El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido este jueves en que el nuevo modelo de financiación autonómica beneficiará «clarísimamente» a la Comunitat Valenciana, aunque ha reconocido que el acuerdo entre las autonomías «no será fácil ni feliz porque al final todo el mundo tiene que ceder».

Así ha valorado, en rueda de prensa junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, el ‘esqueleto’ de la financiación que presentó el Ministerio de Hacienda la semana pasada y al que las comunidades pueden realizar aportaciones hasta finales de enero.

Puig, también líder del PSPV, ha defendido que la propuesta del Gobierno es «rigurosa» y tiene en cuenta varios escenarios, por lo que ha garantizado que lo estudiarán a fondo los expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que «hace tiempo» presentaron su propuesta de reforma basada en la singularidad de las CCAA y la igualdad entre ciudadanos.

«Vamos a cargarnos de razones», ha aseverado, destacando que ahora se inicie un debate pendiente desde 2014 cuando caducó el actual sistema de financiación. También ha resaltado que Hacienda tenga en cuenta la población ajustada como criterio por la importancia del gasto en sanidad.

«LEALTAD FEDERAL»

A partir de ahí, Puig ha señalado que «habrá que hacer unos ajustes» en función de las características de cada comunidad, pero ha garantizado que la Generalitat ayudará a «buscar una solución que sea compatible con los intereses de todos». Se trata, ha ilustrado, de mantener una «lealtad federal» y de pensar tanto en el interés general como en el de los valencianos y el del resto de españoles.

Preguntado sobre el análisis de Fedea sobre la población ajustada, que estima que la Comunitat sería una de las CCAA perjudicadas, ha remarcado que es un estudio sobre una de las opciones planteadas por Hacienda y que prefiere esperar a los análisis del IVIE, aunque ha trasladado su respeto por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. «La ministra (Mª Jesús Montero) ha dicho en distintas ocasiones que el resultado final no puede ser negativo para las comunidades infrafinanciadas, no tendría sentido», ha abundado.

Por todo ello, Puig ha hecho hincapié en que el nuevo modelo debe ser transparente y en que es «absolutamente imprescindible» que salga apoyado por una mayoría amplia en el Congreso, además de poner de acuerdo a las autonomías.

Dicho esto, ha reiterado que la financiación no es «ni un partido de fútbol ni una carrera» entre CCAA, por lo que «no hay ni ganadores ni perdedores» y se trata de buscar un sistema justo para mantener el Estado del Bienestar «en toda España».

«Será un debate intenso, pero ahora al menos podemos discutir sobre un papel», ha constatado, y ha pronosticado que «el resultado seguro que será mejor para la Comunitat Valenciana» aunque «otra cosa es cuándo se produzca el acuerdo y en qué condiciones».

DEBATE RIGUROSO

Posteriormente, tras analizar el ‘esqueleto’ junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, Puig ha ahondado en la necesidad de abordar la financiación «desde el rigor y con todos los argumentos técnicos necesarios». El objetivo, ha recalcado, es que todos los ciudadanos se vean beneficiados porque es la «única vía» de avanzar en el mandato constitucional de igualdad entre españoles.

Hasta entonces, ha avanzado que la Generalitat planteará que se modifiquen algunas cuestiones, como el hecho de que la variable de reparto de los costes fijos beneficie al conjunto de las autonomías «y no únicamente a algunas».

Todo ello lo analizará este viernes 10 la comisión mixta entre el Consell y Les Corts, convocada por el conseller Soler a las 11 horas en la Sala Vinatea del parlamento valenciano junto al comité de expertos y representantes de los grupos políticos.

La ministra de Defensa, Margarita Roles, ha entregado este jueves los Premios Defensa 2021, creados con el objetivo de aumentar la cultura de seguridad y defensa y aumentar la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

En un acto celebrado en el Ministerio, Robles ha elogiado los trabajos que tienen el objetivo de dar a conocer la labor de los Ejércitos y la Armada frente a «prejuicios» que cree que son «fruto del desconocimiento».

«Cuando se conoce a las Fuerzas Armadas, se está con ellos, se trabaja con ellos, se ve que son no solamente son hombres y mujeres con valores, compromiso y amor a España y sus ciudadanos, sino que además tienen algo muy importante, que es talento, creen en el futuro, la innovación, la ciencia, la tecnología y están cada día desarrollándose para dar lo mejor», ha aplaudido.

El Ala 31 y el EADA del Ejército del Aire han compartido el Premio Extraordinario de Defensa en reconocimiento a «su trabajo excepcional, profesionalidad y humanidad» en la misión de evacuación del aeropuerto de Kabul el pasado mes de agosto.

«Un día como hoy hace que sintamos el orgullo de este país, el orgullo de los que estáis en los medios de comunicación, de los que hacéis tesis doctorales, trabajos jurídicos, de los que os dedicáis a la docencia y de la importancia del esfuerzo, el tesón y la heroicidad», ha subrayado la ministra.

Los galardonados en la 22º edición en las distintas modalidades son han sido Miguel Clavijo en la categoría de Trabajos de Doctorado por la tesis ‘Reconstrucción del entorno del vehículo para guiado autónomo en escenarios complejos’, mientras que se ha otorgado la distinción en Trabajos de Estudio e Investigación a José Alberto Marín por le estudio ‘Guerra de drones en Yemen: laboratorio y de las guerras futuras’.

En cuanto a medios de comunicación, han sido galardonados el periodista de La Razón Fernando Cancio, Ángel Expósito en la modalidad de radio y en la categoría audiovisual la televisión Charry TV por un reportaje sobre el centenario de la Legión. En la modalidad de Fotografía la distinción ha recaído en Pablo Morales.

También se han otorgado premios en las disciplinas de docencia universitaria y no universitaria y concedido una mención especial a la nadadora Camino Martínez de la Riva.

Los Premios Defensa se crearon en 1999 para promover la cultura de la defensa y en la sociedad y familiarizar a la ciudadanía con los temas relacionados con la seguridad, la paz o la historia militar. Con estas distinciones, el Ministerio quiere reconocer la labor de personas y entidades que destacan por su contribución a la cultura de Defensa y a la imagen de las Fuerzas Armadas.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha propuesto bajar de diez a cinco años el plazo para que los locales de apuestas cercanos a institutos se adapten a la nueva norma regional, ha informado la federación en un comunicado.

La petición se incluye en las alegaciones presentadas por el colectivo esta mañana al Proyecto de Decreto de Establecimientos de Juego de la Comunidad de Madrid.

También se propone ampliar la distancia mínima entre locales y centros educativos a 500 metros o, como mínimo, a 250 metros, en vez de los 100 que establece el Gobierno regional

La entidad ciudadana saluda el espíritu y algunas medidas de la propuesta regional (como la limitación del crecimiento anual de locales a un 1% y la distancia mínima de 300 metros entre los nuevos establecimientos) a la vez que alerta de riesgos como la apertura de nuevos locales en lugares que no tienen la calificación de zona de alta concentración.

La FRAVM valora como un paso importante el Proyecto de Decreto aunque considera que «no sirve para resolver la saturación de estos locales que a día de hoy padecen algunos barrios y distritos de la capital y otros municipios». Además, opina que sigue siendo demasiado permisivo con aquellos que se hallan cerca de centros de enseñanza no universitaria.

Por ello, esta mañana se ha registrado en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid un escrito de alegaciones al proyecto.

Destaca la propuesta de ampliación a 250 metros como mínimo de la distancia que deben guardar los locales de apuestas respecto a los centros de enseñanza no universitaria ya que el proyecto normativo consolida los 100 metros que establece el Decreto 42/2019. Además, la organización sugiere reducir el plazo de adaptación a esta limitación de los 10 años actuales a 5 años.

Tanto el presidente de la Sección Sanitaria del Colegio de Abogados de Madrid, Juan José Bestard, como el presidente de la sección de Derecho Administrativo de la misma institución, Alberto Dorrego, dudan de la «viabilidad constitucional» de prohibir fumar en el coche, así como de otras medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el borrador del ‘Plan de Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025’.

El documento, que ya ha sido enviado a sociedades científicas y CCAA para que realicen aportaciones antes del 15 de diciembre, propone «antes del año 2023» aumentar los lugares libres de humo para que no se pueda fumar ni en los coches, ni en las terrazas de la hostelería ni en los parques infantiles, entre otros espacios exteriores. Por tanto, esta nueva normativa se trasladaría a una modificación de la Ley Antitabaco, vigente desde 2010.

Al respecto, Bestard ha advertido de que esto tendrá una «aplicación compleja». En cuanto a la prohibición de fumar en un vehículo propio, defiende que «hay cobertura jurídica siempre y cuando se busque proteger la salud de los acompañantes, sobre todo si son menores».

En cambio, «no habría justificación para prohibir fumar a una persona sola en un coche, a no ser que se apele a que constituye una distracción para el conductor», ha profundizado el experto en derecho sanitario, para incidir en que «limitar el derecho a fumar de una persona fumadora estando sola es discutible».

TERRAZAS Y PARQUES INFANTILES

Así, ha proseguido, «limitar el uso del tabaco en espacios abiertos es una medida que tiene el inconveniente de que tiene que ser efectiva y a la vez posible de controlar», ha señalado, para añadir que es «muy distinto» limitar el uso del tabaco en terrazas donde haya más gente, para salvaguardar la salud de estas personas, de limitarlo en un parque donde no hay nadie. «Va a ser complicado aplicar esta ley y ver si no se está excediendo o limitando algún tipo de derecho», ha añadido.

«Limitar el uso de una sustancia tóxica en un lugar donde no hay nadie más que la persona que lo utiliza impacta directamente sobre el derecho fundamental de la libertad personal, porque la persona no hace daño a nadie», ha insistido Bestard. «No habría un derecho jurídicamente protegido superior, que sería no dañar la salud de otra persona», ha explicado.

En la misma línea se ha mostrado el presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid. «En general, todas las normas sancionadoras tienen que tener por objeto proteger derechos de terceras personas. Entonces, toda medida sancionadora que solo tenga por objeto proteger al propio sujeto que está realizando la acción no tendría demasiado sentido», ha zanjado Dorrego.

Al igual que Bestard, el experto en Derecho Administrativo también ha mostrado recelo sobre cómo se aplicaría la prohibición de fumar en los coches dentro del marco jurídico. «Prohibir cuando van menores a bordo puede tener mucho sentido, sin embargo, si se prohíbe fumar en un coche siempre y en cualquier circunstancia, incurrimos en que no se está protegiendo a nadie», ha ejemplificado.

Por otro lado, ha defendido que la prohibición de fumar en zonas cercanas a colegios «puede tener sentido». «En muchos países esto ya está regulado, ya que está afectando a derechos de menores y se les está induciendo al consumo«, ha expresado.

MEDIDAS PUNITIVAS FRENTE A MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Con todo, el presidente de la Sección Sanitaria del Colegio de Abogados de Madrid ha criticado la falta de efectividad de estas medidas «punitivas» sobre la población, en comparación con los buenos resultados que se derivarían de la implantación de campañas de educación sobre los riesgos del hábito tabáquico desde la infancia y la adolescencia.

«Las medidas punitivas pueden tener su impacto, pero no hay color con las educativas y con las de concienciación de la población joven», ha expresado. «Es más fácil subir el precio y una multa que todo el proceso de educación, que dura años y cuyos efectos se verían a largo plazo», ha lamentado. «En estos temas no hay milagros, lo que hay es trabajo permanente durante muchos años con medidas muy a largo plazo», ha apostillado.

En relación con esto último, ha afirmado que medidas como las propuestas por Sanidad son «de muy cara implantación», ya que hay que incrementar el número de efectivos policiales. «Las medidas coercitivas y punitivas son muy difíciles de implementar. Además, la gente suele recurrir las multas, lo que se traduce en una mayor afluencia en los juzgados y en un encarecimiento de la vida cotididana de una sociedad», ha apuntado Bestard.

Por último, ha recordado que el tabaco «hace mucho daño y causa enfermedades que hay que curar». Por ello, prosigue, «cuantos más incentivos negativos se pongan para que la gente fume, más se reduce la exposición de las personas a este tóxico y más se disminuyen las enfermedades. De esta manera, se reduce la afluencia de pacientes en hospitales, y se ahorran costes para la sanidad», ha concluido.

La Universidad de Salamanca (USAL) ofrecerá espacios y recursos a los estudiantes para que organicen actividades de ocio sin alcohol, como concursos de bandas o competiciones deportivas, dentro de las fiestas de sus facultades, con el objetivo de promover un alternativa saludable.

Igualmente, fomentará y promocionará la incorporación de la población universitaria al programa municipal ‘Salamanca a Tope’, que el consistorio salmantino ha reanudado tras suspenderse por la situación sanitaria.

Así lo han dado a conocer las vicerrectoras de Salud y Asuntos Sociales, Ana María Martín, y Estudiantes, Celia Aramburu, que han presentado en rueda de prensa la iniciativa, acompañadas por el coordinador de Políticas Preventivas y Salud Pública de la universidad, Luis Félix Valero.

«Trabajamos en colaboración con los servicios de Asuntos Sociales, Deportes y con la Oficina Verde para reforzar las propuestas que ellos gestionan en material de voluntariado y cooperación, actividades deportivas y actividades sostenibles, como bases de una propuesta de ocio alternativa para nuestros estudiantes», ha explicado Ana María Martín, quien ha añadido la importancia de coordinarse con el Ayuntamiento de Salamanca para que el colectivo universitario se sume en mayor número a la oferta de ocio municipal.

Por su parte, ha explicado Aramburu, el Vicerrectorado de Estudiantes mantiene reuniones periódicas con los representantes de las asociaciones y delegaciones de alumnos, así como con los organizadores de las fiestas de los centros, para que sean ellos quienes propongan acciones alternativas de ocio que puedan ser apoyadas por la universidad cediendo espacios y aportando los recursos necesarios.

«Queremos que las fiestas de los centros trasladen la imagen institucional que queremos, y para ello es preciso proponer actividades distintas, como encuentros de bandas de música, sesiones de monólogos o festivales de variedades, y hacerlo de la mano de los propios estudiantes», ha señalado Celia Aramburu, quien ha anunciado que las facultades de Derecho y Ciencias Sociales han decidido posponer sus fiestas de centro para evitar situaciones de contagio masivo de COVID-19.

PANDEMIA

Por su parte, Luis Félix Valero ha aportado información relativa a la incidencia de la COVID-19 en la comunidad universitaria, «que sigue las mismas pautas que el conjunto de la sociedad, con un aumento de los casos en las últimas semanas».

Asimismo, ha recordado la labor de seguimiento e información que la USAL mantiene desde el comienzo de la pandemia, que incluye los cribados semanales a los estudiantes que realizan sus prácticas en entidades ajenas a la universidad, la campaña de vacunación en agosto de los estudiantes erasmus que se han ido durante el primer trimestre y de los de ciencias de la salud que llevan cabo prácticas en centros socios sanitarios, que recibirán la tercera dosis.

Otra de las medidas tomadas por la universidad desde comienzo de este curso ha sido una labor de «repesca» de estudiantes sin vacunar o inmunizados de forma incompleta, a la que en octubre acudieron 352, de los que el 78 por ciento no tenía ninguna dosis. En estos días se cierra una segunda ronda, con 165 nuevas solicitudes.

«Fuimos la primera universidad en cerrar las aulas y la primera en apostar por la presencialidad segura cuando se dieron las condiciones para ello, y queremos seguir liderando la lucha contra la COVID-19 a nivel universitario», ha concluido Ana María Martín, en compañía también, en representación de los alumnos, de los presidentes de los consejos de Delegaciones y Asociaciones, Juan Manuel Otero y Emilio Ferrero, respectivamente.

El volcán de La Palma y competiciones deportivas como la Eurocopa, LaLiga o la NBA protagonizan las búsquedas que los españoles han hecho en Google en los últimos doce meses, en las que también se cuelan preguntas para saber cómo se llama el martillo de Thor o por qué entra en erupción un volcán.

El tiempo, un clásico entre los clásicos, lidera la lista de las búsquedas generales en Google en 2021, una categoría en la que la actualidad tiene un papel destacado, con el volcán de La Palma, junto a los juegos de azar (Bonoloto) y las competiciones deportivas.

De hecho, la Eurocopa y LaLiga ocupan el segundo y el tercer puesto, respectivamente, en un Top10 que cierra el baloncesto de la NBA.

Los datos de lo más buscado del año, recogen, en el apartado de ‘¿Cuándo…?’, que los españoles se han interesado por cuándo juega España, es Black Friday y me toca vacunarme.

En las búsquedas ‘¿Cómo…?’, los españoles han consultado con el buscador cómo se llama el martillo de Thor, cómo saber si soy moroso y cómo va el Madrid, mientras que en las búsquedas ‘¿Por qué…?’, han intentado resolver sus dudas sobre por qué erupciona un volcán, sube la luz o se va Messi.

Google también ha destacado dos apartados de búsquedas, una relativa a deportistas, en la que lidera el podio Mbappé, Eriksen y Rafael Nadal (aunque también aparecen Ana Peleteiro, Paula Badosa y Simone Biles); y otra de cine, televisión y series, en la que destacan las búsquedas sobre tokyvideo, Supervivientes y Love is in the air.

«Las búsquedas pueden ayudarnos a encontrar un mundo lleno de información, y la forma en que utilizamos estas búsquedas puede ser una ventana al mundo. No sabemos qué nos deparará el 2022, pero de lo que no hay duda es que no pararemos de buscar», han señalado desde Google.

Fundación Endesa ha colaborado en el proyecto de iluminación de la torre de la Virgen María de la Sagrada Familia de Barcelona, un proyecto que ha superado «grandes retos técnicos y que se ha dotado con las últimas tecnologías».

En un comunicado de Endesa de este jueves, ha explicado que la estrella que corona la torre está formada por 12 puntas y un núcleo central que es dodecaedro con 12 focos –compuestos por 12 luminarias– enfocados hacia cada punta.

Han explicado que toda la iluminación de la torre utiliza la tecnología LED, que permite que el consumo energético «sea hasta 10 veces inferior al que tendría en caso de haber utilizado lámparas o focos de tecnología convencional».

Asimismo, la compañía ha detallado que la potencia de cada punta es de 43 vatios (W), que multiplicado por las 12 puntas, crea una potencia total de 516 W, «la misma potencia que requiere un ordenador de escritorio».

TONALIDAD ESTRELLA

Ha destacado que la tonalidad de la estrella es «de un tono más frío respecto al resto de la basílica», y ha explicado que para conseguir que la estrella destacara sobre el conjunto monumental han utilizado un tono más blanco.

La estrella se encuentra a 138 metros de altura, «una altitud considerable y que la deja muy expuesta a las condiciones meteorológicas. Por ello, su diseño y materiales finales se han tenido que hacer después de pasar varias pruebas en laboratorios especializados en materiales a prueba de relámpagos», han explicado.

También se tuvo en cuenta la temperatura, y la estrella ha sido preparada para soportar hasta 80 grados centígrados durante el día y se tomó como referencia los 42 grados centígrados por la noche, ya que es la temperatura máxima registrada a Barcelona en una noche.

Endesa ha destacado que los focos cuentan con unos sensores que se han incorporado en el sistema de control general de toda la iluminación del templo y que, así, si se superaran ciertos parámetros o algún foco tuviera un funcionamiento diferente al establecido, saltaría una alarma y se podría actuar de forma inmediata.

Diversas concentraciones han rechazado este jueves el último caso de violencia machista registrado en València el pasado viernes y han recordado a la víctima, Cristina, una joven de 30 años fallecida tras ser acuchillada por su pareja, un hombre de 35 años que ha sido detenido por un presunto delito de asesinato.

Las concentraciones se hecho ante ayuntamientos como el de València, Alicante, Castellón y Elche (Alicante); otras instituciones como la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el Palau de la Generalitat y las Corts Valencianes, y otros organismos como la Universitat de València, donde el detenido impartía clases en el doble grado de Criminología y Derecho como profesor asociado.

La concentración más multitudinaria ha sido la celebrada ante el Ayuntamiento de València con la participación de familiares y amigos de Cristina junto a concejales del equipo de gobierno en la capital valenciana y de la oposición y ciudadanos que se han sumado a este acto. En ella se han alzado rosas blancas hacia el cielo en memoria de la joven.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha abogado por luchar «juntos, hombres y mujeres» contra esta lacra social, «por las mujeres que ya no pueden denunciar ni gritar», ha destacado.

Calero ha indicado que «esto no es una cosa de mujeres, sino que es una cosa de hombres que sufrimos las mujeres», y ha agregado que «no hay clase social»: «El machismo ataca a todas las clases sociales, altas, bajas y medias», ha asegurado.

Por este motivo, ha señalado, en la concentración ante la Delegación del Gobierno, que «no es comprensible» lo que «dicen algunos grupos políticos, por acción o silencio, que dudan de la violencia machista. Eso no lo deberíamos consentir», ha abogado.

«Tenemos que hacer un llamamiento y un grito por esas mujeres que no pueden hablar y que encima se les victimiza doblemente: primero porque son víctimas de violencia machista y, segundo, por los que quieren tapar que existe esa violencia», ha dicho.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra ha destacado, durante la concentración ante el Palau de la Generalitat, la unidad de la sociedad valenciana frente al terrorismo machista. Así, ha lamentado «el brutal asesinato de Cristina, que tenía derecho a seguir cantando, a disfrutar de su falla, de su vida, de su juventud y de un futuro que tenía por delante».

Oltra ha recalcado «la importancia de mostrar la unidad de nuestro pueblo y de dar apoyo a las víctimas», así como a «sus familias y a la gente que la quería», al tiempo que ha manifestado «el absoluto rechazo a todos los asesinos machistas». «Para que todas las mujeres víctimas de la violencia machista sepan que estamos con ellas y en contra el terrorismo machista hasta que podamos vencerlo», ha apostillado.

Igualmente, ha recordado a María Amparo, la mujer muerta hace un año en Mislata (Valencia) que se pensó que fue por un accidente pero que se ha descubierto que también ha sido asesinada por su pareja.

«LISTA NEGRA DE LA VERGÜENZA»

La responsable autonómica ha agradecido la presencia del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, en este minuto de silencio y ha lamentado que María Amparo se sume a «la lista negra de la vergüenza de mujeres asesinadas en 2020». A esta concentración han asistido también el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha mostrado, tanto tras un acto de este partido como después de la concentración ante el Ayuntamiento de València, su «profundo rechazo» por la pérdida de Cristina y ha enviado un abrazo a sus allegados, a «la familia fallera y a todas las mujeres que puedan estar viviendo con mayor o menor intensidad esta lacra». «Tuve la ocasión de conocerla en las pasadas Fallas y todos nos hemos quedado fuera de rango», ha manifestado.

La portavoz de Cs en Les Corts, Ruth Merino, ha mostrado tras la concentración ante el consistorio valenciano el apoyo de esta formación a la familia de la víctima y ha afirmado que ante estos casos es necesario «estar todos unidos». «Aquí no valen los colores políticos. Esto es una lucha de la sociedad civil que nos afecta a todos, que nos puede tocar a todos. Necesitamos políticas eficaces para conseguir una igualdad real y mucha educación para acabar con esta lacra», ha dicho.

La concejala de Igualdad en València, Lucía Beamud, ha expresado la condena del consistorio de la capital valenciana al «asesinato machista» de Cristina y ha indicado que esta muerte «golpea fuertemente a todos los valencianos y valencianas», al tiempo que ha valorado la respuesta de los numerosos ciudadanos que han participado en la concentración.

«Lo que tenemos que decir todos juntos, todos los valencianos y valencianas, es que ya basta de violencia machista, de la violencia que se hace hacia las mujeres. Esa es la respuesta que hemos de dar como sociedad», ha subrayado, a la vez que ha resaltado la necesidad de condenar «fuertemente» estos crímenes.

«Hicimos el protocolo de pésame el año pasado y tristemente lo hemos tenido que activar para decir claro que ya hay bastante de violencia hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres», ha agregado Beamud.

«REDOBLAR ESFUERZOS»

Tras ella, la vicealcaldesa de València y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha dicho que «faltan palabras para expresar el dolor que siente la sociedad». «Nos hemos reunido para condenar una nueva víctima del terrorismo machista, que continúa presente en nuestros entornos. Tenemos que redoblar esfuerzos en la protección y prevención. Nos queda mucho de camino para mejorar y tenemos que trabajar para que haya una posición unánime y política, sin que nadie se ponga de perfil a la hora de luchar contra la violencia machista», ha expuesto.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha apuntado que «es inexcusable no estar hoy aquí», junto a la familia y amigos de Cristina en este minuto de silencio, ha destacado la respuesta de condena de los valencianos a su asesinato y ha pedido que «caiga todo el peso de la ley, sin miramientos y sin contemplaciones, sobre el culpable» de esta muerte.

La Guardia Civil tiene constancia sólo del rechazo en frontera de tres adultos marroquíes al ser interceptados a nado en la playa del Tarajal (Ceuta) el 28 de noviembre, el día señalado por varias ONG en su denuncia por la supuesta expulsión de dos menores sobre los que pesaría la prohibición de la Justicia para ser repatriados.

Varias organizaciones humanitarias que trabajan directamente con los menores migrantes en Ceuta han denunciado este jueves la expulsión de la ciudad autónoma de dos menores marroquíes, de 15 y 16 años. La Fiscalía ha abierto diligencias y pedirá las grabaciones del puerto y de la frontera, como reclaman las entidades, que denuncian un «grave incumplimiento de la ley».

Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil han matizado esta versión de los hechos al señalar que la Compañía Fiscal que presta servicio en la Aduana del Tarajal sólo tiene registrada una intervención el 28 de noviembre, cuando las ONG denuncian esta supuesta expulsión de menores.

Según las citadas fuentes de la Guardia Civil, ocurrió a las 17.10 horas al detectarse la presencia de tres personas que a nado desde aguas de Marruecos alcanzaron la costa de Ceuta, siendo interceptados en la playa del Tarajal.

Las personas interceptadas eran migrantes de origen marroquí, varones y mayores de edad, que fueron «rechazados por la Aduana del Tarajal sin ningún tipo de padecimiento físico, haciéndose cargo de ellos la policía marroquí». La actuación, explican, se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y la normativa internacional que ha fijado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

LA VERSIÓN DE LAS ONG

Según la denuncia de Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen, Maakum y Fundación Raíces, los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre cuando los menores, llegados a España en la crisis migratoria del mes de mayo, se encontraban en el puerto de Ceuta junto a un amigo intentando subir a nado a un barco con destino a Algeciras (Cádiz).

La versión de las ONG es que fueron interceptados en el agua por una embarcación de la Guardia Civil y trasladados a una comisaría, en donde se les tomó declaración. En este proceso, según han denunciado las entidades, se produjeron diversas irregularidades, como que los menores no tuvieran intérprete o representación legal, así como la asistencia de alguien del área de menores de Ceuta.

Tras la denuncia de las ONG, la Fiscalía ha acordado abrir diligencias de investigación para esclarecer estos hechos. En concreto ha aceptado las reclamaciones que Fundación Raíces incluye en su denuncia como la recogida de imágenes del puerto de Ceuta y del paso fronterizo del Tarajal del pasado 28 de noviembre; la grabación de audios de todas las comunicaciones del Centro Operativo de Servicios (COS); o las minutas de intervención de los agentes de la Guardia Civil que actuaron ese día.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este jueves que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «cumplen siempre la ley» en materia migratoria. «Evidentemente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplen estrictamente la ley; nosotros daremos la información que sea requerida por las autoridades judiciales o competentes, pero tranquilidad, se ha cumplido, se cumple y se cumplirá siempre la ley», ha señalado antes de reunirse con sus homólogos europeos.

La nueva denuncia de las ONG se ha tramitado tras frenar la justicia ceutí el pasado mes de agosto el procedimiento de retorno de menores no acompañados que accedieron a la ciudad autónoma en mayo. Tanto el Ministerio del Interior como la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo ceutí habían defendido el procedimiento de devolución en el marco de un acuerdo bilateral con Marruecos.

Los nacimientos han seguido bajando este año, un 3% hasta octubre, mientras que las muertes han caido un 8% y se sitúan por debajo de las cifras registradas en el mismo periodo de 2020, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de los nacimientos, un total de 281.712 niños han nacido en España en los 10 primeros meses de 2021, lo que supone 8.742 menos (cerca del 3%) que en el mismo periodo de 2020. Además, esta cifra representa 44.500 menos nacimientos que en esos mismos meses de 2017.

Por años, los nacimientos en España durante los 10 primeros meses de cada año registran una tendencia constante a la baja ya que se sitúan en 281.712 en 2021; 290.454 en 2020; 299.944 en 2019; 309.794 en 2018; 326.249 en 2017 y 342.610 en 2016.

En cualquier caso, en octubre de 2021 hubo 30.515 nacimientos en España, 253 más que en octubre de 2020, cuando nacieron 30.262 niños por lo que, por cuarto mes consecutivo, se superan los 30.000 nacimientos, según la estimación de nacimientos mensuales del INE, un proyecto que tiene como objetivo la estimación del número de nacimientos ocurridos desde enero de 2021 y su comparación con los datos históricos desde el año 2016.

Además, en las 46 primeras semanas de 2021, han fallecido en España 397.983 personas, 34.743 menos (-8,0%) que en el mismo periodo de 2020, según la estimación de defunciones semanales del INE. En este caso, respecto al año pasado, la tendencia sí se ha invertido con 397.983 defunciones en 2021 frente a las 432.726 de 2020. Sin embargo, las defunciones siguen por encima de las de los tres años anteriores: en 2019 hubo 365.282 fallecimientos; en 2018, 374.693; y en 2017, 366.241.

NACIMIENTOS Y BODAS CAEN EN 2020, CUANDO SUBE LA MORTALIDAD

Por otro lado, según los resultados definitivos de nacimientos, defunciones y matrimonios correspondientes a 2020 publicados este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), un año marcado la pandemia del coronavirus, el año pasado hubo 341.315 nacimientos (un 5,35% menos respecto a 2019), 493.776 defunciones (17,93% más) y 90.670 matrimonios (un 45,55% menos).

En el caso de los nacimientos, esta cifra refleja una disminución del 30,3% desde el año 2010 y continúa con la tendencia a la baja de la última década, sólo interrumpida en 2014. El descenso en el número de nacimientos se observó a lo largo de todos los meses de 2020, aunque se acentuó a partir de noviembre, con un 10,9% menos en noviembre y un 21,5% en diciembre respecto a los mismos meses del 2019.

De los nacimientos del año pasado, 166.473 fueron de niñas (-4,92%) y 174.842 de niños (-5,76%). Por otro lado, 264.128 de los nacimientos fueron de madres de nacionalidad española (-5,68%) y 77.187 procedieron de madres extranjeras (-4,20%). La edad media a la que una mujer tiene su primer hijo en España es de 31,22 años.

Respecto a las defunciones, hubo 493.776 fallecimientos, lo que supone un incremento del 17,93% respecto a 2019. Del total de fallecidos, 249.664 fueron hombres (un incremento del 17,39%) y 244.112 mujeres (un aumento del 18,49%). Respecto a la esperanza de vida al nacimiento, en 2020 se sitúa en 82,33 años, siendo de 79,59 años en el caso de los hombres y 85,06 años en el caso de las mujeres.

En cuanto a los matrimonios, hubo un total de 90.670, un 45,55% menos que en 2019, de los que 71.925 fueron enlaces con ambos cónyuges son españoles (-47,35%); 15.707, con uno de los cónyuges extranjero (-37,59%) y 3.038 con ambos cónyuges extranjeros (-36%). Además, se celebraron 87.481 bodas entre cónyuges de distinto sexo (-45,79%) y 3.189 entre personas del mismo sexo (-37,97%).

España ha registrado hasta la semana 46 del año, que finalizó el pasado 21 de noviembre, un total de 397.983 defunciones, lo que supone un descenso del 8 por ciento respecto al mismo periodo del año 2020, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así lo recoge el INE en la última actualización de la estadística experimental lanzada en 2020 para estudiar las defunciones semanales ocurridas durante la pandemia, en el marco de su información para el análisis del impacto de la crisis del coronavirus.

Se trata de una estimación realizada con un modelo diseñado para este proyecto, puesto que los datos oficiales de defunciones que transmiten los registros civiles se comunican con un considerable retraso.

De acuerdo con esta estimación de defunciones semanales del INE, durante las 46 primeras semanas del año ha descendido el número de fallecimientos por cualquier causa, recuperando poco a poco los niveles prepandemia.

Así, mientras que fallecieron 397.983 personas en 2021 en este período, en 2020 fueron 432.726, coincidiendo con los peores momentos de la pandemia de COVID-19. En años anteriores, antes de la aparición del virus, las cifras eran de 365.282 en 2019, 374.693 en 2018 y 366.241 en 2017.

Por edades, frente a 2020, cuando aún no se contaba con vacunas aprobadas contra la COVID-19, han fallecido 10.027 menos hombres y 3.302 mujeres mayores de 90 años. En cuanto a los de 85 a 90 años, se han producido 6.991 defunciones menos de hombres y 4.241 menos de mujeres.

De 80 a 84 años, por ejemplo, ha habido 4.517 menos muertes de hombres y 3.540 de mujeres. El único grupo en el que se han incrementado las muertes es el de 60 a 69 años. En concreto, han muerto 267 mujeres más de 60 a 64 años y 164 hombres más en este rango de edad. De 65 a 69, han fallecido 347 mujeres y 124 hombres más.

DEFUNCIONES ESTIMADAS EN LAS 21 PRIMERAS SEMANAS DE 2020

Al centrar los datos en el 2020, el INE destaca el número estimado de defunciones en España durante las 21 primeras semanas del pasado año, es decir hasta el 24 de mayo. Así, según informa, asciende a 225.930 personas, lo que supone un aumento del 24,1% (43.945 más) respecto al mismo periodo del año anterior.

La semana del año 2020 con mayor número de defunciones fue la 14, que va del 30 de marzo al 5 de abril, con 20.575 personas fallecidas, un 154,6% más que en la misma semana de 2019.

Por su parte, durante las semanas 12 a 16 (desde el 16 de marzo al 19 de abril) el incremento de defunciones fue siempre superior al 50%. En la semana 21, última estudiada, el número de defunciones se estima en 7.470 personas, cifra similar al de la misma semana de 2019, cuando hubo 7.429 fallecimientos.

Por edades, los mayores aumentos acumulados de defunciones en las primeras 21 semanas se dan entre los mayores de 90 años (con 12.824 fallecimientos más, un 27,2% más que en el mismo periodo de 2019) y en los del grupo de edad de 85 a 89 años (con un aumento de 10.006 fallecimientos, un 25,0% más). Por su parte, en las edades inferiores a 54 años apenas hay diferencias respecto a las defunciones registradas en las mismas semanas del año 2019.

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos de defunciones en las 21 primeras semanas del año se dan en Madrid (72,7%), Castilla-La Mancha (58,0%) y Cataluña (41,0%). Por el contrario, los menores incrementos se observan en Baleares (0,5%) y Murcia (1,1%).

La familia de Déborah Fernández Cervera, cuyo cadáver apareció en una cuneta en O Rosal en 2002 rodeado de pistas falsas, ha lanzado este jueves un órdago a la Fiscalía: si no acepta que se cite a declarar como imputado al principal sospechoso de su muerte, que pida el archivo de la causa (y argumente los motivos) y se acabe el «paripé», ante la proximidad de la fecha de prescripción del delito, en abril del año que viene.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa uno de los abogados de la familia, Ramón Amoedo, que ha hecho un relato minucioso de los obstáculos con los que han tenido que lidiar desde que la investigación judicial se reabrió en 2019, y que se suman a las presuntas negligencias que la familia ha denunciado desde el principio de la instrucción.

El letrado ha confirmado que el pasado 26 de noviembre ha vuelto a solicitar, una vez más, que se cite a declarar al principal sospechoso por la muerte de la joven, una persona «que no ha sido señalada por la familia», sino por su propia declaración (en sede policial), por las de otros testigos, o por los últimos atestados de los investigadores.

Al respecto, se ha vuelto a referir al atestado de 2010, el llamado ‘informe Arkano’, que ha sido recientemente ratificado en sede judicial y en el que el policía que lo instruyó expresa «con contundencia» sus sospechas, e incluso alude al perfil psicológico de esa persona. Según ha recordado, los investigadores han recogido por escrito su «absoluta convicción» de que esa persona «está implicada en la desaparición y muerte» de Déborah.

De hecho, ha cuestionado el abogado, «si no fuera sospechoso, ¿por qué la Policía ha inspeccionado su coche en 2021, un arcón congelador y cierta ropa de cama que fue de su propiedad?». «No quieren citarlo como testigo porque hay muchas pruebas contra él, pero tampoco como imputado porque se supone que las pruebas no son suficientes», ha afirmado.

Ramón Amoedo ha incidido en que, «si reabrieron el caso en 2019 para investigar, pues que investiguen, y si la Policía apunta a un sospechoso, que lo citen a declarar». «Si reabrieron el caso para lavar conciencias no lo han logrado, y si quieren cerrarlo el 30 de abril de 2022 por prescripción del delito, ciérrenlo ya. No vamos a permitir una segunda muerte de Déborah», ha sentenciado el abogado.

ORDENADOR MANIPULADO PARA BORRAR SU CONTENIDO

La familia de Déborah y sus representantes legales han denunciado siempre, especialmente tras la reapertura del procedimiento, las numerosas irregularidades y actuaciones tanto policiales como judiciales «inexplicables» o «sorprendentes», que han obstaculizado a su juicio la investigación de la muerte de la joven.

El abogado Ramón Amoedo ha mencionado este jueves algunas de ellas, que se suman ahora a otra piedra en el camino. Y es que los primeros indicios recogidos en el informe encargado a una firma especializada (la misma que colaboró en la resolución del caso de Diana Quer), que analizó el ordenador personal de Déborah, arrojan un dato sorprendente: dicho ordenador «está manipulado con el fin de borrar su contenido».

Así, a falta de que el análisis esté concluido, todo parece indicar que alguien con conocimientos informáticos se encargó de manipular ese ordenador, en el que no queda rastro ni de correos electrónicos, ni descargas, ni historial de conexiones a internet o mensajes de Messenger. Se trata de un equipo que estuvo en la casa familiar de la víctima hasta 2006, cuando lo recogió la Policía, y permaneció bajo custodia policial hasta que se reabrió el caso y la jueza accedió a la petición de los abogados de encargar un análisis pericial (tras fracasar los intentos de los expertos de la Guardia Civil).

PRUEBAS SOLICITADAS Y OPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

Según ha criticado Ramón Amoedo, el informe del experto que confirma la muerte homicida fue «ninguneado», «se han permitido declaraciones falsas en el juzgado, gente que ha mentido de manera reiterada», e incluso se ha permitido que unos testigos se comunicasen con otros por wasap antes de comparecer. Como ejemplo de estos «despropósitos», se ha referido a la actuación del inspector de homicidios de la Comisaría de Vigo que llevó el caso en 2002, y que llegó a manifestar ante la jueza que no había participado en la toma de declaraciones, cuando su firma figura en casi una veintena de ellas.

Por otra parte, el letrado ha subrayado que, en los últimos dos años, ha sido la familia la que se ha movido para solicitar la práctica de pruebas, como el cribado de ADN a casi una treintena de personas (siguen pendientes del cotejo), la declaración de numerosos testigos, ha encargado informes periciales, la exhumación del cadáver de Déborah y otras diligencias, y en la mayor parte de los casos con la oposición de la Fiscalía.

Asimismo, ha apuntado que, al cuestionar a la Policía por qué no habían detenido al principal sospechoso ante las pistas que tenían, los investigadores revelaron que quisieron apuntalar sus indicios solicitando otras diligencias, entre ellas, el pinchazo telefónico o la realización de un informe psicológico, pero que les fueron denegadas por el juzgado.

Llegados a este punto, ha explicado Amoedo, hay que «poner las cartas boca arriba». «Si considera la Fiscalía que esto no tiene recorrido, que pida el archivo, y que explique por qué», ha insistido, antes de lamentar que «parece que quieren que llegue el 30 de abril para cerrar el caso y decir que han hecho todo lo que han podido».