El Congreso de los Diputados rechazó este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PNV y Junts contra el proyecto de ley de reducción de ratios escolares. El voto favorable del PP y de Vox al texto del Gobierno permitió que la iniciativa superara su mayor escollo y siga su camino parlamentario.
La norma fija un máximo de 22 alumnos por aula en Educación Primaria y 25 en Secundaria Obligatoria, y beneficiará a cerca de 800.000 docentes y a millones de estudiantes de toda España. Según el texto, las ratios actuales (25 en Primaria y 30 en la ESO) quedarán rebajadas de forma generalizada, aunque muchas comunidades ya aplican límites más bajos por su cuenta.
Qué ha pasado en el Congreso
Las dos enmiendas de totalidad pedían devolver el proyecto al Gobierno por entender que invade competencias autonómicas. Junts defendió que "la autonomía catalana debe defenderse siempre y en todos los debates", mientras que el PNV denunció una "ausencia de cooperación institucional real" y la falta de una memoria económica consensuada con las comunidades.
El PP, sin embargo, se desmarcó de los nacionalistas. Fuentes populares citadas por ABC aseguran que "de ninguna forma iban a comprarles el discurso a los independentistas" y recordaron que ya habían reducido la jornada lectiva y las ratios en las regiones donde gobiernan. Con el apoyo de Vox, la ley educativa del Ejecutivo salió adelante en la votación de totalidad.
A quién afecta la reducción de ratios
La medida impacta de lleno en la organización de las aulas. Los nuevos topes (22 en Primaria, 25 en Secundaria) se aplicarán en todos los centros sostenidos con fondos públicos, aunque el texto no incluye mejoras para la enseñanza concertada ni para las escuelas infantiles, que han protagonizado movilizaciones en los últimos meses.
Casi 800.000 profesores de la red pública notarán el cambio, según los datos que maneja el Ministerio de Educación. Tener menos alumnos por clase permite una atención más individualizada y reduce la carga burocrática, uno de los objetivos que el presidente Pedro Sánchez anunció en septiembre del año pasado.
El camino que queda y el choque competencial
Aunque la ley ha superado el trámite más delicado, aún debe negociar las enmiendas parciales y pasar por el Senado. El debate de fondo sobre el reparto de competencias entre el Estado y las autonomías no se ha cerrado: Cataluña y el País Vasco insisten en que Educación es una materia transferida y que Madrid debería limitarse a la legislación básica.
El PNV advierte de que el proyecto "carece de una valoración del impacto económico" que recaerá sobre las comunidades. Sin una memoria económica pactada, la implantación efectiva podría demorarse en función de la capacidad presupuestaria de cada territorio, algo que ya ha alertado la Conferencia Sectorial de Educación.
La ministra de Educación, tras el visto bueno del Congreso, confía en que el nuevo marco esté listo antes de final de año. Mientras, los sindicatos docentes celebran el avance, pero mantienen la presión para que las ratios no se queden en papel mojado por falta de financiación.
El blindaje nacional de las ratios pone fin a una reivindicación histórica del profesorado, pero deja incógnitas sobre su aplicación real en autonomías con menos margen presupuestario.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: La ley que reduce las ratios de alumnos por aula supera las enmiendas a la totalidad.
- 👥 Quiénes son los afectados: Casi 800.000 docentes y millones de estudiantes de Primaria y Secundaria.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Aulas más reducidas y mejor atención, si las autonomías disponen de presupuesto para aplicarlo.
