La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes hacer un frente común contra la «la soledad», la que considera la «nueva pandemia».

«Esto nos está complicando mucho las cosas porque cada vez vamos a ser menos abuelos, cada vez va a haber menos nietos y menos hermanos porque no estamos enfocando los problemas en el futuro», ha indicado.

Así lo ha expresado durante su intervención en el desayuno sobre Economía de la Longevidad organizado por 65yMás, donde también ha solicitado ayuda a toda la sociedad, y especialmente al considerado talento senior, porque «están cambiando el país, están cambiando España por la puerta de atrás y todos nos tienen ayudar más que nunca a juntos sortear esta situación».

La presidenta madrileña ha explicado algunas de las medidas que pondrá en marcha el Gobierno regional pensando en los mayores de 65 años, como la nueva bajada del abono transporte, a partir del 1 de enero, que pagarán 33 euros por la tarjeta anual.

El objetivo, como ha explicado, es que «se muevan, que lo puedan hacer por toda la región y vayan abandonando el vehículo», ha explicado Ayuso, que también les ha detallado el nuevo modelo de residencias, la implantación de la telemedicina para evitar desplazamientos a los centros sanitarios o más programas de cultura.

Esquerra Republicana (ERC) ha confirmado este martes su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 asegurando al Gobierno una mayoría para sacar adelante en el Congreso las nuevas cuentas públicas.

Así lo ha confirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acompañado por los diputados de EH-Bildu Mertxe Aizpurua y Oskar Matute para informar de un acuerdo para introducir cuotas e incentivos para producciones en lenguas cooficiales en cada plataforma dentro de la futura Ley Audiovisual.

Con el apoyo confirmado de ERC, el Gobierno cuenta con los votos suficientes para sacar adelante las cuentas, ya que a los apoyos de PSOE y Unidas Podemos, a la espera aún del PNV, el Ejecutivo suma a EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro.

UN 20% DE LA CUOTA EUROPEA SERÁ EN LENGUA COOFICIAL

Rufián ha señalado que la directiva europea que justifica la nueva Ley Audiovisual reserva un 30% de todas las producciones europeas, por lo que el 6% reservado a las lenguas cooficiales implica que, de todo el catálogo ‘protegido’, el 20% deberá ser en catalán, euskera o gallego. Además, en caso de existir contenido doblado o subtitulado, las plataformas estarán obligadas a ofrecerlo.

El acuerdo también contempla incentivos fiscales, de forma que una parte de la recaudación financiará el Instituto de Cinematografía de Artes Audiovisuales y la producción en lenguas cooficiales. Rufián ha asegurado que el acuerdo de la Ley Audiovisual es «de mínimos» y que, en todo caso, espera poder completarlo cuando empiece a tramitarse.

FONDOS PARA LA COMPRA DE VIVIENDA SOCIAL A LA SAREB

Además, Rufián ha señalado que el acuerdo incluye distintas inversiones territoriales en Cataluña por unos 50 millones de euros, una transferencia de 10 millones a la Generalitat para la compra de vivienda a la Sareb, que irá destinada a vivienda social, particularmente alquiler joven, y 11 millones política de vivienda en Barcelona y su área metropolitana.

También ha destacado que otras mejoras conseguidas han sido reformas como la de pensiones, que esta misma semana ha incluido a propuesta de ERC y EH-Bildu medidas como la auditoría del sistema público de pensiones para cuantificar la factura de gastos impropios asumidos la Seguridad Social, o el complemento en la pensión para jubilados que no alcancen los 900 euros y que cuenten con 40 años cotizados.

COMPENSACIÓN DE PEAJES Y TRANSFERENCIA DE CARRETERAS

Por otro lado, también ha destacado la transferencia de hasta 5 millones para mejoras en carreteras y carriles Bus Vao, la transferencia a la Generalitat de infraestructuras de Rodalíes y las carreteras B-23 y B-30 y 1,6 millones para compensar la eliminación de peajes en las autopistas AP-7 y AP-2.

En materia de Interior, el acuerdo con el Gobierno permitirá la equiparación de las condiciones de jubilación en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra con las de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza y la eliminación de la partida dedicada a la mejora de la comisaría de la Vía Laietana, para la que se preveían 8 millones hasta 2025.

«TUTELAREMOS LOS ACUERDOS EN EL SENADO»

Durante la rueda de prensa, Rufián ha asegurado que su grupo estará «muy encima» para que estos acuerdos finalmente se cumplan, especialmente en el Senado, Cámara a la que previsiblemente llegarán esta semana las cuentas tras su aprobación en el Congreso.

Aclarando su deseo de que «no sea interpretado como una amenaza», el portavoz de ERC en el Congreso ha dicho que intenta «no vender un triunfalismo» –«Sería absurdo teniendo en cuenta la memoria que tenemos»– pero que su formación «tutelará los acuerdos» en la Cámara Alta, donde cuentan con «muchísima fuerza».

«Ojalá se cumplan y si no, intentaremos que se cumplan de otras maneras. Estamos convencidos de que todo el mundo será responsable y asumirá lo que firma», ha dicho.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado pronunciarse sobre la petición de algunas comunidades autónomas de reglas comunes respecto al uso del pasaporte COVID, insistiendo en que el Ejecutivo apuesta por el «método» que ha resultado eficaz hasta la fecha para hacer frente a la pandemia y que no es otro que la vacunación y el uso de la mascarilla.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha dicho que el Gobierno es «consciente» de las reivindicaciones de algunas comunidades autónomas ante el «desajuste» entre los distintos tribunales superiores de justicia que «necesitarían de una armonización o una casación del Supremo si se produjeran esos recursos».

En todo caso, ha añadido la ministra portavoz, el Gobierno apuesta por mantener el «método que ya hemos constatado que ha funcionado» y que no es otro que «vacunación y mascarilla», evitando aclarar así si se van a dar directrices respecto a la exigencia del pasaporte COVID para determinadas circunstancias, como ya están haciendo algunas regiones.

«Hemos obtenido un sobresaliente en la vacunación hasta segunda dosis con un 90% de la población vacunada y ahora debemos asumir un nuevo reto que es irnos a esa vacunación de refuerzo y esa tercera dosis hasta ir alcanzando a una población que permita hablar de nuevo de inmunidad colectiva», ha subrayado Rodríguez, que no obstante ha dicho comprender «la preocupación» de las comunidades autónomas y a las que ha prometido que seguirán llegando las vacunas.

Por lo que se refiere a la propuesta de introducir nuevas restricciones en el sector de la hostelería ante el aumento de los casos en algunas regiones, la portavoz se ha remitido a la reunión de esta tarde la Comisión de Salud Pública, insistiendo en todo caso también en que la vacunación y la mascarilla son la respuesta.

Rodríguez ha sacado pecho de que España cuenta con uno de los índices de incidencia más bajos de su entorno si bien el Gobierno esta «con todas las alertas encendidas» respecto al crecimiento generalizado que se está produciendo en otros países, de ahí el que, junto con las comunidades autónomas, ya se esté trabajando en la tercera dosis y la dosis de refuerzo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha negado que se haya paralizado la aprobación de la Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el medio Rural con el Lobo y su conservación, después de que la Junta de Castilla y León haya anunciado esta paralización, gracias a la presión ejercida junto con Asturias, Cantabria y Galicia.

Fuentes del Ministerio han asegurado que en la reunión del Comisión de Patrimonio Natural y Biodiversidad de este lunes solo se acordó posponerla hasta una próxima cita que tendrá lugar en los primeros días de diciembre, con la intención de recoger algunas sugerencias planteadas por las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones ecologistas.

En todo caso, recuerdan que a pesar de este aplazamiento sigue sin estar permitido cazar lobos en el conjunto de España porque la especie ya está incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que supone que ya no es cinegética. Y esta orden está vigente desde finales de septiembre, cuando fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Así, aseguran que los planes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la conservación del lobo siguen adelante.

Según estas fuentes ministeriales, en la reunión de este lunes el departamento que dirige Teresa Ribera pidió posponer el debate sobre el borrador de la estrategia del lobo porque no dio tiempo de llegar a la reunión con un texto integrado que recogiera algunas de las sugerencias planteadas a última hora –algunas el mismo lunes– por las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las organizaciones profesionales agrarias durante la ronda informativa y de contactos mantenidos con todos los interlocutores desde que les fuera remitido el borrador.

La intención que traslada el MITECO es la de buscar el máximo consenso posible para aprobar la Estrategia antes de final de este año con el objetivo de que a partir del 1 de enero esta sea la herramienta de gestión de la especie de modo que se logre vertebrar la coexistencia con la ganadería extensiva en todas las comunidades autónomas con presencia de lobos.

Dicha estrategia desarrollará para todas las comunidades autónomas cuestiones como los baremos de tasación de daños, los procedimientos para agilizar las reclamaciones y el pago de las compensaciones, entre otras cuestiones que resolvía cada comunidad autónoma.

Igualmente la estrategia dejará constancia del compromiso de la Administración General del Estado para ayudar a los ganaderos a proteger sus explotaciones, y para corresponsabilizarse del pago de las indemnizaciones de los daños por ataques para mejorar el apoyo y el trato que ahora reciben los ganaderos de extensivo en toda España.

Sin embargo estas cuatro comunidades autónomas, que agrupan el 98 por ciento de la población de lobo ibérico en España, reclamaron la retirada de ese documento al considerar que «carecía del mínimo rigor técnico» y que «se construyó sobre una decisión unilateral adoptada por el Ministerio y sin contar con el consenso de las comunidades que albergan a la especie». Para las cuatro, el borrador partía de la premisa de un estatus legal de la especie que está actualmente en litigio, al tiempo que sus contenidos podían vulnerar el régimen competencial autonómico.

El Gobierno ha aprobado este martes, durante la reunión del Consejo de Ministros, un real decreto por el que se modernizará y actualizará con 32 millones el servicio de atención a víctimas de violencia machista Atenpro. Tal y como ha indicado la ministra de Igualdad, Irene Montero, los teléfonos que se facilitan a las víctimas para su atención y seguimientos se han quedado «viejos» y se prevé que la actualización del servicio culmine en 2023, llegando a unas 50.000 mujeres víctimas de esta lacra, frente a las 16.500 actuales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, Montero ha valorado la labor de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que es la que gestiona este servicio y la que recibirá, a través de una subvención, la cuantía aprobada por el Gobierno.

Este servicio consta de la entrega de un dispositivo telefónico a mujeres que ya se encuentran dentro de los programas de atención integral a víctimas de violencia de género y que les permiten tener contacto con esa atención –psicológica, especializada o de emergencia– las 24 horas del día, los siete días de la semana.

POCA BATERÍA, MUY GRANDES O CON APENAS COBERTURA

Sin embargo, según ha reconocido la responsable de Igualdad, estos dispositivos se han quedado «viejos» y, en algunos casos, tienen baterías que «duran poco», o son «demasiado grandes» y dificultan su uso a mujeres en contextos en los que necesitan discreción; o en el ámbito rural, cuentan con poca cobertura.

La modernización que busca el nuevo real decreto, ha indicado Montero, tratará de mejorar la cobertura y que estas mujeres usen dispositivos de «última generación» no solo en matera de terminales, sino también relojes o «cualquier dispositivo de última generación que facilite el contacto» de estas mujeres con el servicio de atención y que «el código postal» o el «lugar de residencia» no convierta a algunas mujeres en «víctimas de segunda».

Pero además, la ministra ha explicado que esta modernización consiste también en la ampliación de este servicio a todas las víctimas de violencias machistas y no solo, como ahora, a aquellas que sufren violencia de género, es decir, la que se produce en el seno de la pareja o expareja.

Así, si en la actualidad, según ha apuntado Montero, las usuarias del servicio Atenpro son unas 16.000, la actualización del servicio prevé alcanzar una cifra de entre 49.000 y 50.000 mujeres, incluyendo a víctimas de violencia sexual o trata con fines de explotación sexual, entre otras, y que todas reciban atención especializada.

Esta medida está financiada con cargo a los fondos europeos pues, como ha detallado la responsable de Igualdad, entra dentro del Plan España te Protege contra las Violencias Machistas que el Gobierno ha incluido dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia tras la pandemia.

EL VALOR DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Esta iniciativa se aprueba en la misma semana en la que se celebra, este jueves 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que el Gobierno ha aprobado también en esta reunión una declaración institucional.

Sobre esta declaración, Montero ha explicado que hace un «repaso breve» sobre las «principales medidas legislativas» y «políticas públicas» desplegado por el Ejecutivo y que, según ha indicado, señala la postura del Gobierno en relación a que esta materia es un asunto de Estado. Y también, según ha declarado, recoge el «absoluto compromiso unitario» del Ejecutivo contra esta lacra.

Montero ha puesto en valor, «desde la humildad», la importancia de hacer políticas públicas en esta materia señalando «el aumento de denuncias» por agresiones sexuales que, a su juicio, da «mayor visibilidad» y «concienciación» sobre este tema. Además, ha señalado que «a mes de noviembre» de 2021, es el año con menos mujeres asesinadas por violencia de género de la serie histórica, que comenzó en 2003.

Para la ministra, estos datos hablan de que «las políticas públicas y la inversión del Gobierno», que ha calificado de «histórica» en relación a la lucha contra la violencia machista, permite «salvar vidas» y tener «efectos positivos» en este sentido.

También en relación a la declaración institucional, la dirigente morada ha destacado la labor del Ejecutivo, y junto a los grupos parlamentarios, para lograr la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de genero y «blindar» sus medidas y su financiación. Finalmente, ha enviado un mensaje a las mujeres víctimas de esta lacra y a sus familiares para señalar que «no están solas» y que las instituciones trabajarán «juntas» para erradicar esta violencia.

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha considerado que el Gobierno central «debe ejercer su responsabilidad» y convocar «de una vez por todas a todas las comunidades» para poner sobre la mesa «propuestas concretas, debatirlas y avanzar en la reforma de un modelo de financiación autonómica que está agotado y que nos está tratando de forma injusta a muchos españoles, sobre todo, a los ciudadanos de la Región de Murcia».

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la cumbre de presidentes autonómicos celebrada en Santiago de Compostela, López Miras ha considerado que el encuentro responde a «una línea también en un sentido muy parecido al que defiende la Región de Murcia» consistente en que «no haya infrafinanciación» y que el Gobierno de España «cubra las necesidades como establece nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución y su desarrollo normativo».

El objetivo, añade, es que «el Estado cubra las necesidades de Educación, de Sanidad y de políticas sociales de todos los españoles con los mismos recursos vivan donde vivan».

A su juicio, «es injusto, es insolidario y discrimina a unos españoles frente a otros que en algunas comunidades autónomas como la de Murcia estemos recibiendo hasta dos millones de euros menos al día y 800 millones de euros menos cada año para pagar la Sanidad, la Educación y las políticas sociales frente a otras comunidades que reciben mucho más».

Ha remarcado que este martes también se ha reunido en Alicante los consejeros de Hacienda de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana para hablar de financiación autonómica y hacer «propuestas concretas». Por encima de todo esto, lamenta que está «la inacción del Gobierno central y del presidente Sánchez».

Así, el presidente murciano ha considerado que las comunidades no tendrían que estar haciendo reuniones «día sí y día también» si la ministra de Hacienda hubiera convocado a las todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como lleva pidiendo «meses», y si hubieran empezado a «consensuar y trabajar sobre un modelo de financiación autonómica que cubra las necesidades de todos los españoles por igual».

Ha señalado que los presidentes reunidos en Santiago de Compostela «abogan por que se cubran todas sus necesidades y los servicios del Estado del Bienestar, que es lo mismo que pide la Región de Murcia». «Cuando no vamos a llegar a un acuerdo es, desde luego, si no nos sentamos todos juntos y si el Gobierno central no ejerce la responsabilidad de coordinación estatal que tiene».

«En el momento que nos sentemos todos, vamos a empezar a ver soluciones comunes», según López Miras, quien recuerda que es algo que «ya se vio con el Gobierno de España anterior», cuando se empezaron a legar a acuerdos como el relativo al que el sistema de financiación autonómica «tenía un déficit de 16.000 millones de euros».

Ha lamentado que «se rompió esa forma de trabajar» y el nuevo Gobierno de Sánchez no siguió convocando a las comunidades para trabajar en ese sentido. «Y así estamos, teniendo que quedar unas comunidades autónomas con otras, teniendo que hacer propuestas en solitario o con otras autonomías por la dejación de funciones del Gobierno central», ha aseverado.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que el líder de la formación, Pablo Casado, acudió a misa el pasado 20 de noviembre en la catedral de Granada por «sus convicciones religiosas» y que no tenía «ni idea» de que se realizaría allí un homenaje al dictador Francisco Franco.

«Lo digo también como católico practicante que acude a misa los domingos y fiestas de guardar como manda la Iglesia a los que somos practicantes. Y fue una misa, simplemente fue a cumplir precisamente con sus convicciones y sus creencias. Pero vamos a ver, ¿de verdad alguien piensa, salvo aquellos que quieren desviar la atención, que Pablo Casado fue a una misa en la que se homenajea a Francisco Franco?», ha expresado ante los medios de comunicación al ser requerido por esta cuestión a su llegada a las XIX Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Escuela de Postgrado de la Universidad Camilo José Cela.

La Fundación Francisco Franco agradecía este lunes a Casado que asistiera a la misa celebrada en honor al dictador en la capilla del Sagrario de la Catedral de Granada. En un comunicado, aclaraba que no invitó «expresamente» a Casado a asistir a la misa celebrada el 20 de noviembre, por lo que «no puede responsabilizarse ni atribuirse su presencia en la misma».

Para Martínez-Almeida «lo importante no es que Pablo Casado fuera a una misa que se hacía en conmemoración de Francisco Franco sin tener ni idea de que se hacía un misa en conmemoración de Francisco Franco, lo importante es que Pedro Sánchez ha pactado con Bildu los Presupuestos».

En este punto ha reiterado que Casado «fue a misa en aplicación de sus principios y de sus convicciones religiosas y a partir de ahí que la misa fuera en conmemoración de Francisco Franco pues oiga». «Yo ya el 20N ni siquiera sabía que era el sábado», ha indicado, para apuntar a renglón seguido que «el problema es que algunos viven demasiado obsesionados con el 20 N».

«Pues nosotros, perdonen que les diga, tenemos un problema para la izquierda que es que no vivimos obsesionados con el 20N, que vivimos obsesionados con el futuro de los españoles», ha lanzado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el valor de la «colaboración» por encima de ideologías que se ha plasmado en el Documento de Santiago rubricado por ocho comunidades con el fin de «mejorar» el Estado de las Autonomías y de garantizar la «cohesión» territorial con una financiación justa como base de la «justicia social».

Así lo ha manifestado Fernández Mañueco en Santiago de Compostela, donde ha rubricado el documento junto con los presidentes de Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias. Un texto que contiene un total de 35 puntos en el que los dirigentes autonómicos han fijado una posición común en materia de financiación autonómica y despoblación, entre otras materias.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha insistido en que estos puntos desvelan la apuesta clara de los ocho presidentes por el Estado de las Autonomías y avanza su voluntad de «consenso» al servicio de las personas y con el fin de poner el «desafío demográfico» como prioridad institucional vinculada al modelo de financiación autonómica con especial incidencia en la despoblación.

El presidente de Castilla y León ha insistido en que la «justicia social» empieza por «garantizar» una financiación que «cubra» la prestación de servicios básicos como son la sanidad, los servicios sociales, la educación o la dependencia.

De este modo, Fernández Mañueco ha defendido que el objetivo de este documento es avanzar en «igualdad» y en «cohesión territorial», al tiempo que ha reseñado que los ocho presidentes presentes en este acto comparten como objetivo la «colaboración» por encima de «ideologías» para avanzar en los servicios de las personas.

«Somos leales con el Estado de las Autonomías y damos un paso al frente para mejorarlo, también somos leales con el Gobierno con propuestas constructivas y esta declaración como instrumento de trabajo que sirva para lograr el consenso y mayor cohesión territorial», ha explicado.

De este modo, Fernández Mañueco ha señalado que la reforma del modelo de financiación deberá ser aprobado de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera siempre teniendo en cuenta las necesidades y las posturas de las autonomías. «Nos jugamos mucho las personas de Castilla y León con el nuevo modelo de financiación, el dinero no es para las administraciones públicas sino para servicios públicos», ha aseverado.

Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León ha incidido en que el coste de los servicios no es igual en todos los territorios, por lo que ha defendido, como figura en el documento rubricado este martes, que se tenga en cuenta la superficie territorial, la dispersión, la baja densidad de población y el envejecimiento para calcular el coste real de estos servicios.

Así, ha detallado que Castilla y León cuenta con el cinco por ciento del total de la población de España, pero, dada su extensión y dispersión, cuenta con el 38 por ciento de los consultorios sanitarios rurales, el 17 por ciento de las carreteras autonómicas o el 18 por ciento de la superficie forestal. «Tres variables que necesitan un esfuerzo por parte de toda España».

«Todas las personas deben recibir los mismos servicios vivamos donde vivamos y espero demos pasos decididos en este sentido», ha zanjado.

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha reafirmado que el acto en Valencia que compartió con la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, no fue el «pistoletazo de salida de nada» y que su presencia en esta cita no ha generado reticencias en su formación.

Así se ha pronunciado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum por el revuelo que suscitó este evento que compartió también con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, al producirse en pleno debate sobre la posibilidad de reagrupamiento de la izquierda.

García ha explicado que ese acto simplemente persiguió reivindicar una «política bonita» que están protagonizando las mujeres frente a otra dinámica «envilecida» plagada de «barro».

En definitiva, en ese evento pudieron dialogar diferentes líderes progresistas e ilustrar que son «activas y coherentes a la hora de defender el noble arte de la política».

No obstante y preguntada sobre su visión del frente amplio de fuerzas de izquierda, ha reiterado que el acto no fue el «pistoletazo de salida de nada» y no ha generado «ninguna reticencia» en Más Madrid.

De hecho, ha recalcado que el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, expresó su orgullo de que Madrid tuviera una «embajadora» que mostrase que en la Comunidad no solo se «confronta» o se «insulta», en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Por el contrario, García ha destacado que pudo ilustrar que en Madrid hay políticas que son capaces de reunirse con otros territorios sin una actitud de «constante confrontación» con el resto de comunidades.

La administración judicial del caso ‘Malaya’, contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha vendido por valor de 41,3 millones de euros inmuebles y otros bienes intervenidos a sociedades vinculadas al principal condenado en la causa, Juan Antonio Roca, y que se publicitaban en una web. De ese dinero, 40,7 millones ya han sido entregados a organismos o instituciones como pagos.

Así consta en los datos registrados a fecha de noviembre de este año, tras las ventas realizadas por dichas sociedades con la intermediación de la administración judicial de las mismas y contando con la autorización de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que fue la que enjuició y sentenció el caso.

Estas enajenaciones han sido tanto de bienes muebles como inmuebles que estaban publicitados en la página web que se puso en marcha en 2016 con el fin de obtener la cantidad máxima posible en estas operaciones de ventas; un portal de Internet que para Roca ya se ha cerrado.

De este dinero, obtenido con el fin de hacer frente a distintos pagos a los que el exasesor urbanístico fue condenado en diferentes procedimientos judiciales, más de 31,3 millones de euros ya han sido abonados al Ayuntamiento de Marbella, principal perjudicado, quedando pendiente la entrega de casi 600.000 euros por otra finca.

Asimismo, otros 8,2 millones han ido a la Agencia Tributaria y 496.668,17 euros fueron al pago de responsabilidades civiles ante ese mismo organismo fiscal pero en concreto por el caso ‘Malaya’. Además, otros 621.000 euros fueron a multas de otros imputados.

En abril de 2016 se puso en marcha el primer portal para contribuir a la difusión de los bienes que fueron incautados en el caso ‘Malaya’, inicialmente solamente a sociedades vinculadas a Roca, para incrementar el número de potenciales licitadores a tales bienes y poder, así, venderlos en las condiciones más favorables posibles.

Más de 75,2 millones de euros era la valoración de los bienes muebles e inmuebles de Roca incluidos inicialmente en la web. Se han vendido relojes, inmuebles, entre ellos viviendas y hoteles, como el de La Malvasía, por 2,1 millones de euros; además de armas, parcelas, puntos de atraques, caballos, obras de arte e, incluso, un autobús y una colección de carruajes.

Pero la venta principal fue la de la Finca La Loma, ubicada en Murcia, formada por varias parcelas, en la que se venía desarrollando una explotación agrícola de cítricos por un precio de 18,5 millones de euros.

UGT ha reclamado este martes al Gobierno mayor efectividad y más recursos para la puesta en marcha de todas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para una mejor «prevención» y «atención» de las víctimas de esta lacra y, «especialmente antes las especiales necesidades» que estas sufren «derivadas de la pandemia» del Covid-19.

UGT ha presentado, con motivo de la celebración, este jueves 25 de noviembre, del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un estudio donde analiza algunas de las cifras más destacadas sobre esta lacra en 2020.

En este documento, el sindicato destaca que la pandemia ha tenido en 2020 «un efecto de agravamiento» de la violencia de género y, con mayor incidencia «durante el periodo de confinamiento», tal y como se ha recogido en los datos presentados por las diferentes administraciones y organismos que han hecho balance del pasado año en esta materia.

A su juicio, «la exposición al riesgo de violencia machista se incrementó a la vez que las dificultades para denunciar o protegerse» de las mujeres.

Es por eso que, desde el sindicato urgen a las autoridades, no solo a desarrollar completamente el Pacto de Estado, sino también a aplicar de forma «efectiva» el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (que España ratificó en 2014).

FOMENTO DEL EMPLEO PARA VÍCTIMAS

Del mismo modo, llaman a «acelerar» la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

En materia de empleo, el sindicato llama, por otra parte, a realizar un «revisión» y «desarrollo» de las medidas y políticas públicas sobre el fomento del empleo de las mujeres víctimas de violencia de género, y especialmente en lo que se refiere al Programa de Inserción Socio-laboral para Víctimas de Violencia de Género, así como la adopción de nuevas medidas para mejorar los déficits en esta materia y los derechos laborales y económicos de las víctimas de cualquier forma de violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones.

En este sentido, UGT recoge los resultados del Proyecto WEGO! de la UE, que ha determinado que «la dependencia económica de la víctima en relación con el agresor dificulta la salida de las situaciones de violencia; o que el 71% de las víctimas destaca el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar.

«Es imprescindible adoptar medidas más eficaces que garanticen la inserción laboral de las víctimas de violencia de género de forma efectiva y con empleos de calidad», apunta UGT en su informe.

Redoblar los esfuerzos desde el ámbito legal y de las políticas públicas para eliminar la discriminación por género en todos los ámbitos; o endurecer las sanciones de este tipo de violencia y el resarcimiento adecuado del daño a las víctimas y la eliminación de las trabas que dificultan la denuncia y la prueba en la vía jurisdiccional, son otras de las peticiones que ha realizado el sindicato.

La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana han coincidido este martes en reclamar «una reforma urgente» del actual sistema de financiación «basada en el diálogo y el consenso» que reduzca la brecha territorial y que garantice a todas las comunidades recursos suficientes para poder prestar unos servicios públicos de calidad.

Este es uno de los puntos del acuerdo alcanzado durante un encuentro de trabajo entre el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico de Valencia, Vicent Soler, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El acuerdo se plantea en los mismos términos que el alcanzado entre la Comunidad Valenciana y Andalucía y entre esta última comunidad y la Región de Murcia.

Así, las dos comunidades coinciden en la necesidad de garantizar la suficiencia del nuevo modelo de financiación para que todas las comunidades puedan recibir los fondos que necesitan para prestar unos servicios públicos de calidad y para poder afrontar la salida de la crisis generada por la pandemia.

El titular de Hacienda ha señalado en este sentido que la Región de Murcia dejó de recibir, solo el año pasado, «cerca de 800 millones de euros como consecuencia de un sistema de financiación» que ambos consejeros coincidieron en calificar como «discriminatorio, complejo y poco transparente».

«Eso significa que cada día que pasa sin que se reforme este injusto y caduco sistema de financiación dejamos de recibir dos millones de euros, lo que supone a su vez 140 centros de salud para los habitantes de la Región de Murcia o 385 centros educativos menos para nuestros escolares», ha denunciado Marín.

«La insuficiencia de recursos es además la responsable directa del 90 por ciento de la deuda que soporta la Región de Murcia desde que se puso en marcha este sistema de financiación. Si no encontramos una salida a esta deuda injusta estaremos lastrando la recuperación y el futuro de las comunidades infrafinanciadas».

Los consejeros de Hacienda han hecho hincapié también en la necesidad de crear un fondo transitorio de nivelación que equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional para corregir ese desequilibrio sin perjudicar al resto de autonomías.

En este sentido, los responsables de las haciendas autonómicas de Murcia y Valencia han coincidido en que la reforma del sistema de financiación «debe hacerse con el mayor grado de diálogo y consenso y sin que ninguna comunidad se vea perjudicada», señaló Marín.

«El debate sobre la financiación tiene que abordarse desde una perspectiva amplia e integradora. No es una cuestión de colores o signos políticos, sino de poder contar con un modelo de financiación que garantice la viabilidad del Estado del Bienestar en todas las comunidades autónomas y que nos permita impulsar las inversiones y medidas necesarias para superar esta crisis y volver a la senda del crecimiento», ha concluido el consejero murciano de Hacienda.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que el Gobierno de España tiene «pendiente» una declaración «contra los bombardeos» de poblaciones vascas, como la de Gernika, que se realizaron durante la guerra civil, y cree que es oportuna en un momento en el que se elabora la Ley de Memoria Democrática.

Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, en la que, a preguntas de los periodistas, ha reiterado el «malestar» que generó en Urkullu que el presidente Pedro Sánchez acudiera el pasado domingo en Euskadi, sin comunicarlo oficialmente al Ejecutivo autonómico.

Zupiria ha querido aclarar «cuál fue el malestar» que ya expresó el Lehendakari «y en qué se fundamenta». De esta forma, ha dicho que Iñigo Urkullu considera «una falta de respeto institucional que el presidente del Gobierno español venga a Euskadi, tenga una actividad oficial y el Gobierno Vasco no sea oficialmente informado de esa visita».

Esta es, según ha precisado, la primera razón de su malestar. No obstante, también ha recordado que Urkullu realizó «una reflexión sobre un momento muy concreto» que se vive, el de la elaboración de Ley de memoria Democrática, «que habla sobre la memoria histórica, y sobre la conveniencia de que el Gobierno español adoptará alguna declaración que haga referencia al comportamiento de ese Estado en algunos momentos de la guerra civil».

En este sentido, ha recordado que, en un escrito que el Lehendakari remitió a Pedro Sánchez, hizo referencia a una iniciativa que se planteó en el Senado en febrero de 2017, «en la que solicitaba un pronunciamiento en contra de las agresiones que la población civil de Gernika-Lumo sufrió en el bombardeo».

Asimismo, ha subrayado que también planteaba «la asunción por parte del Estado de las responsabilidades que le pudieran incumbir», pero «en aquel momento, aquella iniciativa no prosperó porque en el Senado el PP tenía mayoría absoluta, y no hubo mayorías alternativas para que prosperara».

TEMA PENDIENTE

«El Lehendakari considera que esa es una cuestión que sigue estando pendiente y que, en este momento en el que se están elaborando normas sobre la memoria democrática, tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento español, sería bueno que se retomará esa posibilidad», ha insistido.

A su juicio, se trata de «una reclamación para poder abordar esa cuestión pendiente que el Estado español tiene con algunas poblaciones que sufrieron bombardeos en la guerra civil en Euskadi y en otros lugares del Estado».

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha iniciado la tramitación de un procedimiento disciplinario a un profesor asociado tras varias denuncias contra el docente por hechos contra la libertad sexual.

En un comunicado, la institución universitaria ha señalado que el inicio del expediente, que ha sido notificado ya al afectado, va acompañado, como medida cautelar, de la suspensión de sus tareas docentes debida a la gravedad de los hechos denunciados.

En el mismo comunicado, la UIB ha explicado que los hechos se remontan al curso 2018-2019, aunque durante la pasada semana surgieron voces que cuestionaban el comportamiento del profesor hacia las mujeres, y el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador mantuvo diferentes entrevistas con algunas alumnas, en coordinación con el centro donde el docente impartía docencia.

En el transcurso de las entrevistas, estas mujeres relataron situaciones abusivas que, incluso, podrían ser constitutivas de delito, por lo cual el vicerrector de PDI trasladó su testimonio y la denuncia escrita de los hechos a la Oficina de Igualdad y a la Secretaría General de la UIB, para poner en marcha un procedimiento de acoso sexual y adoptar las medidas pertinentes, siempre protegiendo los derechos de las víctimas.

El expediente disciplinario permite abrir un procedimiento administrativo que garantiza los derechos de todas las personas implicadas, salvaguardar su intimidad, establecer con precisión los hechos ocurridos y legitima a la Universidad para tomar las medidas que el instructor o la instructora determine que son adecuadas.

Desde la UIB han valorado como «muy graves» los casos de abusos o acoso sexual, puesto que este tipo de conductas atentan gravemente contra la dignidad de las mujeres y son contrarias al compromiso de la UIB por una Universidad justa, igualitaria y libre de todo tipo de discriminación.

Así, la institución ha reiterado su compromiso con las víctimas de cualquier situación de abuso y discriminación.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA ha celebrado en el auditorio de CaixaForum de Madrid la vigésima edición de sus premios Autónomo del Año en la que se premió a la trayectoria profesional de Jorge y César Cadaval, ‘Los Morancos’, «por sus 40 años de autónomos, de risas y de crítica».

Esta edición de los Premios Autónomo del Año ha contado con numerosas autoridades del mundo político y empresarial, como la ministra de Defensa, Margarita Robles; la directora general de Autónomos, Maravillas Espín; la coordinadora de Cs y diputada en el Congreso Inés Arrimadas; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi y el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, entre otros, que han querido mostrar su apoyo al colectivo de autónomos «en un momento tan complicado y tras 19 meses de pandemia», detalla ATA en un comunicado.

A lo largo de esos 40 años, ‘Los Morancos’ «nos han hecho cantar y reír, sin olvidar la más mordaz de las reivindicaciones. Y sobre todo, estos hermanos lo han hecho reinventándose una y otra vez, como buenos autónomos, creando su propio estilo, adaptándose a los nuevos formatos y llegando a todos los públicos, por todos los canales, sin olvidar sus raíces».

Desde ATA se ha valorado la trayectoria de ‘Los Morancos’ de cuatro décadas, «que merecen todos los premios por los buenos ratos que nos han hecho, hacen y harán pasar».

Durante la recogida del premio, entregado por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la pareja de humoristas ha hecho gala de su humor, al tiempo que ha recordado los 40 años que llevan como autónomos, «en los que no nos hemos puesto malos nunca», han afirmado los hermanos Cadaval.

‘Los Morancos’ han agradecido este reconocimiento a su carrera y han contado «cómo han sufrido en primera persona» los efectos de la pandemia: «Cuando solo permitían un 75% del aforo y en un Madrid con la mayoría de sus municipios cerrados, pusimos en marcha nuestro espectáculo en plena Gran Vía, donde las dos primeras semanas perdimos dinero, pero por el equipo que tenemos, por toda la gente que necesitaba reír, le echamos valor y logramos estar siete meses, con todo el cariño del público y cumplir nuestro objetivo, que después de esos meses tan duros, la gente fuera feliz y sacarle una sonrisa», han apuntado los artistas.

Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la cumbre de Santiago de Compostela han reclamado «transparencia» en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que piden que «solo» sea «fruto de un consenso multilateral» en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

De esta forma, los ocho mandatarios autonómicos, que piden que se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, reclaman que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden «al margen de los legítimos espacios biltareales entre el Gobierno central y cada comunidad».

Este es uno de los puntos de la Declaración de Santiago que este martes ha salido del encuentro en el que han participado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria.

El documento, que consta de 35 puntos, reclama también el refuerzo del CPFF con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las comunidades y al Gobierno para determinar el coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.

SIN «PRIVILEGIOS»

En el arranque del documento, las ocho comunidades reivindican que comparten «intereses comunes, que nacen de sus características socioldemográficas, económicas e históricas», y remarcan el papel de las autonomías y el trabajo que deben realizar en «estrecha coordinación» con el Gobierno central y «con absoluta lealtad a los intereses generales».

«Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas», recoge el texto, en el que se alude a la «emergencia demográfica» y se ejemplifica con que las ocho comunidades suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,13% de su población.

«Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus Administraciones, que deben prestar a los españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país», agrega, al tiempoque incide en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto «de la colaboración activa y leal» de todas las administraciones.

En este sentido, expresan su voluntad de consenso, pero advierten que «el modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución, así como rechazar «privilegios económicos o sociales como recoge el artículo 138 de la Carta Magna».

«Defendemos y perseguimos un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades», constata.