"Estamos de subida, estamos en la quinta ola de manera brutal". Han sido las palabras este jueves de la consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, a preguntas de los medios de comunicación sobre la evolución de los últimos datos del coronavirus en la comunidad, aunque, pese a todo, ha descartado en este momento, adoptar más restricciones.

En unas declaraciones previas a una visita al Hospital San Pedro de Logroño, Alba ha recordado que "La Rioja lleva en el Nivel 2 del Plan de Medidas según Indicadores muchas semanas con carácter consecutivo". Un Nivel 2 del conocido como 'semáforo' que "recoge un paquete importante de medidas que están en vigor, adoptamos medidas y las mantenemos en el tiempo".

Ha incidido la consejera en que ayer mismo, el Consejo de Gobierno riojano "estimó oportuno mantener este Nivel 2, pero tampoco hemos escondico que, si fuera necesario adoptar más medidas, se adoptarán". "Ccreemos que, en estos momentos, las medidas que están puestas en marcha son suficientes, pero si fueran necesarias más, este Gobierno adoptará todas las medidas que sean necesarias", ha recalcado.

En este sentido, sobre la evolución de la pandemia en la región, que se empieza a reflejar en el incremento de la presión hospitalaria, Sara Alba ha apuntado que "hoy el dato de hospitalización ha frenado, ha habido una subida importante en días anteriores, pero hoy no ha seguido ese ritmo ascendente".

"Estamos de subida, estamos en la quinta ola de manera brutal", ha afirmado la consejera, que ha apuntado a dos tramos de edad "que están disparando los gráficos", uno de ellos, los jóvenes. Y, en este marco, ha señalado que "la Variante Delta aún no es mayoritaria en La Rioja, pero vemos que en comunidades vecinas su presencia está por encima del 80%", por lo que ha considerado que "es cuestión de días o de semanas".

"Pero -ha añadido- más allá de la virulencia o la rapidez del contagio de esta variante, el acento hay que seguirlo poniendoen que las medidas que se deben mantener son las mismas se llame como se llame la variante: distancia de seguridad, mascarilla, lavado de manos...".

También se ha referido Alba a los brotes en las residencias de mayores -dos activos, en este momento, en La Estrella en Logroño y en Madre de Dios en Haro-, reseñando que "nosotros estamos realizando todos los controles, hay un protocolo que se está siguiendo".

Ha aludido, en este sentido a la coordinación que se está manteniendo entre los departamentos de Servicios Sociale y de Salud Pública, "con una importante jornada de trabajo ayer, para coordinar acciones, revisar protocolos y estudiar la posibilidad de, si fuera necesario, poner alguna medida más en marcha".

"Hay otros puntos calientes además de las residencias de mayores, donde estamos en observación, controlando y comprobando que no se extiendan esos brotes", ha subrayado Sara Alba, quien ha descartado eliminar las visitas a estos centros, pero sí ha apuntado a la posibilidad de más medidas, entre las que "se están revisando algunas, que pueden tener que ver con que las personas que vayan de visita tengan completa la pauta de vacunación, para dar mayor nivel de seguridad".

Por último, preguntada por las quejas del sector de la hostelería, la también portavoz del Gobierno regional ha señalado que "este Gobierno respeta profundamente las opiniones de cada uno de los sectores, otra cosa es que podamos compartirla en algunos puntos" y ha recordado que el Ejecutivo "ha puesto en marcha un importantísimo paquete de medidas de ayuda económica por sectores a través de la ADER".

"Nunca será suficiente, pero nunca ningún Gobierno riojano había puesto un paquete tan importante de medidas y de dinero y de manera tan ordenada. Cuando lo hacemos bien, funciona, y es importantísimo que nadie baje la guardia hasta que no tengamos controlada la pandemia como se está viendo en esta quinta ola", ha concluido Sara Alba.

El Ejecutivo autonómico solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la limitación de la movilidad entre las 01.00 y las 06.00 horas, en las ciudades de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro, debido a la elevada incidencia de casos de coronavirus. Lo ha anunciado en rueda de prensa este jueves, 22 de julio, la consejera de Sanidad del Gobierno regional, Sira Repollés.

Además, este mismo jueves se publicará una orden en el Boletín Oficial de Aragón en la que se introducen modificaciones al nivel de alerta 2 modulado en el que se encuentra la comunidad aragonesa. Dichas medidas entrarán en vigor este viernes, 23 de julio, a las 00.00 horas.

Respecto al toque de queda, los cuatro municipios para los que se solicita son los que presentan una mayor incidencia de COVID-19 a 7 días. En estas localidades de más de 10.000 habitantes, "se ha detectado transmisión comunitaria" y su incidencia supera "de manera importante" la media en Aragón, ha puntualizado la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

De este modo, Jaca registra en estos momentos 1.371 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes a 7 días; Huesca, 628; Monzón, 624; y Barbastro, 524,i mientras que la incidencia media de la comunidad es de 448 casos por 100.000 habitantes en la última semana.

Repollés ha anunciado que la solicitud para limitar la movilidad nocturna se va a realizar este mismo jueves al TSJA y "esperamos tener una respuesta en las próximas 24-72 horas", ha apostillado.

Sobre si podría pedirse la implementación del toque de queda para otros municipios con datos de contagios altos, Repollés ha contestado que, en ese caso, cree que habría que pedir una nueva autorización a los jueces.

MODULACIONES ORDEN

Sobre los cambios que se van a realizar dentro de la fase 2 modulada, en la que se encuentra la región en estos momentos y que viene determinada por la ley 3/2020, aprobada el pasado mes de diciembre para controlar la pandemia en función de varios niveles de alerta sanitaria, la consejera ha detallado lo siguiente: Se homogeneizan los horarios de apertura de la hostelería, restauranción y ocio nocturno, pasando a cerrar a las 00.30 horas. No obstante, ha aclarado la titular de Sanidad, se podrán admitir nuevos clientes hasta las 00.00 horas. Además, se mantiene el aforo en el interior de estos establecimientos al 50%, con seis personas por mesa, y al 100% en el exterior, con diez personas por mesa. El consumo en la barra sigue estando prohibido.

En las celebraciones, se limita el número de asistentes a 90 --hasta el momento eran 120--, y puede ampliarse a 150 si todos los asistentes acreditan haber recibido la pauta completa de vacunación, habiendo transcurrido, al menos, 14 días desde la última dosis de ella; haberse recuperado de la infección y hallarse en periodo comprendido entre el día 11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba diagnóstica positiva; o disponer de una prueba diagnóstica de infección activa negativa realizada por laboratorio acreditado, en las últimas 72 horas en caso de PCR o 48 horas en caso de test rápido de antígenos.

Dicha información solo podrá ser solicitada en el momento de acceso a la celebración. No se conservarán estos datos ni se crearán ficheros con ellos. Además, el titular del establecimiento, antes de la celebración del evento, deberá recabar información para contacto de las personas que vayan a asistir a la celebración, y conservará los listados durante cuatro semanas.

Además, habrá cambios en los aforos de los eventos multitudinarios, ya que solo podrán contar con la presencia de 250 personas en el interior y 500 en el exterior --antes eran 500 y 1.000, respectivamente--, con autorización previa del Servicio Provincial del Departamento de Sanidad.

En cuanto a las reuniones de órganos de gobierno y representación, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y actos similares, se reducirán a 250 personas --hasta ahora eran 500--, respetando siempre el 75% del aforo.

En el resto de los ámbitos se mantienen las medidas tal y como estaban hasta el momento, con aforos al 75%, en términos generales.

BALANCE CONTAGIOS COMUNIDAD

Las nuevas restricciones son la respuesta del Gobierno de Aragón a la sexta ola del virus que azota a la comunidad. "Hemos observado un ascenso explosivo, muy rápido, que ha coincidido con unas serie de eventualidades", como la relajación de algunas restricciones, el aumento de la movilidad de población no vacunada, viajes fin de curso y otras celebraciones, sobre todo en la población joven, ha descrito la titular de Sanidad, añadiendo que el origen de los contagios se ha trasladado a "una segunda generación de contagios", aumentando los casos en las siguientes franjas de edad, que ya pueden estar vacunados con la pauta completa o haber iniciado el proceso.

Así, la incidencia en Aragón alcanza los 448 casos por 100.000 habitantes a 9 días, registrándose un "leve" descenso respecto a la jornada anterior --incidencia de 452--.

Las mayores incidencias siguen estando en los grupos de edad de 15 a 29 años, si bien continúa la tendencia descendente que ya se apreciaba la pasada semana. La tasa de 20 a 29 años es ahora de 1.206 casos por 100.000 habitantes a 7 días, la mayor entre todas las franjas de edad, pero inferior al pico, que se alcanzó hace quince días, con 1.888 casos. Sucede lo mismo sucede con el grupo de 10 a 19, el segundo con mayor incidencia, con 853 casos, al igual que el de 30 a 39 años, con 534 casos por 100.000 habitantes a 7 días. El resto de cohortes mantienen incidencias menores, pero presentan tendencias ascendentes en la última semana.

Por provincias, Zaragoza acumula una incidencia de 417,1 casos; Huesca de 597,7; y Teruel, 344 casos. En lo que se refiere a las capitales, Teruel presenta una incidencia de 383,6 casos por 100.000 habitantes en la última semana --471 la pasada--; Huesca, 628,3 casos --480 la pasada--; y Zaragoza capital tiene una tasa de 428,5 casos por 100.000 habitantes --373 la anterior--.

En cuanto a los números absolutos, la comunidad acumula desde el inicio de la pandemia un total de 141.793 positivos, de los que 124.328 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad, se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.555 fallecimientos, uno más que en la semana anterior.

HOSPITALIZACIÓN

En los últimos días se está apreciando una subida en los ingresos tanto en cama convencional como en UCI, aunque el crecimiento es "muy inferior" al que se registró en las olas anteriores con incidencias similares e incluso menores, gracias al efecto de la vacunación, ha dicho Sira Repollés.

Según los últimos datos, había 255 pacientes COVID --la pasada semana eran 118--. De ellos, 26 están en las UCIy 229 en hospitalización convencional. Como referencia, en la anterior oleada se registró un pico de ingresos de 399 hospitalizados, con una incidencia inferior a la que se registra en la actualidad y que no superó los 165 casos por 100.000 habitantes. Con una incidencia similar a la actual, a mediados del pasado mes de enero se registraban 554 hospitalizados.

RASTREO

El seguimiento de los contactos a diez días sigue aumentando. En estos momentos se está realizando seguimiento a 15.360 personas frente a las 10.598 de la semana pasada y a las 4.195 de hace quince días. Además, cabe destacar se ha reforzado el rastreo de los contactos con la incorporación de 20 efectivos militares que, desde este jueves, complementan la labor realizada por la Atención Primaria.

El número básico de reproducción desciende y se sitúa en 1,07 --estimación del número de personas a las que puede infectar cada positivo-- frente al 1,27 de la pasada semana. Y la tasa de positividad media de las pruebas realizadas crece al 17,2 frente al 13,5% de la pasada semana.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a participar "en todos aquellos espacios de negociación bilateral y multilateral" con el Ejecutivo central para defender los intereses de los catalanes en el ámbito de autogobierno y de financiación.

Así lo recoge un punto de una moción impulsada por los comuns sobre las líneas de acción para llevar a cabo una trasformación del modelo económico, que ha llevado a dicha formación, PSC y Cs a votar a favor, mientras que la CUP y Vox han votado en contra, y Junts, ERC y PP se han abstenido.

La Cámara catalana aprueba esta moción después de que el presidente del Gobierno haya rechazado acudir a la reunión de presidentes autonómicos que se celebrará el 30 de julio en Salamanca porque apuesta por la comisión bilateral Gobierno-Generalitat que se celebrará en Madrid tres días después.

En relación al modelo de financiación, se ha rechazado la petición de que el nuevo modelo que se quiera negociar con el Estado se presente en el Parlament antes de tres meses, para que pueda debatirse y se busque el máximo consenso posible.

Este punto no ha salido adelante porque Junts, ERC, la CUP y Vox han votado en contra frente a PSC y comuns, que lo han hecho a favor, y PP y Cs se han abstenido.

Tampoco ha prosperado el punto que pide establecer una estrategia conjunta con las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana "para impulsar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado del PSC Jordi Riba ha considerado evidente que es necesario un cambio de modelo económico y ha dicho que "después de 2008 y la austeridad planteada como receta en esa situación, y después de la pandemia, se ha evidenciado que se han desgarrado las costuras" del modelo actual.

Por parte de Junts, Ramon Tremosa ha coincidido con los comuns en muchos puntos de la moción, pero ha anticipado su voto en contra de aspectos como el apartado que pide pagar los sueldos atrasados a funcionarios este mismo año, porque han pactado con los sindicatos hacerlo "entre este año y el siguiente".

Lluís Salvadó (ERC) ha destacado la fiscalidad de los juegos de azar y ha remarcado que en este sector Cataluña recauda 225 millones de euros cada año con el juego presencial aunque "el problema está en el juego online, donde la regulación depende del Estado", ha afeado.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha advertido de que su formación no comparte todo el texto de la moción, y ha apuntado: "No acabamos de tener muy claro qué pintan ciertos elementos, como tener que depender del Estado o participar en debates sobre modelo de financiación".

Antonio Gallego (Vox) ha dicho que se oponen a la moción "porque desprende 'tufillo' marxista", y ha tachado de intervencionistas las medidas que proponen los comuns.

Desde Cs, Joan García ha destacado que apoyan la parte del texto que apuesta por "un modelo de investigación, transferencia tecnológica y conocimiento donde la emprendeduría y la formación profesional estén también en el centro de los cambios".

Alejandro Fernández (PP) ha criticado la extensión de la moción y ha acusado a los comuns de querer que el Parlament asuma su "programa electoral entero" con la votación.

La oposición de la Comunitat valenciana rechaza la "ocurrencia" sugerida por el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de establecer un impuesto específico a las rentas altas de la Comunidad de Madrid para armonizarlos en España, al considerarlo una "cortina de humo" para no bajar la fiscalidad a los valencianos.

"Ayuso está haciendo una labor impecable y lo único que hace Puig es beneficiarla", ha replicado la síndica del PP, Eva Ortiz, tras la propuesta que lanzó el también líder del PSPV este miércoles.

Es más, se ha preguntado qué pasaría si la presidenta madrileña "se levantara por la mañana y le dijera a Puig lo que tiene que hacer en una autonomía" y ha augurado que, en las próximas elecciones, Isabel Díaz Ayuso podrá quedarse "con todo el arco parlamentario" por su "política de hechos consumados de bajada de impuestos".

La 'popular', a preguntas de los periodistas en Les Corts, ha aconsejado a Puig que deje su "cobardía" y exija al presidente del Gobierno que acabe con los "incumplimientos" con la Comunitat en materia de dosis de vacunas, financiación autonómica, deuda histórica o el trasvase Tajo-Segura. Así le ha acusado de actuar más como secretario general del PSPV que como jefe del Consell.

"Tiene miedo a Pedro Sánchez porque probablemente le puede pasar lo mismo que a Ábalos como se descuide, igual por eso no alza la voz", ha deslizado una semana después de la salida del exministro valenciano del Gobierno y de sus cargos en el PSOE.

También ha urgido a Puig a bajar los impuestos en la Comunitat y que así sea más atractiva para las empresas y los ciudadanos no sigan en un "infierno fiscal". "La capital de España es Madrid", ha zanjado, para criticar que partidos como el PSOE y Podemos "fomenten la ruptura de España" al estar a favor de los indultos o que el 'president' no se queje cuando Cataluña recibe "más fondos europeos o de cualquier tipo".

En la misma línea, la portavoz de Cs, Ruth Merino, ha sostenido que el impuesto que plantea Puig es una forma de "desviar la atención sobre su mala gestión" y las nuevas restricciones sanitarias, así como un intento de "criminalizar" a Madrid y "saltarse" el Estado de las Autonomías.

Son declaraciones que, a su juicio, generan odio y división cuando "ya hay suficientes problemas para que diga estos sinsentidos" y las comparaciones "son odiosas porque siempre se vuelven en contra". Le ha exigido que reclame más vacunas, que tenga más energía y menos tibieza con la financiación autonómica y que cumpla con los compromisos acordados con su partido como la auditoria externa de la Generalitat.

Como síndica de Vox, Ana Vega ha reclamado a Puig que no pida "expropiar" el dinero de comunidades que "hacen los deberes y bajan los impuestos" como Madrid. También que se deje "de 'dumping' y de todas esas tonterías" y afronte la deuda de la Comunitat que "no podrán pagar ni nuestros hijos ni nietos".

Entre el Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha valorado positivamente un impuesto a los ricos madrileños aunque desconoce si la fórmula que propone Puig "es la mejor o no", insistiendo en que el objetivo debe ser ayudar a los más desfavorecidos.

Al margen de esto, ha lamentado la "repercusión" que tuvo la intervención del presidente valenciano en los medios de comunicación nacionales. "Cuando la gente de las periferias acude a Madrid, muchas veces somos ignorados por esa gran prensa estatal que nos deja sin voz", ha dicho ligándolo a la necesidad de repetir la manifestación de 2017 contra la infrafinanciación.

PODEMOS TACHA A MADRID DE PARAÍSO FISCAL

Pilar Lima (Unides Podem) ha abogado por un modelo de "justicia" en el que paguen más los más ricos y ha calificado a Madrid de paraíso fiscal "que afecta al resto de territorios" en los servicios públicos, como la Comunitat con una deuda que podría suponer "el gasto de la Conselleria de Educación".

"Puede ser que Puig se haya 'podemizado' y haya abierto los ojos" con estas ideas, ha ironizado, para reivindicar que la justicia fiscal debe partidr de un debate en igualdad de condiciones entre todas las autonomías.

Lima también ha celebrado que, con la defensa de la desterritorialización del Estado que hizo Puig, "por fin el PSOE se da cuenta" de que es necesario cuando "lleva 40 años con políticas centralistas que benefician a Madrid", aunque ha instado a que lo debatan sus barones para aclarar la posición de partido. "Nosotras tenemos claras nuestras prioridades", ha aseverado, una república confederal en lugar del federalismo monárquico.

Y el socialista Manolo Mata ha coincidido con el 'president' en que "la España periférica tiene mucho de aportar" y que Madrid debe compensar el efecto capitalidad. Ha rechazado la visión de Compromís de falta de repercusión en esta comparecencia organizada por una agencia de noticias con representación en toda España, recordando que "convencer a la gente es una gota malaya" y que la política no es "ni magia ni circo".

Como ejemplo, ha recordado que la manifestación de 2017 contra la infrafinanciación "no mereció ni una línea en medios nacionales", aunque cree que surtió efecto porque es algo que reconoce el Banco de España, la AIReF, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, o incluso el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Pero, ha remarcado, "las soluciones son muy complicadas porque cada uno tira para su territorio".

Sobre otra de las ideas que planteo Puig en Madrid, como desterritorializar el Día de la Hispanidad, Ciudadanos ha asegurado que no tiene nada en contra aunque "no es el momento", Vox que estarían encantados si bien "ya se celebra en todas las ciudades" y UP que València "merece" esta celebración.

El Gobierno del Principado pedirá autorización al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para implantar a partir de agosto el toque de queda nocturno, entre las 01.00 y las 06.00 horas, en aquellos municipios con incidencia de contagios superior a 350 casos.

Esta medida se adopta ante la previsión de que la presión hospitalaria pase este fin de semana de nivel bajo (1) a nivel medio (2) de ocupación, según han explicado este jueves en rueda de prensa el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz; la directora gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Concepción Saavedra, y el jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias, Miguel Prieto.

Una vez la ocupación hospitalaria de la red sanitaria asturiana esté en nivel 2 durante tres días, se observará la evolución de la incidencia por municipios y se aplicarán nuevas restricciones en aquellos que alcancen durante tres días los parámetros del nivel de riesgo extremo '4+'.

La limitación de la movilidad entre las 01.00 y las 06.00 horas en aquellos concejos que estén en nivel '4+' es la principal novedad de las restricciones. Asimismo, desde la Consejería de Salud prevén otras medidas como la restricción de agrupamientos a 6 personas en interiores y 10 en exteriores; y la evaluación de aquellos eventos multitudinarios que estén autorizados o previstos por las autoridades municipales para su "readecuación o suspensión".

No se contemplan nuevas restricciones en eventos particulares, como bodas, que mantienen los aforos para ocho persona por mesa en interiores. Asimismo, el Principado pretende mantener el cierre del ocio nocturno en toda la comunidad.

"Varios municipios están en situación de entrar en nivel '4+'", han dicho, rehusando mencionar concejos concretos porque su situación podría variar. Así, han incidido en que pasarán "unos días" hasta que se pueda materializar, ya que se requieren seis días de observación de la evolución después de que la ocupación hospitalaria asturiana se encuentre en nivel medio.

El consejero ha señalado que la curva de la incidencia se está "empezando a aplanar", con una reducción más significativa a 7 días, al tiempo que la cobertura de la vacunación tiene influencia positiva tanto en los ingresos en planta como en UCI, con cifras inferiores a la media nacional.

No obstante, advierte de que se observa un aumento de ingresos y Asturias está a punto de pasar de presión asistencial baja (1) a media (2), y cuando eso ocurra se activará el sistema '4+' para aquellos municipios con incidencia mayor a los 350 casos para implantar medidas "que ayuden a la gestión de pandemia" de forma localizada.

PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD

Pablo Fernández Muñiz ha pedido "prudencia" y "responsabilidad" a la población para seguir cumpliendo las recomendaciones de distancia interpersonal y uso de mascarilla.

En la misma línea, Miguel Prieto ha apelado a la "prudencia" porque se registra un nivel "muy alto" de incidencia en Asturias, con una transmisión de 681 casos a 14 días, que es "superior" a la registrada en la segunda y tercera ola.

Y es que el nivel de transmisión comunitaria es "muy alta, de 4 sobre 4", aunque "afortunadamente la situación hospitalaria está elevándose pero en niveles inferiores", aunque va a pasar "de riego bajo a medio".

Además, el jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha destacado que la alta incidencia en jóvenes "empieza a traspasarse a otros grupos de edad", llegando a "riesgo alto" entre los mayores de 65 años, por lo que habrá que "seguir de cerca esa situación".

Por su parte, Concepción Saavedra ha destacado que se ha reforzado la contratación para disponer de 20.579 profesionales activos y se continúa desburocratizando la Atención Primaria para mantener la actividad asistencial programada, tanto de consultas como quirúrgica.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que la próxima semana se abrirá la vacunación contra el coronavirus a los jóvenes por debajo de los 20 años y hasta los 16 años. Ha indicado, ante la alta tasa de contagios que se está produciendo, que la variante delta ya es la predominante en esta comunidad y tiene una contagiosidad muy rápida.

Así se ha pronunciado Moreno en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, sobre estrategia frente al Covid.

El presidente ha señalado que Andalucía siente de manera muy directa los efectos de esta quinta ola de la pandemia, aunque en menor medida que el resto de España, puesto que la tasa de incidencia se sitúa en los 434 frente a los 644 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.

Ha indicado que aunque están subiendo mucho los contagios, la presión hospitalaria todavía está lejos de los picos de olas anteriores, lo que se debe fundamentalmente a la vacunación.

El presidente ha expuesto que hoy hay 5,3 millones de andaluces con al menos una dosis de la vacuna (el 75,3 por ciento), mientras que uno de cada tres mayores de 16 años, tiene la pauta completa, y hoy se alcanzará el 65 por ciento de la población andaluza con dos dosis de la vacuna.

Ha informado de que las personas a partir de 20 años podrán pedir cita para vacunarse a partir de este jueves en Andalucía, un proceso que se quiere hacer lo más rápido posible, de manera que la próxima semana se abra la vacunación a los de menos de 20 años y hasta 16 años. En agosto, según ha apuntado, se quiere vacunar a menores hasta 12 años, de forma que empiecen el curso escolar con la vacuna puesta.

Ha mostrado su preocupación por que el alto ritmo de vacunación que Andalucía ha ido desarrollando se haya visto ralentizado porque están llegando menos vacunas, concretamente, 406.000 en esta semana, una cifra muy por debajo de la de semanas anteriores.

Moreno ha señalado que por la información que le ha llegado, el Gobierno central tiene previsto intentar hacer un esfuerzo ante las autoridades de la Unión Europea para que se produzca un incremento en la llegada de vacunas.

El presidente de la Junta ha defendido las medidas adoptadas por su Gobierno, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, para tratar de frenar la pandemia, y ha lamentado las continuas "improvisaciones" del Gobierno central, como se ha visto con la sentencia del TC sobre el estado de alarma, o con la reciente decisión sobre la no obligatoriedad de las mascarillas en espacios al aire libre.

Ha mostrado su preocupación por que las comunidades no tengan un paraguas jurídico nacional a la hora de adoptar medidas, lo que da lugar a que haya sentencias judiciales diferentes ante una misma medida, ya que hay comunidades donde se avala un toque de queda y en otras no.

"Es fundamental un marco normativo estable y duradero", según Moreno, quien ha lamentado que el Gobierno central no haya atendido esta petición de las comunidades, que ahora están a expensas de las decisiones de los juzgados.

Por su parte, Sergio Romero ha manifestado que en estos momentos de aumento de los contagios en pleno verano es "desolador ver la estrategia de propaganda y de cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez", que no asume ni "un grado de responsabilidad". Ha mostrado su preocupación por que sean ahora las comunidades las que están pagando la "cerrazón y la negligencia" de Ejecutivo nacional, que no ha cumplido ni siquiera su palabra sobre dotar de instrumentos a las administraciones autonómicas para luchar contra la pandemia.

Ha expresado su apoyo a las medidas adoptadas por la Junta y ha indicado que es evidente que no podemos controlar a cada ciudadano ni decir a los empresarios que vuelvan a cerrar o pedir a lo jóvenes que contengan sus ganas de salir, y ha advertido de que el riesgo que existe no es sólo sanitario, sino también económico, porque la economía ya está muy dañada.

En su opinión, que la curva de contagios sea hoy igual que en febrero puede llevar a muchas familias, empresarios y trabajadores al "precipicio". Ha indicado además que, en modo alguno, se trata de "demonizar" a la juventud, pero es evidente que al botellón hay que ponerle freno, empezando porque está prohibido desde hace años.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha alertado este jueves de que la crisis consecuencia de la pandemia por Covid-19 "ha incrementado los mensajes discriminatorios y de odio hacia determinados colectivos por razón de su ideología, religión o creencias, origen nacional, etnia, sexo, género, situación familiar, orientación e identidad sexual, enfermedad o discapacidad, lo que supone un avance, muy reprobable, en los discursos y delitos de odio".

Durante la presentación del informe Raxen que elabora Movimiento contra la Intolerancia, la consejera ha apuntado que "el propio Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), en su informe de febrero de 2021, advierte de la presencia y la gran capacidad de propagación del discurso de odio en las plataformas de intercambio de videos y en las redes sociales desde el inicio de la pandemia en un ámbito donde resulta difícil legislar y establecer un control", según ha explicado la Consejería en un comunicado.

En este sentido, la consejera ha expresado que la personificación de la administración de la Junta de Andalucía en los procedimientos judiciales a los que se refiere los artículos 510 y 510 bis del Código Penal respecto a los delitos de odio "servirá para evitar conflictos y una violencia a mayor escala". "El gobierno andaluz, mediante el Derecho Penal, lucha contra el racismo, la xenofobia y las prácticas discriminatorias que no pueden permanecer veladas", ha subrayado.

Asimismo, en la Ley de Infancia y Adolescencia aprobada este miércoles en el Parlamento se ha añadido una disposición final que recoge precisamente la personificación de oficio de la Junta de Andalucía en los procedimientos por delitos de odio.

Ruiz ha recordado que el Consejo de Gobierno, en su reunión del pasado 30 de marzo, acordaba instar a la Consejería de Igualdad a adoptar las medidas necesarias en este sentido.

"La Junta no quiere ni puede permanecer ajena, resultando inaplazable adoptar medidas que contribuyan a la persecución de estos delitos y, por ello, ha considerado incorporar, con carácter inmediato, un instrumento de cautela y protección a las víctimas de estas conductas a fin de prevenir el incremento de las acciones constitutivas de delitos de odio y su erradicación", ha subrayado.

Según recoge el informe del Ministerio del Interior sobre la evolución de los delitos de odio en España, estos han aumentado en un 6,8% en 2019 respecto al año anterior. Concretamente, los motivados por racismo y xenofobia han sido los que más se han incrementado, un 20,9%, seguidos de los motivados por razón de orientación sexual e identidad de género, que han subido un 8,6%.

En este documento también se pone de manifiesto el significativo incremento de las amenazas, injurias y discriminación a través de Internet y las redes sociales, sitios en los que se intensifica de forma exponencial el daño producido a las víctimas. Además, entre el 10 y 15% de las personas denuncia este tipo de delitos, por lo que la consejera ha insistido en la necesidad de "transmitir el mensaje de que la administración está ahí para ayudarles y acompañarles en todo el proceso".

La consejera se ha referido a "dos hechos terribles" que se han producido en las últimas semanas como es el asesinato de un joven en Galicia presuntamente por su condición sexual, así como otra muerte violenta de un joven con Síndrome de Asperger.

"No podemos quedar impasibles ante conductas delictivas que promueven o justifican la discriminación y el odio a través de la intolerancia hacia determinados grupos sociales. Estos hechos constituyen vulneraciones muy graves contra los derechos humanos que atentan contra la dignidad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, la libertad ideológica, religiosa y de culto y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades. Una sociedad sana, una sociedad del siglo XXI, tiene que estar al lado de las víctimas y señalar a quienes las agreden", ha concluido Rocío Ruiz.

Radiotelevisión Española elegirá a su representante en Eurovisión 2022 mediante un evento musical en Benidorm que se celebrará a principios de año, probablemente en enero, que contará con la colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento.

Así lo han anunciado el presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero; la directora de Contenidos, Amalia Martínez; el president de la Generalitat, Ximo Puig; y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en una presentación ante los medios este jueves.

El evento consistirá en tres galas en tres noches consecutivas durante el mes de diciembre. Generalitat y Ayuntamiento financiarán el proyecto, mientras que la radiotelevisión pública será quien realice el evento para televisión. También se encargará de la selección de las canciones. La idea es que el contrato sea para más de un año.

El presidente de RTVE, Pérez Tornero, ha señalado que "venimos a ganar". "Venimos a que la gente joven gane Eurovisión y que se proyecte en el mundo". Además, ha pedido "abandonar la melancolía y los malos resultados". "Cuando se sale, se sale a ganar", ha aseverado.

Pérez Tornero también ha remarcado la colaboración entre instituciones, ha destacado que la idea de aunar Eurovisión y Benidorm fue del president, Ximo Puig, y ha agradecido al alcalde que "se sumara enseguida" al proyecto.

Para Puig, la celebración de este evento supone poner en el centro "el alma y la cultura. "Gracias por aceptar la magnífica idea de que Benidorm sea la sede para conseguir ganar, ganar la esperanza", ha manifestado.

"Benidorm nunca ha dejado de ser Benidorm, y lo será más que nunca con este festival", ha aseverado Puig, que ha defendido la celebración de esta selección.

Por su parte, Pérez ha señalado que la música "siempre ha estado ligada a esta ciudad". En este sentido, ha recordado el primer Festival Internacional de la Canción, que "abrió Benidorm" al turismo nacional e internacional. "Desde Benidorm llegaron los más destacados éxitos de la canción española".

"62 años después vuelve la ilusión", ha manifestado, y ha impulsado a "cantantes y autores" a buscar saltar desde Benidorm a Eurovisión. El antiguo Festival de Benidorm dejó de celebrarse en 2006 tras casi 50 años. Raphael, Julio Iglesias o Dyango fueron algunos de los artistas que pasaron por la cita benidormera en sus primeras etapas.

TRES GALAS EN DÍAS CONSECUTIVOS

La directora de contenidos, Amalia Martínez, ha señalado que la idea es que las galas se celebren en tres días consecutivos, y se prevé que sean dos semifinales y una final. Respecto a la selección de los participantes, ha indicado en que será una "convocatoria abierta".

La directora espera que el evento "conecte con la audiencia joven" y que se convierta en una "estrategia a largo plazo". "Este es un camino que creemos que nos va a llevar a lo largo de varios años", ha agregado, con lo que espera que sea una "planificación anual".

"Queremos poner el foco en impulsar el talento musical, para conseguir acertar en la fórmula, que ha de incluir buenas canciones, artistas solventes y un espectáculo visual bien diseñado en el que apostaremos por un sonido musical actual", ha señalado, para lo que se contará con un grupo de trabajo con "los mejores expertos para hacer del festival fue un éxito".

Los primeros detalles que ha compartido han sido que habrá un jurado mixto con profesionales y público, y no se descarta un jurado internacional. También ha indicado que la preselección de canciones se podrá ver en Play, la plataforma digital de RTVE, en otoño.

Una vez se haya seleccionado la canción, se prevé un plan de promoción internacional. El objetivo es que la canción "haya sonado antes del Festival en la población europea".

También ha indicado que habrá una nueva persona para ser jefe de delegación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Hasta ahora, Ana María Bordás ocupaba este cargo, pero recientemente fue nombrada Jefa de Entretenimiento de RTVE.

Por otra parte, Martínez también ha confirmado que Televisión Española participará en el Festival de Eurovisión Junior, aunque no habrá tiempo de celebrar una selección. "Creemos que nuestro pasado garantiza un éxito", ha agregado.

EUROVISIÓN 2022

Finalmente, el artista ganador deberá acudir al Festival de la Canción de Eurovisión 2022, que se celebrará en Italia en mayo del próximo año. España es uno de los primeros países en confirmar su formato de selección para buscar al sucesor de Maneskin, la banda de rock italiana que ganó en 2021 con "Zitti e buoni".

Precisamente, Italia utiliza como método de selección el Festival de Sanremo, otro evento musical celebrado en una localidad turística, que lleva desde 1951 congregando a los principales exponentes de la música italiana. Desde que el país transalpino regresó al festival en 2011 (no participaron entre 1998 y 2010), los diferentes participantes en Sanremo que han ido a Eurovisión han obtenido una victoria, dos segundos puestos y un tercero, así como varios resultados entre los 10 primeros clasificados.

España, por su parte, lleva seis ediciones consecutivas finalizando en la parte baja de la tabla, y no supera el puesto 20 desde que Ruth Lorenzo quedara décima en 2014.

Edurne (21ª), Barei (22ª), Manel Navarro (último), Amaia & Alfred (23º), Miki (22º) y Blas Cantó (24º) han sido los últimos representantes españoles. El país lleva desde 1969 sin ganar el festival y la última vez que estuvo entre los cinco primeros fue en 1995, con Anabel Conde.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha pedido evitar los botellones y las aglomeraciones de los jóvenes, porque "ese es el gran foco de contagio" actualmente y, además, ha lamentado que "terminan trasladando el virus a los domicilios e infectando a personas que están vacunadas".

Por ello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pedreño ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los más jóvenes y al uso correcto de la mascarilla. De cara al fin de semana, ha solicitado a la Delegación del Gobierno en la Región que refuerce las labores de vigilancia, en especial, en las concentraciones de personas.

Ha lamentado que el número de casos "sigue aumentando diariamente y la incidencia sigue siendo mayor entre los más jóvenes". Así, destaca que la mayoría de los casos se origina en los ámbitos del ocio y sociofamiliares.

Prueba de ello, según el informe epidemiológico semanal, es que en el rango de edad entre los 15 y los 29 años, se detectaron 951 casos en la última semana, lo que supone un 56,3% de todos los positivos de la semana y una incidencia de 336,9 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto de los tramos de edad.

Por ello, el Gobierno murciano ha vuelto a hacer un llamamiento a la "responsabilidad y la solidaridad" de los más jóvenes, al cumplimiento de las medidas y, sobre todo, al uso correcto de la mascarilla en un momento en el que "la situación vuelve a complicarse".

En este sentido, el Gobierno murciano ha solicitado este jueves a la Delegación del Gobierno, de cara al fin de semana, que dentro de sus competencias "refuerce las labores de control y vigilancia de las medidas vigentes a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, en especial de las concentraciones de personas en las que se pueden relajar o incumplir estas medidas de seguridad". Pedreño ha agradecido de antemano la labor que realizan estos cuerpos de seguridad.

A este respecto, ha insistido a la población más joven que los botelleos "están prohibidos por ley y, además, en este momento suponen un auténtico riesgo para la salud pública, al ser un gran foco de contagio, como lo son también las fiestas en los domicilios".

Ha destacado que hay 12 personas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con edades comprendidas entre los 20 y los 72 años, la mayoría sin vacunar, ya que solo hay una persona con una sola dosis y una segunda persona de 72 años con la pauta completa. Sus edades son de 20, 29, 33, 38, 40, 45 (dos personas), 46, 58, 59, 60 y 72 años.

Al ser preguntado por los controles que está realizando Salud Pública, Pedreño ha señalado que este fin de semana se han realizado 66 inspecciones en locales y se han abierto tres expedientes por no cumplir de forma adecuada las normas establecidas

RESTRICCIONES

Pedreño ha destacado que, esta semana, la Región se encuentra en nivel de alerta 2 (medio). Asimismo, 33 municipios están en nivel de alerta alto; 11 en nivel de alerta 2 (medio); y tres en nivel de alerta 1 (bajo).

A día de hoy, el consejero ha explicado que las tasas de la Región se sitúan en 212,8 casos por cada 100.000 habitantes a los siete días y en 361,2 a los 14 días. "La tendencia no es buena y, aunque tenemos una de las incidencias más bajas del país, eso no puede servir de consuelo porque necesitamos que no suceda porque, al final, nos estamos contagiando y no sabemos dónde puede estar el techo".

Ha destacado que el servicio de Epidemiología hace un trabajo diario "muy laborioso", controlando todos los casos y rastreando los posibles contactos estrechos y los positivos, así como con la spruebas de cribado.

Este miércoles entraron en vigor las medidas acordadas en el último Comité técnico de seguimiento del Covid, con las que se pretende incidir, sobre todo, en aquellos ámbitos que se han convertido en el foco de la mayoría de los contagios, tal y como certifican los informes epidemiológicos, es decir, el ocio, las celebraciones y las reuniones sociales.

Ha explicado que hay un brote en una escuela de verano en Los Urrutias de Cáritas Alcantarilla. Se ha detectado un caso positivo y se han realizado 51 test, 13 a trabajadores y 38 a menores entre 5 y 16 años. Los resultados no están todavía disponibles pero los menores ya están en casa con sus padres y controlados.

NUEVOS CRIBADOS

"La labor de rastreo, una vez más, es fundamental para atajar lo antes posible el contagio del virus", según Pedreño. Para apoyar estas tareas, ha señalado que continúan los cribados poblacionales en los municipios que presentan tasas elevadas. Este jueves realiza cribados en Molina de Segura y Lorquí a personas entre los 15 y los 29 años, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Además, se han programado nuevos cribados para edades comprendidas entre los 16 y los 25 años de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas este viernes en Espinardo (Murcia) y Cartagena; el sábado en La Unión, San Pedro del Pinatar y Cartagena; y el domingo en San Javier, Librilla, Archena y Fortuna. "Animamos a cualquier persona de estos municipios que esté en este rango de edad a que colabore y acuda a realizarse esta prueba de antígenos", ha señalado Pedreño.

Al ser preguntado por los refuerzos sanitarios para el seguimiento de los casos, Pedreño ha señalado que el SMS está adjudicando "determinados sanitarios que, a falta de médicos y enfermeros, son de otras categorías para apoyar a estos equipos a realizar los rastreos". Se trata, por ejemplo, de fisioterapeutas o auxiliares de enfermería, ha precisado.

EVOLUCIÓN DE LA VACUNACIÓN Y DESPLAZADOS

Ahora que aumenta "notablemente" los desplazamientos de personas de otras comunidades autónomas que visitan la Región, la Consejería de Salud ha puesto en marcha la solicitud de la tarjeta sanitaria de desplazamiento temporal en la Región a través de la web de 'murciasalud'. Como ejemplo, hasta la fecha se han vacunado a más de 18.000 personas como desplazadas a la Región.

Asimismo, aquellas personas que viven en la Región con tarjeta sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS) y que se desplacen a otros municipios distintos de su residencia habitual, bien por vacaciones u otros motivos, pueden realizar también este trámite a través de 'murciasalud'. Con esta medida se evita que estas personas tengan que ir al centro de salud a solicitarla, agilizando el trámite administrativo.

En cuanto a la campaña de vacunación, ha afirmado que sigue progresando y ya hay citadas cerca de 50.000 personas desde este jueves y hasta el próximo domingo. Según el informe de vacunación, este jueves la Región ha alcanzado 1.588.117 dosis administradas. El último informe del Ministerio sitúa a la Región con un 92,4% de personas mayores de 40 años con, al menos, una dosis, y de un 83,9% con la pauta completa.

A este respecto, Pedreño ha destacado que la autocita para la población de 20 a 29 años está disponible para todos los municipios de la Región.

SOLICITA MÁS VACUNAS

Pedreño ha recordado que, en la reunión del pasado martes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, ante el aumento de casos en todo el país, el Gobierno regional solicitó de nuevo al Ministerio el "aumento urgente e inmediato en el envío de vacunas de cara a proteger a la mayor parte de la población lo antes posible".

Ha señalado que "es esencial vacunar más rápido y proteger cuanto antes a la población", porque "es una necesidad que tienen las comunidades autónomas, que necesitan más vacunas y las necesitan cuanto antes". Y es que, añade, la principal medida para afrontar este repunte "sigue siendo la vacunación".

En el Consejo Interterritorial, el Gobierno murciano reiteró la "incertidumbre" que supone "no tener cerrada la planificación del envío de dosis para el mes de agosto, sobre todo, para que podamos organizar la campaña de vacunación de las personas más jóvenes".

El Gobierno de Navarra va a remitir este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una orden foral en la que pedirá la aplicación del toque de queda durante los fines de semana y los días festivos, así como para los días en los que se deberían haber celebrado fiestas en las distintas localidades navarras.

El toque de queda se aplicaría los fines de semana y festivos en los municipios con riesgo muy alto, es decir, aquellos que tengan incidencia superior a 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días o 125 casos en 7 días. Además, la aplicación de esta restricción sería general durante los días en los que correspondería celebrar a cada municipio las fiestas patronales, independientemente de su incidencia.

El Ejecutivo foral ha adoptado esta decisión después de que esta misma semana el TSJN rechazara el toque de queda para todos los municipios de Navarra que se encontrasen en esa situación de riesgo muy alto. Entre otras consideraciones, el Tribunal señaló que el Gobierno foral debería haber identificado las localidades afectadas así como los datos concretos de contagios.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que el toque de queda es un instrumento "necesario" para tratar de frenar los contagios. "Lógicamente, estudiando el auto del TSJN hemos tratado de ajustarnos a las peticiones, requisitos y orientaciones que marcaba el propio auto", ha asegurado.

Remírez ha considerado que con la nueva orden "afinamos el tiro". "Es una medida más específica, más quirúrgica y creemos que con eso satisfacemos los requerimientos del TSJN", ha dicho.

La orden foral estaría vigente hasta el 28 de julio y el Gobierno quiere que entre en vigor en la medianoche del viernes al sábado, para que pueda abarcar este fin de semana, que "es de mucha interacción social en Navarra".

Por su parte, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha afirmado que "continuamos con unas tasas muy, muy altas, en edades jóvenes, tanto de 12 a 19 como de 20 a 29 años". "Son unas tasas desproporcionadamente altas que también se están extendiendo a grupos etarios superiores, cuestión que no pasaba al principio con los primeros brotes", ha señalado.

La consejera ha explicado que esta incidencia elevada "está suponiendo que la hospitalización está aumentando y la previsión es que, siguiendo con estos valores, aumente en los próximos días, de ahí la importancia de frenar estos contagios". "Sabiendo en qué grupos de edad está ocurriendo la transmisión tan alta, tenemos que añadir medidas que frenen esta transmisión e incidir en medidas preventivas también para todas las edades, porque aunque las vacunas están disminuyendo la gravedad, son incidencias muy altas que tenemos que frenar, porque la tendencia sigue siendo creciente", ha advertido.

Sobre la posibilidad de adoptar más restricciones, Induráin ha señalado que de entrada la orden foral incluye hasta el 28 de julio y "vamos a ver cómo evoluciona, probablemente bajar incidencias tan altas no va a ser fácil". "Los valores que se han comentado de incidencia acumulada son valores de riesgo muy alto. Tenemos cuatro indicadores en riesgo muy alto y esto en una semana no es previsible que baje hasta unos niveles que sean los deseables, pero sí que esperemos que se vaya conteniendo", ha indicado.

Además, ha señalado que le preocupa la presión hospitalaria "porque siempre hay un decalaje entre incidencia y ocupación hospitalaria, y aunque esta ocupación es más baja en porcentaje respecto a las incidencias -en comparación con anteriores olas-, tantos casos con tanta transmisibilidad están ocasionando que se hayan duplicado los ingresos".

La Fundación Fernando Buesa y Gogoan-Memoria Digna han reclamado a los ayuntamientos vascos que construyan "un paisaje urbano" que recuerde a las víctimas del terrorismo en coherencia con el tiempo post-ETA que se vive. En este sentido, han denunciado la "presencia constante y, a veces, asfixiante de los victimarios en los espacios públicos" de determinados municipios y la escasa presencia de las víctimas.

En un comunicado, ambas organizaciones han reclamado a los consistorios que contribuyan a que los espacios públicos sean "lugares que fomenten la convivencia, la deslegitimación de la violencia y la memoria de las víctimas".

Fundación Fernando Buesa y Gogoan han subrayado que el espacio público "es un bien común y, por ello, en él se deben fomentar valores conciliadores". "Inundar las calles de nuestros pueblos con pancartas que piden 'presoak etxera (los presos a casa), que es tanto como pedir impunidad ante crímenes gravísimos, supone copar el paisaje urbano con mensajes que no ayudan a la paz ni a la memoria", han advertido.

Convencidos de que "el espacio público no tiene por qué ser neutral", han apuntado que, "al menos, sí se debe respetar la memoria de los cientos de damnificados y damnificadas por la violencia y su odio".

Las dos organizaciones han destacado que, en el tiempo post-ETA, "se trata de construir un paisaje urbano que recuerde al agredido, que ayude a deslegitimar la violencia y que lleve a la plaza y la escena pública a la víctima, no al victimario".

LOS PRESOS, "COMO MÁRTIRES"

Gogoan por una Memoria Digna y la Fundación Fernando Buesa consideran que "es absolutamente legítimo criticar la política penitenciaria de alejamiento de los presos, pero es muy distinto tratar acríticamente, como si fueran mártires de los pueblos, a quienes cometieron graves atentados contra sus víctimas y contra la convivencia en la sociedad".

Por ello, ambas asociaciones lamentan que "se utilice una reivindicación justa, como es la de terminar con el alejamiento, para trasladar una épica en torno a los presos, como si éstos no hubieran generado un daño enorme en las víctimas, en su entorno familiar, social y político y en el conjunto de la sociedad".

"Sin duda, a pesar de que sus crímenes nos repugnan, las personas presas tienen derechos, pero llama la atención la presencia constante, evidente y, a veces, asfixiante de los victimarios en los espacios públicos de determinados municipios y la poca presencia de las víctimas. En esto hay un desequilibrio enorme que debería provocar una reflexión de fondo sobre la construcción de nuestra memoria", han aseverado.

En esta línea, han añadido que "la consideración hacia los victimarios y la connivencia de instituciones públicas, evidencian una carencia importante" en un sector de la sociedad vasca, "que aún no ha asumido la necesaria deslegitimación social de la violencia".

"Una apuesta coherente por la convivencia también implica una defensa integral y completa de los derechos de las personas agredidas y, sin duda, el respeto a la memoria de las víctimas está entre esos derechos", han concluido.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves que el decreto de interinos aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados "cumple" con lo que plantea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante las voces críticas que dicen que sería "inconstitucional".

En declaraciones a los medios antes de participar en el Curso de Verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial, la vicepresidenta segunda ha dicho que ella "no es quién" para responder sobre la constitucionalidad o no de un real decreto ley que se ha aprobado en el Congreso, recordando que esa función le compete al Tribunal Constitucional. "Reservo al Tribunal Constitucional la resolución sobre la norma que ayer se aprobó", ha remarcado.

Aunque la ministra ha aplaudido que ayer se dio un paso adelante muy importante, ha asegurado que desde el Gobierno seguirán trabajando siendo conscientes de los artículos 103 y 106 de la Constitución, que señalan cuál es el acceso que hay a la Función Pública.

La vicepresidenta ha ensalzado las negociaciones entre el Gobierno y los diferentes grupos políticos, en las que ella misma participó según ha admitido, para lograr sacar adelante la norma. En este sentido, ha dicho que España debe acostumbrarse a partir de ahora "a dejar atrás el bipartidismo y las mayorías absolutas" para dialogar y llegar a acuerdos.

"LA NEGOCIACIÓN DE LOS PGE EMPIEZA YA"

La vicepresidenta segunda ha vuelto a mencionar que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 "empieza ya" y ha asegurado que los equipos socialistas y de Unidas Podemos "se van a poner a trabajar" y están listos para abordar las cuentas públicas para el próximo año.

Primero, según ha recordado, comienza el debate sobre el techo de gasto, que según han indicado fuentes de Hacienda se trabaja para que esté aprobado el próximo martes en el Consejo de Ministros.

Una vez PSOE y UP pacten las cuentas públicas, los equipos empezarían a trabajar con el resto de fuerzas políticas que apoyan al Gobierno para sacarlas adelante y con el objetivo de que puedan resolver "los graves problema del país, derivados de la gran desigualdad" y que conlleven unos servicios públicos de calidad, la decencia en el trabajo y oportunidades para los jóvenes, según ha explicado Díaz.

Vox ha avisado de que no responderá a ninguna llamada por parte del Gobierno, con quien solo se relacionará desde la tribuna del Congreso de los Diputados para pedir su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones generales.

El partido de Santiago Abascal ha hecho esta aclaración después de que el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya anunciado que este jueves realizará una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios.

Fuentes del partido han indicado que, a mediodía del jueves, no habían recibido aún ninguna noticia de Bolaños. Pero en cualquier caso han asegurado que Vox no participará en el "circo mediático" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Vox no ha atendido ni atenderá esa llamada. La interlocución con este Gobierno será, como ya ha dejado claro Vox en ocasiones anteriores, en la tribuna del Congreso, desde donde seguiremos exigiendo al Ejecutivo su dimisión y la convocatoria de elecciones", ha subrayado la formación.

Abascal ya rechazó en dos ocasiones el pasado año las llamadas del propio Pedro Sánchez, quien mantuvo una ronda de conversaciones con los líderes de los demás partidos con el objetivo de sondear la posibilidad de alcanzar un pacto de reconstrucción económica y social tras la crisis del coronavirus.

Vox dijo entonces que no mantendría ningún contacto con el Gobierno hasta que fuera cesado su entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el Estado asumiese el pago de las nóminas de todos los trabajadores y autónomos que no podían desempeñar su labor por el estado de alarma.

Bolaños se ha 'estrenado' como miembro del Consejo de Ministros con la Ley de Memoria Democrática, duramente criticada por parte de Vox, que incluso ha adelantado ya su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Abascal calificó la ley de "guerracivilista y totalitaria" y denunció que "atenta" contra la libertad de expresión de los ciudadanos y también contra la libertad de cátedra; además de atacar "la transición" y "el abrazo colectivo de mirada al futuro" que dejaron las generaciones pasadas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado devolver al comisario jubilado José Manuel Villarejo sus agendas personales en las que se incluiría un teléfono de contacto del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Además, el magistrado ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que verifique si Villarejo se mensajeó con el líder 'popular' a través de varios terminales.

En un auto fechado el 19 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 desestima la solicitud de la defensa de Villarejo, que el pasado 9 de julio solicitó que le fuera devuelto "el original" de sus diarios personales o una copia digital argumentando que eran "imprescindibles" para defenderse y poder "colaborar y seguir aportando datos precisos".

El magistrado recuerda que, en el presente caso, Villarejo "tiene acceso a las agendas, por lo que no se aprecia limitación alguna en cuanto a su derecho a la publicidad, pudiendo consultarlas en igualdad de condiciones a cualquier otra parte personada, como ha venido haciendo".

Además, García-Castellón sostiene que "en la medida en que las agendas pueden servir, indiciariamente, para el esclarecimiento de los hechos investigados, deben ser" conservadas por el propio Juzgado "para el juicio oral, sin que pueda accederse a la devolución" solicitada por el comisario.

En el escrito que su abogado, Antonio José Cabrera, remitió al juez, se argumentaba que "al igual que su cerebro, su diario personal" no podía serle "extirpado a modo de una lobotomía para que no" pudiera "recordar y con ello poder defenderse. Su representación aludió entonces al carácter "íntimo y personal" del cuaderno, "un reflejo escrito de su memoria" que no podría "constituir ni el objeto ni el instrumento del delito investigado".

GESTIONES PARA VERIFICAR SI EXISTIÓ COMUNICACIÓN CON RAJOY

Pero García-Castellón recuerda que corresponde a la fase de sumario "realizar todas aquellas actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las de las responsabilidades pecuniarias de los mismos".

En esta línea, el magistrado señala que la "doctrina constitucional obliga al juez a comprobar que la pretensión de diligencias responde, primero, al presupuesto de la excepcionalidad y, segundo, limita su objetivo a recabar elementos fácticos esenciales, sin cuya práctica no puede realizarse el juicio de tipicidad sobre el que se sustenta la acusación".

Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional acuerda oficiar a la UAI a los efectos de que se realicen cuantas gestiones sean oportunas para verificar la existencia de comunicaciones entre las líneas telefónicas aportadas por Villarejo. El propio comisario jubilado facilitó hasta cinco números distintos desde los que habría intercambiado mensajes con Rajoy en su etapa al frente del Ejecutivo.

El pasado 2 de agosto, en su declaración ante García-Castellón, Villarejo señaló que en un momento dado le facilitaron números de teléfono del propio Rajoy que usó para comunicarse con él mediante mensajes. Este contacto directo, señaló, se debía a que el presidente del Gobierno no se fiaría de la información que se le transmitía desde el Ministerio de Interior sobre la 'Operación Kitchen' y quería otro canal de comunicación.

Cantabria acogerá a 27 menores no acompañados extranjeros, 'menas', procedentes de Canarias y Ceuta, que pasarán a estar bajo la tutela del Gobierno regional hasta que cumplan 18 años.

Se trata de uno de los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno de Cantabria, de los que ha informado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Pablo Zuloaga.

En concreto, el Gobierno ha autorizado la firma de sendos convenios de colaboración y actuación con las administraciones públicas de Ceuta y Canarias para la acogida solidaria de menores de edad extranjeros no acompañados.

Así, próximamente llegarán a Cantabria 27 menores, 20 procedentes de Canarias y siete de la ciudad autónoma de Ceuta.

Zuloaga ha afirmado que la red de acogida de la comunidad autónoma tiene "capacidad suficiente" para acoger a estos menores dado que actualmente hay 36 bajo la tutela del Gobierno de Cantabria, "muy por debajo" de los más de 120 que se acogieron en 2019.

El Gobierno de España contribuirá financiando los gastos derivados de estas actuaciones, en concreto con 75 euros por día y menor acogido. Por tanto, la previsión es que Cantabria reciba este año 225.000 euros para hacer frente a los gastos derivados de esta decisión.

Además, el Gobierno nacional ha aprobado un fondo extraordinario de dos millones de euros para compensar posibles gastos adicionales como la adecuación de espacios o instalaciones, del que Cantabria percibirá 200.000 euros.

Igualmente, el Gobierno de España se ha comprometido a aprobar la distribución entre las comunidades autónomas de otros cinco millones de euros durante el segundo semestre del año.

Por su parte, Cantabria asume la tutela y la protección integral de los menores no acompañados que pasen a residir en la comunidad autónoma hasta su mayoría de edad.

"Cantabria es solidaria y es sensible a las situaciones de desborde que viven los sistemas de acogida en Canarias y Ceuta porque respondemos de forma positiva, solidariamente, a las peticiones de ayuda cursadas por estos dos territorios", ha destacado el vicepresidente.

En la misma línea, ha puesto en valor que Cantabria "va a cumplir con los compromisos de cooperación adquiridos con el Gobierno de España, la comunidad de Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta, cumpliendo así con el principio de solidaridad territorial y con las normas internacionales de protección a la infancia".

El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado este jueves que "gracias al recurso del PP el juzgado ha paralizado el rescate de Plus Ultra", algo que, a su juicio, supone un "nuevo varapalo judicial" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Dicho esto, ha subrayado que el cese del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "no tapa las corruptelas a favor" de Nicolás Maduro.

Así se ha pronunciado después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, haya ordenado suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.

La juez, en un auto, señala que "el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento" judicial.

Casado ha afirmado que se trata de un "nuevo varapalo judicial a Sánchez", aludiendo así a la sentencia del Tribunal Constitucional que se conoció la semana pasada y que declaró inconstitucional el confinamiento decretado por el Gobierno con el primer estado de alarma.

El jefe de la oposición ha destacado que "gracias al recurso del PP", el juzgado "ha paralizado el rescate de Plus Ultra". "El cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

NO ES UNA EMPRESA "ESTRATÉGICA"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha señalado que esta decisión judicial sobre Plus Ultra es una "noticia importante" y demuestra el "compromiso" del PP con España y los españoles.

Gamarra ha recordado que el Gobierno concedió esa ayuda de 53 millones a una aerolínea que "lo de española es dudoso", "su solvencia también" porque "tiene pérdidas" desde el primer momento y tampoco es "estratégica" al contar con "un solo avión" y cubrir solo el "0,03% del tráfico aéreo".

En su intervención en la Escuela de Verano del PP de Murcia, la portavoz del PP en el Congreso ha subrayado que el PP "ha frenado" que la próxima semana el Gobierno fuera a entregar a Plus Ultra 34 millones, después de que ya se le dieran 19 millones, mientras "cientos de miles de autónomos y pymes no han recibido aún ninguna ayuda directa del Gobierno de España".

"Eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo. No vamos a permitir que el dinero que es de todos, que a ellos no les llegue nada y se arruinen mientras PSOE y Podemos entregan 54 millones de euros a Plus Ultra", ha resaltado, para concluir que el PP defiende el "interés general".

Agentes de la Policía Nacional han auxiliado en València a un bebé de un año que se encontraba convulsionando, según ha informado Jefatura en un comunicado. Los agentes le trasladaron rápidamente en un vehículo policial y dieron aviso al centro hospitalario para que tuviese todo listo a su llegada.

Los hechos ocurrieron este martes, sobre las 14 horas, cuando los agentes se encontraban prestando servicio de prevención de la seguridad ciudadana en vehículo policial.

En un momento dado, observaron en la vía pública a un hombre corriendo, muy alterado, con un bebé en brazos, seguido por una mujer, también muy nerviosa y gritando.

Los policías se acercaron a ver qué sucedía y comprobaron que la menor tenía convulsiones y se encontraba amoratada y semiinconsciente, por lo que, puesto que su vida corría peligro, decidieron trasladar rápidamente al bebé y a sus padres hasta un centro hospitalario, empleando los acústicos y luminosos.

Los agentes, además, contactaron con la Sala del 091 para que comunicasen al hospital la llegada inminente del bebé a fin de que estuviese todo listo para ser atendido. De este modo, en cuanto llegaron al centro hospitalario, los servicios médicos se hicieron cargo de manera urgente de la menor.

La rápida actuación de los policías ha permitido poner a salvo al bebé, cuyo estado, al parecer, no reviste gravedad.

El Gobierno de Cantabria "ayudará, no podrá trabas" y "colaborará" con las empresas para que sea un éxito la transformación energética hacia el objetivo de lograr que para 2030 la mitad de la producción energética en España provenga de fuentes renovables, tal y como se ha marcado la Unión Europea. "Cantabria no se va a quedar al margen de la producción renovable", ha garantizado su presidente, Miguel Ángel Revilla.

Así lo ha asegurado este jueves Revilla (PRC) durante su intervención en la inauguración del seminario 'La estrategia ESG en el centro de la transformación energética', organizado por EDP dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que aborda la adaptación de las empresas a la neutralidad climática, la descarbonización, la importancia del capital natural para las empresas, la innovación o la economía circular..

Revilla ha opinado que actualmente se está viviendo un "momento crucial" en el que el tema de la energía "lo mueve todo". Y es que, según ha dicho, para luchar contra el cambio climático, un fenómeno que ahora, a su juicio, ya reconoce todo el mundo salvo "algún escéptico", requiere un "cambio de modelo energético", una tarea en la que Europa, España --como miembro de la UE-- y, en general, el mundo deben "involucrarse".

En este sentido, el presidente de Cantabria ha aludido a algunos proyectos en la comunidad autónoma vinculados a las energías renovables, como es el de la ampliación de la central hidroélectrica de Aguayo, impulsada por Repsol; la descarbonización de Solvay o el desarrollo.

Revilla ha confiado en que aquellas empresas que están dando pasos para adecuarse a la normativa energética de la UE puedan contar con fondos europeos. "Estamos esperando ya en los próximos días que nos digan cómo se van a distribuir pero está claro que aquellas empresas que apuesten decididamente por ponerse al día con esas reglamentaciones que son fundamentales en el tejido productivo de las comunidades autónomas han de obtener esas ayudas", ha afirmado.

En lo que respecta a la energía eólica, Revilla ha asegurado que Cantabria "no puede quedarse al margen de ese desarrollo" que, según ha dicho, se está produciendo en toda España.

Ha reconocido que, por ahora, Cantabria solo tiene un parque eólico "y pequeño" frente a los que tienen otras comunidades vecinas, como son Castilla y León o Asturias.

Pese a la "contestación importante" que hay en la comunidad autónoma contra la implantación de parques eólicos, por sus implicaciones paisajísticas, Revilla ha afirmado que "sí" se van a autorizar, eso sí "contando con todos los requisitos medioambientales".

En la inauguración de este curso de EDP ha participado el CEO de EDP España, Rui Teixeira; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la directoria del seminario y directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Cambio Climático de EDP en España, Yolanda Fernández.

Rui Teixeira, por su parte, ha destacado el carácter estratégico y social de la transición ecológica y ha detallado el programa de inversión de la empresa, con 24.000 millones de euros hasta 2025 en los ámbitos eólico, solar, de baterías, proyectos relacionados con el hidrógeno o inversión en redes.

Además, ha añadido que un 10 por ciento de esa inversión se dedicará a España, donde tiene una "presencia muy importante".

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha resaltado el papel de las Administraciones locales para "propiciar el cambio" en materia energética y medioambiental pero, sobre todo, "concienciar" a la ciudadanía en la importancia de hacerlo.

Además, ha pedido a EDP "que teja alianzas y redes" con Santander y "cuente" también con el tejido empresarial de la capital cántabra que está "sobradamente preparado" para "juntos" poder abordar el "reto" de la transición energética.

Un equipo internacional liderado por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MNCN-CSIC) ha demostrado a través del análisis de las heces de tres especies de pingüinos antárticos en diferentes lugares y años, la amplia presencia de microplásticos como poliéster y el polietileno, entre otras partículas de origen humano como las fibras de celulosa.

El estudio, publicado en la revista 'Science of the Total Environment', incide sobre la necesidad de conocer los efectos de estas partículas y de establecer medidas más efectivas para controlar la contaminación por plásticos y otras partículas de origen humano en el continente antártico.

Los microplásticos son partículas de menos de 5 milímetros que están cada vez más extendidas en los ecosistemas marinos, algo preocupante dada su persistencia en el ambiente y su acumulación en las cadenas tróficas.

"Estos contaminantes llegan a mares y océanos principalmente a través de la basura y los desechos procedentes de las actividades antrópicas", explica Andrés Barbosa, científico del MNCN-CSIC y autor del trabajo.

Según asegura José Xavier, investigador de la Universidad de Coímbra (Portugal), dada la baja presencia humana en el océano antártico y en la Antártida, cabría esperar una baja contaminación por microplásticos en estas áreas, sin embargo, "las estaciones de investigación, los barcos pesqueros y turísticos y las corrientes marinas hacen que estas partículas lleguen a estos hábitats, pudiendo provocar una alta concentración a nivel local".

El objetivo del estudio, en el que han participado investigadores de Portugal, Reino Unido y España, fue analizar la presencia de microplásticos en la península antártica y en el mar de Scotia, dada la importancia ecológica de estos hábitats.

Para ello, analizaron las heces de tres especies de pingüinos: el pingüino de Adelia ('Pygoscelis adeliae'), el barbijo ('Pygoscelis antarcticus') y el papúa ('Pygoscelis papua'). "Los pingüinos se utilizan para muchos estudios porque su biología y ecología son bien conocidas y el hecho de que sean depredadores les convierten en buenos indicadores de la salud de los ecosistemas en los que viven", aclara Barbosa.

"Los resultados muestran que la dieta de las tres especies está compuesta por distintas proporciones de krill antártico ('Euphausia superba'), en un 85% en el caso del pingüino de Adelia; un 66% en el del barbijo y, finalmente, un 54% en el papúa. Y, según revela Joana Fragão, investigadora de la Universidad de Coímbra, se encontraron microplásticos en un 15%, un 28% y un 29% de las muestras, respectivamente, en las tres especies estudiadas.

"La frecuencia de aparición de estas sustancias fue similar en todas las colonias, lo que nos induce a pensar que no hay un punto de origen concreto de contaminación dentro del mar de Scotia. Es necesario seguir estudiando en esta línea para comprender mejor la dinámica de estas sustancias y sus efectos en estos ecosistemas para guiar nuevas políticas de gestión en el continente antártico", concluye Filipa Bessa, también de la Universidad de Coímbra.

PP, Cs y Vox rechazan las últimas restricciones del gobierno valenciano para frenar el avance de la quinta ola, como pedir la autorización judicial para extender el toque de queda de 32 a 77 municipios de la Comunitat o limitar el aforo de espectáculos, eventos deportivos y piscinas, porque las ven como una improvisación y una estrategia de "cierre y ruina".

Por contra, los partidos del Botànic defienden las medidas acordadas este jueves por la mesa interdepartamental COVID de la Generalitat: el PSPV sostiene que son excepcionales y que ayudarán a atajar la incidencia, Compromís cree que son necesarias y pide acelerar la vacunación en todos los tramos de edad y Unides Podem las apoya y llama a no criminalizar a los jóvenes, actualmente los más afectados por el virus.

En declaraciones a los medios en Les Corts, durante el último pleno antes del parón de agosto, la síndica del PP, Eva Ortiz, ha asegurado que los criterios que sigue el Consell no se entienden y ha puesto como ejemplo que hay municipios como los alicantinos de Sant Juan y El Campello donde "hay una loseta con toque de queda en el paseo marítimo y otra donde puedes estar toda la noche bajo una farola".

Ha lamentado que sectores como el ocio nocturno siguen "devastados" por estas restricciones, después de que en Pascua se les pidiera un esfuerzo para verse recompensados en verano, y ha criticado la "falta de responsabilidad de incluso de respeto" del 'president', Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Al primero, la 'popular' ha pedido que exija a Pedro Sánchez "las 300.000 vacunas que faltan" a la Comunitat y a la segunda le ha afeado que pida ahora comparecer en la Diputación Permanente de Les Corts "seis meses después" de la última vez que lo hizo, algo que ya solicitaron desde la oposición.

Como portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino ha coincidido en que Puig (PSPV) "improvisa" con estas medidas y le ha urgido a que exija las vacunas correspondientes, escuche a los sectores afectados y tenga más previsión para que "no le arrollen las olas" de la pandemia.

"Siempre hacen lo mismo: cierre y ruina antes que sancionar los incumplimientos", ha rechazado la síndica 'naranja', además de lamentar cómo "muchas familias ven cómo su medio de vida desaparece" y las repercusiones para el turismo.

Y de Vox, Ana Vega también ha cargado contra la "improvisación" de la Generalitat recordando que su grupo preguntó hace meses por la extensión de la variante Delta y los "llamaron catastrofistas". Ha vuelto a exigir la dimisión de la consellera y que Puig convoque elecciones anticipadas "y dé paso a un gobierno que sepa a gestionar la economía y la sanidad".

Entre el tripartito, Fran Ferri (Compromís) ha afirmado que las medidas son necesarias en base a los expertos y ha recordado que en febrero se adoptaron restricciones "muy duras". "Según cómo avance el virus en los próximos días habrá que plantearse eso", ha advertido.

También ha pedido agilizar la vacunación en todos los tramos de edad y ha reconocido que el toque de queda sería más efectivo si tuviera en cuenta a toda la población aunque "se tienen que aplicar los criterios más efectivos posibles".

Pilar Lima, síndica de UP, ha mostrado su apoyo total a las medidas y ha deslizado que aunque "lo más fácil" sería que toda la Comunitat tuviera toque de queda, "quizá tampoco sería justo". Ha pedido no criminalizar a los jóvenes porque "bastante han sufrido" y garantizar las vacaciones de los sanitarios porque tienen derecho a un descanso.

Y el socialista Manolo Mata ha confiado en que el TSJCV avale las medidas como ya hizo hace unas semanas, "a diferencia de otros tribunales", y ha defendido que son necesarias para ayudar a evitar que los contagios se disparen como está pasando ahora en los casos "pero no en la mortalidad ni en la ocupación de las UCI". Se ha mostrado preocupado por los jóvenes y ha recalcado: "Todos sabemos dónde está el riesgo.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma responsabilidades por la ayuda pública que concedió a la aerolínea Plus Ultra, después de que un juzgado de Madrid haya ordenado este jueves que se suspenda el pago de 34 millones de euros para que antes la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a sus proveedores.

"El rescate a Plus Ultra con 53 millones de dinero público no tenía ningún sentido y por eso lo denunciamos en Europa y en el Tribunal de Cuentas. Ahora, la Justicia ordena suspenderlo. El Gobierno Sánchez debe asumir responsabilidades por este escándalo", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Arrimadas ha recordado que el pasado 24 de marzo, en el Pleno del Congreso, pidió explicaciones al jefe del Ejecutivo para saber "qué hay detrás" de esta ayuda pública, pero él se negó a responder. "No pararemos hasta que se sepa toda la verdad y los responsables tengan que pagar por ello", ha advertido.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender el pago de 34 millones de euros para el rescate de la aerolínea cuyo desembolso estaba previsto para el próximo 28 de julio. Entiende que continuar con esta inyección de dinero implica un riesgo de "una entrega no justificada" que supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".

Este juzgado investiga la ayuda por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular. Además, el Tribunal de Cuentas admitió a mediados de junio una denuncia de Cs por el mismo motivo e investigará el rescate.

UNA EMPRESA EN QUIEBRA CON ACCIONISTAS EN PARAÍSOS FISCALES

El vicesecretario general de la formación naranja y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, se ha preguntado en Twitter "quién va a dimitir por los 53 millones a dedo" concedidos a una "compañía en quiebra con accionistas en paraísos fiscales", pues "la dimensión del escándalo" es "enorme".

Por su parte, el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, que presentó una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que la ayuda a Plus Ultra es ilegal, ha calificado de "muy buena noticia" la decisión de la jueza Collazos.

Según ha subrayado, la aerolínea no cumplía las condiciones para recibir el dinero porque "no es una empresa estratégica, no es viable y ya estaba en crisis antes de la pandemia" del cornavirus. A su juicio, el Gobierno "ha querido regalar 53 millones de euros de los contribuyentes a una trama de empresarios venezolanos relacionados con escándalos de corrupción".