Los 160 vecinos que fueron desalojados durante la jornada de este viernes de manera preventiva por el aumento de la explosividad del volcán de Cumbre Vieja (La Palma) no podrán volver a las zonas afectada para recoger pertenencias hasta la valoración del Comité Científico, según ha informado el Cabildo.

En este sentido, el proceso eruptivo obligó ayer a poner en marcha la evacuación diseñada por el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) para los núcleos de Tajuya, Tacande de Abajo y la zona hasta ahora no evacuada de Tacande de Arriba, en el término municipal de Los Llanos de Aridane.

La medida de protección civil se adoptó ante el riesgo existente, según los científicos, de que los materiales emitidos podían alcanzar una mayor distancia y producirse fenómenos como llegadas de cenizas y material volcánico de alta temperatura más allá de la zona establecida como zona de exclusión, además de sentir vibraciones y detonaciones.

Asimismo, las 160 personas han pasado la noche, en su mayoría, en casas de familiares o amigos por decisión propia, 12 en el hotel Teneguía Princess, en Fuencaliente, y otras 10 con problemas de movilidad que serán acogidas en el Acuartelamiento.

Por su parte, en total, desde que se inició la erupción el pasado domingo, se estima que han sido evacuadas cerca de 6.000 personas.

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha defendido este viernes al PSOE como «el partido de la igualdad», así como una formación «feminista» porque ser socialista significa tener «sentido de la justicia».

«Somos el partido que tiene sentido de lo que es justo y de la injusticia que tenemos que combatir, y por eso somos el partido de la igualdad», ha señalado la también secretaria de Igualdad del PSOE.

Calvo ha recogido este viernes uno de los premios Adela Cupido que concede el PSOE de la provincia de Badajoz, un reconocimiento a su defensa del feminismo que también ha recaído en las secretarias generales de UGT y CCOO en Extremadura, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente, así como el Fondo de Becas Soledad Cazorla.

En su intervención, ha subrayado que España tiene uno de los «mejores movimientos feministas», que «afortunadamente está siempre presionando» al PSOE, con el que tiene «vasos comunicantes», y que le ha «obligado» a ser «un partido feminista», a no poder entender, ha señalado citando a María Cambrils, «el socialismo sin el feminismo».

Así, ha señalado que el socialismo es una «suerte de humanismo», que conjuga la tradición y la vanguardia, «lo de siempre y lo nuevo», haciendo «políticas desde fundamentos éticos, desde compromisos directos con lo humano».

La también secretaria de Igualdad del PSOE, ha subrayado el papel que está jugando el Gobierno en defensa de la igualdad, «timoneando una crisis de la que estamos haciendo una trabajo no se había hecho nunca, y que no la van a sufrir quienes más dificultades tienen para salir adelante» gracias a los logros alcanzados a través del diálogo social.

Calvo ha finalizado su intervención defendiendo el movimiento feminista y agradeciendo el galardón recibido por los socialistas de Badajoz.

«Queremos influir, participar, decidir, cambiar cosas, como hacía Adela Cupido», quien fuera alcaldesa socialista en Puebla de la Calzada (Badajoz) que da nombre a los premios.

Así, Carmen Calvo ha dicho que es feminista «siempre, en todo, en cada cargo o responsabilidad» que ha tenido, en los que su «principal obligación ha sido ser portavoz de otras y trabajar para otras, porque con eso yo sabía que hacía trabajo demócrata, socialista y feminista».

RECONOCIMIENTO A LOS SINDICATOS

Por su parte, tras recoger el premio, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha dedicado el reconocimiento a toda la organización sindical, en especial a los delegados y delegadas del sindicato en las empresas, donde aún, ha señalado, es «muy difícil pelear» para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Sánchez, que ha hecho un llamamiento a las jóvenes para que «tiren hacia adelante» en la lucha contra la discriminación de la mujer, ha subrayado que la igualdad es «un tema de los hombres y las mujeres».

Por su parte, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha resaltado los avances alcanzados por la igualdad en el ámbito laboral «fruto de la lucha de hombres y mujeres», en el que ha destacado el protagonismo del sindicato en el diálogo social.

Avances que han permitido que se vaya reduciendo la brecha salarial, así como avanzar en los planes de igualdad, si bien ha remarcado que aún «queda mucho» por avanzar. Finalmente, ha alertado sobre la ultraderecha que pretende hacer «retroceder los derechos de las mujeres».

Más País y Podemos han mostrado su apoyo acompañando este viernes a las organizaciones ecologistas y a los colectivos juveniles, que «están reivindicando algo de lo más importante, lo que va a marcar el futuro», en la manifestación convocada contra el cambio climático por Fridays for future-Juventud, donde han pedido «trabajar para frenar esta crisis».

Por un lado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, junto con la portavoz de Más Madrid en la Comunidad, Mónica García, ha demandado trabajar por la transición ecológica y la justicia social, ya que según han expresado «son la misma cosa». «Hacen falta fuerzas políticas verdes que lo acompañen», ha dicho.

Asimismo, Errejón ha afeado que el Gobierno «no está siendo lo suficientemente ambicioso», añadiendo que «va tarde» y que «se tiene que tomar más en serio el principal problema que tenemos, que es la crisis climática», al tiempo que ha afirmado que la luz es «carísima» en España porque «no se ha avanzado a un modelo de energías verdes que es lo que hace falta».

La líder de la oposición en Madrid, Mónica García, también ha querido destacar su «preocupación por el futuro». «Hay una buena noticia y una mala noticia, la mala es que vamos tarde, pero la buena es que si nos ponemos a trabajar desde ya podemos conseguir un futuro en el que no estemos condenados a una emergencia climática», ha apostillado.

Por otro lado, desde Unidas Podemos, la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge, junto con la portavoz de Podemos, Isa Serra y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha reivindicado que «además de las medidas que ya se están llevando a cabo por la ley del clima desde el Gobierno, hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que se deben hacer».

Acompañados por sus compañeros de partido el coordinador general de Podemos Madrid, Jesús Santos, y la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha incidido en que desde su partido están proponiendo «ya no solo la ley del clima sino, por ejemplo, una empresa pública de energía», o medidas como la ley de regulación del cannabis», respecto a la que ha insistido que «es una ley que tiene que ver con un tipo de agricultura diferente, un consumo de proximidad, un repensar nuestro modelo productivo.

Finalmente, ha abogado por «trabajar para beneficiar todo lo que tenga que ver con mejorar la situación climática y nuestro planeta», y ha afeado la política del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha criticado por ir «en contra de poder respirar en esta ciudad».

El Gobierno ha señalado este viernes que colaborará «activamente» con la Comisión Europea para «aclarar la procedencia de la decisión tomada» por el Ejecutivo de José María Aznar «hace más de veinte años» sobre la extensión de la concesión de la autopista de pago AP-9, la principal vía de vertebración de Galicia.

De esta manera ha respondido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a Bruselas después de la apertura de un expediente a España por prorrogar la concesión de esta vía sin lanzar una licitación pública. En concreto, el Ejecutivo europeo considera que la última ampliación, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea.

El departamento dirigido por Raquel Sánchez ha recordado que sus «políticas de movilidad y reequilibrio territorial» van «actualmente» en «la dirección contraria de la decisión tomada en 2000 sobre la autopista AP-9».

Según ha explicado, el Ejecutivo defiende «no prorrogar concesiones de autopistas y plantear un nuevo sistema de financiación de la red de carreteras justo y equilibrado territorialmente» que garantice «la seguridad, el mantenimiento y la sostenibilidad» de las infraestructuras y el sistema de transporte en su conjunto».

Así, el Ministerio ha recordado que la «prórroga cuestionada por Bruselas se aprobó en el año 2000» como «compensación por la construcción del tramo de autopista Fene-Ferrol, de 9,1 km, por la rebaja de tarifas aplicada y para compensar la gratuidad del peaje para movimientos internos en el entorno de Vigo, así como la gratuidad para los movimientos internos en el nuevo tramo Fene-Ferrol».

«La concesión de la prórroga a Audasa, que amplía el plazo de la concesión en 25 años hasta agosto de 2048, se realizó durante el Gobierno de José María Aznar, cuando la empresa era cien por cien pública y tres años antes de su privatización», ha insistido, al tiempo que ha señalado que el real decreto aprobado en su momento contó «con el visto bueno del Consejo de Estado, la Abogacía del Estado, el respaldo del Consejo de Ministros».

La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de expediente a España por la extensión de la concesión de la autopista de pago AP-9, la principal vía de vertebración de Galicia, sin lanzar una licitación pública.

Más de 500 personas se han congregado este viernes en la Plaza de Callao de Madrid para manifestarse contra el cambio climático y han exigido seguir adelante con el llamado ‘Juicio por el Clima’, que cuenta ya con más de 48.000 adhesiones, durante una jornada organizada por Fridays for future-Juventus por el clima en España.

Desde las 18.15 horas hasta las 20.00 horas, colectivos como Greenpeace se han movilizado hasta la Plaza de la Villa de París frente al Tribunal Supremo, demandando soluciones a los políticos españoles ante la actual crisis climática.

Además, durante el encuentro que ha sido convocado en el Día de Acción Global por el Clima, también se ha podido ver a grupos políticos como Podemos y Más Madrid quienes han hecho presencia «en apoyo a estos colectivos» y han pedido «soluciones urgentes».

Así, durante las dos horas de concentración, se han escuchado consignas como «gobierne quien gobierne el clima se defiende», «ni un grado más, ni una especie menos», «¡Que no! !Que no! ¡Que no hay planeta B!», o «no es un cambio, es una crisis».

Esta manifestación se une a otras que se han desarrollado en 19 localidades españolas más, según ha explicado la organización, para exigir medidas «ambiciosas», «inmediatas», y «concretas» por la crisis climática.

Frente al Tribunal Supremo, Fridays For Future-Juventud por el Clima ha destacado que la aprobación de la ley de Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima «ha concluido con compromisos insuficientes, incompatibles con el acuerdo de París, y con su objetivo, de limitar el incremento de la temperatura global en un grado y medio».

Asimismo, han declarado que «a pesar de las protestas y movilizaciones de los últimos años, el Gobierno y los políticos han sido incapaces de sacar un texto a la altura de la Crisis Ecológica». Finalmente, han manifestado que «gobierne quien gobierne, el clima se defiende».

«La crisis climática es una injusticia global, los territorios que menos contribuyen a la misma son los que más sufren sus consecuencias», han añadido desde Juventud por el Clima, que culpa al Gobierno de España de «eludir» sus responsabilidades.

Sobre el conocido como ‘Juicio por el Clima’, las organizaciones convocantes han señalado que «España no es el primer Estado en llevar un caso de este tipo ante un Tribunal Supremo». En Holanda, Francia y Alemania ya se han llevado «casos muy similares». «Sabemos que aquí también es posible», han apostillado.

Desde Rebelión por el Clima han señalado que «este caso no trata solo de clima», «se trata de la ciudadanía haciendo valer su derecho a una tutela judicial efectiva». «Se trata de la ciudadanía obligando al Tribunal Supremo a proteger los derechos, a hacer su trabajo», han indicado.

SEGUNDA NEGATIVA DEL ALTO TRIBUNAL

Precisamente, hace diez días, el 14 de septiembre, el Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud planteada por la Abogacía del Estado y no cerrará uno de los procesos del denominado ‘Juicio por el clima’ al considerar que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso alcanzado en el Acuerdo de Paris de Cambio Climático, que tiene como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero.

Se trata de la segunda negativa que el Alto Tribunal traslada a la Abogacía después de que el pasado 14 de junio rechazase la petición de dar carpetazo al recurso presentado por Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón. Las tres organizaciones insistían en que la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el pasado mes de marzo no satisfacía las obligaciones comprometidas por España.

Ahora, el Supremo deja claro en un auto que «no ha dejado de subsistir el interés legítimo de obtener tutela judicial por las organizaciones demandantes». Según ha señalado Greenpeace, todavía «persiste la inactividad de la Administración al no haber cumplido íntegramente el compromiso adquirido, que tiene su origen en un tratado internacional ratificado por el Estado Español y por la Unión Europea».

El expresidente del Gobierno Felipe González ha pedido este viernes «cuidar los cimientos y respetar» la Constitución española porque «el edificio de la convivencia se basa en eso», aunque ha manifestado que no está «en contra de que se reforme» la Carta Magna.

«Me irrita más que los constitucionalistas que la defienden y la incumplen por intereses que no entiendo», ha señalado el exlíder del PSOE, quien ha recalcado que «hay algunos que defienden la Constitución metiéndose con ella o no cumpliéndola».

«No me opongo a la reforma de las leyes, me opongo a que alguien no cumpla la ley porque no le da la gana amparándose en la Constitución» porque «para defender una norma hay que cumplirla», ha asegurado el expresidente del Gobierno.

González ha afirmado que «la política se ha vuelto mucho más crispada y se ha convertido en una política de trincheras», al tiempo que ha reconocido no entender «la crispación» porque «se puede decir absolutamente todo pero hay que respetar las formas para que haya fondo».

En declaraciones durante su participación en Cádiz en el ciclo ‘Reencuentros’ que organiza la Fundación Cajasol, el exdirigente socialista ha lamentado que «el insulto gratuito es una crispación innecesaria de la convivencia, y hay un fenómeno peculiar que se contamina a los medios». «La política de trincheras y de radicalización hacia los extremos sólo sirve hacia los extremos, y no es problema de cuántos votos tenga uno u otro, sino cuánto afecta esa crispación a quienes tienen que tomar decisiones que afectan a todos», ha dicho.

En su intervención en el Oratorio de San Felipe Neri, donde se promulgó la Constitución de 1812 y de la que se han cumplido 211 años, González ha recordado que «la primera Constitución que reconoce que la soberanía reside en el pueblo es la de 1812, la que más ha durado de nuestra historia», siendo además «la más resistente y resiliente de la historia de España».

Sin embargo, ha reconocido que «el problema de las constituciones, en la vida que estamos viviendo con la inmediatez de los acontecimientos y la preocupación de las personas por lo que va a pasar mañana, es que son los cimientos de la convivencia, y eso no se ve» porque «la gente se preocupa por los hechos que se ven y que les afectan».

La Corte de Apelaciones de Sassari (Cerdeña) ha emitido una providencia con fecha de 24 de septiembre por la que ordena la «liberación inmediata» del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y le cita para una vista el 4 de octubre a las 11.30 horas para decidir sobre su extradición a España. Sostiene la presidenta de la Corte, Plinia Azzena, que sigue gozando de la inmunidad propia de un europarlamentario y por lo tanto debe prevalecer su derecho a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, «garantizadas por la inmunidad, aún intacta».

En el escrito de tres páginas, se destaca que no puede tomar medidas cautelares en su contra y alude al auto del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del 20 de julio de 2021 para recordar que éste establece que puede viajar con libertad. Recuerda asimismo que en enero de 2021 las autoridades judiciales belgas ya se negaron a ejecutar una orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el conseller Lluis Puig alegando que podría socavar sus derechos fundamentales, y eso que él ni si siquiera disfrutaba de inmunidad parlamentaria.

Apunta que, dado que el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, elevó en marzo al tribunal europeo una cuestión prejudicial para conocer si se podía denegar la entrega de una persona sobre la que pesara una OEDE, «se desprende –por tanto– que el procedimiento penal de quo ha sido suspendido».

SUSPENSIÓN A LA ESPERA DE LA DECISIÓN PREJUDICIAL

Añade que de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la decisión prejudicial implica la suspensión del procedimiento nacional hasta que se dé un pronunciamiento sobre la cuestión prejudicial. Y apunta que puesto que la solicitud de una decisión prejudicial se refiere a la ejecución de órdenes de detención europeas dictadas en el marco del proceso penal mencionado, «los usuarios pueden creer que la suspensión de este procedimiento conlleva la suspensión de la ejecución de dichos mandatos» de detención.

Tras esto, especifica cuando y de qué forma se produjo el arresto en la tarde noche de ayer en Alguer (Cerdeña) y especifica que toma nota de que el detenido «no consiente la entrega a España». Resuelve que no adopta medidas cautelares contra Puigdemont y advierte de que no han sido solicitadas por la fiscalía porque comprometería de forma «grave» su derecho «a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, garantizadas por la inmunidad, aún intacta, siempre desde el artículo 9 segundo párrafo del protocolo número 7».

Entretanto, la Fiscalía de Bruselas ha recordado a través de un comunicado que también hay un proceso abierto en los tribunales de Bélgica para decidir sobre la entrega de Puigdemont a la Justicia española, aunque este caso se encuentra «suspendido» a la espera de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad del reclamado.

Puigdemont ha asegurado este viernes tras salir de la prisión de Bancari, en Sassari, en la isla de Cerdeña (Italia), que «España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo». Su salida se produce un día después de haber sido detenido cuando llegaba al Aeropuerto de l’Alguer.

La policía desalojó este jueves en Santiago de Compostela a un grupo de más de 2.000 jóvenes que se reunieron en el exterior de un local de ocio nocturno tras el cierre del mismo y, dadas las quejas de los vecinos y «las negativas de los jóvenes a abandonar la zona», fueron dispersados «con cargas policiales puntuales y dirigidas a grupos concretos».

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, ha confirmado los hechos y ha defendido la actuación policial durante la noche de este jueves en los alrededores de la discoteca Ruta, en la zona del Ensanche compostelano.

«Cuando la Policía da unas instrucciones y no son obedecidas, tiene el derecho de defenderse y el deber de poner fin a una situación de infracción que está ocasionando molestias a los vecinos de la zona», ha asegurado Bugallo.

Y es que durante la noche de este jueves, a partir de las 3,00 horas, al cerrar la mencionada discoteca y ser desalojado el local, grupos de jóvenes se reunieron en la zona para seguir con la fiesta y celebrar un botellón. El regidor ha matizado que no todos provenían del interior de la discoteca –«donde habría 200 o 250 personas»–, y que la multitud podía alcanzar las 2.000 personas.

«CONFLICTO DE ORDEN PÚBLICO»

Bugallo ha recalcado que la policía actuó tras solicitar a los jóvenes que abandonasen la zona, algo que no ocurrió y que algunos grupos comenzaron a lanzar objetos -botellas, vasos y similares–, según ha confirmado el propio alcalde, a los agentes, «motivo que provocó la carga policial». El alcalde ha asegurado que no le consta que se disparasen pelotas de goma, como aseguran algunos de los participantes.

El alcalde ha informado además de que hay un agente policial herido, aunque «leve y dado de alta». En los vídeos grabados por algunos de los jóvenes, publicados en redes sociales, se ve a jóvenes con heridas sangrantes; a lo que Bugallo ha aseverado que está «seguro» de que los agentes utilizaron «la fuerza necesaria y suficiente para conseguir el objetivo de que se disolviese la concentración». Todavía no se conoce el balance de heridos entre los participantes en la aglomeración.

«No me gusta ver estas imágenes en Santiago pero con esas multitudes y a esas horas, que no son las más claras del día, es difícil concretar las actuaciones», ha defendido Bugallo, que ha insistido en que comprende la «necesidad» de los jóvenes de socializar tras 18 meses de pandemia, pero «una concentración de 2.000 personas, haciendo ruido a las 3 de la mañana, no está justificada en ningún sitio».

MÁS INCIDENTES

Este viernes, la Policía Nacional ha informado de que ha abierto diligencias por los hechos ocurridos esta pasada noche, unos hechos que Bugallo ha lamentado que hayan dejado de ser «problemas de convivencia» para convertirse en «problemas de orden público».

Así, se identificó a 11 personas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Además, otras dos personas fueron identificadas para la posterior tramitación de denuncias por faltas de respeto y consideración a los agentes.

El de Ruta no fue el único incidente registrado esta noche en la capital gallega. En la Praza Roxa fueron desalojadas 40 personas de una aglomeración y en el Parque de Belvís, una persona fue identificada por la celebración de un botellón. La Policía Local acudió también a 11 fiestas en pisos y realizó diversos controles e inspecciones en locales de hostelería.

COMPOSTELA ABERTA PIDE QUE SE INVESTIGE

Por otra parte, y respecto a las cargas policiales frente a Ruta, el grupo municipal de Compostela Aberta, en la voz de Marta Lois, ha pedido que se investigue lo sucedido y, aunque ha hecho un «llamamiento» a la responsabilidad de los jóvenes, ha insistido en que conviene «aclarar si las actuaciones fueron proporcionadas, ya que las imágenes difundidas en redes sociales dejan serias dudas al respecto».

Con todo, ha matizado que la llamada a la responsabilidad «no puede significar criminalizar al estudiante, como algunos quisieron hacer a principios del pasado curso».

«Cargas como las que vimos ayer sólo pueden darse ante hechos de mucha gravedad y algunas de las imágenes de violencia policial difundidas por las redes sociales muestran como las Unidades de Intervención cargaron contra chicos y chicas que estaban en pequeños grupos, provocando contusiones y heridas sangrantes en la cabeza a algunos jóvenes», ha indicado Lois.

EL PP CRITICA LA FALTA DE PREVISIÓN

El presidente del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, también se ha pronunciado sobre los incidentes. Lo ha hecho este viernes tras visitar Barrio Xardín, acompañado por vecinos y comerciantes, «para conocer esta problemática».

Verea ha señalado que hay que «evitar» que Barrio Xardín se convierta en una nueva «zona caliente o zona cero» de botellones, por lo que ha pedido «tolerancia cero» con ese tipo de comportamientos.

Además, ha asegurado que lo ocurrido en la noche de este sábado es «una falta de previsión», ya que «en las últimas semanas se estaba viendo como el problema iba a más, y era sabido que este jueves iba a ser muy complicado».

El líder de los populares compostelanos ha remarcado además que «hay que ser conscientes de que son jóvenes que lo que quieren es divertise», por lo que, desde las administraciones, habría que «darles alternativas para que no se produzcan ese tipo de situaciones».

Por último, Verea ha incidido en que para los vecinos de la zona también se trata de «un problema de salud», ya que además de «altercados o suciedad», «se genera un problema grave en aquellas familias que noche tras noche no pueden dormir».

Con motivo de la celebración del sexto aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), FCC Medio Ambiente ha lanzado su Estrategia de Sostenibilidad 2050 que representa el compromiso de la compañía con la protección y respeto por el planeta y por contribuir al cumplimiento de los ODS. Entre sus objetivos está alcanzar la neutralidad de carbono en los próximos 29 años.

Tal y como ha informado la compañía, esta iniciativa contempla acciones que permitan alcanzar aquellos objetivos «más directamente relacionados con sus actividades», de forma que se «maximice el efecto sobre el conjunto» de los 17.

Su intención es, además, «que tenga una visión estratégica a largo plazo para un mundo más próspero, moderno, competitivo y climáticamente neutro».

FCC Medio Ambiente contempla cuatro ejes de actuación: medioambiental, social, de excelencia y de buen gobierno. Esto implica una apuesta por la economía circular y protección del clima, así como al fomento del consumo eficiente de recursos y prevención de residuos, la protección de la biodiversidad, la innovación tecnológica y el desarrollo de procesos y servicios bajos en Carbono.

En este ámbito, FCC Medio Ambiente se compromete, entre otros, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 35 % en el año 2030 respecto a 2017, y a alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2050, explica.

PROPUESTAS

La estrategia contempla también contempla acciones orientadas a reducir la contaminación ambiental, así como iniciativas ligadas a la igualdad de oportunidades, la diversidad e inclusión, la generación y retención de talento y la seguridad y salud laboral.

Para ello se compromete a alcanzar el equilibrio de género en 2050 y lanzará iniciativas dirigidas al empoderamiento y promoción del talento femenino, como el Programa de Mentoring Femenino. Además, impulsará el talento joven incrementando el porcentaje de las incorporaciones que correspondan a jóvenes recién titulados y estimulará la promoción interna de aquellos perfiles profesionales»talentosos», según explica.

Desde el punto de vista de la seguridad laboral, el plan contempla una disminución del 50% de los índices de accidentalidad en 2050 respecto a 2019 y llegar a cero accidentes graves o mortales (propios o a terceros) en ese mismo año, así como el desarrollo de programas para mejorar la salud de los trabajadores, tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

En cuanto a los objetivos de excelencia y buen gobierno FCC apuesta por la implantación de sistemáticas y pautas de trabajo homogéneas dentro de la organización, que permitan hacer eficientes sus procesos, evidenciándolo a través de la certificación/acreditación respecto a normas, especificaciones, protocolos y reglamentos de referencia a nivel internacional.