El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confiado este jueves en que el próximo Govern de republicanos y Junts actuará como «un solo bloque».

En el turno de réplica al líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, en el pleno de investidura, Aragonès ha afirmado que su voluntad es que el Ejecutivo sea «lo más cohesionado posible», y para eso espera aprovechar la experiencia de los últimos años y los mecanismos de coordinación incluidos en el acuerdo.

Aragonès ha dicho que lo que une a ERC y Junts «es mucho más fuerte» de lo que los separa, y ha pedido disculpas por el retraso en cerrar el pacto, ya que cree que se ha tardado demasiado.

«Lo que nos une es mucho más fuerte que las perspectivas diferentes que pueda haber en ámbitos programáticos sectoriales o cómo enfocar el proceso de independencia. El deseo, la voluntad y la determinación de avanzar hacia la independencia es mucho más fuerte de lo que nos separa. Es una fortaleza extraordinaria que tenemos que preservar», ha dicho.

El candidato republicano ha apostado por compatibilizar la «agenda transformadora» que cree que debe tener el Govern con la voluntad de avanzar y culminar el proceso independentista.

Para él, esta es «la razón de ser de la coalición de gobierno» entre ERC y Junts, y ha sostenido que la estrategia independentista debe combinar las aportaciones del conjunto del movimiento independentista para aprovechar el diálogo con el Gobierno central y a la vez fortalecerse.

Aragonès ha concluido su intervención recalcando que el acuerdo con Junts es sólido: «Ha tardado, pero creo que es un acuerdo honesto y sincero. Así lo he sentido yo especialmente en los últimos días en los que he cogido la responsabilidad de poder acabar de forjarlo».

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha admitido a trámite formalmente la denuncia y querellas que dieron origen el pasado día 21 a la incoación de diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de esta entidad por irregularidades en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra.

Según ha informado en una nota una de las acusaciones populares, ejercida por Vox, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones y tráfico de influencias.

En la misma resolución, la instructora confirma la personación en la causa de la formación liderada por Santiago Abascal y ordena la práctica de determinadas diligencias documentales solicitadas por ésta. Así, libra oficio a la SEPI para que remita las actas del Consejo Rector sobre Plus Ultra, y reclama también el acta del Consejo de Ministerio en el que se autoriza la ayuda, los informes de la Comisión de Evaluación y demás informes técnicos junto con los expedientes de todas las solicitudes que concurrieron en este expediente.

El juzgado también solicita a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea información sobre las aeronaves de la aerolínea desde 2011 hasta la actualidad, así como las operaciones realizadas entre 2018 y 2021.

Igualmente, libra oficio a la entidad Plus Ultra, la Entidad SNIP Aviation, S.L y Sky Solution, S.L. para que presenten las actas de titularidad real de las acciones y participaciones respectivas; así como a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social para que remitan las declaraciones trimestrales del IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales 347 y certificado de deudas de la entidad Plus Ultra y SNIP Aviation.

IDENTIFICACIÓN DEL CONSEJO

En el momento de incoar diligencias, Collazos reclamó a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda y la identificación consejo de administración, en el que figuran más de una decena altos cargos del Gobierno.

Recientemente fue designada como presidenta Belén Gualda y además de Lora completaban el Consejo de Administración a la hora de tramitar la ayuda a la compañía aérea Esperanza Casteleiro Llamazares, secretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda; Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía y Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Con menor cargo figuraban también en este órgano de Administración María Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Gemma del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; Raúl Blanco Díaz, secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Luis Álvarez-Ossori, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación; Antonio José Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; María Isabel Valldecabres Ortiz, que es directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno; Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Juan Tejedor Carnero, director General de Patrimonio del Estado y Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la ministra de Hacienda.

La decisión inicial de la juez respondió a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y posteriormente Vox también presentó querella, que este mismo lunes la amplió para añadir los delitos de prevaricación y malversación a los que ya apuntaba contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y cohecho. La juez también ha aceptado la personación en la causa igualmente como acusación popular del PP

La denuncia inicial se presentó contra Lora por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y contra el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como cooperadores necesarios.

A juicio de Manos Limpias, Lora tiene a su cargo la administración, dirección y gestión del SEPI y administra el Fondo de apoyo a la solvencia de Empresas estratégicas de 10.000 millones de euros. Como «más que razonable ‘notitia criminis'», apuntaban la referente a la ayuda con fondos públicos de 53 millones de euros a la Compañía Plus Ultra.

RESPUESTA DE LA SEPI

Fuentes cercanas al Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas expresaron en el momento de incoarse diligencias una disposición plena a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.

Señalaron también que las ayudas cumplen todos los requisitos de elegibilidad y sus condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Añadían que no se trata de una subvención a fondo perdido, pues Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos del Covid-19.

Además, apuntaron que una Comisión de Seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea, vigilando el cumplimiento del plan de viabilidad pactado en la operación, elaborado para la compañía por Price Waterhouse Coopers.

Como datos económicos, subrayaron que en 2019 Plus Ultra facturó 100 millones de euros, generando empleo directo a 350 personas e indirecto a 2.500. En las rutas que opera (desde Madrid y Tenerife a Ecuador, Perú y Venezuela especialmente) ha alcanzado una cuota superior al 11%, transportando 176.000 pasajeros, según datos del último ejercicio anterior a la aparición de la pandemia.

En la concesión de esta ayuda financiera temporal, como en la aprobada el pasado noviembre para Air Europa y en marzo de este año para Avoris, el Fondo ha tenido en cuenta la importancia que tiene para España el turismo, sector que representa más del 12% del PIB contando también con toda la cadena de valor que genera para la actividad económica y el empleo.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar de hablar de propuestas para dentro de 25 años, explique la próxima semana en el Pleno del Congreso cuáles son sus planes para 2021 y 2022.

Sánchez ha presentado este jueves el proyecto estratégico España 2050, un documento que incluye una serie retos para modernizar España en los próximos 30 años y con el que el Ejecutivo busca abrir un debate colectivo sobre los retos de futuro del país tras la pandemia.

Sin embargo, Esteban pretende que en el próximo Pleno del Congreso Sánchez no ‘viaje’ 30 años en el tiempo, sino que, más en el presente, dé cuenta de cuál es el plan del Gobierno para lo que queda de este año y para el próximo.

¿EL PLAN 2050 PUEDE TAPAR LA «INEFICACIA» DEL GOBIERNO?

El Plan 2050 también centra la pregunta que la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha elegido para la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. En concreto, quiere saber si con ese proyecto para dentro de 25 años el Ejecutivo pretende «tapar la ineficacia» de su gestión en lo que va de legislatura.

El líder del PP, Pablo Casado, ha preferido en cambio el tema de la crisis diplomática con Marruecos para su habitual duelo dialéctico con el presidente. «¿Está el Gobierno defendiendo los intereses de nuestro país?», es la pregunta registrada este jueves.

El PP también tiene reservada una interpelación para el Gobierno «sobre el estado de la política exterior» que dará lugar, una semana después, a la votación de la subsiguiente moción, con la que el primer partido de la oposición quiere obligar a los grupos a retratarse sobre este asunto.

La tercera pregunta que prevé atender el presidente Sánchez se la realizará la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien pretende que el Gobierno aclare si «desarrollará en lo que resta de legislatura la agenda de izquierdas y progresista que prometió».

OTRAS PREGUNTAS SOBRE LA CRISIS CON MARRUECOS

Casado no será el único diputado que eche mano de la crisis abierta con Marruecos en la sesión de control al Gobierno, pues el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, también preguntará sobre esta cuestión al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien le pedirá pronunciarse sobre si cree que el Gobierno está respetando los derechos humanos en la frontera.

«¿Qué medidas urgentes va a adoptar el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad en la frontera en Ceuta y Melilla tras haber anunciado Marruecos que suspende la cooperación policial con España?», es la pregunta que, por su parte, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pretende formular también a Marlaska.

Entidades sociales representantes del colectivo LGTBI y Trans han urgido este jueves al Gobierno a desbloquear la Ley Trans y aporbarla en Consejo de Ministros, después de que este martes haya sido rechazada su tramitación en el Congreso.

Desde Federación Plataforma Trans y ‘Euforia.Familias Trans-aliadas’, exigen al PSOE la aprobación de esta norma en el Consejo de Ministros antes del 18 de junio, vísperas del Orgullo LGTBI. «Si no es así», indican, «solicitamos a los organizadores del Orgullo y eventos LGTBI que este partido no sea invitado y no ocupen espacios de visibilidad en ellos».

Estas entidades han destacado el trabajo realizado junto al Gobierno y los grupos parlamentarios para sacar adelante este texto que reconoce la libre determinación del género y la despatologización de las personas trans y que, recuerdan, está avalado por «varios expertos en derecho constitucional de distintas universidades» españolas.

«Transgender Europe, ILGA Europe, Human Rights Watch e incluso la Comisaria de Igualdad de la Unión Europea, Helena Dalli han coincidido en que la autodeterminación del género no solo forma parte de los estándares europeos sino que es la herramienta para superar la discriminación que sufren las personas trans», recuerdan las organizaciones trans.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, advierte de que, según el último informe de ILGA Europe, el país «ha retrocedido décadas en derechos LGTBI» y, por eso, considera «urgente» poner freno «a los bulos que están propiciando altos índices de violencia hacia las personas trans, sus familias y entorno» y que están viviendo «la auténtica inseguridad jurídica y la desprotección por parte del Estado».

LO CONSIDERAN «BLOQUEO IDEOLÓGICO»

Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y ‘Chrysallis’, han solicitado este jueves una reunión urgente con los ministerios de Presidencia, Justicia e Igualdad para resolver el bloqueo de esta norma.

Las entidades niegan, como ha argumentado el PSOE, que el bloqueo que sufre estas leyes sea por falta de seguridad jurídica y denuncia que se trata de un «bloqueo ideológico». Mientras, indican las organizaciones, España sigue sin «soluciones legilsativas que garanticen los derechos» del colectivo y proteja a sus miembros frente «a la discriminación y la violencia».

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha recordado que las entidades sociales han mantenido «siempre una actitud de responsabilidad, de compromiso denodado y constante con eldiálogo, la pedagogía y las soluciones de consenso». Sin embargo, lamenta, los derechos de las personas LGTBI «siguen bloqueados con argumentos ideológicos que no soportan la comparación internacional y que están alimentando el odio hacia las personas trans con efectosreales sobre sus vidas.

UNA CUESTIÓN «INAPLAZABLE»

El presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, no ha ocultado su «decepción» y la de todo el colectivo tras el trabajo que han realizado estos meses con un Gobierno que, ha apuntado, les «dio esperanza». Especialmente, ha indicado, esta decepción recae en el «bloqueo impuesto por la vicepresidenta Carmen Calvo».

Por su parte, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, incide en que «han transcurrido muchos meses desde que se inició este trabajo, primero con el Ministerio de Igualdad y, posteriormente, con el Ministerio de Presidencia» y, tras el rechazo que ha sufrido el texto en el Congreso, entienden que el desbloqueo por parte del Ejecutivo debe ser ya «una cuestión inaplazable» y «una prioridad ineludible».

«Recordamos que legislar los derechos trans y LGTBI fue un compromiso del actual Gobierno y los compromisos se deben cumplir», ha declarado Valenzuela, antes de pedir «honestidad y valentía» a PSOE y Podemos para cumplir con el pacto que realizaron.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo, ha aprobado este jueves iniciar la vía judicial para impugnar el proceso de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada en los términos que ha anunciado la Resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional.

Según explica en un comunicado, se trata de iniciar la vía administrativa mediante la interposición de un recurso de alzada y, «ante el riesgo que existe de vulneración de los derechos de los profesionales y de que el procedimiento no cuente con todas las garantías exigibles, se ha acordado la interposición de solicitud de medidas cautelarísimas inaudita parte ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actuaciones que se han llevado a cabo este mismo jueves».

El recurso de alzada frente a la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación Profesional, publicada en el BOE el 19 de mayo, «se basa en alegaciones en cuanto a defectos de forma de la misma respecto a la convocatoria para el proceso de adjudicación de plaza de los aspirantes y de aquellos que concurran por el turno de discapacidad; por recaer en el mismo error que en la convocatoria de 2020 sobre la que acaba de conocerse la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo respecto a la elección exclusivamente telemática; en relación a la modificación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias que obliga a una persona física a relacionarse obligatoriamente con la Administración a través de medios electrónicos y haberse hecho esta modificación mediante Real Decreto Ley; y en lo referente a la posibilidad de que aumente considerablemente el número de plazas vacantes por la dificultad para dejar pasar el turno y elegir posteriormente».

Por su parte, la solicitud de medidas cautelarísimas busca la suspensión del procedimiento establecido y de la fecha de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada para la convocatoria de este año a partir del 17 de junio para la titulación de Medicina, señalan.

En el escrito presentado se exponen los motivos para su petición y se insiste en que se está poniendo en grave riesgo el futuro profesional de los aspirantes a plazas de formación sanitaria especializada en tanto en cuanto pudieran verse dañadas de manera irremediable sus esperanzas y expectativas profesionales a la hora de realizar una determinada especialidad o en una concreta unidad docente, una cuestión básica para el ejercicio de una profesión altamente cualificada como es la Medicina especializada por la relación directa que además tiene con el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos.

Con estas medidas CESM pretende «velar por que esta elección de plazas se realice con las mismas garantías y derechos que se han venido preservando hasta ahora, algo que con la Resolución en la mano no es posible». Por ello, ha convocado una concentración a las puertas del Ministerio de Sanidad para el próximo 25 de mayo a las 13.00 horas.

La aspirante a la secretaría general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presentará este sábado en Valencia su candidatura para liderar la formación morada, respaldada por destacados dirigentes del partido que forman parte de su lista de cara a Vistalegre IV.

Concretamente, arroparán a Belarra la ministra de Igualdad, Irene Montero, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera y los coportavoces de la formación morada, Rafa Mayoral e Isa Serra.

También participarán en este acto, según han informado desde su candidatura, la eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón.

La presentación tendrá lugar en el Jardí Botànic de la Universidad de Valencia, que evoca a al Pacto del Botànic suscrito entre PSOE, Compromis y Unidas Podemos para gobernar la Generalitat valenciana.

CANDIDATURA DEL NÚCLEO DURO DE PODEMOS

En la candidatura al Consejo Ciudadano Estatal vinculada a la principal aspirante a suceder a Pablo Iglesias al frente del partido morado figuran ‘pesos pesados’ de Podemos, en una línea de continuidad con la dirección del secretario general saliente.

Aparte de los cargos ya mencionados, se suman a la lista de Belarra miembros de actual Ejecutiva como los diputados Jaume Asens, Pilar Garrido y Txema Guijarro, así como el coordinador autonómico en Castilla y León, Pablo Fernández; el secretario de Comunicación Juanma del Olmo y Ángela Rodríguez Pam (Secretaria de Derechos LGTBI).

La ministra también se rodea en su candidatura al máximo órgano de dirección entre asambleas de varios líderes territoriales, como la coordinadora autonómica en Andalucía, Martina Velarde, su homólogo en Madrid, Jesús Santos, el coordinador en Murcia, Javier Sánchez Serna, y la portavoz en las Cortes Valencianas, Pilar Lima.

A ellos se suma líder de los ‘comunes’ en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Noemi Santana, y los diputados en el Congreso Antón Gómez-Reino (representante de Galicia en Común), Antonia Jover, María Luisa Saavedra, Isabel Franco, Lucía Muñoz e Ismael Cortés.

El ex gerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón comparecerá este viernes como testigo ante el juez del llamado caso ‘Neurona’, Juan José Escalonilla, en relación con los complementos salariales que su sucesora, Rocío Esther Val, habría aprobado irregularmente para ella y otros cargos de la formación ‘morada’.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid citó a Fernández Alarcón al reabrir la investigación por un presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar dichos pluses, algo que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente señaló en su denuncia –de la que partió el caso ‘Neurona’– como posibles sobresueldos.

Calvente puso la lupa en los dos complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, –uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros– y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.

Fernández Alarcón debía haber testificado el 13 de noviembre pero no llegó a hacerlo por problemas de logística. Su comparecencia quedó pendiente hasta parecer descartada el pasado mes de marzo, cuando Escalonilla archivó provisionalmente la trama de los complementos salariales al concluir que la gerente de Podemos podía acordarlos.

Sin embargo, el instructor reactivó esta línea de investigación en abril, en respuesta a un recurso de reforma de Vox. Según explicó, la nueva documentación aportada por Podemos lleva a pensar «indiciariamente» que en realidad Val no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.

En un escrito enviado al juzgado madrileño, la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular, insistió en que Fernández Alarcón compareciera, aduciendo que fue quien propuso las tablas salariales de 2017, que serían las vigentes cuando ocurrieron los hechos.

EL UNIVERSO ‘NEURONA’

El núcleo de esta causa, donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, es el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.

De los demás asuntos que constaban en la denuncia original, Escalonilla ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.

También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha preguntado este jueves si la propuesta del Gobierno de prohibir los trayectos que se realizan en avión y que tengan alternativa para viajar en tren incluyen el uso del avión Falcon por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El informe presentado por el presidente del Gobierno hace un diagnóstico de la situación social y económica de España y detalla propuestas para alcanzar una estrategia nacional con la vista puesta en 2050, entre las que figura la recomendación de prohibir los vuelos cortos.

«¿Incluye el Falcon?», se ha preguntado García Egea en un mensaje en su cuenta oficial de Twiter, después de que ese documento aconseje prohibir los trayectos que se realizan en avión y que tengan una alternativa para viajar en tren inferior a las 2,5 horas de duración, con el objetivo de disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo.

Más tajante ha sido la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, que ha dado por sentado que, de acuerdo a lo que plantea el informe sobre el plan 2050 presentado hoy, el presidente del Gobierno no podrá seguir usando el Falcon para sus desplazamientos. «¡Se te acabó el Falcón Pedro Sánchez!», ha exclamado.

«LA PERFORMANCE DE ESPAÑA 2050»

La visesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha calificado de «performance» la presentación del plan 2050 por parte del presidente del Gobierno. «Mucho marketing pero ya no cuela», ha enfatizado.

La exministra de Medio Ambiente con Mariano Rajoy ha cuestionado que Sánchez tenga realmente voluntad de diálogo con este asunto tras su actuación con el Plan de Recuperación y su «ninguneo» al Partido Popular.

«Sánchez dice ahora que lo va a someter a un gran debate nacional. Tras el ninguneo del Plan de reconstrucción que es urgente y debe ejecutarse en 2023», ha manifestado, para añadir que el Gobierno está «jugando» con el futuro de los españoles.

LÓPEZ ISTÚRIZ: «LOS ESPAÑOLES NO PUEDE ESPERAR TRES DÉCADAS»

Por su parte, el secretario general del PPE y eurodiputado del PP, Antonio López-Istúriz, ha asegurado que Pedro Sánchez y el Gobierno deberían «dedicar su empeño en responder a la crisis con un plan económico y fiscal ajustado a los requisitos de la UE» para poder ejecutar todos los fondos del Plan de Recuperación.

«Los españoles no pueden esperar tres décadas a la España del 2050», ha subrayado López-Istúriz en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha recalcado que el PP está centrado en la España del 2021.

Las víctimas de pederastia de la Iglesia católica han discrepado en sus valoraciones sobre la Ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia, aprobada este jueves definitivamente por el Congreso de los Diputados. Así, mientras unas la califican como «un paso de gigante», otras critican que «se queda corta» y piden la «imprescriptibilidad» de los delitos sexuales a menores.

Así, el presidente de la Asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, ha celebrado la aprobación de la norma que, para él, supone «un paso de gigante» en la defensa de los niños y «ofrece más garantías jurídicas» a las víctimas de abusos sexuales, al ampliar el plazo de prescripción de estos delitos.

«Supone un antes y un después, es un paso magnífico en la defensa de la infancia y la adolescencia. Además, marca un hito histórico y es una ley pionera a nivel internacional«, ha valorado Cuatrecasas, tras la aprobación del texto en el Congreso con amplia mayoría.

En concreto, se ha referido a la subida del plazo de prescripción de los delitos sexuales, que comenzará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 35 años. Actualmente, el plazo empieza a contar cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre cinco y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

«Es un detalle muy positivo y muy oportuno pues ofrece más garantías jurídicas a las víctimas denunciantes», ha explicado Cuatrecasas.

Asimismo, ha puesto de relieve que la ley evitará la revictimización de los niños y niñas menores de 14 años que denuncian casos de violencia al establecer como norma general la prueba preconstituida (la grabación de la declaración del menor); y ha aplaudido la prohibición del «mal llamado Síndrome de Alienación Parental».

Por el contrario, el primer denunciante del caso Montserrat e impulsor de la campaña en Change.org #ElAbusoNoPrescribe, Miguel Ángel Hurtado, considera que la «pata floja» de la ley de infancia es que «la prescripción se queda corta».

«La pata floja de la ley es la prescripción de queda corta. La próxima legislatura pediremos de nuevo imprescriptibilidad como ya tienen 20 países», ha anunciado Hurtado.

En todo caso, considera que el texto legislativo aprobado este jueves por el Pleno del Congreso es «una base legislativa sólida», aunque ha añadido que «las instituciones públicas tienen que cumplir compromisos adquiridos» y que «la ley tiene que tener financiación suficiente». Además, ha agregado que el compromiso de crear juzgados y fiscalía especializada contra la violencia infantil se tiene que cumplir.

Santiago tiene 48 años, una discapacidad intelectual y ha pasado gran parte de su vida incapacitado judicialmente. Hasta ese momento, era él quien ayudaba a su padre en las gestiones del banco y, entre otras tareas, le llevaba al médico. Por eso, cree que este jueves es un día «de celebración a lo grande» porque el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley que elimina la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, como él, pero avisa: «Que no nos tomen por tontos y esto no quede en papel mojado».

Este madrileño, también portavoz de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), ha celebrado desde la Cámara Baja, donde ha sido testigo del debate parlamentario, el fin de esta «discriminación» y ha manifestado: «Es una ley que nos ayuda a recuperar lo que de toda la vida teníamos que haber tenido y que nunca nos debían haber quitado».

Santiago pone «un 10» a esta ley, que permitirá la revisión de «miles de casos» como el suyo, cuyas capacidades en la vida diaria han estado limitadas por cuestiones legales.

«Estoy muy contento y orgulloso y también por representar a esta asociación», ha dicho para, sin embargo, avisar de que no les tomen «por tontos» y advertir de que la reforma aprobada se debe traducir en que la igualdad «exista en la práctica» y «no se quede en papel mojado».

«Que no nos digan que tenemos derechos y nos den la razón como a los tontos y luego hagan lo que les de la gana», alerta al tiempo que insiste en la importancia de que la sociedad se conciencie.

Santiago incide en el significado de «igualdad» y explica que «dependiendo de cada caso» es preciso buscar los apoyos «justos». «Ni de más ni de menos de lo necesario. Queremos ser iguales que los demás», ha sentenciado, al tiempo que ha asegurado que el colectivo de personas con discapacidad intelectual ya está «harto» de que le den largas y la razón «como a los tontos» pero que luego «no cumplan».

Con todo, ve esta jornada como un «día de celebración a lo grande» y confía en que la novedad legislativa sea «útil para todos». «Esta es la primera piedra para conseguir que se respeten nuestros derechos y que la sociedad se conciencie», ha concluido.

La reforma legal garantiza el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es decir, que reconoce su igualdad ante la ley y garantiza los apoyos para tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Desde AEFT y Plena Inclusión consideran que este es un «hito para la democracia española», que acerca al país a cumplir la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De este modo, celebran que se elimine una «discriminación histórica» hacia los cientos de miles de personas con discapacidad intelectual que, hasta el momento, eran tratadas a nivel legislativo como menores de edad y a las cuales se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamento».

Podemos ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de utilizar la «mentira como arma política» con el objetivo de «desestabilizar» el Gobierno de coalición, tras culpar a la formación morada de la crisis con Marruecos y afirmar que los socios de Gobierno «insinúan que Ceuta y Meilla no son españolas».

«El único traidor a la patria, que se reunió hace una semana con quien pide la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos, eres tú», lanzado el partido en su cuenta oficial de Twitter para censurar que el dirigente popular, al que demandan una «rectificación», busque «desestabilizar» al Ejecutivo con «declaraciones falsas»

Todo ello después de que Casado haya responsabilizado a Podemos de la «crisis diplomática» con Marruecos y haya emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a romper su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos.

De esta forma aludía al encuentro telemático que mantuvo el presidente del PP con dirigentes de los partidos marroquíes Istiqlal y Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI) el pasado 11 de mayo. Concretamente conversó con Aziz Ajanuch, presidente del partido Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI) y ministro de Agricultura y Pesca de Marruecos, y con Nizar Baraka, secretario general del Partido Istiqlal.

Tras visitar el stand de Ceuta en la feria Fitur, Casado ha lanzado una pregunta a Pedro Sánchez: «¿Con quién está, con la oposición leal que pide firmeza y responsabilidad o con sus socios de Gobierno que insinúan que Ceuta y Melilla no son españolas?».

«Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que gobierna con JxCAT, que está pidiendo que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas, y que hoy mismo rompa su acuerdo de Gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática», ha manifestado.

Unas palabras a las que ha respondido directamente la ministra de Derechos Sociales y candidata a liderar la formación morada, Ione Belarra, al enfatizar que «no van a permitir que Pablo Casado mienta abiertamente sobre nuestra formación política».

«Unidas Podemos está trabajando intensamente en el seno del Gobierno para dar una salida basada en los derechos humanos a esta crisis. Basta de usar la mentira como arma política», ha subrayado Belarra en su comentario en redes.

Previamente, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reprochado al presidente del PP aplicar «la mentira permanente como forma de hacer política». «No hemos dicho eso. Casado se lo ha inventado. Como el 99% de lo que dice. La mentira permanente como forma de hacer política», ha señalado en redes el parlamentario de la formación morada.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, por unanimidad, la creación de una subcomisión que estudiará la puesta en marcha de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano.

El órgano estará formado por tres miembros del PSOE, dos de PP, Vox y Unidas Podemos, y un miembro del resto de grupos parlamentarios, según se recoge en la iniciativa impulsada por Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos –partidos con un diputado gitano, cada uno, entre sus filas– y ERC.

Entre las tareas de esta subcomisión, estarán, analizar las políticas públicas implementadas en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, abordar las diferentes dimensiones del antigitanismo y realizar un informe con la actualización de los resultados de la pasada estrategia.

Para ello, explica la iniciativa, podrán comparecer autoridades competentes, representantes del tercer sector y el sector privado,así como expertos/as competentes del ámbito universitario, que analicen la situación del pueblo gitano y guíen a los diputados a la hora de implementar medidas y legislar.

La diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, se ha referido en su intervención al discurso antigitano que este jueves se ha escuchado en el Parlamento Europeo por parte de un diputado de la ultraderecha búlgara. «Tenemos que acabar con el antigitanismo porque impide la inclusión», ha declarado Giménez.

«BASTA YA DE TANTO ODIO»

Tanto ella como la diputada del PSOE Beatriz Carrillo de los Reyes, han mostrado su orgullo de la presencia de tres diputados gitanos —además de ellas dos está el representante de En Comú Ismael Cortés– en la Cámara española.

La socialista se ha dirigido a Vox para señalar que el antigitanismo es «fruto de las mentes retorcidas que anidan en las entrañas de la ultraderecha fascista» y ha denunciado que esta discriminación es «palpable» y tiene «consecuencias nefastas» en las vidas del publo, que les «impide llegar» a la educación o a la vivienda. «Basta ya de tanto odio que recorre esta Cámara», ha declarado.

Cortés, por su parte, ha hecho un repaso de algunos de los episodios de discriminación que ha sufrido el pueblo gitano en sus 600 años de historia, incluyendo los intentos de exterminio, y ha pedido «a la Institución monárquica que pida perdón» por el «sufrimiento que su dinastía ha causado» a los gitanos y a «las altas instancias eclesiásticas por los hilos de calumnias, falacias, acusaciones y condenas desalmadas».

La representante de ERC, María Carvalho, ha pedido, por su parte, que también la Cámara baja pida perdón y ha llamado al recuerdo y homenaje a todas las víctimas gitanas consecuencias de la discriminación sufrida.

Mientras, desde el PP, su portavoz en esta materia, Alicia García, ha llamado a conseguir un «proceso participativo» en la Cámara baja, incluyendo a ministerios, autonomías, ayuntamientos, diputaciones y con las entidades que conforman el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

El PSOE ha abogado este jueves en el Congreso de los Diputados por derogar la reforma que el PP aprobó con su mayoría absoluta en 2015 para dar al Tribunal Constitucional (TC) la capacidad de hacer cumplir sus sentencias, en el contexto del ‘procés’, unos poderes que el PSOE considera «exorbitantes». Sin embargo, los socialista han defendido mantener el control previo del TC a los estatutos de autonomía, pactado ese mismos año por ambos partidos.

Así lo ha manifestado el diputado socialista Odón Elorza durante el debate que se ha celebrado en la Cámara Baja sobre dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox para neutralizar la propuesta del PNV. Los nacionalistas vascos quieren acabar con las dos reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, que recuperaron el recurso previo y concedieron poderes de ejecución al TC, tales como la imposición de multas o el cese en el cargo de los infractores.

Elorza ha expuesto las mismas razones que dio el pasado 21 de marzo, cuando el Congreso acordó tramitar la propuesta del PNV. Así, ha insistido en que el recurso previo es necesario porque «se trata de evitar la situación compleja que se produce ante la eventualidad de que el TC declare inconstitucional una norma que ya ha sido sometida a consulta» en la comunidad autónoma del estatuto en cuestión.

«Esto hay que evitarlo de todo punto», ha sostenido, recordando que el limbo legal provocado por la entrada en vigor de un estatuto de autonomía recurrido ante el TC puede dar lugar a un «conflicto» institucional que se enquiste con el transcurso de los años hasta que finalmente acabe estallando cuando llegue el pronunciamiento definitivo del alto tribunal.

Asimismo, Elorza ha esgrimido que, dado que los estatutos de autonomía forman parte del llamado «bloque de constitucionalidad», parece razonable que el propio TC, como máximo intérprete de la Constitución española, dé antes su visto bueno.

No obstante, ha subrayado que «esta posición no se contrapone a la defensa del diálogo y la negociación, como ha hecho siempre el PSOE, en los procesos de reforma de los estatutos de autonomía».

«LO QUE FUNCIONÓ FUE EL 155»

Ha ratificado asimismo el rechazo socialista a los «innecesarios y exorbitantes» poderes que el PP concedió al TC para hacer cumplir sus sentencias empoderándolo de manera excesiva –a juicio del PSOE– «en el plano político, el plano procesal y el plano punitivo» hasta el punto de «cambiar la naturaleza» del TC y propiciar «un desequilibrio en el reparto de funciones entre los poderes constitucionales», con una «invasión» del TC hacia Judicial y Legislativo.

«El aspecto más problemático», para Elorza, es que atribuye al TC la potestad de apartar a altos cargos públicos de sus funciones cuando no acaten sus decisiones, lo cual «podría alcanzar al presidente del Gobierno o al de una comunidad autónoma, lo que sin duda afecta a la posición sistemática de la arquitectura constitucional española».

Además, ha criticado que esta reforma se aprobó por «conveniencias electorales» del PP de cara a los comicios catalanes de 2015 y como reacción a la consulta convocada por el entonces president Artur Mas un año antes para impedir que se repitiera, pese a los cual, «luego lo volvimos a ver en 2017» con el referéndum independentista del 1-O. «Lo que realmente funcionó fue el artículo 155» de la CE, ha recalcado.

EL PP ADVIERTE AL PSOE SOBRE UN «ERROR HISTÓRICO»

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano ha puesto de manifiesto que el TC ya validó las dos reformas efectuadas por el PP, indicando que «la única interpretación posible es que la Constitución configura al TC como un verdadero órgano jurisdiccional», lo cual comprende las facultades de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.

En consecuencia, ha entendido que la propuesta de PNV, apoyada también por Bildu y el independentismo catalán, solo puede tener como objetivo «mantener una ficticia victimización con la que alimentar sus delirios políticos». «A ustedes las consideraciones políticas no les importan, lo único que buscan es cuestionar al TC y facilitar la destrucción de nuestro sistema constitucional», ha espetado.

De Olano ha acusado al PNV y sus aliados en esta iniciativa legislativa de querer acabar con la reforma del TC porque «les dificulta sus objetivos políticos», advirtiendo en este sentido de «el peligro no ha desaparecido» y ahondando en el hecho de que ahora «todos esos partidos o bien están en el Gobierno o son socios del Gobierno».

El representante ‘popular’ ha señalado como máximo responsable a Pedro Sánchez y ha instado a los diputados socialistas a no dejarse «arrastrar» por su líder y presidente del Gobierno. «Señorías del PSOE, los intereses de España están muy por encima de los de Sánchez (…) no se dejen arrastrar, cometerían un error histórico», les ha alertado.

PSOE y PP sí han coincidido en defender la conservación del recurso de previo ante el TC para controlar la constitucionalidad de los estatutos de autonomía, si bien Elorza ha justificado su rechazo a la enmienda ‘popular’ en que lo hacen por razones distintas. De Olano ha denunciado que, con su eliminación, el PNV perseguiría que «un estatuto de autonomía pueda reformar la CE», enfatizando que los primeros deben estar sujetos a la segunda, «no al revés».

VOX Y «EL DISPARATE DE EUSKAL HERRIA»

Desde Vox, Javier Ortega-Smith ha presentado una enmienda a la totalidad de la propuesta del «partido separatista vasco» con la que pretende mantener las modificaciones de 2015 y ampliar el control previo a todas las leyes orgánicas, no solo a los estatutos de autonomía.

Ortega-Smith ha sostenido que el TC debe tener mecanismos para «proteger y defender» la Constitución, valorando específicamente la revisión ‘ex ante’ porque «vendría a ser como la vacuna preventiva frente a la contaminación del cuerpo jurídico del Estado» para evitar que entren normas que después se declaran inconstitucionales.

Para Vox, el PNV intenta «allanarse el camino para la reforma del Estatuto de Gernika» siguiendo el ejemplo catalán para colmar «el disparate sobre su Euskal Herria soñada». «Su vulneración de los derechos y libertades de los españoles, de todos en general y de los que viven en nuestras queridas provincias vascas», ha rematado.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha manifestado su apoyo a la enmienda del PP y su abstención frente a la de Vox, acogiendo el argumento de ambos partidos de que el PNV quería «bordear la Constitución» para hacer una reforma «patentemente» inconstitucional del estatuto vasco que culminara con un referéndum soberanista, alentando con ello un «choque de legitimidades».

UNA «OPORTUNIDAD»

Por su parte, Roberto Uriarte, de Unidas Podemos, ha rechazado las dos enmiendas y ha concebido la propuesta del PNV como «una oportunidad para empezar a hacer las cosas mejor» regulando sobre normas importantes, como los estatutos de autonomía, «en base a un consenso amplio, negociaciones y concesiones», criticando por contra la mayoría absoluta con la que los ‘populares’ operaron los cambios de 2015.

Mikel Legarda (PNV) ha reivindicado su propuesta, señalando el recurso previo como «una regulación de desconfianza hacia las cortes», las generales y las autonómicas.

Jon Iñárritu, de Bildu, le ha dado la razón hablando incluso de una «vulneración del principio de la inviolabilidad parlamentaria» y de la separación de poderes que cerraría el paso a los «anhelos» soberanistas de ciertas sociedades: «Algo maquiavélico».

En Junts, Josep Pagès i Massó ha definido las enmiendas de PP y Vox como «una involución», aplaudiendo la propuesta del PNV como «una de las muchas que tendrían que tomarse si hubiera una voluntad de acercarse a una democracia plena».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este jueves en una postura que ya ha manifestado en las últimas semanas: que en el ámbito estatal sería preciso dialogar e intentar «concretar los parámetros» para retirar las mascarillas en zonas al aire libre y con poca afluencia de personas.

Sobre el plazo, Feijóo, quien ya había apuntado previamente a los meses de verano (julio o agosto), ha remarcado que para hacerlo deberían darse las «condiciones epidemiológicas» que lo permitan, en referencia al avance de la vacunación y al control de la incidencia del virus.

«A medida que aumente la vacunación –ha destacado que en Galicia hay porcentaje «alto»– y la inmunidad, y baje la mortalidad tendremos que disminuir el uso de la mascarilla en espacios de menor riesgo», ha subrayado.

Y en lo que respecta a la competencia, ha insistido en que es una decisión que se debería cerrar en el ámbito estatal (ha apuntado al Consejo Interterritorial de Salud), puesto que si las comunidades adoptasen la decisión de forma «unilateral» esta podría ser recurrida por el Ejecutivo central, que es quien dicta la norma genérica al respecto.

MASCARILLA PARA CORRER EN LA PLAYA

Precisamente a la norma estatal se ha referido tras ser preguntado por el uso de la mascarilla en la playa, sobre la que, por el momento, ha dicho, no hay novedad.

Y en lo que respecta a emplearla para hacer ejercicio físico como correr, ha defendido que, en su día, en Galicia se decidió seguir el consejo del comité clínico e imponerla puesto que es en esta coyuntura «cuando se producen más aerosoles».

«El ponente fue un miembro del comité que es neumólogo y corre maratones. Es muy difícil contradecir un criterio de un sanitario, científico y deportista cuando todas las características confluyen en la misma persona», ha esgrimido Feijóo, para añadir que ahora este asunto «se va a debatir».

«Veremos si el comité autoriza ir sacando la mascarilla cuando se hace ejercicio físico por la calle. (…) Vamos a dejar a ese neumólogo ponente de las mascarillas que para nosotros es autoridad», ha zanjado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha aceptado estudiar el recurso presentado por un particular contra las medidas «excepcionales y temporales» adoptadas el pasado mes de agosto por la Consejería de Sanidad valenciana para evitar la transmisión del coronavirus y si la Ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública era el marco lega adecuado para imponerla.

Las medidas, adoptadas en estado de alarma ante los rebrotes existentes, consistieron en la limitación de la apertura del ocio nocturno a la 1.30 horas y las reuniones privadas a 15 personas.

El recurso ahora admitido a trámite se presentó el pasado mes de enero contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que validó las medidas al considerar que la ley sanitaria presta cobertura suficiente para actuar con motivo de la pandemia.

El abogado valenciano Curro Nicolau recurrió esta decisión al Supremo, que con fecha del pasado 13 de mayo admite estudiar el fondo de su petición al considerar que su impugnación «reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la determinación de si el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, presta cobertura jurídica suficiente para que la autoridad sanitaria adopte medidas restrictivas de los derechos fundamentales».

En particular, según concreta el Supremo en su auto, se pronunciará sobre la limitación del número de personas que participan en reuniones públicas y privadas. También estudiará si tales medidas han de estar amparadas en el régimen jurídico de los estados excepcionales regulados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, o en otros cuerpos legales orgánicos u ordinarios.

SALUD PÚBLICA CONTRA DERECHO DE REUNIÓN

Y ello, añade el alto tribunal «atendiendo especialmente a la existencia de fallos contradictorios de distintas Salas territoriales en torno a la cuestión controvertida, que es sustancialmente la misma y se contrae al conflicto entre la salud pública y el derecho fundamental de reunión.

Resulta asimismo «incuestionable», según el Supremo, «que la cuestión suscitada en el recurso presenta una proyección general e inmediata sobre el derecho fundamental de reunión de los ciudadanos en situaciones de crisis sanitaria como la provocada por el Covid-19.

Se da la circunstancia de que esta misma semana esta misma Sala inadmitió a trámite otro recurso del mismo abogado otra otro del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que autorizó determinadas restricciones frente al covid en dicha comunidad una vez fue levantado el estado de alarma el pasado 9 de mayo.

Este mismo letrado ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales al haber sido inadmitidos los recursos que interpuso tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional contra la declaración del último estado de alarma.

A juicio de este abogado, que durante los últimos meses ha presentado numerosos recursos contra diversas órdenes ministeriales que aplicaban restricciones -el primero por los límites a la movilidad de los menores– las decisiones del Gobierno español han supuesto una vulneración «sistemática le Constitución Española y los derechos fundamentales», según señala el recurso ante las instancias europeas.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 36 años de prisión a un hombre por violar en tres ocasiones a una mujer que se hacía cargo del cuidado de sus hijos. En concreto, se le considera autor de tres delitos de agresión sexual –por los que le impone 12 años de prisión por cada uno– y de otro de lesiones por el que también ha sido condenado a pagar una multa de 900 euros. Asimismo, tendrá que indemnizar a la víctima con 30.280 por las lesiones y los daños morales causados.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2019 en el domicilio del acusado, donde la víctima trabajaba cuidando a sus hijos, en tres ocasiones en las que la violó, bajo la amenaza de que la mataría si se resistía y con agresiones físicas, que incluyeron arrastrarla por el suelo, pese a la oposición de la víctima que le pedía que no lo hiciera porque era «virgen» y porque al ser musulmana «le arruinaría la vida».

La mujer logró zafarse del condenado en la última ocasión y huir para pedir ayuda, en un momento en que los hijos del acusado se interpusieron para evitar los golpes. La mujer saltó a casa del vecino, que no quiso ayudarla porque el acusado era amigo suyo, y en cambio llamó a un tío de este último, que le pidió que no llamara a la Policía que resolverían el problema entre ellos. Tampoco le prestó ayuda un vigilante de la urbanización donde residían y sí dos menores que iban en bicicleta y que llamaron a su padre, que le prestó auxilió.

Los magistrados consideran en la sentencia que el testimonio de la mujer «no ha presentado fisuras o contradicciones que hagan dudar de su credibilidad». Por ello, recoge que su declaración ha sido «no sólo contundente sino que a lo largo de las diversas veces que ha prestado declaración, su relato ha sido casi idéntico».

Además, subraya en este caso el «desnivel de posición notorio» entre el acusado, empleador, y la mujer, que «no solo dependía económicamente» de él sino también a nivel personal, dado que vivía en su casa, no hablaba español, y sus relaciones con el exterior eran mínimas ya que no tenía ni familiares ni amigos.

Y esta «situación de indefensión» es «aún más evidente» cuando intentó huir y el vecino no la auxilió. Para la sala, esto explica por qué no denunció ya el primero de los hechos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) han lanzado el proceso de participación pública del borrador del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS). El periodo de información pública estará abierto hasta el 26 de mayo.

La elaboración del PAEAS tiene como objetivo definir las líneas estratégicas de la educación ambiental y sostenible (EAS) en España para los próximos cinco años, ofreciendo un marco de trabajo consensuado a partir del cual reforzar, con herramientas de influencia social y cultural –comunicación, educación, capacitación y participación– aquellas políticas que deben hacer frente a los desafíos climáticos y ambientales.

Con la elaboración del PAEAS se busca definir un marco de trabajo participado en el que, partiendo del diagnóstico de la situación actual de la educación ambiental en España, se identifiquen los ámbitos estratégicos de actuación, así como los objetivos, principales medidas y acciones concretas a desarrollar por los diferentes sectores y agentes implicados.

El primer paso para abordar este trabajo de elaboración del PAEAS ha consistido en el desarrollo de un proceso de consulta y participación de más de 300 personas expertas en educación ambiental y profesionales de una serie de sectores que mantienen un estrecho vínculo con la educación ambiental en España. El documento base recoge las visiones e ideas de estos expertos.

En esta primera fase, que se desarrolló desde finales de 2019 hasta el otoño de 2020, se definió un trabajo organizado sectorialmente, tomando como base el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, publicado hace 20 años, durante los cuales los nuevos retos en materia de sostenibilidad han hecho patente la necesidad de coordinar nuevas iniciativas en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, en un contexto en el que la demanda de conocimiento ambiental por parte de la ciudadanía ha aumentado.

Así, se ha definido un trabajo organizado a partir de diez ámbitos de la educación ambiental para la sostenibilidad en España. En este sentido, se recogieron las líneas de acción prioritarias en cada uno de los sectores, incorporando al PAEAS una visión multisectorial y amplia de la educación ambiental que se plantea para hacer frente a la crisis ambiental y a los retos para la sostenibilidad en los próximos años.

Concluida esta fase y partiendo de ese trabajo de participación, un Grupo de Trabajo constituido por ambos Ministerios ha trabajado en la redacción del borrador del Plan.

IMPULSAR UN CAMBIO QUE RESPONDA A LOS RETOS AMBIENTALES

El presente Plan de Acción establece un marco de trabajo consensuado en el que se proponen seis ejes operativos y 61 acciones clave a desarrollar por parte de la Administración General del Estado, distintos organismos del sector público, comunidades autónomas, entidades locales y la iniciativa privada en materia de EAS, en un periodo de 5 años desde su aprobación, así como orientaciones de trabajo y propuestas de acción para otros sectores y agentes implicados.

Los ejes que vertebran el PAEAS consisten en lograr que las políticas públicas incorporen la EAS, mejorar los programas y actividades de la EAS e integrar la sostenibilidad en el sistema educativo y formativo.

Otros ejes serían profesionalizar y consolidar la EAS, impulsar los escenarios y espacios de intervención y poner en marcha procesos de participación, comunicación, divulgación y acción ciudadana.

El objetivo final del Plan es impulsar un cambio cultural y sistémico que permita responder adecuadamente a los retos socioambientales contemporáneos de forma coordinada, participada y con corresponsabilidad institucional y social, acelerando la transición ecológica.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Castellón solicita 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra en la causa abierta por supuestamente ocultar su patrimonio para impedir la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho.

Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de 3 millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por 3 años.

Así mismo, el fiscal considera cooperadores necesarios del delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución a la mujer de Carlos Fabra, María Desamparados Fernández; a dos de sus hijos -Borja y Claudia-; a su yerno Fernando Castro; a su testaferro Alejandro Lorca; y a los empresarios Fernando Roig Alfonso -presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF-, Miguel Pérez Ferrer y Fernando Roig Negueroles, para los que solicita entre 3 años y diez meses y 6 años de prisión.

Del delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía considera también responsables a María Desamparados Fernández, Borja Fabra, Claudia Fabra, Fernando Castro y Alejandro Lorca, por cuyo delito les pide entre 3 y 5 años de prisión.

Finalmente, el ministerio público demanda 9 meses de prisión por el delito de cohecho para Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez, Fernando Roig Negueroles y Enrique Gimeno.

Así mismo, el fiscal se dirige contra las sociedades CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, LIRINLOR SL, MIGUMI SL, PORTOVAN SL por el delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución cometido por persona jurídica, para las que solicita multas de entre 72.000 y 216.000 euros.

Las cuatro primeras sociedades también están acusadas del delito de blanqueo de capitales, por el que el ministerio público demanda una multa de 72.000 euros a cada una, mientras que acusa a MIGUMI SL, PORTOVAN Y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA) del delito de cohecho, por el que pide multas de entre 36.000 y 72.000 euros.

Además, el fiscal demanda que los acusados Carlos Fabra, María Desamparados Fernández, Claudia Fabra, Borja Fabra, Fernando Castro, Alejandro Lorca, Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez Ferrer, Fernando Roig Negueroles y CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, LIRINLOR SL, MIGUMI SL y PORTOVAN indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 1.031.457,14 euros, cantidad que resultó pendiente de pago por parte de Carlos Fabra tras ser condenado por cuatro delitos fiscales.

El fiscal indica en su escrito de acusación que, con el fin de ocultar su patrimonio ante la Administración Tributaria y la Administración de Justicia, Carlos Fabra urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable, contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, María Desamparados Fernández, de sus hijos Claudia y Borja, de su yerno Fernando Castro, y de terceras personas como Alejandro Lorca.

Así mismo, indica que se hizo uso de sociedades pantalla como CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, y LIRINLOR SL; y que, de manera no habitual, cooperaron Fernando Roig Alfonso y Fernando Roig Negeroles a través de la sociedad NEROFER SL, sociedad extinguida por absorción por PORTOVAN SL, así como Miguel Pérez Ferrer a través de la sociedad MIGUMI SL.

El ministerio público señala que la aparente situación de penuria económica en la que aparece Carlos Fabra es «notablemente discorde» con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994,73 euros y con la intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26.000.000 euros que, a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, han impedido satisfacerla deuda pendiente de ejecución.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA pedirán «con carácter inmediato» la dimisión de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a no ser que se eche atrás en su decisión «sorprendente» de publicar este jueves el proyecto de orden ministerial que pondrá fin a la caza del lobo a más tardar el 25 de septiembre que supone «liquidar el marco de negociación abierto para buscar consenso».

Las entidades critican la decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) que equipara la gestión de la especie en el conjunto de España y que supone en la práctica que el lobo ya no es considerado especie cinegética tampoco al norte del Duero.

Por ello, exigen la retirada del proyecto de orden ministerial o, de lo contrario, amenazan con movilizarse y exigir la dimisión de Ribera porque, a su juicio, «incumple de forma unilateral» lo expuesto a las organizaciones agrarias en la reunión del pasado 12 de mayo.

En ella, según ASAJA, COAG y UPA, aseguran que el director de Biodiversidad del MITECO afirmó que se vincularía la aprobación de esta orden a una estrategia integral de gestión y control del lobo consensuada previamente con ganaderos y las comunidades autónomas.

Asimismo, consideran que tras este movimiento subyace la «verdadera intención» de Transición Ecológica de «primar» la expansión del lobo mientras ignora las «consecuencias» que esto supondrá para la ganadería extensiva y las zonas rurales más afectadas.

En este contexto insisten en que incluir el lobo en el LESPRE «solo puede ser el resultado o conclusión» a partir de la elaboración de una Estrategia de Conservación del lobo y una normativa que de seguridad jurídica.

Además, acusan al MITECO de «contradicción» si sigue adelante y publica la orden ministerial porque opinan que «no es posible abordar de forma efectiva una Estrategia de Conservación del lobo si no hay una visión integral de la situación».

En ese sentido, exponen que ven «necesario» que después de haber consensuado la Estrategia se adopten las «medidas necesarias» para clasificar al lobo en la categoría que sea más adecuada para su conservación pero sin menoscabar ni poner en peligro a la actividad ganadera.

En definitiva, quieren que antes de emprender acciones para la expansión y el aumento del número de lobos se analice el número actual de manadas y ejemplares que existen para después debatir las medidas más adecuadas que permitan la coexistencia del lobo con la ganadería.