El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea iniciará este lunes una ronda de declaraciones en la pieza de 'Tándem' relacionada con BBVA que abrirá el exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) Manuel Vázquez, imputado por la denuncia anónima presentada en 2015 contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc.

Será un día después, el martes, cuando el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 tome declaración al ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano --a partir de las 10.00 horas-- y al que fuera consejero delegado de la entidad Ángel Cano --a las 12.00.

Vázquez, Corrochano y Cano son algunos de los imputados en esta pieza separada de 'Tándem', la número 9, en la que se indaga sobre los contratos del BBVA con CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario jubilado José Manuel Villarejo más de 10 millones de euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional imputó a Vázquez este mes de noviembre accediendo así a lo planteado por la Fiscalía Anticorrupción y, en parte, por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

EL PROYECTO 'PIN'

La investigación de esta pieza separada se inició a instancias de Anticorrupción a raíz de una denuncia que hablaba de la existencia de un plan --denominado proyecto 'Pin'--, que "habría tenido por objeto que Villarejo espiara al propio Pineda a cambio de recibir del BBVA unos 500.000 euros anuales durante varios semestres mientras Villarejo era funcionario policial en activo".

Así se señalaba en un auto dictado en 2018 por el titular del jugado, Manuel García-Castellón, donde se añadía que la finalidad de esa contratación sería la de destruir la reputación de Pineda y, posteriormente, servirse de la unidad especializada en delitos económicos de la Policía Nacional para presentar una denuncia anónima que diera lugar a su detención.

Precisamente, Gadea acordó imputar a Vázquez porque del escrito de Pineda "se desprenden algunos hechos que han de ser objeto de investigación". "Se considera que la citación (...) resulta una diligencia de instrucción necesaria, útil y pertinente", sostenía el juez instructor.

EL ESCRITO DE CORROCHANO SOBRE VILLAREJO

La declaración de Corrochano, fijada el pasado 1 de diciembre, llega después de que éste enviase en octubre un escrito al juez en el que sostenía que era "inimaginable" que Villarejo siguiera en activo cuando el banco le contrató en diciembre de 2004, aseverando en la misma línea que "nunca" sospechó que la información que les proporcionaba pudiera proceder de bases policiales de acceso restringido.

En el mismo, Corrochano aseguró que conocía a Villarejo desde 1974, cuando coincidieron en la lucha antiterrorista en la Comisaría de San Sebastián, pero que no retomaron el contacto hasta 2003, cuando siendo jefe de Seguridad de BBVA recibió una llamada de su antiguo compañero para ofertarle los servicios de "inteligencia empresarial" de una de las compañías que había creado tras dos excedencias de las Policía Nacional y "muchos años de actividad en el sector privado con bastante éxito".

De acuerdo con el relato de Corrochano, le pareció "buena idea" conocer los servicios ofertados, de modo que acordaron una reunión que se celebró en las oficinas de BBVA, siendo el socio del comisario, Rafael Redondo, quien llevó a cabo la presentación de la compañía. Las relaciones quedaron congeladas hasta que a finales de 2004 la entidad bancaria requiere ese tipo de trabajos y contrata con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.

CANO SE OFRECIÓ A DECLARAR AL SER "ESENCIAL" PARA SU DEFENSA

Por su parte, Ángel Cano se ofreció a declarar voluntariamente al considerar que es "esencial" para su defensa. Cano fue citado como investigado en julio de 2019, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar "por estar en secreto las actuaciones", según recordó en un escrito del pasado 16 de noviembre.

A renglón seguido el ex consejero delegado explicaba que ahora, "tras la lectura de la causa y el estudio de las declaraciones prestadas por investigados y testigos", deseaba declarar "a fin de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos".

La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un joven de 25 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa cometido tras cometer presuntamente una agresión múltiple ocurrida en la vía pública de la localidad de Puerto Rico-Mogán (Gran Canaria) hace más de dos años, concretamente el día 15 de junio de 2019.

Según ha informado este viernes un portavoz de la Comandancia melillense, el arrestado es un varón de 25 años de edad, de nacionalidad española, con residencia en Melilla, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos de la misma naturaleza.

La citada fuente ha destacado que la Guardia Civil de la Comandancia de Melilla, en coordinación con el Equipo Territorial de Policía judicial de Puerto Rico en Gran Canaria (España), han esclarecido este 15 de diciembre en delito de homicidio en grado de tentativa, cometido presuntamente sobre un joven de dicha localidad, "que fue agredido por otras cuatro personas, que le propinaron fuertes y violentos golpes en varias partes del cuerpo y en la cabeza cuando yacía inmóvil en el suelo".

A consecuencia de la gravedad de las lesiones, la víctima ingresó en el Hospital Insular de Las Palmas, donde se le tuvo que practicar un coma inducido durante tres semanas, hasta lograr los servicios sanitarios su estabilización y salvarle la vida.

El portavoz de la Comandancia de Melilla ha explicado que el Equipo Territorial de Policía Judicial de Puerto Rico (Las Palmas) realizó una investigación policial que permitiría la identificación del presunto autor ubicándolo en la ciudad autónoma, al tener vínculos con la misma, solicitándose la práctica de diligencias y la colaboración para su detención.

Las gestiones practicadas por el Área de Investigación de la Comandancia de Melilla han dado resultado positivo, llevándose a cabo su localización y detención durante la mañana del 15 de diciembre y correspondiente puesta a disposición judicial como presunto autor del delito de homicidio en grado de tentativa cometido hace algo más de años en las Islas Canarias.

La plataforma Somescola se moviliza el mediodía de este sábado en el Arc de Triomf de Barcelona contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) que ratificó la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán, bajo el lema 'Ara i sempre, l'escola en català'.

La manifestación arrancará a las 11 de la mañana en la plaza Tetuan y, a modo de "marea verde", desfilará hasta el Passeig Lluís Companys, frente al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), donde habrá un acto reivindicativo a las 12.

En la presentación del acto el pasado 29 de noviembre, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en nombre de la plataforma que reúne a 54 entidades, explicó que el acto pretende "dejar bien claro al Estado español que el modelo de escuela catalana no solo genera un gran consenso sino que moviliza".

La movilización, según previó Cuixart, será "festiva, lúdica pero sobre todo reivindicativa" ya que tendrá lugar frente al TSJC, quien emitió la sentencia que fijaba un 25% para todo el sistema educativo catalán que, después, el TS reafirmó.

Cuixart adelantó que habrá más acciones "prolongadas en el tiempo", que el plan de movilizaciones contra las sentencias del 25% irá mucho más allá de este 18 de diciembre --en sus palabras--, y otros miembros de Somescola avisaron de que podrá haber acciones en los centros.

PRESENCIA DE POLÍTICOS

El Govern de la Generalitat, encabezado por el presidente Pere Aragonès, asistirá a la manifestación: la portavoz, Patrícia Plaja, llamó a la ciudadanía a "alzar la voz para decir que el catalán en la escuela no se toca" y el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, pidió llenar las calles.

Además del Ejecutivo catalán, ERC, Junts, la CUP y los comuns participarán en la manifestación y, además, la protesta contará con la presencia de la ANC, que junto a la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) harán un acto propio justo antes de la movilización y formarán una columna con el lema 'Pel futur del català i de l'escola catalana, independència!' (Por el futuro del catalán y de la escuela catalana, ¡independencia!).

El PSC, en cambio, no se manifestará, porque según explicó su presidenta, Núria Marín, la movilización coincide con el Congreso Extraordinario de la formación, algo que ha provocado las críticas del Govern y de los partidos independentistas, que consideran que los socialistas han abandonado el "consenso" de la inmersión de la que fueron impulsores.

De hecho, Aragonès durante la sesión de control en el pleno del Parlament de este miércoles pidió al líder del PSC, Salvador Illa, mantenerse en defensa de la inmersión lingüística: "Lo tenemos que hacer entre todos y queremos que ustedes también estén. Lo tenemos que hacer conjuntamente todos los que hemos defendido el modelo lingüístico en la escuela catalana".

Si bien la movilización se planteó en respuesta al fallo del TS que afecta a todo el sistema educativo catalán, desde la publicación de dicha decisión el TSJC también ha fijado un 25% en una escuela concreta de Canet de Mar (Barcelona), que ha generado manifestaciones de rechazo y se ha trasladado a la discusión política, con acusaciones de haber emprendido una campaña de acoso a la familia denunciante.

Precisamente este caso ha centrado parte del debate parlamentario de esta semana en la Cámara catalana, que se ha producido entre tensión y evidenciando las diferencias entre los grupos parlamentarios: Vox, Cs y el PP acusaron al Govern de incitar el señalamiento de la familia denunciante de Canet, mientras que los partidos independentistas, el PSC y los comuns pidieron dejar el partidismo y la crispación al margen de este asunto.

La Fiscalía ha recurrido este viernes directamente ante la Audiencia Provincial de Granada el auto del titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, en el que se denegaba suspender la ejecución de la pena de Juana Rivas tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

En una nota informativa emitida desde la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio Público señala que en este caso se cumplen los requisitos legales establecidos en el Código Penal, y que hay otros motivos que fundamentan su puesta en libertad, como que Rivas "ha satisfecho las responsabilidades civiles, tiene un pronóstico de reinserción favorable y ha acatado los fundamentos de la sentencia condenatoria, puesto que ha venido cumpliendo escrupulosamente el régimen de visitas establecido por la justicia italiana".

La Fiscalía aprecia además como dato relevante que el otro progenitor, Francesco Arcuri, haya solicitado también la libertad, así como el hecho de que los tribunales italianos le hayan concedido un amplio régimen de estancia durante el período navideño. "Lo que da muestra de la confianza de esa jurisdicción civil en el ejercicio del derecho de visitas por parte de la Sra. Rivas, dice la nota.

Por otro lado, la Fiscalía valora "de manera muy especial" el superior interés de los niños a recuperar y normalizar la relación con su madre. Y ataca el auto del juez señalando que entiende que las valoraciones y apreciaciones realizadas en el mismo "son puramente personales".

"No ha sido contrastado de manera objetiva con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento -no necesario, por otra parte, para el otorgamiento de la suspensión-, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, y en la que en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno", subraya.

EL AUTO DEL JUEZ DE GRANADA

Este recurso se suma al ya presentado por la defensa de la madre de Maracena, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, el pasado miércoles y que también era en apelación, es decir, directamente ante la Audiencia Provincial. En el mismo solicitaban la revocación del auto dictado.

Fue el viernes 10 de diciembre cuando se conoció que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazaba suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

El juez Manuel Piñar alegaba que Rivas, cuya pena tras el indulto ha quedado reducida a un año y tres meses de prisión, "no ha mostrado arrepentimiento". "En varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer", mantenía el juez, que incidía además en "el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre", apuntando a supuestos "indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia".

En concreto, en el razonamiento jurídico segundo señalaba que la plena libertad de la madre supondría un peligro para sus hijos "según se deriva de los datos obrantes en la causa, a los folios 1022 y 3130, que arrojan indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia".

CRÍTICA AL GOBIERNO

Para el magistrado, "la ausencia de arrepentimiento y la posterior repetición de la misma conducta indica una predisposición a cometer nuevamente el mismo delito".

El juez en su auto también criticó que tuviera que ser él quien tuviera que decidir sobre la suspensión que pedía Rivas, "pues habiendo sustituido el Poder Ejecutivo al Judicial, concediendo el indulto, debió también pronunciarse sobre las consecuencias que debían regir en el cumplimiento de la restante pena impuesta". Y añadía que así lo habían hecho con la medida que afecta a la patria potestad.

Tras la concesión del indulto parcial, la defensa de Rivas, que ejerce el despacho Aránguez Abogados, en escrito de 19 de noviembre, solicitó la suspensión de la pena que le resta por cumplir en el centro de inserción social Matilde Cantos de Granada.

La Corte Suprema de Roma ha desestimado la petición de Vox de participar en la causa sobre la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont después de que éste fuese detenido en la región italiana de Cerdeña.

Fuentes jurídicas han informado, que el tribunal ha rechazado también la solicitud de la formación liderada por Santiago Abascal de revocar la suspensión de la tramitación de la orden europea de detención relativa al líder independentista.

Según ha precisado el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, en su cuenta de Twitter, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Vox y ha condenado al partido al pago de las costas judiciales.

La vicesecretaria jurídica de la formación, Marta Castro, asistió este jueves a la vista en Roma y aseguró que no entendía por qué el partido no puede "ser parte y seguir defendiendo la unidad de España" tal y como, según dijo, hizo ante el Tribunal Supremo español.

"Seguiremos luchando y no vamos a consentir que los separatistas sigan amparándose en la Unión Europea para conseguir sus propósitos de segregar el territorio nacional y vulnerar la soberanía nacional", indicó.

Vox pidió desde un primer momento personarse en la pieza de la situación personal sobre Puigdemont abierta en la Corte de Apelaciones de Sassari (Cerdeña) tras la detención del expresidente de la Generalitat el pasado septiembre.

Entonces, Castro enmarcó este movimiento procesal en los esfuerzos que dice que Vox está llevando a cabo desde la sentencia del 'procés', causa en la que ejerció como única acusación popular, "para lograr que los tres fugados fuesen puestos a disposición de la justicia española y enjuiciados".

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que la Constitución requiere una reforma profunda que garantice, en referencia a la monarquía, que la "Jefatura del Estado no constituye un espacio privilegiado de impunidad para actos ilícitos o directamente ilegales".

También ha trasladado que aspiran a hacer posible, dentro de unos años, a crear empresas públicas en sectores estratégicos como en el sector de las telecomunicaciones, que evite que los datos de la ciudadanía estén en manos privadas y pasen a una "nube" digital "pública y protegida".

Durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, la ministra de Derechos Sociales ha destacado que su formación debe liderar nuevos cambios en el país, para lo cual el espacio confederal debe aspirar a ser mayoritario.

En este sentido, uno de los retos del futuro que ha citado es reconocer que a la Constitución le hace falta "más que meros cambios cosméticos", pues necesita una reforma que incorpore los nuevos consensos "ecologistas" y "feministas".

Por ello, ha exhortado a trabajar para crear, a través de la reforma de la carta magna, un "nuevo sistema verdaderamente democrático que garantice que todos son iguales ante la ley".

"Y que la Jefatura del Estado no constituye un espacio privilegiado de impunidad para actos ilícitos o directamente ilegales", ha lanzado en referencia velada a la investigación de presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I.

RECIENTES CRÍTICAS A LA MONARQUÍA

La propia Belarra dijo en un reciente acto en Málaga que la monarquía se ha convertido en el "mejor" y "más perfecto mecanismo para la corrupción", dado que la existencia de propia institución podría volver a propiciar casos como las supuestas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I.

"El problema no es quien ostente el cargo, quien sea rey, sino que cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo Juan Carlos I. Ese es el problema compañeros", proclamó entonces.

A su vez, ha insistido en acometer durante el año que viene una profunda revisión de la política fiscal y ha marcado como objetivo la creación de empresas públicas en sectores estratégicos, como la energía, la industria farmacéutica o el mencionado caso de las telecomunicaciones.

El Gobierno de Costa Rica ha aprobado la expansión del Parque Nacional de la Isla del Coco en 53.000 kilómetros cuadrados, lo que supone multiplicar por 27 su tamaño actual, con el objetivo de proteger la biodiversidad terrestre y marina. Además, ha anunciado la creación del nuevo área marina de manejo 'Montes Submarinos del Bicentenario'.

El decreto, que ha sido firmado este viernes por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aumenta el área totalmente protegida en sus aguas del Pacífico en casi 53.000 kilómetros cuadrados.

A unos 500 kilómetros de las costas de la Costa Rica continental, el Parque Nacional Isla del Coco es un área totalmente protegida que prohíbe la pesca y otras actividades extractivas, y fue designada por el gobierno de Costa Rica en 1982.

En concreto, el nuevo área del Parque Nacional Isla del Coco contará con una extensión de 54.844 kilómetros cuadrados y la nueva Área Marina de Manejo del Bicentenario con 106.285.56 kilómetros cuadrado de resguardo, lo que le permitirá al país ampliar la protección de sus mares -que constituyen un 92 por ciento del territorio costarricense- pasando de un 2,7 por ciento a una protección aproximada de 30 por ciento.

El presidente Alvarado también creó el Área Marina de Manejo de los Montes Submarinos del Bicentenario, el doble de tamaño del Parque Nacional Isla del Coco ampliado, que incluirá algunas áreas de veda y fortalecerá la gestión pesquera.

"La ciencia ha concluido que para reducir la pérdida acelerada de biodiversidad que estamos atravesando. Por eso, debemos proteger nuestros ecosistemas terrestres y marinos", expresó el presidente Alvarado.

La iniciativa forma parte del acuerdo firmado el 2 de noviembre pasado en el marco de la XXVI Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) entre los presidentes de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Estos países se comprometieron a proteger un total de 500.000 kilómetros cuadrados en el Pacífico tropical este.

Además, la firma del decreto se enmarca en las diversas acciones que emprende el país en la lucha contra el cambio climático, como su impulso a la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas. Esta es una alianza liderada por Costa Rica, Francia y Reino Unido, cuyo objetivo es conservar el 30 por ciento de la superficie terrestre y marina para el 2030.

La región alberga especies en peligro de extinción de tiburones, tortugas marinas y mamíferos marinos que migran entre las áreas marinas protegidas a lo largo de "corredores marinos".

Costa Rica recuerda que en 2009 National Geographic Pristine Seas junto con sus socios FAICO, Costa Rica Por Siempre, Marviva, The Nature Conservancy, Conservation International, Pretoma y Universidad de Costa Rica, desarrollaron una expedición para estudiar los ecosistemas prístinos en la isla del Coco. El fin último era establecer nuevas líneas de base científicas para los montes submarinos intactos y críticamente importantes que se ubican alrededor de la isla.

Los expedicionarios marcaron tiburones y tortugas marinas para obtener datos sobre la migración de largo alcance, medir la abundancia de peces de arrecife y tiburones, y realizar los primeros estudios científicos en los montes submarinos al sur de la isla.

Pristine Seas y sus socios produjeron informes científicos que sirvieron de fundamento para la creación del Área Marina de Manejo y la expansión del Parque Nacional Isla del Coco.

El explorador residente de National Geographic y fundador de Pristine Seas, Enric Sala, compara la Isla del Coco con Jurassic Park. Esto es como "un raro lugar salvaje" que muestra cómo fue el océano del pasado, pero también cómo podría ser el océano del futuro, si así se decide.

Además, Sala celebra la expansión del Parque Nacional como un "testimonio del liderazgo oceánico" del gobierno de Costa Rica, que protege aún más a este sitio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad de la creciente amenaza de la pesca industrial".

Por último, el fundador de FAICO, Carlos Manuel Uribe, ha valorado la extensión del Parque Nacional Isla del Coco y la creación del Área Marina Protegida Montes Submarinos del Bicentenario como "un hito histórico para Costa Rica y el océano".

"Al mismo tiempo, sirve de modelo para que otros países lo emulen y lo sigan. Amigos de la Isla del Coco (FAICO) se compromete a seguir ayudando al Gobierno de Costa Rica en la conservación de su mar", ha defendido.

Pristine Seas ha apoyado la creación de 26 áreas marinas protegidas en todo el mundo. Actualmente, menos del 8 por ciento del océano está protegido, pero el programa trabajará con comunidades locales, los pueblos indígenas, los gobiernos y sus socios para ayudar a lograr la protección de al menos el 30 por ciento del océano para el 2030.

ENCLAVE DE CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

El Parque Nacional Isla del Coco se ubica en una región donde interactúan las corrientes y los procesos dinámicos del Domo Térmico. Estas corrientes, al chocar con los montes submarinos, generan un ascenso de nutrientes, convirtiéndose en un hábitat esencial para muchas especies marinas, desde las que son base de la cadena alimentaria, hasta grandes depredadores. Estas condiciones oceanográficas particulares de la Isla del Coco no se observan en otras partes del mundo, según asegura el gobierno costarricense.

La Isla del Coco y los montes submarinos han sido calificados como sitios únicos por su riqueza y abundancia de especies que utilizan sus aguas, por lo que su protección asegura un alto porcentaje de la biodiversidad del país y del mundo.

El Parque Nacional Isla del Coco alberga 1.688 especies de fauna marina, de las cuales 45 son endémicas (el 47,4% de todas las especies marinas endémicas de Costa Rica).

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado las "resistencias" del PSOE a cumplir y ser "leal" al acuerdo de coalición, para lamentar además que se etiquete como "ruido" las demandas de su partido para que se cumpla lo pactado.

De esta forma y durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de la formación morada, ha detallado que, pese a ello, el Gobierno de coalición con el PSOE "era y es" el "mejor posible", si bien "no es el mejor que pueden imaginar" dado que se requieren auténticas políticas transformadoras y no meros "remiendos".

Para Belarra, la gente "siente" que se dedican a poner "parches", que aunque ahora sean "imprescindibles", no son suficientes y ha recalcado que la formación debe aspirar exigir el cumplimiento del pacto con su socio "hasta el final de legislatura" e ir "más allá".

Ante sus correligionarios, la secretaria general de Podemos ha criticado que si etiquete como "ruido" las demandas al PSOE para cumplir los compromisos firmados, mientras que se ha "silenciado" el hecho las resistencias a desplegar el acuerdo.

Es más, ha dicho que algunos poderes e incluso algunos sectores socialistas les gustaría que el Ejecutivo de coalición fuera un hito "exótico", un episodio "breve" de la política, ha proclamado que la ciudadanía ya no acepta la cultura del bipartidismo y aspiran en el futuro a ser mayoritarios.

EXIGIRÁ MANTENER TODAS LAS MEDIDAS PARA BAJAR LA LUZ

Por ejemplo, Belarra ha trasladado también que van a exigir al PSOE que todas medidas para rebajar la luz, tanto las tributarias como la minoración de los 'beneficios caídos del cielo a las eléctricas, se prolonguen el tiempo que sea necesario, no solo hasta marzo del año que viene.

En este sentido, ha destacado que iniciativas como reducir el IVA al 10% y la "retirada sin precedentes" de los beneficios caídos del cielo ha logrado "algunas bajadas" y al menos contener las subidas, pero ha admitido que no ha logrado una reducción más importante como aspiraban, dado que no pueden influir en la situación de los precios del gas en el mercado internacional.

"Las medidas para que los beneficios multimillonarios de las eléctricas se dirijan a reducir la factura de la luz de los ciudadanos de nuestro país, que finalizan en marzo, y deben continuar mientras persistan los altísimos precios del gas a nivel internacional. Y por eso vamos a exigir al PSOE que estas medidas, todas -no sólo las fiscales-, se prorroguen el tiempo que sea necesario", ha apuntado.

De esta forma, la líder de la formación morada ha promulgado que deben conseguir ser mayoritarios y ha puesto como ejemplo la necesidad de revisar a fondo la política fiscal en 2022, para poder conseguir un modelo realmente progresivo.

La secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha solicitado este viernes al consejero de Educación, Enrique Ossorio, una reunión con carácter urgente debido al aumento de los contagios por coronavirus entre alumnado, profesorado y personal educativo para que se retomen las medidas sanitarias en los centros del año pasado.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que se ha detectado "un incremento exponencial de casos positivos" entre la comunidad educativa.

Galvín ha criticado que la Consejería de Educación no se haya anticipado a "lo que era previsible" que pasara. "El trimestre está finalizando como anticiparon los epidemiólogos, que desaconsejaron totalmente desmantelar las medidas sanitarias que habían funcionado bien durante el curso pasado porque avanzaron que podía ocurrir lo que está ocurriendo en este momento", ha subrayado.

De hecho, ha recordado que CC.OO. pidió a la Comunidad de Madrid que anticipara la tercera dosis al profesorado y al personal educativo, "y no se ha hecho".

ADAPTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS

La responsable sindical ha insistido en las recomendaciones que ayer mismo se hicieron desde la Unión Europea, en concreto, la necesidad de generalizar la tercera vacuna al máximo número de personas de las distintas franjas de edades, pero también recuperar las medidas sanitarias de protección que habían funcionado en las primeras olas de la pandemia.

"Es fundamental garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Hemos solicitado al consejero la bajada de ratios, los desdobles de grupos y el resto de medidas de seguridad que se desmantelaron a principio de este curso en septiembre y que habían funcionado muy bien durante el curso pasado", ha expresado.

Por último, ha avisado a la Consejería de la importancia de la planificación del segundo trimestre, ya que la recuperación de las medidas sanitarias supone "sin ninguna duda la previsión de contratación de los profesionales que hacen falta".

De la misma manera que, y para dar respuesta a la situación sanitaria, considera que "es preciso adaptar los protocolos sanitarios que se aplican en los centros educativos".

Fuentes de la Consejería de Educación han trasladado que desde el principio del curso escolar han estado "en continuo contacto y de manera coordinada" con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para analizar la evolución del Covid-19 en el ámbito educativo.

Asimismo, el Gobierno regional planteó varios escenarios, basados en un documento aprobado por el Ministerio de Educación y FP y las comunidades autónomas, a implementar según el criterio de las autoridades sanitarias.

Sobre la petición de la tercera dosis para el profesorado y personal educativo, las mismas fuentes han recordado que los grupos de vacunación los fija el Consejo Interterritorial de Salud, ya que se enmarca dentro de la estrategia nacional.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los exdirectivos del Banco de Valencia y Bancaja y a los cinco integrantes de la familia Calabuig Gimeno por el 'caso Bellver', en el que se investigaba una operación de compraventa de acciones que provocó un perjuicio económico a las entidades bancarias.

En una sentencia de 48 páginas, el Juzgado Central de lo Penal Número 1 absuelve a los dos principales imputados: el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y el que fuera director general de Bancaja Aurelio Gómez. Parra, en concreto, mostró su conformidad con las acusaciones de las distintas partes en el juicio.

Pese a que la sentencia constata que hubo un "claro enriquecimiento" por parte de los vendedores en las operaciones de compra y venta de las acciones, reconoce que "el derecho penal no sanciona comportamientos éticos".

El Ministerio Público colocó a Parra en el centro de los hechos, figurando por aquel entonces como consejero delegado del Banco de Valencia y como consejero de la sociedad Inversiones Financieras Agval, que estaba participada al 50% por la familia Calabuig Moreno y, en su otra mitad, por Bancaja Habitat.

El fiscal sostenía en un inicio que, durante el tiempo que ejerció ambos cargos, llevó a cabo una "operación irregular", que consistió en la compra de la sociedad Costa Bellver, que también estaba participada por los hermanos Calabuig. En concreto, fue en 2009 cuando la familia Calabuig se decidió a la adquisición de acciones de la mercantil, dedicada a la actividad inmobiliaria, y que había sido fundada por otra estirpe, los Bordils.

Parra, por medio de Agval, se habría hecho con Costa Bellver a un precio de 80.044 euros la acción, cuando la familia Calabuig las había adquirido anteriormente por un valor aproximado de 30.664 euros, un importe ostensiblemente inferior.

"DUDAS" SOBRE EL VALOR DEL TERRENO

La Fiscalía Anticorrupción consideraba que "mediante dichas operaciones aprobadas por el Consejo de Administración de Agval se beneficiaron económicamente de forma injustificada" los hermanos Calabuig y una de sus sociedades, Fucsa.

Sin embargo, la sentencia llama la atención sobre "la falta de precisión y las dudas" generadas por uno de los peritajes que se realizó y que tenía que ver con el valor de los terrenos de Costa Bellver al tiempo de los hechos.

La prueba pericial "impide por sí sola tener como probado que los indicados terrenos" tuvieran "un valor inferior al establecido en las ventas a AGVAL, lo que igualmente impediría tener probado de formaindubitada el perjuicio".

En este punto, recuerda la sentencia que en aquellos casos en los que el tribunal no puede llegar a una convicción firme sobre lo probado debe resolver en favor del reo. Así, para destruirse la presunción de inocencia es necesaria que la actividad probatoria sea suficiente para generar la evidencia de existencia de un hecho punible y de responsabilidad penal.

"NINGUNA PRUEBA" SOBRE LOS EXDIRECTIVOS

En este contexto, el tribunal justifica la absolución de los hermanos Eugenio y Enrique Calabuig en la "patente inconcreción de la acusación dirigida" contra ambos. En cuanto a los otros tres hermanos, Celia, Mercedes y Pedro, el tribunal les absuelve después de que el Ministerio Fiscal y la acusación particular retirasen los cargos contra ellos. En un principio, habían sido considerados como cooperadores necesarios.

La sentencia también exime de cualquier responsabilidad al ex consejero delegado de Bancaja Habitat José Cortina y al directivo de Bancaja Manuel Setién después de que no se practicase "ninguna prueba" en el juicio que acreditase que ambos eran administradores "de hecho o de derecho" de la entidad.

Tampoco quedó demostrado que "tuvieran participación alguna en los hechos enjuiciados". "Pues no se puede tener como tal que un empleado de la inmobiliaria realice los estudios que les encargan sus jefes, ni porque comparezca como apoderado de la inmobiliaria para la firma de los contratos de compraventa decididos y ordenados por administradores de la sociedad y sus jefes directos", recoge la misma.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó inicialmente cuatro años de prisión por un delito de administración desleal para Aurelio Gómez y para Domingo Parra en concepto de autores. Además, interesaba la misma pena para los cuatro hermanos restantes, para Cortina y para Setién, todos ellos como cooperadores necesarios.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este viernes una primera reunión con su homóloga canadiense, Anita Anand, con quien ha coincidido en respaldar la postura de la OTAN ante la escalada militar de Rusia en la frontera con Ucrania.

Robles y la ministra canadiense han mantenido un encuentro por videoconferencia en el que han abordado la situación en la frontera de Ucrania, respaldando la postura de OTAN, y han mostrado su apuesta por la máxima desescalada en los conflictos, según ha informado el Ministerio.

La Alianza Atlántica se ha mostrado "profundamente preocupada" ante la escalada militar de Rusia en la frontera ucraniana y ha hecho un llamamiento a las autoridades rusas para la desescalada y para buscar canales diplomáticos de diálogo.

Además, las Fuerzas Armadas de España y Canadá trabajan juntas en la misión de la Alianza Atlántica en Letonia de disuasión a una posible amenaza rusa.

Ambas ministras han mostrado además su preocupación por la situación en el Sahel y Robles ha destacado las misiones de paz que se desarrollan en el seno de la Unión Europea en el continente africano, donde España aparece como un país esencial y fundamental.

Más allá de las misiones, España y Canadá han conversado sobre la próxima Cumbre de la OTAN de Madrid, que se celebrará el próximo mes de junio y de la que surgirá el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza.

Ambas han subrayado la importancia de la reunión para "buscar desafíos a los problemas globales" y han coincidido en la necesidad de fortalecer la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea en el ámbito de la seguridad y la defensa.

La Policía Nacional ha apuntado este viernes que la principal hipótesis de las circunstancias que rodean a la muerte de Pablo Sierra, el joven estudiante desaparecido hace 15 días en Badajoz, es la que se debió a un accidente, según ha señalado el inspector jefe Chema Gordillo.

Este mando policial ha reiterado que se mantiene el secreto de sumario y que, por tanto, hay que esperar a la autopsia que se practique al cuerpo. En este sentido, ha indicado que barajan como principal hipótesis la muerte accidental del joven, aunque subrayando que "no se descarta absolutamente nada".

En la comparecencia de este viernes, el inspector jefe de la Policía Chema Gordillo ha hecho hincapié en que se sigue el secreto de las actuaciones decretado por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz. Según este mando, "siempre" han seguido varias líneas de investigación, aunque "la más consistente siempre ha sido que se ha realizado por accidente" y que "el chaval ha sufrido un accidente".

"El chaval tenemos constancia de que se dirigía a la Residencia Universitaria Rucab, y en el trayecto se ha equivocado de dirección y por el motivo que sea ha aparecido en el río", ha detallado, para matizar que, una vez que ha aparecido el cuerpo, siguen con la línea de investigación de que "ha sido un fatal accidente lo que ha sufrido este chaval", y que una vez se realice la autopsia podrán dar más datos.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha indicado que el cuerpo encontrado en el río Guadiana es "presumiblemente" el de Pablo Sierra. El cadáver, según ha añadido en una rueda de prensa, se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, y es aquí donde se tiene que confirmar su identidad.

No obstante, ha reiterado que "todo indica" que se trata del joven de 21 años de Zorita (Cáceres) y ha aprovechado para trasladar un "fortísimo abrazo" a su familia. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también ha trasladado su pésame y el de todos los extremeños a la familia de Pablo Sierra.

RECUPERADO DEL AGUA POR LOS GEO

A las 11.43 horas de este viernes, la Policía Nacional ha informado en su cuenta de Twitter del fatal desenlace de una búsqueda iniciada el 2 de diciembre. "Desgraciadamente, todo indica que el cadáver hallado es el de Pablo Sierra. DEP", ha señalado este cuerpo policial. La familia del joven ya había sido avisada para proceder a la identificación.

El cuerpo ha sido localizado sobre las 10.00 horas en el Pico del Guadiana por el Grupo Especial de Operaciones (GEO), que había trasladado a un equipo a la zona. A las labores de búsqueda se han sumado perros de la unidad canina.

El joven de 21 años, estudiante de Medicina, fue visto por última vez en la calle Zurbarán de la capital pacense el jueves 2 de diciembre tras salir con amigos en una zona de ocio y bares. Desde entonces se le buscaba por la zona del Pico del río Guadiana, tras encontrarse su teléfono móvil.

EL TELÉFONO MANCHADO EN LA ORILLA DEL RÍO

Los investigadores han buscado al joven estudiante de Medicina desde que no volvió a su residencia universitaria Rucab. Su teléfono móvil lo encontró un militar que paseaba por la orilla del río, en una zona cercana a donde ha aparecido el cadáver.

El terminal móvil presentaba manchas con lo que parecía restos de sangre, según el testimonio de esta persona que lo encontró y de la primera visual, aunque esto último estaba pendiente de análisis. Según han informado fuentes de la investigación, finalmente se ha descartado este extremo.

La investigación, declarada secreta, indagó desde el primer momento sobre las circunstancias de la desaparición, barajando si se debía a circunstancias violentas o a un accidente. Para ello se recabó el testimonio de las personas que se cruzaron con Pablo la noche que desapareció.

Joaquín Amills, el portavoz de la familia del joven de 21 años, relató a los medios que tropezó con otro chico y a este se le cayó el móvil. "Inmediatamente, Pablo dijo que no se preocupara, que perdonara, que se hacía cargo de la reparación, de cambiar la pantalla o de un dispositivo nuevo", señaló, asegurando que entre ambos hubo un trato "coloquial".

Fue entonces cuando se intercambiaron los números de teléfono y, según contó Amills, Pablo se fue con un amigo suyo, que le acompañó un tramo del camino hasta que se despidieron. Pablo le dijo que iba a coger un taxi.

Por su parte, el encargado del bar Botanic, el establecimiento en el que estuvo Pablo Sierra con sus amigos, aseguró que estuvo un par de horas hasta las 23.45 horas aproximadamente y que vio cómo Pablo se fue "calle abajo".

"Tuvo un pequeño problema con un chico en la puerta", deslizó, coincidiendo con el relato de Amills, y también señaló que se resolvió "amistosamente" y se dieron los teléfonos. "Sus amigos se quedaron dentro", añadió el responsable del establecimiento, a la par que detallaba que "tuvo un resbalón" en mitad de la calle, que se levantó y siguió con su camino.

MANTENER EL SIGILO

El subinspector Raúl Mejía, que ha estado a cargo del operativo de los GEO que lleva desde principios de semana trabajando con un equipo especializado en el río, ha concretado en la comparecencia ante la prensa que se había delimitado una zona de búsqueda "bastante más amplia", aunque con la información que tenían y que les habían aportado incidieron en la "parte superior".

Además, ha indicado que sabían que, con los días transcurridos desde la desaparición, estaban "en tiempo de que pudiese salir" el cuerpo a la superficie, "como así ha sido", y que la zona donde se le ha encontrado era "muy próximo" a donde estaban trabajando y que estaba "ligeramente en superficie, había empezado a subir".

En concreto, el perro de la unidad canina de la policía especializada en la búsqueda de desaparecidos estaba en la embarcación y, cuando se han "acercado y se ha estado tocando ha empezado a marcarlo", ha dicho el subinspector.

A continuación, la delegada del Gobierno ha insistido en que se debe "mantener el sigilo" de la investigación judicial y que en la comparecencia se ha dado "una explicación posible al fallecimiento de Pablo", puesto que se debe esperar a la autopsia y ver "qué es lo que realmente nos dice el equipo forense y si, por supuesto, concuerda lo que se ha visto en el río con esa línea principal de investigación": "eso no significa que podamos esperar cualquier otro resultado".

Chema Gordillo ha añadido que la investigación no ha finalizado ni se ha cerrado, que tienen varias líneas de investigación y, dentro de los parámetros e hipótesis que manejan, siguen trabajando, de manera tal que "única y exclusivamente" lo que ha aparecido es el cuerpo "al parecer" y "probablemente" de Pablo.

Preguntado por la posibilidad de que pudieran estar involucradas terceras personas, ha dicho que no descartan "nada", mientras que sobre el hallazgo del cuerpo este viernes, García Seco ha explicitado que, "en el momento en el que supuestamente pudo sumergirse en el río", hacía una temperatura muy baja y que estos días ha hecho "mucho frío" y la temperatura del agua también lo era, a tenor de lo cual ha matizado que ya les dijeron los forenses que "probablemente pasarían alrededor de 15 días hasta que pudiera el cuerpo aflorar".

Así, uno de los trabajos que han hecho los GEO ha sido "movilizar toda la vegetación y todos los sedimentos que existen cerca de la zona donde apareció el móvil para que, si el cuerpo estuviera enganchado o estuviera en el fondo, pudiera más fácilmente desprenderse y aparecer".

Sobre esto último ha señalado en todo caso que hasta esta semana no se han retomado los trabajos en el agua "porque era muy difícil encontrarlo en otro momento", y que "no es que se suspendiera la búsqueda" sino que "se extendió a otras zonas y a otras líneas de investigación".

La Sala de lo Penal ha absuelto a un hombre condenado a 4 años de prisión por un delito de abuso sexual a una menor al no haberse acreditado si ella tenía 12 o 13 años cuando comenzaron las relaciones sexuales consentidas entre ambos.

En su sentencia, ponencia del presidente de la Sala Segunda Manuel Marchena, el tribunal considera que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia del acusado por falta de soporte probatorio de la edad de la menor. Anula así en casación la resolución de la Audiencia Provincial de Toledo, que condenó al recurrente por el citado delito de abusos sexuales tras concluir que la menor tenía 12 años cuando se produjeron algunos de los encuentros.

Los hechos probados recogidos en la sentencia señalan que el acusado y la menor, los dos nacidos en la República de Mali y con residencia en España, mantuvieron relaciones sexuales, sin violencia, intimidación, fuerza o amenaza, desde el verano y otoño de 2012 hasta enero de 2014, cuando la madre de la menor presentó denuncia al enterarse de la situación. El acusado nunca preguntó la edad a ella ni ésta se la dijo en ningún momento, según los hechos probados.

La Sala analiza la prueba en torno a la edad de la víctima en la fecha en que ocurrieron los hechos, lo que considera clave para determinar si estos tienen o no carácter penal. Cuando ocurrieron los mismos, el Código Penal consideraba abuso sexual las relaciones consentidas con menores de 13 años. Posteriormente, con la reforma de 2015, se elevó de 13 a 16 la edad legal para tener relaciones sexuales consentidas.

CINCO DECLARACIONES DE LA MENOR

En su sentencia, la Sala se detiene en la valoración que hizo la Audiencia del testimonio de la víctima, que llegó a prestar declaración en cinco ocasiones distintas. Observa que en la primera comparecencia ante la Guardia Civil, cuando había cumplido 14 años, la menor situó los hechos "aproximadamente en el verano de 2012".

Pero señala que más allá de la indeterminación de esa referencia cronológica, los términos del informe emitido por el médico forense, a partir del examen de la menor, desarrollado el 25 de junio de 2014, "intensifican la duda acerca de la verdadera edad de la menor".

Resalta que el facultativo de la clínica forense del Instituto de Medicina Legal de Toledo suspendió el examen sin emitir dictamen cuando ella le dijo que las relaciones habían sido consentidas y que en el verano de 2012, cuando comenzaron los contactos sexuales, tenía 13 años cumplidos porque había nacido en 1998, pero que su madre la obligaba a mentir.

Por esa razón, afirma que el médico forense suspendió el examen hasta que se aclarara su verdadera edad y que, con posterioridad, la madre aportó documentos de la República de Mali que indicaban que su hija cumplió los 13 años a los pocos meses de iniciarse las relaciones entre ambos.

El órgano de instancia, prosigue Marchena, "neutraliza esa afirmación, de tanta trascendencia, para dar por probada la edad de la menor y, por tanto, para hacer posible el juicio de subsunción (...) y centra la tipicidad de los hechos en el período que abarca entre el verano de 2012 y el 10 de noviembre de 2012, fecha en la que --la menor-- cumplió los 13 años".

La Sala indica que no puede avalar la valoración probatoria realizada por la Audiencia Provincial, "en la medida en que desplaza el discurso referido a las bases probatorias que le han permitido excluir cualquier duda sobre la edad de la menor y centra su argumentación en el rechazo de la extemporánea alegación por el acusado de un error de tipo -que excluiría la responsabilidad penal por inexistencia de dolo- o un error de prohibición acerca de la significación antijurídica del hecho, por razones ligadas a las coordenadas culturales que definen la convivencia en el país de origen de la víctima y el acusado".

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Añade que "el problema no es qué representación llegó a tener el acusado de la edad de --la menor--, tampoco qué conclusión sugería su aspecto físico, sino la verdadera edad de aquélla que, de haber alcanzado los 13 años, excluiría el carácter penal de su relación".

La sentencia explica que, conforme a reiterada doctrina de esta Sala, a efectos de valorar la hipotética vulneración del derecho a la presunción de inocencia, no basta con constatar si el Tribunal de instancia dudó sobre la edad, "sino si debió haber dudado sobre un elemento determinante de la tipicidad, sobre todo, a la vista de una prueba de descargo de tanta potencia exoneratoria como el informe médico de la Clínica Forense.

En ese informe se hace constar por la propia víctima que "es su madre la que la invita a mentir sobre su verdadera edad".