El presidente del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), José Félix Tezanos, ha sugerido que los marroquíes abandonan a sus hijos en centros de menores españoles para beneficiarse de unas oportunidades educativas mayores, de unas atenciones médicas y asistenciales superiores y, en consecuencia, también de unos horizontes laborales y vitales «de carácter bastante distinto».

Así lo ha trasladado en un artículo que ha publicado en la Fundación Sistema, en el que ha hecho referencia a la historia de ‘Caramelito’, una niña a la que sus padres dejaron en un centro institucional en Melilla diciéndole que entrara para pedirles caramelos y cuya historia real la contó una Educadora Social y doctoranda de la UNED.

Así, el responsable del CIS ha señalado que la historia de esta joven «tiene como base los mismos principios y motivaciones de otras historias similares de niños inmigrantes que acaban en centros de acogida que les mantienen y les educan hasta que cumplen la edad de acogida prevista para tales centros».

Ha añadido, que, a partir de ese momento, los esfuerzos de estos jóvenes se «concentrarán» en llegar de las dos ciudades autónomas a la Península, «vista como un paraíso de posibilidades y de oportunidades de supervivencia», ha asegurado. Es entonces, según Tezanos, donde se ubica el origen de los Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS).

«¡Menuda palabreja!, que algunos utilizan como un espantajo amedrentador, con resonancias peyorativas y despectivas», ha censurado Tezanos, al tiempo que ha añadido que detrás de cada MENA «hay una historia similar a la de ‘Caramelito'», como así le conocían en el Centro de Menores de Melilla.

Asimismo, ha criticado que el hecho de que la situación de estos menores en España en las últimas campañas electorales sea «un elemento de crítica arrojadiza contra otros partidos políticos y de repudio de la naturaleza de los propios MENAS es algo que te hiela la sangre». «¿Qué catadura moral tienen aquellos que intentan mantener su segregación y su cosificación como elementos sociales repudiables?», ha enfatizado.

Por otra parte, ha reflexionado sobre el flujo de personas y de mercancías entre Ceuta y Melilla y Marruecos en una frontera en la que «las diferencias de renta existentes a un lado y otro son espectaculares» y que incluso son de las «más grandes del mundo», por encima de la que separa México y Estados Unidos, ha asegurado.

«Por eso se entiende que, ante situaciones y contrastes de esa naturaleza, la tensión migratoria sea acuciante y de difícil gestión», ha zanjado.

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han expresado su apoyo mayoritario a la Fiscalía Europea, en el marco del debate que se ha producido este jueves sobre una enmienda a la totalidad redactada por el PP para ofrecer un texto alternativo al presentado por el Gobierno, y que ha estado plagado de reproches a lo que entienden como falta de independencia del Ministerio Público español.

El PP ha ofrecido una alternativa al proyecto de ley de la Fiscalía Europea ideado por el Gobierno para adaptar el ordenamiento español a las exigencias comunitarias, al considerar que establece un nuevo proceso penal que se anticipa en exceso al planteado por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aún en fase de anteproyecto.

La Fiscalía Europea se creó con un reglamento UE de 2017 y comenzará a funcionar el 1 de junio. En el caso de España introduce importantes novedades en el proceso penal porque contempla que sean los fiscales europeos quienes investiguen los delitos de su competencia, en lugar de los jueces de instrucción.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha sido el encargado de defender el proyecto de ley combatido por el PP, ha explicado que es necesario para adaptar el ordenamiento español al reglamento europeo, ya que actualmente no hay fiscales instructores y, aunque la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) sí los crea, habrá que esperar a que termine su trámite parlamentario y a una ‘vacatio legis’ de seis años.

«A día de hoy, nuestro ordenamiento jurídico no dispensa el soporte jurídico necesario para que la Fiscalía Europea desempeñe sus funciones en España con total cobertura, al menos mientras no tengamos aprobada la nueva LeCrim», ha dicho Campo, subrayando que «no se trata de un arriesgado ejercicio de innovación jurídica, sino del cumplimiento de una obligación normativa» procedente de la UE que «no puede esperar más».

El diputado ‘popular’ Luis Santamaría, por su parte, ha aclarado que el PP es un partido de corte «europeísta» que no está en contra de la Fiscalía Europea, sino «de la forma que tiene de gobernar los asuntos jurídicos el señor Sánchez», justificando su enmienda a la totalidad en esta supuesta intromisión del jefe del Ejecutivo en la esfera judicial. Sin embargo, ha visto rechazada su propuesta por 39 votos a favor y 65 en contra.

DELGADO, UN «TREMENDO DESATINO»

Santamaría ha echado en cara a Moncloa el «oxímoron jurídico» que supone, en su opinión, que por un lado impulse una Fiscalía Europea independiente –-«eso nos gusta, nos convence y hasta nos seduce»— y, por otro, «condene» a los españoles a la «falta de imparcialidad que significa tener a Dolores Delgado como fiscal general del Estado», dado su pasado como diputada socialista y ministra de Justicia, instando a Sánchez a corregir ese «tremendo desatino».

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha compartido la crítica del PP a Delgado, celebrando que la Fiscalía Europea se configure como un ente independiente. «Desde Junts esperamos que sea cierto y que el Reino de España lo respete», ha apostillado la diputada catalana Mariona Illamola, que ha reclamado «una autoridad nacional que actúe como tercero imparcial y garante de los Derechos Humanos».

En Unidas Podemos, Gerardo Pisarello también ha celebrado que vaya a haber «una Fiscalía Europea garantista, valiente (…) e independiente de los poderes políticos, pero también del poder económico», llamando la atención sobre las pesquisas por presuntos delitos fiscales en torno al Rey emérito, uno de los escándalos «más graves».

EL «CAOS JURÍDICO»

Santamaría ha aprovechado el debate parlamentario para cargar contra el Gobierno por no emprender una reforma legal que dé cobertura a las medidas restrictivas que adopten las comunidades autónomas tras el estado de alarma, limitándose a habilitar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que unifique los criterios de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).

«Jamás este país estuvo sumido en un caso jurídico como el que estamos viviendo en la actualidad», ha afirmado el representante del PP, al tiempo que ha calificado de «barbaridad» el recurso al Supremo, culpando al Gobierno de delegar en los tribunales «una responsabilidad para la que han sido elegidos y por la que les pagan».

También ha criticado el uso del decreto-ley por parte del Ejecutivo. «Han batido récords históricos», ha aseverado, recordando que el Tribunal Constitucional ya ha tumbado algunos por no ver la extraordinaria urgencia y necesidad que requiere esta técnica legislativa y augurando que vendrán más varapalos judiciales. «Ojo con la discrecionalidad porque, cuando se supera, se está hablando ya de prevaricación», ha apostillado.

Campo le ha contestado pidiendo «no mezclar churras con merinas» y advirtiendo de que, si el PP bloquea la aprobación del proyecto de ley de la Fiscalía Europea, supondrá un desprestigio para España, uno de los estados promotores. A renglón seguido ha acusado al partido de Pablo Casado de propiciar «en no pocas ocasiones» el «deterioro de la imagen del país y de la actuación de la justicia». «Les pido que reconsideren», ha emplazado.

Desde Vox, José María Sánchez García ha confesado que le hubiera gustado coincidir con el PP en este asunto pero que lo hace inusitadamente con el Gobierno porque, según ha indicado, «el PP hace y dice cosas raras» que son «incongruentes» al haber apoyado la Fiscalía Europea a nivel nacional y europeo. «En este caso, comete errores graves, errores crasos, es decir, con suma ignorancia», ha rematado.

«HITO» EUROPEO

Campo ha reivindicado la Fiscalía Europea como «un hito en el proceso de integración y un paso de gigante en la lucha contra el fraude a gran escala», puesto que su cometido es perseguir los delitos que supongan un perjuicio para los intereses económicos de la UE.

Además, ha considerado que, en el contexto de pandemia y ante la inminente llegada de los fondos europeos para la recuperación postcovid, la Fiscalía Europea cobra aún más sentido porque velará por el dinero destinado al «estado del bienestar europeo».

«España, que ha estado luchando por esta institución desde un principio, no debería fallar ahora. No cumplir en este momento, después de haber liderado la marcha desde el inicio, significaría una derrota para todos. Nos jugamos nuestra reputación», ha avisado.

La mayoría de los portavoces que han intervenido han dado su ‘placet’ a la Fiscalía Europea, aunque han recordado que tienen enmiendas parciales con las que buscan mejorar la propuesta original y han recriminado al Gobierno las «prisas» para aprobarlo ante la cercanía del 1 de junio.

Mikel Legarda, del PNV, ha estimado que «es un momento adecuado para introducirnos en la senda de una investigación penal dirigida por la Fiscalía», a pesar de que acarree una serie de consecuencias que pueden generar «cierto vértigo».

«Este es un proyecto de ley que tiene tres cosas que para Ciudadanos son bonitas e imprescindibles: Europa, la lucha contra la corrupción y la independencia de la Fiscalía», ha apuntado Bal.

Pisarello ha valorado este «primer paso», pero ha añadido que es «insuficiente» abogando por reformas fiscales en profundidad y mecanismos de control eficientes para evitar que las instituciones se ensañen con «las pequeñas sardinas» y dejen libres a los «tiburones» de los «grandes fraudes».

La diputada de Junts, por su parte, ha declarado su apoyo a «todo aquello que suponga aumentar la integración europea», deslizando una alusión al ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, al defender un espacio de libertad y justicia europeo donde «todas las personas puedan moverse con libertad, sentirse seguras y que sepan que en dicho espacio hay un sistema judicial garantista».

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha advertido de que lo «alternativo» a la igualdad es la «regresión al individualismo competitivo» y a «la división del grupo» que representa una comunidad que, cuando vienen mal dadas», como la pandemia de la Covid-19 «se salva todos juntos».

Calvo ha participado este jueves, vía telemática, en la clausura de la jornada ‘Cumplimos con la Igualdad’, con la que el PSE-EE ha iniciado la programación con la que celebrará los 135 años de la fundación del Partido Socialista en Euskadi. En el encuentro también tomado parte la secretaria general del PSE-EE, vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia.

En su intervención, Calvo ha afirmado que, para los socialistas, la política es «cumplir y eso significa trabajar». «Para nosotros, la política no puede estar en el campo puramente de lo estéril, tampoco de la confrontación por la confrontación que ahora se le llama polarización o radicalidad, a veces simplemente, ausencia de ideas, ausencia de trabajo, con una pizca de maldad para ni siquiera respetar a tu adversario, ha advertido.

En su opinión, en el escenario de la política «es donde más se tienen que demostrar los valores» y exigir «la convivencia de todos». «Porque si nosotros no somos capaces de sostenerlos y de desgranarlos con nuestra actividad a cada momento y a cada día, es muy difícil que la ciudadanía se sienta tranquila y segura de sus instituciones y de que solo hay un camino que transitar, que es el de mejorar y defender la democracia, y hacerla avanzar para las siguientes generaciones», ha dicho.

Calvo ha apuntado que los socialistas están vinculados a «una realidad y a un momento histórico que sigue siendo plenamente vigente, estamos vinculados al trabajo y a la clase trabajadora» y ha destacado que las políticas sociales son «las que nos hacen más iguales a todos a cada paso que se avanza en plenitud de democracia y el sostenimiento con políticas de solidaridad».

La vicepresidenta primera del Gobierno ha advertido que «hay quienes piensan que hay otros valores alternativos, pero no han nada alternativo a la igualdad, lo alternativo a la igualdad es la regresión al individualismo competitivo y a la división del grupo que representa una comunidad». «Que, cuando vienen mal dadas como con la pandemia, nos hemos salvado juntos, con el esfuerzo del Estado y de las instituciones, con los recursos públicos a los que todos contribuimos, con las decisiones políticas, con la política para proteger», ha dicho.

Calvo ha afirmado que la pandemia, «con todo su dolor y toda su tragedia», también ha puesto de manifiesto que «algunos debates eran inútiles, absolutamente espúreos para quienes los querían poner en lo alto de la mesa», y que ha denominado «trumpismo, negacionismo, radicalización de la ultraderecha».

«Una derecha -ha censurado- que se quitaba la careta para quedarse desnuda frente a lo que ya conocíamos de toda la vida, y ahí estábamos nosotros, que creemos en la sociedad, en la comunidad, en el grupo y que, siendo todos iguales, tenemos que construir con hilos muy sutiles de solidaridad y de esfuerzo lo que tenemos que seguir denominando sociedades cohesionadas a través de las políticas que nos pertenecen a todos. Y un Estado y unas instituciones sostenidas con una democracia que tiene que estar cada día más viva».

Calvo ha señalado la necesidad de que la gente joven «entienda que no se puede ser libre si el que está a tu lado no lo es» porque, entonces, ha advertido, «no es libertad, es privilegio», así como que «no se puede defender un valor sin el otro, porque son las dos caras e una misma moneda» y que «la libertad y la igualdad se construyen a golpe de fraternidad.

También debe entender, ha señalado, que «es imbatible todavía el trípode sobre el que se asentó la revolución de la que nacen todas las revoluciones modernas» y que «no hay alternativa a eso, sino evolución, formas diferentes y traslación de valores para ir adecuándolo a cada realidad que se nos va presentando».

Por otro lado, ha indicado que la pandemia de la Covid-19 «ha traído grandes lecciones de solidaridad y de esfuerzo común». «Esa es la sociedad que está ahí vibrando, que sigue siendo plenamente democrática sin que tal vez nadie les haya explicado ninguna gran teoría política de cómo funciona», ha remarcado.

Calvo ha dicho que cuando hablan de la igualdad entre hombres y mujeres están diciendo «algo muy profundo y radical», que «la mejor manera de tener viable, fortalecida y avanzando a la democracia es todas las igualdades que entran por la compuerta de la igualdad entre hombres y mujeres».

«Restaurar la discriminación y reequilibrar la posición de las mujeres en las sociedades democráticas es la gran tarea de la democracia», ha defendido, para asegurar que «todas las demás desigualdades caerán» cuando la que hay entre hombres y mujeres «siga avanzando todavía más».

Tras recordar a las cuatro mujeres y un menor asesinados en los últimos días «por violencia de género, por violencia machista», Calvo ha dicho que esto «sigue poniendo el dedo en la llaga de qué representan, y qué papel ocupan y qué lugar no ocupan todavía las mujeres para ser nada más y nada menos que objetos de verdaderos asesinatos por el hecho de ser mujeres». «Esta es la agenda y la tarea que tenemos por delante», ha apuntado.

Calvo ha defendido que «la igualdad hace libres» y que «solo se puede ser libres a partir de tener las mismas posibilidades que tiene otro». «Y solo se construye eso cuando hay una generación y otra haciendo esfuerzos para los siguientes, y paga más el que más tiene, porque esa es una fórmula para contribuir a esa idea», ha manifestado.

«No se va a poder hacer nada sin nosotras, ni contra nosotras. El mundo ha evolucionado de tal manera gracias a los logros del avance de la igualdad entre hombres y mujeres que ya estamos en el sitio. No hemos llegado para estar, hemos llegado para influir, para cambiar cosas», ha concluido.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves casi por unanimidad, la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los menores que migran solos y el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, entre otras medidas.

Casi todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo este jueves 20 de mayo a la Ley y se han felicitado por ella, excepto Vox, que la ha denominado «Ley Herodes». La norma ha contado con 297 votos a favor, los 52 en contra de Vox y cero abstenciones. La cámara ha culminado la votación con un aplauso.

TUMBA DOS ENMIENDAS DEL SENADO

Antes de la votación del texto en su conjunto, el Pleno del Congreso tenía que ratificar las enmiendas incorporadas a la ley a su paso por el Senado, y ha rechazado dos. Una de estas modificaciones pretendía priorizar el acogimiento familiar frente al residencial. Fuentes parlamentarias han explicado que no se ha aprobado no porque no se defienda este principio sino porque lo consideran ya recogido en la disposición final octava del texto. Además, se ha rechazado otra enmienda con la que se perseguía impulsar la mediación en casos de ruptura familiar.

Durante el debate de la ley en el Pleno del Congreso, de fondo, ha resonado la crisis migratoria en Ceuta, donde han llegado más de 8.000 personas de forma irregular, unos 1.500 menores; así como las «imágenes terribles» de menores víctimas en Gaza como consecuencia de la escalada bélica entre israelíes y palestinos.

«Es una gran falta de humanidad que, mientras aprobamos hoy esta ley de protección a la infancia, devolvamos en caliente a niños que llegan exhaustos al Estado español», ha reprochado la diputada de ERC, María Carvalho, en relación a la crisis migratoria en Ceuta.

También en relación con la crisis de Ceuta, el diputado del PSOE Omar Anguita ha mostrado su apoyo a Luna, la voluntaria de Cruz Roja que fue protagonista este martes de una fotografía en la que se la veía abrazar y consolar a un migrante llegado a Ceuta, y por la que ha recibido «ataques de odio».

PROTECCIÓN DE LA IMAGEN DEL MENOR

Entre las novedades de la ley, los grupos parlamentarios han puesto de relieve la prohibición de los desnudos integrales de los menores migrantes, la prohibición del uso de sujeciones mecánicas, la obligación de pedir permiso a los progenitores para difundir la imagen de un menor fallecido o la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia.

Si bien, a pesar de la celebración general de la ley, algunos grupos han rechazado ciertos puntos del texto legislativo. La mayor oposición se ha dirigido al artículo 39 que otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos algo que, según han alertado varias formaciones y las ONG de infancia, puede provocar «situaciones arbitrarias».

CARENCIAS: DESAHUCIOS Y TOROS

Otras carencias de la ley, según han indicado las diputadas de ERC, María Carvalho, y EH Bildu, Mertxe Aizpurua, es que no se prohíben los desahucios de familias con menores a cargo. Además, la diputada de ERC ha lamentado asimismo que la ley no prohíba la entrada de los niños y niñas a las corridas de toros. «Es una vergüenza», ha clamado Carvalho.

Aunque los grupos nacionalistas no habían mostrado su apoyo a la ley en votaciones anteriores debido a que consideraban que tenía «una deriva centralizadora», tras su paso por el Senado –donde se introdujo una enmienda que «corrige» la «invasión competencial»–, han anunciado el cambio del sentido de su voto.

Por ejemplo, el diputado del PNV Aitor Esteban ha dicho que les hubiera «dolido enormemente» no poder votar a favor por un tema competencial; la diputada de Junts Per Cat ha recordado que en la votación anterior se abstuvieron «con el corazón partido»; y el diputado del PDeCAT Setgi Miquel también ha celebrado la enmienda.

Otras novedades que incorpora la ley de infancia y que fueron introducidas antes de llegar al Senado, son la ampliación del plazo de la prescripción de los abusos a la infancia, que comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18, como ocurre ahora; la eliminación del Síndrome de Alienación Parental, o el refuerzo de la prueba preconstituida para evitar la revictimización de los menores.

Entre las valoraciones de la ley, la diputada de Más País Inés Sabanés ha dicho que la norma «hace mejor» al país y es «un aviso a los negacionistas del derecho internacional de la infancia.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha asegurado que es «un avance legislativo» y «un punto de partida para mejorar la situación de la infancia» quedando pendientes otros «retos» como «abordar bien la pobreza» o el fracaso escolar. Además, al igual que la mayoría de grupos, ha puesto en valor el trabajo de las ONG para impulsar esta ley.

70 MILLONES DE EUROS

La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado durante el debate la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tras la intervención de la diputada del Partido Popular María de la O Redondo, quien ha manifestado su preocupación por la falta de dotación presupuestaria de la ley.

Belarra ha calificado la ley de infancia de «hito», ha dicho que supone «un antes y un después» en la protección de los derechos de la infancia y ha asegurado que pone a España «a la vanguardia» internacional en esta materia.

«Es un día en que podemos sentirnos muy orgullosas de nuestro país porque estamos haciendo política de verdad, política con mayúsculas», ha enfatizado.

También ha agradecido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, presente en el hemiciclo, su colaboración para introducir en la ley la perspectiva de género; y ha destacado algunas mejoras incluidas en el texto en relación con la violencia machista.

En concreto, ha puesto de relieve la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia machista. «Un maltratador jamás será un buen padre», ha exclamado la ministra de Derechos Sociales.

Belarra también ha subrayado la importancia de la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia, para escuchar las propuestas de los menores y se ha dirigido a los niños, niñas y adolescentes: «Esta ley es vuestra, no os pido que la defendéis a ultranza. Sed críticos, evaluados y decidnos qué falta».

VOX CITA LA BIBLIA

Pese al amplio consenso en la Cámara Baja, el único grupo que ha mostrado su rechazo al texto ha sido Vox, que ya votó en contra de la ley en el Senado. La diputada de esta formación, María Teresa López, ha comenzado su intervención en el debate citando el Evangelio de San Mateo, en concreto, el pasaje en el que San José fue advertido en un sueño de que Herodes tenía la intención de matar a Jesús.

«De la misma manera, ustedes traen hoy su Ley Herodes, queriendo cambiar las normas de una sociedad para arrebatarnos el regalo más grande y hermoso que nos da la vida», ha lamentado López, criticando que la ley «arrebata la inocencia de los pequeños» y quiere «destruir la familia».

Mientras, la diputada del PP, María de la O Redondo ha aclarado que esta ley de infancia no es «ni Ley Iglesias, ni ‘Ley Rhodes’ ni Ley Herodes», como la ha calificado Vox, sino una ley «de todos los niños y las niñas y de todos los que fueron víctimas de violencia».

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que el Gobierno central se siente «cómodo en la cogobernanza» y reconociendo la Constitución y «la diversidad».

Calvo ha participado este jueves, vía telemática, en la clausura de la jornada ‘Cumplimos con la Igualdad’, con la que el PSE-EE ha iniciado la programación con la que celebrará los 135 años de la fundación del Partido Socialista en Euskadi. En el encuentro también ha tomado parte la secretaria general del PSE-EE, vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia.

En su discurso, Calvo ha indicado que el Ejecutivo de España se siente «cómodo en la cogobernanza». «Y se siente cómodo reconociendo la Constitución, reconociendo nuestra historia y nuestra diversidad, y sabiendo que los espacios para avanzar (…) requieren algo que algunos quieren eludir: que entendamos que la única manera de practicar valores democráticos es reconocer que el otro existe y hay que ceder siempre», ha añadido.

Según Calvo, hay «cosas muy superiores a las cotidianas», entre ellas, la ocasión obligatoria para ponerse «de acuerdo en muchas cosas», en lo que ha denominado «proyecto de país». «Y en el proyecto de país juega de una manera tractora, muy importante, el lado de timonel económico que el País Vasco siempre ha tenido y sigue teniendo», ha señalado.

También ha aludido al «año tan duro» vivido y «al tramo que todavía queda para acabar con la pandemia» y ha recordado que España «va disponer de una posibilidad de recursos económicos que tienen que ser también recursos de la inteligencia, recursos de la eficiencia y recursos de la buena voluntad por este país».

«Y lo tienen que ser porque esto que llamamos reconstrucción, transformación y resilencia, es una ocasión para hacer algunas pequeñas revoluciones cotidianas», ha dicho.

A juicio de la vicepresidenta, «ahora la economía tiene que estar con valores que tienen que ver también con la justicia, la solidaridad y con la mirada más larga». «A quién le vamos a entregar –con un modelo económico que tenemos ahora sí o sí que renovar– la posibilidad de relevarnos en el futuro como vascos, vascas o españoles, al timón de la política, simplemente a la vida, a nacer en este país.

Según ha advertido, «el mundo funciona ya de una manera en la que hay muy pocos compartimentos estancos». A su juicio, son «el pensamiento conservador, la derecha, la derecha radical, los planteamientos identitarios, los que se pierden en vericuetos».

Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas y que está investigado en la Audiencia Nacional por su relación con la trama de la ‘Operación Kitchen’, ha guardado silencio este jueves en su comparecencia en el Congreso. «Se está investigando y hay una parte muy importante todavía bajo secreto, me voy a acoger a mi derecho a no contestar», ha dicho.

Señalado por otros comisarios como la persona captada por la presunta trama corrupta para las vigilancias sobre la familia del extesorero del PP, Sergio Ríos ha aguantado más de una hora de preguntas sobre su relación con el comisario José Manuel Villarejo y su «paso de portero del prostíbulo» a chófer de Francisco Granados y Luis Bárcenas, «y de ahí a la Policía» con una de las peores notas del examen. Todo ello, con continuas advertencias de que corre el riesgo de pasar a la historia como un «chivato».

«Me voy a acoger a mi derecho a no contestar. Vengo acompañado de mi abogado, me ha dado el consejo. Como está judicializado y se está investigando, y una parte muy importante está todavía bajo secreto, me voy a acoger a mi derecho a no contestar», ha señalado Sergio Ríos al inicio de su comparecencia, aunque agradeciendo el «tono» de las preguntas formuladas por el diputado del PSOE David Serrada.

Sergio Ríos sólo ha tenido un respiro en el turno del PP, que discrepa de la utilidad de la comisión ‘Kitchen’ del Congreso al entender que el operativo «nunca existió» y se limitó en todo caso a «localizar el patrimonio» de Bárcenas.

En el caso de Ciudadanos, el diputado Edmundo Bal ha recordado su profesión de abogado para avisar que no sometería al compareciente ni «a insultos ni a vejaciones», apelando a sus derechos y a la presunción de inocencia «hasta que se demuestre lo contrario».

VOX LE ACUSA DE ROBAR Y TRAICIÓN

Uno de los interrogatorios más duros ha sido el de Macarena Olona, diputada de Vox, que ha apelado a los hechos constatados en el sumario y en los medios de comunicación: «De portero en un prostíbulo pasa usted a chófer de Granados y Bárcenas, y de ahí a la Policía Nacional». Tanto ella como luego Gabriel Rufián, de ERC, han insistido si sus contactos con políticos del PP se remontan a su trabajo para la seguridad de un burdel.

Sergio Ríos ha guardado silencio mientras se pasaba un bolígrafo por los dedos, aunque en alguna ocasión los diputados le preguntaban si cuando negaba con la cabeza quería decir que su respuesta era ‘no’. En todo caso, el que fuera chófer de Bárcenas mantenía el silencio o simplemente decía que no iba a contestar a nada.

Olona ha introducido también otro elemento luego repetido por otros portavoces, el de su acceso a la Policía con 40 años pese a que el promedio de los nuevos agentes es de 25 años. «Fue un alumno, por decirlo de manera decorosa, con trayectoria nada brillante por el elevado nivel de suspensos», ha recordado la dirigente de Vox, aludiendo a que aprobó en la repesca quedando en el puesto 253 de 254 y que los alumnos de su promoción lo señalan como «intocable» y que «aprobaba sin estudiar».

«Usted accedió a robar documentación del señor Bárcenas aprovechando su ingreso en prisión», ha continuado Olona, que le ha acusado de «filtrar información sobre la vida personal en el marco de una operación parapolicial ilícitamente puesta en marcha por el PP». «Traicionó toda la confianza depositada por una familia a cambio de 2.000 euros al mes, una pistola y la promesa de ingresa en la Policía», ha apuntado.

También le han preguntado por los mensajes que constan en el sumario del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el que alude a su captación o que se presentara «como Superman» –según la expresión del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu– en la vivienda de Bárcenas el día que fue asaltada por un falso cura que maniató a la mujer y el hijo del extesorero.

«¿CÓMO ESTÁ? ¿QUÉ EDAD TIENE?»

Los diputados han intentado diferentes estrategias para arrancar algunas palabras de Sergio Ríos, que cada vez que ha comparecido en la Audiencia Nacional ha utilizado un casco de moto para tapar su rostro ante la presencia de las cámaras de los medios de comunicación.

Unidas Podemos y ERC, por ejemplo, han iniciado el interrogatorio con la misma pregunta: «¿Cómo está?» También le han preguntado por su edad. En ambos casos, la respuesta ha sido un tímido «bien» y luego el silencio a pesar de la insistencia de los grupos de presentar la comparecencia como una «oportunidad de limpiar su imagen».

Como ha pasado con otros comparecientes, Rufián le ha dicho que pedirá al Congreso que su falta de colaboración tenga consecuencias penales por vía judicial. Luego ha tratado de que contestara al uso de fondos reservados para captarle como confidente, aunque avisándole que en realidad «pasará a la historia como un desleal, un chivato». «Y a los chivatos no les cae bien a nadie», ha añadido.

En el repaso a lo publicado en la prensa, Rufián le ha preguntado por qué le detuvieron en 2005 por llevar un arma. «¿Es cierto o no? Si no es cierto, estoy siendo terriblemente injusto con usted», ha reconocido el diputado de ERC. «No voy a contestarle», ha dicho una vez más Sergio Ríos.

Rufián le ha pedido en varias ocasiones que al menos le mirara y le ha comentado que su opinión es que «se está comiendo el marrón de otros». Ante la callada, algo que el diputado de ERC ha calificado de desconsideración al Congreso, le ha reprochado que acudiera a la comisión a «descojonarse» de los diputados. «¿Le parece la actitud de un policía nacional?», le ha preguntado antes de repetirle que «pasará a la historia como un gran chivato».

El que fuera coordinador del equipo de comunicación de Unidas Podemos para la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, Guillermo Magariños, aseveró el pasado 7 de mayo ante el juez del caso ‘Neurona’ que los empleados de esa productora se «integraron» y trabajaron en coordinación con personal de Podemos bajo su supervisión en un local de la calle Maudes –Madrid–, y que todo lo que realizaron tenía que ser aprobado antes de lanzarse a redes por el equipo del partido.

Según consta en la grabación de las declaraciones ante el juez de los doce empleados de Podemos que formaron parte del equipo de campaña, Magariños explicó a preguntas de la defensa de la formación ‘morada’ que los empleados de Neurona se encargaron de producir contenidos «segmentados» destinados a redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube: «Trabajos específicos para audiencias específicas».

«Llegaron como refuerzo externo, como consultora y se les integró con el papel especial de un área productiva», recordó, para luego subrayar que fue la de segmentación porque «tenían experiencia en otros procesos –electorales–«. No obstante, añadió que también fueron utilizados como refuerzo en otras áreas y se refirió por ejemplo a varios miembros que apoyaron en actos de campaña para grabar imágenes audiovisuales.

Además, Magariños indicó que Neurona realizó para esa segmentación por públicos una prospección demoscópica para «analizar el panorama y ver nichos», y que ese trabajo consistió «en cruzar datos de acceso público y en encuestas» para luego aplicarlo en redes sociales.

«Fundamentalmente se ejecutó lo que proponían, salvo algún cambio», recordó Magariños, que si bien ya no trabaja para la formación ‘morada’ sí que es militante. Sobre el flujo de trabajo con la productora mexicana indicó que se calendarizaban materiales, se hacían guiones para cada vídeo que elaboraba Neurona, luego se editaba, se subtitulaba y ya se le incorporaba el ‘branding’ usual de Podemos antes de lanzarlo por los diferentes canales.

Aunque ése era el proceso ideal, la velocidad del día a día hacía que muchas órdenes y cambios se hicieran de forma oral y no a través de los diferentes chats de Telegram que usaban para dar el visto bueno a los materiales, por lo que considera que habrá muchos documentos que no se habrán podido rescatar para aportarlos a la causa.

LA REUNIÓN DEL CONGRESO

Lo que sí dejó claro es que todo lo que realizaba el equipo de Neurona era posteriormente «validado» por responsables de comunicación del partido, e insistió en que lo que aportó esa productora a la campaña fue la experiencia en elaborar esos «vídeos líquidos» –rápidos–, específicos y adaptados por segmentos. «Cuando llegaron de refuerzo (…) intenté que se adaptaran al equipo, que se empaparan de la realidad española y que Podemos se empapara de esa manera ágil y rápida de producir», indicó.

Preguntado sobre si alguien de Neurona explicó sus destrezas antes de ser contratados, Magariños explicó que hubo una reunión en el Congreso de los Diputados con ellos en 2019 antes de la campaña. En la misma, organizada por el responsable de comunicación de Podemos Juanma del Olmo, «expusieron lo que hacían, su menú laboral».

«Hicieron presentación en ‘power point’ y dijeron que venían de trabajar en elecciones de México y de Colombia, que fueron exitosas para el campo de la izquierda», explicó. Tras esto, recordó que fue Juanma del Olmo quien le comentó que había una consultora que merecía la pena contratar y tras la reunión le indicó que se encargara de ellos y «les integrara en el equipo».

ORIENTACIÓN «DE IZQUIERDAS» DE NEURONA

En el mismo sentido declaró uno de los coordinadores de redes sociales del partido, Mario Gálvez, que confirmó la labor y presencia en la sede de Maudes de personal de Neurona durante la campaña electoral investigada. Ha afirmado que se coordinaba con ellos, especialmente con el responsable de dicha empresa Carlos Portillo principalmente por un canal de Telegram y en ocasiones, por estar presentes todos en la misma sede, de viva voz.

Ha señalado que durante esos días iba pasando por dicha sede gente diferente de Neurona, cuyo número no podía precisar, así como trabajadores brasileños de otra empresa contratada de dicho país cuyo nombre no recordaba.

También han coincido al confirmar el trabajo en equipo que el personal de Podemos desarrollaba con Neurona Julián Benito, coordinador de redes junto con Gálvez y otros dos ya ex trabajadores como son Mikel Oibar y Alfredo Martínez, de los equipos de las áreas de audiovisual y diseño gráfico. El primero ha explicado, a preguntas del fiscal que, aunque no era su competencia, entiende que se eligió para apoyar el trabajo durante la campaña a una empresa como Neurona, pese a ser extranjera, por ser experta en la materia pero también por su orientación política «propia de izquierdas».

Todos ellos señalaron también la presencia de los trabajadores de Neurona en la sede de Maudes y el hecho de que éstos tuvieran sus propios equipos. Oibar, además, recordó que personal de Neurona como Portillo y otras personas, apellidadas Martín y Neira, le acompañaron en algunos actos de campaña puntuales, como el celebrado en Gijón, en el Reina Sofía y el cierre de campaña, ya que había que generar material adicional para redes y que los trabajadores del partido no llegaban a todo; opinión con la que coincidió Martínez a preguntas de la abogada de la acusación popular ejercida por Vox.

EL CASO NEURONA

El núcleo de la causa es el contrato entre Neurona y Podemos, pero el caso partió de una denuncia formulada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en la que llamó la atención sobre otros hechos. En este tiempo, el instructor ha archivado las pesquisas relativas a los contratos electorales con ABD, a las obras de reforma de la nueva sede y al supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada del partido Marta Flor.

El juez también acordó el sobreseimiento provisional de las donaciones de la Caja de Solidaridad de Podemos y de los sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, entre otros cargos, pero ha reabierto ambas investigaciones, en el primer caso por orden de la Audiencia de Madrid en respuesta a recursos de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege, y en el segundo enmendando su decisión inicial a petición de Vox.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero. El Juzgado de Instrucción Número 46 ya investiga este asunto.

Precisamente este mismo jueves se ha conocido que el Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid ha decidido archivar la investigación sobre el supuesto cobro por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de las costas procesales en casos donde era el partido quien pagaba a abogados y procuradores, al considerar que no hay indicios delictivos.

El ministro de Exteriores marroquí, Naser Bourita, ha rechazado este jueves lo que a su juicio es un «doble lenguaje» por parte del Gobierno español, denunciando que en ciertos «entornos» hay una visión desfasada respecto al reino a alauí.

En sus primeras declaraciones tras la llamada a consultas de la embajadora en España, Bourita ha recalcado que «Marruecos no acepta el doble lenguaje y las posiciones por parte de Madrid».

En opinión del ministro de Exteriores marroquí, el Gobierno español debe «ser consciente de que el Marruecos de hoy en día no es el de ayer» y por tanto en «ciertos entornos en España deben actualizar su visión» sobre el país vecino.

Bourita ha denunciado igualmente la «hostilidad mediática» en España contra Marruecos «a base de noticias falsas» pese a que la «verdadera fuente de la crisis», ha dicho a la agencia MAP según recogen otros medios, es la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

«Madrid debe dar muestra de transparencia con su opinión pública», ha defendido, subrayando que «la referencia al subdesarrollo del reino revela viejos reflejos» en España aunque Marruecos registra «tasas de crecimiento sostenidas a pesar de la crisis».

MALESTAR POR LAS PALABRAS DE ROBLES

Por lo que parece, las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han molestado en Rabat. «No vamos a aceptar chantajes, la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras», ha dicho contundente Robles en una entrevista en RNE.

«Hemos escuchado las palabras agresión, chantaje, el subdesarrollado que la toma con la potencia europea. Eso demuestra que en ciertos entornos en España debe actualizar sus conocimientos», ha sostenido una fuente diplomática en declaraciones al medio Le Desk.

«Siguen mirando a Marruecos con las gafas del pasado, usando una lógica desfasada», ha lamentado, cuestionando el sentido que tendría para Marruecos hacer chantaje. «¿Con qué objetivo?», ha planteado. «Los últimos acontecimientos muestran que es España quien tiene un complejo» mientras que «Marruecos es claro y coherente en su actitud», ha reivindicado la fuente.

Desde el Gobierno se ha intentado en los últimos días no entrar en una escalada de declaraciones, pese a los sucesos vividos el lunes y el martes en Ceuta, con la entrada de más de 8.000 migrantes ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Así, se ha evitado criticar a las autoridades marroquíes, atribuyendo la entrada masiva a diversas circunstancias, si bien la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, sí que trasladó a la embajadora marroquí, Karima Benyaich, el «disgusto» del Gobierno. La diplomática fue convocada a Exteriores el martes, horas antes de que su país la llamara a consultas.

Rabat ha dejado claro a lo largo del día que sigue sin dar por cerrada la crisis a la que pone nombre: Brahim Ghali. Así lo ha expuesto un alto cargo diplomático al portal le360.ma, considerado como próximo al Palacio de Mohamed VI.

«La crisis entre Marruecos y España tiene por nombre Brahim Ghali y no Ceuta», ha resumido, defendiendo que Rabat no ha actuado «por emoción, sino sobre la base de hechos tangibles que ponen en cruda prueba la asociación estratégica entre los dos países».

«Seguimos sin haber recibido explicación ni justificación de España», ha insistido este alto cargo, pese a que ya la semana pasada González Laya dijo que se habían dado las «explicaciones oportunas» al Gobierno marroquí y se ha defendido en todo momento que Ghali fue acogido por razones estrictamente humanitarias.

«El paréntesis migratorio no es el tema, es un ingrediente para recordar la importancia de la vecindad estratégica entre Marruecos y España», ha puntualizado el alto cargo diplomático, subrayando que el reino sigue a la espera de una «respuesta jurídica» en relación con Ghali, contra el que hay causas pendientes ante la Justicia española.

«El tiempo en el que se podía resolver una crisis con Marruecos con palmaditas en la espalda amistosas es cosa del pasado», ha advertido el responsable marroquí. «Marruecos espera de España actos», ha zanjado.

El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confiado este jueves en que el próximo Govern de republicanos y Junts actuará como «un solo bloque».

En el turno de réplica al líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, en el pleno de investidura, Aragonès ha afirmado que su voluntad es que el Ejecutivo sea «lo más cohesionado posible», y para eso espera aprovechar la experiencia de los últimos años y los mecanismos de coordinación incluidos en el acuerdo.

Aragonès ha dicho que lo que une a ERC y Junts «es mucho más fuerte» de lo que los separa, y ha pedido disculpas por el retraso en cerrar el pacto, ya que cree que se ha tardado demasiado.

«Lo que nos une es mucho más fuerte que las perspectivas diferentes que pueda haber en ámbitos programáticos sectoriales o cómo enfocar el proceso de independencia. El deseo, la voluntad y la determinación de avanzar hacia la independencia es mucho más fuerte de lo que nos separa. Es una fortaleza extraordinaria que tenemos que preservar», ha dicho.

El candidato republicano ha apostado por compatibilizar la «agenda transformadora» que cree que debe tener el Govern con la voluntad de avanzar y culminar el proceso independentista.

Para él, esta es «la razón de ser de la coalición de gobierno» entre ERC y Junts, y ha sostenido que la estrategia independentista debe combinar las aportaciones del conjunto del movimiento independentista para aprovechar el diálogo con el Gobierno central y a la vez fortalecerse.

Aragonès ha concluido su intervención recalcando que el acuerdo con Junts es sólido: «Ha tardado, pero creo que es un acuerdo honesto y sincero. Así lo he sentido yo especialmente en los últimos días en los que he cogido la responsabilidad de poder acabar de forjarlo».

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha admitido a trámite formalmente la denuncia y querellas que dieron origen el pasado día 21 a la incoación de diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de esta entidad por irregularidades en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra.

Según ha informado en una nota una de las acusaciones populares, ejercida por Vox, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones y tráfico de influencias.

En la misma resolución, la instructora confirma la personación en la causa de la formación liderada por Santiago Abascal y ordena la práctica de determinadas diligencias documentales solicitadas por ésta. Así, libra oficio a la SEPI para que remita las actas del Consejo Rector sobre Plus Ultra, y reclama también el acta del Consejo de Ministerio en el que se autoriza la ayuda, los informes de la Comisión de Evaluación y demás informes técnicos junto con los expedientes de todas las solicitudes que concurrieron en este expediente.

El juzgado también solicita a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea información sobre las aeronaves de la aerolínea desde 2011 hasta la actualidad, así como las operaciones realizadas entre 2018 y 2021.

Igualmente, libra oficio a la entidad Plus Ultra, la Entidad SNIP Aviation, S.L y Sky Solution, S.L. para que presenten las actas de titularidad real de las acciones y participaciones respectivas; así como a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social para que remitan las declaraciones trimestrales del IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales 347 y certificado de deudas de la entidad Plus Ultra y SNIP Aviation.

IDENTIFICACIÓN DEL CONSEJO

En el momento de incoar diligencias, Collazos reclamó a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda y la identificación consejo de administración, en el que figuran más de una decena altos cargos del Gobierno.

Recientemente fue designada como presidenta Belén Gualda y además de Lora completaban el Consejo de Administración a la hora de tramitar la ayuda a la compañía aérea Esperanza Casteleiro Llamazares, secretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda; Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía y Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Con menor cargo figuraban también en este órgano de Administración María Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Gemma del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; Raúl Blanco Díaz, secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Luis Álvarez-Ossori, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación; Antonio José Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; María Isabel Valldecabres Ortiz, que es directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno; Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Juan Tejedor Carnero, director General de Patrimonio del Estado y Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la ministra de Hacienda.

La decisión inicial de la juez respondió a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y posteriormente Vox también presentó querella, que este mismo lunes la amplió para añadir los delitos de prevaricación y malversación a los que ya apuntaba contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y cohecho. La juez también ha aceptado la personación en la causa igualmente como acusación popular del PP

La denuncia inicial se presentó contra Lora por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y contra el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como cooperadores necesarios.

A juicio de Manos Limpias, Lora tiene a su cargo la administración, dirección y gestión del SEPI y administra el Fondo de apoyo a la solvencia de Empresas estratégicas de 10.000 millones de euros. Como «más que razonable ‘notitia criminis'», apuntaban la referente a la ayuda con fondos públicos de 53 millones de euros a la Compañía Plus Ultra.

RESPUESTA DE LA SEPI

Fuentes cercanas al Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas expresaron en el momento de incoarse diligencias una disposición plena a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.

Señalaron también que las ayudas cumplen todos los requisitos de elegibilidad y sus condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Añadían que no se trata de una subvención a fondo perdido, pues Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos del Covid-19.

Además, apuntaron que una Comisión de Seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea, vigilando el cumplimiento del plan de viabilidad pactado en la operación, elaborado para la compañía por Price Waterhouse Coopers.

Como datos económicos, subrayaron que en 2019 Plus Ultra facturó 100 millones de euros, generando empleo directo a 350 personas e indirecto a 2.500. En las rutas que opera (desde Madrid y Tenerife a Ecuador, Perú y Venezuela especialmente) ha alcanzado una cuota superior al 11%, transportando 176.000 pasajeros, según datos del último ejercicio anterior a la aparición de la pandemia.

En la concesión de esta ayuda financiera temporal, como en la aprobada el pasado noviembre para Air Europa y en marzo de este año para Avoris, el Fondo ha tenido en cuenta la importancia que tiene para España el turismo, sector que representa más del 12% del PIB contando también con toda la cadena de valor que genera para la actividad económica y el empleo.