Si marcas la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, una parte de tu dinero financia cada año una cadena de radio y una televisión privada. Pero no te explican ni quién las controla realmente ni cuánto dinero público mueven, algo a lo que están obligadas por ley desde hace más de un año. La investigación de infoLibre ha destapado que el grupo Ábside Media, el holding de la Conferencia Episcopal que aglutina COPE y Trece TV, incumple sistemáticamente la normativa europea de transparencia y mantiene ocultos sus propietarios y los millones que recibe de la publicidad institucional.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Millones de contribuyentes que marcan la X de la Iglesia y cientos de miles de anunciantes que pagan impuestos desconocen que su dinero alimenta un conglomerado mediático que no rinde cuentas y que usa esas ondas para una ofensiva política muy definida.
Qué oculta Ábside Media y por qué la ley europea se lo exige
Ábside Media es el brazo mediático de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Controla la cadena COPE –segunda radio generalista del país, con 3,4 millones de oyentes diarios– y el canal de televisión Trece. Pero el grupo no publica quiénes son sus propietarios reales ni cuánto ingresa por publicidad institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos, a pesar de que el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), en vigor desde agosto de 2025, obliga a revelar esa información. Su artículo 6 exige identificar a los propietarios directos e indirectos y a los beneficiarios efectivos, así como detallar cualquier financiación pública que reciba el medio. COPE no lo hace.
Lo que se sabe, y solo por investigaciones externas, es que la Conferencia Episcopal controla la mayoría del capital, repartido entre casi todas las diócesis, órdenes religiosas y socios privados como Vicente Boluda, que posee un 7 %. Pero el detalle fino –quién está detrás de cada porcentaje y quién puede influir en las decisiones editoriales– permanece oculto. Esa opacidad choca directamente con el EMFA, diseñado para garantizar la transparencia frente a cualquier grupo mediático que compita con dinero público.
Cuánto dinero público llega a los medios de los obispos
La asignación del 0,7 % del IRPF que millones de contribuyentes marcan cada año genera excedentes que la Iglesia puede usar con gran discrecionalidad. La Conferencia Episcopal ha inyectado durante años parte de esos fondos en Trece TV, un canal que acumula 115 millones de euros de deuda desde su creación y que en 2024 perdió 3,2 millones. El Tribunal de Cuentas ya advirtió de que ese trasvase podía vulnerar la libre competencia y la normativa europea de ayudas de Estado, porque subvenciona a un operador privado frente a otros que no disponen de ese respaldo.
La otra vía es la publicidad institucional. Según el informe anual del Gobierno, en 2025 Ábside Media recibió 2.491.767,75 euros en campañas de la Administración General del Estado, casi la mitad del presupuesto anual de la propia Conferencia Episcopal. Sin embargo, ni COPE ni Trece publican cuánto perciben por ese mismo concepto de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, un dato que el EMFA también obliga a desglosar. El grupo, que cerró el último ejercicio con más de 150 millones de euros de ingresos y casi 10 millones de beneficio, mantiene así un agujero de información que impide saber qué peso real tiene el dinero público en su rentabilidad.
La ofensiva política y editorial: declaraciones y choques con el Gobierno
La opacidad no es solo un problema de números. La línea editorial de COPE y Trece se alinea abiertamente con posiciones políticas de derecha y ultraderecha y ataca de forma constante al Gobierno de coalición. El pasado 9 de julio de 2026, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, afirmó en un acto público: “Cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones”. Un año antes, en junio de 2025, su secretario general sugirió que un adelanto electoral podía ser “una salida al bloqueo institucional”.
Las ondas de COPE son el altavoz de ese discurso. Y todo ello se financia, en parte, con dinero que procede del mismo Estado al que critican y de los ciudadanos que marcan la casilla eclesiástica sin saber que ese gesto ayuda a mantener un grupo mediático que no se somete a las reglas de transparencia que sí afectan a sus competidores.
Ábside Media recibió casi 2,5 millones de euros en publicidad institucional estatal en 2025, pero oculta el dinero que ingresa de ayuntamientos y autonomías, incumpliendo la normativa europea.
Esta situación no es nueva. La Iglesia ha mantenido históricamente privilegios que otros actores económicos no tienen, como las inmatriculaciones de miles de inmuebles sin escritura previa. El Tribunal de Cuentas ya puso el foco en el uso de los excedentes del IRPF para tapar pérdidas de Trece TV, y el EMFA elevó el listón al exigir una transparencia similar a la de cualquier medio privado que reciba fondos públicos. La cuestión ahora es si habrá consecuencias reales: el incumplimiento del reglamento europeo puede activar procedimientos de infracción que obligarían a España a garantizar su aplicación, con la CNMC u otros organismos como vigilantes. Mientras tanto, COPE y Trece seguirán informando –o editorializando– sin que los ciudadanos puedan saber con exactitud quién paga el micrófono.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La investigación de infoLibre revela que el grupo mediático de la Conferencia Episcopal, Ábside Media, no publica sus propietarios ni la financiación institucional que recibe, incumpliendo el reglamento europeo EMFA.
- Por qué te importa: Si marcas la X de la Iglesia en la renta o pagas impuestos, una parte de ese dinero financia un holding opaco que compite con medios privados y mantiene una línea editorial política muy marcada.
- A quién afecta: A millones de contribuyentes, a los anunciantes que invierten en esas cadenas y a todo el sector mediático que sí cumple las normas de transparencia.
- Hacia dónde vamos: La obligación legal está en vigor; el incumplimiento podría forzar la actuación de las autoridades europeas o de la CNMC, pero hasta ahora no ha habido sanciones.
