El líder del PSC-Units en el Parlament, Salvador Illa, ha apostado este miércoles por abrir el debate sobre la financiación de Cataluña, y ha dicho al presidente del Govern, Pere Aragonès, que «tiene un papel clave en el tiempo nuevo» de diálogo.

Así, le ha pedido abrir una mesa de diálogo con todos los partidos con representación en el Parlament, ha insistido Illa en el pleno del Parlament, en el turno de contrarréplica en una comparecencia de Aragonès sobre la judicialización de la política.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha apostado por aprovechar las reuniones bilaterales para solventar los déficits y defender las mejoras del día a día, pero ha destacado que la mejora de las infraestructuras «no resolverá el conflicto político de fondo», que cree que solo se solucionará con amnistía y autodeterminación.

Por su parte, Jéssica Albiach (comuns) ha defendido un referéndum y también el diálogo –cree que no puede haber uno sin el otro– y ha pedido también una mesa de partidos catalanes: «El acuerdo nacional por la amnistía y la autodeterminación nos parece bien, pero no puede ser la excusa para no convocar la mesa de partidos. Parece más un órgano de coordinación independentista».

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha llamado a ERC y Junts a escuchar a Europa porque, a su juicio, los tres pilares de la UE se declararon en contra de la independencia de Cataluña: «Decir que por el informe del Consejo de Europa toda Europa les da la razón, es tan absurdo como decir que con tres diputados he ganado las elecciones en Cataluña. Acepten la realidad en Europa».

En su turno, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha calificado de panfleto el informe del Consejo de Europa que invitaba a reformar el delito de sedición y apoyaba los indultos, y ha criticado que Eulàlia Reguant (CUP) haya hablado de subvertir el orden constitucional: «Vayan haciendo las maletas y cojan buenos libros, porque acabarán todos en prisión».

Reguant ha pedido articular un poder político que pueda confrontar al Estado, y ha manifestado su preocupación por una aparente confianza en que las instituciones europeas harán modificar la voluntad del Gobierno central, y porque no aprecian el nivel de tensión que creen que debería conllevar negociar un referéndum: «Corremos el riesgo de convertir en fetiche la autodeterminación y que se convierta en un horizonte eterno».

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tachado de supremacista a la portavoz republicana, Marta Vilalta, por decir que la palabra catalana ‘enraonar’ (hablar) no tiene una equivalencia con tantos matices en castellano: «Consulte el diccionario. Será que su aversión al bilingüismo impide que tenga claras las equivalencias semánticas».

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha rechazado apostar por una reforma del sistema de financiación, porque no promovieron el 1-O para eso y porque cree que lo acabarían «pagando los catalanes», tras lo que ha insistido en pedir a Aragonès acordar una estrategia ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que condenó a un total de 20 años de cárcel a un profesor y sacerdote de la Orden de Frailes Menores (OFM) Franciscanos acusado de abusar sexualmente de forma continuada de cuatro alumnas menores de edad a las que impartía clases de Religión en Tercero y Cuarto de Primaria en un colegio de la capital cordobesa. La citada orden recurrió la sentencia.

De este modo, la Sección de Apelación Penal del TSJA ha desestimado el recurso presentado por la defensa del procesado contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que lo condenó como autor de cuatro delitos continuados de abuso sexual sobre personas menores de 13 años con prevalimiento de su condición de profesor de las víctimas y le impuso, por cada delito, cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores.

Asimismo, la Audiencia de Córdoba condenó al profesor a indemnizar con un total de 16.000 euros a las cuatro víctimas, mientras que lo absolvió de un delito de abuso sexual puntual sobre una de sus alumnas y de otro delito de abuso sexual continuado sobre otra menor, dado que, según la Audiencia, en estos dos casos «no ha quedado acreditado tras la prueba practicada que realizara sobre ellas tocamientos de significación sexual».

La Audiencia consideró probado que el acusado impartió clases desde el comienzo del curso 2012/2013 como profesor en un colegio de Córdoba y, al menos hasta 2014, fue párroco de una parroquia, señalando que, cuando las menores afectadas estaban cursando tercero y cuarto de Primaria, el investigado las «sometió a tocamientos» en el interior del aula.

Además, la Audiencia relata en la sentencia ahora confirmada por el TSJA que, en el curso escolar 2014/2015 y cuando una de las víctimas asistía a un campamento organizado por el propio colegio en el mismo centro escolar, el acusado, que en esas fechas ya no les daba clase, pero era párroco de una parroquia, le pidió tanto a esta menor como a otra compañera que «fueran con él a su despacho con la excusa de recoger chucherías para los niños».

Una vez allí, supuestamente abusó sexualmente de una de ellas, unos hechos que la joven puso en conocimiento de sus padres, quienes a su vez remitieron una carta al director del colegio, fechada el 2 de diciembre de 2014, tras lo que el procesado fue trasladado a otra población.

Al cabo del tiempo, y cuando iban a organizar una fiesta en el colegio ya en el año 2019 con ocasión de la graduación de la educación segundaria obligatoria, «se comentó la posibilidad» de invitar a la misma al condenado, ante lo cual ésta última menor «revivió con ansiedad lo ocurrido» y, ya el 30 de mayo, reveló lo acontecido a unos agentes de la Policía Local, dando lugar a las investigaciones que iniciaron este procedimiento.

«PERFECTAMENTE RAZONABLE, CONCRETA Y DETALLADAMENTE MOTIVADA»

La Sección de Apelación Penal del TSJA, en una sentencia fechada el día 1 de julio y contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), acepta íntegramente los hechos que se declararon probados por la Audiencia de Córdoba y concluye que el recurso del acusado «no puede prosperar frente al análisis de la prueba practicada que se efectúa en la sentencia impugnada, sin que la defensa proporcione datos o elementos de hecho que pudieran revelar una valoración arbitraria del tribunal de primera instancia ni argumentos para poner seriamente en entredicho la racionalidad de su motivación probatoria».

En este sentido, el TSJA pone de manifiesto que la Audiencia de Córdoba contó para formar su convicción con las declaraciones de las propias menores que relatan los tocamientos a que fueron sometidas en su infancia por el procesado, «a las que sirve de elemento de corroboración el testimonio periférico de otras que no fueron objeto de esos actos, pero que confirman que el comportamiento del acusado con sus pequeñas alumnas excedía de los contactos corporales normales en una relación docente, confirmando así la verosimilitud de las imputaciones».

«Frente a esos testimonios de cargo», la Audiencia Provincial «ha contrapesado la versión exculpatoria del acusado, que cuenta con el apoyo, también periférico, de otras alumnas y del padre de una de ellas, y ha llegado a la conclusión de que solo los primeros merecen crédito, o, con más precisión, que esos testimonios de descargo no los desvirtúan», razona el TSJA, que considera que la Audiencia ha llevado a cabo una apreciación probatoria «perfectamente razonable, concreta y detalladamente motivada y no carente de pautas objetivas de valoración».

Además, según expone en su sentencia la Sección de Apelación Penal, la defensa del condenado «no es capaz de proporcionar en su recurso datos o elementos de hecho que pudieran revelar una valoración arbitraria del tribunal de primera instancia ni argumentos para poner seriamente en entredicho la racionalidad de su motivación probatoria, limitándose a tratar de poner en entredicho la credibilidad de los testimonios inculpatorios de las menores con alegaciones que, pese a su número y extensión, carecen de consistencia para suscitar un margen de duda razonable sobre la culpabilidad del acusado».

El acusado también recurrió negando que actuara con dolo y, por ello, que su conducta integrase el tipo subjetivo del delito de abusos sexuales, «tratándose simplemente de manifestaciones de su afectividad», pero el TSJA también desestima este motivo del recurso porque considera que «es sencillamente absurdo pretender que el acusado ignorase que sus actos tenían una significación sexual en la que involucraba a sus infantiles alumnas».

Unos actos que, además, «se realizan no por una persona cualquiera, sino por un profesor de las niñas que es además religioso, lo que no se dice porque aumente el reproche culpabilístico –aparte del prevalimiento–, sino porque hace imposible que el autor ignore los rígidos límites de lo que está permitido en ese contexto».

«La doctrina jurisprudencial vigente es inequívoca: cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual implica un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre –a la indemnidad sexual, en el caso de menores de 16 años– y, como tal, ha de ser constitutivo de un delito de abuso sexual», según destaca el Alto Tribunal andaluz.

PAGÓ UNA FIANZA DE 20.000 EUROS

Cabe recordar que el sacerdote miembro de la Orden de Frailes Menores (OFM) Franciscanos eludió el ingreso en prisión provisional con el pago de una fianza de 20.000 euros, después de que la Fiscalía había pedido su ingreso en prisión. Así, se encuentra en libertad provisional con retirada de pasaporte, prohibición de salida de territorio nacional y obligación de comparecer en sede judicial semanalmente.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este miércoles un llamamiento a la «responsabilidad» de los jóvenes para frenar los contagios de Covid-19, así como ha pedido al Gobierno de España que «envíe dosis suficientes para acelerar la vacunación y llegar lo antes posible a la población más joven».

Así lo ha trasladado el presidente durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento para abordar la situación actual de Andalucía, donde ha subrayado que la «principal preocupación» del Gobierno andaluz sigue siendo la gestión de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, que «en los últimos meses ha tenido dos caras, la batalla contra la propagación del virus y la esperanza de las vacunas», ha dicho.

Moreno ha defendido que, en ambas caras, el Gobierno que preside «ha actuado siempre con transparencia, diciendo la verdad a los andaluces y siguiendo los criterios del ‘Comité de Expertos'», tras lo que ha reconocido que, «en este momento, el foco está en el contagio entre los jóvenes menores de 30 años», a quienes, por ello, ha pedido «un último esfuerzo de responsabilidad».

«Sé que ellos también han puesto de su parte para que hoy estemos mejor, pero tienen que seguir siendo generosos, por ellos, por sus familias y por toda la sociedad», ha agregado el presidente, que también ha destacado que, pese a los «meses duros» que se han vivido y las «incidencias altas que han obligado a cierres perimetrales», en Andalucía «nunca ha estado cerrada la actividad al 100% como ha ocurrido en otras comunidades autónomas», así como que «las medidas adoptadas y la responsabilidad de los andaluces nos permitieron superar los peores momentos».

«REPUNTE» DE CONTAGIOS

Moreno ha reconocido que la incidencia de contagios ha experimentado «un repunte» que «preocupa mucho» a la Junta, pero ha apostillado que «lo que más nos debe preocupar es el número de personas que enferman y tienen que ir a un hospital o ingresar en la UCI», y, a día de hoy, estos indicadores más preocupantes son mucho menores que «en los peores momentos y en una tendencia descendente», según ha celebrado el presidente de la Junta.

Así, ha puesto de relieve que el pico máximo de la pandemia de pacientes ingresados en UCI fue en la tercera ola, cuando se llegó a alcanzar, el día 6 de febrero, hasta 735 pacientes en unidades de Cuidados Intensivos, cuando hoy son 117 los ingresados en unidades de críticos, un 84% menos.

De igual modo, ha destacado que el pico máximo de hospitalización en el año y medio de pandemia se alcanzó en Andalucía el pasado 1 de febrero con 4.980 pacientes, cuando este miércoles, 7 de julio, son 522, un 89% menos.

PORCENTAJES DE VACUNACIÓN

Moreno ha apuntado que «es obvio que la vacunación está siendo nuestro mejor aliado para superar la pandemia y ver cada día más cerca la recuperación», y ha valorado que, «tras unas primeras semanas de preocupación, porque no llegaban las dosis suficientes para Andalucía, la vacunación alcanzó una velocidad que hemos ido incrementando de forma constante hasta llegar al récord de 756.000 vacunas en una semana».

El presidente ha destacado que, cuando acabe esta semana, «habremos logrado que más del 57% de la población que se puede vacunar, los mayores de 16 años, tengan la pauta completa, y el 70% con al menos una dosis», un porcentaje mayor del que ha conseguido, por ejemplo, Estados Unidos, «el país más avanzado y con más vacunas disponibles», según ha puesto de relieve antes de indicar también que «este domingo estaremos muy cerca de superar los 8,7 millones de vacunas puestas».

Moreno ha reclamado que «no se reduzca el ritmo de llegada de vacunas», y ha sostenido que, «en este momento de rebrote entre la población más joven, necesitamos que el Gobierno nos envíe dosis suficientes para acelerar la vacunación y llegar lo antes posible a la población más joven».

Ha destacado el «éxito» alcanzado por Andalucía para organizar la vacunación en una comunidad autónoma con ocho provincias, 87.000 kilómetros y 8,5 millones de habitantes, «situándonos un mes por delante de otras comunidades de menor tamaño», y ha reivindicado el «trabajo ejemplar de miles de profesionales sanitarios y voluntarios», a quienes ha agradecido su «esfuerzo y generosidad».

Moreno ha remarcado que «el Covid-19 todavía es una amenaza y nos exige seguir siendo prudentes y responsables», y ha defendido que desde el Gobierno autonómico han puesto el «máximo empeño en la coordinación de las políticas contra la crisis» sanitaria con el resto de administraciones, «fundamentalmente con el Gobierno de la Nación».

Así, ha sostenido que Andalucía «ha llevado la iniciativa en los consejos interterritoriales» del Sistema Nacional de Salud «con propuestas que han sido útiles al conjunto de España», pero ha insistido en señalar que «esta cogobernanza no ha funcionado en demasiadas ocasiones, y se han tomado decisiones unilaterales sin escuchar a las comunidades autónomas, como ocurrió con el fin prematuro del estado de alarma o la retirada de las mascarillas de manera precipitada», según ha opinado el presidente de la Junta.

Un hombre de 57 años acusado de abusos sexuales ha negado este miércoles, ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Palma, que forzase a un hombre con discapacidad a practicarle una felación dentro de un vehículo, y ha atribuido la denuncia de unas mujeres que llamaron a la Policía a un malentendido por lo que se podía ver desde fuera del coche.

El hombre, que se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel, ha defendido en el juicio su inocencia y ha asegurado que en el vehículo no ocurrió nada. Según su versión, se recostó en el asiento para descansar, por unas molestias que tenía debido a un tratamiento médico, y mientras la víctima –de la que él era el cuidador– le estuvo molestando. «Yo le dije que por favor me dejara descansar», ha contado.

Siguiendo con su relato, se quedó dormido y se despertó cuando le sacó la Policía y le comenzó a interrogar. «No sé lo que querían de mí», ha declarado. El hombre cree que las mujeres que llamaron a la Policía malinterpretaron algún gesto de la víctima.

El acusado también ha dicho que la víctima siempre era cariñoso con él, y que solía tratar de abrazarle, pero que él le decía que se comportase.

Durante el juicio tanto la Fiscalía como la defensa han renunciado al interrogatorio de la víctima, un hombre con un grado de discapacidad intelectual del 83,5 por ciento, ante las evidentes dificultades para llevar a cabo la toma de declaración.

Por su parte, las mujeres que llamaron a la Policía han mantenido que les pareció de forma inequívoca que el acusado estaba forzando a la víctima a practicarle una felación, si bien no llegaron a verlo de manera directa.

Las testigos fueron al coche que estaba estacionado junto al vehículo en el que supuestamente ocurrieron los abusos. La que conducía ha explicado que vio a una persona con discapacidad y a otro hombre recostado que le agarraba la cabeza y le obligaba a bajar con movimientos que le dieron a entender que le estaba forzando.

«Nos pusimos nerviosas y llamamos a la Policía, y no nos movimos hasta que llegaron», ha contado la mujer, que se ha mostrado completamente segura de que estaban ocurriendo abusos.

La mujer que se sentaba en el asiento del copiloto, y que estaba más cerca del vehículo del acusado, tampoco llegó a ver los genitales del hombre porque «tendría que haber estado encima» para poder verlo, pero «era más que evidente». «Nos íbamos acercando y el hombre no paraba», ha dicho, manifestando no tener «ninguna duda» de lo que contó.

Además esta mujer ha afirmado que cuando el hombre bajó del coche tenía la bragueta abierta, algo que no ha corroborado la Policía. Uno de los agentes ha apuntado que el acusado «estaba tranquilo» y que parecía que no sabía por qué estaba ahí la Policía.

Un conjunto de organizaciones de periodistas, sindicatos, partidos políticos y asociaciones sociales han advertido este miércoles de que la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTMV) que se aprobará previsiblemente mañana en la Asamblea de Madrid devolverá al ente a «su era más nefasta».

«Conocemos a dónde van estas medidas. Tenemos en el recuerdo la parte más nefasta vivida por Telemadrid y cómo se usaba y utilizaba para mayor gloria de una persona», ha lanzado el presidente del comité de empresa de RTVM, Luis Lombardo, durante la presentación de un manifiesto conjunto, titulado ‘En Defensa de Radio Televisión Madrid y la Libertad de Información’, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Entre los firmantes de este manifiesto se encuentran la FAPE, la Federación Profesional de Periodistas, la Fesp, el Foro de Organizaciones de Periodistas, EFJ, ADSPM, FRAVM, FMM, FAPA Ginero de los Ríos, Más Madrid, PSOE de Madrid, IU Madrid, Podemos Comunidad de Madrid, CC.OO., UGT y CGT.

Lombardo ha indicado que se encontraron «sorprendidos» cuando «48 horas después de tomar posesión» se presentó esta reforma de forma «urgente y en lectura única» mientras que no se tomaron medidas contra «otras urgencias» como los cierre de centros de atención sanitaria o la «incertidumbre educativa».

Al hilo ha aseverado que «no tiene que ver con la mejora de su funcionamiento» sino para poner «al servicio de unos pocos» este medio de comunicación frente al modelo que «recuperó el rigor y la eficiencia del servicio público.

Ha reprochado, asimismo, la creación de la figura del «administrador único» nombrado desde el Consejo de Gobierno con «las mismas funciones» que el director general. «Esta reforma está encaminada a dinamitar a los garantes de la independencia y pluralidad», ha lanzado Lombardo, que la ha contrapuesto a la aprobada en 2015 que la puso «al servicio de todos los madrileños» y para «sacar del debate político la dirección general de RTVM».

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha puesto en valor la «extraordinaria labor» que ha hecho el director general de RTVM, José Pablo López, y el director de informativos, Jon Ariztimuño.

«Creo que tenemos un problema una anomalía democrática a la hora de abordar cómo tienen que ser los modelos públicos de televisión. Llevamos más de 40 años de democracia y no hemos sido capaces de llegar a un consenso global que permita que las televisiones estatal y autonómica tengan libertad y puedan aplicar los principios de independencia», ha lamentado Rodríguez, quien también ha señalado al concurso público en RTVE.

En el comunicado, los firmantes reclaman la función «esencial» para el desarrollo de la democracia por parte de los medios de comunicación. «Una radiotelevisión basada en criterios de pluralidad, transparencia, independencia y en la profesionalidad de sus trabajadores es el mejor aval para conseguir esos objetivos», añade.

Carga contra la reforma a la que tacha de «innecesaria» y piden mantener la pluralidad, neutralidad, objetividad, transparencia y profesionalidad de los trabajadores, «frente a los intentos de menoscabar la independencia y el deterioro de la calidad de los servicios que presta».

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que la nueva Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es un «auténtico disparate» que lleva a un sistema que «todos» quiere evitar porque «va contra las libertades democráticas de los ciudadanos».

De esta forma se ha referido a la reforma de la Ley de Seguridad –adelantada por ‘El País’ hace unos días– por la que todos los mayores de edad podrán ser movilizados en España en caso de crisis, al tiempo que las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes. En su edición de hoy, ‘El Mundo’ destaca que con esa norma el presidente del Gobierno se reserva plenos poderes en emergencias nacionales.

«Es un auténtico disparate que nos lleva a un sistema que todos queremos evitar. Es un sistema que va contra las libertades democráticas de los ciudadanos», ha declarado a los periodistas en el curso de verano ‘España, Europa y libertad» que organiza la delegación española del PPE en el Parlamento Europeo en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Este martes Casado ya criticó públicamente que esa reforma que quiere llevar a cabo el Ejecutivo permita expropiar bienes y pedir «casi un servicio obligatorio para la comunidad». Y censuró además que, a las puertas de «una quinta ola», no haya aún una ley de pandemias, como pide su partido, pero el Ejecutivo se «precipite» con esta reforma que incluye «la posibilidad de que el Estado expropie» como, según ha recalcado, defiende Podemos en su programa electoral.

GAMARRA: «ASÍ ES SÁNCHEZ EL ‘TOTALITARIO'»

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, también se ha mostrado muy dura al conocer los detalles de al reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno y que ve como un ejemplo de «despotismo preilustrado».

«Plenos poderes y sin controles, así es Sánchez ‘el totalitario'», ha afirmado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

De la misma manera, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que se trata de «otro abuso de poder». «El Gobierno tiene intención de minar nuestra libertad otorgando a Pedro Sánchez la capacidad de expropiar bienes en situaciones de emergencia. Lo que menos garantiza esta Ley es la seguridad de los españoles», ha añadido en la misma red social.

El alcalde de Sevilla y el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha valorado que «se recomponga la lista más votada en 2019» y ha agradecido el voto a Luis Salvador (Cs), que dimitió a raíz de que el PP rompiera el pacto de gobierno que mantenía con su formación y que este miércoles ha permitido al candidato socialista, Paco Cuenca, hacerse con la Alcaldía dándole su apoyo, junto al del otro edil de Cs y los de Unidas Podemos.

«Yo creo que es un día feliz sobre todo para los granadinos y desde luego para el PSOE, volvemos a ser cuatro alcaldes socialistas al frente de ayuntamientos de las capitales andaluzas», ha subrayado Espadas.

En declaraciones a los periodistas, el candidato del PSOE-A a la Junta ha enviado su felicitación y enhorabuena a Cuenca, a quien considera que es «una garantía» por su «experiencia en gestión municipal y de liderazgo».

Preguntado sobre si puede servir de impulso a la candidatura del PSOE a la Junta, Espadas ha reconocido que «es un compañero con responsabilidad de gobierno y eso significa multiplicar la capacidad de trasladar confianza a la ciudadanía con políticas socialistas y, por lo tanto, con hechos».

«Sin duda alguna, es un activo que recuperemos un gobierno de una ciudad como Granada, que sin duda es importantísimo para el futuro, para el presente y futuro de Andalucía», ha remarcado Espadas.

Por otra parte, ha agradecido el apoyo de Cs porque «en la vida, lo honesto es ser agradecido cuando se ve que se toma una posición coherente». «La posición coherente tras la renuncia de Luis Salvador es decidir apoyar a la lista más votada», ha subrayado.

En este sentido, ha valorado que los dos concejales de Cs hayan votado «lo que entendían que debían hacer en una situación como esta», que es, «sencillamente, apoyar la lista más votada, que es apoyar la voluntad de los granadinos».

En cualquier caso «y visto lo visto en política hoy», Espadas ha considerado oportuno «agradecer que se hagan las cosas con coherencia y con sentido común». EL CAMBIO «NO ES CASUAL»

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente primero del Congreso, donde es diputado por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se ha mostrado «muy feliz» con la llegada a la Alcaldía de Cuenca y ha asegurado que para la Ejecutiva Federal del PSOE es «muy importante este paso».

«El cambio en Granada también tiene que ver con el cambio del PSOE-A con Espadas al frente, lo que abre nuevos escenarios de moderación», ha indicado Celis, al tiempo que ha asegurado que «este perfil acogedor, nuevo y consensuado de Espadas ha tenido que ver». «Abrimos un camino para trasladarle ese mensaje a las personas que son moderadas y que entienden la política como el consenso y el acuerdo para que se puedan ir fraguando nuevos escenarios de cara al futuro», ha apuntado.

ENTRENA PIDE «RESPONSABILIDAD»

El presidente de la Diputación de Granada y secretario general del PSOE en esta provincia, José Entrena, ha valorado esta «oportunidad de contar con un gobierno estable» y «con un alcalde con visión de qué es el presente y de hacia dónde vamos en el futuro de Granada».

Asimismo, Entrena ha apelado a «la responsabilidad de todo el mundo» y ha remarcado que «el espectáculo que se ha dado últimamente» no lo merece Granada, reclamando que la ciudad «destaque por otras cosas porque tiene muchos elementos para hacerlo y no por vivir lo que ha vivido en los últimos meses».

Junts ha registrado una batería de preguntas en el Congreso pidiendo cuentas al Gobierno de Pedro Sánchez por la actuación, a su juicio, «totalmente desproporcionada» exhibida por la Policía Nacional en el marco de la manifestación celebrada en Madrid en repulsa por el asesinato del joven coruñés Samuel.

En sus interrogantes, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, censura el nivel «injustificado» de violencia policial que se vivió en la protesta de Madrid, donde los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegaron a cargar de forma «desproporcionada» contra los manifestantes.

«La brutalidad llegó a tal nivel», dice Nogueras, que hasta Unidas Podemos, partido coaligado con el PSOE en el Gobierno, ha rechazado esta actuación policial y ha exigido una investigación para depurar responsabilidades.

DEBEN DEPURARSE RESPONSABILIDADES

Y precisamente en sus preguntas Junts pide al Gobierno saber, en primer lugar, por qué motivos la Policía intervino con este nivel de violencia, así como las medidas que prevé impulsar para investigar y dirimir responsabilidades tanto a nivel técnico y político.

Además, quiere que el Ejecutivo especifique qué medidas estructurales pondrá en marcha para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «dejen de promover la inseguridad y la violencia desproporcionada en un futuro», teniendo en cuenta la «brutalidad» policial en las protestas por el asesinato de Samuel pero también durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Aunque aún no está confirmado que el asesinato del joven Samuel sea un crimen homofóbico, el partido independentista también pregunta al Ejecutivo qué medidas piensa adoptar para prevenir las actitudes y el discurso de odio que están provocando una «escalada» de crímenes y actos contra los colectivos LGTBI.

Un Juzgado de Palma tiene abierta una investigación por posible contaminación en el acuífero de Son Reus debido a la presencia de un vertedero en la superficie, clausurado en 2008.

Así lo han confirmado fuentes próximas al caso, en el que ha intervenido la Fiscalía de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ha elaborado diversos informes.

Según ha indicado el regidor de Medio Ambiente de Palma y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, la investigación parte de un informe de unas 600 páginas elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con cuyas conclusiones la empresa pública no está conforme, ha dicho.

Según Cort, actualmente no hay ningún cargo municipal imputado por esta investigación, ni tampoco Emaya aparece como investigada. Desde el Ayuntamiento han asegurado que han ofrecido al Juzgado toda la colaboración y documentación necesaria para esclarecer este asunto.

En una rueda de prensa, Perpinyà ha informado de que el vertedero daba originalmente servicio a Palma y a partir de los años 90 comenzó a dar servicio a toda la Isla, hasta que en 2008 se clausuró. Según el regidor, se llevaron a cabo «toda una serie de infraestructuras», de las que se encarga Emaya, para velar por el mantenimiento del lugar.

El concejal ha apuntado que la ley exige realizar analíticas cada seis meses pero que Emaya, «por precaución», las hace cada tres meses. Según Perpinyà, todas las analíticas «salen correctas» y «no se ha encontrado ninguna que incumpla las normativas vigentes».

Sin embargo, Emaya encargó al IGME este estudio, algo más detallado, cuya respuesta llega en 2019, que sí concluye que hay contaminación del acuífero. «No estamos conformes con las conclusiones», ha incidido, considerando que son «contradictorias».

Perpinyà ha sostenido que «no hay ninguna analítica» que constate la contaminación, sino «muchos estudios que dicen una cosa y otro que saca unas conclusiones un poco especiales», a su juicio.

El presidente de Emaya ha defendido que «se han hecho todas las actuaciones necesarias para mantener en buen estado» el acuífero y que se sigue actuando «de forma continuada».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado este miércoles a construir en las próximas semanas una «gran alianza» por la amnistía y un referéndum de autodeterminación para afrontar la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su comparecencia en el pleno del Parlament sobre la desjudicialización del conflicto catalán, ha explicado que quiere reunir el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación antes de la reactivación de la mesa de diálogo con el Gobierno en la tercera semana de septiembre, y el primer paso será convocar «con la máxima celeridad» a los grupos que apoyaron su investidura –ERC, Junts y la CUP– para después ampliarlo a más partidos, entidades e instituciones.

Aragonès ha defendido la necesidad de transformar el consenso que, a su juicio, hay en la sociedad catalana entorno a la amnistía y la autodeterminación en «una herramienta efectiva, una herramienta política» que refuerce esta posición en la negociación con el Gobierno.

El presidente catalán ha garantizado que irán a esta mesa a reivindicar estas dos demandas «por convicciones democráticas» y porque cree que son las dos únicas propuestas que pueden superar el conflicto en Cataluña y que incluyen a toda la población, tanto a los independentistas como a los que no quieren la independencia.

Por eso, cree que hay que «impulsar una gran alianza entre instituciones, partidos, sociedad civil y ciudadanía», que recoja el espíritu de los pactos nacionales por el derecho a decidir y el referéndum, y que dé forma a este amplio consenso que considera que hay en la sociedad catalana.

«Que nos dé la fuerza para ir a defenderlo. Debe ir mucho más allá de lo que debe ser dar apoyo y cobertura, empujar por detrás a esta posición negociadora», y ha afirmado que, junto a la lucha contra la pandemia y la recuperación económica y social, esta será su prioridad en las próximas semanas y meses.

En este espacio espera sumar a agentes socioeconómicos, representantes de la sociedad civil, instituciones, mundo municipal y fuerzas políticas que estén de acuerdo con estas dos propuestas, más allá de si defienden la independencia o no: «Por eso, entiendo este Acuerdo por la Amnistía y la Autodeterminación como un llamamiento al conjunto del país a movilizarse para hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación».

También ha advertido de que la negociación que pretende afrontar con el Gobierno central para superar el conflicto será la más difícil que ha tenido la Generalitat en su historia contemporánea porque no renunciará a estos dos objetivos: «No hemos venido a renunciar, hemos venido a defender los grandes consensos».

«HAY COSAS QUE NO CAMBIAN»

Aragonès ha reconocido que en las últimas semanas se han hecho pasos para desjudicializar el conflicto, en referencia a los indultos a los presos del 1-O y la reactivación de la mesa de diálogo, pero que «es evidente que la represión no se detiene».

Ha insistido en que, para él, con los indultos no se acaba nada ni se resuelve el conflicto, pero sí que lo ve un paso importante para «dar crédito» a la vía del diálogo con el Gobierno y para facilitar una solución a la situación política en Cataluña.

«Se han hecho algunos pasos. Han cambiado algunas cosas pero hay cosas que no cambian. Es evidente que la represión no se detiene», ha criticado, y ha puesto como ejemplo la causa del Tribunal de Cuentas, al que ha acusado de actuar ideológicamente por las ideas políticas de los afectados y no por lo que han hecho, ya que defiende que la Generalitat tiene derecho a hacer acción exterior.

Asimismo, ha reivindicado el fondo que ha aprobado el Ejecutivo catalán para cubrir las fianzas como un mecanismo para proteger a los trabajadores públicos: «Ante la arbitrariedad del Tribunal de Cuentas, seguridad de la Generalitat a los servidores públicos».

CONSEJO DE EUROPA

Además, ha vuelto a exigir a España el cumplimiento del informe del Consejo de Europa, que pide retirar las peticiones de extradición de los dirigentes independentistas en el extranjero y que ve como «un antes y un después» en la internacionalización de las causas judiciales contra el independentismo.

«Es evidente el impacto político que tiene la resolución del Consejo de Europa sobre el prestigio del Estado español a nivel internacional como democracia», y cree que con este informe Europa pide una nueva etapa basada en la negociación y el diálogo, y que también reconoce el derecho a decidir sobre la independencia, según él.

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha lamentado que Granada vaya a contar desde miércoles con un «alcalde imputado», en alusión al socialista Francisco Cuenca, y ha querido dejar claro que la ruptura a nivel local entre PP y Ciudadanos (Cs) «para nada» afectará al pacto de gobierno que mantienen ambas formaciones en la Junta.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento después de que Cuenca haya sido elegido nuevo alcalde de Granada, López ha criticado especialmente que el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, haya estado presente en ese pleno municipal demostrando que es un «delegado» de Pedro Sánchez en Andalucía, mientras que también se ha visto que quien «manda» en esta tierra son los dirigentes socialistas nacionales José Luis Ábalos y Alfondo Rodríguez Gómez de Celis.

«Este no es un nuevo PSOE, sino el PSOE de siempre, el que va a apoyar a los alcaldes imputados y el de los indultos», según ha sentenciado López, para quien al PSOE andaluz ya se le ha caído «la careta».

A partir de este momento, según ha señalado, al PP lo que le corresponde es hacer una oposición responsable poniendo el interés de los granadinos por encima de todo lo demás, al tiempo que ha considerado que Ciudadanos, lógicamente, tiene que «actuar» ante lo ocurrido y ha señalado que es de «sentido común» que desde la dirección de ese partido se vaya a abrir expediente de expulsión a Luis Salvador y José Antonio Huertas por romper la disciplina de voto y apoyar a Cuenca.

Asimismo, Loles López ha querido dejar claro que lo ocurrido entre PP y Cs en Granada «no afecta para nada al pacto de gobierno» en la Junta, puesto que se trata de una cuestión de Granada.

Preguntada sobre si cree que desde el PP se ha hecho lo correcto, ha defendido que lo han hecho «desde el minuto uno: Tenemos la conciencia muy tranquila, porque siempre hemos puesto el interés de los granadinos por encima de ideologías políticas».

Sobre el hecho de que el expresidente provincial del PP de Granada Sebastián Pérez haya exigido dimisiones en la dirección regional del PP por lo ocurrido en Granada, López insistido en que la dirección regional tiene la conciencia «muy tranquila porque siempre se ha puesto el interés general de los granadinos por encima de intereses partidistas o personales», cosa que no ha hecho este señor (Pérez) u otros señores».

«Si lo hubiesen hecho, incluido este señor el primero, la alcaldía de Granada hubiera sido del PP desde el primer momento, pero a este señor le pesaron más otros intereses personales», ha sentenciado en referencia al exdirigente provincial del partido.

La dirección nacional de Ciudadanos ha anunciado que va a expulsar del partido a los concejales del Ayuntamiento de Granada Luis Salvador y José Antonio Huertas por haber votado este miércoles a favor de la investidura del socialista Francisco Cuenca como alcalde de la ciudad, desacatando las directrices del partido.

«Desde la dirección de Cs desautorizamos el voto de los ediles que han desobedecido, apoyando al candidato del PSOE, e iniciamos ya trámites para su expulsión», ha dicho, a través de su cuenta de Twitter, la secretaria general de la formación naranja, Marina Bravo.

Salvador fue el regidor de Granada durante los dos últimos años en un Ejecutivo de coalición con el PP, pero los siete concejales de este partido y dos de los ediles de Cs –Manuel Olivares y Lucía Garrido– abandonaron el equipo de gobierno local a principios de junio después de que los ‘populares’ reclamaran la Alcaldía en virtud de un pacto para turnarse con Cs, algo que la formación naranja siempre ha negado.

Ante la imposibilidad de seguir gobernando con el apoyo de un único edil, Salvador renunció a la Alcaldía la semana pasada. Ciudadanos siguió intentando convencer al PP para recomponer el Gobierno de coalición y el pasado lunes le propuso que, en la sesión de investidura, eligieran como regidor a Huertas.

Los ‘populares’ no aceptaron esa fórmula y este miércoles han presentado a su propio candidato a la Alcaldía, Francisco Fuentes, que ha perdido la votación frente a Cuenca, que ha recibido los votos del PSOE –el partido más votado en las elecciones municipales de 2019–, de Unidas Podemos y de Salvador y Huertas.

EL RESULTADO DE «CHAPUZAS HERVÍAS»

La Ejecutiva de Ciudadanos quería evitar que el candidato socialista, investigado por un delito de prevaricación por un asunto relacionado con su etapa como delegado de la Junta de Andalucía en Granada, se convirtiera en alcalde. Para Bravo, este es «el resultado de ‘Chapuzas Hervías'» en Granada: «un alcalde socialista imputado por prevaricación y un buen gobierno perdido».

De esta manera, ha apuntado al exsenador y exsecretario de Organización de Cs Fran Hervías, que ahora trabaja para el PP, como responsable de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de la ciudad andaluza. Lo mismo que hizo este martes el vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, al insistir al PP en que aún estaban a tiempo de salvar el acuerdo de gobierno e instarlo a «apartarse de las ‘Chapuzas Hervías'».

Hervías, por su parte, ha respondido a estas acusaciones de su antiguo partido. «¿Ahora a quién culparán? Seamos serios… Crear un enemigo externo para tapar la incompetencia, la falta de autoridad y sus errores está muy visto. Menos soberbia y más humildad. Algunos seguimos trabajando para sumar, unir y ganar a (Pedro) Sánchez en las urnas», ha escrito en Twitter.

Cs CULPA AL PP POR SU «IRRESPONSABILIDAD» Y «CERRAZÓN»

A través de un comunicado, la dirección de Ciudadanos encabezada por Inés Arrimadas ha lamentado la investidura del imputado Cuenca, «una pésima noticia para el interés general de los granadinos», que además «pierden un gobierno de Cs en coalición con el PP que ha funcionado bien y había logrado devolver a Granada la estabilidad».

Culpa a los ‘populares’ de que el socialista haya asumido la Alcaldía de Granada, por su «decisión unilateral» de romper la coalición «atendiendo únicamente a rencillas e intereses personales de terceros, especialmente del dirigente del PP Fran Hervías», y por su «irresponsabilidad» y su «cerrazón». Asimismo, arremete contra Salvador y Huertas por haber «facilitado la chapuza urdida en el PP».

«Los granadinos no merecen que ni las malas prácticas, ni las vendettas personales ni las rencillas partidistas estén por encima de su interés general», concluye la formación naranja en su comunicado.

Los grupos del Botànic han apostado por ampliar las restricciones actuales ante el avance de la situación epidemiológica, aunque en diferentes medidas: si bien el PSPV apuesta por las medidas que «menos daño puedan causar», Compromís vería conveniente dar «pasos atrás» en la desescalada y adoptar las «mínimas posibles» restricciones y Unides Podem apoya la propuesta de la comisión de salud pública de cerrar el ocio nocturno.

Mientras, desde la oposición han criticado al Botànic por su gestión, aunque tanto PP como Ciudadanos han asumido que habrá nuevas medidas. En su caso, los ‘populares’ han apostado por compensar a los sectores que se vean afectados, y la formación naranja quiere medidas «más quirúrgicas». Vox, por su parte, ha exigido la dimisión de la consellera, Ana Barceló, y ha criticado que «no se puede tener a la gente cerrada y atada a las subvenciones y las ayudas».

Así se han pronunciado los representantes de los grupos representados en Les Corts en declaraciones a los medios durante la primera sesión del pleno de esta semana.

Desde el PSPV, Manolo Mata ha pedido un «gran acuerdo intergeneracional de comportamiento» y ha instado a «no satanizar a la gente joven», aunque también les ha recordado que su papel es «esencial en este momento». Por ello, ha apostado por adoptar las «restricciones que menos daño puedan causar» y por ayudas económicas a determinados sectores.

Compromís ve conveniente dar «pasos atrás» y aplicar medidas si las recomiendan los expertos ante la subida de la incidencia, «las mínimas posibles», pero descarta que la reapertura del ocio nocturno sea la causa.

«Buscar responsables después de año y medio es un error, hay que buscar vías de solución», ha constatado su portavoz de Sanidad, Carles Esteve, para destacar el ritmo de vacunación.

Mientras, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha remarcado que la pandemia «se va agravando», por lo que ha mostrado su apoyo a la propuesta de la Comisión de Salud Pública de cerrar el ocio nocturno. «En este tema no caben medias tintas, hay que actuar lo antes posible», ha agregado.

Además, ha mostrado su apoyo a la recomendación sobre la mascarilla y ha apostado por «aprender de los errores del pasado», pero también ha remarcado el «retraso en la vacuna» de las personas entre 30 y 39 años.

OPOSICIÓN

Entre la oposición, el PPCV insiste en que las medidas que acuerde este jueves la mesa interdepartamental de la Generalitat deben ir acompañadas de un paquete de compensaciones económicas para los sectores afectados. «No podemos dejarlos otra vez abandonados a su suerte», ha rogado su portavoz adjunta Elena Bastidas.

Otra de sus reclamaciones es agilizar la vacunación porque al ritmo actual, a su juicio, ni España ni la Comunitat se acercarán al objetivo del 70% de población inmunizada a final de verano. Tampoco cree que el país esté en condiciones de «renunciar» a la mascarilla obligatoria en exteriores en esta «quinta ola».

Mientras, Ruth Merino (Cs), ha mostrado su preocupación por la evolución de la pandemia, y ha señalado que, en caso de que la Generalitat decida cerrar el ocio, debería tener en cuenta que «estas empresas han sufrido mucho». También ha considerado que si siguen abiertos, ejercen de «control» para que no haya botellones.

Por ello, ha pedido al Consell que no tome «medidas tan fáciles como cerrar sin más», sino que «sancionen a los que incumplen para que no paguen justos por pecadores».

Desde Vox, Ana Vega ha criticado que el Consell está «instalado en la indecisión y el malhacer» y ha considerado que la consellera Barceló «no ha sabido gestionar la pandemia» por lo que ha pedido su dimisión. En este sentido, se ha preguntado si las nuevas medidas se tomarán por «negligencia» o porque el Gobierno «realmente quiere cerrarnos y recortar derechos».

«POPULISMO VACUNAL»

El ritmo de la vacunación también ha sido uno de los puntos que han tratado los diversos grupos. Desde el PSPV-PSOE, Manolo Mata ha considerado que «no se puede hacer populismo vacunal» y que en esta semana, existe el objetivo de finalizar la inmunización completa del bloque entre 60 y 69 años.

Desde Vox, Ana Vega ha criticado que «no se está vacunando a los grupos como tenían que vacunarse»; Ruth Merino (Cs) ha mostrado su preocupación por la baja vacunación en la franja entre 30 y 39 años y Elena Bastidas (PP) ha opinado que «ni España ni la Comunitat se acercarán al objetivo del 70% de población inmunizada a final de verano».

Por parte del Botànic, Pilar Lima (Unides Podem) ha lamentado el «retraso en la vacuna de las personas entre 30 y 39 años» y ha pedido acelerar la vacunación, mientras que Carles Esteve (Compromís), ha considerado que el proceso en la Comunitat Valenciana avanza más o menos en la media nacional.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Rumanía, han desarticulado una organización criminal hispano-rumana que, presuntamente, explotaba sexualmente a sus víctimas en clubs de alterne de Oviedo y Santander.

El grupo criminal captaba a mujeres jóvenes, vulnerables y desamparadas en la localidad rumana de Calarasi a través del método ‘lover boy’, para su posterior traslado hasta nuestro país.

Han sido detenidas un total de 13 personas -siete en España y seis en Rumanía- y se han llevado a cabo 16 entradas y registros en clubs y domicilios de los principales miembros -12 en Rumanía y cuatro en España-.

Los beneficios de la organización se estiman en 1,5 millones de euros, invertidos en diversos bienes en Rumania. La operación ha permitido liberar a 17 víctimas de trata cuando iban a ser trasladadas hasta nuestro país para su explotación sexual.

La investigación se inició cuando la Agregaduría de la Embajada de España en Rumanía comunicó a la Policía Nacional la existencia de una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos explotando a sus víctimas sexualmente en clubs de alterne en Oviedo y Santander.

Las víctimas, que eran captadas en la localidad rumana de Calarasi, se caracterizaban por ser jóvenes, vulnerables y estar desamparadas. Eran engañadas a través del método lover boy para, posteriormente, ser trasladadas a los clubs de alterne de España donde eran prostituidas.

CUANTIOSOS BENEFICIOS

El grupo criminal se encontraba perfectamente estructurado y, periódicamente, un miembro de la organización se desplazaba a España en avión con alguna de las víctimas para trasladarla al club de Oviedo o de Santander.

En 24 o 48 horas regresaba a Rumanía con el dinero recaudado en el club, utilizando el autobús o un vehículo particular para evitar controles fronterizos, transportando en cada viaje entre 21.000 y 28.000 euros. Además realizaban constantes envíos de dinero de España a Rumanía a través de empresas de transferencia monetaria.

Los beneficios obtenidos por la organización se estiman en 1,5 millones de euros invertidos en diversos bienes en Rumanía, entre los que destacan tres casas tipo villa, seis terrenos, una granja con 700 cabezas de ganado, tres vehículos agrícolas y cuentas bancarias con saldo de 120.000 euros que la Policía rumana ha inmovilizado.

DETENCIONES EN DOS FASES

La operación se ha llevado a cabo en dos fases. En la primera de ellas se detuvo en España a siete miembros, cinco de ellos españoles y dos rumanos, por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social y pertenencia a organización criminal.

Se realizaron cuatro entradas y registros en tres domicilios de los detenidos y en el club de alterne de Oviedo, incautándose abundante documentación contable, contratos fraudulentos, material informático, teléfonos móviles y 12.375 euros en efectivo.

La segunda fase se llevó a cabo en Rumanía, donde se trasladaron agentes de la Policía Nacional para detener conjuntamente con la Policía de Rumanía a seis de los principales miembros del entramado criminal, todos de nacionalidad rumana, por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y pertenencia a organización criminal.

Se realizaron 12 entradas y registros en viviendas y propiedades de los detenidos, todas en la localidad de Calarasi, interviniéndose ocho vehículos, dos de ellos de alta gama valorados en 100.000 euros cada uno, además de 28.375 euros, 22.900 lei, 1.490 libras esterlinas en efectivo, 250 gramos de oro en joyas, 20 teléfonos móviles, diverso material informático y documentación.

Las amigas de Samuel, el joven coruñés que en la madrugada de este sábado fallecía tras sufrir una paliza en la Avenida de Buenos Aires, se han mostrado «esperanzadas por cómo avanza la investigación» y «agradecidas» por todo el apoyo recibido.

Así se han expresado este miércoles las dos jóvenes, que han acudido sobre las 11 de la mañana al cuartel de Lonzas, en A Coruña, a prestar declaración. A su salida, aunque han insistido en la poca información que pueden facilitar «dado el estado de la investigación», han destacado el papel del joven senegalés que, en un primer momento, trató de separar a Samuel de sus agresores, y han confirmado que él también ha sido una de las 15 personas que en los últimos días ha prestado declaración.

«Queremos agradecer todo el apoyo, sobre todo en redes sociales, que nos ha llegado desde muchos puntos: Argentina, Israel… También al chico de Senegal, que se metió sin dudarlo y, a pesar del desenlace, lo intentó; otras personas no lo habrían hecho. Queremos darle las gracias y todo nuestro apoyo porque sabemos que para él tampoco es fácil», han señalado las jóvenes.

Además las dos amigas han recalcado una vez más la motivación homófoba del crimen y han insistido en los insultos vertidos contra Samuel la noche de ese sábado, como «maricón de mierda».

Respecto a las declaraciones de testigos y a las imágenes recabadas, las dos chicas han subrayado que «toda información, todo lo que se pueda aportar, es clave» y han insistido en el llamamiento que hacían hace unos días para que toda persona que tuviese información o imágenes, las facilitase.

Las dos amigas, que han declarado por separado, han comentado que están «muy contentas por cómo está llevando el caso la Policía» y han apuntado además que «esperan» que el Juzgado correspondiente «no decepcione mucho».

POSIBLES DETENCIONES

Las jóvenes no han querido pronunciarse sobre la posibilidad de que durante este miércoles se produzcan nuevas detenciones, pero el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha señalado en unas declaraciones remitidas a los medios que «podrían producirse arrestos en las siguientes horas».

También ha ratificado que los tres detenidos -dos hombres y una mujer de entre 20 y 25 años– son gallegos, nacidos en A Coruña, y que «todas las líneas de investigación siguen abiertas»

La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, mientras que la Policía Judicial continúa trabajando con las pruebas testificales y el visionado de imágenes captadas por móviles, cámaras de la Policía Local y de entidades privadas situadas en la zona de la agresión, ocurrida en la Avenida de Buenos Aires.

AL MENOS 15 PERSONAS DECLARARON

Hasta el momento, al menos 15 personas se habían pasado por el cuartel de Lonzas, en A Coruña, para declarar por este crimen. Por ahora, fuentes oficiales todavía no confirman si se trata de un ataque homófobo, algo que se dirimirá la investigación, tal y como insiste la Delegación del Gobierno.

Sin embargo, la amiga de Samuel que se encontraba en el lugar de los hechos denuncia que durante la agresión, si bien se inició por un malentendido con un teléfono móvil –quien le propinó el primer puñetazo pensaba que le estaban grabando–, se produjeron expresiones homófobas.

«TRABAJO RIGUROSO» DE LA POLICÍA

Tras las tres primeras detenciones, el delegado del Gobierno en Galicia ha aprovechado para agradecer el «trabajo riguroso» realizado en las últimas jornadas por la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura de Galicia, ya que «desde el primer momento» trabajaron «con el único fin de llevar ante la justicia a los autores» de este crimen.

Así, Miñones ha vuelto a apelar a «la responsabilidad y a la prudencia» para dejar trabajar a la Policía Nacional en la resolución de este caso: «Se lo debemos a nuestra sociedad y se lo debemos sobre todo a la familia de Samuel».

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha condenado este miércoles el intento de asesinato del periodista de investigación holandés Peter R. De Vries, asegurando que constituye un ataque contra la democracia.

Este ataque, ha dicho la ministra en un mensaje en su Twitter, «es un ataque contra todos los periodistas y por lo tanto contra nuestra democracia». «No bajemos la guardia a la hora de proteger la libertad de expresión», ha asegurado González Laya.

De Vries, uno de los periodistas más conocidos de Países Bajos, recibió este martes cinco disparos, incluido uno en la cabeza, poco después de participar en la retransmisión de un programa radiofónico de la emisora RTL Boulevard.

Las autoridades han confirmado la detención de tres personas tras el suceso, una de las cuales ha sido liberada. Las otras dos han sido identificadas como un neerlandés de 21 años y un polaco de 25 años, según la cadena de televisión neerlandesa NOS.

De Vries, de 64 años, ha cubierto numerosos acontecimientos a lo largo de su carrera, algunos de ellos muy mediáticos, como el secuestro en 1983 del magnate de la cerveza Freddy Heineken, la desaparición de la estudiante estadounidense Natalee Holloway en 2005, o el caso Marengo, en el que se investiga, entre otros, a Ridouan Taghi, uno de los mayores narcotraficantes de Europa y el norte de África.

El periodista ya había sido amenazado en anteriores ocasiones, recuerda ‘De Volkskrant’, diario al cual De Vries confirmó en 2019 que la Policía le había informado de que había sido incluido en «una lista» elaborada por Taghi. «Ha ordenado mi liquidación por declaraciones críticas hacia él», contó.

Entrevistado el mes pasado por el semanal ‘Vrij Nederland’, De Vries aseguró estar tranquilo ante estas supuestas amenazas, pues son «parte del trabajo» de un periodista de investigación y tampoco se iba a poner «histérico» pensando en que podría ser asesinado como le ocurrió al hermano y al abogado de Nabil B., el testigo estrella del caso Marengo, del que el periodista es confidente.

El presidente del Govern de Cataluña, Pere Aragonès, ha garantizado este miércoles su compromiso con «acelerar la vacunación» contra el coronavirus, así como con reducir toda la carga posible a la atención primaria y apoyando a los sectores afectados por la pandemia, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos ante el repunte de contagios.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament a preguntas de la líder de los comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, que ha pedido no criminalizar a los jóvenes, algo que ha compartido Aragonès: «Esta ola se está centrando en los jóvenes no por ser jóvenes, sino por no estar vacunados», y ha pedido implicación del Gobierno central para fortalecer la financiación de la sanidad pública.

Albiach le ha advertido de que el refuerzo que ha hecho la Generalitat en la atención primaria no es suficiente porque está al límite, y ha asegurado que el sistema está agotado y tensionado: «Y lo más grave, la privada una vez más está haciendo negocio con el colapso de la pública», y ha pedido investigar si hay prácticas abusivas en la privada en pruebas de diagnóstico.

COVID EN ‘CASALS’

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha pedido a Aragonès medidas extraordinarias para verano para afrontar el incremento del riesgo de pobreza infantil y por la situación de los ‘casals’ de verano, después de haber detectado positivos de coronavirus en 46 centros, algo que ha afectado a unas 400 personas, ha cifrado Aragonès.

El presidente ha lanzado un mensaje de confianza hacia todo el sector del ocio educativo, y ha avisado de que los casales «no son un ámbito precintado y cerrado al vacío, son porosos con la sociedad», por lo que los casos de Covid-19 podría incrementarse, y ha recordado que muchos monitores son profesionales de la educación y ya están vacunados.

INMERSIÓN LINGÜÍSITICA

El líder de los populares en la Cámara catalana, Alejandro Fernández, ha reiterado que su formación rechaza que el modelo de inmersión lingüística de la escuela pública catalana sea «un modelo de éxito», pero sobre todo ha subrayado que lamenta que no se les permita ponerlo en cuestión y debatirlo.

Ha defendido que éste no es el único modelo para los territorio con diversidad de lenguas y ha recordado que existe el de la libertad de elección de líneas paralelas «que defendió Jordi Pujol en los años 80» y el de conjunción lingüística que es el que defiende el PP en Catalunya.

Ha recordado que un informe de la Generalitat de 2018 denominado ‘Informe Bargarlló’ señalaba «déficit en castellano de los alumnos de la Catalunya interior, y déficit en catalán de los del Área Metropolitana de Barcelona, pero las presiones de grupos como Koiné hicieron desaparecer ese informe».

Aragonès ha recordado que el modelo de inmersión lingüística tiene por objetivo que los alumnos salgan de la escolaridad pública con tres lenguas, y ha destacado que es un programa que descansa «sobre los proyectos educativos de cada centro».

«Son los centros los que a través de los profesionales y los docentes, y a partir de la realidad sociolingüística de cada zona, los que acaban adaptando –dentro del margen general que establece la normativa– cuáles son los porcentajes de estudio en cada lengua», ha concretado.

Hombre, mayor de 45 años y de nacionalidad española es el perfil mayoritario de las personas con discapacidad que trabajan en España según se desprende de ‘La Vida Laboral de las Personas con Discapacidad’, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE añade que, del total de personas de 16 o más años (31.658.600) que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, 3.129.000 (el 9,9% del total) tenían una discapacidad. De estas, un 77,5%, no tuvo más tipo de relación que percibir una pensión contributiva, frentea un 20,6% de las personas sin discapacidad.

Además, un total de 316.800 personas con discapacidad (10,1%) tuvieron relación con la Seguridad Social exclusivamente por estar de alta laboral al menos un día en el año, frente al 61,2% en el caso de las personas sin discapacidad.

El resto, el 12,4% de las personas con discapacidad que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, compatibilizó varias situaciones a lo largo del año: percepción de prestación por desempleo, pensionista y alta laboral, desempleo y alta, etcétera.

El total de población con alguna relación en la Seguridad Social aumentó en 523.000 personas (1,7%) respecto a 2018, siendo esta variación de 23.500 personas (0,8%) entre las personas con discapacidad. En el caso de los afiliados en alta con discapacidad, el incremento fue de 5.100 personas (0,8%), mientras que entre las personas sin discapacidad fue de 426.600 personas (2,0%).

Por último, los pensionistas con discapacidad crecieron en 2019 en 23.700 (un 0,9%). Esta cifra fue de 62.900 (un 1,0%) en el caso de las personas sin discapacidad.

El INE señala que el colectivo de personas con discapacidad se caracteriza por su baja participación en el mercado laboral, lo que hace que tengan menos episodios de situaciones en alta laboral. Así, las personas con discapacidad que estuvieron en alta en algún momento del año, ya fuera como situación exclusiva o alternándola con otra, fueron 626.300, lo que representó un 20,0% del total de las personas con discapacidad que tuvieron algún tipo de relación con la Seguridad Social. Dicho porcentaje fue inferior en más de 55 puntos al de la población sin discapacidad (75,8%).

La distribución por sexo mostró mayor presencia porcentual de hombres entre las personas con discapacidad. Por su parte, la población con discapacidad que estuvo en alta laboral en algún momento de 2019 se concentró en los tramos de mayor edad (más del 60% tenía entre 45 y 64 años).

La mayor diferencia se dio en el tramo de 55 a 64 años, con un 29,8% de personas con discapacidad, frente al 16,1% de la población sin discapacidad. Por nacionalidad, hubo menor proporción de extranjeros entre las personas con discapacidad (3,1%, frente a 12,7% sin discapacidad).

La participación laboral está muy determinada por el tipo e intensidad de la discapacidad. Entre las personas en alta laboral en la Seguridad Social en algún momento de 2019, el peso de las que tenían un grado de discapacidad de menor intensidad fue del 55,7% y disminuyó progresivamente hasta el 2,5% para el grado superior de discapacidad.

Las personas con deficiencias en el Sistema osteoarticular representaron el 23,1% de las que tuvieron discapacidad en alta laboral. La menor representación correspondió al tipo de discapacidad asociado a Sistemas digestivo, metabólico y endocrino, con un 3,7%.

AFILIACIONES EN ALTA LABORAL Y PENSIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Las personas con discapacidad tuvieron 1.099.900 situaciones de alta laboral en la Seguridad Social en 2019. Es decir, 1,76 por afiliado. En el caso de las personas sin discapacidad cada afiliado tuvo en promedio 2,12 afiliaciones. El hecho de que el 49,5% de las afiliaciones de personas con discapacidad estuvieron en alta todo el año, frente al 42,0% de las personas sin discapacidad explica esta diferencia.

Además el 73,1% de los afiliados con discapacidad solo tuvo una afiliación en el año, frente al 66,6% en el caso de no tener discapacidad. El 31,1% de las afiliaciones por cuenta ajena de personas con discapacidad fueron contratos indefinidos en 2019, frente al 27,2% en el caso de las personas sin discapacidad.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el hecho de tener una pensión de incapacidad permanente implica ser considerada como persona con discapacidad, existe un mayor número de personas con discapacidad entre los pensionistas, señala el INE. Del total de personas con discapacidad que en 2019 tuvo alguna relación con la Seguridad Social, 2.686.800 recibieron alguna pensión contributiva. Esta cifra supuso el 85,9% del total, frente al 22,8% de las personas sin discapacidad.

Los hombres tuvieron mayor peso entre los pensionistas con discapacidad que entre los que no la tenían (56,6% frente a 49,1%). Únicamente en el grupo de mayores de 65 años las personas con discapacidad tuvieron, de forma significativa, menor representación entre los pensionistas (un 58,2% frente a un 87,4% entre las personas sin discapacidad).

En cuanto al tipo y grado de discapacidad de los pensionistas, se observa una distribución muy similar al de la afiliación, con predominio de la deficiencia del Sistema osteoarticular y un aumento del porcentaje de pensionistas con el grado máximo de discapacidad (9,7% frente aun 2,5% de los afiliados en alta).

En 2019 los pensionistas con discapacidad que tenían reconocida una incapacidad permanente y no estaban registrados en la BEPD fueron el 40,2%. Estas personas no tenían asignado un tipo y grado de discapacidad.

En cuanto a la edad de la primera alta laboral de las personas con discapacidad es de 20,8 años, 1,1 años menos que las personas sin discapacidad. En general, las personas con discapacidad tienen una edad de la primera alta laboral ligeramente menor que las personas sin discapacidad. Las excepciones las constituyen los jóvenes de 16 a 29 años y los extranjeros.

El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha defendido este miércolesque el fondo de diez millones de euros que servirá para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a excargos de la Generalitat por la acción exterior del Govern sirva también para eventuales casos futuros porque según ha declarado, «la represión utilizará todos los senderos posibles».

Aragonès ha señalado que este fondo complementario de riesgos es similar a pólizas de seguros que tienen otras administraciones públicas, y ha dicho que representa un paso adelante, aunque no una solución completa.

Así ha defendido la leglaidad del fondo y ha señalado que defenderán que ningún trabajador público sea «perseguido por haber hecho bien su trabajo y de acuerdo con el ordenamiento jurídico y con sus funciones y encargos del Parlament», ha dicho preguntado por el diputado de ERC Josep Maria Jové en el pleno del Parlament, ante el que ha proclamado que los trabajadores públicos no deben temer hacer su trabajo.

Ha garantizado que «no hay desplazamiento patrimonial en ningún caso» y que la cobertura de riesgo es menor que las que tienen algunas Comunidades Autónomas y el Gobierno central, según Aragonès, que ha señalado que no se asume directamente la responsabilidad contable, sino que se garantiza el aval.

Jové ha sostenido que esta causa del Tribual de Cuentas contra 34 excargos del Govern forma parte de la «ejecución de un plan perfectamente diseñado que ahora pasa por estrangular económicamente», y ha subrayado que la vía económica es menos visible que la cárcel, pero que es durísima e implacable.

«CUENTA ATRÁS»

También ha preguntado por este asunto el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ante el que el Aragonès ha garantizado que el Govern tomará «las medidas necesarias para dar cobertura a los trabajadores públicos, a los funcionarios y a los altos cargos en el ejercicio de sus cargos y habiendo actuado de acuerdo con la normativa», y le ha recordado que existe la presunción de inocencia.

Garriga ha asegurado que llevarán el asunto a los tribunales impulsando una querella por malversación de fondos públicos: «Ha empezado su cuenta atrás como presidente», ha avisado a Aragonès, quien le ha replicado que si empieza o no su cuenta atrás deberá decidirlo el Parlament, y no Vox.

Garriga ha vinculado fondos del Govern a informes del Consejo de Europa, ante lo que Aragonès se ha preguntado si insinúa que los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa están dispuestos a ser sobornados para elaborar un informe, y ha criticado su tono y esta «nueva amenaza de la extrema derecha».

Esclerosis Múltiple España (EME) y 26 asociaciones y fundaciones han desarrollado una nueva edición de la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’, que tendrá lugar este domingo, y que, tras una edición muy digital en 2020, volverá este año 500 playas y piscinas españolas, más del doble que el año pasado.

Durante el ‘Mójate’, los asistentes participan de diferentes actividades. También ayudan en la mejora de la calidad de vida a través de la atención social y la rehabilitación, mediante la adquisición de productos con diseños creados especialmente para la campaña por Katuki Saguyaki y Judit Canela.

Estos diseños están plasmados en numerosos artículos: desde toallas y camisetas veraniegas, hasta bidones de agua, pasando por bolsas de playa, delantales y cuadernos. Una de las formas de mojarse por la esclerosis múltiple (EM) es precisamente hacerse con ellos o donando a la asociación y fundación de EM adherida a la campaña más cercana en ‘www.mojateporlaem.org’.

Así, en la página web de ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ también se pueden consultar en un mapa interactivo las actividades que se desarrollarán cerca de una localidad, entre las que se encuentran concursos y acciones audiovisuales.

ACTIVIDADES DIGITALES

Además de recuperar actividad presencial en playas y piscinas de la geografía española, este año se vuelve a contar con iniciativas en el ámbito digital. De esta forma, se podrá hacer girar la ‘ruleta Mójate’, obteniendo un reto como en la anterior edición para compartir en redes sociales, donde también se participa en la conversación con el hashtag #Mojate2021. Asimismo, una novedad este año es la creación del filtro ‘Mójate’ de Instagram. Los usuarios podrán acceder de forma rápida y divertida a una versión de la ruleta para encontrar una manera original de mojarse.

A la campaña en el entorno digital ya se han sumado para dar a conocer más la EM y el evento personas conocidas en la sociedad como la cantante Verónica Romero; los humoristas Sara Escudero y Oscar Terol; el exconcursante de Pasapalabra Jero Hernández. También participan el exfutbolista Javier Artero y la presentadora y periodista Cristina Maró, quienes conocen la EM en primera persona. Ellos cuentan no solo lo que significa este evento para las personas que tienen esta enfermedad neurodegenerativa, sino también para sus familias.

«Me gusta ver que hay fechas como ésta, en la que todos nos unimos para concienciar por la EM para conseguir apoyo para la atención y rehabilitación. Es una forma bonita de pasar un buen rato y hacerlo por un buen motivo. El día del ‘Mójate’ ganamos todos frente a la EM», señala Maró.

Por su parte, Artero hace una mención especial al ambiente de familia que se vive esos días y a la campaña como punto de conexión. «‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ es una cita clave del verano en la que se genera un ambiente muy familiar. Ese día nuestros seres queridos también están ahí, a nuestro lado, de una manera muy especial».

Por otro lado, la vicepresidenta de Esclerosis Múltiple España, Ana Torredemer, pone de relieve «la importancia de continuar con una atención presencial y un acceso a la atención de calidad, como las que ofrecen las asociaciones y fundaciones de EM, que han demostrado aún más en pandemia ser un actor de primer nivel en la gestión de ‘la enfermedad de las mil caras».

La ONG Caminando Fronteras estima que un total de 2.087 personas migrantes han fallecido o desparecido en su ruta por mar entre África y España en el primer semestre de 2021, de las cuales 341 eran mujeres y 96 niños. Esta cifra es un 526% superior a la contabilizada por la ONG en el mismo periodo de 2020.

La organización ha presentado los datos que ha recogido a través de su observatorio de las diferentes rutas migratorias hacia España, que obtiene información a través de las llamadas de emergencia y avisos que les llegan desde las propias embarcaciones en riesgo, a las que después se les hace un seguimiento, y con los datos que ofrecen familiares y conocidos de las personas que inician sus rutas hacia el país.

Estos números determinan que en enero murieron 326 personas, en febrero 324 y 132 en marzo, el mes menos dramático de los seis primeros de este año. A partir de ahí, la cifra ha aumentado a las 422 víctimas contabilizadas en abril, las 418 de mayo y las 465 de junio.

La entidad se ha mostrado preocupada porque estas cifras, en algunos casos, son superiores a las que se registraron durante todo el año pasado. En 2020, los muertos fueron en torno a los 2.170 pero, además, la ruta canaria, «la más mortífera del mundo» según el informe de Caminando Fronteras, las cifras del primer semestre de 2021 (1.922 víctimas) ya son más altas que las recogidas en todo 2020 (1.851).

En la ruta del Alborán, por su parte, las víctimas contabilizadas son 93, en 9 naufragios; mientras que la ruta del Estrecho y de Argelia han registrado 36 víctimas en lo que va de 2021, en 9 y 4 naufragios respectivamente.

EL AÑO CON DATOS «MÁS TERRIBLES»

«Está siendo un año horroroso», ha declarado Maleno, antes de indicar que se tratan de los datos «más terribles» que la ONG ha contabilizado «desde 2007».

Dentro de las cifras presentadas por Caminando Fronteras, destaca también que 42 embarcaciones han desparecido en el primer semestre de 2021 con todas las personas a bordo y que entre las víctimas de estas tragedias hay personas de hasta 18 nacionalidades, especialmente de Guinea y Costa de Marfil.

Además, el documento advierte de que, de las víctimas desaparecidas, apenas se encuentra el cuerpo del 4% y el porcentaje de identificaciones de los mismos es aún más bajo.

Maleno ha explicado que el aumento de víctimas en la ruta canaria se debe a un mayor uso de lanchas neumáticas en un trayecto que es «muy peligroso». La activista por los derechos humanos ha destacado que este tipo de embarcaciones ha sido siempre más común en rutas por el Mediterráneo y advierte de que las neumáticas no resisten una navegación por el Atlántico en un viaje que, además, es más largo.

LA CRISIS CON MARRUECOS AUMENTÓ LAS MUERTES

En concreto, ha explica que en los primeros seis meses del años, la presencia de lanchas neumáticas en la ruta a Canarias suponen el 33% de las alertas que ha recibido la ONG, un porcentaje que, según su experiencia, es «muy elevado» para el Atlántico.

Pero, además, Caminando Fronteras apunta hacia la crisis diplomática de España con Marruecos como uno de los factores que han aumentado el porcentajes de muertes de migrantes en el mar. A su juicio, la defensa de la vida que es obligación de los estados «deja mucho que desear» en este caso.

«Ha habido una dejación de responsabilidades en el rescate. Lo hemos visto en Marruecos», ha denunciado Maleno, quien ha explicado que la marina del país africano «no ha asistido» alertas que han enviado pateras o la propia ONG sobre la situación de riesgo o deriva de embarcaciones; y en el que caso de acudir, los rescates «han sido bastante negligentes», ha declarado.

En España, ha indicado la activista, se necesitan «más medios aéreos» y la entidad se une, según han explicado, a las peticiones de Salvamento Marítimo para las mejoras de condiciones del persona y de los medios disponibles para abordar la realidad de la ruta canaria.

«MARRUECOS DEJÓ DE RESCATAR»

Pero, además, ha puesto el foco en la crisis del pasado mayo, con la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Caminando Fronteras cree que el país debió prever que mientras esto sucedía también estaban «dejando salir» desde la costa hacia Canarias y de una forma desesperada en embarcaciones precarias. Eso provocó, ha indicado la fundadora de la ONG, que en 15 días desaparecieran más de 480 personas.

Además, ha indicado, durante esta crisis «Marruecos dejó de rescatar» por lo que, a su juicio, España «debería haber reforzado» su servicio «teniendo en cuenta la situación especial a la que se enfrentaba».

Es por eso que Maleno ha hecho un llamamiento a los gobiernos y, especialmente al español, para que se produzca una «reunión urgente» entre los ministerios implicados en esta materia, y se tomen medidas frente a «la necesidad urgente de defender la vida en la ruta canaria» y evitar que «en los próximos 6 meses» del año no haya «cifras tan vergonzosas» como estas.

«Pensábamos que se tomarían medidas tras la experiencia del año pasado, pero no se han tomado», ha lamentado Maleno, que echa en falta «la coordinación con los países» con los que España «comparte aguas». También llama a dar «órdenes claras a quienes gestionan» las fronteras, como las fuerzas y cuerpos de seguridad.

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES

En la rueda de prensa también han participado José Antonio Benítez, sacerdote miembro del Secretariado diocesano de migraciones de Las Palmas, y Teodoro Bondyale, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), que han hablando de las carencias que existen a la hora de acompañar a los familiares de las víctimas de estas rutas.

Benítez ha reclamado la puesta en marcha de puntos de información para las familias de las víctimas que reclaman información sobre su paradero, además de un protocolo de actuación que hagan los trámites automáticos y ágiles.

El sacerdote ha explicado un caso en el que se recibió al familiar de una víctima en Lanzarote. Lo hicieron voluntarios del Secretariado, una abogada que les ayuda y un traductor que acompañaron durante dos días a esta persona que tuvo que identificar el cuerpo, hacerse pruebas de ADN y visitar el cementerio en el que quería que fuera enterrada la víctima.

«Se fue agradecida a pesar de la dureza de la situación», ha explicado Benítez, quien ha alabado la entrega de los voluntarios y la ausencia de facilidades de la Administración.

Bondyale, ha señalado también la importancia del acompañamiento en un proceso de duelo recordando el caso de la menor Eléne, de dos años, fallecida a su llegada a Canarias, tras ser trasladada al hospital. Bondyale ha criticado que se la separara de su madre y su hermana de 13 años que viajaban con ella y que fueran también las FAAC quienes se ocuparan de cumplir los deseos de que la pequeña fuera enterrada por el rito musulmán, en la tierra, y no en un nicho como lo hace el Ayuntamiento de Las Palmas.

«Hablamos de coordinación poniendo a las personas en el centro y a los derechos humanos», ha apuntado Maleno, antes de exigir de nuevo al Gobierno que trabaje en esta línea y evitar una «dejación de la responsabilidad» que los estado tienen para con la defensa de los derechos humanos.

Francisco Cuenca (PSOE) se ha convertido este miércoles en el nuevo alcalde de Granada por mayoría absoluta en sustitución de Luis Salvador (Cs), que dimitió a raíz de que el PP rompiera el pacto de gobierno que mantenía con su formación y que este miércoles ha permitido al candidato socialista hacerse con la Alcaldía dándole su apoyo, junto al del otro edil de Cs y los de Unidas Podemos.

La lista liderada por Francisco Cuenca fue la más votada en las pasadas elecciones municipales, cuando obtuvo una representación de 10 concejales, cuyos votos se ha sumado este miércoles a los tres de Unidas Podemos y los dos de Ciudadanos, que han optado por dar su apoyo expreso al candidato socialista en vez de abstenerse, con lo que ha sumado 15 apoyos.

El candidato del PP, Francisco Fuentes, ha contado con el voto a favor de los seis concejales de este partido, de los tres concejales de Vox y de los tres no adscritos: Sebastián Pérez –que dejó el Partido Popular el pasado mayo– y los dos exediles de Cs Manuel Olivares y Lucía Garrido. Su candidatura ha sumado así el apoyo de 12 de los 27 corporativos que han ido introduciendo su papeleta en la Jarra de los Caballeros XXIV tras ser llamados por orden alfabético. La mayoría del pleno está fijada en 14.

Francisco Cuenca vuelve a ostentar de nuevo el bastón de mando después de que ya se hiciera con él en 2016, a raíz de la dimisión del entonces alcalde, José Torres Hurtado (PP), tras su detención en la llamada ‘Operación Nazarí’ sobre una supuesta trama corrupta en la ciudad, rompiendo con ello 13 años de gobierno del PP en la ciudad.

En la investidura de este miércoles, Cuenca ha contado con el apoyo de diversos representantes socialistas, entre ellos, el presidente provincial del PSOE, José Entrena; el vicepresidente primero del Congreso y diputado del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

Durante su discurso, tras recibir el bastón de mando y el collar de oro de la ciudad, Cuenca ha llamado a todas las fuerzas políticas a la «unidad», anunciando que este próximo lunes convocará una junta extraordinaria de portavoces para «poner, entre todos, los pilares de la recuperación de Granada» y les ha invitado a «un pacto por Granada» para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el Ayuntamiento y que a partir de hoy la ciudad «cierre la puerta a un periodo que debemos olvidar», ha dicho.

Se ha referido además a la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia, afirmando que «Granada no olvidará jamás a las personas fallecidas aquí por culpa de este virus maldito».

«Granada no sólo no ha permanecido ajena a esta triste fotografía. Nuestro modelo económico, –excesivamente dependiente del sector servicios–, ha provocado que las cifras más preocupantes de esta crisis hayan encontrado en Granada un escenario tristemente cómodo: el desempleo, la caída del PIB, la incidencia vírica; todos estos marcadores han situado a Granada a la cabeza de las peores clasificaciones en nuestro país», ha sostenido Cuenca, quien ha recalcado que «ha llegado el momento de revertir esta situación, de aprovechar un escenario que, gracias a las ayudas que vamos a recibir de diferentes administraciones, podemos aspirar a la mejor recuperación posible».

«Somos la ciudad donde Moderna fabrica sus vacunas; somos la tierra del acelerador de partículas; somos la capital europea de la Inteligencia Artificial; somos una ciudad capital del pensamiento. Todo ello debe ser un imán para la llegada de empresas a Granada», ha agregado el regidor, quien además ha anunciado que «no mas allá del mes de septiembre» convocará una Conferencia de Alcaldes de la Gran Ciudad Metropolitana «para hacer eficiente todo lo que compartimos y todo lo que nos une».

«No es el tiempo de las discrepancias partidistas, no es el tiempo de los bloques: es el tiempo de Granada», ha remarcado al final de su discurso tras la crisis municipal vivida en las últimas semanas en el consistorio.

Cuenca (Granada, 1969) es portavoz del grupo municipal socialista desde 2011. Es diplomado en Educación Física por la Universidad de Granada, funcionario de la Junta de Andalucía en excedencia, y máster en Alta Dirección de Entidades Sociales.

Ha sido coordinador de la Delegación de la Junta de Andalucía y delegado de Obras Públicas e Innovación en Granada, y es padre de dos hijos. Originario del populoso barrio de la Chana, el socialista entró en política desde el movimiento vecinal, inspirado por su tío, Juan Cuenca, un histórico socialista que falleció en 2007. Es amante de la lectura y de la música independiente y el rock. Pero, además, también disfruta de las tradiciones, como la Semana Santa granadina. Es socio del Granada CF desde niño, y también es un apasionado del Club Baloncesto Granada.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar «a tontas y a locas» tras el aumento de casos de coronavirus y ha afirmado que, 10 días después, de eliminar mascarillas y abrir fronteras hay una «quinta ola». A su entender, el Ejecutivo «siempre llega tarde», «a rastras» y «siempre lo hacen mal».

Así se ha pronunciado al ser preguntada si está de acuerdo con aplicar nuevas restricciones como cerrar el ocio nocturno como ya plantean algunas autonomías ante el incremento de la incidencia acumulada en España e incluso volver al toque de queda como propone Castilla y León.

A su llegada al curso de verano ‘España, Europa y libertad’ que organiza la delegación española del PPE en el Parlamento Europeo en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Pastor ha afirmado que a Pedro Sánchez y a su ministra de Sanidad, Carolina Darias, «se le ha ido una vez más la pandemia de las manos».

En este punto, ha recordado que Sánchez anunció que «mascarillas fuera» y lo aprobó mediante real decreto ley, al tiempo que tomó medidas para que «las fronteras se abrieran de nuevo», bajando las restricciones. «Y han pasado 10 días y se encuentran con una quinta ola. Siempre llegan tarde, siempre llegan a rastras y siempre lo hacen mal», ha declarado.

«SE TOMAN MEDIDAS SIN TENER EN CUENTA CRITERIOS CIENTÍFICOS»

Pastor, exministra de Sanidad, ha asegurado que la salud pública consiste en «prevenir» y ha añadido que el Ejecutivo está actuando con «precipitación», haciéndose una «enmienda a ellos mismos» con el documento remitido a las autonomías hablando de «una serie de restricciones» ante el aumento de los casos, al tiempo que Darias comunica por carta a los consejeros que les van a mandar «rastreadores y tests de antígenos».

«Hoy hay Consejo de Política Interterritorial y en esa reunión lógicamente se va a plantear la situación en la que estamos, en la que las personas no vacunadas, una inmensa mayoría se están contagiando y eso es porque se toman medidas sin tener en cuenta criterios científicos y técnicos y teniendo en cuenta criterios políticos», ha manifestado.

Pastor ha aludido al «gran anuncio» de Sánchez de quitar las mascarillas en el exterior y lo ha vinculado a que en aquel momento estaba encima de la mesa otro asunto «grave» como los indultos y no quería que saliera eso en la «escaleta del día». A su entender, con esa decisión se mandó «un mensaje de incertidumbre absoluta los ciudadanos».

«FALTA DE CONFIANZA» EN EL GOBIERNO

Tras reiterar que en España «no se toma ni una sola medida con criterios científicos y técnicos», ha afirmado que ella «nunca» ha visto un país en el que un ministro de Sanidad «dice una cosa y los ciudadanos hacen la contraria», algo que, según ha recalcado, se ha visto con la elección de vacuna o con la decisión de quitar las mascarillas. A su juicio, eso evidencia la «falta de confianza» en el Gobierno de Pedro Sánchez y en las autoridades sanitarias.

Preguntada de nuevo si entonces está de acuerdo con cerrar el ocio nocturno o volver a los toques de queda, Pastor ha señalado que ella con lo que está de acuerdo es con que se reúna «de verdad» un comité científico que tome decisiones a la vista de los indicadores y el grado de inmunidad.

En este punto, la responsable de Política Social del PP ha indicado que España tiene que hacer un estudio de inmunidad porque en este momento saben cuántas personas vacunadas hay pero no se sabe «la inmunidad real que tiene la población». «Están actuando a tontas y a locas», ha concluido.