La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha defendido que «garantizar» la igualdad salarial entre hombres y mujeres es una cuestión «prioritaria» para el PSOE y ha instado a «poner el foco» en este asunto. «La revolución más útil es avanzar y progresar y llega en el BOE», ha apuntado.

Así lo ha manifestado Lastra este lunes durante su intervención en el acto ‘Castelló és socialista: Per la igualtat salarial’, organizado por el PSPV de la provincia de Castellón con motivo del Día internacional por la igualdad salarial que se celebra el 22 de febrero.

Lastra ha afirmado que la libertad «no puede en entenderse separada de la justicia social» y ha señalado que la «revolución más útil que existe es avanzar y progresar» y «llega en el BOE».

Por contra, ha censurado que las formaciones de derecha «dicen que son los partidos por la libertad» pero «cuando les escuchas despacio hablan mucho de seguridad y de libertad del mercado y poco de la gente y de la libertad de oportunidad. «No se puede conseguir lo uno a costa de lo otro», ha añadido.

La dirigente socialista ha defendido que «hemos avanzado mucho» en cuanto a igualdad, como «con la ley de matrimonio igualitario» o «el derecho al aborto», entre otras, pero ha reconocido que «queda mucho por hacer» para «lograr la igualdad salarial».

En este sentido, ha valorado que en las «últimas semanas» el PSOE ha impulsado la ‘ley Zerolo’ para «la igualdad de trato y la no discriminación» y la ley LGTB para «garantizar los derechos de todo el colectivo». Además, ha reivindicado que las mujeres «tienen derecho a tener vidas autónomas y en condiciones». «La lucha por la emancipación y la autonomía son ideas que encarnan el feminismo», ha reflexionado.

«Es verdad que hemos avanzado mucho y siempre con gobiernos socialistas, pero los datos son muy tozudos y contundentes: la brecha salarial es del 21%, el salario de las mujeres es el 79% del de los hombres, tenemos más dificultades para acceder al mercado laboral y promocionar y las mujeres suponemos el 74% de los contratos a tiempo parcial frente al 25% de los hombres», ha manifestado, al tiempo que ha apuntado a que la pobreza «tiene rostro de mujer».

Además, ha añadido, en 2020, en las empresas del IBEX-35, las mujeres «eran el 29% y las presidentas, el 6,1%» y ha señalado que la «principal» causa de que el salario de las mujeres sea inferior es «el peso de los cuidados». Por ello, ha instado a «poner el foco» en la igualdad salarial y ha defendido que es una cuestión «prioritaria» para los socialistas. «Ninguna sociedad puede ser justa sobre una injusticia», ha pronunciado.

«SER MADRE NO PUEDE SER CAUSA DE PENALIZACIÓN»

La vicesecretaria general del PSOE ha puesto en valor que, desde la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha impulsado medidas para impulsar la reducción de la brecha de género o la pensión complementaria». «Si queremos que la brecha se acorte, ser madre no puede ser causa de penalización en el mercado laboral», ha sentenciado.

En esta línea, ha celebrado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 «por fin» han logrado «equiparar los permisos de maternidad y paternidad» y «recuperar la cotización salarial de las cuidadoras de personas dependientes».

Lastra ha lamentado que con la crisis de la pandemia de coronavirus «todas las desigualdades se amplifican» y ha garantizado que el Gobierno «trabajará para que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ponga en marcha con perspectiva de género». «Los socialistas seguiremos trabajando y avanzando, porque avanzar es abrir escuelas infantiles, es poner en marcha planes de igualdad y facilitar la formación», ha finalizado.

Por su parte, la secretaria ejecutiva para la violencia de género de la CEF del PSOE y diputada por Castellón, Susana Ros, ha destacado que a la provincia «le va muy bien cuando gobiernan el PSOE». «Hemos recibido un 83% más de inversiones», ha resaltado.

Sin embargo, ha afirmado que en los actuales «tiempos convulsos» la «derecha y la extrema derecha siguen azotando», por lo que ha apuntado que la «voz del PSOE» es «más necesaria que nunca» en «defensa de los valores».

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y diputado autonómico, Ernest Blanch, ha instado a «hacer causa común» por la igualdad salarial porque «es una de nuestras grandes banderas, un instrumento de independencia económica y de las mujeres para que sean más libres».

Podem Valencia critica la «desproporción» de las fuerzas de seguridad en las concentraciones ciudadanas «según la ideología de los manifestantes», tras las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel como la del pasado jueves en la ciudad.

En un comunicado, denuncia la situación de «enorme represión y violencia» en estas concentraciones, «desde el principio con una fuerza represiva desproporcionada hacia los manifestantes». «La desproporción y el sesgo ideológico de las intervenciones policiales en nuestra ciudad es realmente inquietante», advierte.

De hecho, para el partido ‘morado’, «no resiste la comparación la actuación del dispositivo policial en las movilizaciones de esta semana, cuando ningún derecho fundamental estaba en peligro, con la intervención que se despliega ante los ataques y amenazas al derecho de manifestación que por parte de la extrema derecha se realizan cada año» el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat.

También rechaza que ante una «escueta» crítica por parte del alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), un sindicato policial respondiera organizando una concentración ante el Ayuntamiento. A su juicio, las manifestaciones de las fuerzas de seguridad no pueden servir para excluir del examen público su actuación, «sobre todo en el caso extremo del uso del monopolio de la fuerza».

‘REVUELTA DE CAYETANOS’

Se trata de algo que compara con la «revuelta de los ‘cayetanos'» que surgió en mayo por las últimas prórrogas del primer estado de alarma y que «tuvieron un tenue eco, sucursalista, como casi todo en la derecha en València, en la forma de unas concentraciones en las proximidades del cuartel de caballería de la Alameda». Esta movilización, denuncia, fue «al menos doblemente irregular: por una parte, sin la preceptiva comunicación a la Delegación del Gobierno, y por otra, se incumplían las normas.

Podem sostiene que «más allá de la sorpresa y del cierto resquemor que provoca saber que una no va a ser medida por el mismo rasero, solo se puede reconocer que, desde una perspectiva democrática y de técnica policial, la actuación que se siguió por parte de la Policía y la Delegación del Gobierno con los manifestantes derechistas de los barrios altos de Madrid fue la acertada, a diferencia que lo que sucedió poco después en el barrio de Vallecas con los manifestantes en defensa de la sanidad pública frente a la Asamblea Regional».

Esta comparación «no es gratuita», sino que la pone como ejemplo de una actuación policial que prioriza la seguridad y la integridad de la ciudadanía, ejerciendo los derechos de reunión y manifestación, «incumpliendo las normas de protección del orden público».

En definitiva, Podem ve preocupante que «esa priorización de los derechos fundamentales tenga un sesgo de clase e ideológico tan evidente al que la dirección política de las fuerzas de seguridad y algunos de sus sindicatos parecen ciegos», por lo que exige que se apliquen los mismos protocolos en las movilizaciones populares de izquierdas que en las de clase alta o las relacionadas con el ‘hooliganismo’ futbolístico. «Comparar unas actuaciones y otras lleva a la conclusión ineludible de que la represión ideológica está detrás de ciertas contundentes defensas del orden público», alerta.

Tras los incidentes del pasado jueves en València, Podem pidió la comparecencia en Les Corts de la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y dirige una pregunta relacionada con este tema al ‘president’ de la Generalitat, el también socialista Ximo Puig, en la sesión de control del jueves 25.

La Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), una asamblea de representantes locales y regionales de la Unión Europea y sus socios del Mediterráneo, ha trasladado su preocupación por el acceso a las vacunas de la COVID-19, reclamando un acceso más equitativo y justo, y las «enormes» desigualdades regionales dentro de los países mediterráneos.

En la reunión plenaria celebrada este lunes, los representantes de los gobiernos locales y regionales han respaldado en este marco la nueva agenda de la Unión Europea para su asociación con sus vecinos del sur, aunque han insistido en que los «beneficios de la cooperación deben llegar más allá de las capitales» y deben reducir, no aumentar, las «enormes disparidades territoriales existentes dentro de los países vecinos».

En el encuentro de esta asamblea, creada por el Comité Europeo de las Regiones (CdR) en 2010 para aportar una perspectiva local y regional a los trabajos de la Unión por el Mediterráneo y de la Unión Europea, han intervenido tanto el secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, como el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, el húngaro Olivér Várhelyi.

En un mensaje grabado, el comisario europeo ha indicado que la nueva Agenda para el Mediterráneo está hecha a medida, teniendo en cuenta la diversidad de la región, y tiene como objetivo aprovechar las oportunidades que se derivan de las transiciones verde y digital, además de proponer un Plan Económico y de Inversión para los vecinos del sur.

En esta línea, ha señalado que sus 12 iniciativas serán el modelo de la acción y «contribuirán a apoyar una recuperación económica sostenible e integradora a largo plazo». Afirmó que la Comisión «dará prioridad a la capacitación de los jóvenes» y expresó su confianza en que el ganador del tercer Premio ARLEM al Emprendimiento Local Joven inspire a otros a convertir sus ideas en empresas.

En su intervención, el secretario general de la UpM ha lanzado un mensaje sobre la necesidad de unidad ante los retos actuales y, en este sentido, ha subrayado que los 42 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo «solo tendrán éxito si colaboran estrechamente con las autoridades locales y regionales».

«Existe un claro vínculo circular entre el clima, la seguridad energética, el crecimiento económico, el desarrollo y la salud. Tenemos que construir una estrategia de desarrollo que nos ayude a mejorar la salud humana, reverdezca nuestras economías, pero que siga impulsando la competencia, y proporcione una base digital para los servicios y sectores públicos claves», ha reclamado.

Por su parte, el copresidente de esta ARLEM y presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), el griego Apostolos Tzitzikostas, ha puesto en valor que la nueva agenda de esta asociación y el plan de inversiones que la acompaña «podrían contribuir en gran medida a aumentar la resiliencia de la región mediterránea, la segunda más afectada por el cambio climático y que ya se enfrentaba a grandes retos económicos, sociales y políticos antes de la pandemia».

«La COVID-19 y la emergencia climática demuestran hasta qué punto estos retos cambian la vida. Por ello, el Comité Europeo de las Regiones apoya plenamente las políticas que permiten a las ciudades y regiones reducir estas amenazas, adaptarse a ellas y recuperarse», ha alegado.

En esta línea, Tzitzikostas ha subrayado que «la mayor parte del trabajo duro» debe hacerse a nivel local y regional y «es esencial que los gobiernos nacionales y la UE escuchen y cooperen con los políticos y autoridades locales y regionales para lograr estos objetivos».

«Acogemos con satisfacción la intención de proporcionar una inversión financiera, técnica y política adicional, incluida una mayor financiación para las administraciones subnacionales, pero -como afirma nuestra declaración- estas ambiciones deben transformarse en beneficios que lleguen más allá de las capitales y reduzcan las enormes disparidades territoriales existentes», ha argumentado.

Por su parte, el presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Mohamed Boudra, que ha copresidido la reunión, ha usado el compromiso de la UE con la neutralidad edl carbono para 2050 como ejemplo para destacar que «las mismas ambiciones y el mismo enfoque descentralizado» deben marcar la acción climática en el Mediterráneo. «La crisis de COVID-19 exige una doble transición, una transición más verde y más sostenible. Tenemos que construir hacia adelante», ha subrayado.

PACTO VERDE EUROPEO

En el marco del plenario, ha tenido lugar también una mesa redonda sobre un nuevo Pacto Verde para el Mediterráneo y la Agenda 2030. En este contexto, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha recordado que el Pacto Verde ofrece la «oportunidad» de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y ha destacado la necesidad de aprovechar «al máximo» las políticas de este pacto y la financiación ante un Mediterráneo «especialmente frágil, sobre todo en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático». Tenemos que compensar el impacto del cambio climático y el impacto en la economía«, ha apostillado.

En esta línea, ha incidido en que la compensación del cambio climático en el Mediterráneo «tiene que ser de naturaleza política» y, en este sentido, ha incidido en que el Pacto Verde tiene que impulsar la investigación y el desarrollo. «Esto será absolutamente clave para el desarrollo económico de la región, y nos permitirá tener un mejor desarrollo social en nuestra región, y nos preparará mejor para la economía azul y para los cambios en la agricultura», ha recalcado.

Por su parte, Juan José Martínez Lozano, director general de Unión Europea, ha indicado que el Pacto Verde «es necesario» y ha abogado por «armonización e incentivos para los empresarios», «prohibir los plásticos y otros productos químicos» y por políticas «que respeten la biodiversidad».

«En el último pleno pedimos un acuerdo para el Mediterráneo, así como el compromiso de la reducción de emisiones del 55% y la neutralidad climática para el año 2050. Seguimos sin ser capaces de abordar el plástico en los océanos y la transformación digital. Nos gustaría un cambio claro de política para hacer frente a estos retos. No queremos que esto quede en manos de los gobiernos nacionales», ha recordado.

La vice-alcaldesa de Niza, Agnès Rampal, ha expuesto un informe sobre «Agricultura y seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático en el Mediterráneo», que ha sido aprobado por los miembros de la ARLEM.

«Ante el calentamiento global, que exacerbará las tensiones en el área mediterránea, debemos actuar para maximizar los efectos beneficiosos de la agricultura sostenible. Hago un llamamiento a una verdadera soberanía alimentaria resiliente, gracias sobre todo a una dieta mediterránea mejorada, adaptada a las condiciones climáticas, respetuosa con los recursos naturales, atenta a la salud y capaz de garantizar una remuneración adecuada a los agricultores», ha indicado.

El informe señala que la Unión Europea y la Unión por el Mediterráneo deben considerar el desarrollo de una estrategia macrorregional para la seguridad y la soberanía alimentaria en el Mediterráneo, promover una transición agroecológica hacia prácticas que preserven el suelo y la agrobiodiversidad, y considerar la introducción de una etiqueta de «productos mediterráneos» o «dieta mediterránea».

Asimismo, indica que las regiones y ciudades deben tratar de convertirse en una fuerza impulsora de los esfuerzos para desarrollar enfoques agrícolas que sean más resistentes a los cambios dramáticos del clima en la región mediterránea.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha denunciado este lunes que Partido Popular y Ciudadanos «atacan a la democracia» por blanquear y «poner la alfombra roja» a la extrema derecha «a cambio de mantener» gobiernos autonómicos y municipales. «Ahora están recogiendo los frutos podridos de tanta indignidad con esos resultados electorales en Cataluña», ha avisado.

Durante la inauguración de la exposición ’40 años del 23F. El triunfo de la democracia’ en la sede del PSOE en la calle Ferraz, Ábalos ha reconocido echar «en falta» la unidad en la Transición y tras el intento de golpe de Estado en 1981. «La unidad de entonces es la que echamos ahora en falta. En medio de la mayor emergencia sanitaria y social a la que se ha enfrentado España en su historia reciente, vemos como la derecha le ha dado la espalda a este país. Y ha aprovechado esta circunstancia para dividirlo y debilitarlo», ha afirmado.

En su opinión, las derechas en España «no se han limitado a acosar al Gobierno», sino también «han atacado a la propia democracia, deslegitimizando las instituciones y poniendo en cuestión los resultados electorales». Han maniobrado en Europa para impedir que los fondos para la reconstrucción llegaran a nuestra economía, cuestionando para ello la calidad de nuestro estado de derecho», ha denunciado.

«Se han alineado con los enemigos declarados de la democracia, a los que les gustaría gritarnos de nuevo que nos estemos quietos y nos echemos al suelo. Son sus socios», ha resaltado Ábalos, al tiempo que ha querido recordar que PP y Cs «han blanqueado a la extrema derecha y les han puesto la alfombra roja a cambio de mantener CCAA y ayuntamientos».

«Y ahora están recogiendo los frutos podridos de tanta indignidad con esos resultados electorales de Cataluña», ha sostenido, al tiempo que ha afirmado que «hay demasiados políticos mirando para atrás y mirando muy poco para adelante». «Esa mirada de futuro tan necesaria fue la que en su día hizo posible la Transición y una Constitución que ha cimentado la convivencia entre los españoles en estos 40 años», ha destacado.

Asimismo, el ministro ha defendido que «la democracia no es una pieza de museo», sino «algo vivo que debemos alimentar cada día» con la «ampliación de su cartera de derechos» para que los ciudadanos puedan sentirla como propia. «La democracia se construye con más democracia, por el contrario, la violencia es su antítesis, atasca su corazón de libertades y la desangra», ha aclarado.

También ha pedido «tener muy presente» el fallido golpe de Estado del 23 de febrero. «La democracia es una fuerza muy poderosa pero a la vez exige cuidados permanentes porque también es de una gran fragilidad», ha enfatizado.

LASTRA: «LA DEMOCRACIA SE CUIDA CADA DÍA»

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha recordado que el 23F «la democracia vio peligrar sus cimientos, pero aguantó, creció, se asentó y triunfó». «Lo hizo porque había millones de personas sosteniéndola. Recordar este episodio es el primer paso para que no vuelva a ocurrir», ha subrayado.

Sin embargo, ha recalcado que, pese a que se piense que «algo así no puede volver a suceder porque los golpes de Estado son cosas del pasado o de países lejanos al nuestro», hay que «cuidar la democracia todos los días» porque hay quien la amenaza «todos los días».

«Los discursos de odio, negar la violencia de género, querer ilegalizar partidos con una ideología diferente a la tuya, son amenazas a la democracia», ha apuntado la portavoz parlamentaria, al tiempo que ha enfatizado que «no existe punto medio» entre «quienes defienden la democracia y quienes la atacan» como «no hay un punto equidistante entre cavar fosos de rencor y tender puentes entre los ciudadanos».

«No caben peros en la defensa de la democracia», ha sostenido Lastra, que ha querido recordar que cada vez que hay elecciones «los españoles otorgan una confianza mayoritaria» al PSOE. «No vamos a pedir perdón por ello ni tampoco su permiso para gobernar este país», ha exclamado.

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) adoptará este martes su opinión sobre la petición del Tribunal Supremo para levantar la inmunidad europarlamentaria del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, un informe que, según varias fuentes parlamentarias, propone dar luz verde al suplicatorio.

La comisión parlamentaria responderá en la misma sesión celebrada a puerta cerrada sobre los casos de los otros dos eurodiputados de JxCAT, los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, que huyeron con Puigdemont a Bélgica para evitar el juicio por la causa del ‘Procés’.

Será el primer paso para concluir el proceso pero no el último, ya que una vez que la comisión parlamentaria tome posición el asunto se elevará al pleno para que sea el conjunto de la Cámara quién decida aceptar o rechazar la suspensión de la inmunidad. A falta de que se formalice la agenda del próximo pleno, se cuenta con que el asunto se someta a votación en el pleno del 8 al 11 de marzo.

Si el voto del pleno confirma la posición inicial redactada por el ponente, el eurodiputado conservador búlgaro Angel Dzhambazki, quedará suspendida la inmunidad de Puigdemont y podrá reactivarse el caso en el Tribunal belga que debe decidir si ejecuta la Orden Europea de Detención y Entrega para que el expresidente catalán sea extraditado a España.

El Supremo remitió formalmente los tres suplicatorios al Parlamento europeo en enero de 2020 pero la parálisis forzada por la pandemia de coronavirus bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre, cuando se reactivaron con el aval de los servicios legales de la Eurocámara para celebrar las sesiones confidenciales sobre casos de inmunidad por vía telemática.

En su defensa, los tres eurodiputados de JxCAT han argumentado que el Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente para juzgarles y también han denunciado persecución política en España.

Sin embargo, el ponente de los informes de JURI que responden a la petición del Supremo apuesta por dar luz vede a los suplicatorios porque considera que los hechos por los que se les reclama corresponden a una época en la que aún no eran eurodiputados.

MESES DE PROCEDIMIENTO

En enero, Puigdemont, Comín y Ponsatí dispusieron cada uno de quince minutos para defender ante la comisión parlamentaria que no se les debe levantar la inmunidad. Lo hicieron a puerta cerrada en sesiones individuales pero consecutivas.

La responsabilidad de elaborar los tres informes (cada uno de los políticos contará con un texto específico que se someterá a votación) recayó sobre el mismo eurodiputado, el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, que comparte grupo parlamentario con Vox pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA, apoyo de Puigdemont en Bélgica.

El mismo día de las comparecencias en enero, el eurodiputado del PP y vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Esteban González Pons, aseguró que existe una «clara mayoría» en la comisión a favor de apoyar la suspensión de su inmunidad. El propio Comín también dijo ese mismo día que ganar la votación «sería el milagro más grande que haya visto en política».

Los tres informes se presentaron a los grupos la semana pasada bajo la condición de secreto que exige el proceso, pero finalmente trascendió que la posición del ponente es favorable a la suspensión de las inmunidades.

El presidente de la comisión parlamentaria, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, ha censurado las «presuntas filtraciones» y pedido al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, una investigación interna para depurar responsabilidades si se confirma que se ha violado la confidencialidad.

Podemos ha trasladado al PSOE que el ambos acordaron regular el precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda, dado que «lo pactado obliga» y ha calificado de «grave» que el socio de gobierno sea «desleal» a la palabra dada.

Varios cargos de la formación morada han reaccionado en redes sociales a las declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, después de que haya rechazado hoy el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, al apostar por promover incentivos fiscales, para los cuales espera aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, quien encabeza las negociaciones desde el ala morada del Ejecutivo con el departamento de Ábalos para la nueva ley, ha sido la primera en reaccionar.

En un comentario en Twitter, ha reproducido una parte del acuerdo que alcanzaron Unidas Podemos y PSOE para el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, en el que ambas formaciones se comprometían a «regular la contención de rentas del alquiler en la Ley de Vivienda». «Lo pactado obliga», ha sentenciado.

Posteriormente, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha comentado que es «grave» que el PSOE sea «desleal» con el acuerdo de coalición, pero aún lo es «más» que tenga esa actitud con cerca de 9.000 organizaciones que solicitaron al Ejecutivo regular el alquiler».

«No nos vamos a dar por vencidos», ha precisado para poner una imagen de una información sobre el texto de diversas organizaciones que demandaban una regulación del alquiler y el apartado del pacto entre los dos socios, que aludía impulsar medidas normativas «para poner techo a la subida del alquiler» en mercados tensionados.

En octubre este asunto volvió a surgir en el pacto para el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con el compromiso de tener la nueva Ley de Vivienda en tres meses y llevarla al Congreso en cuanto. También se aludía a que la nueva normativa debía limitar, y «eventualmente» bajar, los precios del alquiler para esas zonas.

A ello ha aludido incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha añadido también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió «por escrito» con ella a desplegar esta regulación. «Presidente, cumpla ya su palabra», ha reclamado.

El diputado por Murcia, Javier Sánchez Serna, ha añadido que el PSOE «tiene derecho a cambiar de opinión y abrazar tesis neoliberales como que la vivienda es una mercancía y el mercado se autorregula solo», para especificar luego que el «pequeño problema» es que el pacto de Gobierno «obliga a regular las rentas de alquiler». «Y los pactos están para cumplirlo», ha remachado.

EL PLAZO ESTÁ A PUNTO DE VENCER

La semana pasada Unidas Podemos reprochó a su socio que continuara «sin hacer una propuesta» sobre la regulación del precio del alquiler, una medida acordada por ambas partes, cuando se está a punto de cumplir el plazo dado para llevar la nueva Ley de Vivienda al Consejo de Ministros.

También afearon, según explicaron fuentes de Unidas Podemos, que el PSOE siga también «sin propuesta» en materia de prohibición de desahucios, control de precios del alquiler y obligaciones para los grandes propietarios.

Precisamente el pasado jueves los equipos de la Vicepresidencia segunda, representada por Belarra, y del Ministerio de Transportes, encabezado por el secretario general para la Agenda Urbana y Vivienda David Lucas, retomaron las negociaciones sobre la ley, dado que los contactos se congelaron por las elecciones catalanas del 14 de febrero.

YA RECRIMINARON AL PSOE SU CERCANÍA CON LA PATRONAL INMOBILIARIA

El encuentro no fue satisfactorio para Unidas Podemos. Y es reprocharon que, a pesar de que acordó llevar un texto conjunto al Consejo de Ministros antes de que finalice febrero, el equipo del ministro José Luis Ábalos «todavía concretó por escrito cuál es su posición entorno a los temas clave para los morados».

De hecho, recriminaron que el PSOE parece «muy próximo» es sus planteamientos a los de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que dirige el exministro Joan Clos, y al sector inmobiliario.

PSOE y Unidas Podemos ya enfocaban la reactivación de los contactos sobre la Ley de Vivienda con posiciones alejadas que, por el momento, hacen difícil vislumbrar un acuerdo inmediato.

POSTURAS ALEJADAS QUE DIFICULTAN EL CONSENSO

Ábalos ha reconocido hoy que, en materia de «intervención de los precios» ambas formaciones tienen «dos concepciones distintas» y, en su caso, consideran «más positivo y eficaz promover que no imponer».

«Lógicamente, los más ocurrentes son los fiscales, aunque también puede haber otras medidas, que no imponer», ha explicado el ministro titular de las competencias de Vivienda, que ha advertido de que, con el control de precios, «puede haber una detracción del mercado» en la que «muchas de esas viviendas que podrían ser destinadas al alquiler acaben en la compraventa».

Mientras, Unidas Podemos apuesta por fijar la figura de gran tenedor a cinco o más viviendas (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.

En la formación morada han insistido en diversas ocasiones que su lealtad se debe al acuerdo de coalición y deslizaron que, sin su presencia, los socialistas ya se habrían desviado de este acuerdo. Por tanto, reivindicaron su figura de ‘garantes’ de los compromisos suscritos.

Además, la materia es una de las principales apuestas, como coproponentes de la normativa, para lograr garantizar este derecho constitucional y hacer corresponsables a los grandes propietarios de pisos de la función social que deben tener los inmuebles.

Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exigen a su presidente, Carlos Lesmes, que incluya en el orden del día del Pleno previsto para este jueves los nombramientos de cargos judiciales que se pretendían hacer, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Así, han contestado a la decisión que Lesmes ha tomado este mismo lunes de no incluir finalmente la designación de ocho vacantes en varios tribunales –entre ellos, tres en el Supremo– ante la previsión de que el Gobierno y el PP, que han reiniciado las negociaciones para renovar la institución, alcancen un acuerdo.

Según han informado las fuentes consultadas, este grupo de vocales han presentado una petición formal recordando que los artículos 35 y 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial establece que si al menos cinco vocales solicitan la discusión de un asunto debe incluirse en el orden del día.

En este sentido, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, estaría obligado a incluir finalmente en el orden del día de la sesión plenaria del jueves el debate sobre los nombramientos, cuya calificación ya ha sido realizada por la Comisión Permanente.

Los ochos vocales que realizan esta propuesta pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto.

«LA POTESTAD DE NOMBRAR ES DEL PLENO»

Según han explicado las fuentes consultadas, este grupo de vocales consideran que la decisión de debatir o no los ocho nombramientos pendientes es del Pleno y no únicamente del presidente. «La potestad de nombrar o no nombrar la tiene el Pleno», subrayan.

Lesmes ha acordado paralizar los nombramientos al igual que ya se hizo en enero y junio del año pasado cuando parecía que el PSOE y PP podrían alcanzar un acuerdo para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018.

Las mismas fuentes apuntan que, tal y como ocurrió en ese momento, es el Pleno el que debe valorar la situación de si seguir adelante con los nombramientos o esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, mas aún teniendo el precedente de que en aquellas dos ocasiones las negociaciones fueron frustradas.

El presidente del CGPJ también habría tenido en cuenta la división que existe dentro del seno del Pleno, ya que no todos los vocales están de acuerdo en hacer nombramientos de cargos discreccionales.

Las fuentes consultadas recuerdan que todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones –desde el 4 de diciembre de 2018– se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión del jueves.

El Pleno tenía previsto designar a dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares– y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretendían nombrar a los presidente de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha reconocido este lunes la «excelente gestión» de las Fuerzas Armadas durante la Covid-19, a través de la operación Balmis, y ha destacado su «valor constitucional», así como su «prestigio internacional».

Así lo ha expresado la presidenta de la Cámara Alta durante su participación en la conferencia-coloquio del XXII Curso de actualización para el desempeño de los cometidos de Oficial General en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Ante los 117 coroneles o capitanes de Navío que participan en el curso, Llop ha querido agradecer en nombre de la Cámara y los ciudadanos las labores que ha desempeñado el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, Cuerpos Comunes y Guardia Civil durante estos meses.

Llop, además, ha expresado un recuerdo «desde el respeto» a las víctimas militares, guardias civiles, sanitarios y resto de profesionales que han perdido la vida en la lucha contra la pandemia.

«NO VALEN LOS INTERESES PARTIDISTAS»

En esta clave, ha destacado que la política de Defensa y Seguridad debe ser una política de Estado. «Aquí no valen los intereses partidistas. Este es el espacio donde más claramente se ve el interés general de España», ha aseverado.

«Los servidores del Estado y, en particular, los miembros de la carrera judicial y los militares sabemos lo que representa el mando, la lealtad, el espíritu de sacrificio y el amor del servicio a España», ha concluido sobre este asunto.

Por otra parte, ha reconocido la labor de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales y ha hecho hincapié en su papel en defensa de los derechos humanos. En concreto, ha agradecido a los 2.400 militares actualmente desplegados en 16 países.

Durante la visita, Llop ha mantenido un encuentro con las cuatro mujeres coroneles de los cuerpos comunes que en un futuro podrán ser generales y ha firmado en el libro de honor del CESEDEN destacando «el brillante papel de esta Institución en formar a los futuros Generales de España».

Podemos ha entregado este lunes al juez que investiga la presunta financiación ilegal del partido en el caso ‘Neurona’ diverso material, incluidos billetes de avión, los lugares donde se alojaron y vídeos, para intentar acreditar que el personal de la consultora política trabajó en la campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

La formación ‘morada’ ha enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid un listado de 21 personas a las que identifica como «integrantes del equipo de Neurona que vinieron a desarrollar presencialmente trabajos para la campaña electoral del año 2019».

En concreto, ha aportado sus datos personales –nombre, apellidos y pasaporte– y sus fechas de llegada y salida a España, precisando las funciones que habrían desempeñado en la campaña electoral.

Podemos ha acompañado este listado de justificantes de billetes de avión, de los lugares donde se hospedaron y de vídeos y fotografías que mostrarían a estas personas trabajando tanto en el local de la calle Maudes de Madrid donde se ubicó el equipo de campaña como en los actos electorales.

Ha resaltado un vídeo en el que «se aprecia con todo detalle todos los espacios de trabajo y los equipos que se encontraban en Maudes» y «el espacio habilitado para Neurona y el de los distintos equipos de comunicación, redes, audiovisuales y, en definitiva, todos los integrantes del equipo de campaña.

Con todo ello, el partido ha confiado en que «podrá confirmarse la efectiva presencia y la prestación de los servicios de los integrantes de Neurona» en Maudes y en actos electorales, destacando esto último por contraposición a lo declarado el pasado 21 de diciembre por Tirso Nohales y Silvia Santana, dos personas que fueron contratadas por Podemos para la campaña de 2019 y que dijeron que no conocían ni a Neurona ni a sus trabajadores.

«PROTECCIÓN REFORZADA» A TESTIGOS

Además, la organización política ha entregado al juez Juan José Escalonilla un listado de diez personas que formaban parte de los equipos de trabajo de Podemos que, según afirma, cubrieron la campaña electoral en coordinación con el personal de Neurona, para que les cite a declarar como testigos.

«Todas estas personas pueden ofrecer el testimonio directo de la experiencia del trabajo llevado a cabo por Neurona junto con el equipo de campaña de Podemos, así como la modalidad en la que se ejecutaban los trabajos, con quienes compartían espacio y trabajo y cómo se distribuían las correspondientes tareas», ha indicado.

Podemos ha planteado que, «a fin de facilitar la labor del juzgado y también por cuestiones de protección de datos personales y privacidad», sean citados en la sede ‘morada, ubicada en la calle Francisco Villaespesa de Madrid.

En cualquier caso, ha solicitado a Escalonilla que dé una «protección reforzada» a estos testigos adoptando «medidas concretas, suficientes y pertinentes para evitar filtraciones públicas de sus imágenes y datos personales».

«IMPULSO» A LA INVESTIGACIÓN

El partido de Pablo Iglesias ha explicado que de esta forma pretende «dar un decidido impulso al esclarecimiento de los hechos». El juez trata de dilucidar si Neurona hizo realmente el trabajo para el que fue contratada por Podemos por 363.000 euros para la campaña electoral de 2019 o si, como sospecha, fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.

A este respecto, Podemos ha enfatizado que «no tendría que ser esta parte la que deba probar su inocencia, sino que por mandato constitucional la carga de la prueba es justo al revés».

Al mismo tiempo, ha reivindicado que ha colaborado «en todo momento» con la investigación al proporcionar «abundante documentación e información a lo largo de lainstrucción». La organización política ya entregó al juez varios vídeos que están siendo analizados por la Policía para determinar su autoría.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado en un vídeo el acta de la sesión extraordinaria que el Pleno celebró el 23 de febrero de 1981 tras tener conocimiento del intento de golpe de Estado liderado por el teniente coronel Antonio Tejero. «Lealtad al Rey y respeto a la Constitución», dice el acuerdo único que alcanzó el órgano de gobierno de los jueces, que ha sacado de su «búnker» dicho documento para recordar su actuación hace 40 años.

El vídeo, de 6 minutos de duración, comienza contextualizando lo que ocurrió el 23-F. Junto a un audio en el que se escuchan los gritos de «al suelo todo el mundo» que profirieron el grupo de guardias civiles que entraron en el Congreso de los Diputados y los disparos al techo, cuyos impactos aún se conservan en el hemiciclo, se puede ver el acta de la sesión plenaria que se convocó de manera urgente.

«Manifestar el Consejo su lealtad al Rey y el respeto a la Constitución haciéndolo saber mediante llamada telefónica al Palacio de La Zarzuela y extendiéndolo a los medios de comunicación social a través de la Agencia de Noticia Europa Press», reza el acuerdo único que alcanzó el órgano de gobierno de los jueces la tarde noche del 23 de febrero de 1981.

El documento original se conserva en el archivo del CPGJ, cuyo principal depósito se conoce popularmente como «búnker». La sesión extraordinaria se convocó a las 20.30 horas, según consta en el acta y da cuenta de los «gravísimos acontecimientos», refleja los debates que hubo en esa reunión, incluso hace referencia al «ejemplar comportamiento» de los funcionarios que prestaban servicios ese día, que se negaron a abandonar la sede del Consejo hasta que no finalizara la sesión.

Todo ello junto al único acuerdo adoptado. El CGPJ, que se había constituido apenas cuatro meses antes en el salón de pasos perdidos del Tribunal Supremo, recuerda que fue la primera institución en pronunciarse en defensa de la Carta Magna.

EL PLENO DEL CGPJ SE «AUTOCONVOCÓ»

Uno de sus vocales era Andrés Martínez Arrieta, magistrado que actualmente desempeña su labor en la Sala de lo Penal del alto tribunal. Según ha recordado, el 23 de febrero de 1981, con 25 años y recién ingresado en la Carrera judicial, tuvo conocimiento del intento de golpe de Estado cuando un bedel del Supremo avisó de que los medios de comunicación habían alertado de «tiros en el Congreso».

Martínez Arrieta cuenta que los vocales decidieron «autoconvocarse» y reunirse para celebrar la sesión plenaria con carácter de urgencia. Recuerda que el entonces presidente del Supremo y del CGPJ, Federico Carlos Sáinz de Robles, se encontraba en Palma de Mallorca realizando una visita oficial y que estuvieron en contacto con él por vía telefónica hasta que regresó a Madrid.

El hoy magistrado del Supremo –que además juzgó a los 12 líderes independentistas por el ‘procés’ en Cataluña– señala que el Pleno tenía «especial preocupación» por la situación en el Juzgado de guardia de Madrid y en la entonces Audiencia Territorial de Valencia, donde el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, había sacado los tanques a la calle y emitido un bando declarando el estado de excepción.

Finalmente, la sesión extraordinaria se levantó a la 1.30 horas del 24 de febrero, una vez que el Pleno del CGPJ tuvo conocimiento del mensaje del Rey Juan Carlos I.

Martínez Arrieta también destaca que el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del Gobierno y ministro de defensa en el momento del 23-F, se acercó al CGPJ unos meses después, cuando ya estaba jubilado, para agradecer la postura del órgano de gobierno de los jueces y confesar que «desde dentro (en el Congreso) tuvieron conocimiento de que había una institución que no estaba en puesta en jaque por la intentona golpista».

ARCHIVO DEL CGPJ

En el vídeo también aparece el doctor de Historia Contemporánea y técnico del archivo del órgano de gobierno de los jueces, Pablo Gil Vico, que explica desde la creación de esta institución en 1980, ha recibido «más de 25.000 unidades de instalación que se conservan en los diferentes depósitos ubicados en las distintas sedes del Consejo».

Precisamente en el «búnker» se almacenan todos los documentos producidos por el órgano de gobierno de los jueces en el ejercicio de sus competencias, como la gestión de la carrera judicial, el régimen disciplinario de jueces y magistrados o la inspección de órganos judiciales. «También se custodian las actas y acuerdos de órganos de gobierno donde se registran algunas de las líneas fundamentales de la historia reciente», subraya.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha llamado este lunes a las «gentes más jóvenes» a tomar ejemplo de la generación que afrontó el intento de golpe de Estado fallido del 23F y que supo «estar en su lugar», para que en cualquier momento que «aparezcan en el horizonte nubarrones» contra las libertades y la democracia, sepan «saber estar, saber hacer y saber resistir».

«Eso es importante recordarlo y ponerlo en valor de presente. Hay muchas circunstancias que la democracia tiene en su propia dialéctica y en su propia evolución, pero hemos de estar ojo avizor con aquellas que no caminan en su misma dirección sino que trabajan en su contra», ha apostillado.

Asimismo, ha defendido que el hecho de tener presente aquellos acontecimientos hacen que la democracia española «no esté nunca en ninguna zona de peligro, como sí lo estuvo aquella noche el 23F». Es más, ha descrito la democracia en España como una de las «importantes y solventes del mundo».

Así lo ha asegurado durante la inauguración de las jornadas ‘Los retos de la democracia. 40 años después del golpe de Estado del 23-F’ que ha organizado en el Instituto Cervantes la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que depende de la Vicepresidencia de Calvo.

Calvo ha comenzado su intervención señalando que aquellos acontecimientos del 23F sirvieron para reafirmar «casi de manera unánime» por parte de la sociedad española «el compromiso con seguir firmemente la senda de la construcción» de la «gran democracia» que, a su juicio, existe en España.

23F, «UN MAL QUE SE CONVIRTIÓ EN BIEN» AL REAFIRMAR LA DEMOCRACIA

«Aquello fue un mal que se convirtió en un bien de las convicciones democráticas que hemos construido», ha defendido la vicepresidenta primera, antes de señalar que, si bien «el pasado tiene que tener futuro», ese futuro tiene que ver precisamente con la «gentes más jóvenes».

En este punto, Calvo ha afirmado que esa gente joven «tiene que saber de primera mano que en aquellos momentos, a quienes correspondió, supieron estar en su lugar. «Supieron qué tenían que hacer y lo hicieron, y nos defendieron a todos», ha apostillado.

Así, ha proseguido defendiendo que esas «gentes jóvenes» tienen que saber «que en cualquier momento que aparezcan en el horizonte nubarrones contra nuestras libertades y nuestra democracia, a cada quién, generación tras generación, le tocará saber estar, saber hacer y saber resistir».

Y a continuación, ha advertido de que también deben estar «ojo avizor» ante las cuestiones que «no caminan» a favor de la democracia sino en contra.

«En esto consiste la memoria democrática como gran política de Estado», ha apostillado, antes de poner en valor la futura ley de Memoria Democrática que ultima su departamento y que, según ha garantizado, llegará «pronto».

LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA, UNA DE LAS «MÁS SOLVENTES DEL MUNDO»

Tras defender que la de España es una de las democracias «más importantes y más solventes del mundo», Calvo ha señalado que es preciso recordar «hoy, mañana, pasado y la semana que viene» lo que ocurrió el 23F, porque ello servirá para reafirmar, como hace 40 años, en saber que «cada quien aquí cumple con su trabajado y con su deber».

«La verdad de aquellos acontecimientos es lo que hoy nos va a permitir poder seguir cumpliendo con nuestro compromiso y reafirmando nuestras convicciones de defender nuestra democracia siempre y cada día. Con esto, el Gobierno cumple con el compromiso de seguir teniendo presente los acontecimientos que hacen que nuestra democracia no esté nunca en ninguna zona de peligro, como si lo estuvo aquella noche el 23F», ha zanjado.

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la principal en su ámbito, ha defendido este lunes que siga sin haber representación sindical en la Junta de la Carrera Diplomática, el órgano asesor del ministro de Exteriores de turno en lo que a ascensos y destinos en el extranjero se refiere.

En un comunicado, la junta directiva ha lamentado los «argumentos banales y sin fundamento» que se han venido produciendo desde los sindicatos en relación con la Junta de la Carrera Diplomática, órgano al que se ha descalificado «tildándolo de antidemocrático, oscurantista, franquista, arbitrario y propiciador del secretismo».

Al mismo tiempo, «dichos sindicatos pretenden tener acceso a esa Junta, probablemente con el sano afán de ‘reformarla’, para intentar manipularla a su conveniencia y hacer de un órgano profesional, técnico y políticamente neutro, un posible campo de confrontación y activismo político».

Así, tras rechazar estas afirmaciones que «a menudo se extienden a la Carrera Diplomática», cuerpo integrado por funcionarios de «contrastada formación y alto espíritu de servicio público», la junta de ADE ha recalcado su «oposición a la presión y a todo intento de articular cualquier presencia sindical» en la Junta, respaldando en este sentido al Ministerio frente a dichas presiones.

Asimismo, han manifestado su apoyo a que el Reglamento de la Carrera Diplomática que se está tramitando en la actualidad –y que fuentes del Ministerio han indicado que podría estar listo para el mes de noviembre tras la audiencia pública a que se ha sometido– «mantenga la naturaleza, composición y funciones de dicho órgano, sin desvirtuar su esencia».

MIEMBROS ELEGIDOS DEMOCRÁTICAMENTE

En defensa de la Junta, ADE ha subrayado que la misma está integrada además de por altos cargos del Ministerio, incluida la Subsecretaria, por representantes de todas las categorías de la Carrera Diplomática a quienes sus compañeros eligen «por votación democrática por periodos de dos años» y cuyas decisiones se toman por mayoría simple en caso de que no haya consenso.

Igualmente, ha defendido que se trata de una «innovación» en el conjunto de la Administración pública española, ya que otorgo a los funcionarios de la Carrera «un órgano de representación libre, igualitario y democrático para hacer valer sus preferencias y prioridades en un aspecto tan importante en el desarrollo de su carrera profesional como son los destinos».

«Es un órgano que ha demostrado sobradamente su utilidad durante muchos años, al tiempo que es ampliamente valorado por el conjunto de los integrantes de la Carrera Diplomática así como por las distintas direcciones del Ministerio bajo diferentes gobiernos», ha zanjado.

CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS

Desde UGT, ya han reaccionado a este comunicado. La sección sindical en el Ministerio ha remitido un correo electrónico a sus afiliados en el que señala que el comunicado de ADE es «un claro ejemplo de ideología franquista» ya que defiende representaciones corporativas y critica «el derecho legítimo de los sindicatos, recogidos en la Constitución».

Asimismo, el sindicato acusa a la organización de diplomáticos de «ignorar que son las organizaciones sindicales las que negocian en toda la Administración a excepción» del Ministerio de Exteriores y reivindica que sus afiliados «agradecen la lucha implacable contra los abusos, los malos tratos, el nepotismo, la indefensión, las malas prácticas de muchos que reniegan de las organizaciones sindicales y que desde luego la ADE ignora».

La semana pasada CSIF había publicado un comunicado en el que denunciaba que el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática –cuyo texto aún no está cerrado– «pierde una oportunidad para acabar con el oscurantismo» en dicho cuerpo y lamentaba que «esta propuesta no se ha negociado con los representantes de los trabajadores».

En concreto, el CSIF se mostró crítico con que el reglamento «mantiene un sistema de libre designación de puestos poco transparente, que es ambiguo, no recoge un modelo claro de acceso por mérito y capacidad y que no garantiza los principios de transparencia y de publicidad» y denunció la ausencia de representación sindical en la Junta de la Carrera Diplomática, lo cual «seguirá propiciando la arbitrariedad y el secretismo en la Administración».

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha apoyado este lunes a los Mossos d’Esquadra tras los disturbios de los últimos días en las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y ha planteado que el debate sobre el modelo policial se lleve a cabo en la próxima legislatura en el Parlament.

En rueda de prensa, también ha expresado su apoyo al conseller de Interior, Miquel Sàmper, y ha sostenido que, si hay algún aspecto del modelo policial que se debe modificar, se tendrá que revisar «con serenidad» en la próxima legislatura, pero ha rechazado entrar en detalles sobre qué se debería cambiar.

Preguntado sobre si este debate debería incluirse en las negociaciones sobre la formación de gobierno –la CUP lo ha puesto como condición–, Aragonès ha contestado que esta comparecencia la hace como máximo responsable del Govern y ha pedido no «mezclar» su cargo público con su condición de candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Ha argumentado que la revisión del modelo policial se debe hacer con calma y a través del debate parlamentario en la próxima legislatura, ya que cree que este tipo de decisiones «no deben tomarse en caliente».

Sobre si la Brigada Mòvil (Brimo) de los Mossos y el uso de proyectiles de Foam deben ser aspectos a revisar, ha subrayado la necesidad de que la policía cuente con un cuerpo especializado en orden público y que haya instrumentos para ejercerlo, pero no ha profundizado más y ha apuntado que será uno de los elementos del debate parlamentario de la nueva legislatura.

ACTUACIONES «INCORRECTAS»

Aragonès ha advertido de que, si ha habido «actuaciones que hayan podido ser incorrectas» por parte de los Mossos –una joven perdió el ojo–, se analizarán y se actuará siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar las buenas praxis en la policía catalana.

Al ser preguntado sobre si mantiene la confianza en Sàmper, ha reiterado que apoya a todos los trabajadores públicos y que ha estado en contacto estos días con él y con los mandos de los Mossos: «Afrontamos este reto de manera conjunta y con responsabilidad compartida», y ha diferenciado que los cargos políticos deben centrarse en garantizar la libertad de manifestación y que los responsables técnicos se encargan de los operativos y las actuaciones policiales concretas.

Asimismo, ha explicado que ha estado en contacto con representantes del mundo económico y empresarial, con los que ha compartido su «preocupación de la gravedad de los incidentes» del fin de semana, y ha dicho que el objetivo es garantizar que las próximas manifestaciones se desarrollen de forma pacífica para evitar mayores perjuicios a establecimientos comerciales.

LLAMA A LA CALMA

Aragonès ha llamado a la calma y a que las movilizaciones sean pacíficas: «El saqueo de un comercio, la quema de mobiliario público o el enfrentamiento con los trabajadores públicos no son ni libertad de expresión ni de manifestación», pero ha pedido no criminalizar a los manifestantes, ya que asegura que su Govern está comprometido con estos derechos.

Así, ha insistido en que la libertad de expresión y de manifestación debe ejercerse pacíficamente, y ha alertado de que después de algunas manifestaciones en contra del encarcelamiento de Hasel algunos «grupos minoritarios se aprovechan para hacer actos de pillaje y de saqueo».

«Estoy convencido de que los que defienden la libertad de Pablo Hasel no tienen nada que ver con estas personas que utilizan la movilización para cometer actos de naturaleza diferente», ha añadido.

Además, ha exigido responsabilidad a los partidos para no utilizar los disturbios políticamente y los ha emplazado a «abordar con serenidad y determinación en las decisiones el origen de los malestares que hay en amplios sectores» de la sociedad catalana, trabajando contra la precariedad, revertir las desigualdades y ofrecer perspectivas de futuro de igualdad de oportunidades.

Vox ha presentado este lunes una querella en los juzgados de instrucción de Madrid contra el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y contra las personas que han «inducido, organizado y protagonizado» las protestas registradas en los últimos días en diversas ciudades españolas en favor del rapero Pablo Hasél, condenado a nueve meses de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

El pasado 17 de febrero, a través de un comentario publicado en su perfil de Twitter, Echenique respaldó los actos de protesta en las calles del país tras la encarcelación de Hasél, y reclamó una investigación tras la «violenta mutilación del ojo» de una joven en los incidentes de Barcelona.

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

En su escrito, los de Santiago Abascal denuncian a los autores materiales e intelectuales de las concentraciones celebradas desde el pasado día 15, tras la detención y posterior ingreso en prisión de Hasél, por ser constitutivos de los delitos de desórdenes públicos, daños, lesiones y atentados a la autoridad. Extiende la denuncia contra Echenique por el delito de distribución o difusión pública de mensajes o consignas para la comisión de estos delitos contra el orden público.

En la querella, recogida por Europa Press, la Vicesecretaria Jurídica Nacional de Vox explica que tras las diligencias de investigación «pudiera resultar acreditada conexión necesaria para su calificación como actos terroristas y/o vinculada a organización criminal de conformidad con los tipos penales contemplados en los artículos 570 bis y 579 del Código Penal» y con ello la competencia bien de la Audiencia Nacional, o en el caso de Echenique, el Tribunal Supremo.

En el escrito, se recuerda que Hasél fue detenido para su ingreso en prisión en cumplimiento de condenas «reiteradas» de enaltecimiento del terrorismo, agresiones y otros delitos como injurias a la Corona y a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Y recalca que los «graves actos violentos» derivados de las concentraciones en diversas ciudades desde el pasado 15 de febrero hasta este domingo han ocasionado «numerosos y cuantiosos» daños materiales «cifrados en más de 200.000 euros en Madrid y de 500.000 euros en Barcelona», así como daños personales a los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han intervenido en el dispositivo de seguridad, «constituyendo delito de atentado contra la autoridad».

¿ACTOS TERRORISTAS?

Según señala el partido que capitanea Abascal, la doctrina constitucional podría entender que estos actos pudieran ser considerados «actos terroristas» al tener como finalidad la creación de alarma y perturbación social grave, por ser «sistemáticos, reiterados e indiscriminados».

Además, Vox solicita la investigación de Echenique por haber «alentado de forma clara «la realización de estas graves acciones violentas, y con ello cometer «un delito de incitación a la comisión de delitos de alteración del orden público», conforme al artículo 559 del Código Penal, e incluso de la modalidad agravada contemplada en el artículo 579.

El Institut del Teatre ha apartado este lunes de la docencia del centro de manera preventiva e inmediata al director artístico Joan Ollé tras los casos de presunto acoso sexual y abuso de poder, según han informado fuentes del centro.

La institución aparta a Ollé después de que el diario ‘Ara’ publicara el domingo un reportaje en que una veintena de testimonios alertan de supuestos maltratos psicológicos y vejaciones durante 30 años en el centro.

El centro ha tomado esta medida tras activar el procedimiento correspondiente ante los casos de acoso y la Comisión de Prevención y de Investigación de Acoso prevista en el protocolo del centro, que ha empezado este mismo lunes las investigaciones para recavar información sobre los hechos y para ahondar en la tarea de Ollé como profesor de la institución.

Tras reunirse por la mañana, la Junta de gobierno del Institut del Teatro ha acordado la creación de una Oficina de acogida «donde las personas que quieran, de manera individual, colectiva o anónima puedan comunicar los posibles casos de acoso o abuso de poder», ha informado la institución un comunicado.

Esta nueva herramienta pretende facilitar «al máximo» que alumnos y exalumnos dispongan de un canal para trasladar situaciones vividas en las aulas y evitar así que este tipo de episodios se vuelvan a repetir.

Por otro lado, la institución ha anunciado que se pondrá en contacto con los representantes de varios sectores de las artes escénicas con el objetivo de organizar unas jornadas de reflexión sobre la existencia de abusos en el ámbito artístico que contribuyen a modificar ciertas actitudes y malas prácticas.

POSIBLES «ERRORES»

La directora del Institut del Teatre, Magda Puyo, no ha descartado errores desde la dirección del centro a la hora de atender estos casos: «Quizás se han cometido errores, y quizás no hemos estado suficientemente atentos. Si se tiene que decir, se dice y ya está», ha dicho en declaraciones ante los medios.

Alrededor de las 12 horas, alumnado del centro se ha concentrado frente al edificio para condenar los hechos y dar apoyo a las víctimas de los presuntos acosos que perpetraron durante 30 años los docentes Joan Ollé y, en diferente grado, los profesores ya jubilados Jorge Vera y Berty Tovías.

La Mesa del Congreso de los Diputados tiene previsto dar vía libre este martes a la publicación de las declaraciones de intereses económicos que, por primera vez, han tenido que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

La totalidad de ese código entró en vigor entonces, salvo la parte relativa al registro de las declaraciones de intereses, ya que se acordó dar de plazo a sus señorías hasta el 15 de febrero para presentarlas.

Según han explicado fuentes parlamentarias, una semana después de esa fecha, el órgano de gobierno de la Cámara ya está en disposición de dar el visto bueno a las mismas para su «inmediata» publicación. Eso sí, el Congreso no comprobará expresamente la veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y cada diputado se hará responsable de su contenido.

En esa declaración de intereses económicos cada parlamentario debe consignar las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y «que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos». Cuando se trate de actividades por cuenta ajena deberán precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad.

VIAJES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

También tienen que informar en la declaración de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés.

Sus señorías han de comunicar, asimismo, las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido en los cinco años anteriores a su desembarco en las Cámaras, o sigan contribuyendo tras obtenerla, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados.

En cada una de las Cámaras se ha creado un Registro de Intereses que depende directamente de la Presidencia, aunque su gestión administrativa corresponderá a los órganos competentes de la Secretaría General de cada una de ellas.

En ese registro se custodiarán las declaraciones de intereses económicos, que podrán ser consultadas por la ciudadanía a través de las páginas web de ambas Cámaras, donde también están publicadas las declaraciones de patrimoniales y las relativas a las actividades extraparlamentarias de diputados y senadores.

CONFLICTO DE INTERESES

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, «tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general».

Por contra, «no existirá conflicto de intereses cuando se obtenga algún beneficio únicamente por pertenecer al conjunto de la población o a una categoría amplia de personas».

Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar del mismo a la Presidencia del órgano correspondiente antes del inicio del debate del asunto que le afecte. Si duda de que exista o no, podrá dirigirse, «con carácter confidencial«, a la Mesa de la Cámara para que resuelva lo que proceda, pudiendo pedir un informe a la Comisión sobre el Estatuto de los Diputados o a la de Incompatibilidades del Senado.

La Presidencia de cada una de las Cámaras, de oficio o a petición de otro parlamentario, podrá solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del código por parte de un parlamentario, especialmente en el caso de conflicto de intereses.

Las encargadas de elaborar un informe sobre la posible infracciónserán la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberán escuchar al afectado y podrán en recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses correspondiente.

LAS MESAS DECIDEN SOBRE LAS SANCIONES

El informe de la comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, proponer, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Serán las Mesas del Congreso y el Senado, respectivamente, las que resuelvan si se impone o no sanción.

En el Congreso, la Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de velar por la correcta aplicación del código y resolver las dudas que genere su aplicación está dirigida por el letrado Javier Ballarín Iribarren.

Este órgano tiene encomendado actuar «con total reserva respecto de las dudas planteadas» y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento «la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación».

Casi el 70% de las mujeres trabajadoras de la industria musical en España cobra menos del sueldo medio de los hombres en el sector, según un estudio de género –el primero que se realiza sobre este tema en España– elaborado por la Universidad Carlos III por encargo de la Asociación MIM (Mujeres de la Industria de la Música).

El estudio, que ha contado con la financiación del INAEM, aborda la situación de más de 90 empresas del sector musical en España. Una de las partes alude precisamente a «la gran precariedad económica» de la mujer en la industria musical.

Además de la anterior cifra, el estudio revela que un 65% de las mujeres han trabajado en la industria musical sin ningún tipo de contrato o remuneración durante al menos un año; mientras que un 35% han estado entre uno y tres años trabajando sin remuneración o contrato dentro de la misma.

«El techo de cristal sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las trabajadoras en su carrera, ya que son muy pocas las que llegan a puestos directivos o de mando», revela el estudio.

En este sentido, un 37% de las empresas de la industria están lideradas por mujeres. En cuanto a las discográficas, un 14% de las compañías independientes cuentan con figuras femeninas en la dirección; mientras que en el caso de las tres grandes multinacionales (Sony, Universal y Warner), las tres presidencias están ocupadas por hombres.

«Esta falta de mujeres directoras o emprendedoras viene marcada por el llamado ‘sticky floor’ o suelo pegajoso. Ellas trabajan a jornada completa y no modifican su puesto de trabajo, por lo que no asumen cargos de mayor responsabilidad y parecen renunciar a estrategias de promoción. Además, la conciliación familiar y la precariedad se presentan como dos de las causas que producen este estancamiento», han señalado desde la asociación.

«Factores como la maternidad, el salario, la formación, la posición ocupada de partida, así como las labores domésticas del cuidado por parte de las parejas que no suelen ser compartidas son factores que influyen en el desarrollo cotidiano de la carrera profesional, así como en las expectativas de futuro, sobre todo en lo relativo a la promoción», ha añadido.

Por otro lado, el estudio también destaca que varias mujeres «han experimentado actitudes sexistas de todo tipo». Así, en casi un 16% de los casos las trabajadoras han sido víctimas de juicios verbales ofensivos en forma de ridiculización o de críticas sexistas e incluso vejaciones o insultos. Asimismo, un 5,9% ha indicado que ha sufrido acoso laboral y, en un 1,49% de los casos, este ha derivado en abusos o agresión sexual.

Por último, más de un 80% de la muestra de trabajadoras afirma que su puesto le requiere una dedicación en tiempo mayor que la jornada para la cual legalmente están contratadas. Más de un 70% accedieron a su primer puesto en la industria musical con formación universitaria o formación profesional de grado superior y con conocimiento de idiomas.

La Asociación MIM ha impulsado este estudio, que no es un proyecto terminado. MIM es la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música, fundada en septiembre 2016 y que cuenta con más de 400 asociadas y asociados en toda España.

El juicio que iba a repetirse este lunes en Francia contra el ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, por hechos ocurridos entre 2002 y 2005, ha sido aplazado al próximo mes de septiembre al no poder acudir varios testigos debido a razones sanitarias.

La vista, que debía haberse celebrado entre el 22 y 23 de febrero en el Tribunal de Apelaciones, ha sido pospuesta al 13 y 14 de septiembre porque cuatro testigos propuestos por la defensa no han podido comparecer por motivos sanitarios, según fuentes jurídicas.

Se trata de la segunda vez que se retrasa. En realidad, el juicio debía haberse celebrado el pasado mes de octubre, pero la corte francesa lo pospuso a febrero para permitir la citación de testigos a petición de la defensa.

Por estos hechos, ‘Josu Ternera’ fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, que se convirtieron en siete años en apelación, por cargos de ‘asociación de malhechores terroristas’. Sin embargo, como fue sentenciado ‘in absentia’, solicitó que se le juzgara de nuevo en persona. Sus huellas aparecieron en dos zulos de ETA hallados en 2002 en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), así como en un vehículo.

Además, el Tribunal Correccional de París devolvió a la fase de instrucción la segunda causa que Urrutikoetxea tiene pendiente en Francia, por su papel al frente del aparato político de ETA entre 2010 y 2013. El juicio estaba fijado para el 21 y el 22 de octubre pero la Fiscalía pidió retrotraer las actuaciones para corregir defectos de forma. El nuevo señalamiento es para el 15 y el 16 de junio, aunque la celebración de este nuevo juicio dependerá de cómo concluya la instrucción.

Esta segunda causa deriva igualmente de una condena que el que fuera el máximo responsable la organización terrorista recibió en rebeldía de manos de los jueces franceses a ocho años de cárcel y que también reclamó que se repitiera estando presente.

ENTREGA A ESPAÑA

La Audiencia Nacional reclama a ‘Josu Ternera’ por el asesinato en 1980 del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta; por el atentado perpetrado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987; por la financiación de ETA a través de ‘herriko tabernas’; y por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes etarras.

Los tribunales franceses ya han avalado la entrega de ‘Josu Tenera’ a España por el asesinato de Hergueta, por el atentado en Zaragoza y por el caso de las ‘herriko tabernas’, aunque solo estas dos últimas decisiones son firmes. En cambio, el pasado mes de julio el Tribunal de Apelaciones se negó a enviarlo también por la causa sobre delitos de lesa humanidad.

Urrutikoetxea, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

La Red Transfronteriza de los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, que aspira a poner en valor el patrimonio cultural y natural mediante el desarrollo de infraestructuras y servicios en las rutas con mayor tradición, ha sido constituida este lunes.

La iniciativa cuenta con la participación de 13 entidades portuguesas y españolas entre las que se encuentran la Diputación de Pontevedra, según ha detallado esta última en un comunicado. Además, se han integrado en la red las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva, Ourense, Sevilla y Zamora, además de la Junta de Extremadura y las entidades lusas Turismo do Alentejo, Turismo do Centro y la Cámara Municipal de Barcelos.

La asamblea constituyente ha tenido lugar este lunes por videoconferencia y en el marco de la misma se han aprobado el manual de procedimiento y el registro de la marca y el logotipo en la red de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros cofinanciados en 75% por fondos europeos a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (Poctep).

Este proyecto buscará mejorar los caminos y potenciar su carácter transfronterizo. De este modo, se llevarán a cabo actuaciones conjuntas para ensalzar el patrimonio histórico, cultural y natural del territorio y contribuir al desarrollo sostenible de este último.

OBJETIVO

El objetivo pasa por articular una estrategia centrada en infraestructuras y servicios de las rutas jacobeas que discurren por el oeste peninsular, como la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe, el Camino Portugués y el de la Costa. Así, se establecerá una acción homogénea de señalización durante 2021 y 2022 mediante un plan global y se trabajará en la mejora de equipamientos, además de poner en valor las rutas como recursos turísticos a través del desarrollo de una aplicación.

La red transfronteriza contará también con un logotipo que recogerá la tradición jacobea en una concha de vieira e implantará una estrategia para incrementar la coordinación en acciones de conservación, dinamización, difusión y prestación de servicios en el Camino. En el marco de la misma, se llevarán a cabo jornadas de divulgación, intercambios de experiencias y acciones de sensibilización.

En el marco de red de cooperación, la Diputación de Pontevedra pondrá en marcha una exposición itinerante denominada ‘Caminos del sur’ que recorrerá Tui, Baiona, Pontevedra y Caldas, entre otras localidades. Esta iniciativa incluirá la realización de conferencias y debates y una acción lúdica dirigida a la población infantil.

La muestra pondrá el foco en la antigüedad del Camino Portugués, su actualidad y su relación con el paisaje, las tradiciones, los pueblos, las ciudades, la ciudadanía y la cultura. Así, presentará el recorrido del Camino y los datos históricos de su historia, además del hecho de que se alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.