavoz de sindicato ha reclamado tener «los mismos derechos y obligaciones que los compañeros del País Vasco» para disminuir las peticiones de traslado de los agentes.

«Es cierto que, gracias a Dios, no hay asesinatos como en ese momento, pero la vida aquí es muy dura», ha explicado García, que ha criticado los problemas que tienen tanto los agentes como sus familias.

ABANDONO DEL GOBIERNO

El secretario regional en Cataluña de Jusapol, Marcos Veiras, ha apuntado que los agentes están «abandonados por el Gobierno» y ha lamentado el acoso al que se ven sometidos los agentes en Cataluña.

Entre los ataques que, asegura, han recibido, se encuentra el envío de maletas a diferentes comisarías, lo que Vieras ha descrito como una invitación a que se vayan de la región.

«No es normal que haya continuos ataques a los cuarteles», ha apuntado la representante de Jusil Mila Cívico, que ha señalado que ocurren en poblaciones pequeñas donde el independentismo tiene un mayor apoyo.

CONTRAMANIFESTACIÓN

En paralelo, la organización juvenil Arran ha convocado una contramanifestación en la zona para protestar por la convocatoria de los sindicatos policiales.

Cerca de un centenar de manifestantes independentistas se han reunido sobre las 11.30 horas en la plaza Sant Miquel, a pocos metros de la concentración de los sindicatos, aunque la fuerte presencia policial de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana les ha impedido acercarse a la plaza.

Ante la imposibilidad de acceder a la zona, los miembros de Arran se han desplazado hacia la plaza Real y La Rambla antes de disolver la concentración, y han lanzado consignas durante la movilización como ‘La policía tortura y asesina’, ‘Fuera fascistas de nuestros barrios’ y ‘Anticapitalistas’.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha afirmado este viernes que el compromiso por escrito de los partidos independentistas de no pactar con el PSC «no tuerce» la voluntad de buscar la solución al conflicto catalán en la mesa de diálogo entre gobiernos.

«La voluntad de forzar al Estado español en una negociación para ejercer un referéndum de autodeterminación y poner sobre la mesa la necesidad de la amnistía, no la tuerce nada. Es una voluntad firme de ERC», ha sostenido en un acto telemático en el último día de campaña.

Lo ha dicho después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya afirmado que este compromiso de no pactar con los socialistas no es compatible la voluntad de diálogo, lo que Aragonès ha criticado: «No aceptamos ni chantajes ni amenazas», y ha insistido en que su apuesta por el diálogo entre los que piensan diferente la defenderán siempre.

El candidato republicano ha afeado a Illa que critique la firma para no pactar con el PSC cuando él ha dicho en campaña que no quiere pactar con independentistas: «¡Qué manera de superioridad moral y política! ¿Pero a quién se ha pensado que quieren representar?».

«Lo que es grave aquí es que se fijan en este compromiso del independentismo de lo que hemos dicho en campaña y lo hemos puesto por escrito, pero él ni ha dicho ni pone por escrito que no está dispuesto a aceptar los votos de la extrema derecha», ha añadido.

CONCENTRAR EL VOTO

Al ser preguntado por que la candidata de Junts, Laura Borràs, haya definido las elecciones del domingo como un plebiscito interno del independentismo, Aragonès ha apuntado que «se vuelve a equivocar de adversario, esto no es una guerra entre independentistas».

«Si Junts quiere hacer una campaña de reproches no nos encontrarán. Nuestro adversario es Salvador Illa», y ha llamado a los votantes independentistas a concentrar el voto en ERC para superar la etapa de reproches constantes entre los partidos que defienden la independencia.

A aquellos que tienen muy claro qué es lo que hay que superar, a los que tenemos muy claro quien son los adversarios, a los que tenemos muy claro que entre la gente independentista y republicana, y aquellos que defienden el derecho a la autodeterminación y la amnistía no hay reproches a hacer, sino voluntades de sumar», y ha reiterado la necesidad de que ERC lidere el espacio soberanista.

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha instado este viernes a que los hosteleros de Castellón y a los de Elda-Petrer (Alicante) tengan «empatía» con los sanitarios y cumplan la ley, en lugar de llevar a cabo su acción de protesta de reabrir bares y restaurantes el 16 de febrero.

«Todos estamos cansados, pero tenemos que acordarnos del personal sanitario, que está exhausto. Y superponer una cuarta ola en las circunstancias en las que estamos ahora sería un cataclismo», ha advertido en su comparecencia semanal.

Oltra, tras poner en valor el «sentido de responsabilidad» de la patronal autonómica CEV por no apoyar la rebelión, ha hecho hincapié en que la normativa está para cumplirla y que el cierre total de la hostelería sigue vigente al menos hasta el 1 de marzo. El bien jurídico que estamos protegiendo es la salud de las personas», ha subrayado.

Es más, ha defendido que las restricciones se toman con la certeza de que «los contagios han bajado en picado desde que se imposibilitan las relaciones». También ha destacado la evidencia científica de que las personas que frecuentan los bares tienen cuatro veces más posibilidades de contagiarse, como afirmó Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS.

Oltra, en este contexto, ha insistido en que la Comunitat no está en condiciones de relajar las medidas y en que la Generalitat debe ser «coherente». «A partir de ahí, obviamente la legalidad la tiene que cumplir todo el mundo», ha recalcado, para recordar a los hosteleros que las medidas también son para «proteger sus vidas y las de sus familiares».

También ha destacado que se pueden beneficiar del plan ‘Resiste’, que prevé llegar a 22.000 empresas, 44.000 autónomos y 136.000 asalariados. «No hay ninguna comunidad que haya destinado 380 millones para paliar los efectos económicos», ha resaltado, sumado al «escudo social» previo a la crisis.

Por todo ello, Oltra ha rogado a las asociaciones que secundan la protesta que «merece la pena continuar con el esfuerzo» para bajar la curva y que la Comunitat salga de la situación de contagio comunitario descontrolado.

Y ante la negativa a negociar de Ashocas (Asociación Hostelera de Castellón), como asociación convocante de la protesta del 16F, ha asegurado que entiende la «angustia y sufrimiento» de un sector muy afectado por el cierre, ya que «todos conocemos a gente que tiene un bar y familias que viven de eso.

Ha reconocido así que el Consell debe ayudar a preservar estos negocios y «rescatar a todas esas familias», aunque ha dudado que sea el caso del presidente de esta patronal Álvaro Amores, «ese señor que tiene un coche que vale 155.000 euros».

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes, tras la mejora de los datos de contagios en la Comunidad foral, que «vamos a ser muy prudentes en la desescalada, muy, muy lentos, en la desescalada para no tener que dar pasos atrás».

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta ha indicado que «somos muy prudentes con la evaluación de la situación; es verdad que los datos, los indicadores nos van diciendo que estamos en mejor situación, hay una clara tendencia a la baja tanto en la incidencia acumulada a 7 días y a 14 días, como en la presión hospitalaria tanto en el hospital como en la UCI».

Según ha dicho, esta tendencia «tiene que seguir avanzando, tenemos que seguir bajando esa incidencia acumulada». «Por eso, hemos prorrogado esos 15 días las medidas», ha señalado, para destacar «la prudencia para no tener que dar pasos atrás».

Chivite ha añadido que «Europa nos está diciendo que seamos prudentes en la desescalada y el otro día en el Consejo Interterritorial también se instó a las Comunidades a que mantuvieran las restricciones. «Hemos aprendido de las dos olas anteriores que tenemos que ser muy prudentes y esa es la estrategia que va a seguir el Gobierno de Navarra», ha asegurado.

Ha expuesto la presidenta que «lo tenemos que ir acompasando con lo que tiene que ver con el calendario vacunal, con proteger a las personas más vulnerables».

Chivite ha señalado, en cuanto a la vacunación, que «nosotros tenemos los recursos suficientes para vacunar, pero lo que se nos tiene que garantizar es el suministro». «Si el ritmo del suministro de vacunas o la aprobación de nuevas vacunas se incrementa, nosotros incrementaremos también en la misma medida el ritmo de vacunación según los criterios poblacionales que ya están establecidos en el calendario de vacunación», ha comentado, para insistir en que «si se adelantan las vacunaciones que nos llegan se irán adelantando el calendario y los tiempos».

MEDIDORES DE CO2 EN CENTROS EDUCATIVOS

Sobre los medidores de CO2 para los centros educativos, María Chivite ha indicado que «Educación ya ha dado la orden para que se puedan instalar». «Pueden ser un buen instrumento para todo lo que tiene que ver con las ventilaciones; se ha ido demostrando, como veníamos defendiendo, que los centros escolares eran lugares seguros y los datos ahí están, son lugares seguros», ha dicho, para añadir que esos medidores «van a ayudar a manejar mejor lo que tiene que ver con la ventilación, que es fundamental en interiores».

Preguntada por el uso del código QR para entrar en los bares en Castilla La Mancha, Chivite ha señalado que «no es algo que esté en estos momentos encima de la mesa» en la Comunidad foral. «Hay reuniones de trabajo con el sector hostelería en las que el tema de la ventilación es uno de los temas que tenemos que trabajar», ha dicho, para incidir en que «la ventilación de interiores es algo fundamental».

Y sobre las ayudas para el sector hostelero, ha comentado que «la semana que viene vuelve a haber una reunión de Desarrollo Económico y Hacienda con el sector hostelero para terminar de perfilarlas; será en este mes de febrero».

Vox rechaza la condena al «negacionismo en la violencia de género» en la propuesta de declaración institucional que el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha enviado a los grupos municipales para tratar de consensuar un texto de cara al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

En un documento de modificaciones al texto, Vox tumba otras frases referidas a «las leyes de igualdad y contra la violencia de género, así como el Pacto de Estado», además de expresiones como «violencia machista».

También matizan que no son «las mujeres quienes siguen haciéndose cargo mayoritariamente de los cuidados de niños, personas mayores y dependientes» sino que son «muchas mujeres». Se desmarcan igualmente de la hoja de ruta marcada con el acuerdo de las 21 medidas aprobadas en noviembre de 2019 para combatir esta lacra.

Las matizaciones de Vox adelantan que será inviable, un año más, acordar una declaración institucional en Cibeles. Ya lo advertía ayer la vicealcaldesa, Begoña Villacís. «Estamos negociando, pero tengo la sensación de que no tiene mucha pinta de que salga adelante», manifestaba.

Vox incluye aportaciones en el documento facilitado por el Gobierno, como poner el acento en «la plena igualdad jurídica en derechos y obligaciones entre hombres y mujeres»; la necesidad de «actuar con la máxima contundencia hasta conseguir la total erradicación» de las conductas violentas a manos de parejas o exparejas; reconocer «aquellos logros que no hayan supuesto la creación de nuevas desigualdades» y felicitar y apoyar a aquellas organizaciones que trabajan por «la igualdad real entre mujeres y hombres».

LA IZQUIERDA RECLAMA LA RESTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IGUALDAD

Más Madrid y PSOE reclaman por su parte que la declaración institucional incluya la restitución de «la recientemente eliminada Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades, con los medios que tenía a su disposición», y también la puesta en marcha de la ordenanza contra la violencia de género.

Dicha ordenanza fue aprobada en marzo de 2019, en la anterior legislatura, «pero que se encuentra paralizada», han indicado las dos formaciones en un comunicado conjunto después de que el Gobierno municipal haya planteado una declaración institucional que incluye una condena expresa del negacionismo contra la violencia de género.

«Condenar públicamente las muestras de odio hacia las mujeres y el negacionismo de la violencia de género», se recoge en uno de los epígrafes de este texto, cuya pretensión es conseguir el visto bueno de las tres formaciones de la oposición.