El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha asegurado que «España siempre está más abierta a una reivindicación vasca que a una catalana», en referencia a si durante la transición se puso sobre la mesa la posibilidad de que Cataluña tuviera un concierto económico.

Pujol ha querido tomar la palabra en un acto que, bajo el título de ‘La infrafinanciación de Cataluña’, ha organizado este miércoles el diario ‘Ara’ con la participación del conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y de los exconsellers del ramo Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell y Antoni Castells.

En un momento del acto, Castells y Giró han debatido sobre el papel de los políticos catalanes en el momento de pedir un concierto catalán durante la Transición y Pujol ha querido dar su versión: «De las personas aquí presentes, el que lo ha vivido más directamente soy yo».

Ha asegurado que es «un tema demasiado manoseado, tendenciosamente manoseado» y que sí que se pidió un concierto económico para Cataluña, pero que solo fue defendido por los representantes de Convegència Democràtica y de ERC durante las discusiones previas al primer Estatut catalán, en 1978.

LENGUA Y CONCIERTO

Pujol ha explicado que representantes del Gobierno de entonces, entre los que se encontraban el presidente Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado, le dijeron que no podían dar un concierto económico a Cataluña, alegando que la economía catalana era demasiado importante y habría desestabilizado la economía de España.

«Yo no sé si era verdad y lo dudo» ha apuntado Pujol, que ha añadido que Suárez le aseguró que, textualmente, lo característico del Estatuto vasco sería el concierto y el del catalán, la lengua, y ha añadido que aún lo intentaron escamotear, en sus palabras.

Por este motivo, Jordi Pujol ha asegurado que «las campañas contra el catalán van contra un principio fundamental de la transición».

«En este tema de la lengua, que ahora vuelve a estar amenazada, se nos dijo: la lengua, sí, pero los ‘calers’ –el dinero, en catalán coloquial–, no», ha subrayado el expresidente.

REPRIMENDA A LOS PONENTES

Pujol ha cerrado su intervención reprendiendo a los ponentes ya que, según él, no han hablado sobre una supuesta infrafinanciación en Cataluña: «No me han dicho nada de infrafinanciación».

Ha asegurado que «aún se puede plantear como un tema importante, de los que son compulsivos, para que la financiación fuera mejor».

El expresidente del Gobierno José María Azar ha asegurado este miércoles que el régimen democrático «es el que más padece cuando se abusa de la mentira» y ha sentenciado que la democracia española «atraviesa una crisis de confianza por la reputación de mentira que mancilla la vida política».

Aznar ha lanzado esta reflexión en el Senado durante la presentación del libro ‘Julián Marías, la concordia sin acuerdo’ publicado por FAES. En el acto han participado además el músico e hijo del pensador, Álvaro Marías, el director de FAES, Javier Zarzalejos, y el autor de la obra, Ernesto Baltar. Han asistido el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Senado, Salomé Pradas, y el senador Carlos Floriano, entre otros.

Aznar ha declinado pronunciarse sobre la guerra interna por el control del PP de Madrid que enfrenta a la dirección nacional del PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que los periodistas le han abordado tanto a la entrada como a la salida del acto.

El expresidente, que apostó durante su mandato por una bicefalia con Pío García Escudero al frente del PP de Madrid, no ha querido hacer valoraciones públicas al respecto y ha abandonado el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta acompañado de su esposa, Ana Botella.

ALERTA DEL «ABUSO DE LA MENTIRA»

Aznar ha afirmado que leer la biografía de Julián Marías es «asistir a un ejemplo vivo de dignidad y respeto al valor de la verdad». «Marías cuenta en sus memorias cómo, al cumplir seisaños, él y su hermano mayor se prometieron, mutua y solemnemente, ‘nomentir nunca’. Una anécdota ingenuamente infantil que pudo ser emblema y cifra de toda una vida, porque Marías mantuvo su palabra hasta el último día de su vida», ha manifestado, para añadir que el «respeto a la verdad y a la palabra dada eran para él indeclinables».

Aunque ha asegurado que no iba a descubrir «las complicadas relaciones entre sinceridad y política», ha indicado que «de los regímenes políticos, el democrático es el que más padece cuando se abusa de la mentira». «Cuando la sinceridad en política se percibe como un lujo, la democracia queda comprometida. Un régimen de opinión implica que cada uno diga lo que piensa: no siendo así, cualquier diálogo es imposible por principio», ha añadido.

Aznar ha subrayado que la democracia «atraviesa una crisis de confianza por la reputación de mentira que mancilla la vida política» y ha añadido que «la agravación de ese clima desde el poder aboca a que los ciudadanos oscilen entre el enojo y el tedio y, al final, acaben siendo indiferentes». «Esa indiferencia es un inmensoproblema porque deja a la democracia indefensa», ha alertado.

El expresidente ha recalcado que los textos de Marías son de una «actualidad urgente» en estos días, en los que «se derriban estatuas», «se vociferan exigencias para hacerse perdonar una tarea civilizadora sin parangón» –en alusión a las palabras del Papa Francisco sobre la Consquista– y se «deforma la realidad nacional de España hablando de ‘plurinacionalidad’ y ‘España multinivel'».

Aznar ha destacado que Marías «nunca escribió una línea dictada por la conveniencia o la moda» ni «se dejó mecer por las olas». Además, ha hecho hincapié en el hecho de que la obra tenga por subtítulo ‘La concordia sin acuerdo», que lo es también de un libro de Marías, el «Tratado sobre la convivencia».

«Allí vuelve sobre una de sus ideas favoritas: la convivencia social es convivencia de personas y grupos con diferencias, discrepancias y conflictos. La concordia depende de la tenaz voluntad de convivir, y su requisito principal es el respeto a la verdad y el contar con la realidad», ha aseverado.

Aznar ha recordado que los textos de Julián Marías le han acompañado durante mucho tiempo. «Tuve la fortuna de conocerle en 1987. La Junta de Castilla y León, que yo presidía, le concedió el Premio de las Letras. Ya en el Gobierno de España, Julián Marías, en compañía de Pedro Laín Entralgo, fue la primera persona a quien quise invitar al Palacio de la Moncloa y en 2001, el Gobierno le otorgó la Medalla de oro al Mérito en el trabajo», ha concluido.

La mayoría de partidos políticos en el Congreso ha coincidido este miércoles en la necesidad de mejoras en la red ferroviaria de Cercanías Renfe de la Comunidad Valenciana, en el marco de una iniciativa que ha defendido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, en la Cámara Baja.

En este contexto, Baldoví, que ha presentado esta iniciativa en forma de moción, ha denunciado la situación «insostenible» en la que se encuentra el servicio de Cercanías de Renfe en la región valenciana y ha animado a los grupos a apoyar esta propuesta que, entre otras cosas, pide traspasar la gestión de Cercanías a la Generalitat Valenciana.

«Desde Compromís venimos denunciando esta situación. Este deterioro constante lo constato como un usuario habitual de Cercanías», ha manifestado Baldoví durante su intervención tras citar una serie de deficiencias que sufre la red ferroviaria valenciana. Falta inversión, la ejecución es a veces insultante, falta personal, mucha subcontratación y tasas de reposición insuficientes. La gente acaba abandonando el ferrocarril de Cercanías», ha reclamado.

PP Y VOX CLAMAN CONTRA LA INICIATIVA

Durante el debate, el PP y Vox también han puesto de manifiesto el deterioro de las Cercanías de Renfe en la comunidad, aunque han criticado a Baldoví por haber apoyado al Gobierno en la investidura del presidente Pedro Sánchez «a cambio de nada», según ha dicho la diputada del PP Belén Hoyo.

Por su parte, el parlamentario de Vox Julio Utrilla ha proclamado en su turno que la iniciativa presentada por Compromís es una «vaga declaración de intenciones» y una «tomadura de pelo» a la Comunidad Valenciana.

ACUERDO CON EL PSOE

En cualquier caso, el diputado del PSOE Vicent Manuel ha anunciado un acuerdo con Compromís a través de una enmienda transaccional por lo que previsiblemente la formación socialista brindará su apoyo a esta iniciativa.

Según el texto de la transaccional, se insta al Gobierno a maximizar y fomentar el uso del ferrocarril como medio de transporte colectivo, ecológico, accesible, seguro y sostenible, así como defender el carácter de servicio público y no de negocio del transporte ferroviario.

En otro orden de cosas, el texto recoge que se realice una inversión anual que mejore y modernice las infraestructuras del servicio ferroviario y que se convoque la Comisión de Seguimiento del Plan de Cercanías. También exigen al Gobierno que se ejecute mientras tanto la totalidad de las inversiones previstas en la red valenciana de Cercanías y que se cubran todas las plazas vacantes de personal de Renfe y Adif, entre otras peticiones.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada (León) ha decretado el ingreso en prisión de cinco de los seis detenidos en una operación contra una organización que retenía y explotaba sexualmente a dos mujeres, a las que amanazaban y drogaban.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de León, Julio Andrés, han ampliado algunos detalles de esta operación, denominada ‘Drapico’, que se ha explotado este martes, 9 de noviembre, en Toral de los Vados y Ponferrada con un amplio dispositivo en el que han participado unos 40 agentes de la Guardia Civil.

A los seis detenidos, todos españoles igual que las víctimas, se les considera presuntos autores de dos delitos de detención ilegal, otros tantos de explotación sexual, cuatro de robo con fuerza en las cosas, uno de falsificación de moneda y otro de organización criminal.

La investigación se inició a principios del mes de octubre por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada al tener conocimiento de que una organización criminal estaba operando en la Comarca del Bierzo dedicándose a la detención ilegal de dos mujeres con el fin de explotarlas sexualmente.

Los investigadores pudieron identificar a todos los integrantes, los cuales cuentan con numerosos antecedentes policiales y quienes completaron sus actividades robando en viviendas de diversas localidades de la comarca del Bierzo y haciendo circular billetes falsos.

Concretamente, la organización captó a dos mujeres de nacionalidad española para explotarlas sexualmente, a las que retenían contra su voluntad, les retenía documentación personal y teléfono móvil. Posteriormente eran anunciadas en páginas web de contactos y eran obligadas bajo amenazas a ejercer la prostitución en tres pisos situados en el Bierzo. Además, se las desplazaba en una caravana y ofrecían sus servicios sexuales en estaciones de servicio del norte de España.

La organización negaba presuntamente asistencia médica a las víctimas que tenía retenidas por las lesiones que ocasiona su explotación sexual forzada y las obligaban a consumir estupefacientes para que continuaran trabajando sin descanso.

A la vista de la gravedad de los hechos, una vez recopilados los indicios necesarios durante la investigación, se solicitó diligencias de entrada y registro para diversos domicilios utilizados por la organización que autorizó el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada.

Así, se llevaron a cabo tres registros domiciliarios -uno en la localidad de Toral de los Vados (León) y dos en Ponferrada (León)- donde se localizaron y decomisaron dos pistolas detonadoras, diversas armas blancas de grandes dimensiones, pequeñas cantidades de droga y moneda falsa, así como documentación personal de las dos víctimas.

En el operativo establecido para llevar a cabo la fase de explotación de esta operación han participado diversas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de León, así como el Grupo de Reserva y Seguridad número 6 con base en La Virgen del Camino (León) encargado de realizar las entradas, lo que podrían suponer unos 40 agentes, dada la peligrosidad del grupo.

OPERACIÓN ABIERTA

El teniente coronel jefe de la Guardia Civil de León ha explicado que una operación «de este calado» no se puede dar por cerrada porque puede haber otras mujeres que hayan sido víctimas y haber pasado por esta misma situación y están pendientes de poder identificarlas o que ellas se pongan en contacto con la Guardia Civil y manifiesten qué relación tenía con esta organización criminal.

Julio Andrés ha señalado que este tipo de delitos son un «objetivo prioritario», como ha marcado la delegada del Gobierno, y por ello las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están siempre «pendientes» de cualquier noticia que pueda surgir y de las redes sociales, a través de las cuales se producen muchos contactos.

A ello se suma que este grupo criminal tenía numerosos antecedentes, les conocen, saben de ellos y suelen «controlarles» periódicamente y entre sus movimientos puede haber algunos indiciariamente delictivos, lo que unido a los contactos personales que «llaman la atención» en las redes sociales, permitió al equipo de Policía Judicial de Ponferrada obtener los indicios suficientes como para iniciar la operación.

«ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI»

Por su parte, la delegada del Gobierno, tras felicitar a la Guardia Civil por esta operación y su lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación, por lo que también ha reconocido a la Policía Nacional, ha asegurado que éste es uno «de los más graves» delitos contra los derechos humanos».

«Vulnera la dignidad de las personas, su libertad y su integridad física y emocional», ha señalado la delegada, que a pesar de ser una «expresión muy manida» ha afirmado que este delito «responde fielmente a lo que significa la trata es la esclavitud del siglo XXI», una «realidad» en Europa y España, uno de los «destinos» del tráfico de seres humanos.

A este respecto, ha hecho un repaso por diferentes operaciones contra la trata de seres que se han llevado a cabo en la Comunidad, como la que se produjo a principios de este año, en enero, cuando la Policía Nacional detuvo a cuatro personas en Burgos por obligar a ejercer la prostitución en esta ciudad y en Miranda de Ebro, lo que permitió liberar a cinco mujeres.

Al mes siguiente, en febrero, una llamada telefónica de un ciudadano permitió desarticular en Valladolid una organización especializada en la explotación de mujeres y fueron detenidas tres personas.

En este contexto, ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para ayudar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a perseguir este tipo de delitos. «De hecho, siempre es importante la ayuda de la ciudadanía para preservar la seguridad. Es algo que nos compete a todos y a todas de lo que debemos implicarlos», ha agregado.

MÁS DE 20 DETENIDOS

Posteriormente, en abril, en el marco de la Operación Manero, se detuvo a otra persona y se liberaron cuatro mujeres en Valladolid, donde también en mayo se arrestó a 25 personas en una operación contra la prostitución, corrupción de menores, drogas y blanqueo de capitales, delitos que en muchas ocasiones «se encuadran en la nebulosa de los delitos de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual».

En septiembre en León fue desarticulada una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en esta provincia, en Asturias y en Alicante en una operación que se saldó con ocho detenidos y dos mujeres liberadas.

A estas intervenciones ha sumado la que se produjo hace menos de un mes, cuando 14 personas de entre 29 y 44 años fueron liberadas en Burgos y tres hombres detenidos en este caso porque sometían a estos ciudadanos a una esclavitud laboral durante la vendimia.

«Hablar de esclavitud puede resultar insólito», ha explicado la delegada, quien ha apuntado que es así porque es «el fin de la trata de la explotación de las personas, cualquiera sea que sea su forma, ya sea sexual, laboral, mendicidad, tráfico de órganos, explotación para realizar actividades delictivas o matrimonios forzados».

Virginia Barcones ha afirmado que en todos estos casos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están «muy pendientes» para combatir delitos de esta gravedad y ha asegurado que la protección de las personas más vulnerables es uno de sus «principales objetivos», para los que tanto Guardia Civil como Policía Nacional cuentan con su «total apoyo y colaboración».

Vox ha exigido que el Pleno del Congreso vote este jueves a los candidatos acordados por el PSOE y el PP para el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas de forma presencial en urna, y no telemáticamente, y ha amenazado con acudir al Alto Tribunal en caso de que se mantenga esta modalidad.

El pasado 18 de octubre, la Mesa del Congreso acordó derogar el acuerdo relativo a la emisión del voto telemático en el Pleno que se había establecido con motivo de la pandemia del coronavirus, si bien se reservó la posibilidad de convocar votaciones a distancia en casos excepcionales, «atendiendo a la duración de la votaciones u otras circunstancias que lo aconsejen».

En este contexto, la semana pasada el órgano de gobierno de la institución decidió que las votaciones de todos los puntos del orden del día del Pleno de esta semana, que incluyen la renovación del Defensor del Pueblo, el TC y el Tribunal de Cuentas fueran telemáticas para todas sus señorías.

El objetivo, evitar las aglomeraciones que suelen darse con este tipo de votaciones en la que los diputados deben circular por el hemiciclo para ir a depositar sus votos a la urna y que suelen prolongarse más allá de los 20 minutos, que es el lapso de tiempo que se toma como referencia para evaluar los contactos de riesgo por Covid.

SIN RESPETAR LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO

En un escrito remitido a la Mesa del Congreso, los de Santiago Abascal cuestionan que el órgano de gobierno de la Cámara haya decidido regresar a la generalización del voto telemático para la designación de los miembros de órganos constitucionales y sostiene que lo hace «sin respetar el procedimiento y cauces establecidos en la Resolución de la Mesa del Congreso, de 21 de mayo de 2012, para el desarrollo del procedimiento de votación telemática».

Esa resolución establece que sólo se podrá hacer uso del voto telemático «en los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado».

Por ello, en caso de que este jueves se mantenga la celebración del voto telemático para la elección de los nuevos integrantes de los órganos constitucionales, Vox ya avisa de que estudiará posibles acciones legales ante el Tribunal Constitucional.

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se ha disculpado este miércoles en el Pleno de la Cámara por haber respondido «con el hígado» y con «exceso de testosterona» al «exabrupto» que, según ha recordado, le dedicó la semana pasada un diputado de Vox, pero ha dejado claro que «nunca» bajará «la cabeza» ante ese grupo parlamentario.

Fue hace justo una semana, durante el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos para 2022, cuando el diputado de Vox Juan Luis Steegmann le espetó «eso no se lo dices a la cara» cuando Baldoví mentó al líder del partido, Santiago Abascal, y al vicepresidente cuarto del Congreso, Ignacio Gil Lázaro.

«Cuando quieras y donde quieras», le respondió desde la tribuna el diputado de Compromís, quien acababa de felicitar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por «desenmascarar» con su discurso a estos dos diputados de Vox, unos «chaqueteros», según el parlamentario valenciano, que desertaron del PP cuando se acabaron la ubres que les amamantaban».

Aprovechando la presencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Baldoví ha querido pedir disculpas a ella, al resto de diputados y a la ciudadanía por haber replicado a Steegmann, según sus propias palabras «con el hígado» y con un «exceso de testosterona» del que, ha confesado, no siente «especialmente orgulloso».

TIRARÁ DE HUMOR E IRONÍA

«Estos incidentes devalúan esta Cámara y la política, ofrecen una imagen poco edificante de este Congreso y apartan el foco de lo verdaderamente importante para los ciudadanos que no tienen que ser estas pequeñas anécdotas que no deberían suceder», ha explicado.

Además, se ha comprometido a intentar responder a partir de ahora con «ironía, educación y sentido del humor» a ese tipo de «exabruptos», pero ha querido dejar claro que no piensa achantarse ante Vox.

«Que tengan claro los señores de Vox que nunca bajaré la cara», ha dicho, antes de recordarles un refrán que le enseñó su abuela: «Quien dice lo que quiere, acaba escuchando lo que no quiere», ha avisado.

NO LES LLEGA NI A LA SUELA

La contestación de Vox ha llegado por boca de su diputado valenciano Julio Utrilla: «Al señor Gil Lázaro y al señor Abascal no les llega ni política ni humanamente a la suela de los zapatos», ha aseverado.

Según Utrilla, lo que le pasa a Baldoví es que «rabia» porque Vox obtuvo siete veces más representación que Compromís en el Congreso en las últimas generales.

«Usted eso no lo puede soportar y espero que no haya tirado esa bolsita de tila trajo aquí porque en las próximas elecciones la va a necesitar», le ha soltado a Baldoví.

La presidenta de la Asociación Estatal de Familias Acogedoras (ASEAF), María Arauz de Robles, ha subrayado que es «el momento de afrontar en España el cambio de un sistema de acogimiento residencial al familiar».

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles 10 de noviembre en la apertura del V Congreso Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En concreto se ha referido a la Ley de Protección a la Infancia de 2015 y ha dicho que «seis años después es necesario acometer cambios a través de la experiencia de otros países y de las buenas prácticas que funcionan en las diferentes autonomías».

Además, ha destacado la diferencia de este congreso respecto a otros porque se trabaja codo con codo con expertos, funcionarios, padres de acogida, periodistas y fiscales con el objetivo de dar voz a los «niños invisibles».

Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha indicado que seis años después de la aprobación de la ley de infancia, aún existe el riesgo para muchos niños de crecer en una institución a pesar de la prioridad de hacerlo en familias de acogida.

«Prácticamente 1 de cada 2 niños o niñas cuya tutela la tienen las Administraciones Públicas vive en un centro residencial», ha indicado Álvarez, al tiempo que ha recordado que en 2020, 1.177 niños y niñas menores de seis años fueron acogidos en una institución, a los que hay que sumar otros casi 2.000 de entre 7 y 10 años.

Entre las medidas que se deben adoptar, ha defendido hacer pisos y centros más «pequeños y flexibles» y ha asegurado el compromiso del Gobierno con la «desinstitucionalización» de estos menores.

En la primera jornada del Congreso también ha intervenido la catedrática de la Universidad Pontifica de Comillas y miembro del Comité de Expertos del Consejo de Europa en materia de derechos del niño en procedimientos de protección, Salomé Adroher, quien ha apostado por «romper la barrera entre familia biológica y de acogida» y se ha preguntado por qué no se puede seguir el rastro de los chicos que pasan de acogida a adopción.

Además, ha animado a los responsables de legislar a que adapten las leyes del 2015. «La ley no cambia la realidad pero es el punto de partida para mejorar», ha señalado.

Asimismo, durante el Congreso se han puesto sobre la mesa algunas experiencias como la de Irlanda, con el 91% de los menores en familias de acogida; e Italia, con la eliminación de los centros residenciales.

El catedrático de Trabajo y Política Social del Trinity College de Dublín Robin Gilligan, ha aconsejado encontrar aliados entre «gente del gobierno, trabajadores sociales y opinión pública, en general».

Mientras, el experto de la Federación Proyecto Familia de Italia, Marco Giordano, ha parafraseado al juez Giovanni Falcone, asesinado por la mafia en 1992, y ha indicado que «hay que decidir remangarse y cambiar, sabiendo que tiene un precio».

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reprochado este miércoles los «intentos» de «algunas personas y formaciones políticas por negar la más clara manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres», representada en la violencia de género.

Llop se ha expresado así en la clausura de la Jornada Internacional ‘Políticas Públicas contra la Violencia de Género’, en la que ha reafirmado su compromiso de «erradicar» este problema al tiempo que se garantiza «la protección, atención y recuperación de las mujeres que la sufren, así como la de sus hijas e hijos».

Ese debe ser, a su juicio, el «objetivo prioritario de cualquier gobierno comprometido no solo con la seguridad y el bienestar de las personas, sino también con la Justicia y la igualdad». «Es una cuestión de Derechos Humanos, tenemos que proteger la vida, libertad e integridad física y moral de las mujeres», ha asegurado.

En esta línea, la titular de Justicia ha insistido en que este tipo de violencia supone «un ataque a la dignidad e integridad» de las mujeres, así como una «amenaza para la sociedad y una indiscutible violación de los DDHH de las mujeres y niñas». Por eso, ha añadido que es «importante reconocer el carácter estructural de este tipo de violencia».

LA VIOLENCIA VICARIA, LA «MÁS CRUEL»

Por otro lado, Llop ha querido «hacer referencia a la violencia vicaria», la «manifestación más cruel de violencia hacia las mujeres». «Infringir violencia a los hijos llegando incluso a asesinarles para causar daño a la madre. El daño más extremo que puede ejercer un maltratador», ha repudiado.

Este tipo de violencia, ha continuado, exige su «visibilización» y el desarrollo de «medidas de atención y protección de los niños». «Desde la política se debe hacer lo posible para facilitar todo lo que sea necesario. Hemos de afrontarla de manera integral y coordinada», ha apostillado.

Llop, que ha afirmado que el «eje transversal» de la actuación del Ministerio es el «feminismo», ha dejado claro que su departamento está «fielmente comprometido con el cumplimiento y el desarrollo del pacto de Estado» contra la violencia de género.

Un acuerdo que, ha recordado, «representa el compromiso político» para «lograr la igualdad» y la «erradicación de la violencia contra las mujeres». «Me gustaría destacar la importancia que tiene la formación y sensibilización en esta materia, la de los distintos agentes, esencial para garantizar la mejor respuesta institucional», ha apuntado.

Por último, Llop ha explicado que desde Justicia están «trabajando para que, a través de la sensibilidad, el conocimiento y la formación en materia de género» se construya una «sociedad libre de violencia».

«Es una cuestión de pura democracia. Quiero destacar la necesidad de que los niños reciban una educación en igualdad desde edades tempranas. Es algo imprescindible para eliminar prejuicios y estereotipos ligados al género», ha zanjado.

El Rey Felipe ha presidido este miércoles los Premios Nacionales de Sociología y Ciencia Política correspondientes a 2019 y 2020, galardones que ha entregado en un acto que ha tenido lugar en el Museo Nacional del Prado a Inés Alberdi y Miguel Beltrán, galardonados en 2019 y 2020, respectivamente.

Durante el acto, han intervenido el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana; el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y presidente del Jurado de los Premios Nacionales de Sociología y Ciencia Política 2019 y 2020, José Félix Tezanos; la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha pronunciado la ‘laudatio’ de la premiada 2019, Inés Alberdi; y el catedrático de universidad en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Cristobál Torres, que ha leído la del premiado de 2020, Miguel Beltrán; así como el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

Han acompañado a Felipe VI el ministro de Universidades, Manuel Castells; el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; el subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera; el subsecretario de Universidades, Luis Cerdán; miembros del jurado de los Premios Nacionales de Sociología y Ciencia Política 2019 y 2020; e invitados.

El Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política se otorga como recompensa a la aportación y labor científica de los galardonados en el campo de la Sociología o de la Ciencia Política, puesta de manifiesto a través de su trayectoria profesional o como reconocimiento a una obra singular.

LOS PREMIADOS

En esta ocasión, se han entregado los premios, que tienen una dotación económica de 25.000 euros, concedidos en los años 2019 y 2020 a Inés Alberdi y Miguel Beltrán.

Alberdi nació en Sevilla en 1948, estudió Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y obtuvo el Doctorado en Sociología en 1978. Ha sido por más de 40 años profesora en la UCM, donde es Catedrática de Sociología desde 1991.

Ha investigado y publicado libros sobre la familia, el divorcio y la igualdad entre las mujeres y los hombres dentro del matrimonio. También ha estudiado la violencia contra las mujeres, las aspiraciones de las mujeres jóvenes y la importancia de la paternidad.

Natural de Granada en 1935, Beltrán es Master of Arts en Sociología por la Universidad de Yale y Premio Extraordinario de licenciatura y doctorado. También es Catedrático emérito en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), del que fue director y vicedecano de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Ha sido profesor contratado en las Universidades de Florencia y Catania, profesor asociado de la London School of Economics and Political Science, investigador invitado en el Institut d’Etudes Politiques de París y profesor visitante en universidades de Alemania, México, Colombia, Perú, Brasil y Chile.

Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la Revista Española de Sociología (RES), y ha formado parte de los Consejos de Redacción de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) y de la Revista Internacional de Sociología (RIS). En su día fue Secretario General de la Universidad Autónoma de Madrid, del Instituto de la Opinión Pública y del Ministerio de la Presidencia. Como reconocimiento público a su contribución académica recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 2003.

Alemania y España han esquivado este miércoles comprometerse como país a poner fin en su país a los coches de combustión en 2035. No obstante, España sí se ha sumado a la alianza para lograr la neutralidad climática de la aviación nacional en 2050.

«Alemania no firmará hoy (el acuerdo)», dijo un portavoz del Ministerio germano de Medio Ambiente en Glasgow, donde se celebra la cumbre del clima, en referencia a la alianza firmada por 24 países en la que se comprometen a acabar con los coches de combustión a partir de 2035.

España tampoco está entre los firmantes, de modo que si no hay cambios, de acuerdo con la Ley de Cambio Climático aprobada este mismo año, el fin de los vehículos de combustión está fijado en 2040. Además, esta fecha podría adelantarse a la que establece el compromiso lanzado en Glasgow si sale adelante la propuesta del paquete fit55 de la Comisión Europea que, precisamente propone 2035 como el punto y final para este tipo de automóviles.

No obstante, el portavoz ha confirmado el consenso en el Gobierno de Alemania para que a partir de 2035 solo se matriculen vehículos con cero emisiones, pero ha admitido que «todavía» no hay un acuerdo sobre si los combustibles electrónicos a partir de energías renovables pueden formar parte de la solución en el ámbito de los motores de combustión interna».

En realidad, el ministro alemán de Transportes saliente, Andreas Scheuer, ha rechazado previamente la propuesta porque el acuerdo no tiene en cuenta los combustibles sintéticos.

Tampoco se compromete el país germano a integrarse en la alianza para una mayor protección del medio ambiente en la industria de la aviación, que sí han firmado otros 14 países en la ‘International Aviation Climate Ambition Coalition’, por la que se comprometen a reducir las emisiones contaminantes de la industria de la aviación y alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050.

Entre los firmantes figuran España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Turquía entre otros que se comprometen también a centrarse en combustibles «más respetuosos» con el clima.

Sin embargo, para la portavoz de Transporte de Greenpeace, Klara María Schenk, el acuerdo de esta alianza está «lleno de engaños», como el pago de compensaciones y las excesivas esperanzas en los llamados combustibles sostenibles y los futuros diseños de aviones».

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo evaluará mañana jueves los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el que se condenó al juez Salvador Alba a una pena de seis años y medio de prisión por confabular contra la también juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell.

Según han informado fuentes jurídicas, está previsto que los jueces se reúnan en vista pública a las 10.30 horas para escuchar a las partes defender los argumentos recogidos en los recursos presentados.

La sentencia recurrida apreció delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho –por lo que se le condenó a tres años de prisión– y falsedad en documento público –por lo que fue condenado a otros tres años y medio–. Por su parte, le eximió de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos.

En el marco de la resolución, Alba también fue condenado a 18 años de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado, «con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores» asociados. Asimismo, se acordó el pago de 60.000 euros a Rosell en concepto de daños morales.

INSTRUCCIONES PARA PERJUDICAR A ROSELL

Alba fue acusado de dar instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la entonces también diputada de Podemos Victoria Rosell, a quien había sustituido en sus funciones. También se le acusó de iniciar en 2015 un procedimiento en su contra.

Según la sentencia, el exjuez «a cambio» prometió a Ramírez una «declaración de nulidad de las actuaciones» en su contra e «incluso pronunciarse sobre el fondo del asunto», algo que podría haber favorecido a los intereses del empresario, «impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria».

Dichas conversaciones fueron grabadas por Ramírez y se hicieron públicas, dando inicio posterior a la investigación por la que finalmente se le condenó.

INFORMACIÓN PARA IMPULSAR LA QUERELLA DE SORIA ANTE EL SUPREMO

Esa información servía para «incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por José Manuel Soria [entonces, aún ministro de Industria, Energía y Turismo] en el procedimiento penal promovido» contra Rosell que estaba pendiente de admisión a trámite.

El tribunal canario concluyó que tras lo ocurrido, y por su «repercusión pública», Rosell sufrió «un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social». Entre otras cosas, «renunció a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, perdiendo su consideración como diputada».

A consecuencia de todos estos hechos, el TSJ también consideró probado que Rosell sufrió «un trastorno mixto ansioso-depresivo reactivo, de moderada intensidad, precisando tratamiento psico-farmacológico por tiempo prolongado».

Varias comunidades autónomas de distinto signo político se han pronunciado a lo largo de estos días para exigir al Ministerio de Hacienda que renueve en 2022 el Fondo extraordinario que dispuso para las autonomías en 2020 y 2021 para ayudarlas a paliar los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus. Se quejan de que el Covid-19 aún no ha terminado, y algunos Ejecutivos autonómicos advierten de que puede ser un problema estructural.

Así se han ido expresando varios Gobiernos autonómicos como los de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, entre otros, en un momento en el que además está sobre la mesa la negociación de la reforma del modelo de financiación autonómica, con al menos tres bloques de CCAA reclamando que prime un criterio distinto.

El Gobierno movilizó en el año 2020 una partida de 16.000 millones, denominado ‘Fondo Covid-19’, mientras que en el 2021 el dinero destinado a las CCAA para ayudar a paliar los efectos del Covid ascendieron a 13.000 euros asignados a este fondo a través de los presupuestos generales del Estado (PGE).

Sin embargo, las comunidades se quejan ahora de que en el proyecto de cuentas públicas que el Gobierno ha presentado para el año 2022 se ha eliminado este fondo extraordinario. De hecho, algunas formaciones como ERC han intentado corregir este hecho a través de una enmienda, que ha sido aplaudida por el ‘barón’ socialista Emiliano García-Page.

PARTIDAS VINCULADAS A ESTOS FONDOS

Es más, algunos Ejecutivos autonómicos como los de la Comunidad Valenciana o Andalucía han incluido en sus respectivos proyectos de presupuestos para el próximo ejercicio partidas destinadas a las necesidades que genera la pandemia del coronavirus. En el caso de Andalucía han sido más de 1.000 millones y en el de Valencia, 900 millones.

Esto provocó la semana pasada el aviso de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, de que las cuentas de la Junta de Andalucía para el año 2022 «inflan las previsiones de ingresos» con unos «1.000 millones de euros» derivados de «un supuesto fondo COVID que no existe» en el proyecto de los presupuestos generales del Estado.

Ante esto, la Junta ha replicado a Montero que no solo Andalucía ha incluido en su proyecto de presupuestos una partida vinculada al fondo, puesto que «lo han hecho también» otras regiones como «Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha».

«Pero como son comunidades autónomas que gobierna el PSOE, la ministra Montero no ha dicho ni pío y sólo nos ataca a nosotros», ha criticado el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisó de que el 40% del gasto covid de las CCAA se va a convertir en estructural.

CATALUÑA PIDE MOVILIZARSE

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, ha desvelado que ha hablado con sus homólogos de otras comunidades autonómas para que se movilicen y todos reclamen la renovación del fondo covid en los PGE.

El dirigente catalán ha precisado que en su conversación con los Consejeros de otras regiones, les ha visto preocupados. Por este motivo, les ha pedido que los verbalicen y hagan «oír su voz» sobre esta cuestión, al margen de intereses partidistas.

No obstante, Giró ha confiado en que finalmente el Gobierno renovará los fondos Covid para atender las necesidades sociales generadas por la pandemia: «No estoy convencido porque tenga una información, sino porque hay cosas que son como son. Estoy convencido de que Castilla y León, Andalucía o Extremadura pedirán lo mismo», ha añadido.

UN GASTO EXTRA DEL 40%

Los datos ofrecidos por la AIReF del gasto extra del 40% por la pandemia también han sido utilizados por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, para reclamar al Gobierno que movilice de nuevo este fondo.

«Me parece inadmisible y lamentable. No se puede estar elevando el techo de gasto del Gobierno de España, subiéndose los sueldos los ministros, los asesores, el presidente; no se puede estar haciendo política partidista con los PGE y mientras axfisiando a las CCAA, bajando los envíos de presupuestos precisamente para financiar algo tan importante como son los gastos de la pandemia», ha subrayado.

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido a lo largo de esta semana en reclamar al Gobierno central un fondo Covid para el próximo año que permita a las comunidades autónomas sufragar el sobrecoste de la «gestión cotidiana» de los servicios sociales, Educación y Sanidad.

Por su parte, en Galicia, se aprobó una resolución impulsada por el PP gallego, con apoyo del BNG y el rechazo del PSOE, para precisamente reclamar al Gobierno central este fondo en los presupuestos para el año que viene.

La presidencia británica de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP26) de la ONU ha presentado este miércoles un borrador del acuerdo final que urge a los países que aún no hayan presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) –las emisiones contaminantes que se comprometen a reducir– que lo hagan «lo antes posible» y de manera anticipada a la próxima CO27 que tendrá lugar en noviembre de 2022.

El borrador de la Cumbre que se celebra en Glasgow (Reino Unido) desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, recuerda el artículo 4 del Acuerdo del Clima de París (firmado en 2015 en la COP21) y urge a todas las partes a reconsiderar y fortalecer sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 y ha elevarlos tanto como sea necesario para alinearse a finales de 2022 con el objetivo de limitar el incremento global de temperatura a 1.5ºC de aquí a final de siglo.

En la actualidad, la suma de contribuciones nacionales de reducción de emisiones situaría este incremento global de temperatura a lo largo del siglo en 2.7ºC por lo que la ONU reclama a los países que aumenten su esfuerzo.

Por otro lado, el artículo 4 punto 11 del Acuerdo de París establecía que las partes firmantes tenían que revisar su contribución a limitar el cambio climático cada cinco años a partir de 2023, pero el borrador de Glasgow adelantaría así un año el compromiso de los países de elevar su contribución climática.

Además, el borrador de la Declaración final de la COP26 invita al secretario general de las Naciones Unidas, a reunir a los líderes para que revisen su ambición para 2030 a lo largo de 2023.

De acuerdo con el texto, se mantiene el objetivo de mantener en 1,5ºC el incremento de temperatura global del planeta de aquí a final de siglo y urge por primera vez a los países a acelerar la eliminación de las subvenciones al carbón y a los combustibles fósiles.

Sin embargo, no incluye una fecha concreta para aumentar la financiación de la adaptación, un aspecto que podría ser incluido en próximos borradores, a tenor de las consultas ministeriales que realice la Presidencia de la COP.

Las ONG no están satisfechas. Para Amigos de la Tierra el «principal» problema de la debilidad del borrador es que se basa en la «buena voluntad» y se olvida de la justicia climática. La responsable de Justicia Climática de la ONG, Cristina Alonso, lamenta que todo el texto «invita», «da la bienvenida», «anima» pero «muy pocas veces se hace referencia a la urgencia real que la ciencia» apunta ni a la responsabilidad histórica diferenciada de los distintos países.

A su juicio, si el acuerdo continúa por esta línea «se estaráalejando del concepto de equidad y de derechos humanos» por ello, reclama que el acuerdo de Glasgow no puede basarse en la buena voluntad de los países, en especial de los más contaminantes, sino que debe basarse en la responsabilidad histórica del norte Global y en los impactos que ya están sufriendo los países del sur.

«El principio de equidad en los compromisos, responsabilidades y financiación, y la Justicia Climática deben estar en el corazón del acuerdo», insiste.

En la misma línea, Greenpeace reclama un texto «mucho más sólido» en materia de financiación y adaptación con «cifras reales» y un plan de ejecución y critica que mientras el borrador pide una eliminación acelerada de las subvenciones fósiles y del carbón, Arabia Saudí y Australia «trabajan para sabotear esta parte antes del final de la conferencia».

Así, exige a los ministros que en los próximos tres días Glasgow no den «una patada hacia adelante al clima una vez más». La directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, advierte de que este texto «no es un plan para resolver la crisis climática» sino un acuerdo para cruzar los dedos y que salga lo mejor posible.

«Es una petición para que los países, quizás, puedan hacer más el próximo año. Pero esto no es suficiente y los negociadores no deberían ni pensar en salir de esta ciudad hasta que hayan llegado a un acuerdo a la altura del momento. Porque, con toda seguridad, este no lo está», ha apostillado.

Morgan, que participa en el desarrollo de la Cumbre, no está extrañada de que los niños «estén furiosos» con este texto si este es «lo mejor que se les ocurre» a los gobernantes y urge a impulsar un texto «mucho más sólido» en aspectos como la financiación y adaptación que incluya cifras «reales de cientos de miles de millones, con un plan de ejecución para que los países ricos apoyen a las naciones menos desarrolladas».

En la misma línea, el portavoz de 350.org Cansim Leylim subraya que el borrador de decisión tiene varios puntos importantes que son merecedores de celebración, como por ejemplo la decisión de publicar de forma anual informes de síntesis que pueden poner freno a la desinformación de los Gobiernos respecto a sus propuestas para mantener el objetivo de 1,5ºC.

«Esto es esencial ya que estamos todavía en la senda de elevar la temperatura global cerca de 3ºC con los efectos devastadores que esto conlleva para las distintas comunidades y para todo el mundo, especialmente en los países del Sur», ha manifestado.

Así, celebra asimismo que este borrador «por primera vez en 25 años» de negociaciones climáticas llame a poner fin a los subsidios de los combustibles fósiles y al uso del carbón.

NADA NUEVO: MERAS DECLARACIONES

Desde Ecologistas en Acción califican el borrador presentado de una suma de «meras declaraciones institucionales sin ninguna capacidad de obligar a los países a llevarlas a cabo».

El responsable de Energía y Clima de la organización, Javier Andaluz, apunta que la mención específica a la desaparición necesaria del carbón y los subsidios fósiles es «demasiado genérica como para ser efectiva y que, de cara a los textos finales, debe mantenerse, fortalecerse y ampliarse a la desaparición de todos los combustibles fósiles en las próximas décadas».

Por otro lado, critica la «vía de entrada para soluciones falsas» como el almacenamiento o la captura de carbono que supone el término de «cero neto» o «neutralidad climática».

En definitiva, lamenta que después de más de diez días de negociación, el borrador del texto que presenta la Presidencia británica «no dice nada nuevo que no se supiera» antes del inicio de la COP26.

«Ya sabíamos que los compromisos y la financiación eran insuficientes. Lo que se esperaba de los países es que solucionaran eso en esta cumbre y, a la luz de los textos presentados, no lo están haciendo», ha apostillado.

Por último, urge a la comunidad internacional que reformule la declaración final para fortalecer un lenguaje «mas vinculante» y una hoja de ruta con acciones reales y no meros discursos.

Por su parte, el responsable de Política Climática de SEO/BirdLife, David Howell, considera «novedoso» el llamamiento para el fin de las subvenciones a fósiles y carbón, y que lanza la señal de que cambio climático y pérdida de biodiversidad son dos crisis «interrelacionadas» por lo que insta a dejar de tratarlas de manera separada.

Por último, coincide en que «no es suficiente» e insta a que las partes reflejen el papel «imprescindible» de la protección y restauración de la biodiversidad en los planes de adaptación y de reducción de emisiones y sus estrategias a largo plazo nacionales, como instrumentos clave de aplicación del Acuerdo de París y que se eviten de forma «clara» las soluciones climáticas no compatibles con la naturaleza.

PSOE y Unidas Podemos proponen en sus enmiendas conjuntas a la Ley de Seguridad Ciudadana la obligación de los agentes de avisar «de manera verbal claramente audible» antes de intervenir para disolver concentraciones.

Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el «último recurso» en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios «menos lesivos» que causen «lesiones irreversibles», aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Las dos formaciones ya han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza por sus detractores, aunque también han formalizado propuestas de modificación por separado. La normativa fue aprobada por el PP en 2015 y la propuesta de desmontaje llevaba más de un año parada en su trámite parlamentario.

QUITAN LA REFERENCIA A LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

Ambas formaciones plasman ya en sus enmiendas conjuntas algunas cuestiones que ya transcendieron de la negociación, como la supresión de la disposición adicional referidas a las denominadas ‘devoluciones en caliente’.

Para ello, los dos grupos parlamentarios razonan que se trata de una materia ajena a la Ley de Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y, por tanto, este asunto se excluye «a efectosde residenciar su reforma en la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

También pautan que a efecto de diseño del DNI se incorporen diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios, si bien detalla que se trata de incorporar al rango de ley el artículo 11 del real decreto que regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.

SIN SANCIÓN PARA MANIFESTACIONES NO COMUNICADAS QUE SEAN PACÍFICAS

A su vez, pautan que deben comunicarse las manifestaciones para eventos previstos o previsibles (como, por ejemplo, la manifestación del 1 de mayo) mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez (como pudo pasar, por ejemplo, con la manifestación por sentencia de ‘La Manada’) y solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. Además, la no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles será sancionada como falta leve.

Como ya se avanzó, los traslados a comisaría a efectos de identificación se limitan a dos horas, aunque excepcionalmente se pueden prorrogar a un máximo de seis.

En paralelo, se reconoce el derecho de que los agentes le devuelvan al mismo lugar donde no pudo ser identificado cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentre «en una localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento, y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios».

En cuanto a los registros corporales, las modificaciones de ambos socios de coalición pautan que sean «motivadas y proporcionales», constando por escrito las razones que justifican los cacheos en vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la «debida garantía de protección de la intimidad».

«No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros», ahondan las propuestas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos.

También como ya se apuntó, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.