Los precios del petróleo han registrado este lunes un leve repunte al alza de apenas el 0,2% a la espera de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, se reúna de nuevo este lunes para seguir negociando el volumen de producción que crudo hasta finales de año.

La cumbre entre ministros de Energía y Petróleo del cartel empezó el jueves. Ante la falta de acuerdo, se volvieron a reunir el viernes y las diferencias obligaron a última hora de la noche a acordar una nueva cita este lunes a partir de las 15.00 horas.

El precio del barril West Texas Intermediate (WTI), que se emplea como cotización de referencia en Estados Unidos, ha registrado este lunes un alza del 0,23%, hasta situarse en los 75,32 dólares, su mayor nivel desde noviembre de 2014.

De su lado, el barril de Brent, usado como referencia en Europa, ha observado una cotización de 76,26 dólares, lo que equivale a un incremento diario del 0,12%. A diferencia del WTI, el Brent se encuentra en su mayor nivel de precios desde octubre de 2018.

De acuerdo con las informaciones que se han ido publicando en los últimos días por varios medios, el motivo de la falta de consenso entre la OPEP+ apunta a ser la negativa de Emiratos Árabes Unidos de respaldar un incremento tan acelerado de la producción durante los próximos meses.

La propuesta que se está debatiendo es elevar la producción en 400.000 barriles por día durante cada mes que queda de año desde agosto a diciembre. De esta forma, la producción diaria a finales de año se habrá incrementado en dos millones de barriles por día.

Sin embargo, varios países también defienden que este aumento de producción se mantenga hasta abril de 2022, y Emiratos está en contra de esta medida.

En un comunicado del Ministerio de Energía e Infraestructuras de Emiratos Árabes Unidos, recogido por la agencia de noticias oficial del país 'WAM', el país respaldó el aumento de la producción desde agosto. Sin embargo, aseguró que no aprecia la "necesidad" de mantener el incremento constante de producción hasta el año que viene ya que "hay mucho tiempo para revisar los términos de su extensión".

Correos sigue avanzando en la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de los que dispone en zonas rurales, tras concluir la informatización de siete oficinas en las localidades de Benahadux (Almería), Gerena (Sevilla), Benajarafe (Málaga), Catoira (Pontevedra), Liérganes (Cantabria) y Lesaka y Los Arcos (Navarra).

A estas sedes se unirán antes de finales de año nueve oficinas más ubicadas en las localidades de Canet de Berenguer y Almoines (Valencia), Alhendín (Granada), Burguillos (Sevilla), Puente Domingo Flórez (León), La Alberca (Salamanca), Fermoselle (Zamora), Arenas de Cabrales y Grandas de Salime (Asturias).

La empresa pública defiende en un comunicado que estas oficinas quedarán totalmente digitalizadas y conectadas a los sistemas de Correos y podrán facilitar el acceso de la ciudadanía a todos sus servicios "en igualdad de condiciones que en las zonas urbanas más pobladas".

Así, todas las operaciones de admisión y entrega de correspondencia y paquetes se registrarán en un sistema que permite una mejor identificación y seguimiento de los envíos. Al mismo tiempo, la conexión tecnológica a la red de oficinas favorecerá las operaciones en tiempo real, como el giro inmediato, envío de dinero fuera del país, cobro de recibos de empresas de energía, recarga de tarjetas prepago, gestiones con la DGT o reintegros e ingresos en cuentas del Banco Santander.

Estos puntos de atención son atendidos por la plantilla de reparto rural durante determinadas horas al día, en dependencia de una oficina informatizada. Cuando se concluya su total digitalización, tendrán acceso directo a los sistemas de Correos y podrán completar operaciones que, hasta ahora, quedaban supeditadas a su posterior grabación en las oficinas de referencia.

PLAN DE DIGITALIACIÓN

Este proyecto forma parte de los 23 que ha presentado Correos a los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; y Asuntos Económicos y Transformación Digital, con el objetivo de optar al reparto de los fondos europeos.

La informatización de los 2.295 puntos de atención al público en zonas rurales permitirá acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía mediante el acceso a los registros de las entidades adheridas a la Oficina de Registro Virtual (ORVE), pago de tributos, cobro de recibos, acceso a servicios financieros mediante Correos Cash, compra de distintivos de la DGT y nuevos productos y servicios.

"De esta manera, Correos contribuirá a fortalecer la calidad y el acceso a servicios públicos en las pequeñas poblaciones, e impulsará el emprendimiento y la actividad económica rural con la ampliación de los servicios y productos disponibles", concluye el operador postal.

La Secretaría de Estado de Turismo anticipa que España recibirá 16,9 millones de turistas internacionales este verano, una revisión al alza que no obstante se verá condicionada por el mercado británico, pendiente de conocer si necesitará realizar cuarentena cuando regrese a su país en el caso de los vacunados por Covid-19 con pauta completa.

Así lo ha dicho este lunes en Santander el secretario de Estado de Turismo, Fernando Javier Valdés, cuyo departamento acaba de actualizar al alza las previsiones de llegada de turistas internacionales.

En concreto, prevé unos 16,9 millones de turistas de otros países, que representan el 45% de los que España recibió en el "histórico" verano de 2019, pero que casi triplican los de 2020.

En este sentido, durante la inauguración del Encuentro sobre Destinos Turísticos Inteligentes que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Valdés ha afirmado que ya se observa en España la recuperación de la actividad turística; una recuperación "paulatina, que no es intensa pero sí constante.

Así, la previsión al alza se verá condicionada por la llegada de turistas británicos, primero a Baleares, y pendiente de la confirmación de las autoridades de aquel país de permitir la llegada de viajeros vacunados a pauta completa sin necesidad de cuarentena a su regreso.

"Estamos en mitad del control de la variante Delta", tanto en Gran Bretaña como en el resto de Europa, que ya está sufriendo mayor afectación de la misma, por lo que para Valdés es necesario ser "especialmente rigurosos" en los planes de vacunación, como lo están siendo España y Cantabria, comunidad donde "se está avanzando especialmente rápido con la población adulta", ha destacado.

En este contexto, el secretario de Estado cree que en la situación "se debería normalizar" por la dotación de mecanismos para generar certidumbre en la movilidad, como los certificados Covid, que permitirá "normalizar los flujos" con la Unión Europea.

También se está trabajando con las autoridades británicas para tratar de "salir de ese contexto de incertidumbre". De hecho, España está haciendo "todo lo posible" para que estos turistas puedan llegar a mitad de julio, aunque ha incidido en que nuestro país tiene que controlar los últimos brotes.

Al respecto, ha comentado que, con una vacunación "tan avanzada" como de la España, la incidencia "no es el único indicador", sino que hay otros como la hospitalización, donde no prevé actualmente mayor afectación.

De modo que la situación "va a depender no solo de nuestra responsabilidad, sino también de cómo evolucione la situación en el mercado británico", ha resumido.

MEJORÍA EN OTROS INDICADORES

Además, esta "mejoría paulatina" del sector turístico se observa también en otros indicadores, algunos "especialmente importantes" como las capacidades aéreas programadas, por ejemplo en Cantabria, "que está apostando tanto por la conectividad".

Así, la semana del 28 de junio las capacidades aéreas en España se situaban un 410% por encima de junio de 2020 y un 52,8% sobre las del pasado mes de mayo.

Aunque aún estos datos representan el 53,9% de junio 2019, España ya empieza a consolidar una situación mejor que la del Reino Unido, donde todavía esos datos son un 77,6% inferiores a junio de 2019; Alemania (-70,1%) y Francia (-58,1%).

Valdés ha destacado así que "se empieza a compartir la recuperación del sector turístico" y en este hecho toma "aún más importancia" el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), porque "a pesar de que ya hemos iniciado esa recuperación, la crisis sanitaria ha dibujado un escenario donde el viajero también ha cambiado, tiene nuevas necesidades y temores y busca seguridad y calidad en los destinos que visita".

"Este marco en el que la incertidumbre es una constante, nos obliga a adaptarnos y ser cada vez más competitivos", ha subrayado el secretario de Estado, que ha recordado que la crisis también ha acelerado la digitalización y la reflexión sobre la evolución del destino turístico y la apuesta por la sostenibilidad, por lo que cobra más importancia el modelo de DTI.

Yo creo que el turismo tiene que ser una parte fundamental del futuro de nuestras regiones, tiene que ser una parte fundamental del futuro de la economía, y tenemos que empezar a hablar de los grandes proyectos y de los grandes retos que van a venir a definir el futuro del turismo", ha señalado, apuntado la necesidad de que los destinos se adapten a los retos de las nuevas tecnologías, de la sostenibilidad y del conocimiento cada vez más exhaustivo de los turistas de su entorno.

AFILIACIÓN

Por otra parte, Turespaña ha informado hoy que el sector turístico cerró mayo con 109.899 afiliados más a la Seguridad Social que el mes anterior --en Cantabria el crecimiento fue de 612 afiliados--, unos datos que el secretario de Estado ha celebrado y que, según ha dicho, "vienen a confirmar una tendencia ya consolidada de la recuperación de del sector turístico".

Un sector, ha dicho, especialmente importante para la economía y que "de nuevo vuelve a recuperar actividad en todo el territorio nacional", al tiempo que ha confiado en que los datos de julio "sigan en esta tendencia".

Con todo, ha señalado que la situación actual "llama también a la prudencia" y la responsabilidad porque la pandemia "no ha desaparecido" y donde hay que pedir "prudencia y responsabilidad" a los ciudadanos.

Con todo, ha insistido en anticipar "un mejor verano" que el de 2020 y la "senda de la recuperación" turística.

Las ventas de motocicletas en España se situarán a cierre de año en las 172.900 unidades, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al ejercicio anterior, pero todavía quedándose un 1,6% por debajo de cifras de 2019, último año antes de que la pandemia impactase a nivel global.

Así se desprende de las previsiones de la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor), que este lunes ha presentado su análisis del mercado de la moto y de los vehículos ligeros en el primer semestre de 2021.

"Los datos son positivos y confiamos en que en el segundo semestre, si la situación sanitaria continúa mejorando, sean claramente mejores", ha subrayado el presidente de Anesdor, Ramón Bosch.

Por ello, la asociación ha mejorado sus previsiones para final de año, por lo que espera que el total del sector venda unas 200.300 unidades, un 9,2% más que en 2020, quedándose solo un 1,1% por debajo de 2019.

Los ciclomotores serán la única tipología de vehículo que suban sus ventas en comparación con 2019, hasta un 3,9%, con 20.100 unidades, mientras que los triciclos y cuatriciclos se quedarán en las 7.300 unidades, un 1,8% menos que antes de la pandemia.

"Esperamos alcanzar las 200.300 unidades matriculadas este año. Sería el segundo mejor año desde 2007, tan solo por detrás de 2019", ha indicado el secretario general de la entidad, José María Riaño, que ha explicado que este dato supera en casi 5.000 unidades a las previsiones de Anesdor de inicios de año.

En lo que va de 2021, las ventas de motocicletas acumulan una subida del 25,6% en el primer semestre, con 81.990 unidades, lo que supone a su vez un descenso del 7,4% en comparación con los registros de los seis primeros meses de 2019. En total, el sector dos ruedas acumula unas matriculaciones de 95.609 unidades, un 26,7% más que entre enero y junio del año pasado, pero un 5,3% menos que en los seis primeros meses de 2019.

SEGURIDAD VIAL

En otro orden de cosas, los representantes de Anesdor han mostrado su preocupación por la siniestralidad de los motoristas. "La salida del confinamiento está siendo preocupante. Cada vez hay más motos y todos tenemos ganas de disfrutar, pero no podemos permitirnos estropear el esfuerzo de tantos meses de pandemia arriesgándonos a tener un accidente", ha explicado Riaño.

"Es de agradecer que la DGT ponga el foco en los motoristas como está haciendo. Estamos seguros de que ayudará a salvar vidas. Es importante que otras administraciones, como los ayuntamientos, también se involucren desarrollando planes de movilidad y seguridad vial para proteger a los vulnerables", ha añadido Riaño.

Por su parte, Bosch ha lamentado que la moto no sea citada "ni una sola vez" en la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada del Gobierno, "a pesar de que la realidad muestra que cada vez más ciudadanos la eligen" y de que es un vehículo que ayuda a conseguir los objetivos del Acuerdo Verde Europeo.

"España tiene una oportunidad única para el desarrollo con los planes de recuperación. La moto tiene una gran tradición histórica y empresarial y ahora podemos fortalecer nuestra industria. Ya somos el primer fabricante europeo de moto eléctrica y con el apoyo de la administración tendríamos capacidad para seguir creciendo en el futuro", ha reivindicado Riaño.

Mutuactivos ha ampliado su gama de fondos de renta fija con un nuevo vehículo semicerrado, Mutuafondo Bonos Subordinados IV FI, que apuesta por la deuda subordinada, con el foco en los bonos híbridos corporativos, y con el que prevé conseguir una rentabilidad cercana al 2,75% anual, según ha afirmado la gestora en un comunicado.

Este vehículo ha sido creado para mantener la inversión durante un horizonte temporal de cinco años, ya que se vencimiento está fijado para agosto de 2026.

Además, Mutua Madrileña será un inversor destacado en este fondo.

"En este entorno de mercados y de tipos de interés bajos, los bonos híbridos corporativos son el activo de renta fija que, a nuestro juicio, ofrece la mejor rentabilidad respecto al riesgo asumido", ha señalado el director de renta fija de Mutuactivos, Gabriel Pañeda.

"Mutuafondo Bonos Subordinados IV FI es una opción de inversión con potencial para todos aquellos inversores que puedan asumir un riesgo más elevado que el de la renta fija tradicional. Su binomio rentabilidad riesgo es interesante, dado que su rendimiento potencial, del entorno del 2,75% anual, se acerca al rango más conservador de la deuda 'high yield', pero con algo menos de volatilidad en momentos de estrés e inferior probabilidad de impago", ha añadido Pañeda.

Los bonos híbridos corporativos son instrumentos de capital subordinados a la deuda senior. Tradicionalmente los emisores son compañías que tienen calificación crediticia con grado de inversión en su deuda senior y emiten híbridos para dar soporte a ese rating, según explica la gestora.

RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Aunque el fondo invertirá principalmente en híbridos corporativos, también podrá tener exposición a deuda subordinada bancaria y del sector asegurador y a deuda 'high yield'. Su distribución geográfica está concentrada en Europa. Se espera que la calidad crediticia media de las emisiones sea de 'BB'.

La inversión mínima para entrar en el fondo se ha establecido en diez euros. La clase A presenta una comisión de gestión del 0,6% sobre patrimonio. Es un fondo cerrado que presentará ventanas quincenales de entrada --días 1 y 15 de cada mes-- con preaviso de cinco días naturales respecto a dichas fechas para suscripciones superiores a 5.000.000 euros.

Este vehículo se suma a la gama de fondos de bonos subordinados puestos en marcha por Mutuactivos en los últimos cinco años. En abril de 2016 lanzó Mutuafondo Bonos Subordinados I FI, fondo a cinco años centrado en la inversión en cocos y bonos híbridos, que, a su vencimiento en junio de 2021, alcanzó una rentabilidad anualizada del 4,93% (rentabilidad acumulada total del 27,18%).

En noviembre de 2016, la gestora lanzó Mutuafondo Bonos Subordinados II FI, un vehículo que acumula una rentabilidad del 15,93% para sus partícipes (una rentabilidad anualizada del 3,42%).

Por último, en octubre de 2018, puso en marcha Mutuafondo Bonos Subordinados III FI, vehículo que presenta una rentabilidad anualizada del 8,22% desde entonces. Este fondo, que tiene previsto su vencimiento a principios de 2023, acumula un rendimiento del 21,82%.

El Consejo de Ministros aprobará mañana el anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y que persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral.

La norma, que parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y es fruto del acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, es la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia.

La reforma, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Aunque la sustitución de este último forma parte de la segunda pata de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar el nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027 y que se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda. Si no se alcanza un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.

Con esta reforma se dan cumplimiento a varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con la fijación de un mecanismo estable de revalorización, por el que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Además, si el dato es negativo, no habrá modificaciones en las pensiones.

En el texto también se establece una evaluación periódica cada cinco años en el marco del diálogo social de este nuevo mecanismo de revalorización. El impacto financiero de esta medida será de 2,5 puntos del PIB entre 2048 y 2050, que es cuando el gasto en pensiones sobre PIB alcanza su máximo.

JUBILACIONES ANTICIPADAS

Como novedad, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores de la pensión pasarán a ser mensuales, no trimestrales, y solamente habrá periodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas.

En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes a cambio de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses. Para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).

Por su parte, el coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.

Como excepción, si en el momento de acogerse a la jubilación anticipada voluntaria el trabajador estuviera percibiendo el susbidio por desempleo durante al menos tres meses, los coeficientes reductores que se aplicarán serán los establecidos para la jubilación anticipada involuntaria.

Los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.

El texto modifica además el procedimiento de solicitud de la jubilación anticipada por razón de la actividad y modifica la regulación de la jubilación anticipada no imputable al trabajador (involuntaria), permitiendo nuevos supuestos para acogerse a esta modalidad, como el despido por rechazar un traslado que implique cambio de residencia o tras imponer la empresa una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.

Por otro lado, en los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se pasarán a aplicar en determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el que había hasta ahora.

Respecto a las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, se modifica el procedimiento de solicitud y se precisan más detalles de la peligrosidad y penosidad.

INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN DEMORADA

Asimismo, se establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.

En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a la misma al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses.

Con el fin de favorecer la permanencia en el mercado laboral de trabajadores de más edad, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.

PROHIBICIÓN DE CLÁUSULAS DE JUBILACIÓN FORZOSA

La reforma de pensiones prohibe establecer cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la misma. En los convenios suscritos con anterioridad, estas cláusulas podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el convenio.

Además, si se establecen estas cláusulas en los convenios, las empresas tendrán que contratar como mínimo a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada jubilado forzoso.

Excepcionalmente, el límite de edad establecido (menos de 68 años) podrá rebajarse hasta la edad legal ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en las actividades económicas del ámbito funcional del convenio sea inferior al 15% de las personas ocupadas y siempre que se cumplan varios requisitos, entre ellos la contratación simultánea de al menos una mujer de manera indefinida y a tiempo completo.

GASTOS IMPROPIOS

El texto también recoge la culminación del proceso de separación de fuentes de la Seguridad Social a lo largo de la legislatura.

Sobre los autónomos, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales se incluirá en una norma intermedia, aunque el compromiso es que esté aprobado antes del segundo trimestre de 2022.

El texto prevé la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Social en un plazo de seis meses y abordar la revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a las de los matrimonios.

Además, la cláusula de salvaguarda se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido y, en un máximo de tres meses, se desarrollará un reglamento para la inclusión en la Seguridad Social de los becarios, aunque no tengan remuneración.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido que haya un gran pacto de Estado entre los partidos políticos sobre una hoja de ruta común para aplicar los fondos europeos.

"Se supone que a diez años vista el Gobierno va a cambiar, por lo que sería deseable que en vez de hablar de si hay suficientes instrumentos de control o no, o si es así o de otra manera, que pudieran hablar en una mesa y tener una hoja de ruta común para los fondos", ha pedido durante un desayuno de Nueva Economía Europa.

Desde su punto de vista, "España es un país que no tiene suerte, porque cuando tiene una gran oportunidad como la que hay hoy en día, le cuesta entender que el centro del debate sea la pelea entre la oposición y el Gobierno".

Por otro lado, Álvarez ha señalado que la pandemia pilló a todos por sorpresa y ha demostrado cómo se vivía en un mundo con muchas debilidades.

Sobre si la crisis se ha abordado bien o mal, Álvarez ha apuntado que se abordó con las posibilidades que había en el momento. "Creo que es muy difícil poder decir si se ha hecho bien o mal, porque siempre se tiene que comparar con algo y es muy difícil poder comparar la situación que hemos vivido a ningún otro momento de nuestra historia", ha resaltado.

De cara al futuro, el secretario de UGT considera que es imprescindible la investigación y no olvidar lo que se ha pasado y los problemas que se han tenido.

Para Álvarez, la clave de futuro es cambiar la actual situación en el país desde el punto de vista de la contratación laboral, medioambiental, la investigación, el desarrollo e innovación. De hecho, ha asegurado que este es el cambio de modelo productivo y las claves del futuro que necesita el país.

LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL, A MEDIO CAMINO

El secretario general de UGT también ha afirmado que las declaraciones de CEOE sobre la derogación de la reforma laboral se deben entender como siempre que se inicia un proceso de negociación y que la negociación todavía está a medio camino.

"Vamos a tener la ocasión de ir más allá de las grandes fases y de poder entrar a discutir lo que tiene importancia y trascendencia y me gustaría que CEOE fuese coherente con lo que dice", ha pedido.

Además, ha resaltado que si se habla de la precariedad del mercado laboral y de la situación de la contratación que es "absolutamente insoportable desde el punto de vista de la temporalidad", se tiene que decir lo que se va a hacer.

"Creo que son los primeros envites de la negociación, que no va a ser nada fácil, pero que nuestro compromiso y voluntad es de que se pueda hacer con acuerdo, pero vamos a ver cómo acaba el proceso", ha añadido.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tirado de sentido del humor para responder a la denuncia de la CEOE de que la propuesta del Ejecutivo para reformar el mercado laboral es "marxista". "Es tan marxista como la que recomienda el Papa, Biden o la Comisión Europea", ha ironizado Díaz.

La ministra, en declaraciones a RNE, ha afirmado que la reforma laboral en la que trabajan Gobierno y agentes sociales "es un tema de máxima delicadeza", que se lleva negociando meses, y que tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre porque ése es el plazo que "se ha autoimpuesto".

"La CEOE hace lo que tiene que hacer y los sindicatos también", ha apuntado la vicepresidenta, que ha recordado que lo que se va a hacer en la mesa de diálogo sobre la reforma laboral es abordar las recomendaciones de país que ha hecho a España la Comisión Europea. "El diálogo social funciona y yo voy a trabajar para que haya acuerdo", ha asegurado.

Díaz ha señalado que, "más allá de esta caricatura del marxismo" que ha realizado la CEOE en un documento interno acerca de la propuesta del Ministerio sobre la modernización del mercado laboral, agradece mucho el trabajo de los agentes sociales, "que se están tomando en serio" esta negociación.

"Respeto mucho a los agentes sociales, tienen autonomía y lo están demostrando", ha afirmado la vicepresidenta, que ha insistido en que los agentes sociales siempre han estado "a la altura de las circunstancias", aunque en algunas ocasiones supusiera para los sindicatos "desgajarse de sus presuntos partidos de referencia y para la patronal también".

En un acto posterior con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la vicepresidenta tercera ha asegurado que "se dejará la piel" para conseguir un acuerdo con los agentes sociales que combata la precariedad y la temporalidad y que haga que la estabilidad en el empleo sea "la normalidad".

En cualquier caso, ha subrayado que las propuestaes del Ministerio "no deben estar tan desenfocadas" cuando coinciden con las sentencias que viene dictando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).