El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de la Comisión Asesora COVID19, alerta de que, «a día de hoy, no parece previsible retomar la normalidad prepandemia», y, por tanto, «identificar el avance de la vacunación con el final de las restricciones y medidas de protección contra el coronavirus es contraproducente».

Ante la alta probabilidad de que la COVID-19 se torne en una endemia, aconsejan invertir en recursos y servicios sanitarios para mejorar la respuesta y prevenir los colapsos puntuales y localizados que se pueden producir. «Un reforzamiento focalizado de la red asistencial, además, podría permitir dar continuidad a la atención a los demás problemas de salud de la población», advierten.

Asimismo, a su juicio, hay que concienciar a la población de que muchas de las medidas de Salud Pública que puestas en marcha desde marzo de 2020 van seguir vigentes, particularmente en los momentos o lugares donde aumente la incidencia, la gravedad o la saturación de los recursos sanitarios.

La comisión ha realizado un análisis de la situación actual y considera necesario anticipar ante la posibilidad que la inmunidad de rebaño no sea efectiva. En este caso, la COVID-19 se iría convirtiendo en una endemia estable, no estacional, con la que la sociedad tendría que convivir durante un largo período de tiempo.

«Pese a la baja morbilidad y letalidad en los inmunizados, la endemia y sus brotes locales, al afectar a amplias poblaciones, acabarían produciendo un número importante de casos, hospitalizaciones y muertes, particularmente en el grupo de población mayor y más frágil, en el que no resulta fácil diferenciar entre ‘morir de COVID’ y ‘morir con COVID'», aclara.

Esta situación podría llevar a que la sociedad normalice la morbimortalidad por la COVID-19, pero hay que dejar constancia de que ese daño es inevitable y reducir la enfermedad y muerte asociada a la COVID19 es posible. Además, poniendose en el peor de los casos existe la posibilidad de que haya nuevas variantes de la COVID-19 que «sean más transmisibles, más graves y para las que las actuales vacunas ofrezcan una protección menor».

En este sentido, recuerdan que «la inmunización global de toda la población humana es fundamental para reducir la posibilidad de mutaciones que pongan en riesgo todo lo que hemos avanzado». Del mismo modo, reivindican el reforzamiento de la Atención Primaria, la Salud Pública y red de vigilancia epidemiológica, así como añadir la habilitación de espacios pre-instalados para la expansión de camas en los hospitales generales, además de puestos de cuidados intensivos y de cuidados respiratorios intermedios.

Finalmente, pide a las diferentes autoridades sanitarias (central y autonómicas) y las instituciones científicas y sociales implicadas que se «cohesionen y marquen una senda de acción común, coherente y racional». Para que puedan hacerlo, «todos debemos contribuir, porque a todos nos beneficia que en tiempos de turbulencia haya un esquema de gobernanza colectiva sobre el cual articular las respuestas conjuntas», advierten.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha advertido este martes de que «algo funciona mal» en el PSOE si es capaz de acordar la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 con los «herederos de ETA» de EH Bildu y, en cambio, no apoye las cuentas que ha diseñado un Gobierno «moderado» como el que, según ha defendido, conforman PP y Ciudadanos (Cs) en la Junta de Andalucía.

Elías Bendodo ha realizado estas consideraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y cuando se entra en las «24 horas decisivas» para que el proyecto de Presupuestos andaluces de 2022 supere el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento programado para este miércoles.

El consejero portavoz ha defendido que «aún hay tiempo para el acuerdo y que Andalucía tenga estos Presupuestos de la recuperación para 2022», y para que los grupos de la oposición –que han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de las cuentas andaluzas– no cometan el «error histórico» de bloquear esa iniciativa.

En esa línea, Bendodo ha pedido a la oposición que «sea valiente y anteponga el interés de los andaluces a los de su propio partido», y ha vuelto a realizar un llamamiento a la «responsabilidad» del PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox para que tengan en cuenta que «estas cuentas son muy importantes para que Andalucía lidere parámetros económicos que nunca había liderado».

Tras insistir en pedir «a todo el arco parlamentario» que «entienda que estas cuentas están por encima de los intereses partidarios», y de defender la conveniencia de aprobar el cuarto Presupuesto de la legislatura «por el bien de la estabilidad económica de Andalucía» y para «seguir atrayendo inversiones», Bendodo ha considerado que «un ‘no’ o un portazo al Presupuesto sería una bofetada a los intereses económicos y sociales del conjunto de los andaluces».

El consejero de la Presidencia ha añadido que «nadie entiende» que, este mismo martes, en una entrevista radiofónica, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, «haya defendido el acuerdo de Presupuestos de Pedro Sánchez con Bildu y que torpedee los Presupuestos de la recuperación de Andalucía».

«Algo funciona mal en el PSOE si son capaces de llegar hace cuestión de horas a un acuerdo con los herederos de ETA para los Presupuestos Generales del Estado y no son capaces de permitir que se aprueben las cuentas de este gobierno moderado de PP y Cs», porque esto último «debería ser muchísimo más fácil», según ha subrayado Elías Bendodo, quien ha agregado que «el PSOE de la Transición se pondría las manos en la cabeza» con estas circunstancias.

Bendodo ha sostenido que «el Gobierno de Andalucía no necesita Presupuestos para acabar la legislatura, pero Andalucía sí necesita contar con unos Presupuestos para consolidar la recuperación económica», algo que «lo están diciendo organizaciones de autónomos, empresarios, enfermeros», que «conocen lo importante que son las cuentas de 2022», según ha subrayado.

La Audiencia de Barcelona juzga este martes a un chico de 24 años acusado de dos presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave por la muerte de dos motoristas contra los que chocó conduciendo un coche cuando huía de un control policial en Badalona (Barcelona).

En el escrito de acusación, la Fiscalía explica que durante la huída invadió el carril contrario, circuló en zigzag, en dirección contraria y llegó a los 130 kilómetros por hora por dentro de la ciudad, donde la velocidad está militada a 50.

Fue el 6 de marzo de 2020 sobre las 20.30 horas, y mientras invadía el carril contrario chocó de frente con una moto y la arrastró hasta hacerla chocar con otro coche, tras lo que murieron tanto conductor y la pasajera de la moto.

El conductor del segundo coche sufrió varias lesiones, por las que la fiscal le atribuye un delito de lesiones por imprudencia grave, que se suman a los dos homicidios imprudentes, a cuatro delitos contra la seguridad vial –por velocidad, conducir ebrio y drogado, conducción temeraria y por abandonar el lugar del accidente– y a un delito de resistencia por forcejear con los policías para evitar ser detenido.

Después del choque, el acusado y el chico que iba con él de copiloto «salieron precipitadamente del vehículo, corriendo cada uno en una dirección, despreocupándose totalmente de los heridos».

Una vez detenido, el acusado dio positivo en alcohol, THC y cocaína, y los agentes constataron que Tráfico le había retirado el carné desde unos tres meses antes.

ACUSACIÓN PARTICULAR

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el despacho Vosseler Abogados, también hace responsable al copiloto y ha pedido condenarlo por un delito de omisión de socorro, en un juicio separado que se hará con jurado.

En un comunicado, la acusación ha destacado que es «la primera vez» que la Audiencia de Barcelona juzga el delito de homicidio por imprudencia grave en la conducción de un coche.

El 46,8% de las universidades españolas tiene su plan de igualdad en vigor y el 45,5% de estas incluye de manera específica la formación en igualdad en los programas de formación del Personal Docente Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS).

Así lo indica un informe técnico elaborado por la coordinadora de la Red WINN del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra y del curso online de formación en Igualdad del centro académico, Mª Cruz Díaz de Terán.

Según informa la Universidad de Navarra en nota de prensa, el trabajo ‘Competencias, identidad y formación del profesorado universitario desde la perspectiva de género: una cuestión de Derecho’ ha analizado la situación de las 50 universidades públicas españolas en lo que se refiere a los planes de formación en igualdad para el personal empleado.

«La elección de las acciones dirigidas al PDI y al PAS busca valorar qué peso tiene la formación en igualdad en los responsables de educar en estas cuestiones a las generaciones futuras», ha afirmado la profesora.

De acuerdo con el estudio, en lo que respecta a las universidades que tienen su plan de igualdad vencido, al 24,5% le prescribió entre 2019 y 2020. La autora ha explicado que, «posiblemente, para varias de ellas, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia y la sobrecarga de trabajo que ha supuesto para la gestión universitaria ha podido causar el retraso en la elaboración de nuevos planes».

Según la investigación, los 47 planes de igualdad de las universidades públicas españolas integran acciones de formación en igualdad. El 29,8% contiene un eje específico dedicado a ello y el 70% posee uno o varios objetivos concretos. Asimismo, el 12,7% contempla la formación en igualdad como un «objetivo transversal».

EL 34%, AÚN EN EL PRIMER PLAN DE IGUALDAD

Díaz de Terán ha indicado que el 34% de las universidades aún está con el primer plan de igualdad, si bien «de aplicarse a este ámbito lo establecido en el real decreto que regula los planes de igualdad y su registro, el periodo de vigencia no podría superar los cuatro años». A su juicio, eso animaría a los centros académicos a elaborar nuevos planes.

«Es de esperar que la progresiva introducción de la formación en igualdad y la perspectiva de género en las actividades universitarias (docentes, de investigación y de gestión) producirá un efecto multiplicador que dejará poso en toda la sociedad», ha concluido la coordinadora de la Red WINN.

El informe se enmarca en el proyecto ‘Red Iberoamericana de Innovación y Formación para fortalecer el impacto femenino en los ecosistemas de innovación’, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Programa CYTED).

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha rechazado comparecer en la Comisión de Administración Local y Digitalización de la Asamblea de Madrid, a la que había sido llamada para que diera explicaciones sobre las ayudas comprometidas por el Gobierno de España para paliar los daños ocasionados en enero por el temporal Filomena.

En su escrito de respuesta, fechado el 8 de noviembre, González rehúsa comparecer en la Cámara regional esgrimiendo que «control parlamentario de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia comunidad autónoma, sin que pueda alcanzar a órganos y autoridades ajenos a su ámbito de actuación, como son los de la Administración del Estado».

Tras esta negativa, la diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Yolanda Estrada ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que todas las formaciones políticas exijan al Gobierno de España que «haga efectivo de manera inmediata el pago de todas las ayudas dirigidas a los Ayuntamientos madrileños como consecuencia del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 19 de enero que aprobó la declaración de Zona Afectada gravemente por una emergencia de Protección de la Comunidad de Madrid, y del Real Decreto Ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por Filomena».

También pide en la PNL, que se publique en el Portal de Transparencia la relación de solicitudes y tramitación administrativa consecuencia de ambas convocatorias de ayudas que afectan a la catástrofe de la borrasca Filomena.

Por último, el Grupo Popular quiere que se resuelva y abone la subvención relativa a los daños provocados por la borrasca Filomena en infraestructuras municipales y red viaria autonómica antes del 31 de diciembre de este año, de conformidad con la última convocatoria de subvenciones, Resolución de 16 de octubre de 2021 de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones previstas en el artículo 8 del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca.

El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha reconocido este martes que su jubilación «no será en mucho tiempo» porque «la meta son los 80 años», que él cumplirá el 13 de abril de 2022.

Así se ha pronunciado el prelado vallisoletano a preguntas de los medios durante la visita que ha realizado, junto al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Cultura, Ana Sánchez, a la iglesia Chiesa Nuova, el templo que tiene adscrito en Roma y donde ha oficiado una misa para la delegación vallisoletana desplazada a Roma para la presentación de la Semana Santa y donde ha estado presente la embajadora de España ante el Vaticano, Carmen de la Peña.

El cardenal arzobispo ha recordado que cumplió los 75 años, que coincidió que era Jueves Santo, habló con el Nuncio del Papa en España para anunciarle que había llegado a la edad en la que tiene que presentar su renuncia como establece el Vaticano, aunque unos meses después recibió una comunicación del Papa en la que decía: «Hasta que no se provea de otra forma, continuará».

Así lo ha hecho don Ricardo Blázquez, que ha reconocido que ha tenido «buena salud» para poder atender y cumplir con el servicio pastoral y las necesidades de la Diócesis vallisoletana, aunque ha reconocido que su retiro «no será en mucho tiempo porque la meta son 80 años», aunque será «lo que el Papa quiera».

La idea del prelado vallisoletano es poder retirarse a la Casa Sacerdotal de Ávila, donde convivirá con otros 20 sacerdotes.

Durante la homilía, pronunciada junto al sepulcro de San Felipe Neri, quién fundó el Oratorio, Blázque se ha referido a la «fragilidad de la vida» y recuerda que Jesús no responde «a curiosidades» de cuándo será el final y cuáles serán los signos de ese final, aunque si llama a ser centinelas de lo que pasa y a vivir con profundidad.

Asimismo, ha recordado que San Felipe Neri nació en 1515, el mismo año que Santa Teresa de Jesús, y ha aseverado que «llama la atención» que ambos fueran canonizados, en 1622 además de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador, «cinco santos que llaman la atención por su estatura e incidencia en la vida».

Neri vivió en Roma, donde trabajó pastoralmente y fue «un maestro de maestros en la orientación para vivir» y en esta ciudad murió y es donde está enterrado, en la iglesia Chiesa Nuova, un nombre que es «una curiosidad», según el cardenal arzobispo de Valladolid, ya que «significa iglesia nueva con cuatro siglos de vida».

Ricardo Blázquez ha explicado a la delegación vallisoletana que al Oratorio o Comunidad Filipense fundada por San Felipe Neri pertenecieron San José de Calasanz, Tomás Luis de Vitoria o el padre jesuita soriano Diego Laínez.

En este templo se puede ver a la entrada el escudo del cardenal y arzobispo vallisoletano, donde se puede ver el Sagrado Corazón que representa a Valladolid, la espadaña del convento de los Carmelitas de Ávila y un crismón que representa a Jesucristo.

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha enviado este martes una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para solicitarle refuerzos en el control de pasaportes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con el objetivo de agilizar el tránsito de viajeros, especialmente ante la llegada de la Navidad.

En la misiva, Rivera de la Cruz ha trasladado que desde su Consejería han tenido conocimiento en las últimas semanas de «importantes demoras en este servicio», lo que aseguran que se traducen en «la pérdida de una considerable cantidad de vuelos», con el consiguiente «perjuicio para la imagen» del turismo madrileño en plena recuperación del mercado internacional.

«La Comunidad de Madrid siempre ha defendido un mayor control sanitario en el aeropuerto para un mejor control de la expansión del coronavirus, pero ahora se trata de una cuestión eminentemente operativa y económica», ha asegurado la consejera.

Además, ha precisado a Marlaska que los retrasos en el control de pasaportes y la pérdida de vuelos acarrea «consecuencias reputacionales para la Comunidad de Madrid como destino de viajeros internacionales».

«Es necesario, además, con el fin de evitar una posible saturación del aeropuerto durante las próximas Navidades, cuando el tráfico de pasajeros suele incrementarse, reaccionar lo antes posible», ha añadido.

Por ello, Rivera de la Cruz le ha pedido a Marlaska que tenga en consideración la necesidad de reforzar los efectivos de la Policía Nacional dedicados al control de pasaportes en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, con el objetivo de agilizar el tránsito de pasajeros de entrada y salida.

Esta petición se une a la que realizó ayer la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (FEMAV), reclamando también al Ministerio de Interior un refuerzo de agentes de la Policía Nacional en el control de pasaportes de este aeropuerto para incrementar el control de fronteras.

En la misma línea, advirtió que las demoras registradas por esta situación afectan negativamente a la imagen de la región como destino turístico y a la del aeródromo como ‘hub internacional’. Reclamó un refuerzo para adecuar los medios humanos en el control de fronteras «a los niveles reales de tráfico sustancialmente más altos que los del 2020, por más que se sitúen aun sobre niveles máximos no superiores al 60% de los de 2019».

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido hoy el criterio de población para el nuevo sistema de financiación autonómica, y ha pedido al PP que se sume al nuevo modelo y al resto de partidos «intentar despejar cualquier atisbo de nacionalismo» en torno a este asunto. En cuanto a sus críticas a la comunidad de Madrid ha afirmado que nunca quiso descalificar a nadie, pero ha insistido en una reforma fiscal para evitar el ‘dumping’ y ha insistido en sacar de la capital algunas instituciones como el Instituto Oceanográfico Español.

Puig ha realizado estas afirmaciones durante su intervención en el desayuno informativo ‘Fuera de plató’ de RTVE y lo ha hecho antes de la cumbre que acoge este martes Santiago de Compostela a representantes de ocho CCAA –Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias– para abordar la financiación autonómica.

Sobre esta cuestión, el también líder del PSPV ha insistido es que es positivo que se reúnan presidentes y que lo que él quiere es aportar «racionalidad» y que el nuevo modelo se base en la igualdad.

Dicho esto, ha vuelto a defender el criterio de población que rechazan estas comunidades y ha recordado que «los plazos importan» porque el sistema actual de financiación está caducado desde 2014. Pero ha destacado que ahora hay más «conciencia» entre los valencianos de su situación de infrafinanciación y ha puesto en valor la unidad de acción entre fuerzas políticas, empresariales y sindicales en la triple manifestación del sábado.

«Ahora la financiación está en la agenda política», ha aseverado, para señalar el «compromiso» de la ministra de presentar el ‘esqueleto’ del nuevo modelo y recordar que es «complejo» que salga adelante porque requiere mayoría en el Congreso y «el Gobierno en este momento no puede por sí mismo».

Por eso ha pedido al PP que se sume al nuevo modelo y al resto de partidos «intentar despejar cualquier atisbo de nacionalismo» en torno a la financiación autonómica. «Un Estado con estas deficienciasacaba teniendo consecuencias, en la Comunitat supone 12 puntos por debajo de la renta media, y eso genera una frustración obvia», ha advertido.

Y preguntado por sus críticas a la Comunidad de Madrid, Puig ha remarcado que «nunca» quiso descalificar a nadie, solo poner en valor la gestión de la pandemia en la Comunidad valenciana, y ha vuelto a abogar por una reforma fiscal para evitar el ‘dumping’.

POSITIVO QUE VALENCIA ACOGIERA EL ACTO DE YOLANDA DÍAZ, OLTRA Y COLAU

Ximo Puis también ha considerado «muy positivo» que València acogiera hace unas semanas el acto ‘Otras políticas’ que compartieron Mónica Oltra, Yolanda Díaz o Ada Colau, al igual que otros eventos recientes como la Convención Nacional del PP que «estuvo muy animada» o la próxima gala de los Goya.

«Antes estas cosas se hacían en Madrid o en Barcelona y ahora en València, tendremos que estar contentos (…). ¿O es que vamos a poner pegas?», ha constatado en el desayuno informativo ‘Fuera de plató’ de RTVE, sobre si cree que aporta la elección del lugar del encuentro entre estas líderes de la izquierda.

Puig ha sostenido que todo lo que se celebre en la Comunitat es positivo porque demuestra que «algo tendrá que decir» esta región, como la próxima gala en Benidorm para elegir al representante español de Eurovisión. «Está muy bien, fuera de bromas, que el encuentro que protagonizó la vicepresidenta se hiciera en València. Sinceramente, es muy positivo», ha abundado sobre su compañera de gobierno.

Eso sí, ha pedido que se continúen celebrando este tipo de eventos fuera de la capital y ha remarcado que la Comunidad quiere «aportar en estos debates, no solo ser el escenario». Por eso ha agradecido que RTVE haya elegido Valencia para iniciar estos desayunos que protagonizarán próximamente su homólogo catalán, Pere Aragonès, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En su intervención ha vuelto a abogar por la descentralización como «la manera real de entender España sin ir contra nadie» y ha puesto como ejemplo que en la Comunitat estén las sedes sociales de Caixabank o el Sabadell como «una mejora evidente de la reputación» de esta autonomía. También ha vuelto a instar a cambiar la sede del Instituto Oceanográfico Español fuera de Madrid y ha rechazado la «anomalía» de que la mayoría de instituciones estén allí.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido la renovación de la totalidad de los contratos de refuerzo por COVID-19 en todas las comunidades autónomas ante el aumento de la incidencia y el inicio de la vacunación de la tercera dosis.

«Desde CSIF consideramos que estos contratos de refuerzo deben transformarse en estructurales para formar parte de las plantillas orgánicas de los hospitales, centros de salud y unidades de urgencias y emergencias donde desempeñan su trabajo. Es cuestión de anteponerse a las necesidades asistenciales en la época invernal, ante futuras olas de frío», defienden en un comunicado.

Según el sindicato, la renovación del colectivo permitiría reforzar plantillas durante el plan invernal ante la previsión de ingresos por cuadros de complicaciones respiratorias derivadas de la gripe y el aumento de ingresos por bronquiolisis en Pediatría.

Asimismo, consideran que se reforzarían las unidades/servicios como las Urgencias Hospitalarias, con mayor demanda asistencial, ante la infrautilización de los centros de salud y servicios de urgencias de Atención Primaria, así como la disminución de la atención presencial.

También permitiría planificar y ejecutar un plan de acción para disminuir las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas; así como retomar el seguimiento de pacientes más vulnerables con patologías crónicas, frenado durante la pandemia.

Por último, instan a renovar estos contratos para apoyar aquellas unidades que han soportado el peso de la pandemia cuyos profesionales «están agotados y en muchos casos han generado horas de exceso», junto con facilitar el descanso navideño, las coberturas de permisos e incapacidades temporales de los profesionales.

En este sentido, rechazan «la falta de reconocimiento y la recompensa que se merecen 28.000 sanitarios contratados que a final de año no renovarán sus contratos y que son enfermeros, médicos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores». «Así no se fideliza y se evita la marcha de nuestros profesionales que son la base para el funcionamiento de un sistema de salud público de calidad», remachan.

Dos de cada tres españoles están dispuestos a tomar decisiones de consumo por motivos de sostenibilidad. Así lo refleja el estudio sobre Sostenibilidad y Consumo de El Observatorio Cetelem, que analiza los hábitos y tendencias de consumo de los españoles desde la perspectiva del reto de la sostenibilidad para el que se han efectuado 2.200 encuestas en el ámbito nacional.

En concreto, un 69% confiesa sentir «mucha preocupación» por el calentamiento global y sus consecuencias, y casi la totalidad, un 97%, estaría dispuesto a tomar medidas para mitigar su impacto. Entre las acciones que estarían a favor de tomar, dos de cada tres españoles (61%) están dispuestos a modificar sus hábitos de consumo para incorporar criterios de sostenibilidad, la mitad (52%) piensa en reducir el consumo, y un 44% se plantea sustituir los medios de transporte actuales por alguna alternativa sostenible.

Entre los productos ecológicos o sostenibles más adquiridos en el último año, destacan los productos de alimentación. Un 59% de las familias han comprado frutas o verduras ecológicas, un 32% aceite ecológico, un 25% carne ecológica, y un 21% vinos y bebidas ecológicas. Pero también los electrodomésticos con etiqueta energética eficiente han alcanzado una cuota considerable, con un 48% de menciones. La ropa y calzado sostenibles, con un 24%, y muebles, con un 11%, completan esta lita.

El hogar se erige como el lugar idóneo para cambiar nuestros hábitos hacia un consumo más sostenible. Según los datos presentado por el estudio , 8 de cada 10 españoles estarían dispuestos a realizar reformas en su vivienda para hacerla más sostenible. Y entre ellos, un 20% invertiría en la instalación de placas solares para autoconsumo.

Entre las razones que motivan la intención de invertir en energía fotovoltaica, destaca el ahorro energético y económico para el 54% de los españoles, mantenerse al margen de las variaciones de los precios de la energía para el 33% de los españoles y la concienciación sobre la protección del medio ambiente para el 31%.

En contraposición, para el 46% de las personas encuestadas, el precio elevado de la inversión inicial, el tipo de vivienda no unifamiliar (31%), la elevada inversión inicial para la instalación (30%) y los trámites y papeleos (23%), suponen las principales razones que frenan la inversión en energía fotovoltaica. No obstante, el 46% de los españoles estaría dispuesto a invertir en placas solares si el ahorro mensual oscilase entre el 30% y el 50%.

Asimismo, la inversión en energía fotovoltaica también se ve frenada por la falta de conocimiento sobre el ahorro real que supone el uso de placas solares (19%), el tiempo necesario para amortizar la inversión (18%) o la falta de información sobre los trámites y subvenciones de los que se pueden beneficiar (14%).

También despierta interés la construcción eficiente. El 23% de los españoles declara que sus hogares cuentan con criterios de eficiencia energética incorporados en la construcción, frente a un 62% que no cuenta con este tipo de ventajas. Sin embargo, el 85% de los españoles afirma estar dispuesto a realizar reformas en su vivienda para mejorar su eficiencia energética.

En relación al tipo de sistemas de eficiencia energética o renovable que tienen pensado instalar los españoles, un 48% declara que apostará por electrodomésticos con etiqueta energética eficiente, el 38% instalará sistemas de iluminación led o eficientes y el 34% de los españoles se inclina por el aislamiento térmico o las ventanas de alta eficiencia.

En menor porcentaje, el 20% instalará sistemas para controlar el exceso del caudal del agua, un 15% realizará reformas para mejorar la eficiencia de los edificios y un 14% instalará calderas de gas eficientes y sistemas de monitorización.

FUENTES DE ENERGÍA

En lo que respecta a las fuentes de consumo de energía que generan un mayor gasto mensual en los hogares, el 59% de los españoles destaca los electrodomésticos de gama blanca, seguido del aire acondicionado (39%), caldera eléctrica o de gas de agua caliente (28%), aparatos de ocio (25%) y calefacción eléctrica (23%).

En lo que concierne al coste estimado de inversión en sistemas de eficiencia energética y renovable para mejorar la sostenibilidad del hogar, un 30% de los encuestados destinará una inversión comprendida entre 3.000 y 5.000 euros, un 29% dedicará entre 1.000 y 3.000 euros, un 22% alcanzará una inversión de 5.000 y 10.000 euros, un 11% menos de 1.000 euros y un 8% superará los 10.000 euros.

Para costear este gasto, un 63% recurrirán a la financiación. En concreto, un 38% recurrirá a financieras y un 25% solicitará un crédito a su propio banco. Por el contrario, un 37% de los españoles realizará esta inversión con un pago al contado y no emprenderán la inversión hasta que no dispongan de la cantidad completa.

El 71% de los españoles considera importante encontrar una opción de movilidad urbana sostenible para el día a día. Para ello, un 77% considera importante llevar a cabo acciones en las ciudades para regular y mejorar la movilidad urbana sostenible, y un 83% que las instituciones públicas inviertan en medios de transporte ecológicos.

El vehículo de motor de combustión sigue perdiendo terreno en las calles de las ciudades, y también en la mente de los consumidores. El 42% de los españoles se ha planteado el cambio de su transporte privado por el uso de alternativas de movilidad sostenible, como el uso de transporte público (49%), la substitución por un vehículo eléctrico (19%), el uso de la bicicleta (39%), o patinete eléctrico (23%). Solo un 10% todavía no contempla la búsqueda de ninguna alternativa.

No obstante, la distancia entre el hogar y el trabajo, unas infraestructuras inadecuadas y las dudas en cuanto a la seguridad en el uso de los transportes alternativos son algunas de las barreras o dificultades mencionadas.

En cuanto a la intención de compra para los próximos 24 meses, un 40% de los encuestados se plantea cambiar su vehículo. Entre las tecnologías preferidas, se impone el eléctrico puro, con un 11% de las menciones. El híbrido enchufable ocupa el segundo lugar en el ranquing con un 10% de intención de compra. Los motores de combustión de gasolina y diésel suman un 9% de intención de compra, mientras el híbrido puro registra un 7% de intención de compra.

Un juzgado de Barcelona ha abierto una investigación contra dos inspectores de Policía Nacional, un subinspector y un jefe de unidad de Mossos d’Esquadra por los presuntos delitos de falsedad y contra la administración pública al supuestamente investigar a un sospechoso de tráfico de armas y blanqueo a espaldas de la jueza instructora, explica la magistrada.

Según ha adelantado Ser Cataluña, la investigación parte de la denuncia de Aleksejs D., presidente de una naviera acusado en la Audiencia Nacional y en prisión preventiva por supuestamente dirigir una trama de tráfico de armas y blanqueo, y que acudió a los Mossos cuando empezaron a extorsionarlo.

La denuncia que presentó Aleksejs D. sostiene que los Mossos que investigaban el caso no presentaron al juzgado ningún informe sobre sus indagaciones, lo que supondría una ocultación a la jueza, pero en cambio sí que entregaron información a la Fiscalía Anticorrupción.

La misma denuncia afirma que los policías enviaron el atestado a Fiscalía nueve días antes de pedir a la jueza más tiempo para informar sobre la investigación a causa de la gran cantidad de datos que tenían por analizar, lo que para la defensa supone una ocultación a la instructora.

La defensa de Dircenko cree que los policías cometieron un delito de omisión de su deber de perseguir delitos porque «en vez de perseguir el delito de extorsión por el que se interpuso denuncia, se decidió investigar otros delitos de forma paralela sin investigarse nunca el de extorsión» y supuestamente sin avisar a la instructora.

LA JUEZA NO TENÍA «NINGUNA CONSTANCIA»

En el auto tras recibir esta denuncia del presunto afectado contra los policías, la jueza constata que los agentes de Mossos afirmaron en un atestado que investigaban el caso bajo tutela de su juzgado aunque ella no tenía «ninguna constancia».

La magistrada también menciona un informe en que los mossos que aseguran haber entregado a la instructora la documentación sobre el caso, pero la jueza niega que le dieran ningún documento.

INFORME A FISCALÍA

El informe que Mossos y Policía enviaron a la Fiscalía Anticorrupción alertaban de una organización internacional con presencia en Cataluña y la Comunidad Valenciana y explicaban que ambos cuerpos habían creado un equipo conjunto para investigarla.

Los responsables de ambos cuerpos explicaron al fiscal que, a raíz de la denuncia por extorsión, indagaron sobre «la posible participación de algún entramado criminal en los hechos denunciados».

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha acusado este martes al PP de salir siempre «con los temas de ETA e incluso de Venezuela» cada vez que quieren atacar al Gobierno, después de que el líder nacional del partido, Pablo Casado, criticara el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado.

Así, ha calificado de «ruido» los reproches del PP y ha pedido no entrar en debates estériles que interesan a «una parte de la derecha» pero que no se preocupan por las necesidades de los ciudadanos, en declaraciones a Antena 3.

Este lunes Casado afirmó que el apoyo de EH Bildu a los PGE «hiela la sangre» de las víctimas de ETA y evidencia que el PSOE sufre un «eclipse moral», tras visitar el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz.

PENDIENTES DE ACUERDOS CON PNV Y ERC

Por otro lado, Gómez ha asegurado que las negociaciones con los grupos parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están «muy avanzadas» y se ha mostrado confiado en aprobarlos esta semana.

Gómez se ha expresado de este modo al ser preguntado por la posibilidad de cerrar acuerdos con ERC y PNV, después de que este lunes EH Bildu y Más País confirmaran su apoyo a los PGE.

Además ha defendido que el proyecto de Presupuestos es «del Gobierno» y que varios grupos han mostrado su apoyo al tiempo que ha acusado al PP y Vox de decir «no a todo» y de llevar al Tribunal Constitucional, automáticamente y sin leerlas, las iniciativas del Gobierno. «Echamos de menos planteamientos constructivos» se ha quejado.

El portavoz socialista ha reiterado que el proyecto de Presupuestos cumple con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, vertebra los recursos de los fondos Next Generation e incluye partidas «muy potentes» para cohesión social, en pensiones, protección social, ingreso mínimo vital, acceso de jóvenes a la vivienda generación de empleo y cobertura sanitaria para las Comunidades Autónomas. «Es un extraordinario cuerpo presupuestario que va a garantizar la recuperación justa en España», ha indicado.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido este martes al Grupo Vox-Actúa Baleares que «deje de decir mentiras» y de «hacer demagogia» con la cuestión lingüística en el ámbito de la sanidad.

«A esta comunidad autónoma no ha dejado de venir ningún médico, ninguna enfermera, ni ningún profesional sanitario por el catalán», ha expresado.

Así ha respondido Armengol durante el pleno del Parlament al portavoz de Vox, Jorge Campos, quien ha preguntado sobre la situación de la sanidad pública en las Islas y ha criticado «el fanatismo catalanista» del Govern.

Armengol ha calificado como «excelente» el sistema sanitario público de Baleares, que «se ha visto reforzado por un gobierno progresista que ha dejado de despedir médicos y ha contratado».

Campos ha censurado que «la sanidad pública no iba a ser una excepción y como todo lo que gestiona el Govern, la está hundiendo», asegurando que «las listas de espera han aumentado un 40 por ciento desde 2019».

VOX: FANATISMO CATALANISTA

A su juicio, «su fanatismo catanalista crea un problema donde no lo había». «Usted está enferma de intolerancia y odio, ordena quitar los carteles en español en los hospitales, excluye a más de 2.000 sanitarios de las bolsas de trabajo, persigue a médicos con falsas denuncias de militantes catalanista», ha criticado. «Con usted el catalán perjudica seriamente la salud», ha respondido a la presidenta.

Ante las críticas, Armengol ha exigido a Campos que «deje de decir mentiras a la población de las Islas» en relación a la cuestión lingüística y ha defendido la gestión del Govern en materia sanitaria durante la pandemia.

En este sentido, ha resaltado que en Baleares hay 5.000 profesionales más que en 2015 y que el presupuesto para Salud del próximo 2022 será «el más alto de la historia democrática». «Nosotros pensamos en la gente, no pensamos en la crispación que es lo único que le interesa», ha enfatizado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a un acusado de apropiarse de la herencia de su tío cuya heredera universal era la Hermandad de la División Azul.

En una sentencia, se condena a Bernardo B. A. como autor de un delito de apropiación indebida a la pena de dos años de prisión y multa de siete meses, con una cuota diaria dediez euros. En concepto de responsabilidad civil, se le condena a pagar a la Hermandad Nacional de la División Azul la cantidad de 152.000 euros.

En su escrito de acusación, el fiscal solicitó seis años y seis meses de prisión por delitos de apropiación indebida y estafa, del que ha sido ahora absuelto.

Los hechos se remontan al 2 de agosto de 1994 cuando un tío de B. B. A. le otorgó un testamento abierto en el que nombraba heredera universal de sus bienes a la Hermandad Nacional de la División Azul. Años más tarde, en concreto el 20 de enero de 2010, A. A. R. acudió al Hospital de la Princesa donde se le diagnosticó demencia degenerativa primaria tipo E. Alzheimer de grado moderado.

Una semana después el acusado ingresó a su tío en el Centro Residencial Valdeluz y, simultáneamente, el director remitió al Juzgado de Móstoles el correspondiente comunicado de internamiento de un presunto incapaz. En dicho comunicado se hacía constar que «por su estado psicofísico actual no ha sido posible la firma del contrato de admisión en este centro».

No obstante, no se incoó procedimiento de internamiento no voluntario hasta el 31 de mayo de 2010, esto es, 28 días después de que falleciera A .A. R. a la edad de 87 años.

Antes de ingresar en el centro, el tío designó al acusado como autorizado en una de las cuentas de las que era titular, motivo por el cual tuvo acceso a las claves propias para la realización de operaciones de banca electrónica.

De este modo, «aprovechando el acusado su condición de autorizado en cuenta» y que su tío se encontraba ingresado en una residencia «con un diagnóstico médico de demencia degenerativa», realizó varias las operaciones «movido en todos los casos por un ánimo de ilícito enriquecimiento».

Así, desde la cuenta de su tío donde figuraba como autorizado, realizó reintegros y transferencias, incluso días después del fallecimiento de su familiar.

Estas transferencias tenían como destinatarios a él mismo, a sus hijos, a su sobrino o a su esposa con quien compartía una cuenta. Sin embargo, los 49.950 euros ingresados en la cuenta de su sobrino fueron devueltos a la Hermandad Nacional de la División Azul a instancias de su hermano, «ajeno a los hechos descritos».

Igualmente, los días 2 y 3 de junio el acusado restituyó a la cuenta del fallecido la cantidad total 122.700 euros, lo que sumado a la anterioridad cantidad hace un total devuelto de 172.650 euros de los 172.950 trasferidos desde la muerte de su tío.

Del mismo modo, y durante los primeros meses de 2010, el acusado canceló un fondo de inversión y procedió a realizar cuatro reembolsos que permitieron aumentar el saldo de una cuenta propiedad de su tío y de la que él era apoderado en un total de 293.296,44 euros.

Por último, la Fiscalía alude a la firma de una escritura de compraventa de un inmueble en San Javier (Murcia) «aprovechando igualmente el deterioro cognitivo».

El precio de venta fue de 100.000 euros de los cuales 24.000 se declaraban percibidos por el vendedor, emitiéndose un pagaré por el acusado por el importe restante, 76.000 euros, con vencimiento el 10 de mayo de 2010.

El acusado, «que nunca tuvo voluntad real de pagar el precio pactado», se quedó con el pagaré, el cual no fue presentado al cobro llegado su vencimiento, «debiendo la Hermandad Nacional de la División Azul interponer demanda civil contra el acusado para obtener el pago del precio restante, pago que era negado por el acusado alegando que le había sido condonado por el vendedor».

La Guardia Civil de Ourense ha detectado un vehículo que circulaba a 243 kilómetros por hora en la autovía A-52 a su paso por el término municipal ourensano de Allariz, que está limitada a 120 km/h. El individuo, que cuenta con antecedentes, obtuvo positivo en cocaína en el test de drogas.

Así lo ha informado el Instituto Armado, que ha detallado que este conductor tiene diversos antecedentes y sobre él hay una orden de búsqueda, detención y personación de un juzgado de Córdoba.

Las mismas fuentes han relatado que sobre las 17,40 horas de este pasado lunes 22 de noviembre una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense estableció un control de inspección de velocidad en el kilómetro 207 de la autovía A-52, sentido a O Porriño (Pontevedra), en las proximidades de la localidad de Allariz.

Entre los infractores detectados por exceso de velocidad, se encontraba un vehículo turismo marca Volkswagen, modelo Golf, que circulaba a 243 km/h, pese a estar limitada en esa vía a 120 km/h.

Por ello, a su conductor, un varón de 34 años y residente en Cambados (Pontevedra), se le ha imputado un supuesto delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, por circular con un vehículo a motor en vía interurbana a una velocidad superior en, al menos, 80 km/h a la permitida.

Asimismo, este conductor fue sometido a la prueba de detección de drogas, en la que obtuvo positivo en el consumo de cocaína, a la espera del resultado definitivo del laboratorio.

Además, sobre este varón pesa una orden de búsqueda, detención y personación de un juzgado de Córdoba, indica la Benemérita. Este conductor se enfrenta a una posible pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, añaden las mismas fuentes.

PRUDENCIA

Por parte del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense se hace un llamamiento «a la prudencia» y se insta a los conductores «a no rebasar los límites de velocidad establecidos, ya que el riesgo de muerte y lesiones graves es mayor a velocidades elevadas».

«Cuanto mayor sea la velocidad del vehículo, mayor será la distancia necesaria para detenerlo. Circular a una velocidad segura permitiría que el vehículo se detenga a tiempo, logrando evitar males mayores», advierte.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Assens, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retire las tanquetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP) ante las protestas de los trabajadores del sector del metal.

«Ministro Marlaska, saque las tanquetas de las calles de Cádiz, siempre se las puede devolver a la ministra de Defensa», ha lanzado durante su intervención en la sesión plenaria del Congreso dedicada a los Presupuestos Generales del Estado.

Asens ha criticado que estas tanquetas no se vieron en las manifestaciones de Núñez de Balboa (Madrid) en protesta por las declaraciones contra el estado de alarma, ni tampoco en Chueca «con las manifestación de neonazis».

«¿Las veremos este sábado en la manifestación por Ley Mordaza?», se ha preguntado en alusión a la protesta convocada por sindicatos policiales contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Al inicio de su intervención, el dirigente de En Comú Podem ha querido expresar su solidaridad con los huelguistas de Cádiz, que ejercen unos derechos que «no son un regalo caído del cielo» y se enfrentan a los «abusos» de la patronal del sector del metal.

El espacio confederal ya ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior por el despliegue de estas tanquetas y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha elevado esta cuestión en el seno del Gobierno.

Asens ya manifestó ayer que el uso de estos medios era un error y otros cargos del espacio confederal se han mostrado críticos con el despliegue de dichas tanquetas.