Policía pide al juez de ‘Kitchen’ acceder a la información borrada del móvil de Fernández Díaz

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional ha remitido al juez que instruye el caso ‘Kitchen’ un oficio en el que interesa recuperar a través del servicio Sitel los datos y la información contenida en el teléfono móvil del exminsitro del Interior Jorge Fernández Díaz y que pudiera haber sido borrada, para conocer el papel que jugó en ese operativo ‘parapolicial’.

En este escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, adelantado por El Diario, se solicita así al juez Manuel García-Castellón que acuerde lanzar un mandamiento al Servicio de Interceptación Telefónica, sistema de escuchas telefónicas del Ministerio del Interior, para recuperar todo lo que pueda aportar el teléfono móvil de Fernández Díaz y «que pudiera haber sido borrado previamente a su entrega en sede judicial».

Tras el careo celebrado en sede judicial entre el exministro y su número dos, el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el juez ordenó revisar el móvil del primero para conocer si efectivamente Martínez le envió ciertos mensajes que protocolizó ante dos notarios y en los que se dejaba ver que el ministro estaba al tanto de la ‘Kitchen’.

En este operativo, que se desarrolló entre 2013 y 2015, se intentó sustraer información sensible para el PP que estaba en posesión de su extesorero Luis Bárcenas. Para ello se llegaron a utilizar fondos reservados, con los que al menos se pagó mensualmente la cantidad de 2.000 euros al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para que fuera confidente.

Dado que el juez interesó en febrero a la UAI un informe con carácter previo antes de devolver el teléfono móvil a Fernández Díaz, los investigadores quieren realizar este último procedimiento para extraer toda la información de este terminal, que desconocen si es el que usaba de 2013 a 2015, y analizarla en la condiciones en las que determine el magistrado.

Explican que pueden expurgar y limitar la información en atención a las funciones desempeñadas por el ministro, para poner sobre la mesa sólo aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con la investigación.

Asuntos Internos se atreve a dar este paso habida cuenta de que en oficios anteriores han informado de que se han detectado «múltiples y sólidos indicios que apuntan a que en los años 2013 a 2015 se desarrolló en el ámbito del Ministerio del Interior una operación, denominada por sus principales intervinientes como Kitchen o Cocina, encaminada a la localización y apoderamiento (al margen del procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5) de documentación atesorada entonces por Luis Bárcenas».

Sobre la posible participación del ministro en esta operación recuerdan además que se han incorporado al presente procedimiento elementos de carácter indiciario que se han intervenido en el domicilio particular de Francisco Martínez «que sugieren, al menos, el conocimiento del entonces titular del ministerio respecto a la planificación, desarrollo y ejecución de la mencionada operación».

FERNÁNDEZ DÍAZ, DISCONFORME

Recuerdan que el ‘proyecto’ se desarrolló principalmente en el seno de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y que en el mismo participaron activamente tanto el comisario José Manuel Villarejo como el que fuera jefe de la UCAO Enrique García Castaño, y que se realizó con el conocimiento y bajo la supervisión del entonces secretario de Estado de Seguridad, «con dependencia directa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz».

Asuntos Internos solicita esta nueva diligencia al magistrado «teniendo en cuenta la gravedad» de los hechos y dada «la inexistencia de otro medio menos lesivo y que suponga una menor injerencia en los derechos de los investigados que permita (…)determinar de forma precisa el alcance» de la participación del exministro en ‘Kitchen’.

Precisamente, un día antes de remitir este oficio al juez, se conoció que la defensa de Fernández Díaz mostraba su disconformidad con el hecho de que el juez decidiera esperar a conocer la UAI tenía interés en seguir indagando en el móvil del expolítico antes de devolvérselo.