El director de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Gabriel Vera, ha asegurado que «en España va más gente a misa que al fútbol» pero ha precisado que el problema es que luego esas personas no cuentan que han ido a su iglesia, no se hacen «visibles» como cristianos.

«En España va más gente a misa que al fútbol y el lunes, en el trabajo, todo el mundo habla del fútbol pero no de la misa, porque dice ‘esto no lo cuento, forma parte mi intimidad’. Y en esto los cristianos tenemos un deber: que esa pertenencia sea visible, tienes que manifestarte, mostrarte como cristiano», ha subrayado Vera.

Así lo ha indicado este jueves 24 de junio durante la presentación de su libro ‘La senda de la reputación’ (PPC Editorial), que ha tenido lugar en el espacio O_Lumen de Madrid, en el marco de un coloquio periodístico en el que también han participado el presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Miguel López-Quesada, y la directora de ‘Fin de Semana’ en Cope, Cristina López-Schlichting.

Vera reconoce en el libro que la institución atraviesa «una vez más en su historia una crisis de dimensiones desconocidas» con la lacra de los abusos sexuales en primer plano, y precisa que este contexto ha propiciado una falta de «confianza que afecta sin duda al cumplimiento de su misión».

Para recuperar la reputación, el autor ofrece una «senda» para impulsar una comunicación eclesial «más eficaz». Este camino pasa por los principios, la identidad, la misión, la cultura y la imagen de la Iglesia, hasta alcanzar de nuevo la reputación perdida.

«La comunicación nos puede ayudar a hacer visibles lo que somos y obligarnos a darnos cuenta de qué cosas no estamos viviendo bien. La comunicación va de contar bien lo que haces bien, y primero hay que hacer bien las cosas, y la Iglesia se empeña bastante en ello y, en general, hace las cosas bien», ha defendido el director de Comunicación de la CEE.

Vera ha recordado una ocasión, cuando dirigía una revista, en la que le preguntaron cuándo iba a hablar de un sacerdote pederasta. Entonces, contestó: «Tengo unos 500 sacerdotes que no son pederastas, cuando haya acabado de hablar de ellos, hablaré de lo demás. ¿Por afán de ocultar? No, porque la realidad de la Iglesia es como un iceberg, donde hay una gran masa de personas que sin decir nada, hace bien las cosas y hay que contarlo», ha subrayado.

También ha reconocido que «hay cosas que se hacen mal» y «hay que ponerles nombre y cara, y pedir perdón». «Somos un pueblo de pecadores, la Iglesia solo existe porque hay pecadores, el mal no puede asustar pero nos tiene que mover por dentro y decir ‘no lo podemos permitir'», ha añadido.

El responsable del área económica de Podemos, Nacho Álvarez, ha asegurado que las medidas desplegadas por el Ejecutivo para reducir la factura de la luz son «ambiciosas» pero ha indicado que no hay que descartar otras adicionales para disminuir el precio de la electricidad con mayor rapidez.

Al respecto, ha considerado necesario la creación de una empresa pública de energía, que recupere la titularidad de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones están próximas a vencer y avanzar en una ley de tejados solares que facilite que financie el desarrollo del autoconsumo eléctrico a través de paneles fotovoltaicos.

Mediante diversos comentarios en redes, el también secretario de Estado de Derechos Sociales ha destacado el «importante paso» de reducir el IVA de la electricidad del 21 al 10% para disminuir la factura eléctrica, si bien se han adoptado otras medidas paralelas.

De esta forma, ha citado la reciente aprobación del anteproyecto de Ley para regular los llamados ‘beneficios caídos del cielo’, con la finalidad de disminuir la «injustificada y excesiva» sobrerretribución que reciben hidroeléctricas y nucleares desde hace décadas.

Minoración, según ha explicado Álvarez, que se destinará a reducir la factura eléctrica de consumidores domésticos y pymes aunque tardará aún meses en entrar en vigor y por eso era «crucial» bajar el IVA para acometer con «carácter inmediato» el coste de la factura.

También ha recordado que se encuentra en trámite parlamentario el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, mediante el cual saldrán de la factura de los consumidores el coste de las primas a las renovables, cogeneración y residuos (Recore).

«Estas dos medidas conjuntas van a permitir sacar 8.000 millones de euros de la factura eléctrica, trasladándolos a los balances de las grandes empresas energéticas», ha destacado Álvarez.

APUESTA POR LAS RENOVABLES

Además, ha destacado la «enorme apuesta» del Gobierno en el despliegue de las energías renovables que fomentarán el «progresivo abaratamiento de los costes de generación» en los próximos años, unido a los trabajos para reformar el bono social de cara a ampliar el número de beneficiarios.

«Las medidas que se están adoptando son por tanto ambiciosas. Pero no se deben descartar pasos adicionales para avanzar en la reforma estructural del sistema eléctrico, y reducir con mayor rapidez la factura de hogares y pymes», ha añadido el responsable del área económica de Podemos.

Entre las propuestas, ha abogado por regular los «beneficios caídos del cielo» mediante un real decreto para que su entrada en vigor sea «inmediata».

También apuesta por un sistema de retribución de hidroeléctricas y nucleares en el mercado mayorista mediante contratos por diferencias similares a los que se están utilizando ya en las subastas de renovables, lo que permitiría «reducir aún más la factura eléctrica, la presión alcista de los precios en el mercado mayorista y la instabilidad del propio mercado».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este jueves en su primera visita a la zona de La Rinconada en la capital cordobesa donde se prevé construir la base logística del Ejército de Tierra ‘General de Ejército Javier Varela’ que dicho proyecto «va a ser un ejemplo para otros países de la Unión Europea (UE)«, con la previsión de que sea una realidad en 2026.

La titular de Defensa ha viajado a Córdoba para conocer sobre el terreno el emplazamiento, acompañada por el alcalde de la ciudad, José María Bellido; la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo; el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Francisco Javier Varela; la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro; y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, entre otros representantes institucionales y militares.

Después de visitar los terrenos, Robles se ha trasladado al Ayuntamiento, donde ha departido durante unos minutos con los portavoces de los grupos municipales. Ya en el Salón de Plenos, ha tenido lugar una detallada exposición sobre el proyecto a cargo del jefe de los Centros Logísticos del Ejército de Tierra (Gemale), general de brigada Enrique Ruiz Alonso.

En su exposición, el Gemale ha denominado el proyecto como «punta de lanza en la digitalización en la industria 4.0 y en la logística predictiva» y que va a ser un proyecto de «vanguardia referente no sólo para las Fuerzas Armadas, sino a nivel nacional», «con los componentes para ser ‘hub’ logístico dentro de la Unión Europea».

En su intervención, la ministra ha resaltado el nombre de la base ‘General de Ejército Javier Varela’, actual jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, como impulsor de este proyecto pionero en España.

A continuación, ha agradecido «el trabajo, la disponibilidad y la ilusión» por parte del Consistorio y de la Junta de Andalucía colaborando junto al Ejército de Tierra, porque «es la mejor representación de que cuando queremos hacer algo grande por España todos sumamos». La ministra ha subrayado que este va a ser un «proyecto para toda Andalucía, para España», además de «un ejemplo para Europa».

Mientras, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta ha agradecido a la ministra de Defensa y al Ejército de Tierra la elección de Córdoba «para un proyecto de esta envergadura en lo que supone de modernidad y a la vanguardia, con ingredientes de inteligencia artificial, digitalización e innovación y eficiencia energética», «claves para seguir construyendo Andalucía y generar nuevas oportunidades».

También, Carazo ha añadido que «el proyecto va a servir para asentar la presencia de las Fuerzas Armadas en Andalucía, de las que nos sentimos muy orgullosos, y cuentan con el cariño y el respeto de los cordobeses».

Por su parte, el alcalde ha hecho un análisis de la actual situación del proyecto y ha señalado que «el compromiso de Córdoba es seguir dando todos los pasos necesarios para prepararse para lo que va a suponer la llegada de la base logística a la ciudad», que «va a ser un proyecto transformador» para la economía de Córdoba.

Igualmente, Bellido ha asegurado que «es un proyecto de todos, de todos los grupos políticos, de toda la sociedad cordobesa, la universidad, los agentes económicos y sociales y el movimiento ciudadano», a la vez que ha afirmado que «el compromiso es seguir dando todos los pasos necesarios que van a venir a continuación, como los trabajos urbanísticos, los permisos que habrá que agilizar desde la Gerencia de Urbanismo y la firma del convenio económico con la aportación de los 25 millones de euros».

EL PROYECTO

En el mes de febrero, el Ministerio de Defensa optó por la ciudad de Córdoba como sede del proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra. Su construcción supondrá un extraordinario impulso económico y social para la zona al generar más de 1.600 puestos directos de trabajo, en su mayoría de personal civil, con una inversión de 350 millones de euros y miles de empleos indirectos, a la vez que será un motor tecnológico y de I+D+i para la región.

Se trata de un proyecto innovador en el que el Ejército de Tierra lleva diez años trabajando para dotarse de un centro logístico con los más altos estándares tecnológicos. En él se agruparán las actividades de mantenimiento del material del Ejército en una sola instalación, reduciendo los tiempos de servicio, movimiento e infraestructuras. En definitiva, redundará en una optimización integral de la logística militar al más alto nivel, que será un motor tecnológico de creación de empleo en la región.

Otro aspecto muy destacable de este proyecto son las ventajas relacionadas con la eficiencia energética, gestión y aprovechamiento de residuos y la política medioambiental que permitirá reducir al mínimo el impacto de esta obra en la zona.

En este proyecto las instituciones van de la mano, entre ellas la Diputación, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Universidad de Córdoba, así como el Ayuntamiento de La Carlota, que ofrece dos millones de metros cuadrados de suelo para el proyecto, mientras que los consistorios de Linares (Jaén) y Écija (Sevilla) han mostrado su disposición a colaborar y ofrecer sus posibilidades al ser «un proyecto de vocación andaluza y abierto», al tiempo que los agentes económicos y sociales y el movimiento ciudadano han mostrado su respaldo.

El PP se ha reafirmado este jueves en la posición propia que ha defendido el líder de su partido, Pablo Casado, contra los indultos a los condenados por el ‘procés’ y no ha entrado a valorar el apoyo de los obispos españoles al diálogo, según fuentes de la cúpula del partido.

En concreto, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que los obispos españoles están con sus homólogos catalanes «por el diálogo», cuando se le ha preguntado por la medida de gracia y la postura de las diócesis catalanas.

La Conferencia Episcopal Tarraconense –que reúne a los obispos catalanes– se ha mostrado, ante el contexto social y político en Cataluña, convencida «de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto».

«PREFERIMOS PERDER VOTOS ANTES QUE PERDER EL ALMA»

Fuentes de la dirección del PP no han comentado esas palabras de los obispos españoles y se han remitido a las declaraciones que ha realizado a lo largo de estos días Pablo Casado, subrayando que la posición del presidente del partido «es de sobra conocida».

El pasado jueves, en el Círculo de Economía de Barcelona y antes de que se aprobara la medida por el Consejo de Ministros, Casado ya recalcó que «no se puede aceptar un golpe de legalidad» y que los indultos iban a generar «más frustración.

Casado se reafirmó en sus palabras los días posteriores, pese a las declaraciones de los empresarios y de los obispos catalanes a favor del diálogo y la medida de gracia. «Los únicos accionistas del PP son los españoles. Solo a ellos nos debemos», proclamó el lunes ante los diputados y senadores de su partido en el Congreso.

Es el mismo mensaje que ha repetido esta semana en todas sus intervenciones públicas, donde ha hecho hincapié en que el Partido Popular recoge el sentir mayoritario de la sociedad española en contra de los indultos. «Preferimos perder votos antes que perder el alma, al contrario de lo que hace Sánchez, según le dijo Múgica», ha afirmado Casado estos días en más de una ocasión.

EL SECTOR PROVIDA DEL PP ADMITE SU SORPRESA POR LAS DECLARACIONES

Fuentes del sector provida del PP han admitido su sorpresa por las declaraciones de la Conferencia Episcopal porque, según han subrayado, en otras ocasiones han declinado pronunciarse sobre otros asuntos alegando que son «temas políticos».

Aunque anticipan que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez va a utilizar «todos los resortes» a su alcance, incluidas las declaraciones de la Conferencia Episcopal, para atacar al PP y trasladar la idea de que está en soledad, estas fuentes consideran que todo esto no debe suponer ningún tipo de presión.

«Tenemos las ideas claras y el rechazo a los indultos es lo que comparte más del 90% de la sociedad española», ha resumido uno de los consultados, que ha recalcado que Pablo Casado tiene que defender la «posición de la calle» contraria a la medida de gracia.

El Partido Popular regresa al gobierno local de Ourense, según ha informado en la tarde de este jueves el propio Ayuntamiento en un comunicado.

De este modo, Democracia Ourensana –formación que lidera el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome– ha llegado al acuerdo con el grupo municipal del PP para que los concejales populares se integren y asuman la dirección de varias áreas en el Ayuntamiento de Ourense.

Las concejalías cuya responsabilidad asumen los populares son: deportes, hacienda, medio ambiente, servicios sociales, comercio-termalismo-turismo, igualdad-salud, juventud-voluntariado y urbanismo.

Además, la Junta de Gobierno Local estará formada por tres concejales de Democracia Ourensana y tres del Partido Popular.

Democracia Ourensana había dejado la puerta abierta a la renovación de la colaboración desde el mes de septiembre. Así, se ha comprometido a «considerar» las demandas efectuadas por el PP, quienes de forma recíproca han garantizado considerar los puntos de Democracia Ourensana.

JUSTIFICACIÓN DEL PP

Los populares han justificado el regreso al gobierno basándose en lo que consideran una «premisa fundamental», «ser útiles a Ourense y mejorar la calidad de vida de los ourensanos».

Aseguran que el objetivo es desbloquear una situación que «ya no puede durar más», pues afirma que un gobierno de 10 miembros tiene más posibilidades de lograrlo que un gobierno de 3 personas.

«Esta fue una negociación fundamentada sobre cómo podemos servir a los ourensanos y cuáles son las prioridades que debemos atajar cuanto antes», subraya el Partido Popular, que sentencia que esa prioridad es «dotar a la ciudad de un gobierno que trabaje por ella».

Así, los populares han trasladado que su postura «siempre fue la misma, tender la mano para trabajar juntos por Ourense». «Lo hicimos durante la primera mitad del mandato y lo volvemos a hacer ahora».

Además destacan que habían intentado llegar a acuerdos «de todas las formas posibles» porque «su única prioridad son Ourense y los ourensanos». Para ellos, la prueba de eso es su vuelta al gobierno «con una única exigencia»: «Que todos aportemos a la ciudad, y pedirle al alcalde corresponsabilidad y máximo rigor en la gestión».

El pasado lunes, el presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ya avanzaba que «el PP de Ourense está dispuesto a que la ciudad tenga una gobierno», después de que el alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, solicitase por carta a los populares que regresen al ejecutivo local.

En su misiva, el regidor de DO había realizado esta propuesta a los populares con varios condiciones como que haya un respaldo a sus promesas de un centro de inteligencia artificial y a un parque acuático. A esto respondió, posteriormente, el PP de Ourense con otras premisas que pasan por avanzar en el PGOM y la defensa del termalismo, entre otros.

CRÍTICAS

Por su parte, el BNG municipal ha criticado el anuncio de la reincorporación, que considera «crónica de una vuelta anunciada» que «no supone ninguna sorpresa».

Para el portavoz del BNG, Luis Seara, el Partido Popular «nunca ejerció de oposición» sino que «se dedicó a mantener el Ayuntamiento sumido en el caos y en la parálisis». Además, lo acusa de «no pensar en los vecinos de Ourense, sino en sus propios intereses partidistas».

Asimismo, han recordado que los motivos que habían esgrimido los populares para su marcha, en septiembre del 2020, giraban en torno a las dudas en la gestión de los fondos públicos que recibía DO y la ausencia de explicaciones por parte del regidor. Unas explicaciones que, según Seara, «siguen sin darse pero ahora no parecen suponer un problema o un motivo suficiente para no volver».

«El PP demuestra que no le importa nada los vecinos de Ourense y también que la oferta de la moción de censura era una auténtica pantomima pues sabían perfectamente que no se iba a firmar», ha recriminado el nacionalista.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha tachado este jueves la alianza entre Partido Popular y Democracia Ourensana como «una falta de respeto a los ourensanos».

El Papa Francisco ha expresado su deseo de «paz» frente a los «conflictos» que minan países de Oriente Medio y África. Así lo ha indicado este jueves durante su reunión con los participantes de la 94 Asamblea Plenaria de la Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales (ROACO), que ha tenido lugar en Roma del 21 al 24 de junio.

Francisco ha recordado las realidades eclesiales y geográficas afectadas por la guerra y ha subrayado la importancia de «encontrarse» para «acoger las preguntas y los gritos que llegan de tantas partes del mundo, especialmente de las Iglesias y de los países por los que desarrollan su trabajo».

«Yo mismo soy testigo de ello, porque precisamente en este contexto, en 2019, anuncié mi intención de ir a Irak, y gracias a Dios, hace unos meses, pude cumplir este deseo», ha añadido el Pontífice.

El Papa también ha recordado la situación en Eritrea y la «grave crisis en el Líbano», que han sido objeto de las reuniones de la ROACO de este año.

El pensamiento de Francisco se ha dirigido también a Tierra Santa, a los pueblos de Israel y Palestina, por los que ha expresado una esperanza. «Siempre soñamos que en el cielo se extienda el arca de la paz, dada por Dios a Noé como signo de la alianza entre el cielo y la tierra y de la paz entre los hombres», ha deseado.

Sin embargo, el Papa ha precisado que «a menudo, incluso recientemente, esos cielos están surcados por artefactos que traen destrucción, muerte y miedo».

Otro grito de dolor, según ha dicho, se eleva también desde Siria, «siempre presente en el corazón de Dios». Pero parece, según ha subrayado, «que no logra tocar el corazón de los hombres que tienen en manos el destino de los pueblos».

«Queda el escándalo de diez años de conflicto, de millones de desplazados internos y externos, de las víctimas, de la necesidad de reconstrucción que sigue siendo rehén de la lógica partidista y de la falta de decisiones valientes por el bien de esa martirizada nación», ha lamentado.

Francisco también ha recordado que las reflexiones de la ROACO examinaron también la situación eclesial en Etiopía, Armenia y Georgia. «A veces es necesario reconstruir edificios y catedrales, incluso los destruidos por las guerras, pero antes es necesario prestar atención las piedras vivas que están heridas y dispersas», ha indicado.

Igualmente, Francisco ha reconocido que sigue «con aprensión la situación surgida con el conflicto en la región etíope de Tigray, en Etiopía, sabiendo que su alcance abarca también a la vecina Eritrea». «Más allá de las diferencias religiosas y confesionales nos damos cuenta de lo esencial que es el mensaje de la Fratelli Tutti, cuando las diferencias entre etnias y las consiguientes luchas por el poder se erigen en sistema», ha ahondado.

También ha retrocedido a 2016, cuando al final del viaje apostólico a Armenia, junto con el patriarca actual de la Iglesia apostólica armenia Catholicos Karekin II, se soltaron palomas al cielo, «como signo y deseo de paz en toda la región del Cáucaso».

«Desgraciadamente esa región ha sido herida de nuevo en los últimos meses, y por eso les agradezco la atención que han prestado a la realidad de Georgia y Armenia, para que la comunidad católica siga siendo signo y fermento de vida evangélica», ha declarado.

Finalmente, el Papa ha mostrado su gratitud a todas las personas que apoyan los proyectos de la ROACO y ha hecho un llamamiento para seguir colaborando ante la reducción a la mitad de la colecta para Tierra Santa de 2020.

«Ciertamente, pesaron mucho los largos meses en los que la gente no pudo reunirse en las iglesias para las celebraciones, pero también la crisis económica generada por la pandemia. Si por un lado esto es bueno para nosotros, porque nos empuja a una mayor esencialidad, sin embargo no puede dejarnos indiferentes, pensando también en las calles desiertas de Jerusalén, sin peregrinos que van a regenerarse en la fe, pero también a expresar una solidaridad concreta con las Iglesias y las poblaciones locales», ha señalado.

Las personas de entre 33 y 50 años que hayan sufrido abusos en la infancia y que no hayan denunciado su caso, podrán hacerlo a partir de este viernes 25 de junio, con la entrada en vigor del grueso de la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el comienzo del plazo de prescripción de estos delitos, que empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 35 años.

Hasta ahora, el plazo comenzaba a correr cuando la víctima cumplía 18 años. Teniendo en cuenta que el plazo de prescripción de estos delitos es de entre 5 y 15 años dependiendo de la gravedad de los mismos, hasta la fecha, las víctimas de abusos en la infancia tenían como máximo hasta los 33 años para denunciar ante la Justicia.

A partir de este viernes, con la entrada en vigor de la ley de protección a la infancia, las personas que hayan sufrido abusos cuando eran menores, podrán denunciar hasta los 50 años para los casos de delitos más graves.

Este aumento del comienzo del plazo de prescripción venía siendo reclamado por las asociaciones de víctimas de abusos, ya que, según advierten, las personas que sufren abusos en su infancia «tardan años» en aceptar lo que les sucedió, y por tanto, en denunciar.

Algunos grupos parlamentarios, víctimas y ONG habían pedido que este plazo empezara a contar a partir de los 40 años de la víctima y otros que no prescribiese nunca, como es el caso del primer denunciante del caso de abusos de Montserrat e impulsor de la campaña en Change.org #ElAbusoNoPrescribe, Miguel Ángel Hurtado.

El Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, ha valorado positivamente el aumento del plazo de prescripción de estos delitos pues considera que «favorece el apoyo a las víctimas», aunque reconoce que en el ámbito jurídico puede resultar «chocante» y a algunos les parece «un poco exagerado».

«La experiencia demuestra que uno no se libera automáticamente al cumplir los 18 años de todos los traumas que te han impedido poner de manifiesto los sufrimientos que has tenido cuando eras niño. Lo que hacemos es ampliar el arco para que haya más posibilidades de poderse liberar de esas ataduras, de contar lo que te pasó», declaró Esteban.

INCIDENCIA EN EL NÚMERO DE DENUNCIAS

Preguntado por si considera que este incremento en el plazo puede provocar un aumento exponencial en el número de denuncias por abusos sexuales en la infancia –personas que no pudieron denunciar porque el delito había prescrito y que ahora van a poder hacerlo–, el Fiscal de Menores no cree que vaya a tener «tanta incidencia en el número» e insta a valorarlo «desde el punto de vista de cada víctima».

La ley de protección a la infancia fue aprobada casi por unanimidad el pasado 20 de mayo por el Pleno del Congreso de los Diputados y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de junio. La ley, según establece el texto, entra en vigor a los 20 días de su publicación en el diario oficial del Estado español.

Además de la ampliación del plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, la ley también prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los menores que migran solos y el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, entre otras medidas.

Asimismo, establece la obligación de pedir permiso a los progenitores para difundir la imagen de un menor fallecido o la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia.

Igualmente, se otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos algo que ha suscitado rechazo pues, según han alertado las ONG de infancia, puede provocar «situaciones arbitrarias»; y otra novedad que incorpora es el refuerzo de la prueba preconstituida para evitar la revictimización de los menores.

La ley contará con una financiación de 70 millones de euros, según anunció la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante el debate de la ley en el Congreso. Belarra calificó la nueva norma de «hito», dijo que supone «un antes y un después» en la protección de los derechos de la infancia y que pone a España «a la vanguardia» internacional en esta materia.

SE PROHÍBE EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL

En la ley también se introduce la perspectiva de género, algo que se refleja en algunas medidas como la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia machista.

Otros aspectos que establece la ley son la incorporación el deber de todos los ciudadanos de «comunicar de forma inmediata» cualquier indicio de violencia sobre menores, también cuando lo haya cometido el cónyuge.

Además, en el texto se incluyen el acoso escolar o bullying y el ciberbullying como forma de violencia contra la infancia y se habla de garantizar la protección de los menores en Internet y las redes sociales. Igualmente, destaca la obligación de los centros de menores tutelados así como de los centros deportivos y de ocio, de contar con protocolos contra la violencia.

Casi todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo el pasado 20 de mayo a la Ley y se felicitaron por ella, excepto Vox, que la denominó «Ley Herodes» por considerar que la norma «arrebata la inocencia de los pequeños».

Este viernes entra en vigor el grueso de la ley, a excepción de los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1, apartados b y c, que entrarán en vigor a finales de diciembre de 2021. Entre estos, destaca el artículo 35 que se refiere a la creación de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar social en todos los centros educativos para la prevención, detección precoz y protección del alumnado.

Tampoco entrará en vigor, hasta el 1 de enero de 2022, la disposición final decimocuarta, referida a la modificación de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha remitido un oficio a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que sus boletines estadísticos incluyan todos los casos de asesinatos de menores, cumpliendo, así, la recién aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia.

Tal y como ha explicado el Observatorio, en la actualidad, los boletines estadísticos de cumplimentación trimestral obligatoria por juzgados y tribunales no recogen información sobre casos con resultado de muerte de menores en el ámbito de la violencia doméstica. La información solo recoge lo relativo a violencia de género.

La iniciativa de Carmona pretende, así, poder contar con información de todos los casos en que tenga lugar un homicidio o asesinato de un menor, tanto en el ámbito de la violencia de género como de la violencia doméstica.

Esta modificación, indica el organismo, permitiría elaborar estadísticas rigurosas sobre los crímenes en los que la víctima es un menor, ya sea en el ámbito de la violencia de género o de la violencia doméstica.

Carmona ha informado de esta iniciativa durante una reunión del grupo de expertos del Observatorio que ella misma ha convocado de «urgencia» esta semana tras el «grave repunte de casos de feminicidio» desde la finalización del estado de alarma.

En este sentido, y también en relación con las novedades introducidas por esta ley de violencia en la infancia, durante la reunión se ha abordado la necesidad de adaptar los cursos de formación específicos en materia de violencia de género. Así, los expertos han analizado cuál debe ser la definición exacta del término «violencia vicaria», utilizado específicamente en el ámbito de la psicología, desde el punto de vista jurídico.

En el encuentro, según ha informado el Observatorio, los expertos han reflexionado «sobre las posibles causas» del «elevado número de asesinatos de mujeres en las últimas siete semanas», así como «sobre la vigencia y actualización de los protocolos y guías de actuación».

Así, desde el Observatorio, han llamado al Gobierno a poner en marcha las medidas pendientes por cumplir del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y «muy especialmente» aquellas relacionadas con la prevención, la educación y las campañas de sensibilización y concienciación frente a la violencia de género.

Todas ellas, en opinión de los expertos, son «imprescindibles» para generar en la sociedad un clima de «tolerancia cero» frente a la violencia machista y erradicar estos crímenes.

UN MENSAJE DE ESPERANZA A LA SOCIEDAD

En esta línea, los expertos consideran necesario incluir en los protocolos de valoración del riesgo nuevos parámetros que contribuyan a un mejor diagnóstico. Entre ellos, la investigación de las redes sociales de las personas denunciadas por violencia machista y el análisis de su conducta por equipos de psicólogos y criminólogos especializados en ciencia del comportamiento.

Los asistentes a las reunión del Observatorio han transmitido, además, «un mensaje de esperanza a toda la sociedad» de que «ni las instituciones ni los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género van a caer en el desánimo», sino que «van a seguir trabajando para lograr el objetivo de cero víctimas».

El Observatorio ha informado, además, que Carmona tiene previsto convocar para el próximo mes de septiembre el pleno del Observatorio, del que, además del Consejo General del Poder Judicial, forman parte los ministerios de Justicia, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Interior; así como la Fiscalía General del Estado; las comunidades autónomas, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.

La aporofobia, es decir, el odio a las personas pobres, se convertirá desde este viernes 25 de mayo en un agravante de la responsabilidad penal, al igual que ya lo eran el racismo o la homofobia, gracias a la entrada en vigor este viernes de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

En concreto, la ley da una nueva regulación a los delitos de odio comprendidos en el Código Penal, incorporando la aporofobia y la exclusión social como un agravante de la responsabilidad criminal. También se incluye la edad como motivo de discriminación, no solo referida a los niños y niñas sino también a los mayores.

La filósofa Adela Cortina, que acuñó el término ‘aporofobia’ hace más de 20 años, ha manifestado su «alegría» por este paso en una entrevista. «Por supuesto que es una alegría. Por una parte, porque nuestra sociedad comunica por este medio que rechaza totalmente este tipo de acciones, que nos parecen repulsivas, que las repudiamos radicalmente», ha señalado.

Cortina celebra este logro «también, y sobre todo», porque entiende que habrá «una mayor vigilancia» por parte de la policía para que esto no suceda, tratará de detectar qué personas en los barrios se encuentran en situación de vulnerabilidad, conectará con ellas y estará pendiente de lo que les pueda ocurrir.

«Las personas indefensas se encontrarán más protegidas, sabrán que pueden denunciar malas actuaciones y que van a ser atendidas, que la comunidad está con ellas. Es una buena noticia», ha reconocido Cortina, quien ha alertado, no obstante, de que esto es «una pequeña parte de lo que se puede hacer para acabar con la aporofobia».

«Ya en el caso de las personas sin hogar hay que llevar adelante el programa ‘¡Hogar sí!’ en todas las poblaciones. Y, por supuesto, acabar en nuestra sociedades con el desprecio a los peor situados, a los que en este mundo en que rige el principio del intercambio parecen no tener nada interesante que dar a cambio de que se respete su dignidad», ha enfatizado.

Por otro lado, la ley de infancia también incluye la discriminación por edad como agravante del delito, con el objetivo de proteger a las personas de edad avanzada.

Precisamente, el pasado mes de diciembre durante un seminario académico, Adela Cortina reclamó «erradicar la gerontofobia (odio a los ancianos) y el edadismo (discriminación a mayores por razón de su edad)» que, a su juicio, han surgido en la sociedad con más fuerza durante la pandemia. Para cortina, esta discriminación es «inmoral y poco inteligente».