El fiscal ha rebajado de cuatro años y medio de prisión a tres la pena solicitada para el conductor que en mayo de 2019 provocó el accidente de tráfico mortal de Escalante, en el que fallecieron dos personas, y que ha reconocido los hechos aunque no se ha mostrado conforme con la condena de cárcel interesada.

«Es una cosa que voy a tener que pagar de por vida», ha manifestado el joven en el juicio contra él, celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que ha vuelto a pedir perdón por lo ocurrido a los familiares de las víctimas -un hombre y una mujer- y ha reiterado su arrepentimiento: «Más arrepentido que estoy no se puede estar. Lo siento», ha expresado, durante el interrogatorio y en el ejercicio del derecho a la última palabra.

En la sesión, desarrollada en la Sección Primera y que ha quedado vista para sentencia, el procesado ha admitido que la noche previa al siniestro -tuvo lugar sobre las 7.30 horas del día 12- había salido de fiesta por Santoña y consumido alcohol y drogas -arrojó una tasa en sangre de 0,65 mg/l y dio positivo en cocaína- y ha asumido que circulaba a 121 kilómetros por hora, según el atestado, por una travesía urbana limitada a 50 km/h (en el momento del choque la velocidad era de entre 114 y 119).

En este sentido, ha asegurado que no recuerda «nada» desde que cogió el coche en Argoños para dirigirse a su casa en Gama hasta «segundos» después del siniestro, cuando le despertó la camarera de un bar que hay en el lugar de los hechos. «Del momento del accidente y minutos antes no me acuerdo de nada», ha aseverado.

Tras el interrogatorio y la declaración de testigos y peritos, la acusación pública ha modificado sus conclusiones iniciales al contemplar la atenuante cualificada de reparación del daño -que conlleva un año y medio menos de petición de prisión-, toda vez que los padres del implicado consignaron un par de meses después del accidente más de 300.000 euros para indemnizar a las tres hermanas de la fallecida y a la hija, madre y hermano del fallecido.

Él murió en el acto y ella -que iba en el asiento del copiloto- nueve días después por las graves lesiones sufridas. Ambos se dirigían al aeropuerto de Santander para coger un avión con destino a Escocia y pasar allí unas vacaciones que cuando tuvo lugar la colisión, por alcance posterior y mientras estaban parados ante un semáforo en rojo que había accionado un peatón para cruzar por el paso de cebra.

Además, el ministerio fiscal reclama que se prive al enjuiciado -que entonces era transportista y que ahora trabaja como cocinero- del derecho a conducir vehículos a motor durante siete años, dos menos de los que pedía inicialmente. Todo ello por unos hechos que en opinión de esta parte constituyen un delito contra la seguridad del tráfico en concurso con dos de homicidio por imprudencia grave.

La acusación particular, ejercida por la hija del fallecido, ha mantenido la condena inicial solicitada de cinco años y medio de prisión y privación del carné de conducir durante nueve años.

Por su parte, la defensa se ha mostrado disconforme con este letrado y ha propuesto dos años de prisión y cinco de retirada del permiso de conducción, en base a la consideración de la atenuante muy cualificada, adhiriéndose subsidiariamente al planteamiento del fiscal.

ARREPENTIDO

El enjuiciado, que veranea en Gama y conoce la vía donde tuvo lugar el accidente, ha indicado a preguntas de las partes que esa noche bebió unos seis gin-tonics «como mucho» y se acuerda de «un momento» en el que ‘chupó’ también cocaína.

Aunque ha dicho no recordar el estado en el que se encontraba, se imagina que era «malo» cuando cogió el coche en Argoños -hasta donde le llevaron desde Santoña- para dirigirse desde allí a su casa. Ha precisado que «lo único» que puede rememorar es cómo salió de esa primera localidad y lo siguiente, ya después del impacto, cuando le despertó una camarera de una cafetería del pueblo preguntándole qué había hecho.

Así, ha asegurado no recordar «nada» desde que arrancó su vehículo hasta «segundos después» del accidente, y tampoco el momento de la colisión ni «minutos antes». Además, no sabe si por «la estupidez que llevaba encima» por el alcohol o como no tenía «conciencia» de haber consumido cocaína, pidió una verificación del test de drogas practicado.

A preguntas de su abogada, el acusado ha señalado que tras el accidente permaneció varios días ingresado, con fracturas de «todas» las costillas de un lado y «tres» del otro, lesiones en el hígado y otros órganos y la clavícula «rota».

Ha indicado que desde entonces tiene «dolores» en las rodillas y precisa tratamiento psicológico y psiquiátrico, acreditado con informes que ha presentado su representante legal, que también ha aportado el de vida laboral, los estudios realizados desde los hechos -grado en cocina-, las calificaciones obtenidas y contratos de trabajo.

En su declaración, pública a pesar de que la defensa solicitó que se celebrase a puerta cerrada -a lo que se opuso la sala-, el procesado ha relatado que desde entonces sufre ataques de ansiedad «bastante graves» y tiene «problemas» para conciliar el sueño, así como para relacionarse con la gente, a lo que se suma la pérdida de «muchos» amigos que han seguido «cogiendo» el coche como él ese día.

«La única manera que tenía yo de hacer llegar mi malestar era cortando la relación», se ha justificado el implicado, para remarcar que ha necesitado «un apoyo para ir sobrellevando la situación».

También ha destacado la indemnización a los familiares de las víctimas en la cuantía que «solicitaron», ya que «era lo único que estaba en mi mano». «Era lo único que podía hacer, intentar enmendar mi error: pagar las indemnizaciones para que las familias empezasen a cerrar la herida causada», ha explicado.

En este sentido, ha manifestado su disposición a solicitar un crédito pero como no se lo iban a conceder, sus padres le prestaron el dinero, y ahora tiene que «seguir adelante» para pagar la deuda.

Además, a través de su abogada remitió a los allegados de los fallecidos escritos pidiendo perdón y explicando cómo se sentía tras el siniestro. Algo que no hizo personalmente porque estaba «bastante afectado» a nivel psicológico y su doctora le recomendó que no se «involucrase tanto».

Así, el chico ha destacado que se ha mostrado «arrepentido en todo momento» de que murieran los ocupantes del vehículo contra el que impactó, y por tanto «de todas las decisiones que tomé esa noche, desde el primer momento al último, cuando me monté en el coche».

De este modo, ha vuelto a hacer llegar a los familiares de las víctimas su «más sincero perdón y pésame» por lo ocurrido ese día, en el que se subió al coche con la «intención de llegar a mi casa y meterme a la cama», pero no de causar «daño» a nada ni nadie.

TESTIGOS

Los guardias civiles que hicieron el atestado han señalado que en un tramo previo al siniestro con una «ligera curvatura» había huellas de derrape y frenada, fuera del carril de circulación, lo que «debería» haber aminorado la velocidad por la «fricción» aunque «no necesariamente» indica intención de frenar. «Parece más bien que estaba perdiendo ligeramente el control del vehículo», ha apuntado uno.

También han indicado que la visión de la calzada era «amplia y despejada» por lo que se podía «visualizar» al vehículo detenido ante el semáforo, que era rojo. Y desde 800 metros antes se suceden señales verticales, como cuatro semáforos, dos con paso de cebra.

El peatón que activó el que se encontraba en el lugar del siniestro para cruzar la vía ha manifestado que al pasar oyó «un golpe» y al girarse vio un turismo impactar contra el estacionado, al que desplazó. Entonces, se dio «prisa» y quedó «en shock».

Las diputadas autonómicas por Sevilla Maribel Mora y María del Carmen García han presentado este martes sus solicitudes de baja del grupo parlamentario Adelante Andalucía –que ha pedido cambiar su denominación por la de Unidas Podemos por Andalucía–, y pasarán a ser diputadas no adscritas en el Parlamento autonómico, una condición que desde el pasado mes de noviembre define la situación de la excoordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez y de otros ocho parlamentarios que fueron expulsados del grupo en esa fecha.

De esta manera, las salidas de estas dos diputadas elevarán a once los diputados no adscritos que entraron en el Parlamento tras las elecciones andaluzas de 2018 desde las listas de Adelante, mientras que reducirán a seis los miembros que permanecerán en el rebautizado grupo Unidas Podemos por Andalucía.

Precisamente ambas salidas de estas dos diputadas se conocen apenas una semana después de que el grupo Adelante Andalucía comunicase su decisión de cambiar su denominación de forma provisional por la de Unidas Podemos por Andalucía mientras se mantuviese la «usurpación» de la marca Adelante Andalucía por parte de los promotores de la coalición que, bajo dicho nombre, celebró el pasado 26 de junio una asamblea constituyente en Granada de la que fue elegida portavoz la citada Teresa Rodríguez.

Adelante Andalucía fue el nombre bajo el que concurrieron en coalición a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 tanto Podemos como IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, y que obtuvo 17 escaños en el Parlamento andaluz de los que, tras las salidas de Maribel Mora y María García, solo quedarán seis en el grupo que va a pasar a llamarse Unidas Podemos por Andalucía.

La ruptura interna del grupo se materializó el pasado mes de noviembre con las expulsiones de nueve parlamentarios solicitadas por Podemos con respaldo de IU por supuestos casos de transfuguismo de dichos diputados al haberse desvinculado de Podemos, partido al que representaban cuando concurrieron a las listas de Adelante Andalucía.

RAZONES DE SUS SALIDAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO

En un artículo publicado este martes en el diario digital ‘Público’ bajo el título ‘Sin rencor. Con esperanza’, la parlamentaria por Sevilla Maribel Mora ha anunciado su decisión de abandonar el grupo de Adelante y pasar a ser no adscrita tras haber sido la primera senadora con la que contó Podemos tras ser designada para ello por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad autónoma en 2015, según recuerda ella misma en dicha publicación.

Maribel Mora defiende en su artículo que Podemos e IU «se encuentran ahora mismo en las antípodas» del objetivo que se marcaba la coalición Adelante Andalucía cuando se conformó para las elecciones autonómicas de 2018 de ‘construir un proyecto endógeno que participe en la refundación del Estado’ y que nos llevara al ‘autogobierno’, lo que implicaba necesariamente ‘soberanía alimentaria, energética, ambiental, identitaria, política y territorial para Andalucía'».

Según ha recordado, ella no fue expulsada el pasado mes de noviembre como sí sucedió con nueve de sus compañeros de grupo, una «operación política» hacia la que, «desde el primer momento, con el respeto y la educación con las que siempre he obrado en política, manifesté mi absoluta disconformidad», según indica Maribel Mora antes de apostillar que, «a cambio, lo que obtuve fueron un cúmulo de presiones que nunca comprendí si tenían como objetivo forzarme a abandonar mis convicciones o si, como finalmente ha sucedido, su intención era hacer que abandonara por mi propio pie el grupo parlamentario».

«Entonces creí que lo más oportuno era seguir haciendo aquello por lo que un día di el paso a la política institucional: trabajar por la justicia social y, sobre todo, por los y las más invisibles», defiende Maribel Mora, que lamenta que, «tan solo un día después de la expulsión de Teresa Rodríguez se me destituyó como vocal en la Mesa del Parlamento», e «inmediatamente como portavoz de las comisiones en las que venía trabajando desde que fui elegida». Además, «desde entonces se me ha impedido intervenir en el Pleno del Parlamento andaluz», según denuncia.

«CONTRADICCIONES»

«Han sido ocho meses en los que se me ha intentado silenciar políticamente, en los que se ha bloqueado mi trabajo», afirma Maribel Mora en su artículo, en el que, no obstante, defiende que «la razón fundamental» por la que ha tomado «la decisión de no formar parte del nuevo grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía» es porque le superan «contradicciones» como que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos «aún practique devoluciones en caliente, que se siga encerrando a personas que no han cometido delito alguno en los CIEs, que no cesen las redadas por perfil racial y que no cese el maltrato institucional al colectivo».

Y, «sobre todo, para mí, que soy una andalucista y una soberanista convencida, es imposible seguir vinculada a un proyecto que, por entrar a formar parte de un gobierno de coalición con el PSOE, ha renunciado a su espíritu transformador inicial y que, además, ubica a Andalucía en una posición subalterna», según sentencia Maribel Mora, que concluye que, «como sigo fiel a las premisas bajo las que un día fui votada por miles de andaluces y andaluzas, he de abandonar el grupo parlamentario del que había formado parte hasta ahora y que, por cambiar, tanto ha cambiado que en próximas fechas cambiará incluso de nombre».

Por su parte, María García ha explicado en unas declaraciones remitidas que el proyecto del grupo parlamentario Adelante Andalucía «hoy por hoy no tiene en absoluto nada que ver» con el proyecto «netamente andaluz» que se conformó para las elecciones de 2018.

Ha subrayado que tanto Maribel Mora como ella se sienten «identificadas» con los diputados que fueron expulsados del grupo, y «teníamos la esperanza de que todo volviera a la situación anterior a las expulsiones, que fueron injustas», según ha apuntado antes de recordar que a ella no se le expulsó del grupo de Adelante, pero sí le «han vaciado de contenido todo el trabajo parlamentario que podía hacer dentro del grupo», quitándole la portavocía de comisiones y no dejándole «participar en los Plenos», según ha lamentado antes de concluir que ya no se siente «identificada» con el grupo de Unidas Podemos por Andalucía en relación al «proyecto inicial» de Adelante.

La coordinadora general de Más País Andalucía y coportavoz federal de la formación, Esperanza Gómez, ha exigido al Gobierno medidas «urgentes que reviertan la situación límite de sus masas de agua» de Doñana.

En una nota de prensa, ha señalado que «desde hace décadas era un secreto a voces que el entorno de Doñana estaba siendo esquilmado hídricamente de forma irresponsable ante la pasividad y el cinismo de los Gobiernos central y andaluz», que por otro lado «ponen en solfa su valor y llenan sus discursos de una pátina de sostenibilidad».

La máxima responsable en Andalucía de Más País ha anunciado que su grupo federal en el Congreso ha registrado una pregunta parlamentaria en la que «se exhorta al Gobierno central a que intervenga y actúe urgentemente para salvaguarda el valor ecológico que atesora Doñana y que está en serio riesgo por la extracción masiva de recursos hídricos de sus acuíferos y ponga en marcha planes de desarrollo de la comarca que sean compatibles con el parque».

A juicio de Esperanza Gómez, «la sentencia 559/19 del tribunal continental al recurso de la Comisión Europea no hace más que, tras diez años de la denuncia de WWF, desnudar al rey, corroborar una situación de falta de control y hasta fomento, por la permisividad mostrada, para esquilmar recursos hídricos esenciales en los hábitats de Doñana», y que el último Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021 «se hizo pensando exclusivamente en consumos humanos, agrarios y turísticos sin control, medidas correctoras o alternativas».

Esta realidad, añade la coportavoz federal de Más País, «la llevan denunciando desde hace lustros todos los grupos ecologistas, expertos e investigadores científicos y asociaciones de defensa del entorno, y están hasta corroboradas por estudios e iniciativas de la administración, avisos que han sido sistemáticamente obviados por los sucesivos gobiernos andaluces y en su labor de tutela de ese entorno también por el Gobierno central».

La coportavoz federal de Más País espera que, «aunque la sentencia apunta a Gobierno Central por razones obvias, la administración autonómica no es menos negligente y está en el principio de muchos problemas», pues ha fomentado actividades y puesto en marcha planes de desarrollo «completamente equivocados para el entorno de Doñana y que a la larga han atentado con la supervivencia del espacio de mayor interés ecológico de Europa».

Según ha continuado Gómez, la Ejecutiva de Más País Andalucía ha tratado esta cuestión y ha acordado emprender acciones informativas y reivindicativas para «concienciar a la población andaluza en general y a los jóvenes andaluces en particular sobre el estado crítico que vive Doñana y la irresponsable actitud de los gobernantes andaluces, que siempre han primado el interés de algunos sectores económicos o el rédito político antes que el desarrollo compatible con el bienestar de la reserva», ha concluido.

El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, ha avisado este martes de que los «bandazos oportunistas» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la concesión de indultos a los líderes del ‘procés’ y el impulso de una mesa de diálogo con el Gobierno catalán acaba con «años de esfuerzo» y «movilización» en Bruselas explicando la «gravedad» del referéndum ilegal del 1 de octubre. A su entender, esa actitud puede «pasar factura» a España.

López-Istúriz, que ha presentado el curso de verano que organiza la delegación española del Grupo del PPE bajo el título ‘España, Europa y Libertad’ en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), ha hecho hincapié en ese «esfuerzo, trabajo, energía y movilización de funcionarios, políticos, embajadores o empresarios» estos últimos años explicando en Europa «la gravedad del 1 de octubre y el ataque a la democracia española».

«La falta de consistencia en el relato nos puede pasar factura. El trabajo de la delegación española del PP liderada por Dolors Montserrat ha sido determinante para explicar el ataque de los independentistas catalanes a nuestra Constitución», ha declarado, para añadir que «frente a bandazos oportunistas» del Gobierno, el PP trabajará en defensa de la unidad de España.

Además, el eurodiputado del PP ha criticado que el Gobierno permitiese que la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa aprobase el informe redactado por el socialista letón Boris Cilevics que cuestiona las penas del procés y pide retirar la solicitud de extradición a Carles Puigdemont.

A su entender, ese informe «daña» la imagen de España al «cuestionar» su sistema judicial y «equiparar» a nuestro país con «un régimen autoritario como el de Turquía». «Tampoco van a entender mucho en Europa gobernar un país con aquellos cuyo objetivo es destruirlo», ha manifestado.

«LA COMISIÓN HA IDO DESMINTIENDO AL GOBIERNO»

Asimismo, López-Istúriz ha resaltado que Pedro Sánchez hace tres años al llegar al Consejo Europeo generó «expectativas», pero sus acciones en las instituciones europeas «han ido desenmascarando la verdadera cara del presidente del Gobierno».

«Y con la pandemia descubrimos que por primera vez un presidente del Gobierno español, porque no pasó ni con Felipe González, ni con José María Aznar ni con Mariano Rajoy ni siquiera con Zapatero, se escudaba en la UE para tratar de esconder una mala gestión o criticar a la UE como hacía el hasta hace poco vicepresidente del Gobierno. Lo nunca visto», ha exclamado, en alusión a Pablo Iglesias.

Para apoyar sus palabras, ha recordado las declaraciones del Gobierno asegurando que la UE «no permitía bajar el IVA de las mascarillas», así como las relativas a la «subida de peajes de autopistas» o el «IVA de la luz», algo que ha «obligado a la Comisión Europea a reaccionar constantemente negando estas cuestiones».

«Ante todos y cada uno de estos envites, la Comisión ha ido desmintiendo al Gobierno. No recuerdo tantos desmentidos del Ejecutivo europeo en tan poco tiempo para un Gobierno», ha enfatizado, para añadir que diferentes altos cargos de la UE han «llamado la atención» al Ejecutivo por distintos asuntos como su intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para rebajar las mayorías parlamentarias.

En este punto, ha señalado que «gracias al trabajo» de Pablo Casado en Europa esa reforma judicial «se pudo frenar» y no se ha producido ese «pretendido asalto al Poder Judicial» que era «un atropello al Estado de Derecho» y «ponía en riesgo la recepción de fondos europeos».

López-Istúriz ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene «influencia» en el exterior pero además «sufren vergüenza» en la esfera internacional con ejemplos como, según ha dicho, el breve paseo de «29 segundos» de Pedro Sánchez con el presidente de Estados Unidos en el marco de la Cumbre de la OTAN. Según ha dicho, fue la UE la que acudió al «rescate» y logró un «acuerdo» en materia de aranceles con el Gobierno norteamericano.

Tras criticar la «falta de estrategia» del Ejecutivo en política exterior y que no haya logrado a situar a sus candidatos en puestos internacionales, ha avisado que España debe replantearse su política internacional y «decidir si quiere estar al lado de los regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua, Venezuela o Turquía» o «del lado de las democracias liberales que llevan por bandera la libertad».

«IMPORTANTE FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS»

El secretario general del PPE también se ha referido a los fondos europeos para avisar que hay que hacer reformas porque ese dinero no viene a «poner parches a las economías de la UE ni a financiar gastos al capricho de gobiernos».

Por eso, ya ha avisado que habrá una «importante fiscalización» de esos fondos, que deben sentar «las bases de una economía con reformas estructurales que generen empleo sostenible. Según ha agregado, son fondos para «mejorar el futuro de nuestros hijos y nietos, no para endeudarlos».

«No estamos dispuestos a que se repita lo ocurrido con los Gobiernos de González y Zapatero, no una tercera vez, aunque el riesgo indudablemente es importante», ha subrayado, para dar por sentado que cuando Pablo Casado llegue a la Moncloa le tocará «arreglar de nuevo esta situación».

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declaró nulo el artículo 75.2 del Reglamento Orgánico Municipal de Barcelona aprobado por el Pleno de la Corporación el 29 de diciembre de 2015, y que había sido impugnado por la Abogacía del Estado al entender que infringía la obligatoriedad de la presencia en el Salón de Sesiones o de Plenos de la efigie del Rey que dispone el artículo 85.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto de 28 de noviembre de 1986.

La Sala resuelve que el citado artículo 85.2 tiene carácter de norma básica, «que atañe a símbolos del Estado en cuanto que se ordena que en todos los municipios, en lugar preferente y en el lugar en que se reúne su máximo órgano, esté presente el símbolo de la forma política del Estado español, haciéndose visible que el poder local se ejerce en coherencia con esa forma política. No se debe olvidar que los municipios, según el artículo 137 de la Constitución, son elementos de la organización territorial del Estado. Su autonomía, garantizada por ese y otros preceptos constitucionales encuentra su sentido en el seno de esa organización», añade la Sala.

Agregan los magistrados que ello «no excluye que sobre dicha materia pudiera haber una regulación municipal, siempre que sea complementaria y respetuosa con el reglamento estatal; ni que los reglamentos orgánicos municipales opten o por reproducir lo previsto en el ROF o, simplemente, no regulen nada, centrando su reglamentación orgánica en las materias que son por entero de su competencia, dejando en este aspecto al ROF que despliegue por sí su directa fuerza vinculante».

La sentencia admite que ciertamente, «y en ese aspecto lleva razón el voto particular a la sentencia mayoritaria» del TSJ catalán, debería ser una norma con rango formal de ley la que así lo previese; ahora bien, tal afirmación sería atendible en el momento presente pero el artículo 85.2 del Reglamento es fruto del momento histórico normativo en que se aprueba y en coherencia con el punto de evolución en el que se encontraba la doctrina constitucional. Son esas circunstancias excepcionales y ya superadas, las que justifican y hacen admisible que tal previsión se haga en el ROF.

Aplicado lo expuesto al caso, el tribunal desestima el recurso de casación, «no sin dejar constancia de que los términos del litigio se ventilan entre la sentencia y el voto particular. Siendo ambos planteamientos rigurosos y bien fundados, no obstante esta Sala entiende que el parecer mayoritario es más ajustado a Derecho, apreciando en el voto particular un criterio atendible, pero en exceso formal y que deja en segundo plano el origen del ROF así como su interpretación a la luz de la evolución de la doctrina constitucional», dice la sentencia.

Resalta el Supremo, respecto de los alegatos de la parte recurrente, que el ROF «en lo ahora litigioso en nada merma el ámbito competencial del Ayuntamiento de Barcelona, su potestad de autogobierno para la gestión de los intereses que, realmente, le son propios dictando desde esa potestad normas que impliquen un régimen orgánico y de funcionamiento complementario respecto de la legislación básica y respecto de la autonómica, tanto general como del municipio de Barcelona. En este sentido la norma declarada nula de pleno Derecho por la sentencia impugnada no contenía esa regulación complementaria, sino otra claramente incumplidora del artículo 85.2 del ROF».

EL 75.2 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL

El artículo 75.2 del Reglamento Orgánico Municipal de Barcelona señalaba que la representación de elementos simbólicos e institucionales presentes con carácter permanente en el Salón de Sesiones ha de responder a la singularidad histórica y de capitalidad de Barcelona, y a los principios democráticos, de neutralidad religiosa y de catalanidad, y que su aprobación corresponde al Pleno del Consejo Municipal, mediante acuerdo adoptado por una mayoría de dos tercios de sus miembros.

Entendió la Abogacía del Estado que tal precepto infringía la obligatoriedad de la presencia en el Salón de Sesiones o de Plenos de la bandera de España y la efigie de Su Majestad El Rey, con infracción del artículo 3.1 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, relativa a la bandera de España, y en cuanto a la efigie de Su Majestad El Rey, el artículo 85.2 del ROF que dispone lo siguiente: En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S. M. El Rey.

La sentencia del Supremo se ciñe sólo a lo relativo a la efigie del Rey y a analizar si dicho artículo 85.2 del ROF es norma básica y no puede quedar desplazada por los reglamentos orgánicos municipales.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Ejecutivo de coalición está «más fuerte que nunca» y dispuesto a agotar la legislatura, como así lo han venido expresando todos sus miembros, incluidos los de Unidas Podemos.

De esta forma ha respondido Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando se le ha preguntado por una información que apunta a que los integrantes de Unidas Podemos en el Gobierno ya no aseguran que la coalición aguante hasta 2023.

Frente a esto, la portavoz del Ejecutivo ha querido dejar claro que no ha escuchado a ningún miembro del Gobierno, tampoco de Unidas Podemos, hablar de que se rompe la coalición. Es más, ha asegurado que si se le preguntara a las vicepresidentas y ministras, «todas» contestarían que se va a acabar la legislatura.

Y así, ha destacado, lo viene señalando «en todas las entrevistas» tanto la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, como sus colegas Ione Belarra (Asuntos Sociales), Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades).

«Ellos son absolutamente conscientes, como el resto de compañeros, de que la voluntad del Ejecutivo es agotar la legislatura» porque existe «mucho trabajo por delante» para terminar el proceso de reformas. «Si algo nos falta es tiempo», ha comentado Montero, para añadir que el Gobierno «con sus discusiones normales», seguirá trabajando en esa dirección.

SOBRAN LOS MOTIVOS

«Veo al Gobierno más fuerte que nunca, con proyecto de país, comprometido con Bruselas con 70.000 millones de euros que van a posibilitar el anticipo de las grandes transformaciones y con una hoja de servicios durante la pandemia muy respetable no sólo en términos de control de la enfermedad, sino también en términos de sostenimiento de las rentas, del tejido productivo y del escudo social desplegado», ha dicho.

Por tanto, la portavoz ha asegurado que «sobran los motivos» para conseguir a lo largo de la legislatura «cristalizar» todas las expectativas y deseos que el conjunto de la sociedad puso en el Ejecutivo, a la que pretenden «no defraudar», para avanzar en derechos y libertades.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el Ejecutivo espera un «amplio apoyo» del Congreso a la Ley de Garantías de las Libertades Sexuales para enviar así un «mensaje unánime» al respecto a «toda la sociedad» y «fundamentalmente a quienes justifican y niegan reiteradamente la violencia machista en todas sus dimensiones».

El Gobierno ha aprobado en segunda vuelta, este martes en el Consejo de Ministros, esta norma conocida como Ley del ‘solo sí es sí’ y que se envía ahora a su tramitación parlamentaria que comienza en la Cámara baja.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Montero ha destacado que esta norma es «un avance decidido» hacia «la protección integral de las mujeres, en su derecho a la libertad sexual y en la erradicación de todo tipo de violencia sexual».

Se trata de un texto, según ha indicado, que era un compromiso del Ejecutivo «feminista y progresista» en relación a la «ampliación» de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y, ha apuntado, sitúa al país en «la vanguardia» en esta materia.

SILENCIO Y PASIVIDAD NO ES CONSENTIMIENTO

«Da cumplimiento al Convenio de Estambul sobre la máxima de que solo sí es sí, dejando claro que el silencio o la pasividad no significa consentimiento y que no mostrar oposición no excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima», ha declarado Montero.

«Si tu no quieres, no tienes que participar en ninguna actividad sexual», ha señalado la ministra portavoz, en relación a la ley, antes de indicar que esperan una «amplia mayoría» de los grupos parlamentarios durante la tramitación del texto en el Congreso, que Igualdad espera que se inicie en septiembre.

Montero espera que el proceso en la Cámara baja se envíe un mensaje «unánime» al «conjunto de la sociedad» y, «fundamentalmente a aquellos que justifican o niegan reiteradamente la violencia machista en toda su dimensión».

EFECTO DISUASORIO

Preguntada por si esta norma evitará las agresiones contra la mujer, la también ministra de Hacienda ha reconocido que «nunca una ley por si sola tiene capacidad para evitar conductas delictivas», pero ha defendido que esta ley puede «disuadir» a quien «pudiera estar pensando en hacer algo».

A su juicio, lo importante «no es solo promover una ley», sino conseguir «una conciencia global y social» que haga que todos sean capaces de «defender a las mujeres». Este mensaje lo ha extendido, además, a quienes son discriminados por su orientación sexual, por ser minorías étnicas o a las personas indigentes.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han firmado este martes un acuerdo de colaboración para impulsar acciones de Formación Profesional destinadas a la obtención de certificados de profesionalidad para los militares de tropa y marinería y del colectivo de reservistas de especial disponibilidad.

El Ministerio de Educación y FP dedicará 7 millones de euros a esta nueva iniciativa que ofrecerá más de un centenar de acciones formativas en 37 especialidades profesionales diferentes. Estas actividades beneficiarán a más de 2.000 militares y se desarrollarán en alrededor de 60 instalaciones acreditadas en todo el territorio nacional.

«Este acuerdo refleja el reconocimiento que hace toda la sociedad hacia su personal de tropa y marinería, facilitando su reinserción profesional en la vida civil a la que aportará los conocimientos técnicos y los valores de integridad adquiridos durante su experiencia militar», ha declarado Isabel Celaá, que ha señalado que los militares forman «quizá uno de los cuerpos de empleados públicos mejor preparados y respetados por desempeñar su labor en las condiciones más difíciles y peligrosas».

Por su parte, Margarita Robles ha afirmado que «tener dentro de la plantilla profesional de una empresa a un hombre o mujer que ha formado parte de las Fuerzas Armadas es un éxito seguro, por eficacia, dedicación, esfuerzo y generosidad», al tiempo que ha agradecido a su homóloga y a todo su equipo la «apuesta sólida» por la FP de los soldados.

La firma ha tenido lugar en la base militar El Goloso de Madrid, una de las instalaciones militares acreditadas para impartir Formación Profesional.

Las ministras, acompañadas por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, general de ejército José Varela, la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, y la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, Clara Sanz, han presenciado una clase práctica de los cursos de Conductor de Transporte Sanitario y de Auxiliar Sanitario en Situaciones de Emergencias y Múltiples Víctimas, formación esencial en la operación BALMIS, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Tras la firma del acuerdo, la ministra de Defensa ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Militar a la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, como reconocimiento a su labor. «Es un placer siempre contribuir a la mejora de la formación de nuestras Fuerzas Armadas, que dedicáis vuestra vida a aliviar la de los demás. Vuestra entrega, vuestra vocación incondicional y vuestro espíritu de servicio y superación es sin duda un ejemplo para todos», ha subrayado la condecorada.

El acuerdo ratificado este martes por Isabel Celaá y Margarita Robles se suma a otras acciones conjuntas desarrolladas por ambos ministerios en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP y que pretenden integrar las enseñanzas militares con la formación acreditable ligada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

Entre ellas, el Ministerio destaca el programa ‘Consigue Plus’ que ofrece hasta 15 titulaciones de Formación Profesional de grado medio en centros docentes militares en todo el territorio nacional y en misiones en el exterior a través de la modalidad a distancia, o el procedimiento piloto de acreditación de competencias profesionales para personal de tropa de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, cerca de 4.000 suboficiales se han beneficiado ya de la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior en materia de administración y finanzas, y mantenimiento aeromecánico o mecatrónica industrial, entre otras.

Jóvenes de entre 18 y 26 años, participantes en el programa GIRA Jóvenes de Coca-Cola, han iniciado experiencias laborales en diversos establecimientos de Hiper Usera en la Comunidad de Madrid, según informan sus impulsores.

Coca-Cola, a través de su programa GIRA Jóvenes, desarrolla esta iniciativa gracias a la colaboración de la cadena de supermercados Hiper Usera, que contrata y proporciona a estos jóvenes la oportunidad de tener un empleo. Se trata de la primera ocasión en la que GIRA Jóvenes ofrece experiencias laborales en establecimientos del sector de la distribución, como señala la compañía.

El programa GIRA Jóvenes busca ser un apoyo para este grupo de población tan castigado en términos de empleo, especialmente tras la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Como recuerda la compañía, España sigue siendo en la actualidad el Estado miembro de la Unión Europea con el mayor porcentaje de parados menores de 25 años, con un 38%, datos que duplican la media del conjunto de países (17,1%), según Eurostat.

«El trabajo de colaboración con Hiper Usera refleja el compromiso que tenemos con los jóvenes en un contexto como el actual. Desde Coca-Cola, seguimos apostando por este sector de la población que, ya antes de la irrupción de la pandemia, se veía en dificultades para lograr un empleo. Además, muchos de los participantes en este programa se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que consideramos que estamos logrando un doble objetivo», afirma la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo.

«Esta asociación une la estrategia de responsabilidad social de Hiper Usera con los valores de nuestro programa de capacitación y empleo para jóvenes y, además, pone el foco en los entornos locales en este momento tan particular», añade el gerente de Ventas de Área Centro en Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Antonio Naranjo.

«En Hiper Usera teníamos muy claro que queríamos colaborar con GIRA Jóvenes, ya que cumple con uno de nuestros requisitos básicos: el valor del compromiso social», indica Úrsula Aguilar, del Departamento de RRHH de Hiper Usera. Y concluye: «Estamos muy orgullosos de las incorporaciones que hemos realizado, sobre todo por las ganas y la actitud que estos chicos están demostrando. Esta experiencia es muy positiva para ellos y para nuestros equipos, ya que contagian de su ilusión al resto del personal, algo fundamental en la atención al público».

GIRA Jóvenes es un programa de capacitación y empleabilidad dirigido a jóvenes de entre 16 y 26 años que Coca-Cola puso en funcionamiento en 2012. Durante los últimos nueve años, este proyecto ha permitido a más de 5.500 jóvenes conocerse a sí mismos, adentrarse en el mundo laboral y ganar habilidades para el trabajo y para la vida. El proyecto emplea la metodología ‘Learning by doing’; es decir, permite a los participantes experimentar, interactuar y poner en práctica sus aprendizajes.

Los participantes de GIRA Jóvenes que se han incorporado a diferentes puntos de venta de Hiper Usera en la Comunidad de Madrid. En ellos desarrollan tareas como como reponedores/as y cajeros/as así como otras actividades cotidianas que les permiten aprender el oficio. Cuentan con la supervisión de un tutor previamente designado. Estos jóvenes se han incorporado a Hiper Usera con las mismas condiciones que cualquier otra persona y tras pasar el proceso de selección habitual de la cadena de supermercados.

Erik Roldán, participante de GIRA Jóvenes y empleado en Hiper Usera, indica: «Cuando te incorporas a un trabajo, entras con la duda de si lo estás haciendo bien o no, pero las compañeras me están apoyando en todo momento. Estoy aprendiendo muchas cuestiones como trabajo en equipo, organización, compañerismo y trato con los clientes». Por su parte, Lilian Hernández subraya: «La incorporación está siendo muy agradable, ya que cuento con un buen equipo de trabajo. Se han volcado conmigo para explicarme todo».