El líder de Cs en Cataluña y jefe de la oposición, Carlos Carrizosa, ha opinado que "se ha hecho justicia y que ha ganado la libertad" con la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, confirmada por el Tribunal Supremo (TS).

En rueda de prensa este lunes, ha criticado que Torra "se prevalió de su posición de presidente de la Generalitat para usar un edificio público para hacer propaganda de una candidatura electoral" y ha considerado que, ante la justicia, no se pueden hacer distinciones entre ciudadanos de a pie y presidentes de la Generalitat.

"El separatismo en un Estado democrático no tiene impunidad, como no la tiene nadie que vulnere las leyes. Por eso Torra tampoco la tiene. Y ha ganado la libertad porque el presidente de un poder ejecutivo no se puede burlar del poder judicial", ha considerado.

Y ha añadido: "El señor Torra reconoció ante el Tribunal que había desobedecido las leyes y pensaba que por el hecho de ser presidente de la Generalitat podía salir impune, y eso no es así.

Ante la convocatoria de movilizaciones contra la inhabilitación, ha dicho que "los que no se manifiestan pacíficamente deben ser perseguidos por la ley" y ha pedido a todas las fuerzas políticas dar ejemplo y pedir a toda la ciudadanía que acate la sentencia para evitar que Cataluña vuelva a ser ejemplo en todo el mundo de disturbios y de incendios, según ha dicho.

NUEVAS FÓRMULAS Y ELECCIONES

Cs se ha empezado a poner en contacto con el resto de partidos de la oposición para "buscar fórmulas que garanticen que Cataluña no quede bloqueada en tiempos de pandemia" y ha instado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a proponer una candidatura y a convocar elecciones.

En ese sentido, ha criticado el informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat, que constata que Torrent tendrá margen para activar el reloj de las elecciones y para ajustar el calendario electoral después de la inhabilitación: "Discrepamos de que haya que acudir a interpretaciones de lo que está claro en la ley".

Por eso ve necesario que Torrent proponga una candidatura ante el pleno "para que se desbloquee el Parlament y para dejar de tener un Govern en funciones" y haya elecciones.

En caso de nuevas elecciones, Carrizosa ha dicho que insistirán en una coalición de partidos constitucionales "que consiga, por fin, introducir en la política catalana un nuevo gobierno que haga un 'reset' en las instituciones y en la política catalana decadente y problemática" de los últimos 10 años.

Preguntado por si tiene intención de presentarse para ser investido presidente, ha aclarado que hablará con el resto de formaciones políticas para decidir si presentan un candidato de consenso: "De momento se tiene que hablar con el resto de partidos y decidir qué acciones tomaremos", y aboga por tener el máximo consenso.

"Tenemos que garantizar a los catalanes que Cataluña no entra en un nuevo bucle de parálisis a instancia del separatismo, que coge de rehenes a las instituciones y a todos los catalanes para evitar que se cumplan las leyes", ha concluido.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes, tras la inhabilitación del hasta ahora presidente de la Generalitat, Quim Torra, que deben convocarse elecciones "de inmediato", al tiempo que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Cataluña".

Así se ha pronunciado después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya confirmado la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta a Torra por un delito de desobediencia, lo que supone incapacitarlo para el cargo que actualmente ocupa. Ratifica, tal y como sentenció en su día el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que desobedeció de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central (JEC) encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones.

"El Gobierno debe garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Cataluña, donde se deben convocar elecciones de inmediato", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Además, ha subrayado que "gracias a la denuncia del PP ante la Junta Electoral Central, Torra ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo". Según el líder del PP, esa inhabilitación hace que "no pueda ser presidente de la Generalitat en el marco del Reglamento del Parlament de Cataluña".

ELECCIONES YA PORQUE "SI NO ES UN FRAUDE DE LEY"

Ya esta mañana, antes de conocer esa decisión del Supremo, Casado había asegurado --en una entrevista en Onda Cero-- que si Torra era inhabilitado debería haber elecciones "cuanto antes" en Cataluña porque "si no es un fraude de ley".

Además, ha dicho que espera que la "lógica parlamentaria opere" en el Parlament para que empiecen a correr los plazos de una convocatoria electoral y la situación no quede supeditada a la estrategia que más convenga a los independentistas.

Preguntado después si apoya que un grupo de la oposición presente un candidato a la investidura para que empiece a correr el plazo y en dos meses haya elecciones en Cataluña, ha indicado que su partido cuenta con una representación en el Parlamente "que es la que es", en alusión a que solo logró cuatro escaños en los últimos comicios.

"Esperemos que sea la propia lógica parlamentaria la que opere en este caso", ha dicho, para defender a continuación "que esto no quede en manos de la estrategia de los independentistas" y la situación que "más convenga" a sus intereses electorales.

Dicho esto, ha señalado que ésa va a ser la posición que defenderá el PP dentro del constitucionalismo y ha recalcado que su partido ha sido "decisivo para parar el golpe que intentó dar Puigdemont". "Estoy convencido que cuando sean las elecciones a Alejandro Fernández se le reconocerá la labor que ha hecho el PP en Cataluña", ha apostillado.

"NO SABEMOS QUIÉN MANDA, SU JUNQUERAS O PUIGDEMONT"

En la misma entrevista, Casado ha afirmado que en España "la impunidad no debe existir" como "pretenden" los independentistas y "ahora el Gobierno" al plantear "indultos o modificación del Código Penal a la carta" para los condenados por el 'procés'.

Además, ha aludido a la situación de los partidos independentistas y ha dicho que "el engendro en que se han convertido las alianzas políticas en Cataluña es más de diván psicológico que de comentario político".

"No sabemos ya quién manda. Si manda Junqueras desde la cárcel; si manda Puigdemont desde Waterloo; el señor Torra, el presidente interpuesto o conseller en cap que pueda nombrar de aquí a que le inhabiliten, aunque parece que ya no le da tiempo; o el vicepresidente Aragonés", ha enfatizado.

Casado ha asegurado que lo que a él le preocupa es el papel que está teniendo en esta situación el Gobierno de España porque "está dejando hacer". "Y no es un buen mensaje que mientras el Tribunal Supremo hace su trabajo, resulta que lo único que anuncia el señor Sánchez es que va a indultar a aquellos que están en la cárcel por dar un golpe a la legalidad y que va a cambiar el delito de sedición, que es justo lo contrario a lo que dijo en campaña", ha manifestado.

"UNA CRISIS INSTITUCIONAL DE PRIMER ORDEN"

El líder de los 'populares' ha subrayado que es un "mensaje bastante inquietante y perturbador" que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que va a tramitar los indultos de los condenados por el 1-O.

"Lo que está pasando es una crisis institucional de primer orden, en la cuál lo que se hace es acercar presos etarras para contentar a Bildu y contentar a aquellos que han dado un golpe a la legalidad constitucional prometiendo una tramitación de indultos o una modificación del delito de sedición", ha proclamado.

Según Casado, ahora "el colmo es avalar, callar y otorgar ante las declaraciones incendiarias del ministro comunista Garzón y del vicepresidente populista Pablo Iglesias contra la Casa Real y su majestad el Rey", ha enfatizado.

Tras asegurar que lo que está ocurriendo es "inadmisible", ha recalcado que el "único responsable" es Pedro Sánchez al dar "carta de naturaleza a esas alianzas" para "lograr unos votos" pero a cambio de "degenerar las instituciones españolas".

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha afirmado hoy que la segunda oleada de la pandemia de coronavirus está "en claro descenso" en Cantabria, tras dos semanas de retroceso.

"Podemos decir que ahora mismo que estamos en franco descenso con respecto al número de casos diarios y el número de casos acumulados semanales. Por lo tanto, en principio, ahora mismo, estamos en claro descenso en esta segunda oleada o en esta segunda parte de la pandemia", ha asegurado el consejero a preguntas de la prensa tras reunirse con la Federación de Municipios de Cantabria.

Rodríguez ha matizado que la distribución de casos no es igual en todos los municipios y de hecho, la incidencia acumulada varía mucho de unos a otros, pero en estos momentos tampoco hay ninguno que "preocupe especialmente" a Sanidad porque en los que tienen una incidencia acumulada muy alta los casos están "muy localizados". Además, son municipios con poca población por lo que unos "pocos casos" hace que se dispare la incidencia acumulada.

"Por lo tanto, en principio, ahora mismo la situación es buena", ha insistido el titular de Sanidad, para quien otro dato positivo es que el 61% de los casos que se detectan en Cantabria son asintomáticos. "Eso es muy buena señal", ha dicho, apuntando que la media en España está en torno al 50%. En esta comunidad, el 8% de las PCR resultan positivas.

Al hilo, Rodríguez ha anunciado que el corauto del Palacio de Deportes de Santander se quedará allí definitivamente tanto por la necesidad de "descongestionar" el de Liencres como para ofrecer una alternativa a las personas que no pueden ir en coche.

"De momento solamente va a ser abierto para los coches, pero tenemos la idea de que haya también una línea para personas que quieran desplazarse andando", ha apuntado.

Además, el consejero ha anunciado que la "idea" que baraja su departamento es que los centros de salud de poblaciones "alejadas" de los corautos de Santander, Laredo y Torrelavega, como Potes o Reinosa, puedan realizar la toma de muestras de PCR para evitar desplazamientos.

"Ahora mismo, zonas tan lejanas como Potes o Reinosa tienen que desplazarse a Torrelavega y la idea es tener puntos en las zonas más alejadas que puedan hacer la PCR en el ámbito de los centros de salud", ha avanzado Rodríguez, apuntando que, "en principio", sería para los municipios "más alejados" pues "no es una medida que quedamos generalizar", fundamentalmente porque el mayor peligro de contagio de los profesionales es cuando manejan equipos de protección.

Preguntado si Cantabria bajara alguna medida de cara a las fiestas de Navidad, como Cataluña, que ya ha apuntado la posibilidad de restricciones en las comidas familiares y que no haya Cabalgata de Reyes, el consejero ha dicho que aquí "no trabajamos específicamente en ese escenario", pero si las condiciones de la pandemia "no se modifican", la normativa regional ya establece límites en cuanto a reuniones y actos multitudinarios que exigen una autorización previa de salud pública.

"Por lo tanto, si hay algún acto multitudinario, pues tendrá que someterse a esa autorización previa de Salud Pública", ha apuntado, subrayando que "si las cosas empeoran, también tenemos previsto endurecer las medidas".

"Nosotros, ahora, estamos en claro descenso, va bien Cantabria, pero si en algún momento empeorase, pues podríamos endurecer las medidas", ha asegurado.

Euskadi ha detectado este pasado domingo 354 nuevos contagios de covid-19, lo que supone 125 positivos menos que el día anterior, y un porcentaje del 5,8% respecto al total de 6.061 pruebas PCR realizadas, menos de las practicadas en la jornada previa (9.676). Sin embargo, se ha incrementado el número de ingresados en UCIs hasta 55, cinco más.

Según los datos hechos públicos este lunes por el Departamento vasco de Salud, ha ascendido el porcentaje de contagios sobre el total de pruebas respecto a la jornada anterior, cuando fue del 4,9%.

De este modo, y por territorios, la cifra de nuevos contagios se ha reducido en Bizkaia hasta los 176 casos (100 menos que el día anterior). Bilbao concentra el mayo número de casos, un total de 59 frente a los 93 de la jornada anterior. Portugalete suma 16 nuevos positivos, Santurtzi diez más, y Getxo otros diez contagios nuevos, mientras que Barakaldo añade 9 positivos más, frente a los 56 de la jornada precedente.

En Álava se han dado 74 casos (14 menos), de los que 67, diez menos que en el día anterior, se ha detectado en Vitoria, mientras que en el caso de Gipuzkoa, se han detectado 90 contagiados, lo que representa 23 menos que el día anterior. San Sebastián suma 23 nuevos positivos (cinco menos), Errenteria ocho, y Azkoitia siete.

Asimismo, se han producido 14 casos en personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que supone cuatro más que en la jornada precedente.

En los hospitales vascos, a lo largo de este domingo ingresaron en planta 24 personas por covid, frente a las 20 del día anterior, y en las UCIs hay actualmente 55 pacientes con esta enfermedad, cinco casos más que el día previo. Las personas que siguen hospitalizadas en planta son 273 mientras que en el día previo eran 255.

El índice RO (el número reproductivo básico que indica cuántas personas son susceptibles de ser contagiadas en promedio por un solo infectado) se sitúa en 0,92 para el conjunto de Euskadi, frente al 0,91 de la jornada anterior.

EDADES

Del total de 354 nuevos positivos, 176 son mujeres y 178 hombres.Por edades, se concentran las mayores cifras de positivos en las franjas comprendidas entre 30 y 39, con 53 nuevos contagios, y entre 10 y 19, con 46 positivos. Otros 46 casos se han dado en personas de 40 a 49 años, 45 positivos entre edades de 50 a 59 años y otros 41 casos en la franja de 20-29 años. Los niños menores de nueve años concentran 28 casos y los de 60 a 69 años, otros 38 nuevos contagios.

Entre el colectivo de mayores --más propensos a sufrir complicaciones graves por covid que las de otros grupos de edad--, se han registrado 15 nuevos casos entre personas de entre 70 y 79 años, 17 nuevos positivos entre los mayores de 80 a 89 años y 6 en mayores de 90 años.

La Guardia Civil ha detenido en la diputación de La Palma, en Cartagena, a un encargado agrícola de 58 años como presunto autor de una veintena de delitos de agresión sexual, abuso y acoso sexual y contra el derecho de los trabajadores extranjeros, informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició cuando responsables del sindicato CCOO con sede en Murcia pusieron en conocimiento de la Guardia Civil posibles agresiones sexuales, cometidas en el ámbito laboral, sobre trabajadoras extranjeras en situación de precariedad.

Especialistas en Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación y localizaron a cinco mujeres que, debido a su situación irregular en España, no habían denunciado los supuestos casos de acoso, abuso y agresión sexual a los que, al parecer, venían siendo sometidas desde su llegada a Torre Pacheco.

Si bien no mantenían una relación personal entre ellas, existía un relato común. Todas se habían desplazado a Murcia desde otras provincias para encontrar trabajo y contactaron con compatriotas dedicados a reclutar empleados para el sector agrícola del Campo de Cartagena.

De esta forma, iniciaron su relación laboral con un individuo que les facilitó su incorporación laboral y que, además, las trasladaba hasta las fincas donde debían realizar su jornada.

Debido a su precaria situación, tanto económica como social --ya que la mayoría desconocen el idioma, carecen de recursos y de permiso de trabajo-- obedecían a este mediador que se encargaba de trasladarlas a las fincas y de pagarles la jornada a un precio, generalmente, por debajo al establecido para el sector, ya que incluso les detraía el gasto correspondiente a su traslado.

Esta situación de grave vulnerabilidad fue aprovechada por el sospechoso para consumar agresiones sexuales, bajo amenaza de perder sus empleos e incluso de ser deportadas si presentaban denuncia.

La información obtenida puso de manifiesto que, de forma sistemática, el supuesto agresor habría cometido más de una veintena de delitos contra la indemnidad sexual tales como agresiones, abusos y acoso; y otros contra el derecho de los trabajadores, ya que en algún caso las víctimas ejercieron su labor bajo la identidad de otras mujeres, que trabajaban o habían trabajado de forma legal.

Las indagaciones practicadas para localizarlo permitieron averiguar que acudía desde hacía años a una finca, sita en La Palma (Cartagena), donde cuidaba de unos animales domésticos de su propiedad y realizaba algunas tareas agrícolas, lugar que se perfilaba como el punto al que conducía a sus víctimas, apartándolas del resto de trabajadores durante la jornada laboral para someterlas a los abusos descritos.

Efectivos del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil reunieron la información necesaria y establecieron, junto a especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil de Torre Pacheco, varios dispositivos dirigidos a la localización del sospechoso.

El pasado sábado, ante las sospechas que pudiera cometer una nueva agresión sexual, la Benemérita se desplazó a la finca de La Palma y lo localizó cuando salía del recinto. En las instalaciones, los agentes hallaron una antigua estancia, similar a una cuadra, con un colchón en el suelo donde, presuntamente, consumaba las agresiones.

En ese momento fue detenido como presunto autor de una veintena de delitos contra la indemnidad sexual (agresión, abuso y acoso) y contra el derecho de los trabajadores.

El arrestado ha pasado este lunes a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena. La operación continúa abierta, no descartándose que el número de víctimas sea superior.

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha designado a los nuevos miembros de los Comités Autonómicos del partido, manteniendo a Ignacio Aguado y a Juan Marín como coordinadores en Madrid y Andalucía, respectivamente. En cambio, en Castilla y León y Murcia, no serán Francisco Igea e Isabel Franco quienes estén al frente de la formación naranja, sino Gemma Villarroel y Ana Martínez Vidal.

En la reunión celebrada este lunes, la Ejecutiva nacional de Cs ha decidido confirmar a los coordinadores autonómicos del partido --antes llamados portavoces-- en siete comunidades: Andalucía (Juan Marín), Madrid (Ignacio Aguado), Asturias (Nacho Cuesta), Castilla-La Mancha (Carmen Picazo), Navarra (Carlos Pérez Nievas), Galicia (Beatriz Pino) y La Rioja (Pablo Baena).

En otras ocho autonomías, la dirección encabezada por Inés Arrimadas ha sustituido a los líderes del partido, mientras que en Murcia y Canarias ha nombrado a los miembros de los nuevos comités autonómicos que sustituyen a las gestoras que había en estas dos comunidades.

En Canarias, ha sido designado como coordinador Enrique Arriaga; y en Murcia, Ana Martínez Vidal, diputada en la Asamblea Regional y consejera de Empresa, Industria y Portavoz en el Gobierno de coalición de PP y Cs.

De los cuatro vicepresidentes de gobiernos autonómicos que tiene actualmente Ciudadanos, solo dos --Aguado y Marín-- serán al mismo tiempo los coordinadores autonómicos del partido en sus respectivos territorios.

Por contra, ni Isabel Franco ni Francisco Igea, vicepresidentes en los ejecutivos del PP y Cs en Murcia y en Castilla y León, liderarán el partido en estas comunidades. De hecho, ni siquiera forman parte de los nuevos Comités Autonómicos.

NUEVOS COORDINADORES EN DIEZ COMUNIDADES

En el caso de Castilla y León, la elegida como coordinadora autonómica es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel, que ocupa el lugar de Luis Fuentes, actual presidente de las Cortes regionales.

Otras comunidades donde han cambiado los coordinadores autonómicos son Cantabria, donde Félix Álvarez vuelve a ocupar el cargo tras haber dimitido en 2019 --tras lo cual fue ostentado por Javier Fernández Soberón--; Aragón, donde Daniel Pérez sustituye a Susana Gaspar; y Baleares, donde Patricia Guasp releva a Joan Mesquida.

También hay nuevos coordinadores en Extremadura, donde David Salazar ocupa el lugar de Cayetano Polo, que dimitió recientemente; País Vasco, donde José Manuel Gil sustituye a Luis Gordillo; la Comunidad Valenciana, donde Toni Cantó desplaza a Fernando Giner; y Cataluña, donde Carlos Carrizosa ostentará el cargo que antes ostentaba Lorena Roldán.

Un total de 64 jefes de Estado y de Gobierno y la Unión Europea han firmado el 'Compromiso de los líderes por la Naturaleza' que respalda la toma de acciones decisivas sobre la naturaleza para proteger la salud del planeta y revertir la pérdida de la biodiversidad antes de 2030.

Entre los firmantes figura España, a través del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se compromete a intensificar la urgente para el desarrollo sostenible durante la próxima década.

El pacto se firma en vísperas de la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad biológica. El compromiso se lanza de manera oficial este lunes en el 'Evento de líderes para la naturaleza y las personas' que forma parte del 'Hub de Naturaleza para la vida', una respuesta a la emergencia planetaria y a la necesidad de actuar de manera global e inmediata para abordar las crisis interdependientes de biodiversidad, clima y salud.

Entre los representantes que se han sumado al compromiso además de España, Bangladesh, Bután, Colombia, Costa Rica, Francia, Fiji, Alemania, Kenia, Seychelles, México, Reino Unido y la Unión Europea.

Para el director general de WWF Internacional, Marco Lambertini, la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad "es tan grave que plantea serios riesgos para la salud, economía y modos de vida.

"Las pandemias, los incendios forestales, la disminución de la vida silvestre y el cambio climático son síntomas de nuestra relación peligrosamente desequilibrada con el mundo natural. No podemos ignorarlo más y debemos actuar con decisión", ha manifestado el portavoz de la ONG conservacionista internacional.

A su juicio, el 'Compromiso de los Líderes por la Naturaleza' es un "momento crucial" en el que los países demuestran un "liderazgo real" desde el más alto nivel político y se comprometen a revertir la pérdida de biodiversidad para 2030.

Por eso, la ONG llama a todos los líderes a aprovechar la ambición en la próxima cumbre de la ONU sobre Biodiversidad, donde considera que se debe desarrollar y acordar un plan compartido para las negociaciones sobre biodiversidad y clima programadas para el próximo año, para asegurar un futuro neutro en carbono, positivo para la naturaleza y equitativo para todos.

"Nunca ha habido un momento más crucial para actuar por la naturaleza que ahora", ha insistido.

El compromiso destaca que la crisis acelerada está causando un daño irreversible a los sistemas de soporte vital, agrava la pobreza y las desigualdades, aumenta el riesgo de futuras pandemias zoonóticas y contribuye significativamente al cambio climático.

Los compromisos clave señalan la importancia de poner en marcha acciones urgentes para revertir la pérdida de biodiversidad hacia 2030 para el desarrollo sostenible, con un desarrollo e implantación completa de un marco de biodiversidad global ambicioso y transformador post-2020 que se adopte en Kunming, China, el próximo año.

Además, aboga por una transición hacia patrones sostenibles de producción y consumo, incluidos sistemas alimentarios sostenibles que satisfagan las necesidades de las personas mientras se mantienen dentro de los límites planetarios, incluso, encaminándose hacia una agricultura regenerativa libre de deforestación.

Otro de los compromisos adoptados es reducir la contaminación en la tierra y el aire, incluida la eliminación de los desechos plásticos del océano y gestionar de manera sostenible los océanos así como concluir lasnegociaciones en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Asimismo, apunta a la importancia de alinear los flujos financieros con los compromisos ambientales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr el bienestar de las personas y salvaguardar el planeta.

Los líderes se comprometen también con acciones significativas y de responsabilidad mutua para abordar la emergencia planetaria, trabajando con todas las partes de la sociedad.

El compromiso de los 'Líderes por la Naturaleza' se produce a menos de dos semanas después del lanzamiento de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5, que reveló que el mundo no está en el camino correcto para cumplir con ninguno de sus objetivos de biodiversidad de Aichi de una década.

El próximo año se adoptará en Kunming, China, un marco mundial de biodiversidad post-2020, con un objetivo mundial para la naturaleza y nuevos objetivos de biodiversidad, en el marco de la Cumbre de la Biodiversidad de la ONU.

Cáritas, Cruz Roja y la Coordinadora Valenciana de ONGD han pedido este lunes a las Administraciones que sean "responsables" y que dejen de lado "la crispación" porque ahora "no es el momento" de "echarse las culpas unos a otros" sino de trabajar "unidos y coordinados" para salir de esta pandemia.

Los presidentes de Cáritas España, Manuel Bretón Romero, y de Cruz Roja Española, Javier Senent, y de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón, han participado en el encuentro 'Las ONG; esenciales en la emergencia de la COVID-19 impulsada por À Punt y Europa Press con el apoyo de Fundación Bancaixa.

Al respecto, la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón ha mantenido que la sociedad necesita "menos crispación" en el debate público sino que "predomine el ingenio, la valentía y las ganas de cambiar las cosas centrando las inversiones en las personas e identificando las necesidades básicas". "Esta pandemia ha demostrado que se pueden resolver situaciones muy complejas y se debe mantener en el tiempo estas política", ha reclamado.

Asimismo, ha advertido contra "los políticos de derechas que siguen la franquicia anti inmigración culpabilizando a los más vulnerables" y ha pedido que "no se les hagan casos a esas consignas porque no son verdad". Por contra, ha defendido la regularización de unos inmigrantes que durante esta pandemia "han trabajado en el campo y en otros sectores esenciales para la sociedad española y solo quieren seguir trabajando".

Mirón ha coincidido en que esta pandemia ha dejado un aumento de la solidaridad que debe destacarse más para que "se contagie". Para ello ha defendido un periodismo más comprometido social y que "no se olviden del verdadero problema, que es que la crisis afecta a los más necesitados".

Asimismo, ha señalado que las organizaciones sociales han sacado "su músculo" para hacer frente a una emergencias "sin precedentes" que ha obligado a cubrir actuaciones que "nadie se imaginaba" como "dar respuesta al hambre que han pasado clases medias o suministrar material sanitario a la propia Administración".

Del mismo modo, el presidente de Cáritas ha pedido a las Administraciones "resuelvan entre ellos la crispación" y de "una vez por todas seamos uno" y en ese sentido ha recalcado que ellos seguirán "dando el callo" para salir también de esta crisis. Así, ha pedido a las instituciones que hagan caso a la sociedad civil y atienda a sus propuestas. "Es crucial la confianza en nuestra sociedad, en nuestra capacidad de reacción", ha apsotillado.

En ese sentido, ha apuntado que ante los datos "escalofriantes" de lo que se nos venía encima con la pandemia las 70 Cáritas diocesanas y las 6.000 parroquiales iniciaron una campaña de movilización solidaria que les ha perdido obtener medios para afrontar lo que nos queda.

"RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA SIN MIEDO"

Por su parte, el presidente de Cruz Roja ha señalado que lo importante es "poner en primera línea los problemas" y aunque llevará "un tiempo, se resolverá trabajando juntos". "Las crisis no hay que afrontarlas con miedo pero sí con responsabilidad y con confinza, ha recalcado.

Para ello, ha pedido "no dejarnos llevar por el pesimismo ni por falsas noticias y poner en valor el trabajo de las ONG porque "somos la representación de la solidaridad de la sociedad" y ahora son "más potentes porque hemos ganado en experiencia y somos capaces de muchas cosas, pero siempre juntos".

Así, ha resaltado que "la sociedad española en general es muy solidaria" como prueba que los 25.000 personas que se ha acercado para colaborar y el reto ahora es no perder a este voluntariado, es especial al más joven. "La organizaciones tenemos que cambiar las formas de gestionar al voluntariado y que se mantengan en el tiempo", ha apuntado. .

Así, ha destacado que al inicio de la pandemia se marcaron como reto en dos meses llegar a 1,5 millones y recaudar 11 millones y al mes y medio ya se había llegado a 1,6 millones y obtenido 25 millones. Además, de los 60.000 voluntarios en las primeras semanas se acercaron 25.000. Las ONG han estado a la altura, hemos sabido responder gracias a nuestra experiencia y a la coordinación entre nosotros mismos, con empresas y administraciones.

Por su parte, el director general de À Punt, Alfred Costa, ha destacado que el "relevante papel" que están desempeñando las entidades sociales y que sus servicios son "insustituibles". Por ello, les ha ofrecido los espacios de À Punt, como medio público, para que puedan difundir sus campañas. "Estamos a nuestro servicio para lo que necesitéis", ha señalado.

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos han alcanzado un preacuerdo para prorrogar las ayudas para este colectivo y la prestación por cese de actividad hasta el 31 de enero, con lo que mañana el Consejo de Ministros aprobará su ampliación.

Así lo ha señalado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en su perfil de Twitter.

"Estamos a la espera del texto definitivo que deberá ratificar nuestra junta directiva", ha señalado, tras apuntar que se ha conseguido ampliar la cobertura y que "prácticamente no se deje a nadie atrás".

En concreto, Amor ha explicado que se ha recuperado la prestación extraordinaria para autónomos que se hayan visto afectados o se vean afectados hasta el 31 de enero por tener que cerrar por motivos administrativos o del tipo que sea, pero también se ha prorrogado la prestación ordinaria y se ha acordado establecer una ayuda para los autónomos de temporada.

Así, en el primer caso, con el cese extraordinario, los trabajadores por cuenta propia cobrarán el 50% de su base de cotización, en lugar de un 70%, y también se les exonerará la cotización. Podrán acogerse a este cese los autónomos que hayan perdido un 75% de su actividad o que tengan cerrado. Además, podrán cobrarla los que tengan tarifa plana y los nuevos autónomos con antigüedad inferior a un año, siempre que sus ingresos en los próximos meses no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Amor ha explicado que también tendrán acceso los autónomos en pluriactividad siempre que la suma de sus retribuciones del trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena no supere 2,2 veces el Salario Mínimo Interprofesional (2.090 euros al mes). "Es un avance importante, porque ya poníamos de manifiesto que se dejaba fuera a autónomos en pluriactividad", ha valorado el presidente de ATA.

En el caso de la prestación ordinaria, que se puso en marcha el 1 de julio, esta se prorrogará inmediatamente hasta el 31 de enero para aquellos autónomos que hayan agotado el periodo que les corresponde como prestación contributiva (4 meses). Van a estar cubiertos todos los autónomos que la disfrutaban hasta ahora, más los que demuestren unas pérdidas del 75% en el próximo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. También estarán cubiertos los pluriempleados.

Por otro lado, se establece una ayuda a autónomos de temporada para los que será obligatorio no haber estado dado de alta entre marzo y mayo de este año. Tendrán esta prestación los próximos cuatro meses.

"Es un gran acuerdo", ha dicho Amor, que ha valorado que se haya alcanzado después de que "la mañana haya empezado mal con la no convocatoria a las organizaciones de autónomos". "Con esto vamos a lograr parar, en gran medida, la sangría de autónomos que preveíamos para los próximos meses. Sabemos que muchos no vamos a poder aguantar, pero a muchos los vamos a poder ayudar", ha añadido.

De su lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha valorado positivamente el preacuerdo alcanzado y ha señalado que todavía falta por ver el documento y cerrar "los flecos que queden".

No obstante, en declaraciones a Europa Press, ha destacado "la solidaridad" que han demostrado tener los autónomos con su propio colectivo, puesto que "este preacuerdo recoge una situación que transmite el impacto que tendrá esta nueva regulación del cese a aquellos autónomos que por distintas circunstancias no han sido capaces de cotizar todo lo necesario al cese de actividad.

"Hemos hecho un gran esfuerzo para que este preacuerdo, a expensas del acuerdo final, mañana se vea reflejado en un documento del Consejo de Ministros", ha añadido.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha firmado este lunes con el alcalde de Lebrija (Sevilla), José Benito Barroso, un protocolo de colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento de la localidad sevillana para la organización de actividades en torno al V centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, natural del municipio y autor de la primera gramática de la lengua castellana.

El humanista y gramático nació en Lebrija en torno al año 1444, según la fecha proporcionada por él mismo en uno de sus libros, y falleció en 1522, por lo que en 2022 se conmemoran los 500 años de su muerte, según explica la Junta en una nota.

Para conmemorar esta efemérides, el Ayuntamiento de Lebrija ha creado la 'Comisión ejecutiva del V Centenario de la muerte de un humanista universal: Elio Antonio de Nebrija', que se encargará de diseñar distintos actos culturales y académicos y, según ha destacado el vicepresidente, "era necesario e imprescindible que la Junta de Andalucía estuviera presente en esta nueva aventura para que en 2022 se pueda llevar a cabo el reconocimiento que tiene esta ciudad a través de uno de sus conciudadanos que, durante muchos años, quizás no ha sido suficientemente reconocido".

Por ello, ha anunciado que el quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija estará incluido en el Plan de Acción 2021 de Turismo Andaluz, con lo que, "a partir de ahora, en todas aquellas acciones en las que se nos pida colaboración, estaremos".

Para Marín, "es un paso importante porque garantizará la colaboración de la Junta de Andalucía esté quien esté" en un proyecto de gran interés "no solo desde el punto de vista cultural y patrimonial, sino también turístico" para atraer la atención sobre la localidad sevillana a través de uno de sus paisanos más ilustres, "que ya antes de que Cristóbal Colón descubriera América nos había regalado ese magnífico trabajo que había desarrollado durante muchos años para que todos pudiéramos tener una lengua en común", según ha puesto de relieve el vicepresidente.

Elio Antonio de Nebrija es el autor de la primera Gramática sobre la lengua castellana (1492), primera gramática normativa de una lengua romance. Además, escribió los diccionarios latín-español (1492) y español-latín (1495), y participó en la Biblia Políglota Complutense (1514).

Para dar a conocer su figura como humanista del Renacimiento, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha firmado este lunes el referido protocolo con el Ayuntamiento lebrijano para colaborar en la organización de actividades, eventos o programas conjuntos en materias relacionadas con la promoción y difusión de su figura, así como de la lengua castellana y la cultura en general.

Desde la Junta defienden que esta conmemoración contribuirá también a proyectar la localidad sevillana al exterior y generar "oportunidades que pongan en valor su historia y patrimonio para dinamizar su actividad económica y crear empleo".

Un hombre acusado de maltrato habitual, coacciones y detención ilegal, por unos hechos cometidos, presuntamente, en diciembre de 2019 contra su entonces pareja, ha negado cualquier culpabilidad y la ha responsabilizado a ella de haberle agredido a él.

Lo ha hecho en el juicio celebrado en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, en el que su abogado ha alegado que, de forma subsidiaria, se aplique la atenuante de drogadicción si, finalmente, su cliente es considerado culpable.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público reclama diez años y siete meses de prisión para este hombre que, presuntamente, maltrataba de forma habitual a su pareja, a la que un día, según la fiscal, encerró en casa, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), y agredió hasta dejarla inconsciente.

La afectada consiguió salir a la vía pública en pijama y descalza para pedir auxilio tras un encierro, que, según Fiscalía y la acusación particular, se produjo entre el 29 y el 30 de diciembre, tras convivir juntos durante año y medio.

La Fiscalía sostiene también que el acusado tuvo una actitud "constantemente agresiva y controladora" sobre la mujer, dándole golpes cuando ella discrepaba o le recriminaba algo y quitándole las llaves para impedir que saliera a la vía pública. También, según el Ministerio Público, le controlaba el móvil.

LA MUJER SE RATIFICA

En su declaración, la mujer se ratificó en los hechos denunciados. "Él me pegaba habitualmente", ha expuesto en un testimonio en el que ha confirmado que el hombre consumía drogas, pero que no lo había hecho el día en el que se produjo la agresión.

Aunque ratificó que el día 30 salieron juntos a la calle --después de culparle a él de esconderle las llaves para que no pudiese salir de casa-- explicó que no pudo escapar porque el acusado la llevaba "cogida de la mano". También afirmó que ese día llevaba escrita una nota con la intención de que alguien llamase a la Policía, pero que no tuvo oportunidad de darla en el supermercado al que salieron por la mañana.

Ese mismo día, después de localizar las llaves debajo de un cojín, y tras una presunta agresión por parte del acusado en la que, según su relató, él le tiró una maleta a la cabeza y le dio "dos puñetazos" en ella hasta que cayó inconsciente, salió a la calle y pidió ayuda, una vez que logró recuperarse.

Preguntado por el hecho de que la mujer saliese en pijama y descalza, el procesado sostuvo que no sabía el motivo. "Tiene actuado de forma histérica", argumentó en una declaración en la que admitió discusiones con la víctima y explicó que el día 30 ella le golpeó con una lámpara.

Esto fue admitido por la mujer que explicó que lo hizo para poder escapar de él tras la agresión sufrida. El hombre aseguró también que su expareja le golpeó, entre otros motivos, porque él tenía una relación con otra chica.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un procesado por mantener relaciones sexuales con una niña de 14 años e inducirla a que abandonara su domicilio y se fugara con él a León. El Ministerio Fiscal acusa igualmente a la madre de él, por acoger a la pareja en su casa a sabiendas de la edad de la niña y de que había una denuncia por su desaparición.

La vista oral está señalada para este martes, 29 de septiembre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que, en el mes de julio de 2018, la menor, nacida en 2003, cuando tenía 14 años, inició una relación afectiva con el procesado, de 20 años. En el seno de dicha relación, el procesado propuso a la menor en distintas ocasiones abandonar el domicilio familiar, en Oviedo, en el que residía junto con su hermana de 20 años y con su madre, que tiene atribuida su guarda y custodia.

La menor accedió a ello y así, el 16 de julio de 2018, sobre las 18.00 horas, se escapó de su domicilio en compañía del procesado, con quien permaneció en casa de unos familiares de este. Regresó a casa en la mañana del día 18.

De nuevo, sobre las 18.00 horas del día 17 agosto, la menor abandonó de nuevo su casa en compañía del procesado hasta el día 21, fecha en la que regresó de la localidad de Avilés, donde había estado en todo momento con él.

Finalmente, el día 27 de septiembre sobre las 09.00 horas, el procesado propuso a la menor abandonar el domicilio familiar y acompañarle a León, al domicilio de su madre, la procesada, a lo que accedió voluntariamente ella. Una vez en León, la procesada, a sabiendas de la minoría de edad de la joven y de que había una denuncia por su desaparición, mantuvo a la pareja en su domicilio hasta el 9 de octubre, fecha en la que la menor fue identificada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando salía del portal de la procesada.

Asimismo, en el seno de la relación sentimental existente entre la menor y el procesado, en el mes de agosto ambos mantuvieron relaciones sexuales completas en una ocasión. El 18 de octubre de 2018, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo adoptó la medida cautelar con respecto al procesado de prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro lugar frecuentado por la misma a menos de 1 kilómetro, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años del artículo 183.1 y 3 del Código Penal y de un delito continuado de inducción de menor al abandono de domicilio del 224, en relación con el 74. El procesado respondería de ambos delitos con concepto de autor y, la procesada, del delito de inducción al abandono de domicilio como cooperadora necesaria.

Y solicita que se condene al procesado a un total de 10 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la menor a menos de 500 metros, a su domicilio, centro de estudios o lugares que frecuente, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto, durante 12 años, la medida de libertad vigilada durante 6 años consistente en la obligación de participar en programas de educación sexual.

A la procesada, a 9 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Abono de las costas. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor con 9.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

El Ejército de Tierra ha asumido este lunes el apoyo a las tareas de vigilancia epidemióloga en Cantabria y tendrá una Unidad de Vigilancia Epidemiológica para colaborar con la comunidad autónoma en las labores de rastreo de contactos de las personas que hayan dado positivo en la COVID-19.

Así, este lunes se ha llevado a cabo la Transferencia Operativa de Autoridad entre el jefe de la Unidad de Vigilancia epidemiológica (UVe) del Batallón de Intervención en Emergencias V (BIEM V) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el capitán Mario Albuerne, y el jefe de la UVe del Ejército de Tierra (ET), el capitán Félix J. Medina, que será responsable a partir de este momento del apoyo de las Fuerzas Armadas a las labores de rastreo de Cantabria, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

La 'Operación Baluarte' contemplaba, dentro del apoyo de las Fuerzas Armadas a las labores de rastreo a las comunidades autónomas, que la UME fuese la unidad de coordinación y distribución geográfica de los esfuerzos requeridos, además de aportar las primeras unidades de rastreadores para que, de forma escalonada, fuesen incorporándose otras de las Fuerzas Armadas hasta completar el número solicitado por Cantabria.

Personal del BIEM V comenzó el pasado 12 de septiembre las labores de rastreo para actuar sobre los listados de casos proporcionados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. A la vez, se pusieron en marcha las acciones de formación, adecuación de protocolos y medios técnicos encaminados a la integración de la UVe del Ejército de Tierra que en el día de hoy ha relevado a la UME.

Hasta la fecha, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la UME ha completado un total de 280 casos asignados por la Consejería de Sanidad de Cantabria.

La experiencia y los conocimientos acumulados por el personal UME han sido transferidos en su totalidad al personal del Ejército de Tierra, lo que ha posibilitado que, en el día de ayer, dentro de la fase de integración y preparación, las Secciones de Vigilancia Epidemiológica del Ejército realizasen el rastreo de los primeros casos en Cantabria de manera satisfactoria.

Los grupos de la Cámara gallega han intensificado este lunes sus reclamaciones para que haya una solución para la fabricación de aluminio primario en A Mariña después de que fracasasen las negociaciones para la venta de Alcoa. Preparan un posible escenario de frente común de las fuerzas políticas, una escenificación que el PSdeG quiere que llegue con una llamada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a los demás partidos, mientras que el BNG anuncia una carta dirigida a la Xunta y al presidente Pedro Sánchez para que se "nacionalice" la fábrica.

En sendas ruedas de prensa, las tres formaciones políticas con representación en el Pazo do Hórreo se han colocado al lado de los trabajadores, que este domingo protagonizaron una nueva manifestación a horas de que expirase el plazo para la venta de la factoría.

Así, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha recordado que Alcoa es la "única factoría que produce aluminio primario" y la situación actual es "decepcionante". "Entendemos que hay un marco (legal) para llegar a acuerdos entre las empresas", ha señalado Puy, quien ha asegurado que "no es de recibo" la situación actual.

El dirigente popular ha incidido en que "hay que poner por delante" los intereses generales y de la propia economía española, no solo por el impacto en el empleo, por lo que ha defendido que el Gobierno de España y la Xunta "deben continuar trabajando juntos. En este sentido, ha recordado que también es relevante que haya un marco electrointensivo que permita la actividad de esta industria.

"Seguiremos tratando de ser constructivos y leales con quien busca una solución", ha remarcado el portavoz popular en la Cámara gallega, quien ha hecho hincapié también que "no se puede pagar más del doble" por el precio de la electricidad que en países como Francia y Alemania y quien ha advertido de las consecuencias para otras empresas como Celsa, Xeal o Alu Ibérica.

"Esperamos que se clarifique cuanto antes", ha manifestado Puy Fraga, quien ha considerado, a la pregunta de si apuesta por una intervención de la empresa, que "hay que analizar todas las opciones sin descartar ninguna". "Todo lo que esté dentro del marco vigente, recuerden que el propio presidente de la Xunta contempló esta posibilidad", ha apuntado, antes de insistir en que "hay que analizar todas las posibilidades para garantizar el empleo de Galicia".

En todo caso, el portavoz del Grupo Popular ha apelado a la "prudencia" sobre las posibles soluciones y a "no descartar ninguna", con el objetivo de "darle la continuidad a la factoría de Alcoa". Puy tampoco "descartó" ningún contacto con los grupos de la oposición, como pidieron tener PSdeG y BNG para hacer frente común.

El portavoz popular también se mostró "seguro" de que las dos administraciones "encontrarán una solución, sin descartar que haya un acuerdo entre las dos empresas" que han negociado la venta de la empresa en las últimas horas.

NACIONALIZACIÓN

Para el BNG la solución pasa por la nacionalización de la empresa, como ha reiterado su portavoz nacional, Ana Pontón, en la rueda de prensa de este lunes. Esta reclamación es "viable y legal", ha insistido la dirigente nacionalista, quien lleva meses apostando por esta solución para dar "viabilidad" a la fábrica y quien, en esta ocasión, apeló a que la propia Alemania y Portugal han nacionalizado empresas en el contexto de la pandemia, algo que está recogido --añadió-- en los epígrafes del fondo covid.

Pontón reclamó una "solución política" ante el "futuro muy negro" que se visibiliza para la comarca. Por ello, ha explicado que enviará una carta este lunes a los presidentes del Gobierno gallego y central, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, para pedir esta intervención pública y "garantizar la única fábrica de aluminio primario".

Además, ha señalado que Feijóo y Sánchez "deben sentarse en la mesa para concretar cómo van a actuar". Pontón se ha mostrado segura de que si la fábrica estuviese en Madrid y no en Lugo, ya habría una solución diferente encima de la mesa.

La diputada nacionalista ha hecho un "reconocimiento al inmenso trabajo" de los trabajadores de la fábrica y ha enfatizado que "no se puede dejar caer el empleo y la actividad económica" en esta comarca, cuando hay "una alternativa legal posible" y en otros países se consiguió "con éxito".

Por ello, ha reclamado que Xunta y Gobierno central "se pongan mano a mano y den respuesta inmediata" a los trabajadores. "Esa respuesta es una intervención pública, una nacionalización", ha dicho, porque "ninguna mano especulativa va a garantizar el futuro del empleo".

Pontón, que ha dicho que si la llama el presidente gallego el BNG "se sentará" a hablar, ha simplificado en una pregunta. "¿Vamos a seguir produciendo aluminio primario en Galicia sí o no?", ha preguntado, antes de contestar que por ello envía esta carta este lunes a ambos dirigentes, para que "no pierdan el tiempo, se sienten y salven el empleo en A Mariña".

DESTACA LA "MALA FE"

En su intervención, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha incidido en la "mala fe" de Alcoa en la "ruptura" de las negociaciones y de otro inversor para un proyecto "viable". Además, ha destacado la actuación del Gobierno central en la búsqueda de una solución, inclusive en la compra por parte de la SEPI de la fábrica para luego venderla al comprador Liberty House.

En este sentido, Caballero ha advertido que hay que revisar las subvenciones "millonarias" que haya recibido la empresa a lo largo de los años, así como reclamarle la reposición medioambiental en A Mariña. Además, ha advertido de que hay "indicios de fraude" por parte de la empresa.

Caballero ha considerado que "es hora de que la Xunta y el Estado trabajen para dar toda la presión a Alcoa, que actúa de mala fe y hay indicios de que pueda estar trabajando con intereses de parte". En este sentido, también defendió "presionar" a la empresa para que devuelva las ayudas "millonarias" que ha recibido en el caso de que se pueda confirmar esa forma de actuar.

Caballero ha tendido la "mano" al presidente de la Xunta porque "no es momento más que para trabajar conjuntamente". Así, ha pedido que convoque a una reunión de trabajo con los líderes de los partidos con el fin de diseñar una "hoja de ruta" conjunta y trabajar en un "gran frente común".

Preguntado por si debería el Estado ir a una intervención pública, ha defendido "seguir explorando todas las vías de acción posibles" y ha indicado que el Gobierno central está "contemplando todas las formas de intervención y presión legalmente posibles".

El Gobierno ha acordado ampliar hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas "abusivas" en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado 'escudo social' para paliar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 en la población más vulnerable.

Concretamente y según han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno, dicha prórroga se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Con ello, la prohibición de desahucios se sustentará en las mismas condiciones marcadas el Real Decreto Ley de marzo, ampliada ahora hasta el 31 de enero junto a la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas.

También se prolongan las medidas sobre grandes tenedores respecto al alquiler, que "tendrán que decidir" entre quitar del 50 por ciento del alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años.

El acuerdo para esta prórroga, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Además, continúan los contactos para sellar la extensión de otras medidas de protección a colectivos vulnerables de cara a este martes, como la imposibilidad de cortar suministros básicos, una prioridad para la formación morada.

PRIORIDAD DE PABLO IGLESIAS

Ya en julio el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros de Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos.

Podemos y sus socios incidían en que estas medida debían ser ampliadas al menos hasta el próximo año, para poder "seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma", del mismo modo que también se están extendiendo los ERTE.

El documento que PSOE y Unidas Podemos elaboraron de forma conjunta con sus propuestas sobre Política Social en la Comisión para la Reconstrucción que se creó en el Congreso ya contemplaba la necesidad de prorrogar algunas de las medidas, como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda. Sin embargo, en dicho documento no se especificaba fecha alguna.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "alargue y amplíe" como mínimo seis meses más la moratoria antidesahucios de alquiler de familias en extrema situación de vulenerabilidad.

LA ÚLTIMA PRORROGA CONCLUÍA EN BREVE

La prórroga del 'escudo social' aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a la crisis del Covid-19, que incluye las moratorias de hipotecas y de alquiler, la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables y la flexibilidad del 'bono social' a este colectivo, finaliza este miércoles, mientras que la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional concluye el viernes.

El Ejecutivo dio luz verde al llamado 'escudo social' en marzo con varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frene a la crisis del Covid-19 y las consecuencias del confinamiento derivado del Estado de alarma decretado.

Sin embargo, en julio aprobó tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre la protección del 'escudo social' para aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos hasta el 30 de septiembre.

Concretamente, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se puede solicitar hasta este martes, 29 de septiembre, y tendrá una duración de tres meses.

En cuanto a las medidas para proteger a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad, la prórroga de 6 meses de los contratos de arrendamientos sobre vivienda habitual se podrá solicitar igualmente hasta este miércoles, 30 de septiembre.

Hasta este miércoles se puede solicitar también la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea gran tenedor de vivienda, para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Por su parte, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta este viernes, 2 de octubre.

En cuanto a la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, también concluye este miércoles.

La Fiscalía de Almería solicita penas que suman un total de 18 años de cárcel para el hombre detenido en octubre de 2019 por intentar matar presuntamente a su ex mujer y a una prima de esta cortando los mangitos de los frenos de sus vehículos.

El acusado A.M.G, de 52 años, está procesado como autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia contra la mujer ya que, según indica el Ministerio Público, durante los "dos últimos de 30 años de matrimonio" se dedicó a "increpar y atemorizar a su esposa" en varias ocasiones.

El escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso a Europa Press, recoge que, una vez se produjo la separación, el procesado incluso habría llegado a "introducir una serpiente" en la vivienda en la que residía su exmujer, quien "encontró" al reptil "debajo de la cama" y sufrió "gran temor y angustia.

Según el relato de la Fiscalía, A.M.G., quien tiene dos hijos en común con la víctima, tuvo con ella comportamientos destinados a "amedrentarla" con frases como que "él no salía de su casa, que tenía que salir ella, y que si salía él, alguien saldría con los pies por delante", que "no valía para nada y que sin él se moriría de asco" o que, si no accedía a sus deseos, "algo iba a pasar.

Durante esta escalada, que terminó con su detención en octubre de 2019 tras el episodio de la serpiente, la acusación sostiene que "guiado por el deseo de acabar con la vida" de una prima de su exmujer, a quien responsabilizada de la ruptura de acuerdo a la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, accedió con unas tenazas al turismo que estaba estacionado en un párking y le cortó un manguito del freno.

Días después, según desglosa el Ministerio Público, y después de mantener una discusión con su ex esposa cuando se personó en un domicilio para recoger sus cosas, con el mismo 'modus operandi' y aprovechando que ella no estaba presente mientras él estaba allí, "cortó el manguito del freno" de su vehículo "para acabar con su vida", marchándose a continuación del lugar.

A.M.G. se enfrenta a un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género por que el fiscal interesa un año de cárcel, y a dos delitos de homicidio en grado de tentativa, uno con la agravante de parentesco, a penas de siete y diez años de prisión, respectivamente.

El Ministerio Público solicita, asimismo, medidas de libertad vigilada por periodo de 23 años y alejamiento a más de 500 metros. Los daños ocasionados a los vehículos han sido tasados en 164,47 y 318,27 euros, cantidades por las que pide que indemnice a ambas víctimas.

La Guardia Civil informó de que la investigación se inició después de que la víctima denunciase ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería que el acusado había provocado una serie de daños en un coche de su propiedad que se encontraba estacionado en el aparcamiento de su vivienda.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar y se entrevistaron con un testigo presencial e inspeccionaron el automóvil haciendo uso de diferentes medios tecnológicos que les permitieron determinar que había sido manipulado para que la víctima tuviera un accidente.

Posteriormente, se pudo averiguar que el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Almería investigaba al hombre por otro hecho similar, así como por obstruir los desagües del domicilio de su exmujer, donde llegó a introducir una serpiente a sabiendas de que su expareja "les tenía fobia".

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900116016.

Castilla y León contabiliza un total de 53.551 positivos por coronavirus, 466 más que en la última estadística, de los cuales 37 han sido diagnosticados en la jornada anterior, según datos ofrecidos este lunes por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas registran, asimismo, once nuevos fallecimientos en hospitales, de manera que el número de decesos actual en este ámbito es de 2.291, mientras que las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 10.291, 24 más que en la jornada anterior.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 373 --cuatro menos-- y el número total de casos de la COVID-19 a ellos vinculados aumenta hasta los 3.243.

Del total de brotes notificados, 50 corresponden a Ávila --dos más--, 62 a Burgos --siete menos--, 17 a León --uno más--, 45 a Palencia --uno menos--, 46 a Salamanca --dos menos--, 33 a Segovia --tres más--, 28 a Soria --tres menos--, 55 a Valladolid --tres menos-- y 37 a Zamora --cuatro más--.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 53.551 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 466 más. Según los datos de la Administración regional, 47.066 positivos han sido diagnosticados en test PCR.

LEÓN REGISTRA 113 CONTAGIOS MÁS

Por provincias y en total, Ávila suma 12 positivos más, con un total de 3.710; Burgos suma 18 positivos, con 7.884 en total; León 113 más, hasta 7.079; Palencia 81 más, con 3.086; Salamanca suma 75 más hasta un total de 8.609; Segovia incorpora 26 nuevos positivos hasta los 5.328 en total; Soria añade 24 más hasta 3.616; Valladolid incorpora 56 positivos, hasta 11.420 y Zamora suma 61, hasta los 2.819.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.291, once más. La mayor parte se registra en la provincia de Valladolid, con 446 fallecidos --cinco más--, seguida por León, con 440 fallecidos --dos más--; a continuación figura Salamanca, que también suma uno hasta 414--uno más--; Burgos, con 251 --uno más--; Segovia con 219; Ávila con 169; Soria 128; Zamora registra 125 --uno más--, y Palencia, 99 --uno más--.

En el caso de las altas, un total de 10.291, se han computado 2.336 en Valladolid; 1.831 en León; en Salamanca 1.636; en Burgos 1.234; en Segovia 1.010; en Ávila 806; en Soria 504; en Zamora 476 y en Palencia, 458.

MÁS PACIENTES INGRESADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 817 personas --39 más que en el último parte--, 716 de ellas en planta --32 más que ayer-- y 101 en unidades de críticos, nueve más.

Los pacientes en UCI se encuentran repartidos en diez hospitales de las distintas provincias, con 20 ingresados en el Clínico Universitario de Valladolid, 15 en el Río Hortega de la capital vallisoletana y el Complejo de Burgos, 14 en el Complejo de Salamanca, diez en el Complejo de Palencia, nueve en el Complejo de León, seis en el Complejo de Ávila, cinco en los de Zamora y Soria y dos en el Complejo de Segovia.

DOCE RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 2.693 --doce más que en el último parte emitido el viernes pasado-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.588 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 y otros 1.105, a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.693 finados, 1.760 personas han perdido la vida en su residencia o centro, ocho más, mientras que otras 933 han fallecido en el hospital, cuatro más.

Un total de 40 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19--los mismos--y 1.037 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, sin variación respecto de la última estadística.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, los datos de fallecidos se mantienen desde el pasado 3 de julio, con 252, de ellos 135 con positivo confirmado y 117 con síntomas compatibles. Además, hay 14 residentes hospitalizados, los mismos, mientras que se contabilizan 658 usuarios con diagnóstico confirmado en estos meses.

Por otro lado, hay dos residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, dos menos, mientras que otros 134 están aislados de forma preventiva sin síntomas, doce más más.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha exigido este lunes al ahora presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque cuando antes elecciones autonómicas para que Cataluña pueda salir del "bloqueo", tras haber confirmado el Tribunal Supremo su inhabilitación. A este respecto, ha afirmado que ya no le consideran capacitado para tomar decisiones ni para desarrollar el diálogo con el Gobierno.

"Esta inhabilitación abre un tiempo nuevo para Cataluña. Se debe producir lo antes posible la convocatoria de unas elecciones autonómicas que permitan a los catalanes superar la situación de parálisis y de bloqueo generada por la actitud de los partidos independentistas a lo largo de los últimos meses", ha defendido Narbona.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras Comisión Ejecutiva Federal, en la que la cúpula del PSOE ha defendido que la única salida factible que ven en estos momentos para desbloquear la situación en Cataluña es la convocatoria electoral urgente.

Sobre todo teniendo en cuenta, según Narbona, que la pandemia del coronavirus exige que las instituciones estén los más "fortalecidas posibles". "Así que cuanto antes, mejor, mejor para el conjunto de la ciudadanía", ha enfatizado.

Asimismo, ha afirmado que "a quien le corresponde convocar elecciones es al propio Torra". "Esperamos y confiamos en que sea así y no prolongue de una manera injustificada una situación de un Gobierno en funciones, en una situación extremadamente precaria que no hace más de agravar el día a día de todos los ciudadanos en Cataluña", ha reclamado.

La dirigente socialista ha reconocido que son conscientes de que la convocatoria electoral podría dilatarse en el caso de que Torra "se negase a aceptar la realidad" y, por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento al inhabilitado presidente catalán para que no lo haga.

EL GOBIERNO MANTIENE SU DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

En todo caso, ha defendido que esto no cambia "la disposición al diálogo que mantiene el Gobierno" ni su intención a llevar a cabo una nueva reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat. "Pero para eso hace falta que la otra parte esté dispuesta a dialogar", ha apostillado.

Eso sí, ha señalado que ya no consideran a Torra un interlocutor válido. "A partir de la sentencia, el presidente Torra está inhabilitado para seguir ejerciendo esa función. Vamos a ver en las próximas horas cuál es su reacción al respecto, pero es evidente que cualquier diálogo entre dos administraciones tiene que llevarse a cabo entre personas que estén capacitadas para tomar decisiones y para desarrollar el diálogo", ha aclarado.

Diez ejemplares de tortuga boba nacidas hace un año en las calas del Parque Regional de Calblanque volvieron este lunes al mar tras haber sido criadas en cautividad con la técnica del 'head starting', que posibilita que los neonatos alcancen un peso determinado para que ya no sean presa fácil de los diversos depredadores que puedan encontrar en el medio (aves y peces) y multiplica por 20 sus posibilidades de supervivencia.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha participado en esta suelta en Calblanque, donde ha destacado la "apuesta del Gobierno regional por la preservación de especies vulnerables o amenazadas, como ha quedado acreditado con estos ejemplares nacidos hace un año y criados con el mayor cuidado y rigor, por parte de nuestros excelentes profesionales y con la inestimable colaboración de la Fundación Oceanogràfic", que contó con representación en el acto.

"Estas han sido las primeras tortugas bobas de las que se tiene constancia que han nacido en nuestras costas, desde que en el año 2016 comenzaron las campañas de la Dirección General del Medio Natural para difundir el protocolo de actuación en caso de detectar en nuestras playas una tortuga anidando, o sus rastros", ha subrayado Luengo.

Para minimizar riesgos esta cría en cautividad se ha realizado en dos instalaciones diferentes: diez ejemplares se trasladaron a la Fundación Oceanogràfic de Valencia, y las otras once se han mantenido en las instalaciones de la Estación de Acuicultura Marina que el IMIDA tiene en San Pedro del Pinatar, y bajo el cuidado del personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, entidades adscritas a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Todos los animales han sido marcados con microchip y sexados, resultando todos machos debido a la temperatura alcanzada durante la incubación, que no ha sido lo suficientemente alta para producir hembras.

Durante las semanas previas a la suelta todos los quelonios han permanecido un tiempo en las instalaciones del exterior naturalizadas del Oceanogràfic, con el fin de mejorar su musculación y facilitar su adaptación al medio natural después de la suelta.

La suelta de ejemplares se ha llevado a cabo en la Cala Arturo del Parque Regional de Calblanque y Monte de las Cenizas, el lugar donde se realizó la puesta el verano pasado. El consejero ha precisado que "se han liberado 10 de los ejemplares de mayor tamaño, aunque todas han alcanzado el peso mínimo de un kilo".

"Posteriormente, se realizará una segunda suelta con el resto de animales, incluidos los tres ejemplares que van a formar parte de un estudio de seguimiento por satélite, en el que se invertirán cerca de 9.000 euros, por el que se colocan tres emisores específicos para este tipo de animales y cuyos datos de localización serán recogidos y procesados por la plataforma Argos, que ofrece información ambiental desde plataformas fijas y móviles en todo el mundo. De esta manera, podremos valorar la supervivencia de estos ejemplares en el medio durante, al menos, los tres primeros meses tras la liberación y hasta un máximo de un año", ha especificado Luengo.

Por su parte, la concejala de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Cartagena, Cristina Mora, ha indicado que es "un auténtico privilegio" que Calblanque sea cobijo de estas tortugas bobas, y ha resaltado "la coordinación fundamental entre administraciones y la colaboración de los vecinos".

Los próximos días 1, 7 y 14 de octubre se producirá el cese de emisiones de algunos canales en sus antiguas frecuencias de la TDT y solo se podrán seguir viendo por las nuevas en 5.019 municipios incluidos en 38 áreas geográficas de las 75 establecidas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre.

Así lo ha recordado este lunes el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digita, que ha destacado que los edificios de tamaño mediano y grande habrán tenido que adaptar su instalación de antena y toda la ciudadanía deberá resintonizar sus televisores con el mando a distancia, independientemente del tipo de vivienda en la que resida.

En concreto, los municipios en los que todavía se está ejecutando el proceso del Segundo Dividendo Digital están repartidos en 46 provincias de 15 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Región de Murcia) y la ciudad autónoma de Ceuta.

"Los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos aquellos edificios de tamaño mediano y grande de estos municipios y en donde todavía no se haya realizado la adaptación, deben contactar lo antes posible con una empresa instaladora registrada, siendo lo más recomendable solicitar varios presupuestos", ha subrayado. Las viviendas individuales no necesitan hacer esta adaptación.

En este contexto, ha recordado que, en caso de que en un edificio o vivienda no se realice la adaptación necesaria antes de las fechas límites indicadas, los ciudadanos podrán dejar de ver algunos canales. La recepción se recuperaría una vez se acometan dichos ajustes.

El cambio de frecuencias es un proceso que no implica la aparición ni desaparición de canales de televisión, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT.

Independientemente del tipo de vivienda, toda la ciudadanía de estos municipios deberá resintonizar sus televisores a partir de la fecha de cese de las emisiones en su área geográfica o cuando dejen de ver algunos de los canales de televisión.

El próximo 1 de octubre se producirá el cese de emisiones en los antiguos canales en Cantabria, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria norte y Gran Canaria sur, Lanzarote, Lleida norte y Lleida sur, Murcia sur, Navarra, Ourense, Palma, Pontevedra, Rioja oeste, Tarragona norte y Tarragona sur, y Tenerife.

Por su parte, el cese de emisiones en los antiguos canales el próximo 7 de octubre tendrá lugar en Alicante, Ávila, Burgos norte y Burgos sur, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León este, Madrid, Palencia, Salamanca, Valencia y Zamora.

Finalmente, el cese de emisiones en los antiguos canales el próximo 14 de octubre será en Badajoz oeste, Cádiz este y oeste, Ceuta, Extremadura centro, Jaén y Sevilla.

Acciona se ha adjudicado, en consorcio con el grupo coreano Daelim Industrial, un segundo tramo de la línea ferroviaria que conectará el aeropuerto internacional de Clark con varias ciudades de Filipinas por un importe superior a los 560 millones de euros.

Se trata de la construcción de 16 kilómetros de vías elevadas y de una estación de tren para los municipios de Minalin, Santo Tomás y San Fernando, todos localizados en la provincia de Pampanga, según informó el Ministerio de Transportes de Filipinas.

"Lo que vemos aquí es la unión de una liga impresionante de los mejores y más grandes actores de la industria de la construcción aquí y en el extranjero", ha asegurado el subsecretario de Infraestructuras Ferroviarias del Gobierno filipino, Timothy John, sobre esta adjudicación.

Acciona ya logró en agosto otro de los cinco paquetes que componen este proyecto por unos 400 millones de dólares (340 millones de euros), a los que se suman los 656 millones de dólares (562 millones de euros) de ahora. De esta forma, el grupo presidido por José Manuel Entrecanales suma 1.000 millones de dólares en este proyecto.

MAYOR ADJUDICATARIO

El tramo conseguido en agosto era de 6,5 kilómetros de longitud e incluía un tramo en estructura elevada y otro, el del acceso al aeropuerto, subterráneo. En total, Acciona suma 22,5 kilómetros, por lo que será el mayor constructor de esta fase del proyecto.

En concreto, entre los adjudicatarios de los otros tres paquetes también se encuentra Hyundai Engineering & Construction, que será el encargado de otros 17 kilómetros de vías elevadas, siete puentes y dos estaciones de tren.

El paquete número tres, compuesto de 12 kilómetros de vía elevada y una estación, lo desarrollará la tailandesa Italian-Thai Development Public Company. El contrato restante se adjudicó también en agosto a la coreana Posco para otros trabajos de construcción en la línea.

El proyecto, que cuenta con el respaldo financiero del Banco de Desarrollo de Asia y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, cuenta con un periodo previsto de construcción de cuatro años.

La nueva línea ferroviaria reducirá el viaje entre Manila y el Aeropuerto Internacional de Clark a una hora, ya que en la actualidad el trayecto solo se puede hacer en autobús con una duración mínima de más de tres horas. Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de estos desplazamientos se reducirán en más de 60.000 toneladas anuales.

PRESENCIA EN ASIA

El grupo español sigue reforzándose así en Filipinas, país en el que está presente desde 2016 y en el que abrió una oficina comercial el año pasado. Al cierre de junio, su cartera en Asia-Pacífico presentaba un valor de 12.160 millones de euros, el 70% proyectos internacionales, tras lograr nuevos contratos por 2.437 millones en el semestre.

Esta obra se suma a otra que el grupo ya acomete en el país, la construcción del puente atirantado Cebú-Córdova, de 650 metros de longitud, que supondrá una nueva conexión entre la ciudad de Cebú y el Aeropuerto Internacional de Mactan. En la actualidad, este proyecto presenta un grado de ejecución de más del 50%.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por un delito de desobediencia, lo que supone incapacitarlo para el cargo que actualmente ocupa. La sentencia constata "la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad".

La ejecución de esta condena corresponde formalizarla ahora al tribunal que le juzgó por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) cuando ésta le ordenó retirar los símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Durante la vista por el recurso interpuesto contra esta condena ante el Tribunal Supremo, celebrada el pasado 17 de septiembre, la Fiscalía solicitó la confirmación de la sentencia condenatoria mientras que la defensa del president argumentó, para pedir su absolución, que Torra fue tratado por la JEC como "minoría nacional" por "tres palabras en una pancarta" (Llibertat presos politics) que deberían enmarcarse en su libertad de expresión.

En la resolución dada a conocer este lunes, el alto tribunal destaca que Torra es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales.

Por ello, confirma la inhabilitación y también la multa de 30.000 euros que inicialmente se le impuso por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, al considerar que desobedeció de forma reiterada y contumaz las órdenes de la JEC para que retirase determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat durante el proceso electoral, al estimar la Junta que vulneraban la neutralidad exigida a las administraciones públicas. procesos.

INHABILITADO EN LO LOCAL, AUTONÓMICO Y DEL ESTADO

La sentencia confirma íntegramente la sentencia del TSJC, de 19 de diciembre de 2019. Ratifica así la inhabilitación especial tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado.

En su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, subraya que los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión de Torra.

El alto tribunal insiste en que "el objeto del proceso no es analizar la condena del recurrente desde la perspectiva de la libertad de expresión, pues como ciudadano es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política.

El objeto, según explica, es la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas". TORRA ADMITIÓ SU NEGATIVA A RETIRAR SÍMBOLOS

Para descartar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el Supremo parte de que Torra "en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral, no ha negado la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalitat, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central", aunque el recurrente alegara que se trataba de órdenes ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión.

La Sala indica al respecto que las resoluciones de la Junta Electoral Central "fueron dictadas con arreglo a Derecho, y el mandato contenido en los Acuerdos de 11 y 18 de marzo era claro y perfectamente comprensible, tanto en el fondo como en los plazos establecidos para su cumplimiento".

La Sala considera que además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, el recurrente tuvo una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención. La sentencia detalla que el dolo exigible no consiste en querer cometer un delito de desobediencia, sino en querer incumplir la orden de una autoridad superior.

El tribunal recuerda que el recurrente es Presidente de la Generalitat y además escritor y abogado, con una preparación y conocimientos jurídicos superiores a la media, lo que unido a los distintos informes remitidos por los Servicios jurídicos de la propia Generalitat, en fechas anteriores sobre la exhibición de simbología en las sedes de la administración autonómica, hacen concluir que "disponía de los suficientes elementos sobre la obligación de acatar los mandatos de la JEC.

Asimismo, la Sala avala la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y añade que el recurrente ha sido condenado en su condición de autoridad pública- que ejercía en su cargo de naturaleza política- por negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a una orden emanada de autoridad superior, "imponiendo de esta forma su voluntad frente al mandato de los acuerdos de la JEC de 11 y 18 de marzo de 2019.

En este sentido, el tribunal considera que la pena de inhabilitación debe abarcar a cualquier ámbito en que se comete el delito.

Así, explica que es obvio que cuando el delito de desobediencia se comete en un cargo público de naturaleza política, como lo es el de Presidente de una Comunidad Autónoma, "constituiría una burla al respeto que los citados ciudadanos deben al buen funcionamiento de los Poderes Públicos que la pena de inhabilitación se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito, y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro cargo análogo, fruto directo o indirecto de unas elecciones políticas, por el mero hecho de trasladarse de un cargo de representación política a otro similar en el propio gobierno autonómico, o de la Nación, en el Parlamento Autonómico, del Estado o de la Unión Europea, o en el ámbito municipal".

En relación con la alegación relativa a la falta de competencia de la Junta Electoral Central para dictar los acuerdos que dieron lugar a la condena por el delito de desobediencia, la Sala afirma que la competencia de este órgano "se ajusta al ordenamiento electoral" y que la orden "fue dictada por órgano competente".

Finalmente, y en cuanto a la queja del recurrente por lo que entiende trato inadecuado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya hacia su persona en el desarrollo del juicio oral, al no referirse a él en el juicio con los honores y tratamientos propios de un cargo como Presidente de la Generalitat, la Sala concluye que "en modo alguno puede entenderse como signo de parcialidad y anticipo de una decisión de condena ya tomada".

El Reglamento 2/2005, de 23-11, de Honores, Tratamientos y Protocolo en los actos judiciales solemnes considera en su Preámbulo que se ha procurado evitar que su aplicación alcance al desarrollo de los actos estrictamente jurisdiccionales, por tratarse de un ámbito en el que, en propiedad, no rige norma protocolaria alguna sino las leyes procesales, tal como recoge en su art. 2.

Por tanto, los tratamientos son protocolarios y el juicio oral no está sometido a ese protocolo. Todo acusado -no solo el recurrente- debe ser tratado con respeto, como así sucedió, por lo que la queja del recurrente resulta infundada.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha empezado a realizar cribados en Xomezana Riba (Lena) y Sobrefoz (Ponga) tras detectarse 7 y 3 casos positivos, respectivamente, y tratarse de poblaciones vulnerables al coronavirus.

Según indican desde el Gobierno autonómico en nota de prensa, las pruebas han comenzado esta mañana para 72 habitantes de la localidad lenense, donde se ha instalado un dispositivo especial con personal del área sanitaria VII, con cabecera en Mieres.

Este martes se habilitará otro con profesionales del área VI, con cabecera en Arriondas, para tomar muestras a los 40 vecinos de Sobrefoz. "Se da la circunstancia de que Ponga no había registrado ningún positivo por COVID desde el principio de la pandemia", apuntan desde el Ejecutivo.

Asimismo, el Sespa ha finalizado este mediodía la toma de muestras a 600 adolescentes de Laviana que dieron negativo por coronavirus la semana pasada. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica había previsto este segundo cribado para observar la circulación del coronavirus, puesto que el incremento de casos se produjo en esa franja de edad.

64 NUEVOS CASOS EN ASTURIAS

En el conjunto de Asturias, la Consejería de Salud ha confirmado 64 nuevos contagios de coronavirus diagnosticados este domingo. Una persona ha precisado ingreso hospitalario y las demás permanecen asintomáticas o con síntomas leves, aisladas en sus domicilios.

Por otra parte, cuatro personas diagnosticadas en días anteriores han tenido que ser hospitalizadas, y otras dos han ingresado en la UCI. No se han registrado nuevos fallecimientos por covid-19. Actualmente en Asturias hay 14 personas hospitalizadas en UCI y 49 en planta.

El Sespa efectuó ayer 1.711 pruebas PCR, cuyos resultados sitúan la tasa positividad en el 3,74%.

RECOMENDACIONES

Las autoridades sanitarias instan a la población a no relajarse en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la trasmisión del virus. En este sentido, recuerdan la obligatoriedad del uso de la mascarilla para mayores de seis años en vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados; en este último caso, cuando los ocupantes no convivan.

También recomiendan el lavado frecuente de manos e insisten en que es imprescindible guardar una distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se convive.

Además, la Dirección General de Salud Pública insta a la responsabilidad individual de las personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos, para que restrinjan su vida social, permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud y cumplan rigurosamente la cuarentena para evitar la trasmisión de la enfermedad.