Canarias quiere que, para comprar una casa en las islas, tengas que demostrar 10 años viviendo allí. El Gobierno autonómico ha remitido a Madrid dos borradores que reservarían la compraventa de vivienda a los residentes de larga duración, sea cual sea su nacionalidad.
Ojo: no hay ninguna norma aprobada. Son dos textos que Canarias quiere sacar como medidas urgentes en un Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre y que después tendría que convalidar la Diputación Permanente (el órgano del Congreso que sigue trabajando cuando la Cámara no está en sesión).
10 años de residencia, dos casas y nada de compras en serie
El primer borrador es la ley para garantizar el acceso a la vivienda de los residentes. Reservaría la compra de vivienda libre o protegida a personas físicas con 10 años de residencia ininterrumpida en cualquier municipio canario, da igual la nacionalidad. Si ha sido discontinua, el plazo sube a 15 años. Se acredita con el certificado de empadronamiento, y el requisito alcanza también a los alquileres con opción de compra.
Hay más límites: un máximo de dos viviendas por persona, en localidades diferentes. Quien ya tenga dos o más queda equiparado a un no residente y no puede seguir comprando. Las empresas solo podrán adquirir vivienda para revenderla a particulares o destinarla al alquiler. Y la letra pequeña: las operaciones que incumplan los requisitos serán nulas y no se podrán inscribir en el Registro de la Propiedad.
¿Cuánto pesa el comprador extranjero? En Canarias, las personas extranjeras protagonizan el 27,4% de las compras de vivienda, según el Colegio de Registradores. En España esa cifra baja al 12,2%, con un ligero retroceso respecto al trimestre anterior (12,7%). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las operaciones de extranjeros superan el 34% del total.
Qué cambia en tu ayuntamiento y a quién deja fuera
El segundo borrador toca otras normas, entre ellas la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Con esos retoques, y previa conformidad de la comunidad autónoma, un ayuntamiento podría limitar o excluir la compra o el alquiler por parte de los domiciliados en ciertas zonas de su territorio, y limitar el uso que se les dé.
La medida apunta al particular que se compra una casa, no al fondo que se compra un edificio entero.
La distinción clave está en el vocabulario. El texto separa a los residentes —quienes habitan 'de manera habitual y continuada' en el municipio— de los domiciliados, categoría pensada para extranjeros de fuera de la UE con menos de dos años en la localidad. Sobre ellos se podrían fijar zonas con restricciones.
El presidente canario, Fernando Clavijo, lo resumió con un ejemplo: 'Si tienes unos ahorritos y quieres comprar una casita en La Laguna o un piso en la Playa de Las Canteras, la podrás comprar, pero solo la vas a poder destinar a alquiler habitual'.
Todo esto choca con un muro. Canarias se apoya en en su condición de región ultraperiférica (RUP), el estatus que la UE reconoce a territorios alejados del continente, como el archipiélago canario. Cualquier límite necesita la autorización de la Comisión Europea y se ampara en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, informó al Parlamento canario de que el Ejecutivo remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores una propuesta de enmiendas al Reglamento Europeo de Vivienda Asequible. El objetivo: que territorios ultraperiféricos como Canarias puedan limitar de forma temporal la compra y el alquiler por extranjeros no residentes. 'No pedimos un privilegio', defendió.
Dos años de intentos y un agujero que el borrador no tapa
Esto viene de lejos. En noviembre de 2024, Rodríguez ya anunció que el Ejecutivo buscaba la fórmula jurídica para usar la RUP. En abril de 2025, Clavijo llevó la propuesta a la conferencia de regiones ultraperiféricas de La Reunión y se la trasladó al vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto. En enero de 2026, Madrid propuso a Bruselas una versión más suave: vetar la compra de viviendas que no se destinen a uso residencial.
El 2 de octubre, el Congreso tumbó el primer real decreto ley de vivienda del Gobierno central. Coalición Canaria votó a favor pese a considerarlo insuficiente, después de arrancar el compromiso de incluir en el primer texto legislativo que se tramitase la posibilidad de limitar la compra por no residentes en las islas. Ese compromiso sigue en el aire.
Mi lectura: el borrador pone el foco en quien se compra una casa, no en quien compra un edificio. El portavoz del PSOE en el Parlamento canario, Sebastián Franquis, dio la cifra: los grandes fondos y tenedores concentran más de 104.000 viviendas en Canarias, el doble que en otras comunidades. Limitar al particular extranjero sin tocar esa bolsa deja el mercado tensionado igual.
¿Qué mirar a partir de ahora? Si el Consejo de Ministros mete los textos antes del 29N, qué contesta Bruselas y si el primer texto legislativo que se tramite incluye o no a los grandes tenedores.
En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)
- 💸 ¿Qué ha cambiado? De momento, nada: los dos borradores necesitan el visto bueno del Gobierno central y de la Comisión Europea.
- 👥 ¿A quién afecta exactamente? A quien quiera comprar en Canarias sin 10 años de residencia acreditada y a los ayuntamientos que quieran limitar zonas.
- ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Nada por ahora: no hay trámite abierto ni convocatoria, solo el calendario político antes del 29 de noviembre.
