La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia Valencia Alfonso Rus y otros seis años para el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) por los ‘zombies’ en Imelsa y Ciegsa.

Así se desprende de la calificación del ministerio público, en el marco de las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

La jueza acaba de abrir juicio otra contra Rus, Rubio –en prisión desde el sábado por el caso Azud– y otras 24 personas más por este procedimiento, entre ellos, el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

El fiscal atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.

Para Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.

Al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’, el ministerio público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él nueve años y medio de prisión; mientras que la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, se enfrentan a otros seis años de cárcel.

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el procedimiento de los ‘zombies’ de Ciegsa, solicita una pena de seis años de prisión para Caturla por un delito continuado de malversación de caudales públicos, además de 20 años de inhabilitación. Para los ‘zombies’ pide cuatro años de cárcel. Y una indemnización conjunta y solidaria de 1.042.637 euros.

RUS, SUS FINES Y SUS «COMPINCHES»

En el escrito de calificación provisional del fiscal se describe cómo funcionaba la presunta organización delictiva y advierte de que Rus, una vez alcanzado el objetivo de ser presidente de la Diputación, comenzó a organizar Imelsa «para sus propios fines y los de sus compinches, tanto de partido, como personales».

Así, nombró a Benavent como gerente de la empresa pública, que había sido concejal de Xàtiva durante su mandato –fue alcalde de la localidad–. Ambos han sido investigados por haber realizado operaciones de recaudación de dinero al margen de cauces legales amañando adjudicaciones de contratos públicos.

Rus también «colocó» a su «amigo» Llopis como su jefe de gabinete quien, en unión de Caturla, conformaron un acuerdo de voluntades para conseguir sus propósitos delictivos al margen de cualquier principio de gestión pública que debía presidir su actuación, «configurándose Rus como el jefe y cabecilla de la organización, dado que estas personas ya venían actuando como un grupo organizado con la finalidad de servirse de los puestos públicos que ostentaban y repartirse los beneficios obtenidos, siendo Rus el que otorgaba beneplácito de sus actuaciones en los distintos organismos públicos en los que habían intervenido».

«CLIENTELISMO POLÍTICO Y PERSONAL»

Como consecuencia de esta organización y «con clara finalidad de clientelismo político y personal», utilizaron Imelsa para repartir favores, «utilizaron los fondos públicos de la misma en contrataciones de personas que no respondían a un verdadero ejercicio de funciones dentro de la sociedad, distribuyendo el dinero público de forma gratuita con el perjuicio que ello supone para las arcas públicas».

Para conseguir esta finalidad, agrega el fiscal, cooperaron también Escrihuela y Monblanch, los cuales, «sabedores de esta situación de abuso e instrumentalización de una empresa pública», ayudaron «eficazmente» a la consecución de los propósitos delictivos de la organización criminal creada, «obteniendo un beneficio económico ilícito a cargo de los fondos públicos».

Las personas contratadas bajo las órdenes de los acusados sabían que no iban a realizar ningún trabajo en Imelsa y que su contratación respondía a diferentes intereses personales, profesionales o de partido de Rus, Benavent y Llopis.

En Ciegsa ocurría algo similar. Según el fiscal, en esta segunda empresa pública había un «absoluto descontrol» y un «acuerdo de voluntades para obtener dinero y prestar favores políticos de cualquier tipo».

Se valían también de Benavent, persona vinculada a Rus, quien lo colocó de intermediario recaudador para hacer efectivos su ideación criminal de servirse de la empresa pública donde se encontraba Caturla.

«Uno de los objetivos de la organización era contentar políticamente determinadas voluntades, realizando para ello, entre otras cosas, contrataciones ficticias de personal, las cuales no respondían a un interés público, sino a los intereses de dicha organización, de tal forma que, bien por favores políticos, bien por su propio interés, se pagaban retribuciones desde Ciegsa a personas que no realizaban ninguna función», advierte el fiscal.

Así, siguiente las órdenes de Rus, con el «completo conocimiento y aceptación» de Llopis, Caturla contrató durante su época de consejero delegado en Ciegsa al menos a cuatro personas «sabedor de que no iban a desempeñar ninguna función dentro de la empresa y produciendo un desvío de fondos públicos en beneficio personal de los acusados».

Estas personas, concluye el ministerio público, al igual que las contratadas en Imelsa, no realizaron ningún trabajo en la empresa pública, «todos ellos, afiliados o simpatizantes del PP o conectados personalmente con Caturla o con alguno de los otros miembros de la organización».

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este viernes que la crisis fronteriza es «de extraordinaria gravedad» y ha criticado duramente al Rey de Marruecos, Mohamed VI, por usar a niños en «una especia de Marcha Verde».

«Me parece que el Rey de Marruecos, si hay tribunales que tienen que juzgar conductas… Lo que ha hecho nada menos es jugar con niños, con menores, lanzándolos como si fuera una especie de Marcha Verde, que ya recordamos una en el Sáhara, inaceptable», ha señalado Revila en declaraciones a los medios de comunicación en el puerto de Laredo.

A su juicio, en este suceso se ha podido ver la «cara más lamentable» de Marruecos, un país, según ha dicho, «capaz de abrir las puertas para que los niños abandonen a sus familias» y protagonicen una «especie de invasión» sobre España.

En esta línea, el presidente cántabro ha opinado que España «ha actuado correctamente» en la crisis fronteriza con Marruecos y ha lamentado que, en un tema «de envergadura» como este, todos los partidos del arco parlamentario no se hayan puesto «al lado del Gobierno».

Asimismo, ha criticado que algunos, incluso, hayan usado este tema para hacer «electoralismo» o para «azuzar el odio hacia el que llega de fuera», mostrando, a su juicio, «falta de solidaridad y de humanidad».

De forma contraria a esta actitud, ha anunciado que Cantabria está dispuesta a acoger, «si hace falta», a más menores migrantes procedentes de Ceuta que los siete ya anunciados. «Es lo mínimo que podemos hacer si somos seres humanos», ha señalado Revilla en

LA ACTUACIÓN DE LA UE, EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LOS PARTIDOS

Revilla ha advertido, además, que este «no es un tema solo de España» sino que considera que Europa «tiene que sentirse agredida». «Las declaraciones que ha hecho la Unión Europea me parecen correctas pero tienen que ser mucho más contundentes. Tiene que advertirse a Marruecos que violar las fronteras de la UE, saltándose las normas internacionales que nos tenemos dadas, es de una gravedad enorme y que le pongan en su sitio», ha afirmado.

El presidente de Cantabria ha apoyado la actuación de España en este suceso y ha lamentado que, en un tema que no es «ideológico» sino que «atañe a todos», «no estén de acuerdo todos los partidos para ponerse al lado del Gobierno» o, incluso, algunos lo aprovechen para hacer «electoralismo».

Aunque sin citarle expresamente, Revilla se ha mostrado especialmente crítico con Vox por su rechazo a la acogida de esos menores migrantes y su reparto entre las comunidades, una actitud con la que, en su opinión, denota «falta de solidaridad y de humanidad».

«Naturalmente la inmigración tiene que controlarse y ser legal, pero cuando llegan casos como el de estos días, aquel que no tenga un mínimo de solidaridad… Te desmoraliza», ha afirmado el presidente, que ha recordado que España ha sido «un país de emigrantes» y ha pedido ponerse en el lugar de esta gente que «escapa» de sus países «porque no tiene para comer.

EL LADO POSITIVO

Pese a la «falta de solidaridad y de humanidad» demostrada por una «minoría» y de que haya partidos o grupos «que están azuzando el odio a lo que llega de fuera», Revilla ha resaltado que le «reconforta» vivir en un país donde se ha podido ver cómo efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado que habían acudido para proteger las fronteras nacionales también han sido capaces de «acoger con cariño» y «atender» a los niños que llegaban, protagonizando incluso «algunos casos de actitudes emocionantes».

«Yo creo que esas imágenes son un ejemplo de que este país merece la pena», ha afirmado Revilla.

La Alianza para las Vacunas Gavi ha anunciado este viernes que ha firmado un acuerdo de compra anticipada con Johnson & Johnson para adquirir su vacuna de una sola dosis contra la COVID-19. El acuerdo consiste en un compromiso de compra de 200 millones de dosis en nombre del Mecanismo COVAX, con el objetivo de que sean suministradas en 2021.

Asimismo, Gavi ha señalado que seguirá en conversaciones con Johnson & Johnson sobre el posible suministro de 300 millones de dosis adicionales en 2022. «El acuerdo significa que el Mecanismo COVAX puede ofrecer a los participantes otra herramienta segura y eficaz contra la pandemia. Acojo con satisfacción el compromiso de Johnson & Johnson con el acceso equitativo y la ampliación de la fabricación mundial a través de asociaciones externas, algo que proporcionará beneficios duraderos incluso después de que esta pandemia haya terminado. Como vacuna de una sola dosis, la vacuna de Janssen tiene especial relevancia para los lugares con infraestructuras difíciles, lo que la convierte en una adición muy importante a la cartera», ha comentado el director general de Gavi, Seth Berkley.

La cartera del Mecanismo COVAX, administrada por Gavi, consta actualmente de acuerdos relacionados con 8 vacunas y candidatos a vacunas (AstraZeneca/Oxford, Pfizer, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, SII-Covishield, SII-Covavax, y Sanofi/GSK), con el objetivo de ampliar a 10-12 vacunas en total, proporcionando a los participantes acceso a una gama diversa de vacunas adecuadas para su uso en contextos y entornos variados.

«Desde los primeros días de la pandemia, nos hemos mantenido firmes en nuestro objetivo de facilitar el acceso equitativo a nuestra vacuna COVID-19. Nadie está a salvo de la COVID-19 hasta que todo el mundo esté protegido, y nuestra asociación con Gavi es el mayor paso que hemos dado para garantizar que nuestra vacuna de una sola inyección sea accesible para todo el mundo, en cualquier lugar. Nuestro compromiso de hoy ofrece el potencial de proteger hasta 500 millones de personas de COVID-19″, ha comentado el vicepresidente del Comité Ejecutivo y director científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffels.

Con el fin de seguir diversificando y ampliando la cartera de vacunas, Gavi está tratando de recaudar al menos 1.600 millones de dólares adicionales para COVAX. Esto permitirá a Gavi asegurar hasta 1.800 millones de dosis de vacunas para sus 92 economías de bajos ingresos.

Además de las dosis aseguradas a través de los acuerdos con los fabricantes, Gavi y sus socios de COVAX, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI), la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, también han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que comparta las dosis con COVAX de forma inmediata para ayudar a los países que se han visto más afectados por las actuales limitaciones de suministro a nivel mundial y que necesitan urgentemente proteger a sus poblaciones de mayor riesgo.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 ONG de Acción Social, ha defendido la necesidad de apostar por una educación inclusiva, que no deje a nadie atrás, y que permita la formación en igualdad de oportunidades de ciudadanos «pensantes y críticos» que puedan participar en la toma de decisiones políticas con el objetivo de avanzar hacia una democracia plural y avanzada.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta de Planes Estratégicos y Coordinación del 0,7% del IRPF de la Plataforma del Tercer Sector y miembro del Foro de Gobierno Abierto, Asunción Montero, durante la celebración del acto ‘Alianzas entre Gobierno Abierto y Tercer Sector para una educación inclusiva’, que se enmarca en la Semana de la Administración Abierta, organizada por la dirección general de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con el objetivo de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, así como los valores del Gobierno Abierto.

Durante el acto, en el que también ha intervenido la escritora Soledad Puértolas, Montero ha subrayado que el camino hacia una sociedad democrática más justa pasa por contar con todos, respetar en igualdad de condiciones el valor de las personas y garantizar su derecho a recibir una educación rica y «plenamente inclusiva» que permita la participación y la elección del camino hacia dónde se quiere avanzar.

Por su parte, el secretario general de Función Pública, Luis Javier Rueda Vázquez, ha asegurado que uno de los principales objetivos del Gobierno Abierto es incorporar un enfoque inclusivo para poder llegar a los colectivos más vulnerables, e incluso superar la brecha digital existente, para que los valores de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración sean entendidos por el conjunto de la ciudadanía y se pueda avanzar hacia, precisamente, la democracia real.

Así, con el objetivo de impulsar la participación y la transparencia y acercar las instituciones públicas a toda la comunidad educativa se han presentado tres guías en lectura fácil que tienen como fin explicar, de una manera sencilla y clara, a los estudiantes y profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato que hacen los representantes públicos, promoviendo su participación dentro del Gobierno, así como en la transparencia y la toma de decisiones.

También se ha celebrado una mesa redonda, moderada por la directora de la PTS, María José Juanes, en la que han participado J. Ignacio Criado Grande, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de las guías de educación en Gobierno Abierto; Teresa Vacas Lobato, asesora técnica docente del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD); Ana Isabel Beltrán Gómez, jefa de servicio de Transparencia de la dirección general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón; Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión; y Cristina Rodríguez Feijoo, profesora de Pedagogía Terapéutica aulas TEA del Colegio Fuhem Montserrat con el objetivo de abordar los principales retos a los que se enfrenta la educación inclusiva en España.

Todos los expertos han coincidido en la necesidad de impulsar los recursos para poder atender las necesidades específicas del alumnado y desarrollar al máximo sus capacidades, así como el trabajo en común de toda la comunidad educativa para seguir avanzando en pro de una democracia participativa.

Asimismo, han asegurado que, entre los grandes retos, también está conseguir una mayor visibilidad del alumnado con necesidades especiales, trabajar la innovación y la experimentación en este campo, así como promover el «derecho a entender y a la educación para todos y todas» y el valor social.

El encargado de clausurar la jornada ha sido el director general de Gobernanza Pública, Olivié Bayón, quien se ha mostrado orgulloso de firmar una nueva alianza con el Tercer Sector, algo que permitirá al Gobierno Abierto seguir avanzando «por el buen camino».

El Instituto de las Mujeres prevé alcanzar en 2023 la paridad en los Consejos de Administración de empresas públicas estatales de continuar con la progresión de los últimos cinco años, después de que en el último año la presencia femenina haya llegado al 37% (222 mujeres de un total de 595 miembros), lo que supone un incremento con respecto a 2015, cuando se situó en el 31%.

El Instituto de las Mujeres ha dado a conocer estos datos tras analizar la presencia femenina en los consejos de administración de 51 entidades del sector público empresarial del Estado en los años 2015, 2017 y 2020. De continuar con esta tendencia ascendente, se cumpliría el objetivo de la Comisión Europea en su Estrategia 2020-2025, por el que ninguno de los sexos debería tener una representación inferior al 40% ni superior al 60%, como señala la institución.

Así, el 45% (23) de estas 51 empresas analizadas ya cuentan con una participación equilibrada en sus consejos de administración en 2020, habiendo incrementado el número de consejeras entre 2015 y 2020 en un 55% de las empresas analizadas. En este sentido, el informe también pone de relieve que el año pasado había una empresa con un porcentaje que superaba el 60% de consejeras (67%), mientras que otra no contaba con ninguna.

Asimismo, se ha analizado el porcentaje de mujeres que, en 2017 y 2020, ejercen la alta dirección, que representa en este último año el 28% (83 mujeres de un total de 300 cargos), con un incremento de 6 puntos con respecto al 2017. De estas empresas, solamente el 16% tiene presencia equilibrada en 2020 (3 puntos porcentuales menos que en 2017), mientras que el 24% no cuenta con ninguna directiva en su organigrama.

El porcentaje de consejeras en las empresas públicas supera en 7 puntos a la media europea (30%, para empresas equivalentes) y en 8 puntos al de las empresas del Ibex-35 (29%, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2020). Desde 2015, el incremento en las empresas privadas ha sido de 10 puntos, frente a los 6 de las públicas.

En cuanto al porcentaje de directivas en 2020, en las empresas del Ibex-35 representa el 17% (11 puntos menos que en las empresas públicas). La media europea en este caso se sitúa en el 20%. Respecto a las presidencias, en 2020 solo 11 empresas contaban con mujeres al frente de sus consejos de administración (el 22%).

En términos generales, el estudio señala una evolución positiva de la presencia de mujeres, tanto en los consejos de administración como en la alta dirección de las empresas públicas estatales analizadas, apuntando no obstante, que, en conjunto, hay un amplio margen de mejora, sobre todo en la alta dirección.

El estudio analiza las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles estatales que tienen consejo de administración con participación mayoritaria de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o con participación directa mayoritaria en su capital social de la Administración General del Estado (AGE), excepto aquellas que tienen administrador único.

También se han incluido algunas empresas con participación indirecta de la AGE, como AENA, INCIBE, INECO, ISDEFE y TRAGSATEC, así como otros organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la AGE, como Puertos del Estado.

El Juzgado de lo Social 28 de Barcelona ha estimado la demanda del hombre sin hogar que en octubre hizo huelga de hambre para reclamar la renta garantizada, Daniel Cerdún, y ha sentenciado que su prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) debe ser de 461 euros en vez de los 253 que le adjudicó la Seguridad Social.

La sentencia, condena al Instituto Nacional de la Seguridad a pagarle estos 461 euros con efectos desde junio de 2020, cuando el hombre pidió la prestación.

Según ha explicado el Col·lectiu Ronda en un comunicado, la diferencia en el importe inicial se debe a una «aplicación irregular» de la normativa porque la prestación para 2020 se calculó en base a los ingresos del hombre 2019, antes de que cerrara su empresa y fuera desahuciado.

El hombre, de 62 años, sí tuvo ingresos en 2019, pero no en 2020, por lo que finalmente se ha usado la norma excepcional para casos como este: en las peticiones de personas que no tienen ningún ingreso en el momento, la prestación del ingreso mínimo vital se calcula con la parte proporcional de los ingresos de ese mismo año.

«MALA PRAXIS»

En un comunicado este viernes, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha afirmado que esta sentencia pone en evidencia la «mala praxis del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la implementación del IMV, con denegaciones injustas o abono de la prestación en cuantía inferior» a lo establecido.

La Comisión ha hecho un llamamiento a las personas y familias que perciben prestaciones inferiores a la cuantía del IMV a presentar las correspondientes demandas ante los Juzgados de lo Social, y a las entidades solidarias a «darles apoyo en las demandas».

También han exigido al Gobierno que supervise y corrija «las deficiencias» de la gestión del INSS en la prestación del IMV, abonando la diferencia a los perceptores que hayan sufrido una reducción; y han solicitado agilizar la tramitación de la ley del IMV incorporando sus enmiendas.

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a dos varones, de 37 y 72 años de edad respectivamente, por la tenencia de imágenes de pornografía infantil. Al primero, que tenía antecedentes por hechos similares, se le encontraron más de 300 imágenes en un portátil. Mientras, el otro arrestado disponía de numerosos vídeos en los que aparecían niñas de muy corta edad en su móvil.

Ambos casos fueron destapados gracias a la colaboración de organismos internacionales de protección a la infancia, que pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, según ha informado en nota de prensa.

A finales de 2020, y gracias a los mecanismos de colaboración establecidos entre la Policía Nacional y organismos internacionales de protección a la infancia, los investigadores tuvieron conocimiento de que una persona, residente en la provincia de Toledo, había subido a una red social 172 imágenes de contenido relativo a la pornografía infantil.

La localización y detención del presunto autor no fue sencilla, ya que los hechos condujeron a los agentes hasta dos domicilios de una pequeña localidad de comarca de La Mancha Alta de Toledo.

Uno de ellos se pudo relacionar con un varón, de 72 años de edad, con conocimientos de informática y antecedentes por hechos similares, por lo que se realizó un registro en ambas viviendas, interviniéndose el ordenador portátil del que disponía el sospechoso.

Tras el minucioso análisis técnico del portátil intervenido, se pudieron recuperar más de 300 imágenes, a pesar de que el detenido había tratado de borrar toda evidencia que le implicase en la comisión del delito.

El pasado 4 de mayo los mismos organismos dieron cuenta del hallazgo de varios vídeos en los que aparecían niñas de muy corta edad sometidas a 45 prácticas sexuales por adultos.

El estudio del informe centró al sospechoso en otra localidad de la misma comarca que el anterior, llegando hasta el domicilio de un varón de 37 años de edad sin antecedentes, que disponía de 72 vídeos de pornografía infantil en su dispositivo móvil, por lo que fue detenido tras el correspondiente análisis del teléfono.